CRISIS DE LA REPRESENTACIN POLTICA: LASEXIGENCIAS DE LA POLTICA DE LA PRESENCIA

Por ELENA GARCA GUITIN

SUMARIO

EL COMPLEJO CONCEPTO DE REPRESENTACIN.LA RELACIN ENTRE REPRESENTANTES YREPRESENTADOS.LA EXIGENCIA DE LA PRESENCIA.LOS LMITES DE LA PRESENCIA.

BIBLIOGRAFA.

EL COMPLEJO CONCEPTO DE REPRESENTACIN

Todos aquellos que abordan tanto desde un punto de vista terico como empri-co el estudio de la representacin poltica estn de acuerdo en sealar las dificulta-des que presenta la misma definicin del concepto y reconocen que el trabajo que haestablecido las bases de la discusin es la obra de H. Pitkin (1967) El concepto derepresentacin. En l, esta autora analizaba las principales formas de entender la re-presentacin presentes en la tradicin occidental desde la poca de Hobbes y con-clua que ninguna de ellas reflejaba su significado completo, ya que se centrabanslo en uno de sus aspectos o dimensiones omitiendo toda referencia a las dems.De ello no se desprenda, sin embargo, que todas esas descripciones fueran absoluta-mente falsas. Habra que considerarlas ms bien verdades parciales sobre lo que sig-nifica la representacin, cada una con sus propias presuposiciones que se derivandel uso ordinario que damos a las palabras de la familia representacin.

Podramos identificar entonces, siguiendo a Pitkin, cinco concepciones dife-rentes:

a) Representacin equiparada a autorizacin. Concebida de esta forma, nos in-dica que el representante es alguien que ha sido autorizado a actuar y hace recaer so-bre el representado las consecuencias de sus acciones.

b) Representacin identificada con sometimiento a una rendicin de cuentas(accountability). Desde esta perspectiva, el representante es aquel que debe respon-der por su actuacin ante su representado.

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c) Representacin descriptiva. La representacin se identifica con la existen-cia de cierta correspondencia entre representante y representado, que compartirandeterminadas caractersticas o cualidades.

d) Representacin simblica. Se basa en una identificacin emocional entre elrepresentante y el representado, que en poltica se equipara a liderazgo efectivo.

e) Representacin sustantiva. Enfatiza la necesidad de analizar el contenidosustantivo de la actividad de representar, que aparece definida como actuar en bene-ficio de otro o teniendo en cuenta sus intereses.

La representacin sera as un concepto nico, aunque complejo, que incorporadiferentes elementos. El peso que demos a esos elementos, que interactan entre s,condicionar el perfil concreto que adquirir dicho concepto, que admite interpreta-ciones diversas dentro de los lmites que le permiten mantener su unidad. Porque,insiste Pitkin (1967: 8), la representacin tiene un significado bsico que no ha cam-biado desde el siglo xvn, aunque no sea utilizado de igual forma en los diferentescontextos.

En el caso concreto de las democracias modernas, nos indica esta autora, la no-cin de gobierno representativo incorpora siempre la abstracta y metafrica idea deque el pueblo de una nacin est presente de algn modo en las acciones de su go-bierno, lo que se expresa en un cierto nmero de instituciones especficas tradicio-nales que intentan alcanzar ese resultado. La tensin entre el ideal y la realidadsiempre estar presente, pero lo que hay que hacer no es tratar de resolverla buscan-do una definicin exacta del concepto sino analizar los tipos de representacin quetienen lugar en diferentes contextos (cmo se hace presente lo ausente y quin lo de-cide), teniendo en cuenta tanto sus elementos sustantivos como formales. As, aun-que el trabajo de Pitkin ha sido interpretado de muchas formas distintas, sobre todoatribuyndole la defensa de una concepcin meramente sustantiva de representacin(como actuar en inters de otro), entendemos que el nfasis en dicha concepcin nosupone el rechazo de las otras, porque cada una de ellas utilizada de forma aisladanos ofrece una descripcin que resulta incompleta. Lo que s se enfatiza en dichotrabajo es la necesidad de determinar cul es el contenido de la actividad de repre-sentar, porque es el que nos permitir juzgar la calidad de esa representacin.

Pensamos que asumir esa complejidad a la hora de abordar el anlisis de la re-presentacin poltica resulta fundamental debido al papel simblico que sta desem-pea. Como en el caso de tantos conceptos polticos fundamentales y esencialmentecontrovertidos, no parece ni posible ni deseable intentar depurarlo despojndolo dealgunas de las dimensiones que incorpora pues ello contribuira a entorpecer su fun-cin como fuente de legitimacin del sistema poltico democrtico. Cada una deesas dimensiones responde a diferentes exigencias reales y favorece la adicin delealtades que encuentran su justificacin en motivaciones muy diversas.

No es ste, sin embargo, el lugar adecuado para abordar un desarrollo detalladode todos esos elementos sustantivos y formales para ofrecer un mapa del conceptode la representacin poltica o intentar presentar una teora ms o menos articulada

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sobre ella. Lo que queremos analizar son las propuestas de autores que defienden ladenominada poltica de la presencia y que parecen insistir en lo que hemos identi-ficado como la concepcin descriptiva de la representacin. No obstante, resultaevidente que cualquier evaluacin sobre propuestas de reforma de uno de los aspec-tos de la representacin tendr que tener en cuenta su inevitable repercusin sobrelas otras dimensiones, con lo cual al final las conclusiones a las que se llegue siem-pre dependern de la visin de conjunto que estemos manejando.

LA RELACIN ENTRE REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS

La democracia como sistema representativo obtiene, pues, su legitimidad de lacreencia en que el pueblo est presente de alguna manera en los actos de gobierno,aunque sea a travs de la eleccin de unos representantes que son los destinados arealizar dichas actividades. Como ha sealado B. Manin (1997), este sistema incor-pora un elemento potencialmente igualitario al ofrecer a todos esa posibilidad departicipar en la eleccin de quines van a ser los representantes, pero tambin otroelemento esencialmente elitista por restringir a unos pocos la posibilidad de llegar aser representante. Esta limitacin surgira de la naturaleza intrnsecamente desigualde la eleccin (1), pero el hecho de que coexista con el sufragio universal, en opi-nin de dicho autor, le proporciona una justificacin: son los electores los que deci-den que slo determinado tipo de candidatos sean los elegidos. Esto, sin embargo,slo resuelve parcialmente el problema ya que una de las principales creencias quecontribuyen a la legitimacin del sistema democrtico es que existe cierta similitudentre gobernantes y gobernados. La historia de la democracia ha sido la historia dela lucha por alcanzar la igualdad poltica, pero entendida no slo como reivindica-cin de la ampliacin progresiva del sufragio, sino tambin como intento de acercary conseguir la mayor identificacin posible entre gobernantes y gobernados. Poreso, aun cuando consideremos necesario e inevitable ese efecto elitista de la elec-cin, han existido y existen claras diferencias a la hora de determinar cul debe serla distancia adecuada entre representantes y representados. Y, en este punto, la idea ade correspondencia o reflejo resulta muy efectiva, porque, como seala acertada-mente Manin, hace compatible la divisin del trabajo y el principio de igualdad de-mocrtica.

Los rasgos o caractersticas que deban constituir el contenido de esa correspon-dencia han variado a lo largo del tiempo. Esta exigencia era la que justificaba en els. xvn las quejas de determinadas unidades geogrficas a las que se considerabavirtualmente representadas por candidatos que no haban elegido; tambin esta-ba detrs de la discusin entre los federalistas y antifederalistas acerca del mbito deeleccin y funcin de los representantes; y nos permite entender el optimismo con el

(1) Ver argumentos en MANIN, 1997: pgs. 134 y ss.

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que en el siglo siguiente se recibi la aparicin de partidos de masas que se esperabafacilitaran el acceso al poder de los trabajadores. Los criterios esgrimidos para deci-dir qu rasgos determinaban ese acercamiento han variado en funcin de los colecti-vos que se consideraban excluidos, pero la exigencia de algn tipo de corresponden-cia ha estado presente desde un principio (Birch, 1971: 59). Es por ello por lo queconsideramos que la concepcin descriptiva de la representacin no puede ignorar-se, aun cuando resulte evidente que no puede acotar por s misma todo el debate so-bre la representacin.

LA EXIGENCIA DE LA PRESENCIA

En la actualidad, asistimos a mltiples debates tericos y polticos sobre cmodebe entenderse la representacin que sitan en primer plano una u otra dimensin:la cuestin de la responsabilidad de los representantes, la crisis de los partidos comointermediarios de la representacin, e t c . pero nuestro objetivo aqu es referirnos so-bre todo a las propuestas de los defensores de la denominada poltica de la presen-cia, enfoque que parece partir de una concepcin descriptiva de la representacin.

La discusin concreta en la que los autores identificados con esta corriente pre-sentan sus demandas es la suscitada por la exigencia de reconocimiento, que ha do-minado el discurso de la teora poltica de los aos noventa. Pero toda esta polmicaarranca de un perodo anterior, los aos sesenta, en los que la lucha por la igualdadcentrada en el conflicto de clase fue poco a poco dejando hueco a reivindicacionesoriginadas por otro tipo de discriminacin (raza, sexo, etnia, etc.). En este procesoreivindicativo con el tiempo se fue insistiendo cada vez ms en la necesidad de lo-grar el cambio cultural, antes que el econmico-poltico, y en la obligacin de teneren cuenta la diferencia, no de ignorarla. Ello supuso hacer hincapi en la necesidadde evitar el asimilacionismo y fomentar el respeto por la diferencia, lo que se re-flej en la aparicin de movimientos sociales que permitan a los colectivos discri-minados organizarse para defender por s mismos sus intereses. Y lo caractersticode esta estrategia fue el desprecio por la poltica institucional y el nfasis en la parti-cipacin en mbitos como el lugar de trabajo y la sociedad civil. En los ochenta, sinembargo, la esperanza en la transformacin total de la sociedad pareci esfumarse.Las identidades que exigan un tratamiento especial se multiplicaron y empezaron acompetir entre s, y se produjo, adems, una recuperacin del inters por la pre-sencia en las instituciones, tendencias que se han mantenido y acentuado en losnoventa.

Aun cuando son stos antecedentes que comparten con otras posiciones y estra-tegias polticas, la poltica de la presencia se diferencia de otros desarrollos directosde esta evolucin por su pragmatismo y la limitacin de sus objetivos. Pero vaya-mos por partes. En primer lugar, como seala A. Phillips (1995) (a quien considera-mos una de sus representantes ms acertadas) lo que todo ese proceso nos ha ense-ado es que la diversidad ya no se puede percibir slo o principalmente como dife-

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rencia de opiniones, creencias o ideas, sino como diferencia de experiencias eidentidades que caracterizan a los diferentes colectivos que componen el cuerpo po-ltico. Tal y como funcionan las instituciones, parece que no es posible conseguirque el sistema poltico sea ms sensible a las demandas de sus muchos de sus ciuda-danos, especialmente en lo que atae a los que van a desempear las funciones p-blicas. Por ello, una vez demostrado que las desigualdades sociales y econmicasdeterminan la participacin y, por tanto, la influencia poltica, la presencia fsica delos miembros de colectivos desfavorecidos en el proceso de toma de decisiones seconvierte en un objetivo poltico fundamental. Los defensores de la poltica de lapresencia insisten en la relevancia de la poltica institucional y en la necesidad deque esos colectivos estn presentes sobre todo en las asambleas y gobiernos, perotambin plantean la posibilidad de que la exigencia de su presencia se extienda a r-ganos como la judicatura o la administracin (altos cargos). ste sera uno de losrasgos peculiares que separan esta postura de otro tipo de propuestas: no se trata decambiar el modelo institucional para transformar las cosas, sino de penetrar en l.Nos encontramos, pues, con una reivindicacin bastante pragmtica que no exigirael desarrollo previo de ningn modelo normativo de democracia, sino slo algunoscambios concretos a corto plazo en la composicin de las instituciones ya en funcio-namiento. Ese pragmatismo es, como veremos, uno de los elementos que otorgafuerza y conviccin a la poltica de la presencia, pero quizs tambin restrinja enor-memente el alcance de las posibles reformas que con ella se alcancen.

Naturalmente, este tipo de planteamiento nos sita en la perspectiva proporcio-nada por la concepcin descriptiva de la representacin. Como sealaba Pitkin(1967: 60), la presuposicin que subyace a esta concepcin es que ofrecer informa-cin sobre el punto de vista del representado, porque se entiende que las caractersti-cas de las personas son una indicacin de las actividades que van a desarrollar. Unade las cuestiones clave ser entonces precisar qu caractersticas son las que debentenerse en cuenta para evaluar la existencia de esa correspondencia. No obstante,como ha destacado tambin esta autora, el problema aadido es que esa correspon-dencia no suele ser real y la mejor representacin descriptiva no es necesariamentela mejor representacin en cuanto a actividad.

Insistir exclusivamente en la dimensin descriptiva, por tanto, suscita objecio-nes importantes. Conscientes de ello, los defensores de la poltica de la presencia,marcando distancias con otros tericos que abordan el tema desde una concepcinms esencialista de las identidades que reivindican su reconocimiento, asumen unplanteamiento muy prctico y limitado. No se trata de justificar que cada identidaddiferenciada tenga necesariamente que estar presente en las instituciones polticasrepresentando sus caractersticas particulares. Este enfoque (por lo menos en la con-vincente versin que representa A. Phillips) utiliza un criterio negativo para presen-tar argumentos a favor de esa presencia: el objetivo es acabar con la discriminaciny opresin existentes, de races histricas. La presencia de representantes que perte-nezcan a los colectivos elegidos resultara ser un criterio que complementara al yautilizado (basado en representantes de unidades geogrficas). Porque, como nos ad-

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vierte Phillips, ningn sistema electoral es un mecanismo neutral y lo que est enjuego en las exigencias de presencia igual o proporcional como miembros de deter-minado colectivo o portadores de determinada identidad no es la representacin degrupo en sentido estricto. De lo que se trata es de acabar con las exclusiones existen-tes y de ofrecer oportunidades para introducir nuevos temas en el debate poltico. Ladefensa de la paridad de gneros, de un mayor equilibrio entre los grupos tnicosque componen la sociedad o una mayor presencia de algunos grupos minoritariossiempre depende de un anlisis de las estructuras de exclusin presentes; nunca esuna exigencia que se derive de la naturaleza de la representacin justa.

Mas si el argumento para legitimar la presencia es acabar con la exclusin, resultainevitable referirse a la evaluacin de los posibles efectos de esa presencia. Qu es loque se espera de ella? Cmo afectar a la actividad de representacin como tal? Lasrazones esgrimidas son muy diversas y varan segn el colectivo al que nos estemosrefiriendo. Porque una de las cosas en las que debemos insistir es en sealar que no eslo mismo la exigencia de paridad para las mujeres que garantizar la representacin deun grupo tnico tradicionalmente discriminado. S hay coincidencia, por el contrario,a la hora de mostrar los beneficios de esa presencia en todos los casos (2). Analice-mos, por tanto, esos argumentos con un poco ms de detalle:

a) Las exigencias de la justicia

Es algo con lo que casi todos los autores estaran de acuerdo. La presencia pol-tica de representantes pertenecientes a determinados colectivos supondra acabarcon una discriminacin histrica que es intolerable y que ha impedido a dichos co-lectivos elegir a los representantes que deseaban, a la vez que ha contribuido a quese ignoraran sus intereses especficos en la adopcin de decisiones polticas. En elcaso de los afroamericanos en los EE.UU., por ejemplo, desde los aos setenta esteargumento ha justificado la modificacin del diseo de los distritos electorales (af-firmative gerrymandering) de un sistema electoral que se reconoce que no es neu-tral (B. Grofman, 1982). En todos lados siguen existiendo claras discriminacionesestructurales, y garantizar la presencia de los colectivos que en algn momento hansido expresamente excluidos y que siguen en una situacin de desventaja es impor-tante en s misma.

b) Relevancia simblica

Se considera que la mera existencia de modelos triunfadores genera un efectopositivo que revaloriza socialmente identidades anteriormente denostadas. Este ar-

(2) PHILLIPS (1995: 64); GUNNIER (1996: 12) y THERNSTORN (1987: 239).

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gumento es compartido por todos los defensores de la poltica de la presencia, a pe-sar de que Phillips opine que no sera algo que concierna especialmente al mbito dela representacin poltica y no exigira una presencia determinada en los rganosinstitucionales de deliberacin poltica. Pero habiendo partido de la consideracinde que, en cierto sentido y con todos los matices que se quiera, se espera que lasasambleas sean representativas (en su sentido descriptivo) de toda la ciudadana, nosparece que slo esta funcin justificara la presencia en determinados casos de algu-nos colectivos como tales.

No obstante, adems de analizar argumentos que se fundamentan en su repercu-sin en el mbito simblico (reconocimiento e inclusin), tambin debemos referir-nos a los hipotticos resultados de la presencia desde la perspectiva de la actividadrepresentativa. Cuando se parte de un enfoque centrado en la visin descriptiva de larepresentacin, la exigencia de que los representantes posean determinadas caracte-rsticas, se presupone que esas caractersticas compartidas van a proporcionar infor-macin relevante sobre los representados que va a tener reflejo en la actividad repre-sentativa. Pero la mera presencia de miembros de esos colectivos no garantiza que,una vez elegidos, vayan a actuar de ninguna manera particular. Por eso debemospresentar ahora las razones que surgen de la preocupacin por lo que se va a repre-sentar. Y es que, como seala Phillips (1999: 242), la insistencia en la presencia p-blica de los excluidos casi siempre trae consigo expectativas adicionales sobre cmoafectar a la poltica o al contenido de las decisiones que se adopten.

c) Defensa de los intereses especficos del colectivo en cuestin que de otraforma no se tendran en cuenta

Ya hemos indicado que se presupone que algunos rasgos de los candidatos po-dran ser indicativos de que van a tener en cuenta intereses especficos respecto a al-gunas materias. Este argumento presenta serios problemas porque, aunque se reco-nozca que existen algunos intereses comunes de determinados colectivos, tambinparecen evidentes las tremendas diferencias que se dan entre sus componentes. Laadscripcin de intereses especficos resulta ser por ello una cuestin muy complica-da y abre el debate sobre los intereses objetivos y subjetivos, mas los estudios emp-ricos parecen confirmar que no es descabellado plantear esa posibilidad. Por ejem-plo, autoras como C. Swain (1995) en su anlisis sobre la existencia de posibles in-tereses comunes compartidos por los afroamericanos en los USA o A. G. Jnasdttir(1988) en relacin con los de las mujeres, llegan a la conclusin de que s hay algu-nos intereses definidos social e histricamente que separan a las personas y que sonobjetivos. Pero, junto a ellos, tambin habra muchos otros que son subjetivos y anms que habra que definir. Los intereses meramente subjetivos difcilmente podrnser representados por nadie y, en lo que respecta a los que tienen un carcter objeti-vo, no tendran por qu servir de justificacin a ninguna presencia concreta, podranser perfectamente defendidos por representantes que no compartieran ese rasgoidentitario comn.

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La actividad representativa, sin embargo, no es mera representacin de interesesde diferentes colectivos. Desde un punto de vista terico, Pitkin (1967: 209) ya in-sisti en que es una actividad que significa que el representante debe actuar teniendoen cuenta el inters de los representados y, a la vez y de manera independiente, condiscrecionalidad y juicio. Esto implica que en el momento de adoptar decisionesaqul siempre corre el riesgo de que se produzca un conflicto entre ambas exigen-cias, pero que debe tratar de evitar a toda costa. Cuando eso no sea posible y el re-presentante se vea obligado a elegir de forma que parezca contraria a los intereses delos que lo han elegido, entonces, en opinin de Pitkin, lo que deber hacer es justifi-carse ante ellos.

Esta descripcin terica parece coincidir con lo que sucede en la realidad. Hayestudios empricos, como el anlisis de Brennan y Hamlin (1999), que ponen de re-lieve que los representantes en un sistema democrtico no son elegidos por promo-ver unos intereses especficos y articulados de sus electores. Dichos autores con-cluyen que los ciudadanos no conocen en su mayora las polticas pblicas que lespueden beneficiar y votan de forma expresiva. Y esto significa que, aunque las pro-puestas polticas concretas ofrecidas son importantes, no se juzgan slo desde el in-ters particular; en ese juicio intervienen otros factores como la costumbre, la perso-nalidad del candidato y su actuacin anterior. La representacin sita la personali-dad de los candidatos en el centro del debate electoral, y stos son elegidos paraformar parte de una lite democrtica. La discrecionalidad de la funcin representa-tiva, por tanto, sera lo que confiere importancia fundamental a la presencia, y laselecciones serviran de mecanismo de control a posteriori.

As, esta forma de entender la representacin, como proceso en el que los repre-sentantes actan de forma independiente pero teniendo en cuenta las necesidades delos que lo han votado, los cuales ejercen sobre ellos cierto control a posteriori, noslleva a otro tipo de justificacin que no tiene tanto que ver con el inters que debeser representado como con los procesos de representacin.

c) La transformacin de la agenda poltica

Parece que ste sera el argumento ms relevante para justificar la presencia derepresentantes que se identifican con ciertas identidades en los rganos polticos ins-titucionales. Debido a la autonoma de la funcin de la representacin poltica (es unproceso), esa presencia servira para abrir la agenda a temas y cuestiones que no es-tn actualmente incluidos, contribuyendo a articular nuevos intereses y a definir loque constituye de verdad el inters comn [que tampoco es algo dado y a menudo seidentifica con un inters particular (p. e., L. R. Fraga, 1992)]. Tambin, como sealaPhillips (1999: 245), cuando se plantean asuntos y problemas nuevos, al sopesar in-terpretaciones y prioridades puede importar mucho quines sean los representantes,pues variar su grado de implicacin y la energa de su defensa.

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Descartamos aqu otro tipo de argumentos muy utilizados como la conviccinde que los colectivos que han experimentado la discriminacin, una vez en el poder,aportarn una forma diferente de hacer poltica (ms responsable, solidaria y paci-fista). Es habitual, por ejemplo, encontrar autores que consideran que las mujeresque actualmente desempean cargos polticos, al estar en minora, no tendran msremedio que integrarse en la corriente dominante. El objetivo entonces sera conse-guir una masa crtica que permitiera el cambio. Pero este tipo de justificacin in-corpora una visin esencialista que es discutible, y nada garantizara que, una vez al-canzado el objetivo, fuera ese el resultado. Por otro lado, desde el punto de vista dela representacin poltica, no sera un argumento determinante (sera positivo paralos defensores de una forma de hacer poltica alternativa).

LOS LMITES DE LA PRESENCIA

Los argumentos generales que justifican la presencia no nos ofrecen, sin embar-go, una solucin a la cuestin de decidir qu presencia se va a garantizar, ni los me-dios ms adecuados para ello. Cada vez se hace ms fuerte en los pases occidenta-les el movimiento a favor de la paridad, que descarta el tratamiento de las mujerescomo grupo y defiende la dualidad de la identidad humana, considerando que debe-ra tener un reflejo permanente en todos los mbitos de la vida, entre ellos el de lasinstituciones pblicas. En los EE.UU., la estrategia de la modificacin del diseo delos distritos electorales para lograr que candidatos afroamericanos y latinos sean ele-gidos representantes tiene ya una larga tradicin. Como tambin la tiene la famosademocracia consociacional holandesa. Asimismo, en diversos pases se han introdu-cido formas de representacin especial de diferentes colectivos [p. e. los maores enNueva Zelanda (A. Lijphart, 1995 y 1999)]. La aceptacin de la representacin deciertos rasgos identitarios responde generalmente a injusticias histricas o a conflic-tos en sociedades profundamente divididas. Y la solucin general es acometer la re-forma parcial del modo tradicional de organizar la representacin: creacin de dis-tritos especiales para concentrar el voto de minoras dispersas; introduccin de cuo-tas en los partidos polticos; reserva de escaos para determinados colectivos; etc.No hay una nica frmula para hacerlo, y lo que hay que analizar siempre es la fuer-za de los argumentos presentados y los pros y los contras de cada posible decisin.Por supuesto, en esa decisin se debern tener en cuenta tambin los beneficios(presentes, aunque tengan carcter limitado) que las experiencias ya puestas en mar-cha han generado: la presencia paritaria de las mujeres en las asambleas en los pa-ses escandinavos; la eleccin de representantes de minoras en los EE.UU. y NuevaZelanda, etc.

Lo que s puede generar conflictos es la exigencia de que la presencia se multi-plique. Hasta ahora hemos estado utilizando las opiniones de autores que defiendensu aplicacin restringida a colectivos que han sufrido discriminacin histrica ysiempre desde la perspectiva de su voluntad de integracin. Cuando la puerta se abre

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y se justifica la presencia de toda identidad que implique alguna forma de discrimi-nacin (p. e, zurdos, gays, discapacitados, etc.) pensamos que la idea que est detrsde ella queda desvirtuada. Las posibilidades de influencia poltica no se limitan a laeleccin de representantes que compartan esas identidades o caractersticas que de-terminan la situacin de discriminacin, y en la mayora de los casos esas reivindi-caciones deberan encauzarse a travs de otros canales.

Otra cuestin que hay que precisar es que los propios defensores de la polticade la presencia son conscientes de las limitaciones de su enfoque. Hacer hincapi enla presencia como meta poltica no debera impedir ocuparse de otras dimensionesde la representacin: dar cuentas y actuar en beneficio de alguien, porque resulta ab-solutamente necesario prestar atencin tambin a lo que los representantes hacendespus de ser elegidos y evaluar su verdadera influencia en los procesos de toma dedecisiones. En este sentido, sus propios defensores (Phillips, 1995; Gunnier, 1996)sealan la necesidad de combinar una poltica de la presencia con la poltica de lasideas tradicional (no habra una sustitucin de sta por aqulla, ms bien ambas secomplementaran). Porque no slo hay que tener en cuenta la identidad de las perso-nas sino tambin su situacin social y econmica (Fraser, 1997; Phillips, 1999), ypara introducir cambios verdaderamente profundos en el sistema resulta imprescin-dible crear coaliciones sobre objetivos concretos para intentar alcanzar mayoras.

En el caso de las mujeres, alcanzar la paridad se convierte en objetivo en s mis-mo, sin esperar nada ms de ese cambio. Una vez alcanzado, de nuevo el centro deldebate deber desplazarse a la tradicional poltica de las ideas, porque, en relacincon la mayor parte de las cuestiones, las elegidas decidirn en funcin de su orienta-cin poltica y el partido al que pertenezcan. Tambin la experiencia de los EE.UU.muestra los lmites de esta poltica. Una vez conseguida la representacin numricacasi proporcional de un colectivo como los afroamericanos (12% de la poblacin) esfcil percatarse de la estrechez del terreno avanzado. Si, por un lado, est claro queuna vez elegidos no hay manera de exigir responsabilidades a los candidatos por suactuacin, por otro, est demostrado que en la mayora de los casos la discrimina-cin se traslada a la forma de adoptar las decisiones, marginndose a los represen-tantes de las minoras (3).

Por eso, pensar que ser ms fcil realizar reformas estructurales desde el poderpoltico parece un tanto ilusorio. Como sealan algunos crticos (Thernstorn,1987:235), los problemas que afectan a las minoras parecen insolubles... y la cru-zada por los derechos polticos es una cruzada moral con la garanta de que al finalse ha obtenido algo. Tambin la propia Phillips (1999: 250) resulta ambigua cuan-do reconoce que la poltica de la presencia es una estrategia conscientemente refor-

(3) Benefician estos representantes a los afroamericanos una vez son elegidos? Los anlisis emp-ricos demuestran que depende de si son demcratas o republicanos (SWAIN, 1995). Tambin hay trabajosque alertan sobre las diversas formas en que la discriminacin se desplaza y se transforma (GUNNIER,1995). Pero casi todos los estudiosos del tema insisten en que hay que mantener y fomentar esa presencia(p. e., GROFMAN, MANDLEY y NIEMI, 1992) porque es deseable en s misma.

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mista que deja de lado la redistribucin de recursos econmicos o sociales para cen-trarse en la inclusin poltica, y que ello constituye a la vez su xito y su punto dbil.Por otro lado, en un momento en que se llama la atencin sobre la reduccin de lasposibilidades de actuacin en un mundo globalizado y sometido a los imperativoseconmicos, confiar en la capacidad de las instituciones tradicionales para solucio-nar los graves problemas de la desigualdad social y econmica parece algo ingenuo.Y la versin no esencialista de la identidad combinada con la aceptacin de la dis-crecionalidad de la actividad representativa tampoco contribuye a sustentar ningunavisin optimista. La poltica de la presencia aparece as como un objetivo polticoque, sobre todo, tendr repercusin en el mbito simblico (otorgando al sistema eseplus de legitimidad que genera satisfacer las exigencias de la dimensin descripti-va), que deja abierta la puerta a los cambios sustantivos, y lo que habr que evaluares el coste poltico que se est dispuesto a pagar para alcanzarlo.

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THERNSTORN, A. (1987): Whose Votes Count Affirmative Action and Minority Voting Rights,Harvard University Press, Cambridge, Ma.

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Nmero 111. Ao 2001CUBIERTA Y PRIMERAS. REPNE Nm. 111SUMARIO REPNE Nm. 111ESTUDIOSLos socialistas ante los pactos de gobernabilidad de 1993 y 1996La crisis de la imagen de la poltica y de los polticos y la responsabilidad de los medios de comunicacinPresupuestos para una posible puesta en prctica universal de los derechos humanosLa proteccin de los menores de edad en Alemania desde una perspectiva constitucionalPapel y funciones del gobierno en Italia. Consideraciones introductoriasLa forma de gobierno italiana entre democracia mayoritaria y reapropiacin corporativa de la escena pblicaLa forma de gobierno italiana en la jurisprudencia constitucional: la Corte en defensa del "monismo parlamentario"?La participacin del sistema autonmico en la formacin de la voluntad del Estado

NOTASLa Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de datos de carcter personal: diez consideraciones en torno a su contenidoCrisis de la representacin poltica: las exigencias de la poltica de la presenciaEvaluacin de la Revista de Estudios Polticos

DOCUMENTACINLa legitimacin del Estado de bienestar en perspectiva comparada: niveles y variables explicativas

RECENSIONESNOTICIA DE LIBROS