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Título de la ponencia: Militarización y “soft power” en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina: ¿continuidades de guerra fría?
Eje temático: Nº 1 “Consecuencias de la crisis mundial”. Ultimo punto: La nueva geopolítica mundial: Poder económico y militar. Imperialismo, disputas hegemónicas y países periféricos.
Autora: Silvina M. Romano1
Palabras Clave: Estados Unidos, América Latina, Seguridad, Iniciativa Mérida, Plan Colombia.
Sería conveniente contar con cañón para presentar la ponencia.
1 Doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Lic. en Historia y Lic. en Comunicación Social por la UNC. Actualmente, Becaria Posdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)-Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Piso 8, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, México 04510 D.F. Tel: (52) 55 56 23 02 11 al 13. Mail: [email protected]
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Desde inicios de la guerra fría, dos de los componentes de la política exterior de Estados
Unidos (EUA) hacia América Latina (AL) han sido la asistencia militar y la asistencia para el
desarrollo. La primera, fue sistematizada a partir de los Programas de Asistencia Militar (1951)
y la Ley para la Seguridad Mutua; la segunda fue planteada por el programa del Punto IV de la
Administración Truman (1949) y sistematizada con posterioridad a la Revolución Cubana en la
Ley Extranjera para la Asistencia Extranjera (FAA, 1961), la creación de la Agencia
Internacional para el Desarrollo (hoy USAID) y la Alianza para el Progreso. Es precisamente
esta última la que encarnó en gran medida lo que hoy se ha definido como “soft power” (poder
blando)2.
Partiendo de tales antecedentes y considerando las relaciones entre EUA y AL luego de la
desarticulación de la Unión Soviética, se entiende que tanto el Plan Colombia (PC, 1998), la
Iniciativa Mérida (IM, 2008) como la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central
(CARSI), resultan fundamentales en materia de asistencia militar y para el desarrollo en el
contexto de “guerra contra el narcotráfico”. Estos programas, y sobre todo la IM y el CARSI se
articulan con la política de las “Tres D” (defensa, diplomacia y desarrollo), pilar de la política
exterior de Obama que apunta hacia un aumento del soft power, buscando diferenciarse de
estrategias utilizadas por gobiernos anteriores (sobre todo el de George W. Bush) pero que en la
práctica ha mostrado inquietantes continuidades en un contexto de incremento de la
militarización y de exacerbación de los conflictos por el acceso a recursos estratégicos para el
capital y para los pueblos.
El soft power y la asistencia “para el desarrollo”
Uno de los componentes esenciales de la guerra fría fue el Plan Marshall para la
reconstrucción de Europa, proceso que dejó en evidencia que para EUA la asistencia era una
manera de expandir las inversiones y el mercado estadounidenses (Barnet, 1974). Objetivos
similares se proyectaron con el Punto IV de Truman, programa de asistencia destinado a los
países “subdesarrollados”: “Se espera que las áreas subdesarrolladas de Asia, África y AL
2 El “poder blando” implica el ejercicio del poder “por consenso” en lugar de la fuerza o la presión económica (que en general se asocian al hard power). El “creador” del concepto es Joseph Nye, Subsecretario de Defensa del gobierno de Bill Clinton, quien lo define como “la habilidad para atraer a otros (actores) por la legitimidad de las políticas estadounidenses y los valores que la guían” (Nye, 2004).
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atraigan capital privado estadounidense. Los gobiernos deberán ocuparse del tendido de
ferrocarriles y rutas, deberá haber inversiones previas a la producción de materias primas,
recursos minerales y manufactureras” (Boletín Departamento de Estado EUA, 1949: 376).
A esto se sumaba la necesidad de EUA de colocar exportaciones de producción primaria
excedente y manufacturas, impulsando inversiones y generando nuevos consumidores. Esto se
concretó por medio de instituciones y leyes orientadas a este fin, como el Banco de
Importaciones y Exportaciones (ExImBank) y la entrada en vigencia de la Ley 480 (Public
Law 480). La preocupación residía en el hecho de que en los países subdesarrollados “cada
una de las personas compra 70 centavos de dólar de las exportaciones anuales de EUA,
comparado con 5.8 dólares de compras por persona en áreas desarrolladas” (Departamento de
Estado EUA, Facts About Point IV, 1952). Estos “esfuerzos” de asistencia para el desarrollo
fueron sistematizados en la Ley para el Desarrollo Internacional o Programa del Punto IV
durante la gestión de Truman.
Es interesante leer desde estos intereses la necesidad de garantizar una cierta
“estabilidad” en los países destinatarios de la “ayuda”, la “asistencia técnica para el
desarrollo”, las inversiones, etc., pues de modo paralelo al Punto IV y de la Ley 480 se
propusieron diversos programas y leyes para fomentar la ayuda militar. La ley de Seguridad
Mutua se operacionalizó en buena medida mediante los Programas de Asistencia Militar
(PAM), que debían implementarse para asegurar el suministro de materiales estratégicos y
para contribuir a mantener la estabilidad y la seguridad internas [de los países receptores] de
manera que garantizaran la producción y el acceso a estos materiales (USDS, FR Policy
Regarding Hemisphere Defense 1949-1950. Foreign Rel. Vol I., 633, 636).
La “complementariedad” entre asistencia económica y militar, en la política hacia AL,
tuvo como resultado una canalización de los recursos de asistencia para gastos militares. Si se
tienen en cuenta los programas de EUA en Cooperación Técnica y Actividades Relacionadas
para el período1950-1960, el total asignado fue de aproximadamente 267.8 millones de dólares
(Mecham, 1961:368). En cuanto a la Asistencia militar y ventas militares de EUA a países de
AL, para el período de 1953 a 1965, estas alcanzaron un total aproximado de 1.164 millones de
dólares (Veneroni, 1971: 186). Incluso si se toman como referencia solamente los Programas
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de Asistencia Militar para AL entre 1950 y 1963, la suma es de 374.7 millones de dólares (Ibid,
187).
Pero con el triunfo de la revolución cubana, el gobierno de Eisenhower se vio obligado
a dar un “giro”, otorgando mayor atención a los problemas económico-sociales, y que operó
como antesala del primer programa sistemático de asistencia para el desarrollo, la Alianza para
el Progreso (AP) del gobierno de John F. Kennedy. Este programa se enmarcó en una serie de
cambios institucionales destinados a unificar los planes y proyectos de asistencia para el
desarrollo y asistencia técnica, bajo la entrada en vigencia de la Foreign Assistance Act (FAA)
de 1961. Esta ley constituyó el cuerpo normativo por medio del cual se creó la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID, hoy USAID), que tuvo como uno de sus principales objetivos el
de separar la asistencia económica de la asistencia militar.
Sin embargo, el funcionamiento y los programas de la AID en el marco de la AP dieron
cuenta de que esta meta no sería buscada en los hechos. Esto es así porque la asistencia “para el
desarrollo” era parte de los lineamientos del gobierno estadounidense para expandir sus
intereses en la región, y por ello estaba íntimamente vinculada a la asistencia militar. Según
documentos desclasificados, la AID se encargó del entrenamiento de las policías de las grandes
ciudades de AL y de otras cuestiones vinculadas a garantizar la seguridad interna: “La AID, el
Departamento de Defensa y la CIA deben diseñar un programa conjunto, definiendo las armas,
tácticas y fuerzas que deben recomendarse para el control de revueltas violentas, así como los
medios para asegurar los stocks adecuados de equipos con la finalidad de controlar la
insurgencia y hallar la forma de proveer las armas apropiadas para la policía (…) La AID,
además de prestar asistencia a la policía debe coordinar con el Departamento de Defensa
programas de acción cívica que contribuyan a la seguridad interna” (USDS, FR, 1961-1963,
Vol XII, Doc. 90).
La AP, esbozó a nivel de discurso oficial uno de los programas más “queridos” y mejor
recibidos por América Latina, pues se trataba del impulso al desarrollo y la democracia, tal
como puede leerse en el discurso inaugural de la AP (marzo 1961) o en la Carta Para los
Pueblos de América, firmada en 1961 junto con la ratificación de la ALALC en Punta del Este.
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En ese mismo evento el Ernesto (Che3) Guevara aclaró que la asistencia propuesta por la AP
era una forma más de consolidar la dependencia, al contrario de lo que planteaba el discurso
oficial estadounidense. En la práctica, la AP articuló la asistencia para el desarrollo (el soft
power) con la doctrina de seguridad nacional, al tiempo en que aumentaba la inversión
estadounidense por medio de la expansión de sus transnacionales en la región (Romano, 2011).
Luego del evidente fracaso de ese programa para AL4 y los costos para el gobierno
estadounidense (pues quedó en evidencia que había utilizado la ayuda como herramienta de
presión y extorsión, además de que se comprobó que la ayuda militar había superado la ayuda
para el desarrollo), se decidió promover la multilateralización y despolitización de la asistencia
(Martins, 1973). Para mediados de los ’70, en un contexto de creciente endeudamiento y
paulatina penetración del ideario y las políticas neoliberales, los organismos de préstamo
multilaterales, las Instituciones Financieras Internacionales, fueron adquirieron un rol cada vez
más importante en AL, consagrándose a partir de los ‘90.
Asistencia y securitización a partir de los ‘90
Con la desarticulación de la Unión Soviética se forjaron nuevos discursos que
auguraban “el fin de la historia”, el triunfo de la libertad y la democracia, y el liderazgo
indiscutido del “ganador” de la guerra fría, EUA. En el caso de AL, ya se empezaban a
configurar o reforzar nuevos enemigos internos que había que combatir. Así, al mismo tiempo
en que se daba la transición a las democracias liberales, la consagración del neoliberalismo y la
firma de Acuerdos de Paz en Centroamérica, comenzaba la guerra contra el narcotráfico y se
definían las nuevas amenazas (pobreza, migración, desastres naturales, etc), entendidas como
fuentes de “inestabilidad”. La (peligrosa) securitización de todos estos factores se exacerbó con
la “guerra contra el terrorismo global” impulsada por le gobierno de George W. Bush luego del
11/S, con implicancias tan amplias como el alcance del concepto de guerra global. A nivel
regional, esto fue ratificado por la Declaración sobre la Seguridad de las Américas, OEA
(2003).
3 Discurso completo: http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_en_Punta_del_Este,_Uruguay,_8_de_agosto_de_1961 4 Para EEUU no fue un fracaso, debido a que sí contribuyó a lograr el objetivo de evitar “otra Cuba”.
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Las relaciones de EUA con AL, mostraban por un lado el acercamiento en cuanto a
políticas de seguridad (particularmente la zona Andina), pero por otro lado, un rechazo al
programa económico de integración continental, el ALCA. Asimismo, el comienzo del nuevo
siglo trajo consigo cambios fundamentales al llegar al gobierno sectores y grupos que proponen
proyectos de Estado-nación orientados al beneficio de las mayorías históricamente postergadas
(siendo paradigmáticas las experiencias de Venezuela y Bolivia). Esto ha implicado un mayor
protagonismo del Estado en los lineamientos políticos, económicos y sociales, para la
redistribución de ingresos, nacionalización/estatización de recursos, impulso de nuevas cartas
constitucionales, promoción de la inclusión cultural, sobre todo de los sectores indígenas y
campesinos.
Esto llevó a importantes tensiones entre el gobierno de George W. Bush con estos
gobiernos, especialmente con el de Hugo Chávez luego del intento fallido de golpe de Estado
en 2002 (que contó con el apoyo de EUA). Con la asunción de Obama se pensó que tales
tensiones se disiparían, ya que el mandatario estadounidense proponía una política de soft
power5, que buscaba más que nada aceitar las relaciones diplomáticas y limar asperezas, una
“Nueva Alianza para las Américas” (Romano, 2011). Esto se enmarca en la política de las Tres
D, y en la insistencia de una mayor apuesta a los lineamientos de asistencia para el desarrollo.
De hecho, es durante su presidencia cuando se impulsa con mayor énfasis la “reestructuración”
de las políticas de asistencia, a fin de devolver a la USAID su rol de institución privilegiada en
materia de ayuda para el desarrollo (Birdsall, 2009; Radelet, 2009). Sin embargo, esta
herramienta de soft power no implica renunciar a la hegemonía estadounidense, sino que se
trata de reorientarla hacia una mayor coordinación entre asistencia, inversión y defensa. En
síntesis, lo que ha venido haciendo históricamente el gobierno estadounidense en los momentos
de no intervención directa y que adquirió su mayor expresión durante el gobierno de Kennedy.
Lo importante es garantizar la seguridad nacional y los intereses estadounidenses.
Precisamente, en una declaración frente el Congreso estadounidense realizada por Mark
Feierstein (Administrador auxiliar para la política de EUA hacia AL y El Caribe) se dejó en
5 Con la llegada de Obama, se crearon importantes expectativas en la preeminencia del soft power en lugar del hard power impulsado por George w. Bush (Álvarez y Fuentes, 2009: 88)
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claro que el trabajo de la USAID no es la caridad: “cuando ayudamos a la estabilización y
crecimiento de otras economías vinculadas a la nuestra, ayudamos a generar mercados para
nuestros productos” (Feierstein, 2011).
Lo mismo sostiene Mark Lopes (Administrador Auxiliar Adjunto de la USAID)
“Cuando ayudamos a los campesinos y a los pequeños comerciantes de Nicaragua, también
desarrollamos mercados para nuestros productos. Porque cuando aquí prosperan los negocios,
pueden comprar a los EUA maquinaria y otros suministros que necesitan (…) Estamos
quebrando el viejo modelo de desarrollo donante-receptor, porque nos centramos en la
asociación (partnership) que promueve prosperidad y oportunidades para todos” (Lopes, 2011).
Tal como se planteaba desde programas de ayuda tan tempranos como el Punto IV, el
sector privado sigue siendo crucial para que funcione la asistencia, y el objetivo final es
expandir la economía estadounidense: “al trabajar en conjunto con empresas, no solo
aumentamos los recursos, creamos empresas duraderas que promueven dividendos de
desarrollo a largo plazo (Feierstein, 2011). Por ejemplo, según este funcionario, de un fondo de
incentivo creado en conjunto por la USAID y la Fundación Gates, la empresa de
comunicaciones Digicel introdujo el servicio de banca móvil que permitirá a los haitianos
acceder a servicios financieros desde sus celulares (Ibid.). Aquí, la pregunta es si puede
considerarse el servicio de banca móvil como un indicador de desarrollo en el país más pobre
de AL, por cierto, país paradigmático en la articulación de asistencia militar y económica para
la “estabilización”6. Pero, más allá de la discutible definición de desarrollo que descansa tras la
idea de asistencia (y que bien expuso Ernesto Guevara en 1961), vale la pena detenerse en las
cifras, que dejan al descubierto la superficialidad de los discursos de “paz y desarrollo”. La
mayor parte de los recursos siguen destinándose a cuestiones de seguridad (en su mayoría
vinculados a gastos militares), como puede observarse en la tabla nº1.
6 El caso de Haití incluye todos los ingredientes de la estrategia imperialista estadounidense “post-guerra fría”: intervención “humanitaria”, presencia de militares estadounidenses y el control de la economía y la política del país (Chomsky, 2006: 153-155).
Tabla 1
Montos totales de Ayuda militar y ayuda económica de Estados Unidos para América
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Para el presupuesto del año fiscal 2012 se pedía para AL y El Caribe otorgar “prioridad” a los
programas de “seguridad ciudadana” (Valenzuela, 2011). De esa asignación solicitada, la
mayor parte se destinará a “México y América Central, donde el tráfico de narcóticos y el
crimen transnacional son una amenaza para la seguridad ciudadana, marco en el cual se
aumentará el presupuesto de la Iniciativa Mérida” (Ibid.).
Plan Colombia, Iniciativa Mérida y CARSI: ¿qué tienen de “soft”?
El “apoyo” de EUA a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha centrado en
la detección, monitoreo, apoyo de infraestructura, inteligencia y operatividad, así como en el
emplazamiento del ejército, a lo que se suma el entrenamiento de tropas y fuerzas especiales
(Seelke et al, 2010). Así, esta nueva guerra ha implicado una expansión de las actividades
militares en AL, plasmada en el Plan Colombia (PC), la Iniciativa Mérida (IM) y el CARSI. Es
importante señalar que estos acuerdos de seguridad se articulan a la vez con TLCs y acuerdos
de preferencias comerciales, que contribuyen a garantizar los intereses del sector privado y del
gobierno de EUA y de sus socios menores locales, y nos recuerdan que la “seguridad” no puede
desvincularse de lo económico.
El PC tuvo desde sus inicios como uno de sus principales objetivos la “transformación” y
“modernización” de las fuerzas armadas y policíacas para combatir la guerra interna (con las
FARC y el ELN), a fin de lograr un cambio en la correlación de fuerzas con la guerrilla. Se
consolidaron nuevas tareas para el control del territorio colombiano, y para lograr una mayor
proyección hacia los países vecinos, colocando entre 14 y 17 mil hombres en toda la zona
selvática, especialmente en la región fronteriza del sur (Ecuador) y de oriente (Venezuela), bajo
Latina y el Caribe (1996-2012) en dólares
Tipo de Ayuda Colombia México Toda la región
Ayuda militar y policial 6,895,376,034 1,456,661,709 15,296,964,222
Ayuda social y económica 2,226,816,970 1,027,476,000 20,827,166,812
Fuente: elaboración propia con datos de Just the Facts (2011) (Este organismo está constituido por el Center for
International Policy, el Latin American Working Group Education Fund y la Washington Ofice on Latin America (WOLA)
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la modalidad de despliegue rápido; una forma de bajo perfil impulsada por EU que es parte de
lo que el Pentágono denomina como una “nueva arquitectura militar” (Delgado, 2010). La
ubicación no es algo casual, pues se trata de fronteras con países que han experimentado
cambios relevantes en sus gobiernos y proyectos de nación, sobre todo el caso de Venezuela.
En este mapa estratégico, Colombia es pues el país clave en la zona andina. Para la Fuerza
Aérea de EUA, el asunto es claro: “El acceso a Colombia va a reforzar la asociación estratégica
con Estados Unidos. La sólida cooperación en las relaciones de seguridad también abre la
oportunidad para conducir un amplio espectro de operaciones a lo largo de Sudamérica para
mejorar las capacidades antinarcóticos” (Gollinger, 2009, subrayado propio). Precisamente, a
través del PC, EUA presionó para “regionalizar el conflicto” y la guerra contra el narcotráfico,
que llevó a la militarización no solo de Colombia sino de sus vecinos (Bonilla, 2006: 113, 116),
además de contribuir en el aumento de las tensiones a nivel interamericano (Tokatlian, 2006:
243).
A nivel interno, se ha vinculado la militarización y paramilitarización con el aumento de la
violencia y la criminalidad, situaciones denunciadas por diversos organismos de Derechos
Humanos e incluso se hizo presión en el Congreso EUA para obstaculizar el PC y condicionar
la firma del TLC. Nada de eso funcionó, pues a principios de 2012 entró en vigencia el acuerdo
de libre comercio Colombia-EUA y a pesar de que el PC (al igual que la IM) no han sido
autorizadas por el Congreso para ser renovados, seguirán recibiendo presupuesto hasta por lo
menos 2016 (Seelke, 2012).
Desde la perspectiva del gobierno EUA (y sus asesores externos), se conoce que el PC ha sido
criticado por proporcionar demasiado equipo militar, pero se afirma que ha sido un éxito, y por
ello Colombia exporta hacia México y América Central capacitación (para policía y FFAA) en
la guerra contra el narcotráfico (Seelke, 2012)7
7 A modo de ejemplo, el 13 de agosto de 2009, México y Colombia acordaron la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, que incluye el entrenamiento de tropas. Este acuerdo implicaba el entrenamiento de más de 11.000 agentes de la Policía Federal mexicana entre 2009 y 2011, por parte de la Policía Nacional Colombiana. Además, gran parte del entrenamiento lo imparten las fuerzas de elite colombianas denominadas “Jungla”. Para principios de 2011, se había entrenado a 7.000 mexicanos que “adquirieron experiencia para enfrentar secuestros y tumbar grandes organizaciones de narcotráfico; que han experimentado con explosivos, con la supervivencia en la selva, etc.” (Mexico’s Armed Forces, 21 enero 2011).
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Por su parte, la IM, ha recibido mucho menos presupuesto que el PC, a la vez que –
supuestamente- no ha incorporado emplazamiento de militares EUA en territorio mexicano8. El
principal objetivo de este programa es eliminar la “narco-insurgencia” o el crimen organizado
(no está claro qué abarca cada concepto), mediante una mínima cantidad de presupuesto
asignada por EUA, orientada a la “modernización” del personal de seguridad, incluyendo el
entrenamiento y capacitación de la policía y las FFAA locales, además de la provisión de
equipos y armas “necesarios” para esta guerra (venta de escáners, de equipo móvil no intrusivo
de inspección, de monitoreo-espionaje, de telecomunicaciones, de análisis computacional
forense, para la captura de información biométrica, de hardware y software para diversos
sistemas de datos, para la modernización de puestos de control y vigilancia fronterizos,
helicópteros Bell, Black Hawck, aviones Caza, etc. (Congreso EUA, 2008). Como especifica
Glenn, representante de la sección antinarcóticos de EUA en México, “la IM no dona dinero
sino entrenamiento y equipamiento” (Glenn, 2012).
De esta manera, los que pagan el PC y la IM son los Estados (y por lo tanto, los pueblos) de
México y Colombia. En México el incremento porcentual del gasto en seguridad y defensa,
entre el 2000 y el 2008, fue de 125% y en Colombia fue del orden del 340%, lo que muestra
que quizás tales planes tenían y tienen como uno de sus fines inducir tal gasto a cargo del
presupuesto público de cada Estado. Y es que el monto asignado por EUA a dichos programas
se estima en unos 2,791 millones de dólares para el PC (período2002-2008), y para la IM,
desde el 2008 hasta ahora, en unos 1,330 millones de dólares (Seelke, 2010 et al.). Con datos al
2011, algunas fuentes afirman que la “ayuda” de EUA para el PC fue de 5.000 millones de
dólares en equipamiento y capacitación; mientras que para el caso de la IM, EUA se
comprometió con 1.400 millones de dólares (Infodefensa, 31 mayo 2011). Tomando cualquiera
de estas fuentes, la suma de lo aportado por EUA es muy baja comparada con el aumento del
gasto público en el rubro, especialmente en el caso de México, que por cada dólar
estadounidense invirtió 12 dólares. Además, particularmente en el caso de la IM, no se habilitó
dinero, sino que EUA procura “dar en especie”, y todo tiene que ser comprado en EUA (Rojo,
2012).
8 Se dice “supuestamente”, porque de hecho, en México, están operando la DEA, el FBI y la CIA (ver: La Jornada (México) diversos artículos durante el mes de agosto).
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América Central: el eslabón entre Plan Colombia e Iniciativa Mérida
Según el subsecretario estadunidense de Estado para Asuntos sobre Narcóticos Internacionales,
William Brownfield, Centroamérica “es una víctima de su propia geografía” con respecto al
narcotráfico”, por eso “Estados Unidos busca aplicar mediante la Iniciativa Regional de
Seguridad para América Central (CARSI) los ejemplos aplicados del Plan Colombia y la
Iniciativa Mérida con México, tomando en cuenta sus propias realidades” (El Siglo, 15 junio
2012).
Lo que se plantea desde EUA no puede dejarse de lado, no solo por la injerencia histórica que
ha tenido en Centroamérica y el Caribe, sino por el papel que juega el Comando Sur en la
seguridad regional, que en buena medida opera desde Honduras9. Según declaraciones del jefe
de dicho Comando, Douglas Fraser “Aunque no vemos una amenaza militar tradicional que
emane de la región, las naciones de nuestro hemisferio están luchando con una amenaza
asimétrica a la seguridad nacional e internacional: el Crimen Organizado Transnacional (COT)
(…) En muchas partes de nuestro hemisferio -aunque más gravemente en América Central- el
crimen organizado ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza volátil y potencialmente
desestabilizadora para la seguridad ciudadana y nacional (Fraser, 2012: 2-3).
Aquí importa señalar que ya ha sido criticada la vaguedad y ambigüedad del concepto crimen
organizado. Asimismo, vale detenerse en la idea de “estabilización-desestabilización”10, que se
utiliza una vez más, a pesar de que, en especial en Centroamérica, la “pacificación” ha llevado
a una criminalización de la protesta, de modo que todo tipo de participación e irrupción en los
espacios públicos aparece como una acción desestabilizadora y que va en contra de la paz y la
democracia.
Siguiendo con la declaración de Fraser, parece que “América Central se ha convertido en la
zona clave de transbordo para el tráfico ilícito, pues pasa por allí casi el 90% de la cocaína
destinada a EUA (…) hay aumentos alarmantes en asesinatos y brutalidad” (Fraser, 2012). Esto
se asocia directamente con el aumento de la criminalidad y la violencia, subestimando otros 9 De hecho, es llamativa la gravitación de dicho Comando a partir del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en 2009. Asimismo, vale la pena apuntar que en los últimos años, aumentó el negocio del narcotráfico en dicho país de forma precipitada. 10 Ver Delgado Ramos y Romano 2011.
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factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la concentración de riqueza que forman
parte de las relaciones dependientes y desiguales centro-periferia. El asunto es que “La
creciente ola de violencia y tráfico ilícito, junto con los grandes recursos del crimen organizado
transnacional, están desfiando las capacidades de las fuerzas policiales (…) En consecuencia,
estos países ven a sus militares como las únicas entidades capaces de responder a estas
amenazas” (Fraser, 2012: 3). Este párrafo es ampliamente sugerente, pues pone de relieve la
afirmación de que las FFAA pueden verse como una solución a estos conflictos, como
guardianas del orden interno.
Lo anterior es alarmante si se recuerda el rol jugado por las FFAA en los procesos históricos de
AL (particularmente durante la denominada guerra fría). Además, si se atiende a las
atribuciones más básicas de un Estado de Derecho, está claro que “el empleo de las FFAA
supone siempre una situación de excepción y puede ser un problema que se naturalice esta
excepción, es decir, que se “militarice” la inseguridad” (Tibiletti, 2010: 329). Parte de las
consecuencias de la mayor presencia del ejército en las calles, es que se criminaliza lo que
antes eran derechos ciudadanos, cuestión que además adquiere carácter legal, pues se crea un
marco jurídico para “legalizar” el Estado de excepción.
En Centroamérica, la política de seguridad planteada desde EUA se centra en la “seguridad
ciudadana”, a diferencia del PC y la IM (Seelke, 2012), sería algo así como el cuarto pilar de la
IM. Es interesante esta “nueva” conceptualización, pues en los hechos no difiere de prácticas
anteriores, debido a que se tiende a reducir la “seguridad ciudadana” a la defensa del orden
público, desvinculando el orden de la justicia (y con ello, de la desigual distribución y acceso a
recursos). Con el argumento de defender el Estado de Derecho, el orden y la seguridad tienden
a prevalecer sobre la libertad y las garantías, a la vez que se instala la noción de que sólo con
orden y seguridad se puede alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social (Urcuyo
Fournier, 2009). En este punto, vale recordar que buena parte de la DSN se trataba de la
“acción cívica” de las FFAA y su orientación hacia el desarrollo (Tapia Valdés, 1980).
Un reciente informe del BID-WOLA sobre asistencia para la seguridad ciudadana en América
Central, muestra que EUA es el que otorga mayor asistencia no reembolsable (donaciones) en
todos los rubros que hacen a la seguridad ciudadana, destacándose sus donaciones para
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“combatir el crimen organizado” (171.2 millones de dólares). Este monto es mucho mayor al
donado por el gobierno de EUA para el fortalecimiento institucional (131.8 millones) o para la
prevención de la violencia (65.8 millones). Considerando la vitalidad otorgada al rubro
“combate al crimen organizado” conviene aclarar que incluye asistencia para proyectos y
actividades destinadas a combatir el trafico de drogas, personas, inmigrantes, terrorismo, lo que
implica investigación criminal unidades de élite, inteligencia operativa, control de las fronteras
(Villamar, Beltrán y González, 2011).
Esto coincide con lo que ya se expresó sobre el PC y la IM en cuanto a la centralidad del rubro
de seguridad y defensa, el entrenamiento de fuerzas policiales y militares, la provisión de
equipamiento y armamento. Lo interesante es que si bien desde los Acuerdos de Paz en la
región se intentó promover la autoridad civil por sobre la militar –acotar las funciones de las
FFAA y excluirlas del mantenimiento del orden interno- así como educarlas en el marco del
respeto a los Derechos Humanos, con la lucha contra el crimen organizado, las FFAA han
vuelto a ocupar un rol primordial en la seguridad interna.
Por otro lado, buena parte de los policías y militares desocupados han pasado a engrosar las
bandas criminales o han sido empleados por empresas de seguridad privada. Entre 1983 y 1996,
en la ciudad de México, más de 2000 policías salieron de la policía judicial, y en una década
fueron removidos más de 7000 profesionales de las fuerzas de seguridad. La mayoría de estas
personas fueron reclutadas por cárteles (Sotomayor Velázquez, 2010: 407). Ante estas
realidades, es difícil categorizar al crimen organizado como esencialmente extra estatal, cuando
buena parte de sus filas están conformadas por miembros activos o retirados de las fuerzas de
seguridad e inteligencia militar, hombres de negocio y civiles (Urcuyo Fournier, 2009).
A lo anterior se suma la privatización de la seguridad pública, con enormes implicancias, pues
“La diferencia entre ambos tipos de seguridad radica en que la seguridad pública debería tener
un compromiso, de acuerdo con la ley con los derechos humanos y sus funciones deben ser
públicas, independientes y neutrales, al contrario de las privadas que son dependientes y
parciales y por tanto deben tener delimitaciones claras con respecto a la seguridad publica”
(Centro de Estudios de Guatemala, 2005: 9).
¿Seguridad para qué y para quiénes?
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El Departamento Nacional de Planeación de Colombia deja en claro la función de la
seguridad y la estabilidad al precisar que: “…la seguridad estimula la inversión y ésta, con
responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y la construcción de
equidad”. Y especifica prioridades a partir de lo que la Escuela Superior de Guerra (2009)
denomina el “circulo virtuoso de la seguridad”: 1) Inversión y seguridad; 2) confianza y
estabilidad; 3) inversión privada; 4) crecimiento económico; 5) impuestos e inversión social; 6)
bienestar social y satisfacción de necesidades. Desde esta óptica, se considera entonces que un
orden “seguro” es un orden “democrático” capaz de garantizar la estabilidad del mercado
(Loveman, 2006). Lo que importa es la seguridad del mercado y no la de los pueblos.
Considerando este punto de partida, la guerra contra el narcotráfico no fracasó, pues el
negocio no sólo permanece sino que se multiplica y diversifica. A partir de los ’90, los cárteles
ampliaron sus actividades ilícitas (secuestros, tráfico de armas, robo de autos, tráfico de
personas, asesinato a la carta, etc.) abarcando cada vez a más grupos e incorporando cada vez
más actividades (Sotomayor Velázquez, 2010: 405). Además, esta nueva guerra “olvida” que
las personas y grupos involucrados no tienen por objetivo tomar el poder del Estado para
transformarse en gobernantes, tampoco discuten el sistema imperante. De hecho, al ser un
negocio, más bien se busca cooptar a los gobiernos e influenciar en la toma de decisiones para
favorecer las condiciones que lo beneficien. No es un dato menor que entre el 60 y 70% de las
ganancias del negocio del narcotráfico se quedan en EUA. Tampoco es un detalle que EUA es
el principal proveedor de armas para las FFAA y también para los narcotraficantes, además de
ser Washington uno de los principales escenarios de lavado de dinero (Saxe-Fernández, 2012).
Lo importante es que la situación de violencia en Colombia y México, no sólo no llevó
a una retirada de capitales, sino que han aumentado las inversiones. En Colombia, la IED
aumentó 26,2% en el primer semestre de 2012 (Cronista, 8 agosto 2012) y durante el 2011 la
economía creció en un 5.9%, 1.9 % más que el año anterior. El sector de minas y canteros tuvo
el mayor crecimiento en el PIB, con un 14.3% (Revenue Watch Institute, 2012: 49). Con
respecto a México, en 2011 se mantuvo como el segundo gran receptor de IED en AL captando
19 mil 440 millones de dólares, un 10% más que en el 2010 (Vanguardia, 4 mayo 2012). Es
interesante señalar que más del 25% del territorio nacional está concesionado a empresas
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mineras, y de esas concesiones, el 80% pertenecen a empresas extranjeras, lideradas por las
canadienses (Revenue Watch Institute, 2012: 60).
Esto mantiene una continuidad con la tendencia a nivel regional de incremento de
IED, en especial en el sector primario (CEPAL, 2011: 11 y 58) asociado a la cantidad de
recursos geoestratégicos presentes en AL: reservas de petróleo, gas, aproximadamente la mitad
del total de agua potable del planeta, posee varios de los ríos más caudalosos del mundo y dos
muy importantes acuíferos: el Guaraní y el de Chiapas (Borón, 2011: 8). Además, varios de los
países de AL están en el Top ten de países mineros del mundo como productores mundiales de
minerales estratégicos y metales preciosos (oro, plata, cobre y zinc, antimonio, bismuto, litio,
niobio, torio, oro, zinc y uranio etc.) (Rodríguez Reja, 2010)
En este contexto, EUA es uno de los principales clientes tanto de combustibles como
de minerales. Los principales países exportadores de crudo y derivados hacia EUA (según datos
de 2007) son Canadá (con 19%), Arabia Saudita (15%), México (14%) y Venezuela (12%).
Esto es que en total, Canadá y AL suman el 50% de los cerca de 10 millones de barriles diarios
que importa. Para dar una idea del ritmo de transferencia de crudo, el caso de México es más
que manifiesto pues ha transferido más del 80% del crudo que exporta a EU. Lo mismo sucede
con los minerales. En 1980 EUA dependía al 100% de cuatro minerales y de 16 más en el
orden de un 30% - 99%. En 1992 tal dependencia era de 8 y 22 minerales respectivamente y,
para 2009, de 19 y 26 (Delgado, 2010a).
De este modo, uno de los claros objetivos del despliegue militar y de los planes de
asistencia para el desarrollo es garantizar el acceso a estos recursos, en especial al territorio, a
la vez se necesita una “mínima” estabilidad económico-social que permita el flujo de los
recursos y el funcionamiento del mercado. Seguridad, es seguridad de acceso a recursos por
parte del capital transnacional, en alianza con las oligarquías locales.
Redefiniendo al enemigo interno
Ante el recrudecimiento del despojo debido al creciente protagonismo de la industria
extractivista, se han incrementado los movimientos sociales y organismos dedicados a la lucha
por derechos económicos, sociales y políticos vinculadosa a los recursos, en especial el derecho
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a la tierra. En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, se han “confundido” los asesinatos
a líderes políticos vinculados a los movimientos que se oponen a los “megaproyectos”
(hidroeléctricas, minería, etc.) y los asesinados y desaparecidos a manos del “crimen
organizado” (Delgado, 2012).
Esta asociación del narcotráfico con la insurgencia ha contribuido a la criminalización
de la resistencia social y con ello a la posibilidad de violar los derechos humanos, puesto que se
asume que en ciertos casos el uso de la fuerza estatal “no es suficiente” para manejar el
problema del modo en que es “requerido”11. México acumula más de 60 mil muertos, 10 mil
desaparecidos y miles de desplazados asociados a operativos antinarcóticos, al tiempo que se
perfila como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos
humanos, movimientos sociales y periodistas. Esto se genera en un contexto en el que entre
2008 y 2010, la cantidad de personas en la pobreza aumentó de 48.8 millones a 52 millones, de
modo que el 46.2% de la población vive en situación de pobreza. Además, 11.7 millones de
personas viven en pobreza extrema, es decir el 10.4% de la población. Por último: 28 millones
de personas tienen carencia por acceso a alimentación (hubo un aumento de 4.2 millones entre
2008 y 2010). Pero el Estado lucha contra el “crimen organizado” por medio de una
militarización cada vez más costosa y perjudicial para las mayorías.
En el caso de Colombia, la denuncia por abuso a los derechos humanos perpetrada
desde las FFAA y fuerzas paramilitares contra campesinos y líderes sindicales, como se
mencinó nateriormente, llegó incluso hasta el Congreso estadounidense. El éxito del Plan
Colombia, no es tan “exitoso” para la mayoría de los colombianos. Si bien para 2011, más de
un millón 200 mil colombianos dejaron de ser pobres y 674 mil salieron de la indigencia,
Colombia sigue teniendo uno de los índices de pobreza y miseria más altos de AL; es el cuarto
país con mayor desigualdad en el mundo y el segundo en AL (sólo lo supera Haití).
Lo fundamental es que la militarización y el conflicto interno desarrollados en el
marco del PC generaron las condiciones para la inversión, pues muchos territorios ahora son
controlados por las FFAA. Por ello no sorprende que en los últimos años, los gobiernos
11 Ver Informe Human Rights Watch sobre México, “Ni seguridad ni derechos” noviembre 2011 http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos
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colombianos promuevan la inversión en la economía primaria y extractiva (González Pozo,
2012)
En América Central, considerando solamente el caso de Guatemala, se pone de relieve
el aumento de la desigualdad y la polarización de los recursos y la riqueza, con la consiguiente
represión y criminalización de la protesta social en contra del modelo económico que pretende
imponerse desde el Estado y las empresas transnacionales. La pobreza sigue siendo estructural.
Para el 2006, de un total de 12.978.829 habitantes, 6.625.892 eran (son) pobres, es decir, la
mitad de la población guatemalteca (INE, 2006). Además, el 74.8% de estos pobres son
indígenas. También se sabe que desde inicios del siglo XXI, Guatemala es uno de los países
con índices más altos de mortalidad en niños menores a 5 años, y que 1/5 de los niños sufre de
desnutrición (UNDP-OEA 2010: 91).
Con los Acuerdos de Paz se instaló también el neoliberalismo. Los gobiernos han
apostado al turismo, la manufactura (maquila), call centers, agroindustria, minería, petróleo y
producción y distribución de energía eléctrica (Yegenova y Veliz, 2010: 260). Para 2011, los
ingresos de IED en Centroamérica aumentaron 36% con respecto a 2010 (Central America
Data, mayo 2012) y en Guatemala, en el 2011, dicha inversión aumentó un 13% en relación al
año 2010 (Central America Data, abril 2012). La IED en Guatemala se asocia al crecimiento de
la industria extractivista y de materias primas, así como a la consolidación de la región como
plataforma de exportación de bienes y servicios baratos. Esta situación ha contribuido a
consolidar los movimientos de protesta en diversas regiones del país, la mayoría encabezados
por pueblos indígenas que basan su lucha en la defensa del territorio, oponiéndose en particular
a los proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria para biocombustibles. Esto no ha
sido sin costos, pues en los últimos años, han sido perseguidos, torturados y asesinados líderes
de movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos (ver: UDEFEGUA, 2010).
Reflexiones finales
Como se ha planteado, en la experiencia del PC, la IM y el CARSI hay poco de soft power y
mucho de violencia, militarización y represión. Además, para aquellas visiones que celebran el
soft power, es preciso recordar que no tiene presencia por sí mismo, pues su legitimidad
descansa en el respaldo real que pueda brindarle el hard power, es decir, el arsenal militar. No
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hay nada de “soft” en la miseria cotidiana en la que vive gran parte de la gente de AL. Y esto es
lo que no ha cambiado: la desigualdad y la pobreza marcan importantes continuidades con el
proceso de guerra fría, así como los movimientos sociales por una sociedad más justa. Pero
también continúa la dependencia y la injerencia de EUA por medio de diversas estrategias
como la asistencia para el desarrollo y la asistencia militar, como herramientas para expandir
sus intereses.
La (in)seguridad se define entonces según las necesidades de aquellos que poseen las riquezas y
recursos, y consiste en la amenaza a perder (aunque sea una mínima parte de) su propiedad
privada, posible gracias a profundos y continuos procesos de despojo tanto del trabajo como de
los bienes comunes.
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