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Tortura y malos tratos El derecho internacional reflejo que cualquier persona quedaba protegida de no exponerla a cualquier tortura, trato o pena cruel. Además es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, sometiendo a los responsables a un proceso justo. Cuando alguien menciona en España que existe la tortura ejercida por instancias estatales, las reacciones suelen ser de sorpresa e incredulidad. Como las cárceles y lo que en ellas ocurre, la tortura en España es un tabú. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que en la España de hoy se tortura. En noviembre de 2007, Amnistía publicó el informe ``Sal en la herida; la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otro malos tratos.´´ En él se documentaban las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir la ley. Desde entonces se han seguido investigando casos para prevenirlos. En noviembre de 2009, se publicó ``Sal en la herida: impunidad policial después de dos años.´´ El informe contiene los casos registrados hasta entonces y analiza los cambios producidos en España con respecto a la prevención. En los últimos años las torturas y malos tratos han incrementado a extranjeros. Se documentan más de 320 casos con componentes racistas en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales .En el caso de extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a amenazas con otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado. El derecho internacional establece que las víctimas tienen el derecho a recibir del Estado una reparación inmediata

Tortura y malos tratos

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Tortura y malos tratos

El derecho internacional reflejo que cualquier persona quedaba protegida de no exponerla a cualquier tortura, trato o pena cruel. Además es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, sometiendo a los responsables a un proceso justo. Cuando alguien menciona en España que existe la tortura ejercida por instancias estatales, las reacciones suelen ser de sorpresa e incredulidad. Como las cárceles y lo que en ellas ocurre, la tortura en España es un tabú. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que en la España de hoy se tortura.

En noviembre de 2007, Amnistía publicó el informe ``Sal en la herida; la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otro malos tratos.´´ En él se documentaban las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir la ley. Desde entonces se han seguido investigando casos para prevenirlos. En noviembre de 2009, se publicó ``Sal en la herida: impunidad policial después de dos años.´´ El informe contiene los casos registrados hasta entonces y analiza los cambios producidos en España con respecto a la prevención.

En los últimos años las torturas y malos tratos han incrementado a extranjeros. Se documentan más de 320 casos con componentes racistas en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales .En el caso de extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a amenazas con otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado.

El derecho internacional establece que las víctimas tienen el derecho a recibir del Estado una reparación inmediata que incluya la restitución, una indemnización justa y adecuada, así como atención médica y cuidados apropiados para su rehabilitación. Al parecer con estos casos no se obtienen reparaciones satisfactorias. Sorprendentemente en algunas ocasiones las víctimas han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. Se constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.

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