MP28 � Lunes 29 de octubre de 2012 � www.milenio.com/policia

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Lunes 29 de octubre de 2012 � 29

2 4 mil 102 personas: el equivalente a la mitad de un estadio de futbol o una ciudad de mediano tamaño. Ese es el número

aproximado de cuerpos que se han ido a la fosa común al cierre del actual sexenio. Y es un cálculo altamente conservador. No incluye registros completos de los estados más violentos de México, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

A lo largo del sexenio que ya termina, miles de cuerpos han sido enterrados en el anonimato.

A fosas comunes, 24 mil 102 cuerpos

Según una investigación realizada por MILENIO, 2011 fue el año en que los restos de más personas fueron depositados en dichos espacios: 4 mil 927 cadáveres

Fuente: Servicios Médicos Forenses de cada estado | Gráfico: Moisés Butze

CUERPOS SIN RECLAMARBaja California

Sinaloa

SonoraDurango

Jalisco

Guanajuato

Hidalgo

Zacatecas

Chihuahua

Nuevo León

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

PueblaMorelosDFEdomex

Guerrero

Nayarit

Coahuila

Tlaxcala Quintana Roo

2,0771,364

919

482

2,990

2,432

Querétaro 214305,245125

7221,589

221481951,253867

164

707Colima 156

103723

384149

227

608

Aguascalientes

SLP

*Yucatán, Campeche, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas y Baja California Sur no aportaron datos

Ciudades con más casosVeracruz

3,748Monterrey Xalapa Hermosillo VillahermosaMonterrey

1,505Xalapa

960Hermosillo

754Villahermosa

568

p Fosas comunes de Ciudad Juárez, Chihuahua, en una imagen de octubre de 2010.

organizado en la administración de Felipe Calderón.

El panorama que pintan los documentos obtenidos muestra también que en algunas ciudades, como Juárez, Celaya y Monterrey fueron procesados tantos cadáveres en condición de abandono que la capacidad de los panteones quedó rebasada o cerca del tope.

En consecuencia, nuevas zanjas y panteones han debido ser excava-dos. Es un escenario que se repite por toda la República, con fosas comunes que se están agotando o cementerios que han comenzado a reciclar sus espacios, al extraer y desechar restos de siete años de antigüedad.

Algunas ciudades y estados vieron el número de NN multiplicarse vertiginosamente. En Nayarit se triplicó la cifra en tres años. En Baja California creció 100 por ciento. En Torreón se multiplicó 10 veces. En el puerto de Veracruz hubo más de mil cadáveres sin identi! car en 2011. Durango pasó de haber inhumado ocho cuerpos sin nombre en 2006 a 438 en 2011 (ver grá! cas).

No solo eso. El descontrol en el manejo de los restos sin identi! -car priva en muchas entidades y gobiernos, según se desprende de varias de las respuestas obtenidas dentro de este ejercicio, que tomó más de tres meses de elaboración y para el que fue necesario crear una base de datos con miles de cifras. Pero esas son las que han sido recuperadas: faltan las que nunca podrán ser computadas. Medio centenar de municipios admite haber perdido sus archivos previos a 2009 y 2008 y han extra-viado la ubicación de cuerpos que difícilmente serán hallados para posterior identi! cación.

Algunos estados, como Michoacán, reconocen nunca haber integrado una base estatal de datos sobre cadáveres NN y apenas han ini-ciado ese proceso, pese a que la violencia ha dejado en esa entidad miles de víctimas de homicidio.

La procuraduría michoacana no puede responder ni siquiera cuántos cuerpos recibió el Servicio Médico Forense en el sexenio. “No se cuenta con el dato estadístico”, justi! có la dependencia estatal.

“La información que se posee de los cadáveres que hayan ingresado al Semefo no se ubica de manera conjunta y organizada en una sola relación respecto de todo el estado”. Pero la PGJE-Michoacán aseguró que ya trabaja para corregir esa de! ciencia.

UNA FOSA TORTUOSALas solicitudes de transparencia, que estarán disponibles al público para su consulta en www.milenio.com, no solo dan una idea de la situación general de cadáveres no identi! cados, sino sobre los distintos niveles de avance en materia de transparencia en el país y los estados.

Para obtener los datos fue necesario recurrir a mensajes de correo elec-trónico y portales estatales (Infomex, Saimex, Unidad Guanajuato), sin dejar de lado numerosas llamadas telefónicas a Unidades de Enlace y de Comunicación Social para corregir “errores” como la pérdida de archivos, documentos ilegibles y páginas que pasaban semanas enteras fuera de línea.

En total, de las 479 peticiones presentadas —algunas bajo seu-dónimo— 230 fueron contestadas y 191 quedaron sin respuesta. Es decir, fueron ignoradas por las autoridades. Otras 40 solicitudes fueron rechazadas, declaradas como inexistentes o clasi! cadas como información con! dencial, de seguridad estatal.

Muchos estados y municipios entregaron la información sin retrasos, como el Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Guanajuato, entre otros. Sus administraciones y municipios prepararon relaciones detalladas de las estadísticas en poder de sus servicios médicos forenses y administraciones panteoneras. En general, se

GAEL GONZÁLEZ/REUTERS

Los ningún nombre deeste sexenio

LA JORNADA VIOLENTA DE AYER DEJÓ !" EJECUTADOS, LA MITAD EN SINALOA; OTROS

HECHOS VIOLENTOS OCURRIERON EN CHIAPAS, QUERÉTARO, SONORA Y JALISCO.

JUSTICIA Y LUCHACONTRA EL HAMPA

reportajepor Víctor Hugo Michel

Varios más se les suman todas las semanas: son migrantes, indigentes, personas sin familia, víctimas de homicidio y criminales —además de osamentas y restos corporales sin dueño aparente—, que se hallan enterrados y en muchas ocasiones apilados en cementerios de todo el país, desde la frontera con Estados Unidos hasta la pe-nínsula de Yucatán. Son cadáveres sin identidad, catalogados en los registros o! ciales únicamente como NN. Ningún Nombre.

Una amplia investigación pe-riodística de MILENIO, realizada con base en más de 470 solicitudes de transparencia presentadas ante servicios médicos forenses estatales, gobiernos municipales y hasta la administración de pequeños cementerios locales, permite esbozar los primeros trazos de un atlas nacional de cadáveres no identi! cados.

Entre los datos que se despren-

den de la investigación están dos hechos paralelos: 1) algunas pro-curadurías de Justicia no quieren revelar las cifras de muertos sin identi! car bajo su poder. Y 2) el número de cuerpos remitidos a fosas comunes ha escalado año con año desde el inicio del sexenio, a la par del número de ejecutados, criminales abatidos y víctimas de la violencia. En promedio, 10 cuerpos sin nombre o sin reclamar han sido inhumados diariamente.

Hasta ahora, con las cifras de 2012 aún inconclusas y ac-tualizadas solo hasta agosto y septiembre, 2011 es el año en que los restos de más personas fueron depositados en espacios comunes, sin el bene! cio ! nal de una lápida de identi! cación: 4 mil 927 cadáveres jamás fueron reclamados en ese año, durante el que, coincidentemente, se registró el mayor número de ejecuciones vinculadas al crimen

pudo obtener información en 25 de 31 estados, así como en 210 ciudades y municipios.

De esas respuestas surgen datos poco conocidos, que van detallando cómo los mexicanos procesamos a nuestros muertos sin nombre. Por ejemplo, Jalisco crema los cuerpos después de tomar una muestra de ADN. Las cenizas y un pequeño frasco con material genético permanecen en nichos, a la espera de una eventual identi! cación.

Monterrey es detallista: lleva un registro de piezas patológicas, es decir, extremidades y órganos recuperados de hospitales o en la vía pública. Algunas ciudades de Sonora abren sus fosas comunes a ancianos que ya no tienen familia y Pachuca registra fetos —¿abor-tados, abandonados?— entre los cuerpos enviados a su fosa común.

Pero está el lado contrario. Hubo entidades que hicieron todo lo posible por no revelar el número de cadáveres NN procesados en sus servicios médicos foren-ses. Pese a reiteradas llamadas, nunca se pudo encontrar una unidad de transparencia en la procuraduría de Tamaulipas y el vocero de esa dependen-cia, Rubén Darío, aseguró de plano que “no existen de todas formas esos datos, ya que hubo una transición de gobierno y no sabemos qué pasó antes”. Fue más allá: dijo que Tamaulipas no recopila datos de cadáveres porque “esa es tarea de la PGR”.

Algunas entidades rasuraron sus cifras o cometieron errores de cálculo. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa reportó solo haber enviado 54 cadáveres en su entidad a la fosa común en 2011 y 227 en todo el sexenio. Pero una revisión simple a la página de su servicio médico, donde se archivan y digitalizan imágenes de cuerpos no reclamados, pone en duda esos números. Su base de datos de occisos sin identi! car ubica un total de 332 personas

no reclamadas en el sexenio. Tan solo en 2011, 91 cuerpos

—el doble de la cifra informada vía transparencia— quedaron abandonados en las planchas de su forense.

En otras entidades solicitar la información resultó ser un proceso enredado e imposible de cumplir. En estados como Oaxaca se pide llevar una carta impresa a las instalaciones de su procuraduría. En Campeche y Chiapas no existen siquiera siste-mas de transparencia con! ables: sus páginas llevan varios meses fuera de servicio o no admiten preguntas. Baja California Sur no se ha tomado la molestia de abrir un servicio.

El Estado de México merece una mención aparte. Los datos de cadáveres en fosa común fueron obtenidos por sus muni-cipios y no su gobierno central, que puso distintas trabas para evitar que la información fuera dada a conocer. Mientras que la mayoría de los municipios mexi-quenses revelaron los datos de sus cuerpos enviados a la fosa, la Procuraduría General de Justicia cometió “errores” al anexar los archivos a las respuestas en su página de internet. “Se resolverá rápido”, prometió la encargada de su unidad de transparencia. Ha pasado un mes.

Más allá de los problemas técnicos, están las negativas. Ese fue el caso de las procuradurías de Veracruz y Aguascalientes, así como la Fiscalía de Yucatán. Las primeras dos entidades cla-si! caron como reservada toda la información relativa al número de cuerpos recibidos y procesa-dos por sus respectivos servicios forenses (si bien sus municipios entregaron los datos sin problema alguno). La instancia yucateca se declaró incompetente para

responder cualquier duda por-que, aseguró, no está dentro de sus atribuciones contar cuerpos.

En lo que toca a Veracruz, su argumento llegó al extremo: literalmente aseguró que la per-manencia del gobierno, de sus instituciones y hasta la integridad territorial del estado “estarían en riesgo” al darse a conocer datos como esos, además de que se

“invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos.

MILENIO interpuso un recurso ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)para revisar esa decisión, con-vencido de que no hay invasión a la privacidad de un cadáver sin identidad. También se citó uno de los criterios del Instituto Federal de Acceso a la Información, que establece que las estadísticas son públicas.

Al ! nal, el IVAI falló a favor de este diario al considerar que sus argumentos se sostenían y que la argumentación de la procuraduría veracruzana “carecía de validez jurídica”. Hasta ahora, la PGJE no ha cumplido con el mandato de revelar sus archivos de cuerpos no identi! cados.

Pese a eso, una treintena de municipios veracruzanos sí entre-garon información. Y fue ésta la que permitió construir un mapa, incompleto pero funcional, so-bre la situación de cadáveres no identi! cados y no reclamados en Veracruz. De esos datos se revela que ha sido el estado que más ha recurrido a la fosa común. En total, en lo que va del sexenio y aún a la espera de las cifras estatales que pudiera generar la procuraduría, las administraciones municipales tienen documentada la inhumación de 5 mil 245 personas. La cifra más elevada de todo el país.

24 mil 102 personas es la cifra más concreta que se ha podido sumar bajo esta metodología. Y aun así, es una cifra conservadora. Más allá de Monterrey, no se pudo preguntar a nivel de municipio en entidades violentas como Nuevo León —y mucho menos Guerrero— y las peticiones que se hicieron a las alcaldías de Si-naloa desaparecieron del sistema Infomex por un “error informático” que, dos meses después, no ha sido corregido por la Comisión Estatal de Acceso a la Informa-ción Pública. Ahí se perdieron datos de Culiacán, Badiraguato, Mazatlán y Los Mochis que, muy probablemente, hubieran elevado el número de NN. m

Para esta investigación se presentaron 479 peticiones, aunque solo 230 fueron contestadas.

Axel Sánchez/México

P ara combatir el crimen organizado es necesario un control del sistema

penitenciario para aislar efecti-vamente a los capos capturados, señaló Ildefonso Guajardo, coor-dinador de política económica de Enrique Peña Nieto.

En su ponencia en el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), dijo que la estrategia del próximo gobierno federal será atacar primero los crímenes que más laceran a la sociedad mexi-cana, como secuestro, extorsión, homicidio y violencia.

“¿Por qué atacar primero esto? Porque es la base para enfrentar los efectos secundarios que genera un combate frontal al crimen organizado. ¿De que sirve capturar a 25 capos del narcotrá! co si desde las cárce-les pueden ejercer su poder? Es necesario, primero, preparar tu sistema de justicia en todos los niveles de gobierno para derrotar al crimen organizado”, detalló.

Aseguró que debe tenerse plena seguridad de que se controlará a los narcos una vez que llegan a la cárcel, “pero resulta que los capos son los que las controlan.

“Los capos tienen dos dedos de frente, sus subalternos tienen uno y los que vienen atrás no tiene cerebro. Entonces, puedes ver niños de 17 años con AK-47 bajando a las señoras de sus camionetas cuando van dejar a sus hijos a las escuelas”, dijo.

Dice que no se puede regresar el Ejército a los cuarteles porque sería “voltear” todo el trabajo realizado por Felipe Calderón, por lo cual retomarán lo realizado

Descarta retirar al Ejército de las calles

Ofrece Peña corregir el sistema carcelarioDe nada sirve capturar a 25 narcos si desde los penales siguen ejerciendo su poder, diceIldelfonso Guajardo, del equipo de transición

por este gobierno, pero realizarán cambios a la estrategia.

“El Ejército está desgastado: debemos trabajar de forma que la Policía Federal y las de los estados cumplan con su obligación de proteger a la ciudadanía, como debe ser”, comentó.

Aseguró que Peña Nieto tiene la capacidad de cabildeo para llevar a los gobernadores a trabajar en la misma dirección y de esa manera poder, no solo combatir la inseguridad, sino apoyar en otros ramos del desarrollo social.

Sobre la reunión del presidente electo con gobernadores del PRD, dijo que hay voluntad para restablecer un diálogo.

“El presidente (electo) en su campaña mostró una gran ca-pacidad para actuar con mucha serenidad, con mucha apertura y mucho diálogo.” m

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$Ante empresarios de América Latina, Ildelfonso Guajardo repitió el compromiso de Enrique Peña Nieto de escuchar a todos sec-tores productivos para conocer las necesidades.

$“El presidente (electo) hizo la promesa de integrar un consejo consultivo para el crecimiento económico de México”, señaló el integrante del equipo de transición.

$El objetivo, dijo, es crear polí-ticas públicas como una reforma estructural de los mercados fi nancieros México.

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PERIODISTAS ASESINADOS

$En lo que va del año, 14 periodistas han sido asesinados y tres desaparecidos, indicó el legislador panista Marcelo de Jesús Torres, quien solicitó la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones de esos casos.Precisó que el mayor número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación se concentra en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca y Nuevo León.El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados sostuvo que las investigaciones respecto a esos casos son lentas, lo que origina incertidumbre y desconfi anza en las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia.Aseguró, incluso, que los ataques de la delincuencia organizada han provocado que algunos periodistas decidan no denunciar o no dar cobertura a ciertos temas, mientras otros más de plano han abandonado su labor informativa.

“Es indispensable establecer mecanismos para colaborar en la defensa de la libertad de expresión”, señaló.

Fernando Damián/México

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