TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA: VISIONES …...TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA: VISIONES CRÍTICAS Coordinador: Jorge Cadena Roa Coautores Francisco Miguel Arrieta Velázquez, Jorge Cadena

TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA:VISIONES CRÍTICAS

Coordinador:Jorge Cadena Roa

CoautoresFrancisco Miguel Arrieta Velázquez, Jorge Cadena Roa, Laura Itzel Castillo Juárez,

Alba Teresa Estrada Castañón, José Fernández Santillán, Juan Luis Hernández Avendaño,Magdalena Hernández Vilchis, Miguel Armando López Leyva, Gustavo López Montiel,

Mayahuel Mojarro López, Carlos Sirvent y Ligia Tavera Fenollosa

Dirección General de Estudios de Posgrado

Transiciones a la democracia:visiones críticas

Universidad Nacional Autónoma de México

2004

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Juan Ramón de la FuenteRector

Lic. Enrique del Val BlancoSecretario General

Mtro. Daniel Bar rera PérezSecretario Administrativo

Dra. Rosaura Ruiz Gutiér rezSecretaria de Desarrollo Institucional

Mtro. José Antonio Vela CapdevilaSecretario de Servicios a la Comunidad

Mtro. Jorge Islas LópezAbogado General

Dr. José Luis Palacio PrietoDirector General de Estudios de Posgrado

Lic. Gerardo Reza CalderónSecretario Académico de la Dirección General de Estudios de Posgrado

Lic. Lorena Vázquez RojasCoordinadora Editorial

Primera edición, 2004

D.R. © Universidad Nacional Autónoma de MéxicoDirección General de Estudios de PosgradoCiudad Universitaria, 04510, Coyoacán, México, D.F.

ISBN 970-32-1818-0

Impreso y hecho en México

IntroducciónJorge Cadena Roa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Desde la filosofía políticaDemocratización, modernidad y sociedad civil

José Fernández Santillán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21¿Hacia qué democracia lleva la “transición a la democracia”? O de la importanciade las definiciones. Mayahuel Mojarro López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Desde la sociología políticaLa estructura de las oportunidades políticas y las transiciones democráticas

Miguel Armando López Leyva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51¿Puede la política de protesta servir a la política partidista?

Ligia Tavera Fenollosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Perspectivas subnacionalesLas presiones populares y el papel de las regiones en la transición a la democracia

en México. Alba Teresa Estrada Castañón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Transición democrática y Estado de derecho. El conflicto en torno a la integración

del Consejo Estatal Electoral del Estado de Yucatán, 2000-2001Francisco Miguel Arrieta Velázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Perspectivas nacionalesEl papel de los liderazgos políticos en la transición mexicana a la democracia:

Heberto Castillo. Laura Itzel Castillo Juárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105El papel de la oposición política en la transición mexicana a la democracia

Juan Luis Hernández Av e n d a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Entender a México sin la transición.Carlos Sirvent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Ciudadanía, instituciones y democracia en México.Gustavo López Montiel . . . . . . . . . . .145Los movimientos sociales en la transición a la democracia en América Latina:

México y Brasil. Jorge Cadena Roa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

ReferenciasReferencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Referencias electrónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Semblanza de autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

CONTENIDO

IN T R O D U C C I Ó N

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La democracia ha demostrado ser el proyecto político más importante de nues-tro tiempo. En diferentes latitudes se ha impuesto pese a resistencias autoritariasy, donde no ha llegado aún, vemos con pesar la repetición monótona de abu-sos y arbitrariedades contra los derechos de ciudadanos que no cuentan conmecanismo alguno de defensa. En el pasado, el autoritarismo intentó justificarsepor su presunta capacidad de mantener el orden necesario para impulsar el cre-cimiento económico y distribuir sus beneficios. Existen, sin embargo, evidenciasde que aún en ese plano la democracia es un régimen político más adecuadoque otros para impulsar y sostener el crecimiento económico, rectificar las defor-maciones que el mercado y la competencia provocan, así como para combatirla corrupción. El socialismo de inspiración marxista fracasó no sólo en términosde respeto a los derechos humanos y las libertades cívicas y políticas, sino tam-bién como forma de gestión de la economía –incluso los países socialistas quehan logrado conservar cerrados sus sistemas políticos, han abierto, en cambio,sus economías al mercado y la inversión extranjera. De ahí, que tanto interésdespierte la identificación de las rutas de salida del autoritarismo, así como lospasos requeridos para la construcción de la democracia, las condiciones parasu consolidación y las maneras de evitar recaídas autoritarias.

Los trabajos reunidos en este volumen muestran diferentes aspectos y formasde entender las transiciones a la democracia y sus perspectivas de consolida-ción. Los primeros analizan la democracia y la democratización desde el ángulode la filosofía política. Los siguientes son ensayos de sociología política en losque sus autores superan barreras disciplinarias para enriquecer nuestro entendi-

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miento acerca de las transiciones. Enseguida se analiza el proceso de la transi-ción mexicana desde la óptica subnacional mostrando que dichos procesos noson homogéneos ni sincrónicos. A continuación varios autores abordan difere n t e saspectos de la transición mexicana e identifican algunas de sus tareas pendien-tes, cuestionan varias tesis de la transitología y proponen enfoques alternativos.

Abre la sección monográfica un trabajo de José Fernández Santillán sobre“Democratización, modernidad y sociedad civil” en el que plantea que parala teoría crítica la base de sustentación de la democracia es la sociedad civily su capacidad de mantener relaciones de influencia recíproca con el Estado yel mercado, conservando, sin embargo, su autonomía y diferenciación. ParaFernández Santillán el análisis de la democracia centrado en el voto es limita-do, por lo que aboga por una concepción de la democracia que tome como ejelos procesos de comunicación. Desde ese punto de vista, nuestra transición ha-bría logrado que las elecciones fueran limpias y que el voto se respetara; lo quefalta es que la opinión pública influya en las decisiones políticas. Se habría lo-grado la igualdad del voto y la vigencia del principio “un ciudadano, un voto”,seguiría pendiente; sin embargo, la igualdad en la palabra, o isegoría.

El ensayo “¿Hacia qué democracia lleva la ‘transición a la democracia’?O de la importancia de las definiciones” de Mayahuel Mojarro, coincide con eltrabajo anterior en que el concepto de democracia al que se refiere la transito-logía no debe ser únicamente formal y procedimental, sino que –siguiendo a LuisVi l l o ro– debe ser el de una democracia radical con un contenido ético específicoque construya una forma de gobierno que permita la realización de los valoresde libertad e igualdad. Desde ese punto de vista, la democracia no es un punto dellegada sino una idea regulativa que orienta la acción política sin esperar queese ideal se encuentre realizado algún día. No obstante, las reglas de la demo-cracia constituyen su base mínima pues ahí donde no se respetan es imposiblerealizar los valores mencionados. Sin reglas procedimentales la democracia noexiste, pero el respeto a esas reglas es insuficiente desde la perspectiva de unademocracia radical y de una democracia centrada en los procesos de comuni-cación.

En “La estructura de las oportunidades políticas y las transiciones democráticas”,Miguel Armando López Leyva se pregunta qué influencia tienen las movilizac i o n e sde protesta en el rumbo y resultado de las transiciones a la democracia. Para res-ponder a esta interrogante el autor pone a dialogar la teoría de las oportuni-dades políticas, elaborada en el marco de la sociología de los movimientossociales, con la transitología, elaborada en el marco de la ciencia política. LópezLeyva encuentra que hay coincidencias entre ambos enfoques en lo que se re f i e real origen de los movimientos sociales y discrepancias acerca de la manera en

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cómo éstos influyen en la democratización. Por un lado, el régimen autoritario yel ambiente institucional moldean las características organizativas de la socie-dad y la manera como las autoridades responden a los grupos movilizados. Por elotro, los movimientos sociales influyen en las transiciones a partir de las deman-das que plantean y los derechos que reivindican, llevando temas a la agendanacional que eventualmente se pueden traducir en políticas públicas y reformaslegales e institucionales.

Ligia Tavera Fenollosa en su artículo “¿Puede la política de protesta servir ala política partidista?”, presenta un argumento semejante: en el estudio de losprocesos de democratización se ha pasado de enfatizar los pactos entre elites,a considerar los efectos de los movimientos sociales. Siguiendo a Melucci,Tavera considera a los movimientos sociales como mensajes transmitidos al restode la sociedad, como generadores de recursos simbólicos capitalizables porotros actores políticos por el sólo hecho de movilizarse. Sostiene que la influen-cia de los movimientos sociales sobre los procesos de democratización no esdirecta sino que depende de que los partidos políticos recojan e integren sus de-mandas en procesos más amplios. Desde este punto de vista, la democratizaciónresultaría de la combinación de estrategias partidistas con movimientos sociales,en la que éstos producen recursos estratégico-discursivos utilizables por los par-tidos políticos. Sin embargo, sólo los movimientos sociales que son percibidoscomo autónomos de los partidos pueden ser reivindicados para cuestionar lalegitimidad de algún arreglo institucional. Desde este punto de vista, el impactodemocratizador de los movimientos sociales no radica única ni principalmenteen sus demandas o en la redefinición de una cultura política, sino en la posibili-dad de ser recuperados por los partidos políticos y otros actores institucionalespara dar contenido específico al cambio democrático.

La gran mayoría de los estudios sobre las transiciones las han consideradocomo procesos nacionales unitarios en los que las elites pactan las reglas queregirán el juego democrático. Los siguientes dos trabajos analizan el proceso detransición a la democracia desde una perspectiva subnacional, preguntándose porla relación entre este nivel y el nacional en las transiciones y revelando algunosdesfases significativos entre ambos.

Alba Teresa Estrada, en su trabajo “Las presiones populares y el papel de lasregiones en la transición a la democracia en México”, plantea que es erróneoconcebir a la transición mexicana como un proceso impulsado desde el centrohacia las entidades federativas. Al contrario, sostiene, la transición ha venido delas regiones hacia el centro y ha estado lejos de avanzar de manera uniforme ysimultánea. Plantea que la democratización en México fue resultado de un impulsodesde abajo al que las elites gobernantes respondieron con reformas limitadas

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dando lugar a un paulatino cambio en el régimen, no a un cambio de régimen.Las movilizaciones con reclamos democráticos empezaron en algunos lugaresantes que en otros y de ahí irradiaron impulsos que se articularon con sus seme-jantes. Para las localidades en donde el autoritarismo todavía conservaba buenasalud, la liberalización aparecía como una variable exógena que imponía cam-bios. En contraste, en las localidades donde el reclamo ya se había presentado,la liberalización resultaba insuficiente y tardía. Desde esta perspectiva, la tran-sición a la democracia en México fue un proceso de abajo hacia arriba y de lasregiones al centro, que se expresó en cambios legislativos que modificaron lossistemas electoral, de partidos y de representación política que, al ser negocia-dos por los partidos políticos y el Ejecutivo Federal y formalizados en el Con-greso, dejó la impresión de que se trataba de un proceso que iba del centrohacia las entidades federativas.

Por su parte, Francisco Miguel Arrieta en su ensayo “Transición democráticay Estado de derecho. El conflicto en torno a la integración del Consejo EstatalElectoral del Estado de Yucatán”, sostiene que los procesos de transición a lademocracia están vinculados con el establecimiento del Estado de derecho, porlo que, así como los procesos de transición son graduales, la vigencia plena delEstado de derecho y la disposición de los actores políticos a respetar la ley, tam-bién lo es. El abandono de prácticas políticas que habían funcionado hasta en-tonces y la renuncia a ventajas derivadas de negociaciones al margen de la leyno son inmediatas. Así, aún cuando desde cierto punto de vista la transición yaconcluyó, algunos actores políticos seguirán renuentes a apegar su conducta a laley. Casos que ejemplifican este aserto son numerosos. Arrieta lo ilustra con elconflicto en torno a la designación del Consejo Estatal Electoral del estado deYucatán de mediados del año 2000, en el que la mayoría priísta del Congresodel estado ratificó por sí sola a los integrantes de dicho Consejo. Esta ilegalidadprovocó un conflicto que escaló hasta involucrar a autoridades locales y fede-rales de los tres poderes y se resolvió sólo con la intervención de la máximainstancia en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,que, no sin dificultades e incertidumbre, hizo prevalecer el Estado de derechocontra las intenciones de quienes controlaban las estructuras locales de poder.

Los siguientes trabajos analizan diferentes aspectos de la transición a lademocracia desde la perspectiva nacional. En su ensayo “El papel de los lide-razgos políticos en la transición mexicana a la democracia: Heberto Castillo”,Laura Itzel Castillo nos cuenta la trayectoria de su padre, ejemplo claro del talen-to político e intelectual que no encontraba cabida en el Partido de la RevoluciónInstitucional (PRI) y que dedicó su vida a construir canales alternativos de parti-cipación política efectiva con vocación de poder. Destacado universitario, ingenie-

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ro creativo, formador de opinión pública, legislador, participó en el Movimientode Liberación Nacional (MLN), que abarcó al cardenismo y al comunismo me-xicano. En los tiempos en los que apoyó al movimiento estudiantil del 68 des-cubrió que "la petición de respeto a la Constitución era más subversiva que lasutopías socialistas"; vivió en la clandestinidad, fue detenido y encarcelado enLecumberri donde se gestó la idea de formar un partido político nacionalistarevolucionario, no dogmático, de masas, que disputara el poder al PRI y conti -nuara la obra de los héroes nacionales, hasta entonces despreciados por la iz-quierda. De ahí resultó el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) que luegose fusionaría con otros formando el Partido Socialista Unificado de México(PSUM), de donde vienen el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Frente Democrá-tico Nacional (FDN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la más re-ciente confluencia del nacionalismo revolucionario y la izquierda social y política.La biografía de Heberto Castillo ilustra a nivel personal la manera como se puedecombinar la lucha electoral con la protesta social y la defensa de los derechosconstitucionales para impulsar conquistas democráticas que terminan por despla-zar al autoritarismo.

La transición a la democracia en México fue resultado de la acción de múltiplesactores, nos recuerda Juan Luis Hernández en su ensayo “El papel de la oposi-ción política en la transición mexicana a la democracia”. Sostiene que el desa-rrollo de una oposición partidaria –principalmente el Partido Acción Nacional (PA N)y el PRD– fue clave para la transición mexicana a la democracia. Luego de unal a rga e infructuosa trayectoria de lucha electoral con las reglas del régimen auto-ritario, en el PAN se fue imponiendo una corriente intransigente en cuanto al re-conocimiento de sus triunfos electorales, pero negociadora con el gobierno encuanto al ritmo de avance del cambio político. Teniendo como objetivo inmediatosacar al gobierno de la organización de las elecciones, el PAN aprobó junto conel PRI reformas electorales que no contaron con el aval del PRD por lo que el PAN

fue indispensable para que los reformistas del régimen tuvieran interlocutores.Por su parte, el P R D recogió a la disidencia populista y nacionalista-re v o l u c i o n a r i adel PRI, así como a sectores de izquierda que hasta la víspera mantenían posi-ciones abstencionistas por considerar que las elecciones no producirían cambiosefectivos ni llevarían a la toma del poder político. Surgido del fraude de 1988,el PRD estaba convencido de que las reformas electorales eran insuficientes yprocuró abanderar demandas populares, defender los derechos humanos, la jus-ticia social y se mantuvo como un partido de confrontación, renuente a la nego-ciación con el gobierno.

Si entendemos las transiciones como una serie de fases que llevan del autori-tarismo a la democracia, la transitología no es muy útil, pues no se han identifi-

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cado etapas que necesariamente sean prerrequisito de las siguientes. Por el con-trario, sostiene Carlos Sirvent en su artículo “Entender a México sin la transición”,los caminos a la democracia son tan variados que es imposible reducirlos en unsólo modelo. Así, la democratización en México no dependió de pactos entreelites sino de reformas institucionales y de la creación de las condiciones que lahacen posible, por lo que esta transición puede entenderse mejor desde unaperspectiva histórica de largo plazo, como un proceso de cambios continuos yrupturas periódicas en el que las distintas fuerzas políticas construyeron sus inte-reses comunes. Plantea que tres sugerencias de la transitología deben ser de-sechadas: a) la necesidad de un pacto entre las fuerzas partidistas para construiruna democracia electoral competitiva (más que pactos, la democracia electoralrequiere de la convergencia de los intereses en el largo plazo de todas las fuer-zas políticas); b) la transición deriva en acuerdos capaces de conducir al país aelecciones plurales, regulares y confiables (la transición no deriva de estrategiassino de condiciones sociales, económicas y culturales favorables); c) la transiciónconcluye una vez que se han establecido elecciones periódicas, plurales y con-fiables (es indispensable conocer el tipo de instituciones en las que descansa elprocedimiento electoral para saber si corresponden a un régimen democráticoo no. En este sentido, las transiciones no son procesos de ingeniería democráticacon protagonismo de las elites sino un complejo proceso de desmantelamiento deinstituciones autoritarias y su sustitución por nuevas formas de participaciónsocial en condiciones estructurales favorables.

¿Cuáles serían algunas de las tareas pendientes de la transición mexicana?Gustavo López Montiel en “Ciudadanía, instituciones y democracia en México”,plantea que la transición a la democracia se quedó corta en cuanto a la meta dec o n s t ruir una forma democrática de gobierno. Contamos, sí, con un gobiern odemocráticamente electo, pero todavía no contamos con un gobierno democráti-co porque sigue pendiente la construcción de mecanismos para que la ciudada-nía influya en la toma de decisiones. Esta situación se debe a que la democraciaes un sistema de derechos positivos que no genera automáticamente las condi-ciones para su ejercicio. Para acceder a la ciudadanía efectiva se requiere deun mínimo de seguridades y bienestar material que faciliten la participación ciu-dadana, así como de mecanismos institucionales para que los ciudadanos opinensobre los temas que les interesen a ellos y no sólo sobre los temas que les inte-resen a las autoridades. Otros asuntos pendientes de la democracia mexicanason el juicio de amparo que crea estados de excepción individual al orden legaly la existencia de poderes fácticos que se sustraen a la acción del Estado.

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Por último, Jorge Cadena Roa analiza algunas analogías significativas enlos procesos de transición a la democracia en Brasil y México en su ensayo “Losmovimientos sociales en la transición a la democracia de América Latina”.Señala que ambas transiciones se iniciaron como procesos de liberalización poriniciativa de los regímenes autoritarios que abrieron una dialéctica de concesióndel régimen-conquista de la sociedad. Pero de manera más significativa, en am-bos casos identifica cambios en el tejido asociativo, de uno controlado por el ré-gimen autoritario y funcional al mismo, a otro autónomo y autolimitado en el queconvergieron redes de activistas, de organizaciones sociales e institucionales,redes políticas y focos de población agraviada. En ambos casos, el entrelaza-miento de esas organizaciones facilitó la cooperación y el intercambio de per-sonal de una organización a otra y de un sector a otro (del movimiento urbanoal sindical, del sector de los movimientos sociales al de la política partidaria,de los partidos políticos a las instituciones del estado y de re g reso de cada uno deellos). En ambos casos se formó y difundió una cultura política civil y democráticaopuesta a una cultura de intercambio político con las autoridades. Este punto enp a rt i c u l a r, la creación de tejido asociativo autónomo y autolimitado, ha sido igno-rado por muchos transitólogos a favor del análisis de las decisiones estratégicasde las elites por lo que es importante reintroducir esa variable en la ecuación de-mocratizadora. Sostiene también que los procesos de transición que estuvieronacompañados de formación de tejido asociativo autónomo son más estables queaquéllos en los que las transiciones fueron precipitadas por el colapso del régi-men autoritario, dejando al tejido asociativo vinculado a ese régimen sin contra-pesos significativos de redes civiles democráticas.

Magdalena Hernández compiló y comentó la bibliografía que incluimos en elúltimo capítulo y seleccionó también algunas ligas a páginas electrónicas sobretemas vinculados a las transiciones a la democracia como son elecciones, opi-nión pública, corrupción y movimientos sociales. La intención es proporcionar alos lectores interesados una guía inicial que les facilite continuar sus estudios yprofundizar sus conocimientos acerca de estos temas.

La democracia es un proyecto político que, desde su nacimiento (Atenas, año508 aC), ha enfrentado críticos, oponentes y numerosos obstáculos. Actualmente lademocracia no tiene rival digno de ese nombre como principio de legitimación dela autoridad pública. Las formas de gobierno que han emergido con la moder-nidad han oscilado entre la promoción de la igualdad y la defensa de la libert a d .Hemos aprendido que privilegiar un sólo valor político sobre todos los demásconduce a aberraciones insoportables. Solamente la democracia permite combi-

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nar y equilibrar igualdad y libertad sin sacrificar uno en el altar del otro. A lospueblos que viven bajo regímenes autoritarios que limitan la libertad en nombrede la igualdad se aplica lo que Cicerón decía acerca de los pueblos gobern a d o spor monarcas justos: a esos pueblos “le(s) faltan muchas cosas, y en primer lugar,la libertad, que no consiste en tener un dueño justo, sino en no tener ninguno”.

Desde el punto de vista de las ciencias sociales no basta, sin embargo, conque la democracia sea un proyecto político deseable. Es absolutamente impres-cindible conocer las condiciones que aseguran su viabilidad y estabilidad e im-piden retrocesos en nombre de cualquier valor político, sea orden, progreso,igualdad o libertad. En el marco de la Guerra Fría la URSS aplastó movimientosdemocratizadores en su zona de influencia (Hungría, Polonia, Checoslovaquia)y los Estados Unidos hicieron lo propio en la suya (Guatemala, RepúblicaDominicana, Chile). Con la detente y el fin de la Guerra Fría se abrieron opor-tunidades políticas que fueron aprovechadas por fuerzas democratizadorasdomésticas para desafiar, en una treintena de países de varios continentes, aautoritarismos apoyados por la U R S S o los Estados Unidos, en países del este y deloeste, del norte y del sur, con antecedentes políticos, institucionales y culturalesdivergentes y una variedad de confesiones religiosas. Las transiciones a la d e-mocracia han partido de puntos diferentes y re c o rrido por varias rutas a ritmosdesiguales. En algunos casos las democracias no se han consolidado porque suinstauración generó expectativas que los gobiernos electos no han podido satis-facer. De ahí que la legitimidad de origen (democrático-electoral) deba hacerseacompañar de legitimidad por desempeño: las democracias deben ser eficientes yavanzar en la solución de los problemas que agobian a la opinión pública (nosólo a la publicada). De otra manera, el desencanto y la impaciencia pueden ali-mentar la desconfianza en los políticos y la política que pueden ser invocadospara justificar retrocesos autoritarios.

El debate acerca de la democracia sigue abierto. Para algunos la democraciase reduce a un conjunto de reglas y procedimientos centrado en elecciones pe-riódicas. Para otros, la democracia implica una forma de sociedad que ha erra-dicado la desigualdad social, no sólo política. Para otros más, la democraciano tiene un contenido específico ni corresponde a una sociedad determinada,sino que consiste en una forma de gestión del Estado que permite procesar demanera ordenada, incluyente y pacífica la pluralidad y el conflicto. En cualquiercaso, la democracia representa el ideal de que los problemas públicos se pue-dan debatir sin restricción y que las soluciones políticas puedan adoptarse sinviolencia, exclusión o persecución de las minorías. Es imposible exagerar la im-portancia de la democracia, aún en su versión minimalista: no hay proyectoalternativo al margen de la democracia.

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Los ensayos reunidos en este volumen fueron preparados originalmente paraser publicados en OMNIA, la revista de la Dirección General de Estudios de Pos-grado (D G E P) de la U N A M. Más adelante se tomó la decisión de publicar el conjuntoen el libro que tiene el lector en sus manos. La reflexión acerca de las condicionesque favorecen la instauración y consolidación de arreglos democráticos paraidentificar problemas, debatirlos en un clima de libertad y tolerancia, proponersoluciones a los mismos y tomar decisiones vinculantes con respeto a los proce-dimientos convenidos, al Estado de derecho y a las minorías, tienen una impor-tancia que a nadie se oculta. De ahí que el tema de este libro sea tan importantey oportuno.

Los coautores de este libro forman un conjunto plural que retrata la idea uni-versitaria de unidad de lo diverso. Algunos de ellos son jóvenes estudiantes deposgrado que ven sus primeros trabajos académicos publicados junto con losde algunos de sus profesores que cuentan con mayor experiencia y reconoci-miento. Los autores analizan el tema desde las perspectivas de sus especialida-des que van desde la filosofía a la ciencia política pasando por la sociología.La mayoría de los autores son egresados de los posgrados de la U N A M y ahora sedesempeñan en alguno de sus institutos y centros de investigación o colaboranen otras universidades públicas y privadas donde, en algunos casos, dirigen la en-señanza de carreras en Ciencias Sociales. Las posiciones teóricas y evaluac i o n e sde los antecedentes, la situación actual y las perspectivas de la democracia enMéxico y la región latinoamericana, tanto desde un punto de vista normativo comode sus contenidos específicos, de sus logros como de sus asignaturas pendientes,son también plurales. No corresponden a la ilustración de algún paradigma teó-rico o posición ideológica compartida, sino a la reflexión rigurosa y responsableacerca de los procesos de transición a la democracia con el auxilio del instru-mental elaborado por las Ciencias Sociales. Este volumen deja constancia de otraárea en la que nuestra Universidad Nacional puede hacer contribuciones sig-nificativas con sus estudiantes, egresados y profesores del posgrado, en colabo-ración con sus pares de otras unidades de educación superior para la com-prensión y elaboración de propuestas de solución a los problemas nacionales yregionales. Mi agradecimiento a las autoridades de la DGEP que me invitaron acolaborar con ellos en este proyecto, particularmente a la Dra. Rosaura Ruiz, alDr. José Luis Palacio, al Dr. Arturo Argueta y a la Lic. Lorena Vázquez. Igualmen-te para Magdalena Hernández Vilchis que me apoyó en las diferentes etapas de lapreparación de este volumen.

Jorge Cadena Roa

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Desde la filosofía política

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Democratización, modernidad y sociedad civil

JO S É FE R N Á N D E Z SA N T I L L Á N

Las tres esferas

Para la exposición de este trabajo parto de la constatación histórica de que enel mundo premoderno privó la confusión de esferas de la actividad humana. Allíse dio una mezcla entre la vida espiritual, la dirección política y la actividad eco-nómica de las sociedades. Los religiosos, por ejemplo, podían desempeñar fun-ciones civiles y, al mismo tiempo, tener bienes cuantiosos. De la misma manera losg o b e rnantes recibían la justificación del poder depositado en sus manos graciasa la venia de la jerarquía eclesiástica. Los mercaderes debían contar con el res-paldo de las autoridades tanto civiles como espirituales para poder desempeñarsu oficio. A esta mezcolanza de poderes correspondía un entramado farr a g o s ode la normatividad en la que se alternaban, sin concierto, disposiciones canóni-cas y determinaciones de la potestad terrena.

A diferencia de esta maraña medieval, la época moderna se caracteriza porla realización de un esfuerzo constante en pos de la diferenciación de los cam-pos mencionados. La primera distinción fue entre el terreno civil y el religioso; lasegunda fue entre el ámbito de la política y el de la economía. La secularizaciónpolítica fue seguida de la liberalización económica. El doble proceso de forma-ción de la modernidad se describe, por una parte, como la emancipación del po-der político frente al poder religioso y, por otra, como emancipación del podereconómico frente al poder político.

La modernidad permitió la pérdida del monopolio del poder ideológico de laiglesia católica, mediante la concesión de los derechos civiles, entre los cuales

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está la libertad religiosa y la libertad de opinión. De la misma manera, el Estadoperdió el monopolio del poder económico mediante el otorgamiento de la liber-tad de mercado. De esto lo único que se conservó como un factor civilizatorioindispensable fue el monopolio de la violencia física legítima depositado en elpoder político.

Soberanía, sin embargo, no quiere decir arbitrariedad porque el poder esta-tal está acotado por las obligaciones jurídicas que han dado pie a la figura histó-rica del Estado de derecho.1 Mientras que el Estado absolutista ponía al poderdel rey por encima de la ley, el Estado constitucional pone a la ley por encima delpoder del gobernante.

La racionalización del mundo camina de la mano con la laicización. Los mi-tos y atavismos se desvanecen en la medida en que la ciencia y la filosofía avan-zan. A esto le sigue el proceso de liberación económica propio del capitalismocomercial que supera los obstáculos impuestos por las restricciones feudales.

En un origen, el poder espiritual es el poder supremo: la religión tiende aabrazar la vida humana en su conjunto. Todo lo que tiene que ver con el hombrees religión, y viceversa. Luego, progresivamente, la política y la economía fun-cionan libres del control sacerdotal:

Dios, si se pueden expresar las cosas de esta manera, al principio estuvo presente en to-da relación humana, pero progresivamente se sustrajo de ellas; abandonó el mundo delos hombres y sus disputas. Por lo menos, si él continúa dominando, lo hace desde lo al-to y a distancia; el poder que él ejerce se vuelve más general y abstracto, dejando cadavez más espacio al libre juego de las fuerzas humanas.2

Esas fuerzas humanas se manifiestan, en primera instancia, en la formación deuna política desligada de la influencia eclesiástica y en la expansión de una ac-tividad productiva y comercial libre de trabas.

En sentido opuesto al carácter jerárquico y coercitivo de la sociedad feudal,la sociedad comercial tiende a romper esa ponderación y antepone la iniciativade los particulares. Si la primera giró en torno a las pertenencias corporativas,la segunda se sustentó en la ruptura de esas pertenencias y en la asunción de lal i b e rtad individual como la clave para el desarrollo económico. Sin la libertad detránsito, sin la posibilidad de hacer negocios, sin contar con un espacio fuerade la injerencia del Estado, nunca se hubieran podido salir del medievo.

Una vez que la secularización y la liberalización cumplieron el cometido deremitir a la autoridad teológica al cumplimiento de su función espiritual y permi -tir la libre circulación de mercancías, parecía que quedarían frente a frente el Es-tado y la economía. Así, la discusion se centró en este binómio unas veces para

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argumentar a favor del Estado como entidad suprema abocada a salvaguardarel orden público, y otras para defender la primacía del mercado como lugar en elque los hombres pueden dar rienda suelta a la libre competencia. El dilema du-rante un tiempo consistía en saber cuál era la prioridad. Por una parte figurabael orden político defendido por autores como Thomas Hobbes, y por la otra la li-bertad económica abanderada por pensadores como Adam Smith.

Para ilustrar esta dualidad de la que aparentemente nada podía salir, podría-mos hacer re f e rencia a que el concepto sociedad civil, en su origen, fue incluidounas veces en el ámbito de la política, y otras en los terrenos de la economía.

Veamos, por lo que hace a la confusión entre la política y la sociedad civilpodemos llamar en causa a John Locke, quien tituló significativamente el capítuloséptimo de su Segundo ensayo sobre el gobierno civil, “De la sociedad políticao civil”, dando a entender que para la filosofía iusnaturalista la política y la so-ciedad civil eran una y la misma cosa.3 En re f e rencia a la mezcla entre la econo-mía y la sociedad civil podemos apoyarnos en Karl Marx quien en el Prefacio de1859 a la Contribución a la crítica de la economía política usa como sinónimosa la sociedad civil y a la economía.4

Con todo y este enredo lo cierto es que antes de Marx, Hegel había distin-guido, si bien dentro del concepto general de la sociedad civil, al sistema de ne-cesidades como llamaba a la economía y a las corporaciones como nombrabaa las organizaciones propiamente civiles.

Al desprenderse de las pautas económicas y políticas la sociedad civil pudoseguir su propia racionalidad en distintas materias como la formación de asociacio-nes, la educación, la creación de medios impresos, el desarrollo de la ciencia ylas artes, y la profesión de religiones distintas de la católica.

Uno de los aspectos novedosos y sobresalientes del surgimiento de la socie-dad civil es que en ella comienzan a ventilarse y a juzgarse, por medio de ladiscusión pública, cuestiones que hasta entonces habían sido exclusivas de losg o b e rnantes o, a lo más, de los re p resentantes con asiento en el parlamento. Di-c h o de otro modo: los temas de interés público se trataban herméticamente en elámbito político. De acuerdo con esta práctica los súbditos habían nacido paracallar y obedecer, y no para opinar de los altos asuntos de Estado. Pero cuandolos corsés se aflojaron los asuntos de interés colectivo pudieron tratarse en sedesdistintas de las instituciones estatales, es decir, en espacios civiles. De allí brotansin censura la prensa, las casas editoriales, los foros de debate, las sesiones li-terarias, el teatro, la libre cátedra, los cafés, los salones de reuniones y, en fin,la crítica política a través de un sinnúmero de vías. Se crea la esfera civil en unarelación polémica con la esfera política. Generalmente este fenómeno acompañael cambio de régimen político hacia la monarquía constitucional o la re p ú b l i c a .

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La opinión pública nace como una expresión del parecer de los individuos ysus organizaciones que quiere abrir el debate más allá de las fronteras del Esta-do. De esta manera lo público y lo político se escinden. De allí en adelante lo pú-blico también será suceptible de ser abordado en el terreno de la sociedad civil.

Fueron varios los autores que se propusieron estudiar con más detalle a la so-ciedad civil: era evidente la existencia de una franja que ya no encajaba ni enel Estado ni en el mercado y que no podía dejar de ser mencionada como unainstancia en la que se desarrollaba una lógica distinta del poder y del dinero. Asídespuntó el espíritu del pluralismo asociativo estudiado por Alexis de To c q u e v i l l een La democracia en América; por Emile Durkheim en On Morality and Societyy por Antonio Gramsci en Los cuadernos de la cárcel, por citar sólo algunos au-tores que dieron testimonio de un paso más en la diferenciación de esferas.

Aun con la gran variedad de perspectivas que puedan existir entre estos auto-res, lo cierto es que, al rechazar la acartonada dualidad Estado-mercado, y alinsertar entre ellos un tercer sector, contribuyeron al desarrollo de la democraciamoderna que no sólo se mueve en el terreno de las instituciones y las leyes, esdecir, como un procedimiento formal; ella tiene que ver también y acaso princi-palmente con la base civil que la sostiene.

El resurgimiento de la sociedad civil

Como lo ha señalado Axel Honneth, después de un tiempo en el que el concepto“sociedad civil” quedó en un segundo plano en el interés de los estudiosos, hoyha recobrado actualidad y presencia debido, entre otras razones, a los aconteci-mientos registrados en Europa del Este a fines de la década de los ochenta, cuan-do los regímenes de confección estalinista se vinieron abajo. La movilización ylucha que hizo posible la liberación y posterior re c o n s t rucción de las institucionespropias de la democracia liberal fue llevada a cabo por la Civil Society, referi-da así, textualmente, por sus protagonistas. Pero surge una duda: ¿por qué loslíderes y las bases movilizadas no optaron, mejor, por el concepto “democracia”como eslogan de su movimiento? Quien ha explicado de manera clara esta pre-ferencia es Adam Seligman:

Me arriesgaría a suponer que el uso del término Civil Society en lugar de democracy enEuropa Oriental para describir los rasgos organizacionales de la vida social que nosotrosidentificamos con la sociedad civil ha de ser localizado menos en cualquier análisis adi-cional del peso que conlleva la idea de sociedad civil y con más sencillez en el hecho deque la sociedad civil, como concepto, era neutral. No sufrió corrupción en los cuarentaaños de propaganda estatal, en tanto que el término democracia —en el sentido de “de-

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mocracia popular”— cargó con el peso del pasado por haber sido manoseado sin pudorcomo bandera política. Luego entonces, la democracia en esos países adquirió una conno-tación negativa de la cual estaba libre la sociedad civil.5

El hecho es que hoy el concepto sociedad civil se ha puesto en el centro de laescena. Como lo afirma Ernest Gellner:

Un nuevo ideal surgió o renació en las décadas recientes, la sociedad civil. Antes de esouna persona interesada en tal noción podía ser confundida con un historiador de la ideasinteresado, quizá, en Locke o Hegel. En sí misma la frase no tenía una resonancia o evo-cación vital. Más bien, parecía que su característica era estar cubierta de polvo. Pero aho-ra, de improviso, ha salido a la luz y ha sido desempolvada convirtiéndose en un emble-ma esplendoroso.6

El totalitarismo se constituyó como el monopolio estatal de la economía al pros-cribir la propiedad privada, el monopolio de la cultura al imponer una solaf o rma de pensar y el del poder político en tanto que la única organización auto-rizada fue el Partido Comunista. Sin contrapesos que lo pudieran controlar, elEstado invadió todas las esferas de la actividad social. Cualquier forma de plura-lismo o disidencia fue ahogada en nombre de la causa proletaria y de la misióne x t r a o rdinaria que esa clase tenía que cumplir. El intérprete exclusivo de la volun-tad de las masas trabajadoras fue el Estado o, con más precisión, el Politburó yespecialmente el presidente del Soviet Supremo. Con los elementos diferenciado-res que aquí hemos resaltado como distintivos de la modernidad podemos derivarque el totalitarismo entró en contradicción con el contenido más auténtico de lamodernidad.

La alternativa a esta forma de dominio surgió paulatinamente desde la basesocial como una expresión de creciente desapego a los patrones ideológicos im-puestos. A pesar de la coerción ejercida sistemáticamente, la imposición dogmáti-ca de ciertas creencias no había logrado persuadir a los individuos de re s p a l d ary acoger como propia la doctrina impuesta desde el vértice. Llegado el momen-to la gente se decidió a dejar de fingir. Como lo dijera Vaclav Havel, cuando laspersonas se convencieron de que lo mejor era “vivir en la verdad”, las bases delegitimidad se vinieron abajo. Surgieron un sinfín de organizaciones autónomasque actuaron en el semiclandestinaje para sumar aquellas fuerzas sociales ale-targadas por mucho tiempo. Lo primero fue realizar una actividad de difusión delas ideas liberaldemocráticas para contraponerlas al marxismo elevado a doctri-na de Estado. Fue así como se fortaleció el pluralismo civil y político que, como untorrente incontenible, invadió las calles y plazas de las ciudades del Este euro-

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peo hasta provocar la caída del comunismo. Ese fue el triunfo de la sociedad ci-vil sobre el totalitarismo.

La sociedad civil moderna es una expresión de integración distinta de las for-mas anteriores, especialmente en comparación con las cofradías, los gremios y lascomunidades étnicas o religiosas que proliferaron en la época medieval. Estadiferenciación se sustenta en que la sociedad civil establece una forma de rela-ción compleja ya sea con el Estado o con el mercado. Esta relación entre la libreiniciativa económica, la pluralidad civil y la unidad política no existió antes. En elfeudalismo no hubo un Estado nacional propiamente dicho. Lo que había eranentidades locales, esto es, pequeños reinos que obedecían las órdenes del señorfeudal o agrupaciones que se afirmaban como instancias autónomas con suspropias formas de autogobierno heredadas de las costumbres y la tradición.

La sociedad civil, que respalda y se apoya al mismo tiempo en la autoridaddel Estado, en la dialéctica hegeliana entre la particularidad y la universalidad,permite que los individuos puedan pertenecer a distintas agrupaciones así comoentrar y salir de ellas sin sufrir represalias o castigos. Allí, en las agrupacionesciviles, se establecen vínculos que permiten desarrollar un trabajo en común paralos más variados propósitos.7 Esta labor en conjunto es de enorme relevancia,p o rque si bien cada asociación tiene su propio cometido, cada una de ellas es-tá entrelazada con las demás en una red de “dependencias recíprocas”, comodiría Hegel. Cada cual es una parte del todo en el que los individuos puedencircular sin mayores obstáculos.

Las agrupaciones pre m o d e rnas, en cambio, ante la ausencia de un eje agluti-nador por encima de ellas, y sin esa red de dependencias recíprocas, imponíanuna identidad exclusiva a sus miembros. En estos microuniversos, los individuosquedaban a expensas del dominio grupal, o mejor dicho del dominio de quie-nes actuaban a nombre de la comunidad.

En rigor el Estado de derecho —símbolo de la unidad política— y la sociedadcivil —emblema de la pluralidad asociativa— nacen como solución a la opre s i ó nfeudal sustentada en la imposición de reglas que operan en ámbitos restringidossegún criterios jerarquizados de pertenencia.

Conviene agregar una aclaración importante: aunque en el medievo no huboun cuerpo político unitario, sí se registró la presencia del dominio ideológico exclu-sivo de la Iglesia católica que durante mucho tiempo persiguió, denodadamente,cualquier forma de espiritualidad alternativa. Simple y sencillamente cerró el pasoa otras formas de culto religioso. La acción de la Santa Inquisición como brazoejecutor y purificador de la “fe verdadera” es un ejemplo por demás contundente.

El Estado nacional y el derecho constitucional, no hay que olvidarlo, surgencomo respuesta a la barbarie y al fanatismo. Con el respaldo de ambos pudo de-

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s a rro l l a r se una estrategia educativa de carácter científico y antidogmático, abier-ta a todas las tendencias e interpretaciones del mundo. La acumulación de bie-nes en manos muertas se disuelve frente a la irrupción de una línea económicaque en su época fue vista como la alternativa frente al atraso y los privilegios decasta. La sociedad civil moderna nunca hubiera podido despuntar sin la pre s e n c i ade la innovación política y económica.

El punto de cohesión de la sociedad civil moderna —laica— se encuentra en lal i b re transmisión de creencias y en la formación espontánea de la opinión de susm i e m b ros. Esta peculiaridad fue puesta de relieve por Gramsci. Para él la socie-dad civil es la sede donde se forma y transforma la cultura. Con base en esta pau-ta de análisis vemos que hay periodos históricos en los cuales la clase en el poderlogra establecer una hegemonía cultural; pero hay otros momentos en los cualesesa hegemonía viene a menos. De esta manera se inicia una crisis que puededar pie a un proceso revolucionario, como el encabezado por los bolcheviquesen Rusia, o a un degenerativo, como el comandado por los fascistas en Italia.Es allí, por tanto, en la sociedad civil, donde se establecen los grandes cambiossociales a través de la modificación de las mentalidades y las interpretaciones dela realidad.

La teoría crítica

Jürgen Habermas recogió esta forma gramsciana de abordar el estudio de la so-ciedad mediante lo que dio en llamar la “acción comunicativa”.

La perspectiva desde la que ha sido abordada la sociedad civil en la actua-lidad está íntimamente relacionada con la perspectiva habermasiana, como loilustra la siguiente definición de sociedad civil proporcionada por Stephen K.White:

La sociedad civil es ese espacio multifacético de instituciones y prácticas que se re p ro d u c eprimeramente mediante la acción comunicativa para decirlo con Habermas. La sociedadcivil se distingue del Estado y la economía quienes, por otro lado, están asociados conella por interconexiones recíprocas. El Estado y la economía se mueven a través de los me-dia del poder administrativo y el dinero.8

Esta definición de White es ilustrativa de lo que hoy sucede con el estudio de lasociedad civil. Todos los autores han puesto énfasis en la distinción de esferasque hemos señalado, es decir, entre la política, la sociedad civil y la economía.Este es, se puede decir, un común denominador del análisis contemporáneo dela sociedad civil.

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C i e rtamente no todos los tratadistas se adhieren a la posición teórica adopta-da por el autor del libro Teoría de la acción comunicativa (1981); no obstante,al polemizar con él necesariamente tienen que hacer referencia a los conceptosque emplea. Por eso es conveniente conocer el origen del proyecto teórico deH a b e rmas y, en consecuencia, las raíces de su vocabulario, para poder compre n-der lo que hoy sucede en los estudios de la democracia y de la sociedad civil.

Lo primero que debemos decir al respecto es que Habermas encabeza la co-rriente conocida como “teoría crítica” vinculada como hemos dicho al pensamien-to de Antonio Gramsci. Ciertamente este líder político y escritor italiano se adhirióal marxismo pero, mientras que Marx sostuvo que la emancipación humana erauna cuestión esencialmente económica que tenía que ser resuelta con la toma delpoder por medio de las armas, Gramsci afirmaba que la liberación social era unasunto fundamentalmente de convencimiento, es decir, de ideas y cultura. Antesde tomar los fusiles había que echar a andar una labor educativa entre quieneshabían padecido la ignorancia.

Para el fundador del Partido Comunista Italiano la conquista de las concien-cias era la primera etapa de los cambios políticos y sociales. La sociedad civilen cuanto sede en la que se forma y reproduce la cultura:

...es la esfera en la que se forma la identidad, la integración social y la reproducción cul-tural y aunque las relaciones económicas y el Estado desempeñan un cierto rol en este con-texto, su función es, o debe ser, de apoyo no de factor determinante.9

Habermas comenzó su vida intelectual en la Escuela de Frankfurt. No obstante,mientras algunos miembros de esa escuela como Max Horkheimer y TeodoroAdorno creían, siguiendo a Marx, que las instituciones liberal democráticas eranun instrumento de dominación de clase, Habermas, por el contrario, sostuvo queesas instituciones, cuando funcionan correctamente, se convierten en un factor deprimer orden en bien de la emancipación. De allí que Habermas bautizara a larevolución de los países del Este europeo verificada a finales de los años ochen-ta como “Revolución recuperante” (Die Nachholende Revolution).

L o s componentes básicos del “liberalismo crítico” de este autor son: la socie-dad civil es el lugar del pluralismo y la formación de corrientes sociales que,mediante la formación democrática de la opinión pública, presionan a las ins-tancias gubernamentales y económicas; el terreno civil en el que se forma esaopinión pública es llamado “esfera pública” (burgerliche Öffentlichkeit).

En su libro La transformación estructural de la esfera pública (1962), Haberm a sdeja claramente establecida la fuente histórica del concepto:

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Aquí estamos tratando con una categoría griega transmitida a nosotros por Roma. Al lle-gar al más alto desarrollo de las ciudades-Estado en Grecia la esfera de la polis, que fuelo común (koiné) para los ciudadanos libres, fue separada claramente de la esfera de laoikos; en esta esfera cada individuo se remite a su propia intimidad (idia) [...] La esferapública se configuró en la discusión (l e x i s), que pudo asumir, por ejemplo, la forma de con-sulta o plasmada en la formación de la ley así como en el terreno de las acciones comunes(praxis) la guerra o las competencias atléticas.10

Aunque el origen remoto de la esfera pública está allí, o sea, en la distancia entreidia (lo que es privado) y koiné (lo que es común), y tal distinción se hizo explí-cita en el mundo moderno cuando apareció la diferencia entre las garantías delibertad de cuño liberal y la garantía de participación de hechura democrática—que corresponden a la separación entre status negativus y status activus del in-dividuo en el campo privado, por una parte y el ciudadano en el campo político,por otra—, siglos más adelante, con el nacimiento de la modernidad, la esferapública ya no se plantea como participación directa en el poder, sino como vigi-lancia y crítica desde la sociedad f r e n t e al poder. Es allí donde aparece la distin-ción, que ya hemos comentado, entre lo público y lo político.

A Habermas le interesa poner de relieve las condiciones para el desarrollode un debate sobre tópicos de interés común conducido por personas deseosas deque sus argumentos influyan en la formación de la opinión pública. En las socie-dades moldeadas bajo las pautas de la modernidad la noción publicum, encuanto opinión pública realizada en un espacio (esfera) público, se presenta comoopuesta a la autoridad política:

La esfera pública, en pocas palabras, no es el Estado; más bien es un cuerpo inform a l m e n t emovilizado de una opinión discursiva no gubernamental que puede servir como contrapesoal Estado. En efecto, es precisamente esta índole extragubernamental de la esfera pública laque le confiere un aura de independencia, autonomía y legitimidad a la opinión públicagenerada en esa esfera pública.11

Tal esfera pública es el lugar en el que se forma la opinión pública, o sea, la vozde la sociedad civil. En esa esfera se moldean las ideas y los ideales, los valore sy las expresiones culturales de la sociedad civil. Dicho de otro modo: la socie-dad civil está compuesta por las más o menos espontáneas asociaciones, org a n i-zaciones y movimientos que manifiestan sus posiciones, necesidades e interesesen la esfera pública. En consecuencia, la sociedad civil y la esfera pública se in-fluyen mutuamente: mientras más variada es la sociedad civil más crítica será laesfera pública. Como lo señala Mark Warren:

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La esfera pública (o con más precisión las “esferas públicas”) es el espacio donde se lleva acabo el juicio público que tiene como soporte la estructura asociativa de la sociedad civily que es distinta del mercado y del Estado [...] El significado democrático de las esferaspúblicas es que ellas proporcionan el sentido para la formación de opiniones y el esta-blecimiento de una agenda de prioridades fuera del Estado, así como fuera de las estru c-turas económica de los mercados.12

Para Habermas la red de asociaciones civiles genera esferas públicas que sir-ven como sensores. Dado que allí se produce la opinión pública, las esferas pú-blicas se convierten en un mecanismo que le transmite al sistema político lo queestá ocurriendo en la sociedad. Esto es importante para cualquier régimen de-mocrático en el que debe haber una comunicación fluida entre la sociedad civily las instituciones públicas. La esfera pública sirve tanto para detectar problemascomo para influir en el gobierno y en el congreso con el objeto de que las opi-niones civiles sean tomadas en consideración al momento de llevar a tribuna losasuntos que interesan a la nación y, sobre todo, cuando se establecen las leyes.

De suyo la función de la esfera pública no es la de resolver problemas; perola capacidad que ésta tiene para advertir acerca de posibles dificultades debeser utilizada para prever su procesamiento en el sistema político. Esta es la mane-ra en que se pueden construir, genuinamente, consensos. Idealmente, afirmaWarren, la legitimidad democrática surge de las esferas públicas, vale decir, lasinstituciones estatales encuentran su justificación si las políticas públicas que lle-van a cabo gozan del respaldo de la opinión pública; si el discurso público se vereflejado en las instituciones políticas y las acciones que éstas llevan a cabo. Porconsiguiente, la forma en que las asociaciones civiles pueden contribuir a la legi-timidad democrática es a través de la generación de un “poder comunicativo”desde las esferas públicas.

En síntesis, ellas proporcionan la legitimidad democrática con la que necesi-tan respaldarse las acciones de gobierno.13 Una vía para reforzar el poder co-municativo de la esfera pública es dotar a los individuos de información sobreasuntos que para ellos son relevantes: “La información faculta a los ciudadanospara demandar transparencia y rendición de cuentas a las instituciones públi-cas.”14 El reto para los órganos del Estado, en especial cuando éstos vienen deuna tradición autoritaria y se desea que transiten a la democracia, es re f o rm a r s epara que las voces que antes eran calladas o menospreciadas ahora sean toma-das realmente en cuenta. Esto implica abrir entre el gobierno y la sociedadcanales de comunicación que antes, en la época autocrática, estaban ocupadospor el clientelismo, la corrupción y/o el corporativismo. El reto es enorme perovale la pena encararlo porque sólo así la esfera pública se convierte, efectiva-

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mente, en la clave de la legitimidad democrática y en el puente que facilita el pa-so de la gobernabilidad autoritaria a la democrática.

La gobernabilidad democrática tiene como uno de sus elementos fundamenta-les la influencia de la opinión pública en la toma de las decisiones estatales. Unsistema político que procede de esta manera se acerca al ideal de la autodeter-minación del sujeto que se traduce en autodeterminación colectiva:

Sólo cuando los arreglos de poder permiten y protegen al mismo tiempo que los argumen-tos, la persuasión y la inclusividad se hagan presentes, la política puede ser guiada porla fuerza de la palabra en lugar de por otro tipo de fuerzas. Esta forma de justificacióndel poder es la única vía para que los individuos no sientan como externa al autogobiern o ,sino más bien (tal como Rousseau fue el primero en comprenderlo) como una extensión deese autogobierno en la colectividad. De aquí que el ideal de la autonomía política conlleveel más alto sentido normativo para la democracia. Esto es así porque en la democracialas autonomías individual y política se determinan mutuamente. La codeterminación estáinscrita en ambos conceptos (autonomía individual-autonomía política): democracia signi-fica decidir en conjunto.”15

Aquí encontramos, de nueva cuenta, la simbiosis entre las libertades individualesde cepa liberal (status negativus) y la libertad política de matriz democrática (sta-tus activus). Los juicios individuales no inciden realmente en la sociedad a menosque se transformen en razonamientos públicos gracias a la discusión con los d e-más. En correspondencia, la autonomía del juicio individual está salvaguardadapor las leyes emanadas de la soberanía política en las cuales está implícita l ademocracia. Esta es la fórmula que posibilita y proporciona legitimidad desdela esfera civil a la esfera política. La originalidad del planteamiento radica, entodo caso, en que la participación de los individuos ya no se restringe a su papelcomo ciudadanos en el ámbito político; esa participación se extiende al terrenocivil y las correspondientes esferas públicas, en donde los individuos pueden de-sempeñarse en los múltiples papeles que les confieren las organizaciones en lasque actúan.

No obstante, con tantos intereses y presiones que vienen del mercado y delEstado que quieren inducir y construir consenso a modo, una pregunta básica es¿cómo plantear la esfera pública como un lugar en el que se pueda desarrollar undebate crítico autónomo? Un primer requerimiento tiene que ver con la salva-guarda legal y constitucional de las garantías individuales, porque sin ellas esimposible que la esfera pública funcione. Lo que la teoría crítica agrega es quepara un ejercicio efectivo de esos derechos no basta su simple estipulación form a len el ámbito político tomando a los individuos como simples emisores de votos;

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es aún más importante que la sociedad civil asuma esos derechos en forma devalores compartidos practicados en las distintas organizaciones inscritas en lared de “dependencias múltiples”:

No es el Estado sino los miembros de la sociedad civil quienes tienen la responsabilidadde sostener una efectiva esfera pública democrática. Únicamente cuando los actores cons-cientemente tratan de acrecentar, expandir y transformar la esfera pública en la medidaen que participan en ella tendremos la protección crítica contra las deformaciones.16

La democracia deliberativa

Una consecuencia de este análisis, focalizado en la formación de la opinión enla esfera pública, consiste en que desde ese mirador la democracia adquieretonalidades más ricas. La teoría de la democracia centrada en el voto es rem-plazada por la teoría de la democracia centrada en el diálogo.1 7 La teoría entradaen el voto ve a la democracia como la arena en la que preferencias e interesesfijos compiten a través de mecanismos de agregación. El problema es que estainterpretación es incapaz de decir algo acerca de la formación de intereses enla sociedad civil que alimentan los mecanismos de integración. Además, la teo-ría de la democracia centrada en el voto se mueve en la política del autointerésque produce fragmentación social. Esta teoría tiene una relación estrecha conlas perspectivas empíricas que ven los resultados en términos de números másque en términos de argumentos. Es un hecho que la teoría de la democracia cen-trada en el voto tiene un estrecho vínculo con la rama empírica de la cienciapolítica; pero, como lo ha dicho el historiador Alfred Cobban: “lo que pasa porser la ‘ciencia política’ empírica es frecuentemente una divisa para evadir la polí-tica sin haber alcanzado la ciencia.”18

El remedio se localiza en la teoría de la democracia centrada en los pro c e s o sde comunicación. Esta teoría se interesa por la forma en que la deliberación con-f o rma las pre f e rencias, modera los intereses, mantiene condiciones de igualdad,posibilita el fortalecimiento del diálogo y produce una justificación razonable parala decisión por mayoría:

Se puede decir lo mismo de otra manera: el interés se ha desplazado de lo que sucedeen la casilla de votación a lo que acontece en la interacción discursiva de la sociedadcivil. Mientras en el siglo X I X y principios del X X la democratización atendió pre f e re n t e m e n t ela expansión del voto para incluir a todos, ahora a la democratización le interesa la ex-pansión de la esfera pública para dar la palabra a todos.19

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No olvidemos que en el mundo antiguo un sinónimo de democracia era el voca-blo isegoría que significa igualdad de palabra.

No podemos pasar por alto que en países como México la lucha por la de-mocracia se adentra en el siglo XX como exigencia de que el voto se respete.Esto, sin lugar a dudas, en una manera absolutamente legítima de proceder fre n t ea un sistema de gobierno que se sostuvo mediante la aplicación sistemática delfraude electoral. Al alcanzar una institucionalidad en la cual las irregularidadesen el conteo de los sufragios ha sido superada, por lo menos a nivel federal,parecería que la lucha por la democracia hubiese llegado a su culminación. Sinembargo, no es así porque el voto sigue siendo motivo de influencia y manipu-lación a través, por ejemplo, del marketing político. Es allí donde entra la demo-cracia deliberativa como una propuesta para enfrentar aquellos otros aspectosno contemplados por la democracia electoral.

Tomando en cuenta que la democracia es el gobierno de la opinión públicay que, a su vez, la opinión se forma a través de la comunicación entre los indi-viduos, se descubre el motivo por el cual Habermas desarrolló una teoría de laacción comunicativa como un correctivo frente a la tradición marxista que ubicóen el “mundo del trabajo” el eje de la evolución humana. Su argumento se mue-ve en el sentido de que Marx, al haber sobrecargado la atención en las relacio-nes económico-laborales, produjo una visión unidimensional que dejó en un lugarsecundario, o sea, en la superestructura, lo que Habermas llama el “mundo dela vida”.

Al reivindicar el mundo de la vida Habermas contrasta las relaciones de pro-ducción resaltadas por Marx con la reproducción de nuestro mundo sociocultu-ral mediante la interacción simbólica o comunicativa:

El mundo de la vida es el trasfondo en el que toda interacción social tiene lugar. Es unreceptáculo y, por tanto, contiene las interpretaciones acumuladas de las generacionespasadas: la manera en que la gente que vivió antes que nosotros entendió su mundo, aellos mismos, sus obligaciones, compromisos y lealtades, su arte y literatura, el lugar de laciencia, la religión y la ley, y así por el estilo. Como actores sociales nosotros abrevamosde este conocimiento cuando tratamos de darle sentido a las cosas que nos circundan (oincluso a lo que pasa dentro de nosotros).20

El mundo de la vida es transmitido, alterado y reproducido mediante la comuni-cación.

Uno de los aspectos del mundo de la vida en los que los especialistas hanpuesto más cuidado es en la relación entre ese mundo y la sociedad civil. Exis-

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ten, al respecto, diversas interpretaciones. Una de las más convincentes, a miparecer, es la que ofrece Simone Chambers:

La sociedad civil es el mundo de la vida expresado en instituciones [...] La sociedad civil esautónoma cuando sus actividades están gobernadas por normas extraídas del mundo de lavida y re p roducidas o re f o rmuladas a través de la comunicación. Considerando la comuni-cación en lugar de la naturaleza voluntarista de la sociedad civil como su rasgo distintivo,se vuelve claro el motivo por el cual la economía junto con el Estado pueden ser excluidosdel ámbito de la sociedad civil.21

Una sociedad civil robusta es aquella a la cual sus miembros dirigen gracias aque comparten significados tomados del mundo de la vida. En contraste, una so-ciedad civil débil es aquella que ha sido colonizada por el poder o por el dineroo por ambos y que deja de tener como referente principal al mundo de la vida.Cuando más y más instituciones de la sociedad civil son absorbidas por la lógicadel mercado (modelo neoliberal) o cuando la sociedad civil es succionada porel poder estatal (modelo totalitario) nuestro espacio civil está en entredicho. Deaquí se deduce fácilmente que para la teoría crítica la base de sustentación de lademocracia es la sociedad civil y su capacidad de mantener relaciones de mutuainfluencia con la economía y con el poder político pero no al precio de dejarseavasallar por ellos.

Hemos dicho que el Estado y la economía se mueven a través de los mediadel poder administrativo y el dinero. A estos dos componentes Habermas los ubicaen lo que llama “sistema”. En consecuencia, el “sistema” es el ámbito formadopor el subsistema económico, que gira alrededor del media dinero, y por el sub-sistema político, cuyo media es el poder administrativo. Habermas, siguiendo lamejor tradición del pensamiento ilustrado, concibe la evolución social como unproceso de diferenciación. En este caso, la distinción será entre el “sistema” y el“mundo de la vida”.

A decir de Habermas:

Mientras las sociedades primitivas se integran por un consenso normativo fundamental, laintegración de las sociedades evolucionadas se presenta a través del nexo sistémico deámbitos de acción funcionalmente especializados.22

El aumento de la complejidad depende de la diferenciación estructural que seva marcando conforme avanza la distinción entre el mundo de la vida y el sis-tema. Cualquier mecanismo de diferenciación sistémica que se vuelve dominanteha de estar asentado en el mundo de la vida. De otra manera la sociedad ya no

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contaría con controles efectivos sobre la manera en que se mueven el poder y eldinero. Por su parte, la institucionalización de un nuevo plano de diferenciaciónsistémica requiere ajustes en el núcleo institucional de la regulación jurídica deconflictos.

En su libro Teoría de la acción comunicativa (1981) hay un apartado de su-ma relevancia, titulado “racionalización versus tecnificación del mundo”. Allíafirma que toda sociedad, incluso la más simple y pequeña, requiere de unacierta guía proporcionada por valores compartidos. La generalización de valo-res tiende a formalizarse en el curso de la evolución social para poder coord i n a rlas acciones. No se puede funcionar sin que haya un cierto número de “orienta-ciones generalizantes de valores”. En sociedades avanzadas la pauta que brindael Estado es legítima en cuanto es respaldada por la fidelidad de los ciudadanosa las leyes. La obediencia a la ley es la única condición normativa que ha deser satisfecha para la liberación del potencial de la racionalidad en la sociedad.Pero el derecho por sí solo no genera cohesión social.

En el caso del mundo de la vida el lenguaje se transforma en el medio parallevar adelante esas pretensiones de integración; así y todo, la comunicación enel mundo de la vida está sometida a presiones de parte de los media del podery del dinero:

Media como el dinero y el poder tienen que ver con vínculos motivados empíricamente;ellos codifican una relación racional con cantidades calculables de valor y permiten unainfluencia estratégica generalizada sobre las decisiones de otros participantes en la inte-racción, evitando procesos de formación de consensos a través del lenguaje. Los mediadel dinero y el poder no solamente simplifican la comunicación lingüística; llegan al extre-mo de sustituirla por una generalización de daños y re s a rcimientos. El contexto del mundode la vida —en el que siempre están ubicados los procesos de comprensión— se devalúaa propósito de las interacciones guiadas por los media. Ya no hay necesidad, entonces,del mundo de la vida para la coordinación de las acciones.23

De aquí se deduce que al darse una colonización por parte del dinero y el podersobre el mundo de la vida, sobreviene la tecnificación. Si eso sucede la demo-cracia y la sociedad civil quedarían sensiblemente afectadas.

Para evitar la tecnificación debe haber una dinámica situada en el mundo dela vida que estimule la autorreflexión y la autocomprensión de la sociedad y que, asu vez, pueda mantener una relación de equilibrio con los subsistemas econó-mico y político para que prive la racionalización.

De la teoría de la democracia centrada en los procesos de comunicación sedesprende un enfoque específico en el estudio de la democracia que es la “de-

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mocracia deliberativa”. Esta orientación se centra en el diálogo que se genera enla sociedad civil y que da lugar a la activación y expansión de la esfera pública:

Para los teóricos que se interesan particularmente por descubrir las condiciones de lademocracia deliberativa, hay una tendencia a definir la sociedad civil en términos de sufuncionamiento como esfera pública.24

La democracia deliberativa hace énfasis en la capacidad de persuasión que segenera desde la sociedad civil. Esta fuerza es distinta de la coerción política yla ganancia económica.

Contra este aserto podría objetarse que la fuerza de la palabra es menoscontundente que el poder del Estado y la influencia del dinero. Así y todo, nodebemos olvidar que allí, en la sociedad civil, se generan los procesos de legi-timación que sostienen la validez del poder político y que le brindan estabilidada la actividad económica. Ese proceso de legitimación no se verifica simplemen-te al momento de emitir el voto en las urnas; por el contrario, se muestra comoun fenómeno complejo que tiene su punto de referencia básico en la manera enque la opinión pública —no la opinión publicada— logra abrirse paso para in-fluir en la toma de las decisiones políticas. Ese es el camino que todavía nos faltapor transitar.

NOTAS

1 Tomo esta idea de la diferenciación de esferas del texto de Bobbio, 1991, pp. 124-125. 2 Durkheim, 1998, p. 245.3 Locke, 1980, p. 336.4 Marx, 1970, pp. 36-37.5 Seligman, 2002, p. 28.6 Gellner, 1994, p. 1.7 Walzer, 2002, p. 37.8 White, 2002, p. 146.9 Chambers, 1996, p. 91.10 Habermas, 1998, p. 3.11 Fraser, 1997, p. 134.12 Warren, 2001, p. 77.13 Ibíd., p. 91.14 Ibíd., p. 71.15 Ibíd., p. 67.16 Chambers, 1996, p. 98.17 Algunos de los teóricos que han desarrollado la teoría de la democracia centrada en el

diálogo son: Benhabib, 1996; Bohman, 1996; Chambers, 1996.

37

18 Barber, 1998, p. 12.19 Chambers, 1996, p. 99.20 Ibíd., p. 92.21 Ibíd., p. 93.22 Habermas, 1986, p. 699.23 Ibíd., p. 790.24 Kymlicka, 2002, p. 82.

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r

¿Hacia qué democracia lleva la “transicióna la democracia”? O de la importancia de las definiciones

MA Y A H U E L MO J A R R O LÓ P E Z

En este artículo nos proponemos distinguir entre dos niveles en la definición dedemocracia, mismos que —se cree— generan una práctica política distinta, segúnse atienda solamente al primer nivel, el de la democracia como proceso, o tam-bién se procure atender, en la práctica de la democracia, al segundo: la formade gobierno democrática como la realización de los valores ético políticos sobrelos cuales se fundamenta. Nos preguntamos, asimismo, qué se entiende y quése debería entender por democracia cuando se habla de “transición a la demo-cracia”.

I

¿Acaso se avanza hacia una democracia cabal, es decir, según una definiciónética de la misma, al pasar de regímenes autocráticos a regímenes donde lasdecisiones colectivas se toman respetando las reglas procedimentales de la de-mocracia?

Al tratar de descubrir qué significa “transición a la democracia” estamos de-sentrañando una parte importante del fenómeno político que viven muchospaíses en el mundo desde hace décadas, entre ellos los latinoamericanos: el pa-so de formas de gobierno donde manda un solo individuo, unos cuantos o ungrupo, formas de gobierno llamadas “autocráticas”, hacia la forma de gobiernohoy aceptada como la mejor —o la menos mala— por Occidente: la demo-cracia.

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Tratemos de saber, definiendo los términos y analizándolos muy esquemáti-camente, qué clase de fenómeno político es la democracia y qué práctica polí-tica orienta.

La definición de democracia tiene dos niveles, a pesar de que dicha defini-ción hace referencia al mismo fenómeno político: el nivel formal y el nivel ético.

La definición del “gobierno de todos” tiene una parte formal: entiende a lademocracia como proceso o conjunto de reglas mediante las cuales los grupostratan de llegar a un acuerdo. Si la práctica política atiende sólo a esta parte dela definición, olvida que la democracia es, también, realización de los valoreséticos políticos de la igualdad y la libertad, valores que animaron esta forma degobierno por lo menos desde su revaloración a principios del siglo XX.

Así, la definición que llamaremos “formal” o “procedimental” de democraciaasegura que ésta es “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisio-nes colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participaciónposible de los interesados”.1

Las reglas procesales más importantes que distinguen a la democracia deotras formas de gobierno, son: 1) derecho de los ciudadanos mayores de edadal voto para expresar su opinión o para elegir a quienes la expresen por ellos,2) el voto de un ciudadano vale lo mismo que el de otro, 3) todo ciudadano tie-ne la libertad de votar por alguna de las opciones que le ofrecen los partidos yorganizaciones en competencia, 4) es necesario que haya alternativas para se-leccionar, 5) la o las opciones que obtengan mayoría de votos serán respetadaspor toda la colectividad, y 6) la mayoría no debe limitar ni eliminar a la mino-ría; por el contrario, la minoría tiene derecho a tratar de volverse mayoría.

La democracia es, en primer lugar, un conjunto de reglas por medio de lascuales la mayoría puede decidir los rumbos políticos de su nación.

Sin embargo, democracia también se entiende como la realización de ciert o svalores ético políticos. Esta es la segunda parte de la definición que tratamos dedestacar aquí.

Luis Vi l l o ro distingue entre la democracia como conjunto de instituciones, de lademocracia como un “ideal de asociación política”.2

Como ideal de asociación política, la democratía es el poder del pueblo,donde toda la comunidad de individuos que forman ese “pueblo” controla la ejecu-ción de las decisiones políticas aprobadas por mayoría. En un Estado democrá-tico, la colectividad no obedece más que a sí misma. Se dicta sus propias leyesy las respeta. Así, en la democracia los pueblos son autónomos y nadie dominaa nadie. Dice Villoro:

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Democracia es la realización de la libertad de todos. (Según este sentido) es una idea re-gulativa; orientada por ella, la acción política puede acercar progresivamente la sociedada ese ideal, pero nunca puede pretender que se encuentre realizado.3

Al gobierno del pueblo, asimismo, lo caracteriza el valor ético de la igualdadasí como el de la libertad. Hay dos tipos principales de igualdad: la de todoslos ciudadanos ante la ley y la igualdad de oportunidades y de distribución dela riqueza. Sobre esta diferencia, Bobbio explica:

...por lo que atañe a los principios inspiradores, las democracias se distinguen [...] conbase en la mayor o menor dimensión de igualitarismo que se extiende de la igualdad for-mal (ante la ley) a las varias formas de igualdad sustancial, propias del llamado Estadosocial [a] las formas más avanzadas de la democracia social, que es la que realiza conmás amplitud el ideal ético de la democracia.4

II

Una vez definidos, a grandes pinceladas, los dos niveles de la definición dedemocracia, la primera como procedimiento y la segunda como sustancia ética,preguntémonos: ¿a qué se debe la necesidad de muchos grupos sociales por lle-var adelante la democratización de la política, así como, después, la democra-tización de la sociedad?

El gobierno de la mayoría no siempre ha gozado de buena reputación. Platón,por ejemplo, consideraba que era la más mala de entre las formas buenas degobernar, y la mejor de entre las peores. No es sino hasta el siglo XIX cuando,a la luz de las doctrinas socialistas y liberales, se la reconsidera como la formade gobierno que concretiza los ideales de esas doctrinas.

Como sabemos, fue el liberalismo quien primero unió su ideario a las reglaspara la toma de decisiones democráticas. Sucedió así porque, entre otras razo-nes, realizaba los ideales con los que nació esa doctrina: limitar el poder delEstado oponiéndole un grupo de representantes elegido por la mayoría de losciudadanos a manera de que el poder no recayera en una o en pocas manos;y porque, además, garantizaba algunos derechos fundamentales como la liber-tad de reunión, de expresión religiosa y, desde luego, la libertad de los ciuda-danos de elegir a aquellos representantes que habrían de buscar el bien común.Si por otro lado la democracia, por su constitución, distribuye el poder, ademásde tener como uno de sus fundamentos filosóficos básicos al individualismo, mis-mo que comparte con el liberalismo, la democracia y el liberalismo forman una

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mancuerna que realiza las necesidades que le dieron su perfil a los estados enlos cuales hoy vivimos: la limitación del poder y la distribución de éste.

La garantía de contar con libertades e igualdad políticas; la tranquilidad desaber que el Estado no interferiría en la vida privada de sus ciudadanos, así co-mo la posibilidad real de participar en la vida política de la sociedad, son algu-nas de las más importantes ventajas que tiene el gobierno democrático sobreotras formas que reviste el poder y, por eso, desde el siglo XIX se ha preferidosobre otras formas de gobierno.

Por lo anterior, las sociedades, desde aquella época, han preferido regirsepor la forma de gobierno democrática. Sólo de esta manera se pueden satisfa-cer los intereses de la mayoría. Desde luego, procurar la satisfacción de esosintereses (fines) lleva a éstas a realizar acciones en pos de la democracia (elmedio).

Sobre la importante relación entre esos intereses y las acciones que los gru-pos sociales emprenden para llevarlos a cabo, hay que decir que si bien es ciert oque la relación es problemática, y sin la intención de pecar por ingenuidad,creemos que las mayorías irían en pos de la democracia por ser ésta la formade gobierno que mejor realiza los ideales de libertad y de igualdad ansiadospor casi toda comunidad humana. Es posible afirmar entonces que, dado esecarácter igualitario y libertario de la democracia, los intereses de los grupos so-ciales despojados del reparto de la riqueza, por ejemplo, se satisfacen graciasa la libertad e igualdad que cierta práctica democrática garantiza.

La acción política real —es decir, la que se lleva a cabo en el reino de lo quese llama el “ser”, misma que, la mayoría de las veces, no coincide con las accio-nes que se deberían llevar a cabo en el reino del “deber ser”—5 muchas vecescontradice los intereses de la mayoría. Sin embargo, afirmamos que es necesariounir los intereses de los grupos que pretenden llevar a cabo los cambios socia-les hacia la democracia, a las acciones encaminadas a lograr ese fin. La inves-tigación en filosofía política debería proponerse n o r m a r, o sugerir posibles norm a sa la práctica política cotidiana.

Sí, según lo apuntado hasta aquí, es preferible la democracia a la dictadu-ra, pero...

III

¿La “transición hacia la democracia”: debería respetar a ésta como procedi-miento o también debería procurar su realización como conjunto de valores éticospolíticos?

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Es necesario hacer una pausa para aclarar el parecido que existe entre losconceptos “transición a la democracia” y “democratización”.

Si bien, en sentido estricto, no son lo mismo —la transición a la democraciaes un fenómeno anterior a la democratización—, podemos encontrar un parale-lismo entre ampliar el derecho al voto (democratización política) y el procesomediante el cual se pasaría de un gobierno autocrático al respeto por las reglasdel juego democrático en la toma de decisiones colectivas (transición a la demo-cracia).

Democratización política significó, cuando aún la democracia no se extendíapor todos los rincones de la Tierra, la extensión del derecho de voto a todosaquellos tradicionalmente excluidos, como las mujeres. Sin embargo, hay un esta-dio posterior a la extensión del derecho al voto que supera la mera democraciapolítica.

Bobbio prescribe lo que debería ser esta etapa posterior, y así dice: “Paradar un juicio sintético pero eficaz del grado de democratización de un determi-nado país, el criterio ya no debe ser el de ‘quién’ vota, sino ‘dónde’ vota“.6

Los nuevos espacios que se abren a la democracia son aquellos donde la pi-rámide del poder está invertida: en vez de que ascienda, como sucede en las de-mocracias, desciende, como sucede en las autocracias; espacios en los cuales nose toman democráticamente las decisiones que a todos afectan son la fábrica ylas corporaciones, por ejemplo. En otras palabras: el proceso de democratizacións o c i a l es la expansión del derecho a participar de los individuos, no ya como ciu-dadanos sino en sus distintos roles dentro de la sociedad.

Esta ampliación presupone que la participación en la toma de decisionescolectivas se extienda, de la esfera política —los individuos como ciudadanos—,a la esfera social —los individuos en los roles específicos que tienen dentro dela sociedad.

La importancia para nuestro análisis acerca de la transición a la democraciaes la diferencia que existe entre la democratización política —participación en latoma de decisiones acerca de quién decidirá por los ciudadanos, esto es, la elec-ción de representantes ante las Cámaras, lo que implica el respeto por las reglasprocedimentales de la democracia—, y la democratización social, aquella quese filtra en el ámbito de las relaciones sociales, desde la familia hasta la fábri-ca, la escuela, las grandes corporaciones y la administración pública.

La democracia social hace realidad el autogobierno del pueblo, de todos losciudadanos, en donde radica el poder. El poder asciende hacia las esferas ejecu-tivas, encargadas de ejecutar las decisiones que ha tomado ese pueblo autónomo.

Esta democratización social supone que ya existe una democracia políticap revia; es decir, que se respetan las “reglas del juego” democrático, que no existe

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un partido único que gobierne ni un grupúsculo eternamente en el poder. Demo-cratización significa hoy, entonces, el paso de la democracia política a la democra-cia social, como afirma nuestro pensador italiano. ¿Y en los países donde no serespetan las reglas de la participación democrática, donde no hay democraciapero quieren llegar a ella? Es necesario que se dé, junto con la democracia polí-tica, la democracia más amplia, la que alcanzaría a casi todos los sectores dela sociedad. Por ello afirmamos: en la transición a la democracia los actores po-líticos, encargados de llevarla a buen fin, deberían entender por democracia laconjunción de normas y procedimientos para votar, cada determinado tiempo,por representantes populares, pero sin descuidar que la democracia es, tam-bién, una forma de gobierno que pretende la realización cabal de los sereshumanos en sus libertades y dentro de una igualdad que vaya más allá de laque gozamos ante la ley.

La transición a la democracia, o democratización política, puede definirsecomo sigue:

...una dimensión histórica en la que el régimen autoritario de partido ha perdido algunascaracterísticas, pero sin adquirir del todo los nuevos aspectos del régimen democrático dellegada. En este sentido, la transición a la democracia es una estructura de ambigüedadpolítica, una interacción entre elementos autoritarios y democráticos, en el que están pre-sentes orientaciones normativas, estilos de acción y valores heterogéneos entre sí.7

Sin embargo, sin la guía de principios que rijan sobre el actuar político de losactores involucrados, se pierde la dimensión sustancial del gobierno del pueblo,la democracia radical.

¿Quiénes realizan esos cambios dentro de la sociedad?Los agentes dispuestos a llevar a cabo la radicalización de la democracia, es

d e c i r, la realización cabal de sus valores ético políticos; serían todas aquellaspersonas que han sido despojadas de la participación en la riqueza que la co-lectividad genera, a las cuales también se las ha despojado, históricamente, delpoder político real. Generalmente se dice que es el “pueblo” el que genera loscambios hacia la democracia, pero el término es vago, ambiguo. No nos ocupa-remos aquí de desentrañar qué o quiénes son “el pueblo”: sería materia de otroensayo concretar o redefinir el concepto, a pesar de ser una tarea muy necesa-ria. Por lo pronto, en el presente trabajo afirmamos que quienes impulsarían elcambio hacia una democracia sustancial serían aquellos cuyos intereses coinci-dieran con un fin: hacer posible los ideales de libertad y de igualdad. Lo afirm aDouglas Lummis: “La democracia radical describe la aventura de los seres hu-manos creando, con sus propias manos, las condiciones de su propia libert a d ” .8

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IV

Hemos dicho que los estados liberal-democráticos nacieron como respuesta amuchas necesidades, entre ellas la de sacudirse gobiernos autocráticos, la de li-mitar el poder de los gobernantes y la de distribuirlo entre todos los que forma-ban la asociación política, es decir, los ciudadanos. Donde no se respetan lasreglas de la democracia y, por lo tanto, no existe una democracia política se de-be acceder a la democracia derrocando, por las vías pacíficas, a los dictado-res. No es posible que se dé una democracia social si antes ni siquiera se res-petan los requerimientos mínimos para que funcione esta forma de gobierno. Asípues, la transición a la democracia es un paso anterior al proceso de democra-tización social, misma que realizaría de manera más plena los valores éticos quedeberían regular la práctica política.

¿Qué es lo más importante de estos procesos? La democracia es un procedimiento para la toma de decisiones, que no implica

un contenido específico. Sin embargo, creemos que la parte de la definición dedemocracia que señala a ésta como un gobierno donde se deben realizar los va-l o res ético políticos de igualdad y libertad, ya apunta a un contenido. Las “re g l a s ”son vacías; por ello, el contenido ético de las mismas está en la realización de losv a l o res fundamentales del gobierno de las mayorías.

Asimismo, dada la naturaleza de lo que llamaremos “democracia radical”,es claro cuál sería ese contenido específico así como los actores que llevarían acabo la radicalización de la democracia.

La democracia “radical” no pretende, por imposible, eliminar los procedi-mientos mediante los cuales las colectividades deciden acerca de su vida políti-ca. Sin esas reglas procedimentales, la democracia deja de ser tal. Por ello, laaspiración de quienes apoyan la radicalización de dicha forma de gobierno esllevarla hasta sus últimas consecuencias, realizar el espíritu con el que fue conce-bida o, dicho de manera más clara:

Democracia radical sería la que devolvería al pueblo la capacidad de participar activamen-te en la decisión de todos los aspectos colectivos que afectan su vida, la que lograría porfin que el pueblo no obedeciera a otro amo que a sí mismo [...] Una democracia radicalsería la que descansara en el poder de ese pueblo real.9 Supondría, por lo tanto, una in-versión de las relaciones de poder existentes.10

Por lo mismo, los actores del cambio serían las organizaciones populares (com-puestas, principalmente, por aquellos integrantes de la sociedad quienes, en laactualidad, no participan del reparto equitativo de la riqueza colectiva) que, si

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bien heterogéneas en su composición, se encuentran unidas por un conjunto defines —intereses— comunes.

Por otro lado, la marcha hacia la radicalización de la democracia encontraríano pocas dificultades ni fáciles de salvar: por lo pronto, la fuerza radicalizadoraimplicaría “la abolición de toda dominación desde arr i b a ” .1 1 Además, la demo-cracia radical tomaría el control de lo económico, de lo político, del aparatob u rocrático, así como del ámbito social. Como afirma el filósofo mexicano: “Asíentendida, una democracia radical es un ideal lejano [...] Pero la conciencia desu irrealidad nos invita justamente a tomarla como ideal ético que puede orientaren todo momento la práctica política.”1 2

Pero, a pesar de las dificultades, la práctica política debería aspirar a radi-calizar la democracia: en los centros de trabajo, en las escuelas, dentro de laspropias instituciones gubernamentales. La democracia radical aspira a ser la es-trella polar de la vida política de una comunidad.

Por lo anterior, nos parece que la transición a la democracia debería aspirara “algo más”, sin dejar de trabajar en pos del respeto por las reglas procedi-mentales de un sistema democrático. No desdeñamos la imperiosa necesidad dehacer respetar el voto, de construir partidos y movimientos civiles que sean verd a-deras opciones políticas, de educar sobre política a los millones de indifere n t e s yotras prácticas comunes en un país que se ha democratizado. Sin embargo, lacomunidad que desee la democracia, debería apostar por emprender la tarea dedemocratizar a la sociedad en lo político, en lo social y, aún más, integrar losvalores ético políticos, fundamentos de la democracia como valor, ideales y prin-cipios que deberían guiar toda acción política.

Si es cierto que la ambigüedad política de la transición hacia el gobierno delpueblo se manifiesta por la incert i d u m b re de actores y alternativas “en que la nue-va sociedad no se ha perfilado plenamente”,1 3 es posible imaginar que los acto-res políticos, encargados de echar a andar esta transición, se den a la tarea deperfilar a la sociedad y a la propia acción política hacia verdaderos cambios,es decir, hacia una democracia que no sólo sea forma sino que procure realizarsu contenido.

Creemos, por lo tanto, que en los países donde se lleva a cabo el paso deuna dictadura —de una persona o de un partido— a una democracia, se abre lafabulosa oportunidad de integrar tanto la parte formal de la definición de demo-cracia, la del proceso para decidir quién y quiénes representarán a la sociedad,como la parte sustancial, la de los valores ético políticos, aquella democraciaque tiene como ideal la emancipación del ser humano, y que Villoro llama radi-c a l: como asociación política donde el poder está en manos de toda la comunidady donde todos los miembros adultos de ella participan en la toma de decisiones

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acerca de los asuntos públicos que afectan a toda la sociedad; como afirma elautor:

La aspiración al poder del pueblo real y el proyecto de una sociedad igualitaria son doscaras de un mismo proyecto [...] la instauración de una mayor equidad social y una cre-ciente igualdad de oportunidades, el término de la marginación y la participación en elpoder de todos los grupos para decidir de los asuntos colectivos.14

Si bien la transición a la democracia —es decir, a la democracia política— es unpaso anterior y obligado antes de llevar a cabo la democratización de la sociedad,ambas deberían tener como “estrella polar” de su acción política, la democraciacomo la definió nuestro pensador mexicano, como “realización de la libertad detodos”.

NOTAS

1 Bobbio, 1984, p. 9.2 Villoro, 1998, p. 333.3 Ibídem.4 Bobbio, 1996, pp. 236-237.5 Al hablar del “deber ser,” es necesario recordar que la filosofía política, más que diagnos-

ticar, norma la realidad de acuerdo con “criterios morales”. Éstos, si bien muy complicadosde establecer, están, por lo general, pensados sobre la base del valor de la equidad. Espor ello que afirmamos el valor de la democracia radical, la cual respondería, necesaria-mente, a los intereses de los grupos sociales despojados en el reparto de la riqueza común,dado su carácter equitativo.

6 Bobbio, 1996, p. 44.7 Cansino, 1999, p. 14.8 Lummis, 1996, p. 19.9 “El pueblo real es heterogéneo, está formado por una multiplicidad de comunidades (...)”,

escribe Villoro, salvando así la objeción acerca de la supuesta homogeneización que elconcepto “pueblo” puede suponer. Villoro, p. 345.

10 Ibídem.11 Ibíd., p. 346.12 Ibídem.13 Ibídem.14 Ibíd., pp. 355-356.

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Económica/El Colegio Nacional, 1998.

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Desde la sociología política

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La estructura de las oportunidades políticasy las transiciones democráticas

MI G U E L AR M A N D O LÓ P E Z LE Y V A

Un descuido temático

Un hecho muy evidente de los últimos años es el poco peso asignado —en alámbito académico— a las movilizaciones de protesta durante los periodos detransición a la democracia.1 Los textos que versan sobre la materia, principal-mente aquellos que dejaron alguna pauta muy clara en la literatura transitológi-ca, dan poca cabida a la esfera de la sociedad civil organizada como un factorque influye determinantemente en el rumbo de la democratización.

Este descuido temático puede resultar sorprendente si uno se percata del lugarque O’Donnell y Schmitter2 otorgan a la sociedad civil, en su libro consideradoreferencia obligada. Según ellos, la apertura del autoritarismo produce un “agu-do incremento de la politización general y la activación popular”, incrementoque compatibiliza con un ciclo denominado involucraciones cambiantes: prime-ro, la despolitización bajo el autoritarismo; luego, una fuerte y rápida politiza-ción en los primeros periodos de la transición y, finalmente, el re t o rno a una fasede ciudadanía despolitizada.3

El paso de la desmovilización y atomización autoritarios a la politización t r a n-sicional está ligado a las primeras señales de la liberalización. Cuando part iciparcolectivamente reduce su costo, se permite cierto cuestionamiento —impensableen el periodo autoritario— y se descubre que la paz y el consenso autoritarioseran —en realidad— ”parte de un armisticio impuesto”. En ocasiones, las diver-sas capas de la sociedad civil confluyen en un “levantamiento popular”, es decir,en una gran presión popular para ampliar los límites de la liberalización y de la

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democratización parcial. Empero, sea que se consideren los antecedentes e in-tensidad del levantamiento, éste siempre resulta efímero.4

Un poco en la línea anterior, Przeworski5 destaca el papel de la movilizaciónpopular en el momento de la liberalización, dado que las dictaduras no toleranla presencia de organizaciones independientes y temen la organización de una“contrahegemonía”, es decir, proyectos colectivos para un futuro alternativo. Elinicio de la liberalización ocurre cuando ciertas fisuras en el seno del bloque depoder autoritario indican a la sociedad civil que algunas formas de organiza-ción autónoma no serán reprimidas.

En este tenor, la presencia de la sociedad civil funciona como activador dela transición, como una especie de instrumento de presión que sienta a los actore sa negociar (si es el caso). Pero hasta ahí llegan sus efectos:

La movilización popular indica a los liberalizadores potenciales la posibilidad de unaalianza que podría modificar en su favor la relación de fuerzas en el seno del bloque enel poder; las fisuras visibles en el bloque en el poder indican a la sociedad civil que pue-de haberse abierto un espacio político para su organización autónoma. Por consiguiente,la movilización popular y las fisuras en el régimen se alimentan mutuamente.6

Pero quizás sea Morlino7 quien mejor enfatice la visión elitista del proceso de-mocratizador y el aspecto instrumentalista de la movilización popular. La siguientecita es elocuente por sí misma:

El “juego”, pues, está limitado en manos de pocos líderes cuyas opciones cuentan enor-memente para el futuro del país [...] La participación de masas significa la posibilidad dedisponer de recursos de presión e influencia que serán utilizados por los actores de eliteen la confrontación-combate que, latente o manifiesta, se mantiene durante la instaura-ción, aún ya a pesar de los acuerdos en marcha.

El que el “juego democrático” sea, en efecto y las más de las veces que se qui-siera, un asunto de negociación elitista, no debiera minimizar la importancia dela protesta popular o de masas, vista en sí misma y en sus consecuencias políti-cas prácticas. En otros términos, los efectos de las movilizaciones sociales —apartir de ahora, denominémosles movimientos sociales—8 tienen que verse en elcómo impactan el proceso de democratización en cuanto al rumbo y contenidodel resultado, la democracia.

El olvido relativo de los “actores no-elite” o informales en las transiciones9 hasuperado paulatinamente. Uno de los enfoques teóricos que intenta esta supera-ción es el de la estructura de las oportunidades políticas, llamado también del

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proceso político. No obstante, este enfoque hace depender de las dimensionesdel sistema político, el origen y formación de los movimientos sociales.

En este sentido, argumentamos que la perspectiva del proceso político, apli-cado al análisis de las transiciones, puede verse sólo como una extensión de laliteratura transitológica, si nos quedamos mirando únicamente los efectos políti-cos que el sistema político produce en el despegue de los movimientos sociales.La aportación de la estructura de las oportunidades políticas vendrá dada sólosi, trascendiendo ese limitado objetivo, ubicamos también aquellos efectos quedicho despegue provoca en la configuración posterior del sistema político. Esteefecto democratizador de los movimientos sociales lo ejemplificamos brevemen-te con dos casos del contexto mexicano, lo cual abre un espacio distinto para lainterpretación de los fenómenos políticos en momentos de cambio institucional.

Una veta abierta a la exploración

El modelo del proceso político de los movimientos sociales brinda, de entrada,una explicación de cómo estos, bajo circunstancias que tienen que ver con la es-tructura política existente, procesan el descontento, lo expresan públicamente yse convierten en importantes vehículos de democratización. Una vez experimen-tado este arranque explosivo de movilizaciones de protesta, el modelo referidono da mayores esperanzas a la activación social. Es en este aspecto que com-patibiliza bien —aunque no aporta en este punto mucho más— con la transito-logía, como se dijo al comienzo de este texto.

Veamos a algunos autores de este enfoque. McAdam,1 0 al hacer un re c u e n t oy evaluación del enfoque de las oportunidades políticas, reseña una pequeñalista de las que pueden ser consideradas dimensiones de la oportunidad política.Por su parte, Tarrow11 define la estructura de oportunidades políticas como “di-mensiones congruentes —aunque no necesariamente formales o permanentes—del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en accionescolectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso”. Similar a McAdam,enlista las cuatro señales significativas de los que llama elementos de oportuni-dad. Las dimensiones y los elementos mencionados pueden resumirse así:

Dimensiones de la oportunidad política (McAdam)

1 . La apertura o cerrazón relativa del sistema político institu-c i o n a l i z a d o .

2 . La estabilidad o inestabilidad del conjunto de alineamientoselitistas que típicamente definen la política.

3 . La presencia o ausencia de aliados de elite.4 . La capacidad y propensión estatales para la represión.

Elementos de oportunidad (Tarrow)

1. La apertura del acceso político.2. Los alineamientos inestables.3. Los aliados influyentes.4. Las elites divididas.

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Entre ambos autores hay una coincidencia evidente en las tres primeras dimen-siones o elementos, salvo en la última. Según McAdam,12 la represión estatal esun factor significativo en el cambio del nivel y naturaleza de la actividad de unmovimiento, y no sólo representa una expresión de la receptividad o vulnerabi-lidad general de la estructura de oportunidades políticas (como lo muestra elmovimiento estudiantil chino de 1989). Tarrow,13 por su parte, alega que lasdivisiones en la elite no sólo ofrecen incentivos para tomar el riesgo de la accióncolectiva, sino que influyen en sectores de ella para que se comprometan en laprotesta y asuman el papel de “tribunos populares”.

Oberschall14 sostiene la idea de que los movimientos sociales benefician unatransición democrática siempre y cuando se configuren en vehículos para la opo-sición democrática que, de otra manera, no podría surgir. En esta afirmaciónhay un dato digno de consideración: en la mayoría de las transiciones democrá-ticas la oposición partidista se funde con los movimientos sociales, en virtud deque el objetivo primario reside en terminar con el autoritarismo (de aquí que lastácticas sean generalmente las mismas); pero una vez llegada la democracia,incluso un poco antes, ambos bloques se separan y actúan de acuerdo con sus in-tereses propios.15

Siguiendo con la teoría de las oportunidades políticas, el autor esboza un es-quema explicativo a dos niveles que expresa, por un lado, las condiciones nece-sarias del desafío y, por el otro, la elección de alternativas en la consecución delbien público:

Nivel micro (individual-electivo)

1. El valor puesto en las metas del desafío y en elbien colectivo.

2. La probabilidad de éxito.3. Las expectativas del número de otros participan-

t e s en el desafío.4. Los incentivos selectivos o los beneficios perso-

nales de la participación (solidaridad f r a t e r n a l ,liderazgo futuro, identidad de activista).

5 . Los costos esperados de la participación ( a r r e s-to, perjuicios, costo de oportunidad).

Nivel macro (estructural)

1. Descontento e insatisfacción sobre las condicio-n e s mínimas de vida.

2. Creencias, valores e ideologías, las cuales se trans-forman en agravios contra el sistema.

3. Capacidad para actuar colectivamente ( m o v i-lización): libertad de organización, sociedadcivil, acceso a los medios de comunicación.

4. Oportunidad política: divisiones en el régim e n ,apoyo internacional a los disidentes, baja legi-timidad en el régimen, cualquier cosa que au-mente la probabilidad de que las metas y lasdemandas de la protesta se alcanzarán gracias ala debilidad del blanco (el régimen).

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El esquema funciona vinculando ambos niveles. No explicaremos a detalle estavinculación, porque interesa destacar el papel de la “oportunidad política” en ladecisión de participar. Dicha oportunidad aumenta simultáneamente la probabi-lidad de éxito del desafío y disminuye los costos de participación; en consecuen-cia, se esperaría mayor negociación y conciliación y menor represión.

La estructura política aparece, entonces, como la determinante fundamentalde la emergencia de los movimientos sociales, y la oportunidad política como elmecanismo que los activa. En este acercamiento preliminar, los efectos políticosvienen dados por cómo el sistema político se configura y cambia, en tanto quelos movimientos sociales se describen como acción colectiva que recibe las in-fluencias de su entorno y actúa en consecuencia.

Ahora bien, este panorama de elementos o dimensiones de oportunidad y dela oportunidad política ofrece, a primera vista, muy poco al estudio de las tran-siciones democráticas. Es decir, cada uno de los condimentos de la oportunidadestá presente en el corpus transitológico.

La correspondencia de las dimensiones o elementos de oportunidad con latransitología se ve del modo siguiente. La apertura o cierre del sistema político(un acceso parcial al poder, un acceso mínimo a la participación) coincide conla distinción autoritarismo-apertura democrática (deshielo): el momento en que,como vimos con Przeworski, las fisuras en el bloque gobernante permiten la for-mación de organizaciones autónomas de la sociedad civil, las cuales seguiránactivas toda vez que se percaten de que no serán reprimidas16 (la represión, re-cuérdese, es la cuarta dimensión de oportunidad en la lista de Tarrow).

La presencia o ausencia de aliados influyentes de elite y la alianza entremiembros de la elite y líderes de los movimientos sociales nos refieren a la exis-tencia de divisiones o fisuras en el grupo gobern a n t e1 7 (que, si alguna vez lo fue,deja de mostrarse homogéneo). Esto implica que, si hay algún sector del grupogobernante que esté dispuesto a transar con la oposición democrática y a ser sualiado, es porque ha percibido que las posibilidades de permanecer en el poderse han reducido. De ahí que adopten una postura distinta a aquellos que no estándispuestos a tener tratos con los rebeldes.

Tarrow18 ha descrito muy bien este entramado de alianzas al designarlo inte-racción multipolar:

...durante los periodos en los que se intensifica la confrontación, aumenta la frecuencia eintensidad de la interacción entre los grupos disidentes y las autoridades, y se vuelve mul-tipolar en vez de bipolar. Los conflictos entre las elites llegan a ser profundas divisionese n t re grupos sociales. Se desarrollan nuevos centros de poder —por provisionales y efímero sque sean— que convencen a los insurgentes de que el viejo sistema se está hundiendo y

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dan lugar a nuevas y a veces extrañas alianzas entre rebeldes y defensores del régimen.Estas condiciones constituyen en ocasiones la base de nuevos pactos de gobierno.

La dinámica de conflictos intraelite-alianzas elite y rebeldes-posibilidad de pac-tos de gobierno, es una de las cuestiones que mayor atención ha recibido en latransitología. Fundamentalmente, la noción de actores diversificados al interiordel bloque autoritario (blandos radicales y moderados, duros moderados y radi-cales) y de la oposición protodemocrática (oposición moderada y radical), y losresultados posibles de la democratización a partir de las interacciones multipo-lares entre ellos (uno de esos resultados es, por cierto, la negociación).19

El aspecto de la “oportunidad política” o “ventanas de oportunidad”20 comolas llama Tarrow (tener el buen sentido de rebelarse contra las autoridadescuado las circunstancias lo ameriten) es la conceptualización específica de loque O’Donnell y Schmitter21 llaman “causas de la apertura de los autoritaris-mos”, Przeworski22 “señales objetivas” de la liberalización, o Morlino23 causasde la “crisis autoritaria”. Se trata de las condiciones propicias que indican a losmovimientos sociales que su hora ha llegado, y que tienen amplia probabilidadde tener éxito en su acción.

Las señales o causas son variadas: derrota militar, fracasos económicos o crisiseconómicas, división en la coalición dominante, ocupación por parte de una po-tencia extranjera, presiones externas en pro de la democracia, muerte inminentedel dirigente fundador del régimen. Estas causas o señales enseñan que las opor-tunidades políticas son episódicas, fluidas y bastante variables. Son, para decirlocon claridad, los dispositivos de activación o el factor desencadenante de lamovilización social. Por ello conviene aprovecharlos, dado que, para ser redun-dantes, son “oportunidades únicas” y tal vez no se vuelvan a presentar.24

La correspondencia o complementariedad entre los conceptos del enfoque d e lp roceso político y los de la transitología no debiera desalentar el estudio de losmovimientos sociales. Sería una exageración afirmar que tal enfoque “no tieneninguna utilidad” en tanto que reafirma o confirma los supuestos básicos de lastransiciones a la democracia.

Conviene, por consiguiente, invertir la lógica del asunto. En vez de ver cómoafecta la estructura de oportunidades políticas la formación de los movimientossociales, habrá que abundar en una veta menos explorada, esto es, en cómo és-tos pueden influir en el desarrollo de la democratización. En otras palabras, lastransiciones proveen oportunidades a los movimientos no solo para movilizarse,sino también para democratizar el proceso político, y en ello estriba su mayoraporte, más allá de ser un mero instrumento de apoyo para la negociaciónpolítica.

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Mirando la democratización como un efecto social

Los efectos políticos de los movimientos sociales tienen que tomar en cuenta dosconsideraciones base. Primero, como hemos visto atrás, las acciones que em-prende el Estado son decisivas en el desarrollo de la sociedad civil. En las situa-ciones autoritarias, esta parece una verdad de perogrullo, dado que la implan-tación social alcanzada por el régimen determina en gran medida el grado deorganización —o desorganización— de la sociedad.25

La decisividad del Estado queda clara en las distintas respuestas ofrecidas a laconflictividad social en Polonia y Hungría, por citar dos casos que vienen biena nuestra argumentación. Estos dos países de la Europa del Este sirven para apun-talar un rasgo relevante: los entramados de las organizaciones sociales tienensu peculiar formación en el modo como se constituye un autoritarismo y en la ma-nera en que responde a los desafíos conflictuales que se le presentan. En ello radi-ca la diferencia en los resultados de las democratizaciones.

En Polonia, la respuesta al desafío social fue la concesión política (legaliza-ción de Solidaridad, convocatoria a elecciones) y la consecuencia posterior nadahalagüeña, pues la nueva elite política se preocupó más por desmantelar el le-gado económico socialista sin articular una base institucional sólida; en Hungría,en cambio, la respuesta a los posibles brotes de protesta fue la liberalizacióneconómica, permitiendo a la elite emergente establecer las bases normativas através de una nueva Constitución.26

Pero la peculiaridad estructural, y esto interesa destacarlo, recibe el impactode los desafíos una vez que las respuestas estatales han surtido efecto. En unapalabra: la dinámica contenciosa de los actores de elite y sociales se nutre recí-p rocamente, es de doble sentido. Esto implica —necesariamente— dejar de ladola idea de que el destino expreso de los actores informales sea el desaliento, co-mo si el periodo que sigue a una transición pudiera prescindir de los conflictos.27

Una democracia es, entre muchas otras cosas, una forma de gobierno que buscaregular los conflictos.

La segunda consideración es la siguiente: no sólo importa que lo que el Esta-do haga o deje de hacer (acción u omisión), sino también lo que hagan o dejen dehacer los organismos favorables o contrarios al régimen, tanto porque puedenconvertirse en aliados potenciales de los movimientos sociales, tanto porque ellosmismos pueden generar oportunidades políticas no pensadas.

Tarrow28 expresa bien esta idea:

...las insurgencias comienzan a menudo en el seno de instituciones, (e) incluso los movimien-tos organizados se implican rápidamente en el proceso político, en el que interaccionan

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con grupos de interés, partidos, y las fuerzas del orden... es necesario vincular los movi-mientos sociales con las luchas por el poder, tanto en las instituciones como fuera de ellas.

Los movimientos sociales están entreverados con las luchas por el poder. Este esel medio más eficaz en que pueden mostrar sus efectos de largo alcance en lademocratización y quizás no haya otro modo para hacerlo, en vista de que esen el régimen político donde se establecen las pautas procedimentales básicas,de observancia general, que ordenan cualquier sociedad.

Entonces, las respuestas estatales y la acción directa —o indirecta— en el es-pacio político, son los dos aspectos que nos permiten ubicar los efectos políticosde los movimientos sociales. Sandoval29 es muy claro al respecto cuando, ha-ciendo referencia a la redemocratización brasileña, establece una tipología deresultados de los movimientos sociales: a) impacto en sus dinámicas internas, b)cambios en la legislación (políticas públicas), y c) cambios en la estructura polí-tica. Esta tipología de resultados varía de acuerdo a la fuerza de intervenciónde los movimientos.

Pero las maneras en que éstos influyen en la democratización son tres: a) de-fensa de los derechos de la ciudadanía y obtención de uno o más de los cuatroelementos de la democracia (derechos y obligaciones para una buena parte de lapoblación, su distribución de acuerdo a la equidad relativa entre los ciudadanos,consulta estrecha de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas, yp rotección contra la acción autoritaria de los agentes estatales);3 0 b) incre m e n t ode la participación en las actividades conflictuales; y c) introducción de demandasque desafían las prerrogativas de los gobernantes.

H i p s h e r3 1 establece dos efectos de la movilización en las transiciones demo-cráticas. De un lado, puede producir la expansión del proceso democratizador alp romover que los “blandos” del régimen se convenzan de convocar a elecciones.Del otro, la movilización puede reconstituir a la sociedad civil, al reinyectarle al-tas dosis de p o l í t i c a, la cual estuvo omitida debido a la atomización estimuladapor el autoritarismo; además, y en esto hay que anclar nuestra atención, la iden-tidad colectiva y la educación política adquiridas en la actividad social “puedengenerar nuevas demandas y poner nuevos temas en la agenda política”.

De esta enumeración de influencias y efectos, las dos que parecen ser másvisibles son, en primer lugar, la colocación de nuevos temas en la agenda pública(o política, que en esta tesitura adquiere el mismo significado), algunos de loscuales pueden asumir, y este es el segundo de los efectos, el carácter de cam-bios legales. Se observa que son dos efectos bien relacionados, aunque uno deellos no necesariamente lleva al otro, y que apelan al espacio de las demandas

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sociales constituidas durante largos años de lucha política —por lo general clan-destina— y al régimen, el espacio de las normas y de las instituciones.

El mismo Sandoval32 da constancia de la notoriedad de ciertos temas y decómo adquieren carácter legal, pues en Brasil la intensa movilización urbana ylaboral influyó en la asamblea constitucional de 1988.

Los trabajadores tuvieron éxito, de un modo u otro, al obtener importantes cambios en lasrelaciones laborales y en la autonomía sindical, ya previstas en las huelgas de 1979.Los movimientos sociales populares lograron la adopción de muchas medidas constitucio-nales en temas sociales, los cuales gobiernan la legislación ordinaria y la política social.

Vale decir que los efectos políticos de los movimientos a veces no son tan claroscomo Sandoval lo retrata en el caso brasileño. Esto sirve para distinguir otros ca-sos, anómalos como el mexicano, caracterizado por la perpetuación de su tran-sición, en la que la definición de las reglas del juego político ha sido objeto deuna negociación reiterada y cíclica, constante y conflictiva. De modo que, en estaespecie de transición prolongada,33 no pueden apreciarse los grandes movi-mientos sociales pero sí una conflictividad social dispersa e intensa, la cual fuesuficiente para proveer de incentivos para la movilización.34

En México, quizás por esta invisibilidad de lo social que la manía electoralha impuesto en la discusión política, los movimientos sociales parecieran no te-ner ningún peso. Sin embargo, por citar un caso claramente electoral, la mismaefervescencia social expresada en las elecciones de 1988 indica que hubo unt e rreno propicio para la insurgencia política de aquel año. Para decirlo en su jus-ta dimensión, la democratización en el país no debiera leerse exclusivamente enrazón del ciclo elecciones manipuladas - re f o rma electoral - elecciones manipula-das, y de la correspondiente protesta poselectoral.35

Dos casos ayudan a comprender el punto. El primero de ellos está referido alterremoto de 1985 y el “movimiento de damnificados” que le siguió.36 El éxitode este movimiento radicó en que introdujo en la agenda política el tema de laciudadanía plena y de la competencia electoral para el Distrito Federal, median-te un mensaje de oportunidad de marcos de significado: “la Ciudad de Méxicotiene ahora una ciudadanía más competente y, por lo tanto, su gobierno tieneque ser democratizado”.37

La activa autorganización de los ciudadanos contrastó con la ineficiencia gu-bernamental para responder adecuadamente al desastre:

El significado más señalado de esta desgracia fue que, a pesar de todo, suscitó un cues-tionamiento generalizado sobre el gobierno citadino y su habilidad para administrar laciudad —en los días del desastre y en otros.38

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El efecto primero de esta situación fue poner en la agenda política el tema de lademocratización de la ciudad para, meses después, convertirse en una reformapolítica (1986) y concretarse en la creación de la Asamblea de Representantesdel Distrito Federal (ARDF).

El otro caso se refiere a la instrumentación de la política de género, especial-mente en iniciativas legales sobre delitos sexuales. Según Stevenson:

...el escenario de la lucha de los derechos de la mujer cambió cuando se abrieron nuevosespacios políticos después de fortalecerse los partidos de oposición, en el momento deci-sivo del proceso de la democratización: las elecciones fuertemente reñidas de 1988.39

Este ejemplo nos muestra cómo un movimiento social tiene que pasar por la luchapolítica institucionalizada y, más aún, cómo un momento determinado —las elec-ciones de 1988— abre la posibilidad de generar propuestas de cambio legalque puedan ser bien recibidas por las instancias estatales.

La idea central de la autora es que:

...a mayor participación política de las mujeres en las esferas políticas de los movimientossociales, el Congreso, y el liderazgo de los partidos políticos, crece entonces la probabi-lidad de aprobarse una legislación específica sobre la mujer”.40

De este modo, surte efecto la coalición de grupos de mujeres y feministas, y degrupos de organizaciones no gubernamentales a favor de las mujeres, con unsector muy importante de legisladoras y legisladores. Por tanto, mientras hayamás mujeres con representatividad política formal, el Congreso se vuelve más re-ceptivo a las demandas en pro de la mujer. Un órgano de Estado se transformaasí en una arena pública de debate de temas que durante muchos años estuvie-ron excluidos de la consideración general.

Reconsiderando las transiciones

El estudio de las transiciones democráticas ha fijado su atención en los actoresformales, aquellos que negocian las formas de acceso y de ejercicio del poder.Pero debiera fijar su atención, con la misma disposición, en los sustentadores delos acuerdos políticos, aquellos que —con su acción o inacción, según el caso—fomentan y contribuyen al cambio del régimen autoritario, es decir, los actoresinformales o no-elite.

El enfoque del proceso político o de la estructura de las oportunidades políticaspresenta un ángulo interesante que conviene explorar detenidamente. Empero,

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una perspectiva de esta naturaleza tiene que poner la mirada en la bidireccio-nalidad del proceso, esto es, en los efectos recíprocos entre dicha estructura ylos movimientos sociales. Así podrá trascenderse la noción “electoralista” de lastransiciones, en especial la aplicada a la realidad mexicana, que sólo ve en los mo-vimientos sociales un apoyo o un instrumento más de la lucha política entre laselites.

NOTAS

1 Por transición entendemos: “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro...Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución delrégimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia,el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucio-naria”. O’Donnell y Schmitter, 1994, p. 19.

2 Ibíd., p. 47.3 De aquí parte el “argumento de la moderación” contra el que se rebela Bermeo (1997).

Según la autora, la organización popular radical no amenaza una transición democráticasi no modera sus exigencias y demandas en el momento de la negociación con las elitesautoritarias. No obstante, el “argumento de la moderación” tiene sus seguidores, comoHipsher (1998), quien asegura que el resultado de los movimientos sociales es la desmovi-lización y la institucionalización; o Tarrow (1997: 311), para quien “el poder en movimien-to... se desgasta y queda integrado en el proceso político”; o bien, Sastre García (1997:43), al sugerir la hipótesis siguiente: “el proceso de redemocratización español se sustentaen el pacto entre las elites que gozaron de un amplio margen para la negociación, favo-recido por la existencia de una sociedad políticamente desmovilizada”.

4 O’Donnell y Schmitter, 1994, pp. 79 y ss.5 Przeworski, 1995, pp. 91-92 y 94.6 Ibíd., pp. 96-97.7 Morlino, 1996, p. 108.8 Por movimientos sociales podemos entender “un desafío que busca un bien colectivo para

un grupo, mediante una variedad de tácticas, algunas de las cuales comprenden presionesno convencionales e incluso ilegales” (Oberschall, 2000: 26). O bien, “una forma de par-ticipación mediante la cual la acción colectiva política (la emprenden) segmentos de la po-blación en desventaja para conseguir el cambio político, desafiando a los detentores delpoder” (Sandoval, 1998: 169). [La traducción es mía]. En ambas definiciones está pre s e n-t e la idea del “desafío” a los gobernantes, una de ellas enfatiza en las tácticas y la otra enel objetivo.

9 Olvido del que se quejan Bermeo (1997), Ekiert y Kubik (1998), Seleny (1999) y Stevenson(1999).

10 McAdam, 1996, p. 27.11 Tarrow, 1997, p. 155.12 McAdam, 1996, p. 28.13 Tarrow, 1996, p. 56.14 Oberschall, 2000, pp. 26-30.15 Sandoval (1998) muestra esta dinámica en la transición brasileña. Una vez aprobada la

Constitución, los movimientos sociales y la nueva elite política se separan y se confrontan

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al distinguirse en sus intereses: los primeros buscan la solución a sus demandas aún no re-sueltas, las segundas se hacen adversas al conflicto y recurren a la represión.

16 La idea de la liberalización es simple: abrir las válvulas de la participación colectiva y asíasegurar la permanencia del régimen autoritario, restaurando la legitimidad erosionada.Sin embargo, casi por regla general, esta intención burocrática resulta contraproducente, pues la movilización popular se hace incontenible cuando se le permite.

17 Se excluye de las respectivas correspondencias los “alineamientos inestables”, pues, señalaTarrow (1997: 158), se presentan en las democracias liberales y se indican por la inesta-bilidad electoral. Como se comprende, las coaliciones partidistas no son posibles en un au-toritarismo, sea porque los partidos no existen como tales, o porque, existiendo, no seanreconocidos legalmente o tengan poca resonancia electoral.

18 Tarrow, 1997, pp. 269-270.19 Colomer, 2000. No se olvide que las caracterizaciones más relevantes, las primeras que

se hicieron sobre el asunto, fueron las de O’Donnell y Schmitter (1994), los duros y losblandos de los regímenes autoritarios y los maximalistas y minimalistas de los grupos deoposición partidaria, y la de Przeworski (1995), intransigentes y reformadores en el blo-que autoritario y moderados y radicales en la oposición.

20 Concepto que tiene un parecido de familia muy fuerte con la “ventana de oportunidadespolíticas” que Kindon maneja para las políticas públicas. “Estas ventanas son oportuni-dades para hacer avanzar ciertas iniciativas, pero se presentan y permanecen abiertassólo durante periodos cortos. Si los participantes no son capaces de aprovechar las opor-tunidades, tienen que esperar hasta una nueva oportunidad” (Elder y Cobb, 1996: 98).

21 O’Donnell y Schmitter, 1994.22 Przeworski, 1995.23 Morlino, 1996.24 Algunos ejemplos más o menos recientes. En la antigua Unión Soviética, las “oportunida-

des internacionales” fueron dadas por el retiro de tropas de Afganistán y el mensaje implí-cito de que los estados socialistas debían mirar por sí mismos (Misztal y Jenkins, 1995:327). En Chile, los elementos clave en el desarrollo de los movimientos insurgentes fueronlas divisiones en la elite gobernante, una historia previa de acción colectiva y el apoyobrindado a la protesta por los partidos políticos y la iglesia católica (Hipsher, 1998: 157).En Polonia, la actividad social independiente se desplegó en forma abierta cuando el sin-dicato Solidaridad fue reconocido legalmente por el régimen (Ekiert y Kubik, 2000: 20).

25 Uno de los factores que definen a un autoritarismo, según la ya clásica definición de Linz(1970: 212 y ss.), es la carencia de una movilización política intensa y extensa, sea porla aceptación pasiva de los ciudadanos o por la propia abstención a realizar toda activi-dad pública antigubernamental.

26 Misztal y Jenkins, 1995.27 Como apuntan Ekiert y Kubik (1998: 578), “en Europa del Este, la protesta se transformó

en uno de los modelos rutinarios de interacción entre el Estado y la sociedad, una carac-terística común de muchos regímenes democráticos al final del siglo veinte”.

28 Tarrow, 1997, p. 264.29 Sandoval, 1998, p. 173.30 Como se mira, es en un proceso de liberalización en el que, según la conocida definición

de O’Donnell y Schmitter (1994: 20), los gobernantes autoritarios se proponen “redefiniry ampliar los derechos”.

31 Hipsher, 1998, pp. 151-152.32 Sandoval, 1998, pp. 192-193.33 Lo que distingue a las transiciones prolongadas es, a decir de Loaeza (2000: 4-5), el tiem-

po tomado en “la construcción de los acuerdos relativos a los mecanismos de lucha por el

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poder, y los alcances de estos mecanismos”. Además, “la lentitud de las negociacionespuede explicarse por desacuerdos entre los actores en cuanto a la agenda de prioridades, osimplemente porque alguno de ellos —continuista o reformista— considera que el paso deltiempo le favorece”.

34 Partimos de la convención difundida de que la reforma política de 1977 marca el iniciodel proceso de liberalización mexicano. Por tanto, se entiende que no se considere el al-cance que —indudablemente— tuvieron los grandes movimientos de finales de los cincuen-ta y principios de los sesenta.

35 Esta es la historia recurrente que, en términos de Schedler (2001: 24), mantuvo a México—entre finales de los ochenta y principios de los noventa— en una transición prolongadadesde un autoritarismo electoral.

36 Conviene anotar que el movimiento de damnificados es la expresión más evidente de losmovimientos urbanos populares, cuya emergencia data de 1968. Dichos movimientos sec a r a c t e r i z a ron por mostrarse hostiles a la participación política partidista, movilizar susf u e rzas a partir de “lealtades primordiales” (comunidad, región y terruño) y localizar sus lu-chas ya no en el reino de la producción, sino en el del consumo (Carr, 1986: 15-16). Losefectos prácticos de las organizaciones urbanas en la democratización pueden verse, comolo planteó el desafío de los damnificados, en la disrupción de los patrones tradicionales delsistema político mexicano (clientelismo y patrimonialismo, principalmente), al asumirse co-mo interlocutores de peso a los cuales el gobierno debía tomar en cuenta (como fue el casode la planeación urbana después del terremoto de 1985). Y, aunque tales movimientosrenegaron al principio de los partidos políticos, su participación en las elecciones de 1988—donde fueron electos muchos miembros activos— fue un modo importante de enfrenta-miento con el partido oficial (Ramírez Saiz, 1990).

37 Tavera, 1999, p. 119.38 Davis, 1988, p. 109.39 Stevenson, 1999, p. 521.40 Ibídem.

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¿Puede la política de protesta servira la política partidista?

LI G I A TA V E R A FE N O L L O S A

El estudio de los procesos de democratización ha transitado paulatinamente deexplicaciones que privilegian los pactos que establecen las diferentes faccionesde la elite gobernante a aquellos que incorporan a actores de la sociedad civil,particularmente a los movimientos sociales.1 Este trabajo se inserta en esa líneay comparte la idea de que para entender los procesos de cambio democráticoresulta insuficiente mirar hacia la arena institucional y tomar en cuenta únicamen-te a los actores que participan en ella.

Sin embargo, a diferencia de las visiones más radicales que consideran a losprocesos de cambio democrático como procesos de abajo hacia arriba, es de-cir, como el resultado de movilizaciones y acciones contestatarias que impactanal estado desde la sociedad civil, este artículo sitúa la contribución de los movi-mientos sociales en su relación con los partidos políticos. Es decir, considera a losprocesos de democratización como el resultado de la combinación de estrate-gias partidistas y movilizaciones sociales. En este sentido, el texto también se ins-cribe en la discusión de las relaciones entre partidos y movimientos, un tema queha recibido la creciente atención tanto de sociólogos como de politólogos.2

El artículo es de carácter exploratorio y propone considerar a los movimien-tos sociales como insumos en procesos políticos más amplios. En este sentido, eltexto explora la interrelación entre la política partidista y la política contenciosay se pregunta acerca de las condiciones en las que esta última puede contribuira los procesos de democratización. Se explora, en part i c u l a r, la idea de que bajociertas condiciones, y con cierta independencia de las demandas y objetivosdeclarados, los movimientos sociales se convierten en recursos estratégico-discur-

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sivos para los partidos políticos. Se ofrecen algunas hipótesis en relación a lascondiciones en las que los partidos políticos pueden utilizar la acción contencio-sa de los movimientos para legitimar y avanzar su propia agenda política, asícomo las características que deben tener tanto unos como otros para que estose dé.

El texto está dividido en dos partes. En la primera se exponen brevementealgunas de las tendencias actuales en el estudio de la relación partidos-movi-mientos. En la segunda parte se plantean algunas hipótesis con relación a lascondiciones en las que la política de protesta puede servir a la política part i d i s t a .

Partidos y movimientos

Durante mucho tiempo, los científicos sociales interesados en el estudio de losmovimientos sociales y aquellos interesados en el estudio de los partidos políti-cos casi no interactuaron. Las barreras entre investigadores de uno y otro tema seexpresaban claramente en las dicotomías conceptuales comunes tanto en la lite-ratura sobre movimientos sociales como en la de partidos políticos tales como:c o m p o rtamiento institucionalizado v s. comportamiento no institucionalizado; polí-tica convencional vs. política no convencional; política de identidad vs. políticaelectoral o partidista; política de protesta vs. política tradicional. Esta mismaoposición se ha visto reflejada en las divisiones entre disciplinas. Así, mientrasque el estudio de los movimientos sociales ha pertenecido al campo de la socio-logía, el de los partidos políticos y los grupos de interés ha sido objeto de laciencia política.

Desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, la oposición parti-do-movimiento ha ocupado un lugar central en la distinción entre la perspectivaliberal de la política y el nuevo paradigma posliberal.3 Así, mientras que el pri-mero equipara lo político a lo público-estatal y otorga a los partidos políticos elpapel principal en la agregación y representación de intereses, el segundo nosólo plantea una concepción más amplia de lo político como una dimensión queatraviesa diferentes ámbitos o esferas de la sociedad más allá del estado y lasinstituciones políticas, sino que además otorga a los nuevos movimientos socia-les un lugar preponderante en el escenario social y político, en detrimento de lospartidos políticos. Los nuevos movimientos sociales han desplazado a éstos últi-mos debido a su incapacidad o desinterés para representar las nuevas preferen-cias y demandas de carácter posmaterial de este tipo de sociedades.4 Así, desdela perspectiva de los nuevos movimientos sociales, la propia noción de “movi-miento” se construyó en clara oposición a la noción de partido político y se de-

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finió como una entidad cuyo surgimiento se debía al fracaso de éstos últimospara adecuarse a las cambiantes preocupaciones sociales.

Para la ciencia política los partidos son los principales actores de las demo-cracias contemporáneas. Como ha sido señalado por Schmitter,5 los politólogos engeneral y los estudiosos de la democracia en particular consideran que: a) losp a rtidos políticos proveen el vínculo más importante entre los ciudadanos y los pro-cesos políticos; b) las plataformas de los partidos constituyen el mejor medio deagregación de demandas e intereses; c) la competencia partidista es el mejormecanismo para asegurar la rendición de cuentas; y d) los gobiernos viables sonposibles únicamente con la cooperación de los partidos. Desde esta perspectiva,los movimientos sociales son, en el mejor de los casos, actores políticos secun-darios y en el peor, una amenaza para el régimen, particularmente durante lafase de consolidación democrática.

Sin embargo, en los últimos tiempos, diversos autores han propugnado poruna mayor integración en el estudio de los movimientos sociales y los partidospolíticos. Desde la sociología de los movimientos sociales, particularmente en suv e rtiente norteamericana re p resentada por la teoría de las oportunidades políticasy la movilización de recursos, los argumentos a favor de una mayor integraciónenfatizan el hecho de que tanto los grupos de interés y los partidos políticos, comolos movimientos sociales, comparten el mismo espacio político y emplean ca-nales similares de acción. Los movimientos utilizan a las instituciones legales ypolíticas, mientras que los partidos políticos y los grupos de interés emplean for-mas de acción colectiva anteriormente asociadas únicamente con los movimientossociales. En palabras de McAdam, Tarrow y Tilly:6

La actividad de los movimientos sociales es elegida como una alternativa situacionalmented e t e rminada a una variedad de comportamientos que van de la acción colectiva no estru c-turada, a los grupos de interés, al activismo dentro de los partidos políticos y las institucio-nes políticas.

Otros autores enfatizan el hecho de que tanto los movimientos sociales, como losgrupos de interés y los partidos políticos están “en el negocio de influir al gobier-no”; reflejan todos partes de lo público y emergen de las mismas fuerzas sociales.Por lo tanto, deben ser estudiados en el mismo marc o .7 Finalmente, en la medidaen que los partidos políticos y los grupos de interés enmarcan identidades colec-tivas, la acción expresiva y la formación de identidades no pueden ser concebi-das como exclusivas de los nuevos movimientos sociales. De igual forma, la accióninstrumental no es privativa de los partidos políticos y de los grupos de interés.

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Los nuevos movimientos sociales también se orientan instrumentalmente. En con-secuencia, la radical separación entre partidos y movimientos característica dela teoría de los nuevos movimientos sociales debe ser matizada.8

Argumentos similares han sido desarrollados por politólogos interesados enel estudio de los partidos políticos. En un artículo reciente, Philippe Schmitter sos-tiene que en tanto intermediarios entre la sociedad civil y el estado, los partidospolíticos, los grupos de presión y los movimientos sociales tienen mucho en co-mún. Los tres son organizaciones que agregan demandas, están protegidos porla ley, son internamente autónomos y buscan incidir en las políticas públicas.9Por otra parte, en un contexto de crisis de representación de los partidos políti-cos y del consiguiente aumento en la política antipartidista, la política de pro t e s t a ,la política de un solo tema, o la política basada en un grupo, han reemplazadoa la política tradicional. En este nuevo escenario, los partidos políticos ya no sonmonopólicos. Enfrentan, de manera creciente, la competencia de los grupos deinterés y de los movimientos sociales.10 Más aún, en el marco del declive en lacredibilidad de la mayoría de las ideologías partidistas (aunque no de todas,piénsese por ejemplo en el valor de la democracia) y de la convergencia haciaun rango relativamente estrecho de objetivos de política generales, los ciudada-nos actúan a través de organizaciones especializadas, más que a través de lospartidos políticos renuentes a ser identificados con causas particulares por temorde enajenar a parte de su electorado.11

La creciente convergencia en el estudio de la política partidista o convencio-nal y de la política de protesta puede ser observada por ejemplo en la creaciónde nuevos términos tales como: organización de intereses (la combinación degrupo de interés y de organización del movimiento social;12 el término partidode interés (la combinación de grupo de interés y partido político);13 o el de par-tido-movimiento.14 También puede observarse en la propuesta realizada porvarios de los más prominentes teóricos estadounidenses en el estudio de los mo-vimientos sociales de sustituir el estudio de éstos últimos por el análisis de la polí-tica contenciosa.1 5 Entender cómo se entremezclan la política partidista y la accióncontenciosa, particularmente en relación a los procesos de cambio democrático,es entonces cada vez más relevante.

Sin embargo, dicha tendencia no debería pasar por alto las especificidadesde cada uno de estos actores. Los movimientos sociales poseen característicasp a rt i c u l a res que los distinguen de los partidos políticos y viceversa. Los partidos po-líticos son organizaciones formales que buscan representar intereses relativam e n-te estables, persiguen objetivos a largo plazo y buscan mediar entre difere n t e sdemandas. Su acción se plantea dentro de los límites del sistema político. Losmovimientos sociales son una forma de acción colectiva basada en redes de

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solidaridad, se caracteriza por el conflicto y por romper los límites de compati-bilidad del sistema al que los actores involucrados se refieren. En palabras deMelucci:

Los movimientos son medios que nos hablan por medio de la acción. Su mensaje centralconsiste en el hecho de que existen y actúan. Con ello indican a la sociedad que hay unproblema que concierne a todos sus miembros, en torno al cual están surgiendo nuevasformas de poder. Del mismo modo, los movimientos declaran que aquello que la estructu-ra de poder presenta como solución al problema no sólo no es la única posible sino queoculta una serie de intereses, el núcleo de un poder arbitrario y la opresión. Por medio delo que hacen y de su forma de hacerlo, los movimientos anuncian que existen otros cami-nos, que siempre habrá otra forma de enfocar un asunto, y que las necesidades de los in-dividuos o de los grupos no pueden reducirse a la definición que de ellos hace el poder.16

Sin embargo, tal y como lo plantea Melucci, para que estos mensajes sean tra-ducidos a “decisiones” es necesario que existan canales institucionales de repre-sentación y mediación. Es decir, los movimientos sociales no pueden sobreviviren las sociedades complejas sin los partidos políticos o sin alguna otra forma derepresentación política.17

En este sentido, el surgimiento de movimientos sociales y otras formas no ins-titucionalizadas de protesta no sólo apuntaría al papel decreciente de los parti-dos políticos en las sociedades contemporáneas, sino también a un amplio campode posibilidades de relación entre ellos que iría desde la independencia políticaestricta, la colaboración táctica, la incorporación, la cooptación, la absorción yla adherencia voluntaria, hasta la competencia.

Además de las relaciones arriba señaladas entre partidos y movimientos,existen otras formas de vinculación posibles. A continuación se plantean algunashipótesis relativas a la idea de que una vez que aparecen en la esfera públicalos movimientos se convierten en recursos estratégico-discursivos para los part i d o spolíticos.

Hipótesis

El argumento parte de la idea de Melucci18 de que los movimientos sociales sonmedios que nos hablan a través de la acción y de que su mensaje central se ma-nifiesta en el hecho de existir, de emerger a la superficie y hacerse visibles. Eneste sentido, se postula que la utilidad potencial de los movimientos sociales comorecursos discursivos para los partidos políticos radica menos en las demandasde éstos últimos que en los mensajes codificados en sus acciones.

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Sin embargo, como cualquier evento o situación, las acciones de los movimien-tos sociales pueden ser interpretadas de diferente manera por los diferentes acto-res (los medios, los partidos políticos, el estado, etcétera). En particular, losadversarios defienden interpretaciones diferentes e incluso opuestas acerca delsignificado de la acción colectiva. El proceso de interpretación es una actividadcompetida en la que la legitimidad de los diversos actores es particularmente im-portante para determinar cuál de las interpretaciones prevalece. Esta lucha designificados tiene lugar en una arena estructurada culturalmente, en un campode posibilidades que elimina algunas posibles interpretaciones y amplifica otras.En consecuencia, el valor de los movimientos sociales como recursos discursivo-estratégicos dependerá del sistema de referencia dentro del cual se interprete laacción y del poder de los diversos actores para imponer su lectura de los acon-tecimientos. En particular se plantea que en la medida en que el surgimiento deun movimiento social contradiga las bases culturales de los arreglos instituciona-les, y de que los actores dominantes vean reducida por alguna razón (crisis decredibilidad por ejemplo) su capacidad para ofrecer interpretaciones alternati-vas, los movimientos sociales serán un mensaje poderoso del cual podrán echarmano los partidos políticos para cuestionar la legitimidad de dichos arreglos.

No obstante, para que lo anterior pueda darse, los movimientos sociales debenexhibir ciertas características. La capacidad que tienen los movimientos socialespara hacer visibles problemas y tensiones que de otra manera permaneceríanocultos por la lógica misma del sistema, radica en gran parte en el hecho de quese construyan desde la sociedad civil. En consecuencia, consideramos que úni-camente aquellos movimientos que sean percibidos como autónomos, sin vín-culos con algún partido u organización política podrán ser utilizados por lospartidos políticos. Para que los mensajes codificados en las acciones de los mo-vimientos sociales puedan convertirse en insumos para los partidos políticos, éstosdeben ser leídos como manifestaciones cívicas, como formas de acción no con-taminadas por intereses partidistas “oscuros” y “sospechosos”. Por lo tanto, en lamedida en que un movimiento social pueda ser desacreditado ante la opiniónpública por su vinculación con las autoridades o con algún otro actor con unaconnotación política negativa, menor será la posibilidad de que sea utilizado co-mo un recurso estratégico-discursivo por algún partido político.

Aún cuando un movimiento sea percibido como autónomo y sus accionespuedan ser interpretadas dentro de los marcos de referencia existentes comomensajes que cuestionan la legitimidad de los arreglos políticos, no todos lospartidos tenderán a apoyar o enmarcar sus demandas con base en la movili-zación social. Dos factores parecen ser part i c u l a rmente relevantes para determ i n a rcuáles de ellos lo harán o no: la ideología partidista y la posición del partido

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respecto a la acción colectiva contenciosa. Así, consideramos que en la medidaen que exista una afinidad ideológica (ya sea ésta aparente o real) entre un mo-vimiento social y un partido político, será más probable que éste último percibaal primero como un recurso. Asimismo, establecemos que en la medida en que unpartido político se oriente hacia la arena movimientista, será más probable queconsidere a los movimientos como recursos. En otras palabras, más que los par-tidos orientados hacia la arena electoral, serán aquellos orientados hacia la so-ciedad civil, quienes tenderán a usar a los movimientos sociales como insumopolítico.

Conclusiones

Los avances en las teorías cognoscitivas y constructivistas de la acción humanaapuntan a la comprensión de los fenómenos de acción colectiva como procesosen los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y tomandecisiones. Desde esta perspectiva, la acción colectiva, por su mera existencia,re p resenta en su forma, acciones y modelos de organización, un mensaje que setransmite al resto de la sociedad. Este artículo establece que, por el sólo hechode movilizarse, los movimientos sociales generan recursos capitalizables porotros actores políticos. Comprender la manera en la que la acción contenciosacontribuye a la política partidista requiere entonces alejarse de las interpretacio-nes centradas en los movimientos, en favor de interpretaciones en las que éstos sonvistos como insumos en procesos políticos más amplios. Desde esta perspectiva,el impacto democratizador de los movimientos sociales no radica ni exclusiva niprincipalmente en sus demandas de democratización,19 ni en su contribución ala creación o redefinición de una cultura política más democrática, como ha sidofrecuentemente señalado,20 sino en la posibilidad de convertirse en un recursolegitimador de las demandas de cambio democrático de los partidos políticos yde otros actores institucionales.

NOTAS

1 Cohen y Arato, [1992] 2000; Brysk, 1994; Schneider, 1995; Melucci, 1999; Oberschall,2000.

2 Jenkins y Klandermans, 1995; Grant, 1998; Costain y McFarland, 1998; Melucci, 1999;Schmitter, 2001; Bartolini y Mair, 2001.

3 Offe, 1985.4 Offe, 1985; Johnston, Laraña, Gusfield, 1994; Inglehart, 1990.5 Schmitter, 2001, p. 67.6 McAdam, Tarrow y Tilly, 1996, p. 27.

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7 Burstein, 1999, pp. 39 y 55.8 Calhoun, 1994.9 Schmitter, 2001, pp. 70-71.10 Ibídem.11 Grant, 1998.12 Burstein, 1999, p. 45.13 Yishai, 1994;14 Morlino, 2001.15 McAdam, Tarrow y Tilly, 1996.16 Melucci, 1999, pp. 126-127.17 Ibíd., p. 105.18 Melucci, 1999.19 Tilly, 1994, p. 22; Przeworski, 1991, p. 61; Maravall, 1982, p. 12,20 Foweraker, 1993; Escobar and Alvarez, 1992; Hellman, 1992, p. 58.

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Perspectivas subnacionales

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Las presiones populares y el papel de las regionesen la transición a la democracia en México

AL B A TE R E S A ES T R A D A CA S T A Ñ Ó N

Las transiciones a la democracia hacen referencia a los cambios de régimen quese produjeron de fines de los años setenta a fines de los ochenta del siglo pasa-do en países de Europa como España, Portugal y Grecia, y de América Latinacomo Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Perú.1 Se trataba del repliegue de lasdictaduras militares que en las décadas precedentes habían encabezado el asal-to al poder derrocando gobiernos constitucionales mediante métodos golpistas oentrando al relevo en situaciones de ingobernabilidad y crisis de los gobiernosciviles. A diferencia de estos procesos, las transformaciones del régimen autori-tario mexicano y su progresiva democratización no surgen de la ruptura previadel Estado de derecho, el posterior colapso de la dictadura y la refundación deun orden constitucional. La democratización del autoritarismo mexicano se da a lolargo de un proceso de reformas que abarca un extenso periodo.

A pesar de que en el año 2000 se traspasó el último umbral que impedía unaa l t e rnancia plena con la llegada de un candidato de oposición a la presidencia dela República, sigue siendo un asunto dudoso si el avance de la democracia elec-toral en México es resultado de un proceso de liberalización2 o de democratiza-ción.3 A diferencia de un proceso de democratización, uno de liberalizaciónestaría impulsado y dirigido desde arriba.

Entiendo por democratización el proceso histórico por el que una sociedad opaís adopta un régimen político4 apegado a principios democráticos, se dota delas instituciones propias de un estado democrático y dirime la lucha por el poderapegándose a estas disposiciones. Como puede verse, la amplitud con que se con-ciba la democratización dependerá de cómo se conciba, a su vez, la democraciay el régimen democrático.

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Según Garretón5 un régimen democrático sería aquél que realiza sus “funcio-nes”6 sobre la base de ciertos principios y mecanismos: principios como los desoberanía popular, estado de derecho, vigencia de las libertades públicas, losderechos humanos, el pluralismo y la alternancia en el poder; y mecanismos co-mo el voto, la existencia de partidos, las constituciones políticas, la separaciónde poderes, etcétera.

Karl propone una definición de democracia como:

...conjunto de instituciones que permiten a la totalidad de la población adulta actuar comociudadanos, eligiendo a sus principales representantes políticos en elecciones regulares,libres y competitivas, desarrolladas en un contexto de respeto a la ley, garantías de liber-tades políticas y limitación de las prerrogativas militares.7

Definida así, es un concepto político que incluye varias dimensiones: competenciapolítica por la representación pública; participación de la ciudadanía a travésde partidos, asociaciones y otras formas de acción colectiva; responsabilidad delos mandatarios y control civil sobre las fuerzas armadas.

Una concepción amplia de democracia y de régimen democrático está ínti-mamente ligada al tema de la participación y la ciudadanía de la misma maneraque ésta no puede ser concebida con independencia del tipo de comunidad polí-tica en la que se inscriben los ciudadanos. Para Chantal Mouffe: “Es realmenteimportante reafirmar la visión de la ciudadanía como un sistema de derechosconstitucionalmente garantizados para todos los miembros de una comunidadpolítica”; estos derechos, “deben ser no solamente políticos sino también socia-les”.8 Pero, aunque es innegable que la institución de derechos definidos es unacuestión esencial en la protección del espacio público, es asimismo evidente quela hegemonía del mercado, instaurada a partir de las transformaciones del Estadobenefactor y del embate neoliberal, re p resenta una amenaza no sólo para la ex-tensión de esos derechos, sino incluso para la pre s e rvación de su estatuto actual.

En la perspectiva de reconciliar teoría y realidad en el estudio de las demo-cracias modernas Dahl9 p ropone el término p o l i a r q u í a para englobar las diver-sas democracias que realmente existen, estableciendo una especie de escala quep e rmita medir la proximidad o lejanía de un régimen a un sistema democrático.Para Dahl, contestación y participación son las dos dimensiones teóricas funda-mentales de la democratización: la primera se refiere a la amplitud con que unrégimen facilita la oposición, el debate y la lucha política; la segunda dimensiónse refiere a la capacidad de representación de un régimen o sea la amplitudcon que se garantiza el derecho a part i c i p a r. Los regímenes cercanos a la poliar-quía serían aquellos que garantizan de una manera más o menos completa los

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derechos asociados a estas dos dimensiones. “Así pues, cabría considerar laspoliarquías como regímenes relativamente (pero no completamente) democráti-cos; o dicho de otra manera, las poliarquías son sistemas sustancialmente libera-lizados y popularizados, es decir, muy re p resentativos a la vez que francamenteabiertos al debate público”.10

Para la perspectiva elitista de la democracia,1 1 los requisitos para la existenciade una democracia se reducen a: 1) pluralismo social; 2) elites diversas y en com-petencia que circulan y son accesibles; 3) un consenso básico al menos entre laselites sobre las reglas de la competencia democrática y 4) elecciones que pro-porcionan oportunidades regulares para que los ciudadanos participen en laselección de funcionarios públicos.

La fuente de inspiración de los teóricos elitistas es Schumpetter, quien en Capi-talismo, socialismo y democracia, trata de separar conceptualmente los aspectosdescriptivos de los aspectos éticos y normativos implicados en el término, criti-cando a la teoría clásica por confundir en el concepto de democracia el “deseodel pueblo” (fuente de autoridad) y “el bien común” (propósito). Para él, la de-mocracia es sobre todo un procedimiento: “El método democrático, dijo, es esea rreglo institucional para llegar a decisiones por medio de una lucha competitivapor el voto del pueblo”.12 En la visión schumpetteriana, la democracia permitea los ciudadanos elegir entre diversas elites, en elecciones periódicas, libres ycompetitivas. En el mismo tenor, Huntington1 3 define “un sistema político del sigloXX como democrático en la medida en que los más altos niveles de quienes to-man decisiones son seleccionados a través de elecciones transparentes, hones-tas y periódicas en las que los candidatos compiten libremente por los votos yen las cuales virtualmente toda la población adulta es elegible por el voto.” Estavisión promueve lo que algunos han llamado “democracia mínima”.

Pero aún en su concepción mínima, no se puede obviamente democratizar alsistema político y a la sociedad sin remover las condiciones que sustentan al sis-tema autoritario. De acuerdo con Silvia Gómez Ta g l e ,1 4 “el cambio de un sistemaautoritario de partido hegemónico a una democracia en funcionamiento re q u i e retres cosas: una transformación de las reglas (leyes electorales e instituciones) conel fin de garantizar la transparencia electoral; la confianza de los ciudadanos enlas elecciones como un medio para obtener el poder; y la presencia de partidospolíticos autónomos y competitivos.”

Coincido con Garretón15 en que es inadecuado englobar los diversos proce-sos de democratización que han tenido lugar en América Latina bajo el conceptode transiciones a la democracia, como si se tratara de una teoría general deldesarrollo equiparable a la teoría de la modernización; para Garretón es másadecuado hablar de democratización política. En América Latina tenemos al me-

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nos tres tipos de democratizaciones políticas16 de las cuales sólo una puedeidentificarse estrictamente con el término transiciones. México se inscribe clara-mente como un proceso del tercer tipo; por ello preferiría referirme al cambiopolítico que ha tenido lugar aquí en las últimas décadas como democratizaciónmás que como transición a la democracia. Sin embargo, para mantener la unidadtemática y discursiva del volumen colectivo en el que se inscribe esta colabora-ción usaré el término transición democrática para referirme al caso de México.

Mi punto de vista es que la democratización en México es el resultado de unreclamo democrático impulsado desde abajo al que —no sin resistencia y coer-ción— las elites gobernantes han respondido con reformas que modifican deuna manera limitada las reglas e instituciones que regulan la participación y eljuego político. Estos cambios, realizados desde el poder —más con el ánimo deacotar sus alcances que de promoverlos efectivamente—, por mínimos que seancrean nuevas oportunidades políticas para los actores hasta entonces excluidosasí como para la canalización de sus reclamos. La apertura desde arriba es en-tonces potenciada en sus posibilidades y extendida en sus límites por nuevas pre-siones desde abajo. Los movimientos sociales se articulan al sistema de partidos,van fortaleciendo la vía del sufragio, transformando con su práctica el significadodel voto y ampliando el espacio público.17 Avanzan a través de una dinámicaque podemos comparar con un sistema de compuertas y esclusas: las reformasson las compuertas que deben abrirse cuando la presión de las aguas se elevaa un nivel máximo. Las aguas son las presiones desde abajo que amenazan conel desbordamiento y van llenando progresivamente las esclusas abiertas. Impul-sadas por los movimientos, el conflicto y la protesta, nuevas compuertas y esclusasdeberán abrirse para darle cauce a los flujos y reflujos turbulentos. Cuando la de-mocracia constituye un reclamo reiterado de los movimientos, éstos tarde otemprano darán lugar a nuevas reformas e irán ampliando los cauces abiertos.18

C o n c u rrencia partidaria, competencia electoral y sistema de partidos en Méxicoavanzan de manera lenta pero consistente desde 1979 hasta llegar a la elec-ción de 1988. En este sentido, los movimientos sociales, se sostiene aquí, hanjugado un papel fundamental en el proceso de democratización del sistemapolítico mexicano.

En su estudio comparado de las transiciones en América Latina, Karl19 haseñalado la importancia que tiene en el resultado de cada transición el tipo derégimen autoritario que la precede ya que el punto de llegada estaría condicio-nado por el punto de partida. Por otro lado, la democracia y la ciudadanía, comoel pro g reso económico, no son conquistas irreversibles. Pueden sufrir re t rocesos eincluso saltos atrás, sobre todo si hablamos de transiciones de reciente cuñoque no han consolidado institucional ni culturalmente sus avances democráticos.

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Es entonces conveniente analizar qué es lo que cambia en la “transición” mexi-cana tomando en cuenta las especificidades del régimen autoritario de marrasy analizando de qué manera sus rasgos originales condicionan los resultadosdel proceso.

El régimen autoritario y la democratización en México

El carácter de la transición mexicana es aún objeto de debate. Como muchasotras transiciones puede verse como un proceso dirigido por “el talento y la vo-luntad de las elites”.20 Sin embargo, un balance en perspectiva histórica nos re-vela que no se trata de un proceso terso ni su impulso principal proviene de laselites como ocurre con los procesos de liberalización. Por lo menos desde 1958podemos encontrar numerosos ejemplos de un reclamo democrático desde aba-jo que enfrentó permanentemente resistencias desde arriba. La reforma políticade 1977, que abre paso a la lenta apertura del sistema político autoritario, puedeverse como producto de esa dinámica. Este mismo análisis puede aplicarsetambién a la década de los ochenta que culmina en la elección de 1988 y exten-derse incluso hasta la elección presidencial del 2000.

Dado que en el caso mexicano, como se ha señalado, no se produce uncolapso del régimen autoritario y una refundación constitucional, es necesarioanalizar cómo van cambiando los componentes que han hecho del sistema po-lítico mexicano un sistema cerrado. Salta a la vista, en primer término, que setrata de cambios paulatinos y muy dilatados en el tiempo. Un aspecto menos visi-ble, pero no menos importante, es el de los actores y la dinámica que impulsanestos cambios. No parece ser el sistema autoritario quien promueve, motu pro-pio, su transformación. Los cambios son consecuencia de presiones externas alrégimen —de los actores nacionales y locales y las contradicciones que operanen el contexto internacional— más que de sus impulsos internos. Existen elemen-tos históricos para sostener que las fuerzas que han impulsado esas modificacioneshan sido principalmente los movimientos sociales desde la arena del contrapodery, en menor medida, las presiones de sectores influyentes como la elite empresa-r i a l .2 1 La escasa visibilidad de las presiones desde abajo en la dinámica de re f o r-mas del sistema político mexicano se debe en buena medida al carácter re g i o n a ly local de la protesta.22

El régimen autoritario mexicano

Cuando se analizan las características del sistema político mexicano, la estabili-dad suele destacar como una de las más sobresalientes. Más de siete décadas

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de permanencia del partido que en 1929 institucionalizó el pacto re v o l u c i o n a r i ohicieron del PNR-PRM-PRI la organización política más longeva del mundo, una vezdisuelto el bloque de repúblicas soviéticas socialistas y su partido de Estado(PCUS). Hay que aclarar, sin embargo que, como ha puesto de relieve Juan Mo-linar,23 en México no ha regido un sistema político sino dos claramente diferen-ciados entre los que media un periodo de transición. El primero (1917-1935)era un sistema político caracterizado por una articulación laxa de institucionesy fuerzas políticas dispersas, mientras que el segundo (1946-1988) “tiene unaarticulación muy centralizada de instituciones y fuerzas políticas más concentra-das”. Por mi parte, considero necesario diferenciar en éste un tercer sistema queempieza a gestarse en 1979 y culmina en 2000 y que podría identificarse entérminos generales con un periodo de transición que conduce a través de refor-mas sucesivas a un sistema político más abierto.

Como quiera que sea, es evidente que las principales características que hi-cieron del régimen mexicano un sistema político cerrado quedaron definidasdespués de la reforma política de 1946.24 Esta reforma tuvo su complemento enla transformación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), de inspiracióncardenista, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comprometido con lastendencias conservadoras, pro empresariales y pro yanquis representadas porMiguel Alemán (1946-1952).

P residencialismo, centralismo, corporativismo, sistema de partido hegemónicocon pluripartidismo formal y elecciones no competitivas pero que se realizan deforma regular como mecanismo para legitimar a quienes ocupan puestos de re-presentación o de gobierno; subordinación del poder militar al mando civil; usoalterno y discrecional de la represión, la cooptación y la negociación como res-puesta a los disidentes y a las expresiones de protesta, son rasgos que se conso-lidan en este periodo.25 Son estos mismos los rasgos que de manera paulatinase van transformando a partir de 1979.

Llama la atención, sin embargo, que a pesar de que el régimen autoritariomexicano basó su estabilidad más de lo que se cree en sus poderes de coerc i ó ny no obstante que afrontó circunstancias históricas similares a las de otros paíseslatinoamericanos donde se instauraron dictaduras castrenses —crisis económi-cas, auge del anticomunismo, ingerencia estadunidense en la política interna,desafío de movimientos armados de izquierda, movilización obrera y campesi-na— y no obstante que empleó a fondo la fuerza y la violencia para enfrentarla oposición política y la protesta —se llegó incluso a situaciones de ilegalidaddurante la guerra sucia de los años setenta— no se da una ruptura del ordenconstitucional ni se plantea una situación de ingobernabilidad generalizada queimpulse el relevo militar del gobierno de la República. ¿Qué es lo que permitió

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al régimen autoritario mexicano sobrevivir a la crisis de legitimidad de los añossetenta y preservar el control político frente a la oposición manteniendo a los mi-litares en los cuarteles?

El punto de vista que se expone aquí es que la apertura del régimen autori-tario a partir de 1977, más que las medidas represivas que refuerzan el controlpolítico, fueron el principal factor para hacer posible tal sobrevivencia. La pérd i d ade legitimidad que evidenciaba el régimen desde los años sesenta por su intole-rancia y su escasa representatividad se agudiza durante los años setenta por laexacerbación de la violencia y la re p resión gubernamentales contra los opositore sarmados y los disidentes políticos. Después de la masacre estudiantil de 1968que lleva a muchos jóvenes, maestros e intelectuales a enrolarse en organizacio-nes clandestinas que promueven la lucha armada contra el régimen, éste enfren-ta a partir de 1971 un nuevo ciclo de protesta con el ascenso del movimientoc a m p e s i n o ,2 6 la insurgencia sindical democrática y el auge de frentes electoralesy populares en la lucha por los ayuntamientos. Para 1976 sólo el candidato delPRI se presenta como candidato a la presidencia.

Llegado a este punto, el relevo militar asoma como alternativa para la preser-vación del régimen autoritario; pero ello significaría la derrota de la clase políti-ca que ha usufructuado a través del partido oficial las prebendas de la hegemoníafundada en un Estado que institucionalizó el programa de la Revolución Mexica-na. Ante ello, la apertura limitada del sistema político se presenta como la mejoropción que los políticos tienen frente al posible relevo, pues si se trata de man-tener la gobernabilidad a punta de fusil, los militares pueden hacerlo mejor y nonecesitan para ello la intermediación de los políticos. Es la legitimidad emanadadel pacto revolucionario, su ideología, su discurso y su programa la que funda-menta la dominación del régimen priísta, pero también lo ata al compromiso depreservar esa legitimidad como condición para mantener la gobernabilidad.Este rasgo peculiar del régimen mexicano hace que la apertura se perciba co-mo la mejor opción ante el cuestionamiento de su legitimidad y el desafío queenfrenta por la acción de la guerrilla, la movilización campesina y sindical, y laprotesta social.27

La temporalidad de la transición mexicana

Diversos autores han llamado la atención sobre algunas peculiaridades de latransición mexicana como su temporalidad y el carácter mismo del proceso:¿cuándo ocurre y de qué proceso se trata? ¿es una liberalización política o unademocratización?28

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A diferencia de las transiciones sudamericanas y Europeas, en la transiciónmexicana no se produce una ruptura institucional ni un colapso súbito del régimenautoritario; tampoco se da una refundación constitucional como condición parael arribo a la normalidad democrática. Observamos que los cambios son pau-latinos y se expresan como cambios en el régimen más que como un cambio derégimen. No hay una coyuntura precisa que se pueda señalar claramente comopunto de partida de la transición o al menos, no existe un acuerdo generalizados o b re cuál sería esa coyuntura: para algunos —entre quienes me cuento— daríainicio con la reforma política de 1977 que introduce cambios en el significadodel voto y en el papel de los partidos políticos, abriendo la posibilidad de unacompetencia electoral efectiva y una alternancia real en el poder;29 para otrosno arranca sino con la elección crítica de 19883 0 que por primera vez articula unfrente político capaz de disputar al partido del régimen el triunfo en la elecciónpresidencial; para otros más, la transición no se consumaría sino hasta la elec-ción presidencial de 2000 que traspone el último umbral para el arribo de lademocracia representativa.

Lo que este desacuerdo refleja es la falta de claridad en cuanto al punto departida, que también nubla el punto de llegada de la transición mexicana. La di-ficultad para caracterizarla radica en parte en que la pensamos desde unavisión centralista y sincrónica mientras que en realidad se trata de un procesodiacrónico y desigual. La transición mexicana no es un proceso uniforme y uni-tario: mezcla ritmos y direcciones diversas y encontradas. Su falta de sincroníase manifiesta, por lo menos, en dos planos: el espacial y el temporal. En el planotemporal el desarrollo de las reformas es dilatado y gradual: las característicasautoritarias del régimen no se modifican de una vez por todas ya que no se creauna nueva constitución sino que se producen paulatinamente reformas parcialesde la misma y se transforman las instituciones lentamente. Una parte importante delavance se plasma en los organismos responsables de organizar y garantizar laconfiabilidad de las elecciones. De organismos totalmente centralizados y con-trolados por el gobierno-partido se avanza lentamente a organismos cada vezmás representativos y autónomos hasta llegar a la ciudadanización total de losmismos tanto a nivel federal como estatal.

En el plano espacial, los cambios tampoco tienen una aplicación simultáneay generalizada: mientras que en algunos municipios y estados se libran tempra-namente luchas cívicas por el respeto al sufragio, se desarrolla la competenciapartidaria y se logra la ciudadanización de los organismos electorales,31 enotros municipios y regiones del país existen amplios segmentos de la poblaciónque carecen de los más elementales derechos cívicos y políticos. La transición a lademocracia en México es un proceso que va de abajo hacia arriba y de las re-

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giones al centro, pero que se expresó en cambios legales limitados cuyo impactose produce desde el centro hacia las regiones. La forma en que se ha produci-do el cambio político en México es el resultado de presiones desde abajo a lasque el régimen ha respondido de tres maneras: a) mediante pactos de domina-ción y concesiones en el terreno de la política social hacia los sectores corporati-vizados; b) alternando re p resión y cooptación frente a las expresiones disidentesy las organizaciones independientes; c) introduciendo en última instancia re f o rm a slegales y cambios institucionales que responden a las demandas y a la políticacontenciosa de los movimientos aunque de forma tardía e indirecta.

Lo que apreciamos en este proceso es que el sistema resistió 20 años deluchas contra el autoritarismo y de reclamo democrático a lo cual respondió conrepresión y concesiones esporádicas. En 1977 el régimen implementa una res-puesta política a su crisis de legitimidad y al desafío de los movimientos ar-mados: el 6 de diciembre de ese año, el Diario Oficial de la Federación p u b l i c alas reformas y adiciones a 17 artículos de la Constitución y promueve una nue-va ley reglamentaria, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Elec-torales (L F O P P E) que normaría las elecciones federales de 1979. Con esta re f o rm apolítica inicia la transformación del régimen autoritario que había prevalecidodesde 1946 y con ella la lenta “transición” hacia un sistema más democrático,proceso que no culmina en términos formales sino hasta la elección presidencialde 2000.

A un paso de emular las dictaduras militares genocidas del Cono Sur, la clasepolítica mexicana respondió al desafío de los movimientos armados y a la movi-lización social de los años setenta con una reforma política de mayor trascen-dencia que los intentos aperturistas de Luis Echeverría (1970-1976). A partir de lareforma política de 1977 se otorgó el registro a organizaciones de izquierdaantes proscritas, como el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista de losTrabajadores; se emitió una ley de amnistía para los ex militantes de los movi-mientos armados no involucrados en delitos de sangre; se amplió el esquema dere p resentación y el sistema de partidos mediante el aumento del número de miem-bros del Congreso y la introducción de la figura de representación proporcional;se declaró a los partidos políticos en los organismos electorales que fungían comoinstancias gubernamentales e inició un lento proceso de ciudadanización de esosorganismos que culminó en los años noventa. Se consagraron el pluralismo y latolerancia, proscritos en la práctica previa del partido dominante.

Una vez que esta reforma modificó condiciones básicas para dar cabida anuevas opciones de participación y contestación, estableciendo un sistema electo-ral mixto con dominante mayoritario, el espacio político se fue ampliando paula-tinamente con el empuje de los movimientos dando un nuevo sentido a la lucha

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electoral.32 A partir de ahí, reformas de menor envergadura se suceden rápida-mente a lo largo de los ochenta y en menor medida en los noventa, hasta culminaren la reforma de 1996 que establece órganos electorales plenamente ciudada-nizados. Aunque no siempre los cambios son progresivos, la tendencia generalconsolida el juego electoral como arena de lucha política y fortalece al sistema departidos: la concurrencia electoral aumenta y crece la competencia electoral. Enlugar de partidos que asumen un papel dócilmente subordinado, éstos se con-vierten en instrumentos que aglutinan a la oposición, luchan por el poder y enfre n-tan al partido hegemónico por las ventajas que éste extrae de su relación con elEstado.

Antes de que una fuerza nacional se erijiera en 1988 en un frente electoralcapaz de disputar al PRI la presidencia de la República, numerosos conflictos yjornadas de lucha se desarrollaron a lo largo de los años setenta y ochenta a ni-vel municipal para convertir en derecho positivo las nuevas reglas del juego po-lítico consagradas en la reforma del 77 y redefinidas en los sucesivos códigoselectorales que se plasman en los años ochenta y noventa. Estas luchas muestrancómo la acción de los movimientos presiona la reforma del sistema.

La transición en los estados

Los avances democráticos en México no son irreversibles. Existen amenazas yobstáculos en el contexto internacional, nacional y local que impiden el avancede la ciudadanía y la consolidación de instituciones y prácticas democráticas.En el orden internacional, el retroceso de las libertades y derechos ciudadanosen Estados Unidos no favorece las expectativas de avance democrático en elmundo.33

En el contexto nacional, las corrientes conservadoras que se han fortalecidocon la llegada de un presidente de derecha fuertemente respaldado por intere s e se m p resariales, transnacionales y clericales, carecen de interés en pro f u n d i z a r losalcances del cambio democrático. Vicente Fox y la elite política y económica queha tomado el control del gobierno han abandonado cualquier compromiso conuna reforma del Estado porque no desean una democracia que vaya más alláde la alternancia. Existen en la práctica más continuidades que rupturas entre elancien regime y el gobierno del cambio, no sólo en términos del modelo econó-mico, sino también del proyecto político. No se desea ampliar la representaciónni incentivar la participación ciudadana porque es preferible tener una pobla-ción apática desinformada y analfabeta que enfrentar el activismo y la crítica deuna ciudadanía interesada en la política. Inclusive un órgano como el IFE ciuda-danizado que sirvió a Fox de garante para el reconocimiento de su triunfo, resul-

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ta incómodo cuando se trata de rendir cuentas y transparentar los fondos re c i b i d o spara su campaña vía “Los amigos de Fox”. Diversas declaraciones del manda-tario han denotado, también, que desearía restaurar la cómoda mayoría quepermitía a los presidentes priístas garantizar la aprobación de todas sus inicia-tivas por el Congreso. A este deseo ha respondido su activismo partidario y sutono de campaña que le ha valido reproches hasta del partido que patentó esapráctica.

En el contexto regional, las fuerzas centrífugas representadas por los podereslocales de corte caciquil han adquirido nuevo vigor al debilitarse la autoridadpresidencial y relajarse la correa de transmisión que hacía del presidente el granelector y el punto de convergencia del poder nacional. Este proceso se evidencióya desde la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando políticos localescomo Roberto Madrazo en Tabasco y Victor Cervera Pacheco en Yucatán desa-fiaron directrices del centro y desatendieron decisiones de organismos federaleselectorales y judiciales. Se hizo ostensible también en la presencia abierta y mi-litante de Rubén Figueroa en la designación y campaña del priísta René Juáreza la gubernatura de Guerrero (1999-2005), no obstante que pesan sobre aquéldiversas demandas de juicio político por su responsabilidad en la matanza deAguas Blancas (28 de junio de 1995) que lo obligaron a renunciar como gober-nador a mediados de 1996.

Con la ruptura de la cadena de mando que operaba a través de la fusión PRI-gobierno, a partir de 2000 se debilita también la relación que subordinaba lospoderes locales al gobierno central. Aunque esta subordinación se basaba enbuena medida en la dependencia presupuestaria de las economías estatales ymunicipales respecto de las participaciones federales —situación que no ha cam-biado en lo esencial— tenía también un sustento político que otorgaba un lide-razgo indiscutible al presidente en turno al que rara vez los poderes locales sea t revían a desafiar. Con una cámara baja sin mayoría absoluta de ningún part i-d o y bajo un pacto federal con cuatro gobernadores perredistas y veinte priístas( o rganizados en la Conferencia Nacional de Gobern a d o res, Conago) y ocho go-bernadores panistas, es evidente que el presidente Fox está en una correlaciónde fuerzas muy distinta de la que establecieron sus antecesores.

El presidente Fox enfrenta hoy no sólo la imposibilidad de realizar sus refor-mas estructurales por la oposición circunstancial de priístas y perredistas en elC o n g reso, sino también por la amenaza de una rebelión de gobern a d o res, comose vio en el asunto de los recortes presupuestarios a los estados en 2002.

La reducción del aparato de Estado que impulsan los políticos neoliberalesmerma la densidad institucional para implementar las disposiciones y garantizarla efectividad normativa. Existen regiones fuera del imperio de la ley como han

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hecho patente los narcotraficantes que han derribado helicópteros de la policíajudicial en Guerre ro. También hay otras que se rigen en la práctica por sus pro p i o susos y costumbres —como en Oaxaca y en otros estados— pero estas situacio-nes de interlegalidad no están reconocidas y sancionadas en el derecho vigente.Otras más se rigen por relaciones de poder clientelares donde el cacique suplea la ley con base en la existencia de condiciones de carencia y desigualdad. Enestas condiciones, debilidad institucional, pobreza y aislamiento se presentancomo los principales obstáculos para el avance de la democracia en las entida-des. El avance de la democracia sólo puede sostenerse en esas condicionessobre los hombros de la propia ciudadanía. Ante ello, la principal alternativaparece ser el reconocimiento de la diversidad de expresiones culturales y formasde organización política que existe en la geografía política mexicana y el estí-mulo a la formación de organizaciones intermedias en la gestión de las solucio-nes a problemas colectivos de las comunidades, pueblos y ciudades.

NOTAS

1 Linz y Stepan, 1978; Schmitter, O’Donell y Whitehead, 1986; Huntington, 1993.2 Karl, 1990; Cansino, 1991.3 Lujambio, 1996.4 De acuerdo con O’Donell y Schmitter (1986, v. 4) una transición política es “el intervalo

entre un régimen político y otro entendiendo por régimen el conjunto de patrones, explíci-tos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones guber-namentales, las características de los actores que son admitidos y excluidos de este accesoy los recursos y estrategias que pueden usarse para tener acceso”. Siguiendo a estosautores, Cansino (1991:10) concluye que “la transición de un régimen autoritario a unodemocrático supone el cambio de un conjunto de arreglos institucionales y prácticas polí-ticas definidos y controlados discrecionalmente por la elite en el poder, por otro acuerdoen el que la definición y el funcionamiento de las estructuras y prácticas políticas se sometana la discusión, estén garantizadas por la constitución y estén respaldadas por la participa-ción ciudadana. De esta manera, los momentos de transición están definidos por el cues-tionamiento de los arreglos institucionales y las prácticas políticas; esto es, por la ausenciade consenso sobre ellos y la lucha por la definición y establecimiento de unos nuevos.”Para una distinción conceptual entre régimen, sistema político y Estado véase Aguilar(1984).

5 Garretón, 1999, p. 16.6 Estas funciones están dadas por los problemas que un régimen político resuelve (el autor

no usa la palabra funciones). Para Garreton los problemas que un régimen político resuel-ve son: “Primero, quién y cómo se gobierna la sociedad, es decir el problema de gobiern oy conducción general de la sociedad. Segundo, cómo se relacionan los individuos, los su-jetos, la gente con el Estado, es decir, el problema de la ciudadanía. Tercero, el modocomo los actores interactúan y canalizan sus conflictos y demandas sociales, es decir, elproblema de la regulación del conflicto” (1999, p. 16).

7 Karl, 1990, p. 214.

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8 Mouffe, 1992, p. 4.9 Dahl, 1989.10 Dahl, 1989, p. 18. Dahl propone un conjunto de garantías institucionales para ejercer efec-

tivamente la posibilidad de participar y disentir. Estas son: libertad de asociación; libertadde expresión; libertad de voto; elegibilidad para la cosa pública; derecho de los líderespolíticos a competir en busca de apoyo; diversidad de fuentes de información; eleccioneslibres e imparciales (1989, p. 15).

11 Bachrach, 1967.12 Cit. por Huntington, 1993, p. 6.13 Huntington, 1993, p. 7.14 Gómez Tagle, 2003, p. 1.15 Garretón, 1999, p. 17.16 Ibíd., pp. 19-20.17 Muestra de ello es que la primera elección federal competitiva por la presidencia en México

se llevó a cabo en 1988 a partir de un frente electoral (el Frente Democrático Nacional)que dio fuerza y viabilidad a la candidatura del expriísta Cuauhtémoc Cárdenas más porel entusiasmo y la participación de la sociedad civil que por la solidez del sistema de par-tidos. En esta elección se produce un realineamiento electoral sin que el principal candida-to opositor pertenezca a ninguno de los partidos que integran el frente que lo postula. ElPRD —el partido de Cárdenas— no se funda sino un año después de esa elección.

18 Esta dinámica entre protesta y reforma, entre la acción de los movimientos y el cambio po-lítico e institucional, pretende describir en términos generales el proceso mexicano en unperiodo histórico dado. Resulta dudoso que pudiera generalizarse para analizar la interac-ción entre movimientos sociales y sistema político en cualquier régimen de tipo autoritariodada la importancia que las estructuras de poder previas tienen en el devenir del procesodemocratizador, según ha establecido Terry Lyn Karl (1990).

19 Karl, 1990.20 Schmitter, cit. por Arriola, 1994, p. 3.21 Aunque los empresarios han sido siempre un sector privilegiado en la interlocución con el

Estado y su acción no ha girado en torno a la democracia sino en pro de sus intereses,indirectamente han contribuido a minar uno de los pilares del autoritarismo mexicano: elp residencialismo. Cadena Roa (1988: 286) menciona un ejemplo de intervención del empre-sariado en el acotamiento del autoritarismo durante el gobierno de Miguel de la Madrid(1982-1988): “En el orden político —señala Cadena Roa— la demanda empresarial contrael nepotismo y la corrupción son atendidas. Aún la demanda de limitar las facultades delEjecutivo es asumida (cursivas mías). A este respecto, el marco constitucional sufrió impor-tantes re f o rmas. Una de las más significativas se dio en diciembre de 1982 a fin de... limitarde jure la intervención del Estado en la economía. En particular se limitan las facultadesexpropiatorias del Ejecutivo”.

22 Siguiendo a Esinger (1973:13), adopto el término protesta para referirme a “un conjuntode conductas conceptualmente distintivas” y no en el sentido común entendido como “cual-quier reconvención o cualquier forma de objeción ya sea verbal o activa”. Para Esinger “Eltérmino protesta se refiere a una multitud de tipos de manifestaciones colectivas, disrupti-vas por naturaleza, destinadas a proveer de poder de negociación en el proceso p o l í t i c oa gente relativamente desposeída”. Se le puede distinguir de otras formas de objeción ver-bal y violencia colectiva por varias características que omito por razones de espacio.

23 Molinar, 1991, p. 17.24 Favela, 2000.

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25 Hermet y Linz, 1986; Meyer, 1985; Cosío Villegas, 1975; Favela, 2002, Gómez Tagle,2003; Cadena Roa, 2003.

26 Bartra, 1977.27 Los ciclos de protesta protagonizados por campesinos y pobladores urbanos y el resurgi-

miento de la insurgencia sindical democrática encabezada por el SUTERM abrió a partir de1971 un nuevo frente en el cuestionamiento del autoritarismo mexicano ya bastante ero-sionado en su legitimidad por la confrontación con los movimientos armados. Se conso-lidan nuevas formas de lucha cuya expresión orgánica “fue la creación de numerososfrentes y coaliciones populares de carácter regional e independiente, que proliferaron portodo el país: El Comité de Defensa Popular de Chihuahua, el Frente Popular de Zacatecas,el Campamento Tierra y Libertad de la Huasteca Potosina, las Coaliciones Obrero-Campe-sino-Estudiantiles del Istmo y de Oaxaca (COCEO y COCEI), el Comité de Defensa Pupularde Durango, el Frente Ti e rra y Libertad de Monterre y, la Unión Campesina Independiente dela Sierra de Puebla y Veracruz, actuantes aún en los ochenta, surgieron en esta etapa”(López Monjardín, 1986, p. 73).

28 Karl, 1990; Cansino, 1991; Lujambio, 1996.29 Es verdad que las re f o rmas constitucionales de 1977 y la L F O P P E re p re s e n t a ron una apert u-

ra muy limitada, pero dado que existía un fuerte impulso desde abajo para abrir el sistemapolítico expresado a través de numerosos conflictos, esta re f o rma fue suficiente para canali-zar el reclamo democrático hacia la lucha electoral fortaleciendo a la larga la competenciaelectoral y el sistema de partidos. A partir de 1979, la conquista de la alternancia selogra gradualmente no sin intensas movilizaciones y conflictos electorales: primero la oposi-ción conquista el poder en los municipios (Alcozauca en 1980), luego en los estados (BajaCalifornia en 1989) y finalmente en el poder de la federación (en el 2000).

30 Molinar, 1991.31 Como en el caso de San Luis Potosí, que contó con órganos electorales estatales plenamen-

te ciudadanizados antes incluso que esto se lograra en el nivel federal (Gómez Tagle,2002).

32 Fueron necesarias nuevas jornadas de lucha y conflicto para hacer efectivas las limitadasopciones de esta reforma y traducir las normas en cambios efectivos que posibilitaran unavance democrático. El periodo 1983-1986 es de conflicto electoral y lucha cívica contrala imposición. Existe registro de numerosos conflictos municipales entre 1983 y 1984 (Ló-pez Monjardín, 1986) y también en 1986 en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.Aumenta también el número de impugnaciones y protestas por fraude en las eleccionesfederales en 1982 y 1985 (Gómez Tagle, 2002, p. 250). La movilización logra que la di-námica en el tratamiento de los conflictos se modifique: mientras en la elección federal de1982 y en elecciones locales conflictivas entre 1983 y 1984 la protesta enfrenta la intran-sigencia y la represión como respuesta de las autoridades, hacia 1985 tanto el partidooficial como los funcionarios electorales muestran “tendencia a llevar a la oposición alterreno de la negociación más que a confrontarse con ella en la lucha electoral abierta”(Gómez Tagle, 2002, p. 251).

33 James Petras, entre muchos otros, ha advertido que “la guerra está demostrando el pro f u n d ocrecimiento del autoritarismo en regímenes que apoyan a Estados Unidos”, en La Jornada,5 de abril de 2003, p. 18. Cabe recordar también que el anticomunismo promovido porEstados Unidos durante la guerra fría y la Operación Cóndor estuvieron tras la emergen-cia de las dictaduras militares en América del Sur durante los años sesenta y setenta.

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Transición democrática y Estado de derecho.El conflicto en torno a la integración del Consejo Estatal

Electoral del Estado de Yucatán, 2000-2001

FR A N C I S C O MI G U E L AR R I E T A VE L Á Z Q U E Z

Desde finales de los años ochenta comenzó en nuestro país un periodo de tran-sición marcado por dos hechos trascendentales: los resultados de la elecciónfederal de 1988, en que la oposición logró colocarse como una incipiente fuerz aelectoral, y los resultados de la elección del 2 de julio de 1989, en que por pri-mera vez en la historia un candidato distinto al del PRI ganaba una gubernatura.

A partir de ese momento, aumentaron los triunfos electorales del PAN y PRD,principalmente. Las elecciones fueron cada vez más competitivas y se dieron ca-sos de alternancia como en Chihuahua, donde después del triunfo panista en lagubernatura, al siguiente período volvió a gobernar un priísta. Estos procesostuvieron su cúspide en los resultados de la elección federal del 2 de julio de2000.

La transición es producto de diversas causas pero para el caso que nos ocupava engarzada en un binomio de democracia y el principio de legalidad, el cuala través del Estado de derecho se convierte “en el principal elemento protectorde los derechos de las constituciones modernas”.1 Así, el objetivo del presentetrabajo es analizar cómo los procesos de transición democrática van indisoluble-mente ligados al establecimiento de un Estado de derecho. Sin embargo, como lastransiciones son procesos graduales, el apego irrestricto a los principios de lega-lidad también lo es. Si bien en las democracias desarrolladas el Estado de dere-cho es condición consubstancial a las mismas, en las sociedades en transición a lademocracia aquél se encuentra en un proceso de consolidación.

Esto no quiere decir que en las democracias consolidadas todos los procesospolítico-electorales se lleven a cabo en perfecta armonía entre los distintos acto-

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res; lo que pasa es que cuando se suscita un conflicto, la maquinaria institucio-nal lo soluciona y las partes asumen y acatan dicha decisión. Para ilustrar estecaso re c o rdemos que en la más reciente elección presidencial en Estados Unidos,los votos definitorios fueron los del estado de Florida y para poner una solucióna la problemática intervinieron las máximas autoridades judiciales.

El conflicto preelectoral en el estado de Yucatán se inició el 31 de agosto de2000 cuando la fracción del PRI en el Congreso del Estado ratificó en sus cargosa los integrantes del Consejo Estatal Electoral que presidía desde 1994 Elenadel Castillo. El PRD se inconformó ante las autoridades jurisdiccionales competen-tes porque, a su juicio, se violentaron diversas disposiciones legales. Siguió unlargo proceso jurisdiccional y un conflicto político en el que intervinieron autori-dades del más alto nivel, tanto locales como federales, tanto del poder Ejecutivocomo del Legislativo. Lo que estaba en juego no era la permanencia o no de losintegrantes del Consejo Estatal Electoral sino la violación al Estado de derechoy el desacato flagrante de las disposiciones del máximo órgano jurisdiccionalfederal. Se generó un clima político en el que el Tribunal Electoral del Poder Judi-cial de la Federación puso en práctica todos los medios de apremio a su alcancepara hacer valer la ley y restablecer el Estado de derecho.

Transición democrática y Estado de derecho

Dentro de los estudios sobre transición destaca la obra de Huntington2 sobremás de 30 casos de transiciones hacia la democracia que se dieron de 1974 a1990 en diversos países de Europa y América Latina. El autor clasifica los pro-cesos de transición en tres grupos: transformación, reemplazo y traspaso. En lastransformaciones las elites del poder toman las riendas del proceso hacia la de-mocracia y el régimen autoritario se quiebra; en los reemplazos se establecenvínculos entre gobierno y oposición, y entre moderados y extremistas; en los tras-pasos se une la acción del gobierno con los grupos de oposición.

Ninguno de los casos estudiados por Huntington corresponde al mexicano.Aquéllos son Estados autoritarios, en toda la extensión de la palabra, lo cual noes estrictamente el caso del Estado mexicano de fines del siglo XX. Existen variasdiferencias, una de ellas es que en México se gestaba un proceso de transicióndemocrática desde hacía varios años que tuvo tres elementos que no necesaria-mente son el principio y fin del proceso, sino más bien lo enmarcan: a) La re f o rm apolítica de 1977 que abrió las puertas a los partidos de oposición al Congresoa través de la re p resentación pro p o rcional; b) La creación de órganos autónomospara la organización y calificación de las elecciones y para la resolución decontroversias jurisdiccionales: el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral

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del Poder Judicial de la Federación; c) La elección del 2 de julio de 2000 en queganó una opción distinta a la que ocupó la presidencia de la República duran-te 70 años.

Por su parte, Linz3 analiza las transiciones iniciadas por los líderes de losregímenes autoritarios en las que se requiere la cooperación de la oposición de-mocrática, como en la transición española. Identifica también casos de ruptura,como Turquía y Portugal en 1974. Sin embargo, estos modelos clasificatoriostampoco son aplicables al caso mexicano. Finalmente, la propuesta de Cárde-nas4 adolece de problemas similares, por lo que se propone una definición pro-pia del término.

El concepto de transición propuesto implica un proceso de cambio socialque presente, al menos, tres características: a) el régimen que va abandonandoel poder presenta serios problemas para su reproducción y es documentable suprobable quiebra; b) los partidos opositores van ganando cada vez más espa-cios electorales y tienen posibilidades reales de ganar la presidencia de la Re-pública mediante elecciones; c) existe incertidumbre sobre quién va a ganar laselecciones.

En el caso de la elección para presidente de la República del año 2000 sedieron los tres supuestos: el régimen presentaba serios problemas para su re-producción y el PRI registraba una baja en las preferencias electorales desde1988; los partidos de oposición fueron ganando cada vez más gubernaturas5 ylas principales presidencias municipales, dejándole al PRI alcaldías eminentemen-te rurales; a diferencia de elecciones anteriores, en la del 2 de julio del 2000existía una duda real sobre quién podía ganar la elección presidencial.

El conflicto yucateco

Este conflicto inició el 31 de agosto de 2000, cuando la fracción del PRI en elCongreso del Estado de Yucatán,6 sin el voto de las otras fracciones parlamen-tarias, ratificó en sus cargos a los integrantes del Consejo Estatal Electoral quepresidía desde 1994 Elena del Castillo. De acuerdo con el Código Electoralvigente,7 la ratificación de los consejeros ciudadanos, debía ser por mayoría ca-lificada de las cuatro quintas partes de la legislatura (20 miembros) y no comose hizo, por mayoría simple de los diputados priístas (15 miembros). El arg u m e n t ousado por la fracción del PRI fue que al momento de la votación sólo estaban pre-sentes ellos mismos por lo que la aprobación fue por unanimidad de los diputa-dos presentes. Cabe señalar que los consejeros ciudadanos son propuestos porlas fracciones parlamentarias del Congreso en un afán de integrar un órganoplural. Sin embargo, la manera como se procedió en esa ocasión rompía coneste principio.

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Ante este hecho, el P R D se inconformó, por considerar que se estaba violandola legislación electoral local. Este fue el fundamento jurídico del problema, perosu trasfondo político consistía en que el P R I había interpretado la ley electoral locala su manera para ratificar a los integrantes del Consejo Estatal Electoral, presu-miblemente afines a dicho partido.

El 12 de octubre de 2000, la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, en juicio de revisión constitucional electoral pro m o v i d opor el PRD, dictó sentencia por la cual se revocó el decreto del 31 de agosto delC o n g reso del Estado de Yucatán y ordenó la reposición del procedimiento de de-signación del Consejo Estatal Electoral.

El 14 de octubre, el Congreso del Estado de Yucatán8 expidió el Decreto 286en el que sostenía que sólo 14 de los 59 candidatos postulados al Consejo Esta-tal Electoral satisfacían los requisitos, por lo que designó a los mismos 14 conse-j e ros ciudadanos propietarios y suplentes que había designado desde el pasado31 de agosto de 2000. Con esta acción se pretendía cumplir la sentencia delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando en realidad nue-vamente se tergiversaba la ley para que los mismos consejeros continuaran ensus cargos.

El 15 de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral dictó nueva sen-tencia en los juicios de revisión constitucional promovidos por el PAN y el PRD

revocando el decreto del 14 de octubre del Congreso del Estado. El 13 de di-ciembre y ante el persistente desacato del Congreso del Estado de Yucatán a lasentencia referida, la Sala Superior del Tribunal Electoral, a fin de reparar la vio-lación constitucional y legal cometida por el Congreso del Estado de Yucatán yhacer prevalecer el Estado de derecho, acordó iniciar la plena ejecución de susentencia. De esta suerte, el propio Tribunal Federal se encargaría de la desig-nación de los consejeros ciudadanos. El 29 de diciembre la Sala Superior llevóa cabo la sesión pública en la cual re s u l t a ron insaculados siete consejeros ciuda-danos propietarios y siete suplentes del Consejo Estatal Electoral del Estado deYucatán.

No obstante que el máximo Tribunal en materia electoral ya había definidola integración del Consejo Estatal Electoral, el 12 de marzo de 2001, el Congre-so del Estado publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yu c a t á n elDecreto 412 por el cual se establecía un nuevo Consejo Electoral del Estado deYucatán integrado con catorce consejeros propietarios y catorce suplentes. Conesto el Congreso del Estado entraba en flagrante violación a lo dispuesto por elmáximo órgano jurisdiccional reiterando su desacato al ignorar la sentencia delTribunal Federal.

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Dos días después, la Sala Superior del Tribunal Federal sostuvo que el Decre t o412 no cumplía la sentencia ni lo ordenado por la propia Sala. Con esto se de-jaba abierta la posibilidad de impugnación directa ante la Suprema Corte deJusticia de la Nación. Esta situación marcaba un caso insólito en la historia juris-diccional de este país en que una institución electa desacataba e ignoraba lasentencia de un órgano jurisdiccional federal y éste, al verse imposibilitado decumplimentar su sentencia, pedía la intervención de la Suprema Corte de Justiciade la Nación.

En la tercera semana de marzo de 2001, el PAN, el PRD y el PT presentaron elrecurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 412 ante la Suprema Cort ede Justicia de la Nación, la cual invalidó, el 7 de abril, las reformas contenidasen dicho decreto. El máximo tribunal del país, además, apercibió al gobernadorVíctor Cervera Pacheco, al Congreso del Estado y a los consejeros designadospor esa legislatura a entregar los recursos y las instalaciones del Consejo Elect o-ral en un plazo no mayor de 24 horas a partir de la publicación de esta re s o l u-ción en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe destacar que el gobernador Víctor Cervera Pacheco no había part i c i p a-do en este conflicto en su calidad de jefe del Ejecutivo Estatal. Sin embargo, ensu calidad de jefe del priísmo yucateco había tenido un papel determinante, sobretodo en relación con las decisiones tomadas por la fracción de su partido en elCongreso local. En este sentido, como priísta, el gobernador daba seguimientoy controlaba la actuación de la mayoría priísta en el Congreso, pero como jefedel Ejecutivo estatal no intervenía, sino dejaba el asunto y la responsabilidad enmanos del Congreso local.

También es importante hacer notar que durante este conflicto los partidos deoposición mantuvieron en el Congreso local su rechazo absoluto a cualquier ac-ción que no estuviera apegada a la sentencia del Tribunal Federal.

Finalmente, los consejeros ciudadanos insaculados por el Tribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federación recibieron oficialmente (el acto inició a las23:59 horas del 9 de abril y concluyó a las 00:32 del 10 de abril), toda la docu-mentación y el edificio del Instituto Electoral del Estado de Yucatán para reiniciarsus funciones. Con la ausencia de los consejeros, Elena Castillo Castillo y LuisHumberto Baeza Burgos, los demás consejeros de ambos cuerpos colegiados (eldesignado por el Congreso local y el designado por el Tribunal Federal) firmaronel documento, ante la fe del Notario Público número 93, José Luis López Martín,con lo que concluyó el conflicto.

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Conclusiones

En el conflicto en torno a la integración del Consejo Estatal Electoral del Estadode Yucatán participaron varias instituciones y organizaciones públicas que condiferentes criterios e interpretaciones de la ley realizaron acciones que fueronimpugnadas por los partidos de oposición. Sin embargo, en vez de generarsesoluciones apegadas a derecho, cada una de las partes esgrimió sus propioscriterios y lo complicó a tal grado que tuvo que intervenir la Suprema Corte deJusticia de la Nación para destrabar la problemática que en el propio ámbitoinstitucional y en el entramado jurídico local no pudo ser resuelta.

En virtud de que el conflicto no se pudo solucionar en el ámbito local, las diver-sas instituciones involucradas, si bien cedieron un poco en sus posturas, tuviero nque dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión final e inata-cable. Pese a todas las dificultades, la Suprema Corte de Justicia de la Naciónjugó un papel fundamental al definir por la vía legal-institucional la solución delconflicto y, lo más importante, que finalmente prevaleció el Estado de derechoaun cuando en varias ocasiones se vio violentado por el Congreso del Estado yel Consejo Estatal Electoral designado por el propio legislativo estatal.

En cualquier Estado de derecho siempre van a existir diferencias de inter-pretación de la ley, o actores que quieran tergiversar la ley a su favor; sin em-bargo, lo importante es que en ese momento entre en funcionamiento el sistemainstitucional para la solución de las controversias y posteriormente las partesacepten el fallo de las autoridades competentes. Cabe destacar que si bien nues-tro sistema institucional funcionó correctamente en la última instancia, el casoilustrado aquí destacó por un flagrante desacato del Congreso local a una deci-sión del máximo Tribunal Electoral del país. En virtud de lo anterior se requiereavanzar en el proceso de consolidación de las instituciones para que los acuerd o sde éstas sean respetados por todas las organizaciones que conviven en el am-biente institucional y se acaten los fallos jurisdiccionales. En el supuesto de quehubiera posteriores inconformidades la vía de solución deberá ser inequívoca-mente ubicada en el entramado institucional.

Así, independientemente de los resultados electorales del 2 de julio de 2000en que se registró la alternancia para el caso de la presidencia de la República,n u e s t ro país re q u i e re urgentemente un proceso de consolidación de las institu-ciones y un respeto irrestricto al Estado de derecho. La interpretación de las leyesdeberá recaer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no en otras insti-tuciones públicas o privadas.

La transición democrática va indisolublemente ligada al Estado de derecho ylos actores, individuales e institucionales, deben estar conscientes de que para

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consolidar esta transición deben respetar irrestrictamente las decisiones institu-cionales, las cuales no sólo dan cohesión al entramado jurídico sino también danlegitimidad al sistema político en su conjunto. Si bien alcanzar un Estado de de-recho es un proceso gradual, también es cierto que actitudes como el flagrantedesacato a un fallo jurisdiccional ya no pueden ser sostenidas. La fuerza del pro-ceso de democratización obliga a las instituciones a inscribirse en una nuevaetapa de apego a la legalidad.

Por otra parte, el proceso de institucionalización del Estado de derecho no só-lo es un proceso gradual sino registra diferentes ritmos y alcances a nivel federaly en las entidades federativas. Mientras que en los órganos jurisdiccionales fede-rales existe una amplia conciencia y certeza del actuar con apego al derecho, enalgunas entidades federativas persisten intentos de intervención facciosa de ley.El mismo supuesto operaría para las instituciones municipales, las cuales tienend i f e rentes grados o niveles de madurez institucional debido a diferentes factore s .

Si, como nación, logramos conjuntar la transición a la democracia con elEstado de derecho estaremos avanzando realmente hacia un nuevo estadío quenos colocará más cerca del ideal de la democracia, entendida esta no sólo comouna forma de elegir a nuestros gobernantes sino como una forma de vida. La so-lución está no sólo en los actores políticos y en las instituciones, sino también enlos ciudadanos que con nuestros actos debemos defender día a día los princi-pios arriba señalados, educar a nuestros hijos e hijas con principios democráticose impulsar una nueva época en que la convivencia cotidiana se enmarque en unrespeto a las instituciones y al Estado de derecho.

NOTAS

1 Elster y Slagstad, 1999, p. 34.2 Huntington, 1994.3 Linz, 1990,4 Cárdenas, 1994.5 La primera gubernatura la ganó el PAN en 1989. Para mayo de 2001 se contaban 12 gu-

bernaturas, más la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, en manos de la oposición.6 La LV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán (1998-2001) estuvo integrada por 25

diputados: 15 del PRI, 8 del PAN, 2 del PRD.7 Dicho Código estuvo vigente desde 1994 hasta el 29 de junio de 2003, en que fue refor-

mado.8 Si bien se encuentran representadas otras fracciones partidarias en el Congreso local, la

fracción priísta tenía mayoría y presidía la Gran Comisión. Las fracciones del PRD y PAN es-taban en contra de las decisiones que sus pares tomaban por mayoría en este asunto.

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Perspectivas nacionales

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El papel de los liderazgos políticos en la transición mexicana a la democracia: Heberto Castillo

LA U R A IT Z E L CA S T I L L O JU Á R E Z

Heberto y la izquierda

H e b e rto tenía poco más de 30 años de edad cuando comenzó su part i c i p a c i ó nen el Movimiento de Liberación Nacional (M L N) al lado del general Lázaro Cárd e-nas. Esta organización re p resentó la idea más clara de la unidad de la izquier-da mexicana con el cardenismo y el nacionalismo revolucionario. En 1961, alp a rticipar en la Conferencia Latinoamericana por la Emancipación Económica, laSoberanía Nacional y la Paz, se constituye el M L N del cual Castillo se conviert een destacado dirigente, re c o rriendo desde entonces incansablemente el país. Es enesos años cuando se acerca a Enrique González Pedre ro, a López Cámara y aVíctor Flores Olea.

En 1966 preside la delegación mexicana que acude a La Habana, Cuba,para participar en la Conferencia Tricontinental de la Organización Latinoame-ricana de Solidaridad (Olas), promovida por Salvador Allende, Cheddi Jaggany el propio Castillo.

En 1968 participa como dirigente del movimiento estudiantil, era entoncesprofesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dentro de la Coalición de Pro-fesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, al lado deLuis Villoro, Eli de Gortari y José Revueltas. El jueves 29 de agosto de ese mis-mo año, Heberto Castillo declaraba en la Facultad de Medicina, después de ha-ber sido brutalmente golpeado en las afueras de su domicilio, al tratar de seraprehendido por elementos de la policía judicial: “la agresión que sufrí es ungrave error de quienes la ordenaron, yo no tengo más armas que mis ideas [...]debe restablecerse la vigencia de la Constitución”.

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Heberto descubrió que esta petición de respeto a la Constitución era más sub-versiva que las utopías socialistas. El reconocimiento de los valores de la gestamexicana marcó el camino para las nuevas organizaciones. No debemos olvi-dar que los proyectos de la izquierda negaban el papel de la Revolución de1910, con los ojos puestos en las revoluciones de inspiración marxista triunfan-tes, tan fragmentadas como la propia izquierda mexicana.

Después de permanecer en la clandestinidad durante nueve largos meses, esfinalmente capturado por militares en la calle de Reforma, en Coyoacán, y remi-tido a la cárcel de Lecumberri donde conforma —junto con estudiantes, trabaja-dores y profesores— un círculo de estudios que engendra la idea de formar unpartido político al salir de prisión.

Heberto comprende la necesidad de crear un instrumento de lucha capaz dederrotar al régimen priísta. Sale de Lecumberri con la firme convicción de cons-truirlo y convencer al pueblo para que lo tome en sus manos, de manera quesean los trabajadores del campo y de la ciudad el pivote para la transformacióndel país.

Con su característica ironía, Heberto criticaba las estructuras de las organi-zaciones comunistas, a las que consideraba demasiado rígidas y dogmáticas.Las comparaba con las órdenes religiosas: primero tenían que ser postulantes,luego aspirantes, para después llegar al noviciado y así ir ascendiendo poco apoco según la norma estatutaria. Cuestionaba, asimismo, sus mitos ideológicosy planteaba, desde entonces, la necesidad de construir un partido de masas queretomara los postulados del nacionalismo revolucionario, que enarbolara lasbanderas de los héroes de la Independencia, la Reforma y la Revolución: un so-cialismo a la mexicana —decía.

Ahora, esta actitud puede no sorprendernos, sin embargo, en aquel periodola izquierda mexicana se debatía entre el socialismo soviético o el chino, conimágenes de Mao, Lenin, Marx y el Ché Guevara. A diferencia de lo que pasaahora, la izquierda tenía una actitud de desprecio hacia la iconografía nacional.Cuando Heberto propuso cambiar el emblema de la hoz y el martillo por un no-pal para la formación de lo que finalmente fue el Partido Socialista Unificado deMéxico (P S U M), no sólo significó una herejía, les pareció incomprensible y ridículala idea de incorporar un elemento nacional. Este tipo de discusiones, junto conalgunas diferencias estratégicas, llevaron a la escisión del Partido Mexicano delos Trabajadores (PMT) en aquel intento unificador de una parte fundamentalde la izquierda mexicana.

Al salir del penal de Lecumberri, en 1971, impulsa la formación del ComitéNacional de Auscultación y Organización para formar un nuevo partido al ladode luchadores e intelectuales destacados como Demetrio Vallejo y Luis Villoro,

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con quienes finalmente constituiría el PMT. Es de resaltar que, en un principio,participan en esta idea Carlos Fuentes y el propio Octavio Paz, pero posterior-mente se alejan.

Los acontecimientos del 2 de octubre dejaron la impresión de la imposibilidadde las salidas políticas para el país. Heberto planteó en 1971 la necesidad dep a rticipar dentro de los cauces legales con la apertura democrática anunciada porLuis Echeverría a partir de la liberación de los presos políticos. Ello, pensabaCastillo, permitiría las condiciones mínimas para que la oposición hiciera políti-ca, como lo demostraron los acontecimientos ulteriores. Sin embargo, la matanzadel 10 de junio empañó el ambiente y desató el radicalismo de muchas agrupa-ciones políticas que se plantearon la disyuntiva: revolución o reforma.

A partir de esta situación, las críticas se centraron en la descalificación delnaciente proyecto de partido y del propio ingeniero Castillo.

Desde la clandestinidad primero y después en la cárcel, permanentemente uti-lizó sus artículos periodísticos en la revista Siempre! y en el periódico Excélsiorpara transmitir y comunicar su verdad. Político, académico, científico, legislador,articulista... todas las trincheras fueron sus estafetas para poder luchar y conven-cer con la Constitución Política bajo el brazo.

“Lo recuerdo Constitución en mano, para gritar la realidad de una vida polí-tica de engaño y exigir que se escuchara la voz de una juventud burlada. Porello sufrió persecución y cárcel...” —diría Luis Villoro— a raíz de la muerte deHeberto en 1997.

A su salida, se enfrentó a otro reto. La izquierda oscilaba entonces entre dosextremos: de un lado, el oportunismo, corromperse con el sistema so pretexto detransformarlo. En el otro lado, la violencia, el odio y la muerte, bajo la máscarade una revolución imposible. Heberto, no sin titubeos, escogió, una vez más, laúnica vía verdadera: optó por la organización de un partido nuevo que recha-zara las dos ilusiones tradicionales de la izquierda mexicana; el compromiso delos unos con un sistema corrupto y el dogmatismo y autosuficiencia de los otros.

La cruzada por la democracia puede ser expresada a través de las mismaspalabras de Heberto. Lo que sigue es fragmento de un artículo suyo publicadoel 19 de febrero de 1979:

...hace algunos años era casi imposible señalar como responsable de algún mal actode gobierno al Presidente de la República y salir con vida. Ahora ya no. Hemos ganado agolpes, encarcelamientos y muertes de compañeros, el derecho a responsabilizar al pro-pio Presidente de la República de acciones de gobierno equivocadas y hasta antipatrióti-cas. El derecho a la crítica se ha ampliado no por gracia del poder público, sino por lalucha de campesinos, ferrocarrileros, electricistas, mineros, profesores, médicos, estudian-

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tes y de quienes, desesperados, se fueron a la guerrilla rural o urbana [...] Los movimientosde 1958-1959, de 1965, de 1968, mandaron a centenares de mexicanos a la cárcel—a Demetrio Vallejo por 11 años y 4 meses— y muchos hogares se llenaron de luto. Peroesas luchas sembraron en las masas semillas de libertad. Ahora podemos expresarnos conmayor amplitud gracias a esos encarcelados, gracias a esos desaparecidos, gracias aesos muertos. El camino, ciertamente, se hace al andar. Y camino hacemos.

La formación del PMT, el intenso trabajo sobre la defensa de nuestros recursosnaturales y su solidaridad con los trabajadores, lo llevaron a contar con un lide-razgo indiscutible y paradójicamente controvertido, tanto en la izquierda comoen el pensamiento científico académico de avanzada.

Heberto y el petróleo

Hablar de petróleo en la época contemporánea, nos remite necesariamente alingeniero Castillo. A su lucha emprendida durante los sexenios de José LópezPortillo, con Jorge Díaz Serrano al frente de la política energética y, posterior-mente, el de Miguel de la Madrid. La actitud crítica, rigurosamente científica, de-nunciando la corrupción y las incongruencias con datos y cifras en la mano, loconvirtieron en una especie de Quijote en la defensa de la soberanía nacional,contra la dependencia hacia Estados Unidos.

Rechazaba la petrolización de la economía con la extracción irracional denuestros recursos energéticos. “País petrolero y pueblo sin dinero”, “Pemex sí,Peusa no”, fueron lemas de la propaganda política que caracterizó al PMT. Enuna de sus emotivas conferencias sobre el tema energético, impartida en un centrode estudios, Castillo señalaba que su forma de hacer política consistía en darc o n f e rencias, pintar bardas y correr rápido. Esta actitud comprometida fue motivode la admiración que propios y extraños le tuvieron.

Decir las cosas que dijo en el momento que lo hizo, fue un aporte a la consolidación deun derecho más que cuestionado, a finales de los setenta: el derecho de expresión críticaen asuntos vitales de política oficial [...] Heberto denunció, jugándose la vida, vicios quesiguen presentes en la explotación del combustible vital hasta nuestros días.1

Pese a su empeño, no logró que la política petrolera se transformara en lo esen-cial. A pesar de la urgencia con la que trataba de convencer de la verdad, quees en lo que consiste el ser revolucionario, su lucha quedó como testimonio vi-sionario de una más de las catástrofes nacionales. El tema sigue siendo vigentedentro de la lucha por la soberanía nacional, entendida ésta hoy más que nunca

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frente al contexto hegemónico de la globalización, como instrumento para el de-sarrollo nacional, dado el potencial energético con el que se puede impulsar laproductividad, mediante el procesamiento de la materia prima en las refineríasy las plantas petroquímicas mexicanas.

Heberto y la unidad de la izquierda

Las sucesivas derrotas electorales fort a l e c i e ron la consigna de “¡Unidad!”, mismaque cristalizó, para sólo hablar de tiempos recientes, en el Partido Socialista Uni-ficado de México (PSUM), Partido Mexicano Socialista (PMS), Frente DemocráticoNacional (FDN) y finalmente, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En1987, año de la creación del PMS, los principales partidos fusionados (PSUM yP M T) tenían en conjunto 15 presidencias municipales y 20 diputaciones federales.

El candidato del PMS a la Presidencia de la República surge mediante unaelección abierta: por vez primera se llamaba a la ciudadanía a sufragar en lasurnas instaladas a lo largo y ancho del país en las elecciones preliminares entreel escritor Eraclio Zepeda, el pintor José Hernández Delgadillo, el profesor Anto-nio Becerra y el propio Castillo, quedando como ganador por un amplio mar-gen el ingeniero Heberto Castillo, quien sería el abanderado del nuevo partidosocialista. Simultáneamente, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) surgíala Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y PorfirioMuños Ledo, quienes promovían una elección democrática al interior de su par-tido para la candidatura a la presidencia. La XIII Asamblea del PRI rompió con laCorriente Democrática para después, mediante maniobras y simulaciones demo-cráticas, abanderar a Carlos Salinas de Gortari como candidato a la Pre s i d e n c i ade la República.

Heberto y su consecuencia

La declinación de Heberto Castillo a favor de la candidatura de CuauhtémocCárdenas a la Presidencia de la República en 1988, además de ser un actogeneroso y de consecuencia política, sentó las bases para la posterior formacióndel PRD. Más adelante, el PMS, dispuesto a desaparecer, cedería su registro parala creación del nuevo partido. Para Heberto, las distancias entre los que enar-bolaban los ideales de la Revolución Mexicana y los marxistas, no eran tangrandes. Había que retomar los ideales de los revolucionarios plasmados en laConstitución de 1917 y proyectarlos al presente y al futuro.

Sin embargo, se tuvo que luchar fuertemente contra el dogmatismo de laizquierda que, al agruparse, se confrontaba a sí misma. Los símbolos, colores,

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lemas e incluso la autodefinición fueron objeto de largas discusiones, en las quefinalmente, prevalecieron los consensos.

Como candidato del PMS, Heberto planteaba que la izquierda aglutinada enese partido debía “luchar por la conquista del poder y no sólo continuar siendoopositores con aspiración a participar del poder en el Congreso”. Desde luego,parecía un sueño, sonaba a una más de las utopías que Heberto se empeñabaen dibujar.

Después de la usurpación salinista, Castillo tenía claro que de la fusión entrela Corriente Democrática proveniente del partido oficial, acostumbrado a la vic-toria; y de la izquierda, templada en la cultura de la derrota, pero forjada en elmisticismo revolucionario, podría nacer el partido de la esperanza. Una alterna-tiva real para alcanzar la transición democrática. Tenía conciencia de que conello se cristalizaba el intento de aglutinar a la izquierda mexicana con el nacio-nalismo revolucionario y el cardenismo que había fracasado con la disolucióndel MLN.

Para Heberto las urnas eran sólo uno de los frentes de lucha. Cinco años des-pués, en 1993, criticaría severamente a la dirección del P R D por haber privilegia-do la lucha electoral y dejar de lado la defensa de los derechos fundamentales demexicanas y mexicanos. “Las luchas electorales se han dado sin cuartel. Pero lascausas populares han dejado de defenderse como antes. Las elecciones nos hanabsorbido”, señalaba contundente.

Ya desde entonces, Heberto Castillo entendía la insoslayable necesidad dereestructurar el partido y retomar los principios que le dieron vida. Proponía co-mo tareas trabajar en un padrón confiable de militantes en donde la Secretaríade Organización se dedicara a desarrollar un sistema efectivo y moderno; con-sideraba, además, que no existía un programa mínimo de acción al alcance detodos los militantes y simpatizantes, ni un órgano de difusión que establecieralas posiciones del partido e informara a la ciudadanía de los acontecimientosnacionales e internacionales. Criticaba la falta de una estrategia de formaciónpolítica para la militancia.

El proceso de fusión de una parte muy importante de la izquierda mexicana,cristalizado en el PMS, había dejado en Heberto experiencias negativas sobre lasprácticas grupales y de poder al seno de la organización. En innumerables oca-siones llamó a disolver los grupos de presión, que se mantenían no para defenderideas y principios sino como posibilidades de acceso a los puestos de dirección.

Para entender la riqueza y las dificultades de la confluencia política en elnuevo partido, es necesario recordar que la izquierda mexicana estuvo marca-da por una permanente atomización: trotskistas, maoístas, comunistas, socialis-tas, entre otros. El debate teórico formaba parte de su quehacer cotidiano y el

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esfuerzo por convencer con ideas era lo que alumbraba el difícil camino de laizquierda.

Desde un principio, Castillo Martínez proponía que en el PRD se diera la lu-cha por la institucionalidad e insistía en que la discusión abierta, franca, de caraa la sociedad, eran la única vía para que la nueva organización política avan-zara con bases ideológicas firmes.

Heberto y el Partido de la Revolución Democrática

A la formación del PRD, Heberto cuenta ya con casi 30 años de experiencia po-lítica. Llega como uno de los líderes más importantes de la izquierda para con-tribuir a forjar el partido desde abajo, con los mismos ideales con los que iniciósu peregrinar por la República al lado de un puñado de hombres y mujeres, tiem-po atrás. Como miembro del Comité Nacional Promotor del PRD, insistía en quelo importante era organizar a la base campesina, a los trabajadores urbanos, a lasamas de casa, intelectuales, científicos y artistas. Nunca renunció a la idea de se-guir construyendo comités de base, miles de ellos —decía— para que el Congre s oConstitutivo fuera verdaderamente re p resentativo de los millones de compatriotasque deseaban una solución real a los grandes problemas nacionales.

No fueron pocas las resistencias que Heberto enfrentó hacia el interior delPMS respecto al ingreso individual al nuevo partido. Incluso hubo voces que ar-gumentaron fervientemente que la alternativa socialista de ninguna maneradebía desaparecer; otros, esgrimían propuestas poco democráticas y decisionescupulares para la designación del futuro Consejo Nacional del Partido de laRevolución Democrática. Se llegó a decir que la incorporación al organismo quenacía significaría el entierro de la ideología socialista en México, a lo cualHeberto contestaría:

Aquí no hay ningún muerto. ¡Es un nacimiento, una siembra! Estamos a punto de decidirun acto histórico, revolucionario; la siembra de la semilla del socialismo, y no de uno,sino de varios, de las diversas interpretaciones que de él existen [...] Hoy como en la nove-na década del siglo pasado, hay un pueblo con patriotismo, con dignidad, con nobleza.A ese pueblo sabremos responder en sus reclamos. No importa el precio que tengamosque pagar por nuestra consecuencia.

Heberto proponía la discusión a fondo: “No hay que tener miedo a la verdad,por muy dura que ésta sea”, era una frase que repetía constantemente, En elTercer Congreso del PRD, con estas palabras llamaba a atemperar los ánimosexaltados de casi tres mil congresistas cuando se daba un álgido debate por la

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confrontación de posturas divergentes entre dos líderes fundamentales paranuestro instituto político, Cárdenas y Muños Ledo.

Castillo Martínez fue un personaje polémico de la izquierda y muchas vecesincómodo por sus severas críticas, no sólo al sistema político sino a la propiadirigencia partidista. Paradójicamente, desde su posición de líder indiscutible,criticaba al caudillismo mientras la historia reciente del país lo había percibidode la misma manera. Heberto había sido alimentado en esta cultura paternalistay protagónica que se había cimentado en el movimiento estudiantil y desarro-llado en el PMT.

Y es que la cultura política en este país nos ha dejado como legado una for-ma de gobierno simbólicamente representada en un sólo hombre: el caudillo.Desde la misma conformación histórica indigenista y colonial, la figura deltlatoani precede a la del poderoso virrey, atravesado por el sincretismo mágicoreligioso en el que se sustenta la organización del calpulli, el pueblo y el barrio.La vida comunitaria en diversas regiones del país, a pesar del acelerado pro c e s ode urbanización, tiene como rasgo característico la subsistencia de las fiestas re-ligiosas patronales, mediante las llamadas mayordomías, que son un vestigio deuna forma de re p resentación vertical ligada a la comunidad y respetada por ésta.

Heberto y la paz en Chiapas

Los últimos años de su vida Heberto los dedicó, con plena vitalidad y entrega,al proceso de pacificación en Chiapas. Partió cuando el diálogo en aquel estadose encontraba suspendido, murió del corazón, luchando con él desde la izquier-da, con el dolor infinito de no haber podido concluir su labor.

Partidario del diálogo, de las alianzas, de buscar la unidad en las diferen-cias, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue terreno fértil paraque Heberto desplegara su capacidad negociadora. Estaba consciente de la ne-cesaria participación de los partidos políticos en la solución al conflicto, a pesarde que éstos habían sido rebasados por la sociedad y el movimiento indígenaarmado. Al conformarse la comisión, se enfrenta a críticas severas dentro delpropio partido y del movimiento ciudadano, pues consideran que con ellas seestaría restando el papel que don Samuel Ruiz y la Comisión Nacional de Inter-mediación (Conai) desarrollaban para la mediación del conflicto.

Para el perredista existían diversos caminos para luchar por sus derechos ypor los de la sociedad, sin embargo, en el caso de los campesinos desposeídos,los sin trabajo, los indios agredidos de siempre, consideraba que quizá nohabría otro camino, ni el mejor ni el peor, simplemente el camino.

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Conoció a Luis H. Álvarez en la década de los ochenta, en una situación sig-nificativa. Don Luis sostenía una huelga de hambre en Chihuahua como pro t e s t apor el fraude perpetrado en las elecciones para gobernador. Con ese motivo He-berto acudió a entrevistarse con él. Más tarde, el veterano panista lo recordaríarefiriéndose al diálogo sostenido en su primer encuentro: el ingeniero Castillo loinvitaría a abandonar la huelga de hambre, lo conminó a que diera la vida porsu ideales pero en abonos, no al contado, que su lucha era fundamental paraconstruir la democracia y que para el país era necesario que siguiera con vida.

Más tarde tendrían un reencuentro en la Cocopa con el que sellarían una pro-funda amistad a pesar de las diferencias ideológicas, convirtiéndose a la vez enfiguras destacadas en el aún inconcluso proceso de pacificación.

Heberto tuvo ocasión, a raíz de su participación en la Cocopa, de palpar,una vez más de cerca, el papel de intelectuales y medios de comunicación antela opinión pública. Los fustigó severamente por su servilismo y supeditación alpoder. “Podría decirse que quienes rechazan todo tipo de respuesta violenta delos marginados de siempre, de los humillados por siglos, propician la dictadurade unos cuantos privilegiados, nacionales y extranjeros, sobre la gran mayoría dela población”.

A pesar de estas posiciones, Heberto fue siempre crítico frente al EjércitoZapatista de Liberación Nacional (EZLN), no cayó en la seducción del idealismoromántico. Tenía como norma, como práctica cotidiana, no ser incondicional.Cuando la dirección del EZLN llamó a sus bases a la abstención, Castillo Martí-nez responsabilizó al subcomandante Marcos de la derrota electoral del PRD enChiapas, donde varios candidatos perdedores habían sido nombrados tomandoen cuenta la simpatía con la que eran vistos por esa organización. A pesar de suoptimismo característico, más de una vez mostró impaciencia ante la lentitud conla que se llevaban a cabo las negociaciones, el estancamiento del diálogo y eldesgaste al que se orillaba.

S i e m p re estuvo convencido de que para lograr la paz era necesario establecerlas condiciones que dieran solución definitiva a las demandas que iniciaron elconflicto.

Quizá el siguiente fragmento resuma su visión y compromiso con esta causa,se trata de un discurso apasionado al inaugurar, a nombre de la Cocopa, el ForoEspecial de Cultura y Derechos Indígenas en San Cristóbal de las Casas:

No podemos esperar eternamente. No es tiempo de esperar más. Es tiempo de actuarpara acabar con la oprobiosa marginación y dominación de siglos. Es tiempo de quelos mexicanos nos contemplemos como hermanos que somos, como iguales con los mis-mos derechos, que entendamos que no hay razón valedera alguna para admitir discrimi-

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naciones, que somos idénticos en alma, aunque nuestra figura y nuestro color sean distin-tos. Nos unen tradiciones históricas que van más allá de la lengua y la religión, más alláde la identidad de sangre. Nos unen raíces profundas en la entraña de la tierra mexicana.Nos une el afán de lograr una patria en la que podamos vivir todos en paz, con digni-dad, justicia y equidad.

Para Heberto “la paz en Chiapas fue tal vez la última de sus obsesiones. Tocóp u e rtas, amenazó con renunciar a la Cocopa, peleó, se equivocó, acertó. Siemprecon una cosa en la cabeza, encontrar los caminos que le permitieran regresaral diálogo para lograr una paz justa y digna para Chiapas y el país”.2

Heberto y la transición democrática

Es paradójico que para alcanzar la inmortalidad se deba morir primero. Heber-to Castillo con su ausencia física sigue presente no sólo en el pensamiento de laizquierda en México, sino en la historia activa de la política nacional. “El candi-dato de las mil campañas” le llamaban sus compañeras y compañeros. Candida-to a diputado federal, candidato a senador del Distrito Federal y de Veracruz,candidato a gobernador de Veracruz; a la presidencia del partido, a nivel na-cional y estatal; y a la Presidencia de la República, y en algunos casos, variasveces. Aun a sabiendas de las pocas posibilidades de triunfo frente al conten-diente, él estaba ahí. “Si Heberto estuviera aquí...” hemos escuchado en más deuna ocasión, pero... ¿quién dice que Heberto no está aquí? Está en la necesi-dad de reforma del PRD; en las propuestas de regresar al trabajo de base; en lasnuevas formulaciones y alianzas frente a los cambios nacionales; en la lucha porlos recursos naturales del país; en la lucha por la soberanía nacional; en la nece-sidad de aprovechar los adelantos tecnológicos; en la transición democrática;en los principios y en los compromisos.

En todos los debates; en airadas contiendas electorales; en esfuerzos porconstruir alianzas y, más recientemente, en la de reforma del PRD con una frasede Heberto que sigue estando presente: “No preguntes de dónde vienes, sinohacia dónde vas”.

NOTAS

1 Enrique Semo.2 J. Martínez Veloz.

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El papel de la oposición política en la transición mexicana a la democracia

JU A N LU I S HE R N Á N D E Z AV E N D A Ñ O

La historia de México es un largo caminar en el diseño institucional de la política.Las grandes revoluciones sociales concluyen con un entramado estructural que esvehículo para la disputa de lo público. El siglo X X es el escenario en que se conso-lidan un cierto tipo de instituciones políticas, económicas, sociales y culturales quep e rmiten y facilitan un sistema político autoritario con sensibilidad social. El siglodel P R I es la manifestación de un diseño político institucional basado en el contro lpresidencial de la disputa por el poder. En este proceso institucional, los ciuda-danos no existen más que como meros observadores y legitimadores pasivos dela circulación de la elite política.

Desde 1988 el sistema político mexicano experimenta cambios graduales en sudiseño institucional. Reformas y contrareformas, siempre desde el punto de vistae s t ructural, acercan y al mismo tiempo alejan nuestro sistema político de la demo-cracia. El signo distintivo de la transición mexicana a la democracia es la apert u r apolítica, es decir, la incorporación de nuevos sujetos políticos que le disputan a lahegemonía priísta el sentido y la simbología de la política, alguna vez monopo-lizada y nombrada por un solo sujeto.

En este sentido, la emergencia de nuevas identidades colectivas en el ámbitode lo político supuso la construcción de una oposición política al “priato”, que en-f rentó su hegemonía desde la precariedad hasta la organización de un imagina-rio colectivo que se apropió la idea del cambio y la alternancia. La constituciónde una identidad opositora en México es un proceso que refleja las aspiraciones dec i e rtos sectores de la sociedad que apostaron, por un lado, al desplazamiento delrégimen priísta, y por otro, a la construcción de un sistema político democrático.

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La acción opositora no necesariamente se articuló de manera homogenea para lu-char por los dos objetivos, aunque cada uno de ellos pudo ser punto de llegadapara algunos gru p o s .

La presente reflexión se guía bajo la hipótesis de que la oposición política enMéxico jugó un papel de agente de transformación en el régimen político priísta.El desarrollo de la oposición en nuestro país ha sido pieza clave para el cambiopolítico y el surgimiento de una precaria, pero definitiva impronta democrática.

En este sentido, en las siguientes líneas se buscará identificar las actitudes,acciones y actores que constituyeron a la oposición política mexicana en su transi-ción de régimen político. Si la oposición es un actor crucial en el desmantelamien-to pacífico de los regímenes autoritarios1 h a b remos de indagar en qué medida laoposición mexicana, tanto la partidista como la extrapartidaria, contribuyeron adicho objetivo.

Algunos apuntes sobre la transición mexicana a la democracia

Un agrio debate ha caracterizado la ubicación histórica de la transición mexicanaa la democracia. Lo mismo ha sido situada desde 1968 (movimiento estudiantil),pasando por 1977 (re f o rma política) y 1988 (primeras elecciones pre s i d e n c i a l e srealmente competidas) y para terminar en el 2000 (alternancia), aunque el colmode la discusión es que justamente este acontecimiento pueda ser interpretado co-mo el inicio de la transición.

Es sabido que las fechas son lo menos preciso para identificar el surg i m i e n t ode procesos políticos, debido a que éstos por lo regular son el resultado de undesarrollo más complejo de variables imbricadas. Pero también es cierto que lasfechas juegan un papel simbólico que pretende sintetizar una cierta hipótesis. Latransición mexicana a la democracia es una transición esencialmente gradualis-ta, por momentos tortuosamente anticlimática, que obedece sólo a los patronesque ella misma fue gestando en el seno de las actitudes y acciones de sus pro-tagonistas.

Si entendemos por transición política al espacio que se abre entre la deca-dencia y término de un régimen, y el germen y constitución de otro:

...asumiendo por régimen político al conjunto de patrones, explícitos o no, que determi-nan las formas y los canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, lascaracterísticas de los actores que son admitidos y excluidos de este acceso, y los recursosy las estrategias que puedan usarse para tener acceso.2

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Entonces la transición mexicana bien puede situarse entre 1988 y el año 2000,toda vez que en esta docena de años se concentran los eventos que fueron mo-dificando significativamente la correlación de fuerzas y la hegemonía prevale-ciente desde el “priato”.

La aparición de las transiciones como una modalidad de cambio político puedeobedecer a la conjunción de algunas variables o al peso determinante de unade ellas. En la literatura al respecto, encontramos una vasta tipología de agen-tes o condiciones que orientan el perfil de la transición política. Así, aparecentransiciones conducidas por fuerzas externas como intervenciones extranjeras,conquistas, guerras; transiciones resultado de intervenciones violentas por partede actores internos que promueven revoluciones, guerras civiles o golpes de Es-tado; transiciones continuas o evolutivas derivadas por crisis internas y contra-dicciones al interior del régimen político.

En el caso mexicano, la transición se caracteriza precisamente por ser conti-nua, al experimentar una fractura entre la elite gobernante en torno a las reglasdel juego que determinaban la administración de sus intereses. Por ello, esimportante señalar el peso que jugó la fractura del Partido Revolucionario Insti-tucional en 1987 con la salida de la Corriente Democrática que posteriormentesería un afluente fundador de la hoy tercera fuerza política del país.

Otra condición que acompaña la emergencia de un proceso político transitorioes el sistema de creencias que asumen los actores. Sartori señala que podemosencontrar cuatro modalidades de sistema de creencias: a) dogmático y activista;b) dogmático y poco activista; c) dialoguista y activista; d) dialoguista y pocoactivista.3 Es decir, la posición ideológica que asumen los actores respecto a latransición interviene en la profundidad con que se avance en ella. Es la luchae n t re “duros” y “re f o rmistas”, primero al interior de cada actor colectivo y luego enlo que concierne a la relación entre elite gobernante y oposición.

El sistema de creencias no apela sólo a los principios políticos que eventualmen-te pueden guiar la conducta de un actor, sino que también alude a los intere s e sque esté dispuesto a defender. De esta forma, asumir una posición intransigente odialoguista está relacionado en buena medida con el cálculo del costo-beneficioque implica.

En México los principales actores de la transición, los partidos y el gobierno,fueron mudando gradualmente sus posiciones ante la reforma política del régi-men, caminando de la intransigencia a la negociación, pasando por retrocesosy avances al mismo tiempo. Pero las posiciones políticas de los agentes guber-namentales y partidistas no sólo se adscriben a la lógica racional. También inter-viene la adopción de una cultura política que convence respecto a la necesidadde llegar a puerto democrático.

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Uno de los principales puntos que centra la reflexión en torno a las transicio-nes políticas es si es que éstas son caracterizadas por un proceso de l i b e r a l i z a c i ó np o l í t i c a o por una d e m o c r a t i z a c i ó n. La liberalización política busca esencialmenteestrategias adaptativas para, desde el régimen autoritario, revertir la tendenciadeslegitimizadora existente y neutralizar el conflicto social en ascenso vía incor-poración al control institucional.4 Las medidas de liberalización política estánorientadas a promover un pluralismo partidista limitado, permitir el incrementoen la participación ciudadana, tolerar la incipiente competencia política, admi-nistrar una emergente libertad de expresión y dar cauce institucional a ciertaspeticiones de la oposición. Todo ello en medio de un control por parte de la elitegobernante que decide abrir algunas válvulas de escape a la presión social ypolítica pero que no está dispuesta a participar en el cambio político.

Por su parte, la democratización:

...connota una ampliación completa y un reconocimiento real de los derechos civiles y po-líticos, creando las condiciones para el pluralismo y la participación, garantizados previoacuerdo de las distintas fuerzas políticas existentes.5

La democratización implica la adopción de reglas del juego que garantizanequidad y transparencia para los participantes de la disputa por el poder. Laconfianza en dichas reglas caracterizará dicho proceso y los conflictos, princi-palmente electorales, habrán quedado atrás, o bien, serán institucionalmente ca-nalizados.

La transición mexicana a la democracia es fundamentalmente un proceso deliberalización política. Luego de las elecciones de julio de 2000, ha empezadoapenas un proceso de democratización real. El largo y sinuoso camino de la li-beralización política fue posible gracias a la capacidad de control tanto de laestructura como de los actores que compusieron a la clase política priísta. Des-de aquí se impusieron ritmos que le dieron una velocidad limitada al proceso detransición. Con ello, el control de la transición “desde arriba” hizo manifiestoque el régimen tenía amplias posibilidades de ser modificado de manera pacífica.

Finalmente, es importante resaltar que la transición política mexicana contótambién con un proceso de construcción de acuerdos para ir modificando las re-glas del juego en torno a la disputa por el poder. Las diferentes re f o rmas políticassucedidas en el periodo que nos interesa muestra el resultado de una elite go-bernante que de manera gradual irá dejando el control de los amarres políticosfundamentales y una oposición que se irá incorporando también al modelo dela negociación. Las reformas políticas aprobadas sintetizan las contradiccionesde los diferentes actores, manifiestan avances y re t rocesos, cuentan con el aval de

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algunos de los partidos pero no de todos, por lo que la construcción de los con-sensos si bien estuvo muy alejada de alcances óptimos, si constituyó el andamiajeinstitucional de la transición.

Los actores de la transición desde su ser opositor

El conflicto es una realidad natural a todo proceso social y político. En él se ma-nifiestan los intereses encontrados de quienes aspiran a disputar un lugar en elespacio público. Los entes individuales y colectivos ponen en la arena públicatanto sus valores como sus estrategias con la finalidad de alcanzarlas con la má-xima eficacia y eficiencia posibles. En la búsqueda por la satisfacción del inte-rés aparecen otros actores que desean lo mismo. Surge el conflicto, que puedepresentarse bajo múltiples modalidades y diferentes grados de intensidad.

La realidad conflictuada es entonces el signo de dos o más identidades indi-viduales o colectivas que se confrontan desde posiciones y sistemas de creenciasd i f e rentes. El espacio social y político, sea visto como estructura o como pro c e s o ,presenta la existencia de una hegemonía política que nombra y regula la asig-nación de recursos públicos.

Pero la existencia de una hegemonía, cualquiera que sea su manifestación(política, económica, social, cultural, ideológica) presume la aparición de unaresistencia a aquélla. En el momento en que se instaura una hegemonía, auto-máticamente hace lo propio un signo de resistencia. Por absoluta que pretendaser la hegemonía, es poco probable que aniquile en su totalidad las aspiracionesde resistencia. De esta forma, hegemonía y resistencia establecen un procesodialéctico que define la constitución del conflicto.

La resistencia a la hegemonía puede ser pacífica o violenta, individual ocolectiva, política o cultural, pragmática o ideológica, de baja o alta intensidad,organizada o anárquica. La resistencia asume múltiples facetas, ya sea aquellaque se queda en ese estado permanente, o la que suplanta a la hegemoníainterpelada para ser una nueva hegemonía. Podemos mencionar a las grandesresistencias estructurales como la reforma protestante, las revoluciones de inde-pendencia, la Revolución Francesa; las resistencias sociales como el movimientoobrero en el siglo XIX, las protestas estudiantiles de 1968, los movimientos socia-les latinoamericanos; las resistencias políticas que enfrentaron dictaduras comoSolidaridad en Polonia o la Comisión de Solidaridad del Episcopado Chileno entiempos de Pinochet.

La resistencia se agrupa en un frente con identidad que se ha denominadooposición. La oposición podemos definirla como:

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...la unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos individua-lizados y perseguidos por el grupo o por los grupos que detentan el poder económico opolítico o que institucionalmente se reconocen como autoridades políticas, económicas ysociales respecto de los cuales los grupos de oposición hacen resistencia sirviéndose demétodos y medios constitucionales-legalistas o ilegales y violentos.6

En México la hegemonía posrevolucionaria generó, desde su propia instaura-ción, una resistencia opositora. Hablar de la oposición en México es referirse ala constitución de actores que decidieron enfrentar desde sus posibilidades al ré-gimen institucionalizado derivado de la Revolución.

La oposición política puede asumir características legales e ilegales, legítimase ilegítimas, parlamentarias y extrasistema, pacíficas y violentas. Durante el régi-men del partido de la revolución institucionalizada, la oposición existente se agru-p ó en espacios permitidos por el propio régimen y fundamentalmente en arenaspor fuera de él. Así el Partido Acción Nacional y el Partido Comunista Mexicanoestructuraron su oposición desde los patios interiores y exteriores del sistemapolítico; los movimientos sindicales disidentes, así como las guerrillas urbana yrural, fueron conformando un arcoiris de oposición social y política por fuera delrégimen que presionó por abrirlo.

Interesa aquí abocarnos a identificar los principales actores de la oposiciónpartidaria que protagonizaron la transición mexicana a la democracia. Huelgadecir que la lista nunca estará completa. Los actores que desde la oposición en-frentaron al anterior régimen son múltiples, conocidos y desconocidos, locales ynacionales, duraderos y coyunturales. La oposición política fue también un ima-ginario colectivo que se personalizó en identidades colectivas y materializó susaspiraciones en activismo político.

De esta forma, es menester encontrar no sólo el perfil sino la agenda políticaen la transición que siguieron tanto el Partido Acción Nacional como el Partido dela Revolución Democrática.

La oposición panista

Si tomamos discrecionalmente 1988 como punto de partida de la transición, elPAN llega a este momento coyuntural casi con medio siglo de tradición oposito-ra. El panismo siempre estuvo convencido que la transformación del régimen eraposible desde la lucha legal y en los marcos que el propio sistema autoritarioimponía. Durante sus primeras tres décadas de vida, el PA N e n d e rezó una oposi-ción profética, en un contexto en el que el autoritarismo del régimen gozaba decabal salud. Los márgenes de actuación de la oposición legal partidista eran por

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decir lo menos, estrechos, y sus posibilidades de avance electoral dependían del a voluntad política de reconocimiento o no de los eventuales triunfos electorales.

Durante este tiempo, la oposición panista también tuvo oportunidad de acer-carse a las fronteras de la ilegalidad al llevar a cabo actividades de resistenciacivil. En un contexto donde las libertades civiles y políticas estaban más que limi-tadas, la práctica de la resistencia civil promovida primordialmente ante eventoselectorales con prisma de fraude, significaron los primeros intentos de enfrentaral régimen con participación política no convencional.

Pero la tarea opositora del PAN, basada esencialmente en una suerte de apos-tolado político, tuvo su primera gran crisis en 1976, cuando se enfrentaron dosmaneras de concebir la oposición panista. Por un lado, aquélla que recogía latradición de Gómez Morín, según la cual los principios y la doctrina de un parti-do filocristiano tendrían que ser eje de la propuesta y acción del partido; porotro, la que empezaba ya a configurarse como postura “pragmática” que seña-laba la necesidad de trascender la identidad del part i d o - p rofeta, para pasar a ladel partido ganador de elecciones.

Durante la década de los ochenta, ésta segunda corriente ve reflejadas susaspiraciones al configurarse el PAN como una alternativa de gobierno municipalen la que el electorado le otorga las alcaldías de varias ciudades medias, algunasde ellas capitales de estados. El fraude electoral de 1986 en Chihuahua en de-trimento de Acción Nacional posicionó al partido blanquiazul como el principalactor de oposición ya con una clara agenda política para enfrentar al régimen.

La crisis de legitimidad del régimen derivada de los cuestionados resultadosde las elecciones presidenciales de 1988 permitió al PA N e s t ructurar una posiciónpolítica que no abandonaría durante todo el proceso de la transición: luchar porel cambio político desde la negociación con el gobierno. La cúpula panistade entonces, encabezada por Luis H. Alvarez, le apostó a reconocer el triunfo deCarlos Salinas de Gortari, a cambio de que el régimen avanzara en transfor-maciones a las reglas del juego político. Así se consolidó el primer triunfo oposi-t o r de una gubernatura (Baja California) en manos del PAN y posteriormente otrasentidades federativas.

La participación política del PAN en la transición puede ser caracterizada portres modalidades de acción: 1) orillar al gobierno a llevar a cabo una reformapolítica, con la perspectiva de negociar con él los términos y principios de sus pos-tulados; 2) colaborar con el gobierno desde la oposición con apoyo parlamentariopara realizar reformas constitucionales; y 3) presionar al gobierno con moviliza-ciones en conflictos poselectorales.

Por lo que respecta a la primera orientación, el PAN guió sus acciones bajo lapremisa de que el cambio político tendría que darse de manera pacífica y me-

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diante la reforma de las instituciones. En ese sentido, apostó a la vía del “pac-tismo” como una de las alternativas para modificar el acceso al poder. El PAN

defendió durante todo el proceso de transición la idea de que habría de darseuna reforma política que permitiera elecciones libres y transparentes, por lo quesu principal demanda estaba centrada en sacar al gobierno de la organizaciónde las elecciones.

Señalar eso en 1988 era por demás ilusorio a los ojos de todos. Recién elgobierno había probado las bondades de tener en la Secretaría de Goberna-ción el control de los comicios en este país. No había indicios de que la clasepolítica priísta tuviera incentivo alguno para soltar ese amarre fundamental. Porello, la aspiración de que hubiese elecciones libres y en condiciones de mayorequidad para los participantes aparecía como una demanda poco probable deconsolidar.

No obstante, el PAN apostó que ello sería posible si el gobierno aceptaba dis-cutir los contenidos de una reforma política, aunque esto implicara hacerlo conun gradualismo de exasperación. Hasta 1988 se habían dado re f o rmas políticasi m p o rtantes como la de 1977 y la de 1986. Sin embargo, para el PA N d e f i n i t i v a-mente no significaban el marco a través del cual habrían de darse las re l a c i o n e spolíticas entre las diferentes fuerzas pues habían sido irrelevantes en las eleccio-nes presidenciales fraudulentas.

De esta forma, el Acción Nacional fue un actor fundamental en la realizaciónde las reformas políticas de 1989-1990, 1993, 1994 y 1996, debido a que elPRD no confiaba en ellas. La reforma política estaba amarrada a las reformaselectorales y no iba más allá de ciertas concesiones mínimas por parte delgobierno. Bajo el prisma del reformismo, el PAN empujó sucesivas reformas elec-torales cuya trascendencia estriba en que fueron abonando el camino para lareforma de 1996, clave para entender el momento culminante de la transición.

En esta reforma electoral se plasman los principales contenidos de la transi-ción mexicana a la democracia, tales como:

a) Definir que tendría que ser una institución de Estado autónoma e indepen-diente la que organizara los comicios ante elecciones cada vez más com-petidas. Así se le dio autonomía al IFE.

b) Crear una institución que cuidara y protegiera de los derechos políticos delos ciudadanos. Por consecuencia se formó un Tribunal Electoral adscritoal Poder Judicial de la Federación.

c) Crear condiciones equitativas de la competencia. Se dio preeminencia alfinanciamiento público sobre el privado; se otorgaron funciones de fisca-lización a la autoridad electoral y se multiplicó el acceso de los distintospartidos a los medios de comunicación.

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d) Se establecieron diques a la sobrerepresentación política en el Congreso;se establecieron tres vías distintas de acceso a la Cámara de Senadores y seestablecieron condiciones para aceptar nuevos actores partidistas.7

Con estas reglas del juego se organizaron dos comicios federales (1997 y2000) cuyos resultados cambiaron definitivamente los supuestos que ordenabanal régimen político existente.

Pero el PAN también decidió ser una oposición leal. Con la pérdida que el PRI

tuvo de la mayoría calificada, Acción Nacional se hizo indispensable para elp royecto gubernamental de Carlos Salinas de Gortari. Las re f o rmas a los art í c u l o sconstitucionales 27 y 130, temas torales de la Revolución (ejido y no reconoci-miento jurídico a las iglesias) formaron parte del proyecto de “modernización”que el salinismo pretendió impulsar. De esta forma, la transición política contó conel fenómeno de un partido de oposición que estuvo dispuesto a aceptar propues-tas estructurales provenientes del gobierno.

En esta dinámica, para el PAN ser de oposición implicaba también asegurarque el conflicto social y político se condujera por los caminos institucionales. Enesta parte de contenidos, el panismo tuvo que enfrentar la percepción de que esta-ba “negociando con el gobierno”. En la cultura política heredada hasta entonces,negociar con el gobierno y aún más, hacerlo con el salinismo, era poco menosque ilegítimo. Por ello el término “concertacesión” acompañó al PAN durante mu-cho tiempo, aludiendo a que sus triunfos electorales habían sido producto deacuerdos cupulares más que de la voluntad ciudadana.

Acción Nacional mostró en esta etapa de la transición que la identidad opo-sitora también tiene responsabilidades en el orden gubernamental. En un contextodonde la confrontación con el gobierno era lo más natural, la actitud del PAN fuenotable y ayudó a avanzar en el camino de la reforma institucional.

Finalmente, desde su fundación, el PAN siempre le apostó a los procesos elec-torales como la única vía para llegar al poder y en ese marco hacer el cambiopolítico. A pesar de que durante más de seis décadas los procesos comicialesestuvieron controlados por el gobierno, el PAN no dejó de insistir en que de cual-quier manera valía la pena participar. En las últimas dos décadas, este partridoprotagonizó uno de los fenómenos de la transición: los conflictos poselectorales,mismos que fueron detonantes para presionar en varios sentidos. Por un lado, enla necesidad de contar con reglas claras y creíbles a los ojos de los partidos, porello la importancia de avanzar en las reformas electorales; por otro, en la pers-pectiva de evitar la consumación del fraude electoral y obstruir el ascenso delcandidato priísta a la alcaldía o gubernatura, según fuera el caso.

En suma, el PAN le apostó a una transición política pacífica e institucional,apuesta que tuvo sus frutos con la consecución de la presidencia de la República

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en el 2000. Aunque si bien el foxismo no es el panismo, sí nació en éste y co-mo quiera que sea forma parte de lo que el mismo PAN prodigó en sus entrañas.El reformismo de Acción Nacional desde la oposición fue indispensable paraque los reformistas del régimen tuvieran interlocutores y construir de esta mane-ra el andamiaje institucional del cambio.

La oposición perredista

El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de 1989, 60años después del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI y a 50 añosde la formación del Partido Acción Nacional. A pesar de haber surgido apenasun año antes que el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el PRD es un institutopolítico que a pesar de su juventud logró en poco tiempo posicionarse en el ima-ginario colectivo político-electoral. Mientras el PRI y el PAN acompañan la evolu-ción del régimen político posrevolucionario, el PRD emerge en la última etapa delrégimen priísta en su fase tecnocrática y con su discurso y acción políticos coad-yuva en la alternancia política del país.

El PRD es el resultado de la confluencia de tres fuerzas políticas: a) la corrien-te democrática priísta, b) la izquierda histórica partidaria y, c) el movimiento ur-bano y social. El perredismo reúne la disidencia más importante del partido ofi-cial desde 1929, significa la unidad más sólida en la historia del izquierdismopartidista y, es la primera expresión partidaria más fuerte de la sociedad civilorganizada. Veamos las particularidades de sus afluentes.

a) El PRD como disidencia del partido oficialDurante años se mantuvo una corriente de opinión que afirmaba que la única po-sibilidad de desplazar al P R I de la presidencia era a través de una fractura intern a .Así lo intentaron Juan Andrew Almazán, Ezequiel Padilla y Miguel Henríquez sinéxito alguno y con pérdidas humanas. Desde 1952 fecha de la última intentonadisidente, la clase política adquirió la noción de que a la larga la disciplina re n d í amás frutos políticos.

La instauración de una corriente crítica al interior del P R I se dio en el contextode una lectura sobre el sexenio de Miguel de la Madrid. En él ocurrió un virajepeligroso en el nacionalismo revolucionario. La correlación de fuerzas en tornoa De la Madrid parecía inclinarse hacia un grupo cuyas características rompíancon la ideología de la Revolución. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo eIfigenia Martínez, entre otros, buscaron aglutinar en torno suyo a los priístas queveían perdido el rumbo social, que ya no encontraban el lado filantrópicodel ogro.

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La Corriente Democrática pedía una mayor intervención de los priístas en ladesignación del candidato presidencial, por lo que abanderaron la democrati-zación del “dedazo”. Miguel de la Madrid y el resto de los grupos priístas vie-ron con desdén esta corriente. Las reglas del juego —ese sistema no escrito quehabía permitido a la clase política mantenerse en el poder por décadas— teníanque seguirse religiosamente. Es más, si fuera necesario, habría que expulsar delpartido a quienes renegaban de su filiación.

El destape de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial corro-boró que De la Madrid “habría redescubierto su propia raíz intelectual: las ideaseconómicas de los liberales”.8 Las re f o rmas económicas que se habían re a l i z a d onecesitaban ser profundizadas. El rumbo estaba tomado. México entraba a unmodelo económico abierto y adoptaba con plenitud la doctrina neoliberal. Parala Corriente Democrática también estaba claro el futuro. Enfrentar al candidatooficial desde afuera. Había surgido el neocardenismo.

La fractura interna dio paso a la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas parala presidencia de la República por una vía azarosa: la oposición. La constituciónde una oposición no institucional daría después al P R D uno de sus signos distinti-vos. La formación opositora en torno al caudillo resultaría más eficaz que el vín-culo institucional.

¿Qué aportó la Corriente Democrática al P R D? En primer lugar militantes priístasque durante muchos años hicieron de la política una forma de vida o sobrevi-vencia y que decidieron arriesgarse por una aventura nada cómoda. Los priís-tas que formaron al PRD le imprimieron un estilo imborrable: su cultura política.Esta corriente fue el sector dominante en la conformación del nuevo partido. A élllegaron las prácticas políticas que definieron el curso de acción política priísta.En segundo lugar, aportó al PRD un sistema de creencias perfilado en torno al na-cionalismo revolucionario. El PRI lo estaba despreciando y al salir la CorrienteDemocrática prácticamente no quedaba nadie en el tricolor que quisiera susten-tarlo. El P R D recoge del desperdicio ideológico al ideario populista y lo incorporacomo discurso y propaganda.

En tercer lugar, la Corriente Democrática le aporta al P R D a Cárdenas, a MuñozLedo y a Andrés Manuel López Obrador, tres figuras indiscutibles en la historiade liderazgos del partido del sol azteca. Durante poco menos de una década,la presidencia del P R D estuvo en manos de expriístas, situación que le ha dado alp a rtido un sello ineludible: por un lado, la acción política desprendida ha estadoen función de la animadversión por el partido de origen, al tiempo que se desa-tó la furia oficial por los disidentes, lo que generó el más encarnizado de losodios, el de la fraternidad fracturada; por otro, se impulsaron políticas y modos

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de ser que no podían ser otros que los conocidos, con poca creatividad e ima-ginación para generar nuevas formas de relación política.

Por último, la Corriente Democrática aporta al neocardenismo como eje arti-culador de la nueva identidad partidaria. Cárdenas como tlatoani que arbitralos grupos, dirime las discrepancias, acalla las autocríticas; como el heredero deuna corriente de pensamiento y acción que se ha perdido y que los mexicanosparece pretenden recuperar; como el profeta que denuncia las injusticias, queapela a la opción por los pobres, que enfrenta desde su debilidad opositora al in-quebrantable sistema autoritario, que insobornable se niega a tratar con el usur-pador: Cárdenas como el destino manifiesto.

b) El PRD como la síntesis de la unidad de la izquierdaEn 1919 se funda el Partido Comunista Mexicano el cual acompaña al régimenpriísta desde la clandestinidad. La izquierda partidaria asume durante décadasun dogma político: las elecciones no son alternativa para el pueblo, la vía parael cambio se da por fuera de las instituciones burguesas. Díaz Ordaz parecedarles la razón, aunque la década de los setenta ve surgir al Partido Mexicanode los Trabajadores, al Partido Socialista de los Trabajadores y al Partido Revo-lucionario de los Trabajadores. Con la reforma de Reyes Heroles en 1977 unavez superada la discusión sobre la pertinencia de la participación electoral, laizquierda afronta el problema de la unidad.

Para 1982 surge la primera manifestación de convergencia con el Partido So-cialista Unificado de México y hacia 1987 con el Partido Mexicano Socialista.Los partidos de izquierda en México han tenido poco arraigo en los electoresno sólo porque durante años no les interesó tenerlo, sino que su discurso radical nocoincidía con los valores políticos de los mexicanos, forjados en la paz socialpriísta. Sin embargo, 5% de la votación obtenida en 1979 por el PCM parecíaindicar que había un nicho que electoralmente podría trabajarse.

La postulación de Heberto Castillo para las elecciones de 1988 por el PMS

daría al P R D su segundo afluente. Convencido de que la declinación hacia Cárd e-nas resultaría de mayor provecho para la causa opositora de izquierda, Casti-llo se hace a un lado y un año después es cofundador del PRD.

¿Qué le aporta la izquierda histórica partidaria al PRD? La izquierda partida-ria le aporta al PRD el sentido de sacrificio histórico por una causa política. El PRD

se vio así mismo como la construcción partidaria que México necesitaba, comola salvación política de la patria, como la opción única de los desposeídos ym a rginados, como el here d e ro de las mejores causas de los hombres justos, comola organización de vanguardia que capitalizaría el enojo popular y lo concre t a r í a

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en gobierno, como el partido del pueblo que no se equivoca, como la opciónpolítica verdadera.

Esa izquierda partidaria también le aportó al PRD su sentido de secta, dearticulación celular en facciones que, a su vez, se asumían como las únicas yverdaderas poseedoras de la verdad y de lo que realmente el partido necesita-ba. Pero también trasladó al PRD sus eternas disputas ideológicas, programáticasy tácticas. La reflexión perredista se convierte en invectiva, insulto, descalifi-cación, exclusión, intolerancia. Las divisiones y discrepancias, tanto por la maneraen cómo se concibe el medio y fin político de la organización, como por la pro-pia forma de ser, tienen en la base múltiples maneras de interpretar la realidadque en sí mismas no serían debilidad si no fuera porque esa pluralidad se con-vierte, hasta ahora, en realidad irreconciliable.

c) El PRD como expresión partidaria de la sociedad civilDurante décadas, el régimen priísta acotó a su mínima expresión a la sociedadcivil. La década de los ochenta ve emerger a una sociedad civil caracterizada porel movimiento urbano popular, los movimientos disidentes en el magisterio y otro ssindicatos oficiales, los movimientos rurales ajenos a la C N C, las organizaciones nogubernamentales de derechos humanos o ecológicas, los cristianos comprometi-dos desde las Comunidades Eclesiales de Base y la teología de la liberación, losestudiantes del Consejo Estudiantil Universitaro, entre otras múltiples expresionesde una sociedad cada vez más organizada en torno al cambio social y político.

Esta sociedad civil organizada en torno a una agenda social y política cen-trada en los derechos humanos, la democracia y la justicia social, ve en la candi-datura de Cárdenas la coyuntura para fracturar al viejo sistema. No concretadoel proyecto, ve con buenos ojos la fundación de un partido de izquierda socialque represente las aspiraciones de las organizaciones populares.

¿Qué le aporta la izquierda social al PRD? Le aporta su sentido de movimien-to. Hasta la fecha, el PRD no ha logrado institucionalizarse, en gran medida porel perfil de movimiento social que permea su actividad política. Durante el sexe-nio salinista, fue un movimiento-partido que incluso se definía como tal, y en esamedida, estableció su identidad. Marchas, presión social, plantones, mítines ydiscurso radical, caracterizaron al PRD de los primeros ocho años y le crearonuna imagen política poco atractiva para el electorado. Sus más de 600 militantesmuertos señalan efectivamente a un partido mártir, pero ese martirio social no setradujo en votos.

El movimiento urbano popular le aportó al PRD los líderes locales y regionalesque le dieron cierta estructura territorial y sectorial. Con estos liderazgos natura-

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les el partido pudo entrar con los campesinos, los obreros, los comerciantes am-bulantes, los transportistas, los indígenas, los colonos, los maestros, los estudian-t e s . El PRD creció en militantes, en organización y en representantes populares.P e ro también se dio lugar al neocorporativismo. Los puestos de elección popularse merecían de acuerdo a las bases con que se contara, con ellas se traficaba, senegociaba, se ascendía, se descendía. A final de cuentas, el PRD terminó hacien-do política aprovechando las necesidades básicas no satisfechas por el Estado.La gestión social se volvió indispensable para tener peso específico en el parti-do. Sin gestión no hay poder político.

Vista esta radiografía, el PRD surgió como un partido de oposición con natu-raleza opositora. El enfrentamiento con el gobierno salinista era vocación pueséste no tenía legitimidad y usurpaba un lugar que le correspondía, desde superspectiva, a Cárdenas. Por ello, el PRD se conformó como un partido contesta-tario, de confrontación y oposición frontal ante los gobiernos priístas. En estadinámica encontramos fortalezas y debilidades.

Por un lado, el discurso y acción políticos del PRD frente al autoritarismo delsistema político permitió avanzar en la transición a la democracia. Durante ladécada de los noventa, las movilizaciones perredistas y sus estrategias políticasen las sucesivas reformas electorales, hasta culminar la de 1996, permitierongradualmente ir socavando la fortaleza del ancien regimen. La oposición a ultran-za del PRD sirvió para tensar las necesarias negociaciones de las que resultaronlas reformas políticas. Por otro lado, el discurso social del PRD ha sido uno de losmás escuchados que además ha confrontado en los años del neoliberalismo alas políticas económicas y sociales de los últimos dos sexenios. Aunque la pro-puesta económica del partido siga sustentada en el viejo estado de bienestar,representa un necesario contrapeso a la hegemonía del pensamiento que sedesea único.

El P R D nació para derrocar al régimen priísta. Por ello, las acciones perre d i s t a sestuvieron orientadas a la transición a través de la movilización social. Veíancon escepticismo cualquier re f o rma electoral por lo que la apelación a la conscien-tización y organización del pueblo se volvió casi un dogma. El régimen teníaque caer por la presión popular. No obstante la lucha denodada del perre d i s m o ,el cambio político, se dio por la derecha.

Los aportes perredistas a la transición se pueden sintetizar en tres: la posturade la corriente cardenista que rechazó el recurso de la violencia para reclamarel triunfo electoral de 1988 y en lugar de ello optó por formar un partido políticoy desde ahí ponerle frente al régimen; la labor de encauzar y darle cuerpo a lasmúltiples expresiones de la sociedad que no se veían re p resentadas por priístas y

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panistas, permitiendo con ello una salida política a la necesidad de participa-ción social y ciudadana; y por último, poner en la agenda de la transición temassociales como los derechos humanos.

Si bien es cierto que este último asunto suele ser uno de los temas más incó-modos y obstruccionistas de los procesos de transición, el hecho de que el PRD

no haya quitado el dedo del renglón ha permitido que luego de la alternancia sehayan dado avances significativos e torno al escrutinio del pasado en materiade derechos humanos.

Es evidente que la transición mexicana a la democracia es el resultado de laacción política de múltiples actores, desde el gobierno y su partido, pasando porlos partidos de oposición, hasta el arcoiris de las identidades colectivas de la so-ciedad civil, sin mencionar a cabalidad los agentes internacionales.

Hemos focalizado nuestra reflexión tan sólo en el aporte a la transición delos dos partidos de oposición más importantes que enfrentaron al régimen priís-ta. La naturaleza pacífica del cambio político en México obedece fundamental-mente a la manera en cómo se fue construyendo la transición y cómo los actore sfueron entendiendo su papel en la modificación de los accesos al poder.

Entender la transición mexicana a la democracia es comprender los vericuetosa los que nos enfrentamos en el proceso de democratización. Indagar en la iden-tidad opositora de los actores de la transición es preguntarnos sobre el perfilopositor en tiempos de la alternancia. Adentrarnos en los contenidos de la tran-sición nos re c u e rda las asignaturas pendientes en la re f o rma del régimen y hacemás evidente la Reforma del Estado.

Que la mirada a nuestra transición política nos permita consolidar un sistemapolítico que facilite la oposición, la rivalidad y la competencia entre el gobiernoy sus antagonistas; que la democracia representativa avance hacia la democra-cia participativa, que la democracia política derive en democracia social y se ex-tiendan los espacios de votación de los ciudadanos, que los grupos elegidos enverdad supediten a los grupos fácticos de poder, que la representación políticatenga la institucionalidad adecuada para un efectivo control de la agenda públi-ca por parte del ciudadano. No todas las transiciones políticas llegan al puertodemocrático. La lucha por la democracia apenas empieza. Hay que propiciarque se haga cultura.

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NOTAS

1 Loaeza, 2001, p. 12.2 Cancino, 2000, p. 27.3 Sartori, 1999, p. 124.4 Cancino, 2001, p. 48.5 Ibídem, p. 155.6 Bobbio, 1988, p. 1080.7 Woldenberg, 2002, p. 72.8 Krauze, 1997, p. 415.

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r

Entender a México sin la transición

CA R L O S SI R V E N T

El concepto de transición a la democracia se empezó a aplicar al caso de Méxicode manera consistente a partir de los eventos electorales del mes de julio de1988, año en que el candidato presidencial del PRI logró ganar las eleccionesdespués de fuertes impugnaciones y dudas sobre la limpieza electoral.

Los analistas políticos coincidían al afirmar entonces que algo estaba transf o r-mándose en México, aunque realmente no se sabía a ciencia cierta el sentido delcambio y su significado.

Para unos, se estaba viviendo un cambio de época, una gran “transición his-tórica”, que era consecuencia de las transformaciones sufridas por el país y susistema institucional durante las pasadas cuatro décadas.1 En esta perspectiva,que se repite en otros trabajos de entonces, la transición es una especie de puntode llegada de un proceso largo de transformaciones que debilitaban las viejasf o rmas del sistema político y de su régimen político y que obligaban a un nuevodiseño democrático. En esta concepción, el término de “transición” no tiene unsignificado preciso, se refiere a un conjunto de cambios que han ocurrido ya, yque es cuestión de reconocerlos para entrar a la nueva época, de la cual, porcierto, no se sabía aún nada.

Al lado de esta posición convivía entonces otra, sin duda más precisa con-ceptualmente, aunque menos útil que la anterior para entender lo que estabasucediendo en México. Acudía a las lecciones impartidas por el caso español, asícomo por el conjunto de autores entonces en boga, como Juan Linz, Guiseppe DiPalma, Philippe C. Schmitter y Guillermo O´Donnell, entre muchos otros, que d e-finían la transición como un conjunto de etapas que llevaban de los regímenes

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autoritarios hacia los democráticos, entendidos estos últimos en términos electo-rales o de democracia procedimental.

Años después, el propio O´Donnell2 reconoció, a partir de las críticas ases-tadas por Caro t h e r s3 el error que significó entre aquellos que utilizaron el térm i n ode transiciones, el concebir dicho enfoque como un paradigma, y por lo tanto, elerror que fue creer en la transición como un proceso de etapas fijas y teórica-mente articuladas que llevaban del autoritarismo a la democracia.

Los recientes debates han acertado finalmente, al establecer que los caminoshacia la democracia son muchos y muy variados y que no existe tal paradigmade la transición. En todo caso, se cuenta con experiencias diversas que se siste-matizan en un conjunto ordenado de estrategias políticas.

Si esto es cierto, el primer paso que hay que dar para entender el caso deMéxico, es deshacernos de todos aquellos prejuicios que heredamos de la malac o m p rensión del tema de las transiciones, y del uso de una palabra que en lugarde enriquecer el análisis únicamente ayudó a ocultar los argumentos y tomar po-siciones políticas.

Al menos tres tesis que durante años sostuvieron algunos estudiosos y fuerzaspolíticas en México deben ser desechadas definitivamente.

La primera, es la que sostenía que para instalar una democracia electoralcompetitiva y, por lo tanto, plural, era necesario construir un pacto entre todaslas fuerzas partidistas del país, similar al de La Moncloa en España.

En México no existió y tampoco fue necesario tal pacto, por una razón queya Przeworski4 había dejado suficientemente claro, y es que las fuerzas políti-cas son capaces de acatar los resultados de elecciones limpias cuando bajo cier-tas condiciones institucionales tienen la garantía de mantener sus intereses delargo plazo, perspectiva que es suficiente para inducirlas a acatar los resultadosdesfavorables de corto plazo. Por lo tanto, más que pactos, la democracia elec-toral requiere convergencia de intereses de largo plazo entre todas las fuerzaspolíticas, cuestión que por cierto se provocó en México con claridad a partir de lasreformas electorales concedidas en 1977 por el gobierno de José López Portillo.

La segunda tesis equivocada es la que afirma que el paso o transición a lademocracia deriva de un conjunto de estrategias, liderazgos y acuerdos políticos,capaces de conducir al país hacia elecciones plurales, regulares y confiables.Hoy sabemos que la clave para instalar una democracia electoral no deriva de“simples estrategias”, sino que se funda sobre un conjunto de condiciones socia-les, económicas y culturales que hacen posible o impiden tal democracia.

Este es un debate viejo, que enfrenta por un lado a los que atribuyen un papelrelevante a las llamadas condiciones estructurales o factores esenciales, contralos que suponen que la democracia es una cuestión de decisión entre las elitespolíticas.

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Basta revisar lo que ha sido de nuestras “transiciones a la democracia” enAmérica Latina para entender que era necesario algo más que instalar eleccio-nes periódicas y confiables; se requería además revisar las instituciones forma-les e informales del régimen y el gobierno, así como las profundas desigualdadessociales y económicas entre los ciudadanos. La mayoría de las nuevas democra-cias emanadas de regímenes totalitarios no tenían institucionalizadas prácticaspluralistas, por lo tanto tienen una ausencia de sociedad civil que les imprime unalto grado de inestabilidad y de exclusión.

Przeworski5 sostiene que entre las condiciones que deben existir para que unpaís sea democrático son: instituciones democrático-electorales, crecimiento, de-sigualdad en descenso e instituciones parlamentarias.

Es claro por lo tanto, que el proceso de democratización no es un simple juegode ingeniería democrática entre líderes que deciden la transición, es, sobre todo,un complejo proceso de desmantelamiento de instituciones autoritarias y su sus-titución por nuevas formas de participación social en condiciones estructuralesfavorables.

De lo anterior se desprende la tercera tesis equivocada de los transitólogos, se-g ú n la cual la transición concluye cuando se han establecido elecciones periódicas,plurales y confiables. En este caso, si aceptamos como definición de democraciala realización de elecciones, como lo hace por ejemplo O´Donnell tendremosque aceptar con él, en sus textos autocríticos, que en muchas de las denomina-das nuevas democracias hay instituciones en las que se apoya la participaciónque no son aceptadas como democráticas en los casos de democracias “conso-lidadas”, como por ejemplo el particularismo o clientelismo. Esto lleva a la nece-sidad de entender y definir en qué tipo de instituciones se apoya el pro c e d i m i e n t oelectoral para saber si son la expresión de una vida democrática o no.

La nula utilidad que el instrumental estratégico de las transiciones tiene paraayudarnos a entender el caso mexicano, debe colocarlos en otra perspectiva, talvez mas amplia e histórica que descubra un proceso de cambios continuos y derupturas periódicas.

Entender el cambio continuo

Los cambios políticos que México ha vivido en los últimos años, son producto asu vez de cambios anteriores, por lo que para abordar las transformaciones dehoy parece pertinente hacerlo en perspectiva histórica, que demuestra que Méxi-co no inició un proceso de transición en una fecha determinada, o en todo caso,siempre ha vivido en transición.

Algunos estudios recientes sobre el siglo XIX, particularmente en términos ins-titucionales, como los de Medina,6 por ejemplo, han establecido que la gober-

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nabilidad durante aquellos años se fundaba en una ciudadanía y notables queeran capaces de administrar los ayuntamientos y las entidades federativas. Lagobernabilidad se definía desde los estados, lo cual explica el poder del Legis-lativo formado por las representaciones locales que se negaban a otorgarle alEjecutivo poderes ejecutivos reales. Una de las consecuencias que tal situacióntuvo fue la relevancia que cobraron los militares que se constituyeron en media-dores entre ambos poderes.

Antes de 1850 era imposible hablar de presidencialismo. La primera confor-mación histórica del presidencialismo se da hasta la revolución liberal de 1856que se reflejó en la Constitución de 1857, en la que se estableció la elecciónseparada del Ejecutivo respecto al Congreso, su facultad de enviar iniciativas deley, capacidad de veto suspensivo y de designación de sus secretarios. Su de-bilidad entonces es que estaba sujeto a juicio político por varios delitos, no sólotraición a la patria, sino por violación a la Constitución.

¿Cómo pudo una presidencia constitucionalmente débil convertirse en unapresidencia imperial como fue la que predominó desde 1885? En esta etapa,digamos hasta antes de la revolución de 1910 la explicación se encuentra en eldesbalance que existe entre el Poder Legislativo fragmentado por representacio-nes parroquiales en conflicto y por su propia función, y el Ejecutivo clientelar ycaciquil que servía de mediador entre las fracciones locales en pugna7, y graciasal cual se lograban los acuerdos legislativos. La presidencia pudo desarrollar sufunción mediadora gracias a sus funciones políticas y administrativas de carácterno legislativo, a las cuales hay que agregar el ser jefe del ejército, y todo gra-cias a la pulverización de las facciones en el Congreso.

En cambio, el poder personal del Presidente parece depender de la reelec-ción indefinida a partir de 1890 y de su capacidad para mantener dividida larepresentación en el Congreso. Hay aquí un tema relevante: una cosa es cuestio-nar la institución de la presidencia y otra su uso personal.

La presidencia, criticada por su carácter de poder personal y arbitrario fueprogresivamente combatida por la reivindicación electoral, que data de fines delsiglo XIX y que entre 1911 y 1920 produjo la derrota de una clase política quecolapsó las instituciones de gobierno y el ejército. Después de 10 años de con-flicto, y a partir de la Constitución de 1917 se inicia un periodo de regenera-ción para crear el nuevo articulador histórico de los grupos emergentes.8

La nueva Constitución preveía ya un presidencialismo fuerte. El límite al po-der presidencial lo establecía el equilibrio de poderes, el control que ejerce elpoder legislativo sobre los actos de gobierno, la temporalidad de la gestión pre s i-dencial y la autonomía del poder judicial.

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¿Cómo es que se dio el paso a un presidencialismo arbitrario? No es pro d u c t ode una connotación extralegal, como hacen suponer las tesis de moda sobre lasfunciones metaconstitucionales, sino de un conjunto de elementos más estables queconviene enumerar:

a ) La existencia de un sistema electoral que permitió que el gobierno con-t rolara el voto, lo cual se prueba a través de las instituciones electorales(carácter antidemocrático del sistema).

b) La existencia de un partido del cual el Presidente era el jefe.c) La capacidad para conjugar mecanismos articuladores en el partido para

transmitir las demandas de los sectores sociales, lo que le otorga legitimi-dad (carácter legitimador del sistema), que a la vez transmite a la sociedadlas directrices del gobierno, a través de organismos cúpula como eran laCTM, la CNC y la CNOP.

Una de las claves del presidencialismo mexicano ha sido la centralización delpoder, que se da gracias a las atribuciones constitucionales: legisla, veta,construye, expande sus funciones de gobierno, crea organismos descentraliza-dos, aumenta el gasto federal, extiende la red de comunicaciones, crea organis-mos financieros y grandes empresas, lleva a cabo obras de irrigación, hace usode sus amplias competencias en materia agraria y educativa, crea en fin, unapresidencia benefactora, con lo que genera un vasto consenso entre las organi-zaciones gremiales.

La expansión del poder presidencial ocurre en un contexto internacional favo-rable al corporativismo, de amplios frentes populares y de Estado benefactor. Deahí que pueda afirmarse que el poder presidencial nace entre 1918 y 1928, yse consolida de 1929 a 1940.

De 1940 a 1960 la institución presidencial preserva las características adqui-ridas. Durante este periodo se destaca el hecho de que el poder presidencial seincrementa con el control sobre los cuerpos administrativos del Estado, más quepor su control sobre el Legislativo. El límite a su poder se encuentra en su duraciónsexenal y en los grupos de presión. Es durante este periodo que el orden corpo-rativo empieza a dejar fuera de su sistema de negociaciones a sectores sociales,en 1958 crece la disidencia —nuevos sectores urbanos—, a la vez que empiezaa encontrar sus límites funcionales en su incapacidad para distribuir bienes, loque estalla en la década de los setenta con la crisis fiscal del gobierno, la críticaal Estado benefactor y el desempleo creciente.

A pesar de todo, la presidencia logra mantener el poder gracias a su capa-cidad de diálogo, cooptación y compromiso. Sin embargo, parece necesario

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dar salida a los nuevos intereses y se inician procesos de autorre f o rma política en1963 con los denominados diputados de partido, manteniendo al mismo tiempoun fuerte sistema centralizado en materia de gasto público y de funciones.

No es sino hasta 1982 que se inicia el cambio de fondo que ve reducir pro-gresivamente el poder presidencial: continúan las reformas electorales, se des-mantelan los sectores corporativizados y se desmantelan funciones del estado.9

En síntesis: el amplio poder público centralizado que años después se calificócomo autoritario encuentra sus raíces en el juarismo, se configura en los años de1880 y cobra sentido en 1917. Sin embargo, su expansión como poder pre d o m i-nante es el resultado de un proceso que inicia en 1917, culmina en 1940, se man-tiene hasta 1960, incorpora desde entonces nuevas formas de consulta y acuerd o sy a partir de 1982 inicia su redefinición como poder constitucional acotado porel Legislativo y el Judicial.

Las elecciones del 2000

Por primera vez en la historia de México, en 1988 el nuevo Presidente de la Re-pública fue electo con menos de la mitad de los votos totales (48.7%), incluidoslos votos anulados; es decir, 20% por debajo de los resultados obtenidos seisaños antes por el PRI. Carlos Salinas se transformó así en el primer candidato pre-sidencial del PRI que perdió en varias entidades federativas, como fueron BajaCalifornia, Estado de México, Michoacán, Morelos y el Distrito Federa.10

El segundo lugar, después del PRI, lo obtuvo la coalición denominada FrenteDemocrático Nacional (FDN), compuesta por una amplia alianza de pequeñospartidos de tradición progubernamental, que al lado de las organizaciones dei z q u i e rda acre d i t a ron como su candidato al líder de una fracción disidente del P R I:Cuauhtémoc Cárdenas, que obtuvo 31% de los votos, más que cualquier candi-dato opositor hasta entonces.

El PAN se colocó como la tercera fuerza con la candidatura del empresariosinaloense Manuel J. Clouthier, quien logró 16.81% de la votación, conservan-do los niveles de elecciones anteriores.

La nueva distribución del voto se reflejó también en la composición de laCámara de Diputados, en donde el PRI perdió por primera vez en su historiala mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara de Diputados) en elCongreso, cifra que se requiere para que un partido político por sí solo puedaaprobar reformas constitucionales.

Desde entonces se crea un nuevo espacio de impugnación de los partidosque es el poder legislativo, que perdía así su carácter monolítico y unipartidista,

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para dar paso a una nueva trama compleja de intereses representados por di-versos partidos políticos, los cuales tampoco han sido uniformes en su interior.

La nueva composición de la Cámara de Diputados, situó al gobierno y al PRI

ante la necesidad de negociar en condiciones precarias toda reforma constitu-cional, lo cual explica en buena parte las pérdidas que desde entonces sufre elPRI en las mesas de negociación electoral y los acercamientos del Ejecutivo Fede-ral hacia otros partidos distintos al suyo, con quienes negocia, y a través de loscuales, muchas veces, presenta sus propias iniciativas. El caso del sexenio deCarlos Salinas es paradigmático en su alianza con un grupo del PA N e n c a b e z a d opor Diego Fernández de Cevallos, a través del cual el Ejecutivo presenta las ini-ciativas más relevantes, lo que explica el alto número de iniciativas presentadaspor la fracción panista y aprobadas entonces por el Congreso de la Unión.

Durante las elecciones presidenciales de 1988 resulta evidente el agotamientodel PRI como procesador único de las demandas y de la circulación de grupos eintereses en su interior, por lo que de manera consistente se inician en la vidapolítica las reformas destinadas a crear las condiciones y el ambiente para la al-ternancia. Por un lado, el gobierno federal y el PRI llevaron a cabo su reformainterna en materia de principios con el fin de dar por concluida la propiedadpartidista de la Revolución Mexicana y de sus propuestas básicas; al mismo tiem-po, se impulsó un proyecto económico que acercaba al PRI y al PAN en asuntosque vendrían a ser medulares; en materia política, se impulsaron reformas elec-torales que fueron desmontando las instituciones que incentivaban a los grupossociales y los intereses para procesar su participación únicamente dentro del P R I; sellevaron a cabo reformas en la relación del PRI con sus organizaciones tradicio-nales, con las cuales inició un proceso de desmantelamiento y a la vez de susti-tución a través de nuevas organizaciones independientes.

Es relevante precisar que las transformaciones se dieron siempre con la ini-ciativa de las oposiciones en alianza con el Presidente, manteniendo al PRI en laretaguardia conservadora. Los primeros proponían el cambio, el segundo la go-bernabilidad. A esto se llamó gobernar desde la oposición.

Con estas condiciones políticas, que además obedecían a cambios en el con-texto económico y social que ya se dibujaba desde la década de los setenta, losprocesos electorales de las últimas dos décadas concentraron con gran nitidezla confusa situación que guardaba el PRI frente al voto y el proceso de realinea-miento electoral.

Los resultados electorales demostraron varios hechos: el avance consistentede las oposiciones, primero a partir de reformas concedidas, como las de 1977y 1986; después a partir de reformas impuestas o arrancadas por la oposición,como fueron todas las siguientes y que culminaron en la reforma de 1996.11

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Con estas reformas electorales continuas se llegó a las elecciones intermediasde 1997, en las que se eligieron 500 diputados federales, 32 senadores portres años, así como al Jefe de Gobierno capitalino y la Asamblea del DF.

Los resultados dieron una nueva distribución del poder electoral y un pro c e s oque fue calificado por todos los partidos políticos como creíble y confiable.

El PRI, primera fuerza nacional, obtuvo en total 239 diputaciones por ambosprincipios (de mayoría y de representación proporcional); el PRD 125; el PAN

121; el PVEM 8, y 7 el PT. Como puede observarse, por primera vez en su histo-ria, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que pasó amanos de los cuatro partidos opositores, lo que dio origen a lo que en teoría po-lítica se llama un gobierno no unificado, es decir, un Poder Ejecutivo en manosde un partido que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, en la cual asu vez ningún partido posee dicha mayoría, lo que conduce a procesos políticoscomplejos, y a la necesidad de amplios acuerdos para gobernar.

Para las elecciones intermedias de 1997 el PAN gobernaba sobre 50% de lapoblación concentrada en las principales ciudades del país; el PRD competía enlas regiones rurales y de menor desarrollo de voto duro priísta, lo que aumenta-ba las condiciones para gobernar desde la oposición. Era claro que la nuevadistribución del voto avanzaba paulatinamente de la periferia al centro, de laselecciones locales a las federales.

Como es posible observar, la reforma electoral de 1977 marcó el principiode tres tendencias: el aumento de los incentivos de los partidos políticos deoposición por participar en los procesos electorales y en las reformas de sus insti-tuciones, debido a que ahí encuentran un mecanismo articulador de sus demandasy de una distribución paulatina del poder a partir de una mayor coincidenciaprogramática de largo plazo entre los diversos partidos políticos; el inicio de uncrecimiento en la representación política de las oposiciones en el seno del PoderLegislativo que ya no se va a detener y que tiene que ver más con las reformaselectorales que con una nueva distribución del voto y, finalmente, el inicio de laconstrucción lenta de un nuevo régimen político que culminaría en las eleccionespresidenciales del año 2000, las cuales modificaron sustancialmente la distribu-ción del voto y el conjunto de condiciones que hasta entonces habían predomi-nado en términos de negociación política.

En las elecciones federales del año 2000, el gran acontecimiento político fuela derrota del PRI en la contienda por la Presidencia de la República, debido aque había sido el único partido ganador durante 71 años, desde su creación co-mo PNR en 1929. El PRI obtenía ahora 36.11% de los votos emitidos, 14% menosque en 1994; ganando únicamente en 10 de las 32 entidades federativas delpaís: Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Ta b a s c o ,

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Tlaxcala y Guerrero. En esas 10 entidades, con excepción de Guerrero, la se-gunda fuerza fue el PA N. En el resto de las entidades en que perdió el P R I, es deciren las otras 22, con excepción de Michoacán que fue ganada por el PRD, todaslas ganó el PAN.

La entidad con mayor votación para el PRI fue Sinaloa, estado de origen delcandidato priísta, lugar en el que obtuvo 63.6%, que contrasta con la votaciónalcanzada en el DF, la cual es, después del Estado de México, la entidad conmayor concentración de electores y donde el Revolucionario Institucional obtuvola más baja votación con 23%. La debilidad mayor del PRI se manifestó, ademásdel DF, en Aguascalientes y Baja California, ambas gobernadas por el PAN.

El PAN, creado en 1939, de origen conservador, ganó la Presidencia de laRepública con 42.52%, triunfó en 21 entidades federativas y quedó como seg u n-da fuerza en nueve entidades más, obtuvo además el tercer lugar en Michoacány Guerrero. La entidad con menor votación para el PAN fue Guerrero con 19.1%,f rente a Guanajuato, entidad de origen del candidato panista que fue donde logróla mayor votación con 61.3%.

El PRD, en cambio, obtuvo en la elección presidencial 16.64% de la votación,ganó la elección presidencial sólo en Michoacán y la votación a su favor fue casiinexistente en la zona norte del país, donde se colocó en alrededor de 8%,llegando a casos como Chihuahua con 6.7%, Jalisco con 6.1%, Nuevo Leóncon 6.2%. La entidad con menor votación para el P R D fue Yucatán, donde alcanzó3.9%, frente a Michoacán que es donde obtuvo la mayor votación con 36.5%.

En términos de votos, el PRD sufrió una fuerte caída, al bajar en 10 puntos res-pecto a las elecciones de 1997 y colocarse nuevamente en los números de1994, fecha en la que alcanzó alrededor del 16% de la votación. Debe desta-carse la derrota de Cárdenas en el DF y el triunfo del PAN, lo que reflejó un re-chazo a su candidatura en la entidad que había gobernado; sin embargo, el PRD

ganó nuevamente la jefatura de gobierno, lo que habla de un voto diferenciado encontra de Cárdenas. También es de destacar que aun cuando el PRI perdió todala ciudad (23.9%), en términos de votos, quedó muy cerca del PRD (25.8%), loque nos habla no tanto del éxito del PRI sino del fracaso del PRD, que además,perdió 5 de las 16 delegaciones y la mayoría en la Asamblea de Representan-tes del DF.

El PRI no sólo perdió la Presidencia de la República, sino que también redujosu presencia en la Cámara de Diputados, al pasar de 239 a 209 y a 59 senado-res en lugar de 77 que tenía en 1997, perdiendo además una nueva entidad, elestado de Morelos, sumando, hasta julio de 2000, 12 entidades en posesión de lasoposiciones al PRI, lista a la que se agregó unos meses después el estado deChiapas.

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La derrota del PRI a manos del PAN en la Presidencia de la República tuvo unarelevancia histórica tal que produjo una cortina que ocultó ante la opinión públi-ca la magnitud de la derrota del P R D, que en términos de sobrevivencia es mayorque la del PRI.

Para entender la magnitud de la derrota del PRD debe recordarse que en1997 Cárdenas obtuvo 1 861 441 votos y 38 de los 40 distritos locales en el D F;hoy Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1 504 202 votos y 19 de 40 dipu-taciones. Asimismo, para la elección presidencial, Cárdenas obtuvo en la capitaldel país 1 104 665 votos, casi 200 mil votos menos que hace 3 años, lo quehabla del deterioro de su liderazgo y de los problemas del P R D para re n o v a r-se internamente.

En términos de cargos de representación en el poder legislativo, la coaliciónque encabezó el P R D logró un total de 68 curules en la Cámara de Diputados, delas cuales 27 fueron de mayoría y el resto de representación proporcional, fren-te a 70 de mayoría y 55 de representación proporcional que logró en 1997.

En suma, el P R D pasó de tener 125 curules en 1997 a sólo 68 en el año 2000.En el senado obtuvo en total 16 senadurías, gracias al nuevo sistema de la

lista plurinominal, que le permitió tener tres más que en 1997.El PAN obtuvo la Presidencia de la República; triunfó en un amplio y disperso

número de entidades; ganó el gobierno del estado de Morelos; 53 senaduríasen lugar de las 33 de 1997 y en coalición con el PVEM alcanzó a tener 223 di-putados, lo que lo convierte en la primera minoría.

Si revisamos los datos encontramos que Vicente Fox obtuvo una votación mayorque los candidatos de su partido a la Cámara de Diputados, dicha diferenciafue de alrededor de 1 600 000 votos, lo que nos habla del denominado “votoútil” a favor de Fox. A la inversa sucedió con los candidatos a la presidencia delPRI y el PRD, que obtuvieron menor votación total que los candidatos al poder le-gislativo, lo que nos habla de las fallas personales de ambas candidaturas.

Otro hecho relevante, que nos habla de la falta de enraizamiento de muchasde las formaciones partidistas registradas, es que de los partidos pequeños, nin-guno de los que jugaron solos mantuvieron su re g i s t ro, y sólo lograron sobre v i v i raquellos que participaron en alianza con alguno de los tres principales partidos.

A pesar del llamado pluripartidismo, lo relevante es que 80% de la votacióntotal quedó en manos de dos partidos: el P R I y el PA N, bajando a un lejano terc e rlugar el PRD, lo que parece prefigurar un sistema bipartidista.

Son muchas las interpretaciones que se han adelantado para explicar el nuevorealineamiento del voto que vivió México en el año 2000 y todavía están pendien-tes de realizar los estudios que se aproximen a una interpretación objetiva.

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Para unos, es el resultado o la síntesis de las regiones de México, donde desdehace años la alternancia avanzaba.

Para los analistas de las estadísticas electorales, encontramos un voto inte-ligente y claramente diferenciado, lo que llevó a votar por la alternancia y, almismo tiempo, por la formación de un gobierno no unificado por la presenciadominante de las oposiciones al PAN en el Congreso de la Unión.

Otros más destacan como lo más relevante del proceso electoral de 2000 elpapel que jugaron los medios de comunicación, el uso de las nuevas técnicas depropaganda y mercadeo electoral, así como la fuerte presencia de los recursosfinancieros otorgados por la nueva legislación electoral.

En una perspectiva que no se agota o reduce al dato electoral, otros estudiosconsideran más relevante acudir al estudio histórico, que nos habla del fin de unp royecto priísta fundado en la permanencia en el poder, que ahora es sustituido porla competencia electoral y la alternancia, que suponen la confrontación de distin-tos proyectos y visiones por encima de los partidos, pero dentro de los arreglosinstitucionales existentes.

La derrota del PRI parece reflejar la culminación de las reformas económicasiniciadas a partir de Miguel de la Madrid y que culminaron con Carlos Salinas.Ahora empieza una segunda ola de reformas con Vicente Fox que sería la con-tinuación del proyecto de los tres últimos sexenios y que debe ser leído como laculminación de un proceso de construcción de intereses comunes entre las distin-tas fuerzas políticas.

¿Qué se acabó? Se acaba el PRI como partido vinculado estructuralmente alEjecutivo Federal, lo que supone su radical transformación y el fin de uno de lospilares del presidencialismo mexicano.

Se acaba el PRI como partido que vincula o que media entre las demandasde las organizaciones sociales y el Ejecutivo Federal y que fortaleció en el pa-sado el clientelismo político.

Se acabó el tema histórico de la falta de alternancia como sinónimo de régi-men autoritario, para pasar a un régimen con legitimidad electoral.

Se acabó la creencia de que el PRI sólo puede ganar con fraude o con condi-ciones desiguales de competencia, lo que lo consolida a largo plazo comoopción partidista.

¿Qué empieza? Un periodo de inestabilidad y cambio, que no tiene que vercon la democracia, sino con el diseño institucional del Ejecutivo y el régimen dep a rtidos políticos. El PA N a p a rece como el partido que ganó las elecciones, perogracias a que Fox hizo una convocatoria por encima de su propio partido y dealgunas fracciones que estuvieron en desacuerdo con dicha convocatoria. Estoda por resultado un Presidente fuerte (plebiscitario en términos weberianos) ante

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su partido; sin embargo, débil ante su fracción parlamentaria y ante las organi-zaciones sociales. El PRI por su parte, aparece como un partido idéntico a lo queha sido, con estabilidad derivada de su círculo de poder interior, que lo vuelvealtamente excluyente de los grupos emergentes y amenazado por la escisión pro-funda. El PRD, por su parte, se perfila como un partido visagra o como mediopartido en términos de Arend Lijphart, con divisiones internas consolidadas, ysin la bandera de la democratización que es la que lo definió desde su creaciónen 1989.

Por lo tanto contamos con un régimen de partidos en recomposición, en cri-sis, y por lo tanto, con mecanismos de lucha por el poder también en crisis, loque deriva siempre en inestabilidad política y dificultad para lograr acuerdos.

Empieza también un proceso de reorganización del electorado en el nivel na-cional lo que probablemente modificará el voto duro de los tres principales par-tidos nacionales.

Se consolida el proceso de autonomización de las organizaciones sociales,no sólo por las pérdidas del PRI, sino además por las reformas esperadas en elámbito del gobierno y de los sindicatos. Esto provocará un frente más amplio depresiones sociales y negociaciones difíciles para el Ejecutivo Federal, que con-cluirá hasta que tales organizaciones encuentren sus nuevos canales institucionalesde negociación estable, dentro del gobierno y de los partidos.

Un tema aparte merece la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo.En las nuevas circunstancias, nos encontramos varias interpretaciones. Para

unos, tenemos ante nosotros un Presidente fuerte frente a un poder legislativo nounificado y por lo tanto vulnerable por la dificultad de llegar a acuerdos. Estosería cierto si dicha debilidad pudiera capitalizarla el Presidente para llegar aacuerdos; pero no es así.

La legislación electoral y las tendencias esperadas en la distribución del voto,provocan la formación de un Legislativo altamente dividido que anula cualquierincentivo para la cooperación. Nadie se beneficia con la cooperación y en cam-bio, todos se benefician de la falta de acuerdos.

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NOTAS

1 Meyer y Aguilar, 1989, p. 295.2 O´Donnell, 2002, pp. 6-11.3 Carothers, 2002, pp. 22-34.4 Przeworski, 1998, p. 30.5 Przeworski, 1995.6 Medina, 2001.7 Retomando a Marcello Carmagnani.8 Medina, 2000.9 Hernández, 1993, pp. 263-299.10 Para los datos electorales véase Sirvent, 2002, pp. 61-127.11 Ibíd., 61-128.

BIBLIOGRAFÍA

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Ciudadanía, instituciones y democracia en México

GU S T A V O LÓ P E Z MO N T I E L

Introducción

El proceso de transición política que se vive en México ha planteado como finla consecución de la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, a dosaños de tener un gobierno federal democráticamente electo y un abigarradomosaico de combinaciones políticas a lo largo de las entidades del país, lasopiniones sobre el desempeño de los actores políticos en un espacio más libre,que no necesariamente más democrático, han comenzado a minar la esperanzasobre los beneficios que la democracia trae consigo. El motivo, me parece, es laausencia de condiciones para un ejercicio efectivo de la ciudadanía, así comode mecanismos institucionales que hagan viable un gobierno democrático.

La democracia como sistema de organización de intereses no genera por símisma el cumplimiento de condiciones para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.Existen diversas experiencias donde hay instituciones democráticas, pero los ciu-dadanos no tienen las condiciones mínimas para poder ejercer sus derechos yobligaciones dentro del régimen democrático, corriendo el riesgo de desvirtuarel funcionamiento del sistema mismo y de las expectativas que se generan porsu existencia.

En México contamos con gobiernos democráticamente electos en distintosniveles de la función pública, pero no tenemos aún gobiernos democráticos. Ladistinción es relevante, puesto que un gobierno electo por los ciudadanos de ma-nera libre puede no tener instrumentos democráticos en su ejercicio de gobiern o .

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Partimos de este supuesto para afirmar que la instauración de la democracia enMéxico no es un proceso sencillo, puesto que pasa precisamente por la construc-ción de esos mecanismos democráticos para la toma de decisiones, cuya ausenciapuede ser origen de ingobernabilidad, aunque no necesariamente de inestabi-lidad.

El objeto de este ensayo es argumentar las dos ideas anteriores a través deuna revisión de las condiciones en que se debe desarrollar una ciudadanía efec-tiva, para ubicar los aspectos principales que el proceso de transición políticadebe atacar en los próximos años con el fin de asegurar su cristalización y una de-mocracia sustentable.

Los antecedentes

Durante finales de los años ochenta y casi todo el periodo de los noventa, en elsiglo XX, una corriente de investigación en la ciencia política se centró en el aná-lisis de los procesos de cambio político que se llevaron a cabo en América Latinay Europa del Este principalmente. Independientemente del desarrollo económicode los países, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia,Perú, etcétera, se vieron inmersos en profundas transformaciones políticas y pro-cesos de ajuste estructural, donde de la noche a la mañana se inauguraron losmarcos de competencia política e instituciones democráticas que dieron forma ala tercera ola de democratización internacional.1

El interés surgido por estas experiencias llevó incluso a la creación de modelosinformales para la interpretación y explicación de las transiciones, fundamental-mente como resultado del exitoso proceso español, y tomando como experien-cias alternas los casos de Portugal y Grecia.2 Muy pronto los analistas discutíans o b re los beneficios y desventajas de la implantación de regímenes pre s i d e n c i a l e so parlamentarios, o bien sobre posibilidades intermedias para las nuevas demo-cracias.3

Rápidamente la literatura sobre el diseño institucional se incrementó,4 favo-recida por el nuevo institucionalismo de la ciencia política y por la incertidum-bre y ambigüedad sobre las decisiones en el diseño institucional que imperabaen los países de las distintas regiones. El diseño de los sistemas electorales, lasrelaciones entre los poderes establecidos y la relación entre las instituciones polí-ticas y el mercado, se colocaron en el centro de la discusión sobre la consolida-ción de los nuevos regímenes y la desaparición de los viejos.

Debido a que no hay institución sin tradición, muy pronto diversos diseñosinstitucionales, creados a partir de estas coyunturas, probaron su inadaptabili-dad a las sociedades en que se aplicaron, así como a los intereses que los ac-

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tores políticos imperantes mantenían. Perú y Venezuela fueron ejemplo evidentede este proceso, Ecuador, Paraguay y, en menor medida, Uruguay y Argentina,entre otros, también tuvieron que forzar cambios institucionales como productode las transformaciones estructurales de las regiones y de los diseños que se ha-bían implementado.

México y la transición política

México constituyó una excepción dentro de esta literatura. El proceso de transiciónpolítica mexicana difería en las variables principales, por lo que no se ajustaba alos modelos creados para la explicación del resto de los países. En contraste conotras experiencias, no había un evento, pacto, elección o fecha que determ i n a r acon exactitud el cambio de régimen, sino un conjunto de fenómenos que iban te-jiendo las condiciones de la transición política, lo cual hacía más difícil la expli-cación a partir de los modelos creados.

En México existen varias fechas, pactos, eventos y elecciones que han mar-cado el paso de instituciones autoritarias a otras medianamente democráticas.Los actores políticos perciben más libertades, competencia, etcétera, pero aún noacaban de construir ellos mismos canales de participación y adherencia que ter-minen de endurecer el proceso de transición política. Como ejemplo, los pactosentre las fuerzas políticas permitieron modificaciones a las normas que regulanla competencia, lo que hizo posible la liberalización del sistema.

La constitución y la ley electoral se han modificado sucesivamente desde1977, 1986, 1990, 1991, 1994 y 1996, evolucionando hacia la creaciónde condiciones más equitativas de competencia política, en ello se han visto in-volucrados los grupos políticos con mayor influencia en el país.

En ese contexto, diversas organizaciones fueron acordadas y construidas co-mo auxiliares de la transición política, como los institutos electorales que ahoraexigen transformaciones que les permitan mantenerse como reguladoras de lacompetencia política en un ámbito técnico y no necesariamente político, por lo queson necesarios nuevos pactos y acuerdos. Es previsible que éstos se den de ma-nera gradual, y no en un gran pacto que no podría incluir todos los temas de laconstrucción democrática.

Ciudadanía y política

Uno de los aspectos más importantes de la cristalización de la democracia mexi-cana implica la relación entre ciudadanía y política, donde una de las dificulta-des más relevantes radica en que mientras que la democracia es un sistema de

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derechos positivos, por sí misma no genera automáticamente las condiciones re-queridas para el ejercicio efectivo de estos derechos. La democracia, como di-jera Rustow,5 es un fenómeno fundamentalmente político, desligado de cualquierotra condición, aún cuando puede influir en otras esferas de acción humana ypuede ser influida por ellas.

El acceso a los medios para ejercer una ciudadanía efectiva, tales como laeducación, información, bienestar, etcétera, no se garantiza por la simple existen-cia de instituciones democráticas. México corre el riesgo de convertirse en un paísdemocrático donde no haya las condiciones suficientes para ejercer una ciudada-nía efectiva, con una deficiente democracia que puede derivar en otro tipo de ré-gimen. Una vez que los derechos se hacen efectivos, se requiere de institucionesque garanticen un mínimo de seguridades y bienestar material que desarrollena la ciudadanía misma.

En una democracia los ciudadanos no deben considerar sus obligaciones so-ciales como impuestas, sino como necesarias para garantizar la cohesión socialy hacer viable a la comunidad política. Bajo un régimen no democrático los dere-chos pueden ser mencionados y puede haber organizaciones públicas que losreivindiquen, pero no ser efectivos, por lo que las personas no piensan en térmi-nos de responsabilidad cívica. El paso de súbditos a ciudadanos, que diversosautores mencionaron durante los noventa, es inevitable para hacer viable a unpaís democrático.

Entre las condiciones que permiten la viabilidad democrática está el predo-minio del orden legal. Sin un conjunto de reglas que permitan la elaboración decálculos por parte de los actores políticos y los ciudadanos, el régimen democrá-tico no puede funcionar. La aplicación de la ley y la eliminación de la impunidades esencial para dar certidumbre a quienes participan en un sistema que de porsí tiene altos niveles de incertidumbre y riesgo, como es la democracia. Los es-tados de excepción individual al orden legal que el sistema jurídico mexicanoprevé a través del juicio de amparo, generan intensas lagunas de incertidumbree impunidad, dificultan el funcionamiento del sistema y el ejercicio de la ciu-dadanía.

El Estado mexicano refleja su ineficiencia en la aplicación de la ley al coexistircon diversas esferas de poder que parecen estar fuera del alcance del mismo.El narcotráfico y otros tipos de delincuencia organizada son reflejo de la exis-tencia de ámbitos de poder donde el Estado no tiene influencia, derivando ensistemas de dominación privada que corrompen su actividad y cuestionan suexistencia misma.

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Si el Estado no puede cumplir con su función básica de proteger los derechosy los bienes de las personas, entonces se cuestiona su viabilidad. Más aún, elejercicio de la ciudadanía no se garantiza y por lo tanto su capacidad de influiry vincular las decisiones públicas tampoco. La protección desigual de las perso-nas y sus bienes impacta fuertemente la conciencia ciudadana. La presencia delEstado mexicano es deficiente en diversas zonas del país, por lo que la impuni-dad reina haciendo más difícil el ejercicio de los derechos. Si tomáramos un ma-pa de México e ilumináramos de rojo las entidades federativas o áreas dondeel Estado ha perdido presencia, misma que han ganado otros grupos de interésespecífico, tendríamos a una parte considerable del territorio en manos de entesdistintos al Estado mexicano.

Si bien, como se dijo anteriormente, la democracia es un fenómeno comple-tamente político que no debe ser mezclado con procesos de otro tipo, debemosadmitir que para el ejercicio de la ciudadanía, como base para su funcionamiento,la generación de condiciones materiales y un acceso igual a dichas condicionesson elementos indispensables para la formación de ciudadanos.

Un ciudadano sin información, educación y niveles mínimos de bienestar, nopuede participar efectivamente en los asuntos públicos. Cuando las personas tie-nen que trabajar doble turno, no tienen condiciones que les permitan invertirtiempo y recursos en esparcimiento, o cuando no tienen los medios para hacersede información pública y analizarla, la ciudadanía no se ejerce de manera ade-cuada. Las decisiones, cuando se toman, pueden estar mal orientadas, debido ala insuficiente información o una mala interpretación de ella, con lo que el bienes-tar público puede ser afectado.

Los procesos de ajuste y cambio estructural que se vivieron durante los ochentay noventa en el siglo pasado han tenido impactos importantes en este último par-ticular. Ante la reducción de la base impositiva y el incremento de obligacionesque el estado tiene como producto de una inserción más dinámica en el comerc i ointernacional, los recursos destinados a la generación de condiciones para unaciudadanía efectiva se han visto reducidos y orientados a otras necesidades detipo estatal, no necesariamente benéficas para la consolidación de la prácticaciudadana.

No basta con el reconocimiento de derechos y la protección de las personaspara que la democracia funcione. Se re q u i e re de un sistema jurídico que sea capazde asegurar que estas condiciones se cumplan. Pero también de una estructuraque permita la formación y el desarrollo de ciudadanos que puedan ejercer susderechos y hacer que la democracia funcione.

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Instituciones y democracia en México

Ciudadanos efectivos no es la única condición para avanzar en la transiciónpolítica del país. Como mencionamos anteriormente, podemos tener gobiernosdemocráticamente electos, lo que implicó el ejercicio de la ciudadanía, pero notener gobiernos democráticos. Esta última condición puede referirse, y creo queen el caso de México es así, a la falta de mecanismos institucionales democrá-ticos que permitan a los gobiernos ser también democráticos.

Esto implica la base del ejercicio mismo de la ciudadanía, puesto que ésta nose agota en el voto o en alguna otra actividad formal de participación política,sino que va más allá y se realiza en la cotidianeidad misma. ¿Cuántas decisionestoman las estructuras de gobierno día con día? ¿En cuántas de ellas participa-mos los ciudadanos en México? De nada sirve elegir a un gobierno de maneralimpia y democrática si éste no encuentra mecanismos que le permitan tomardecisiones, o no logra que las decisiones tengan un vínculo con la ciudadaníay que mantengan entonces una fuente de legitimidad.

Los regímenes democráticos no son todos iguales y no deben serlo. Las insti-tuciones políticas tienen bases históricas y tradicionales que les permiten mediary canalizar intereses. Las instituciones que se imponen sin una base histórica nopueden sobrevivir mucho tiempo sin poner en riesgo al sistema en su conjunto.En México, las instituciones políticas democráticas son escasas y su construcciónimplica tiempo. A pesar de ello, no nos podemos dar el lujo de promover esaconstrucción a largo plazo, si no queremos que los bonos populares de la de-mocracia disminuyan, pero tampoco imponer arreglos que caigan por sí solosen el corto plazo.

Parece entonces evidente que la duración de las democracias depende de laforma en que se construyen sus arreglos institucionales. En este sentido podemosidentificar dos niveles en que estos arreglos funcionan. Por un lado, lo que lla-maríamos el nivel macro, donde podemos identificar las relaciones entre el eje-cutivo y el legislativo en el caso de los países presidenciales, las relaciones deindependencia de los bancos centrales, los sistemas electorales, etcétera, que soncondiciones básicas para la existencia de la democracia.6

Por el otro, lo que se refiere a la microfísica de las relaciones políticas que esdonde se ejerce de manera efectiva la ciudadanía. Por ejemplo, cómo podemosinfluir en una decisión gubernamental por mínima que sea. ¿Existen los mecanis-mos en México para que los ciudadanos se hagan escuchar y que los funciona-rios tomen en cuenta las opiniones? Nuestra participación política no se reduceúnicamente al voto, pero tampoco existen mecanismos que vinculen a la ciuda-danía con las decisiones cotidianas.

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El referéndum y el plebiscito, las consultas vecinales, las audiencias públicas, yotras formas de participación política que diversas constituciones y leyes estatalescontemplan, no satisfacen el requisito de la ciudadanía efectiva, porque la apli-c a c i ó n de las mismas pasa por la aprobación de la autoridad, cualquiera queésta sea.

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de México existen diversos mecanismosde participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum que pueden sersolicitados por los propios ciudadanos, pero al final del proceso ambos meca-nismos deben ser avalados por diversas autoridades para su realización. El ple -biscito es autorizado por el jefe de gobierno y el referéndum por la AsambleaLegislativa, aún cuando hayan sido solicitados por los ciudadanos. Las consultasvecinales y las audiencias las programan los delegados u otras autoridades comoel jefe de gobierno. Más aún, los parámetros que la ley establece para que lasdecisiones tomadas a partir de estos mecanismos de participación se vuelvanvinculantes para la autoridad son demasiado altos.

Esto nos lleva a dos vertientes de discusión. Por un lado la que se refiere aqué mecanismos institucionales de participación política, en el nivel más bajo,deben construirse para asegurar que las decisiones gubernamentales en todoslos niveles estén vinculadas con la ciudadanía. Por el otro, la construcción de ins-tituciones que favorezcan el desempeño de los gobiernos y, por lo tanto, incre-menten la calidad de la democracia.

En el primer caso, pueden tomarse experiencias de participación local que alo largo del país se dan de manera informal. No es necesario ni recomendablehomogeneizarlas, pero sí es deseable formalizarlas y ligarlas con disposicionesque sancionen a los funcionarios para que respeten estas formas de participa-ción, y que sean parte del proceso de elaboración de políticas y toma de deci-siones.

En buena medida, los arreglos institucionales de la democracia afectan su de-sempeño, por lo que debe haber un balance entre el aseguramiento del ejerc i c i ode la ciudadanía y la agilización de los procedimientos en la toma de decisionesy su ejecución. Ciertamente la figura del amparo no contribuye con esta aspira-ción, pero en un régimen democrático dicho mecanismo de protección de dere c h o sindividuales debería ser modificado por otro que proteja a la colectividad en suconjunto, como la revisión judicial.

Como conclusión

No es de esperarse que la construcción de la democracia en México concluyaen poco tiempo. Si bien otras sociedades pasaron largos años para el reconoci-

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miento de libertades y derechos, así como para la construcción de mecanismose instituciones que permitieran una permanencia de largo aliento, el proceso enl a s nuevas democracias tampoco puede ser tan lento, pues de otra manera elimpulso ciudadano y la expectativa sobre el nuevo régimen pueden verse da-ñados.

Independientemente del tiempo que dure la cristalización de la democraciaen México, debemos asegurarnos de la existencia de instituciones democráticasque permitan a los gobiernos ser democráticos, y que en ese contexto puedandarse las condiciones para un ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Estas circunstancias parecen ser determinantes para una democracia a largoplazo que genere satisfacción entre los ciudadanos. El arreglo institucional quese logre conformar y la participación ciudadana efectiva, impactarán necesaria-mente el desempeño y la duración de la democracia mexicana.

NOTAS

1 Huntington, 1991.2 Huntington, 1991; Diamond et al., 1989; O’Donnell et al., 1986.3 Linz y Valenzuela, 1994; Mainwaring, 1995; Mainwaring, 1999; Shugart y Carey, 1992.4 Lijphart, 1996; Goodin, 1998.5 Rustow, 1970.6 Lijphart, 1999.

BIBLIOGRAFÍA

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153

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1992.

r

Los movimientos sociales en la transición a la democraciaen América Latina: México y Brasil

JO R G E CA D E N A RO A

Los estudios académicos acerca de las transiciones a la democracia han estadodominados por politólogos que consideran que éstas son resultado de pactosentre las elites. Desde este punto de vista, los movimientos sociales no tienen nin-gún efecto causal en los procesos de democratización. En otro trabajo sobre latransición a la democracia en México1 demostré que los movimientos socialeshabían tenido una importancia fundamental en dicho proceso y que en el trayec-to habían establecido relaciones muy estrechas con instituciones y actores políti-cos y sociales.

Lo que me propongo ahora es examinar algunos procesos de democratiza-ción en América Latina para evaluar si lo que encontré en aquel trabajo se sos-tiene o no en otras experiencias de la región. En otras palabras, se trata de ver silos movimientos sociales han tenido alguna importancia causal en los procesosde democratización en América Latina o no. El caso que se analiza en este tra-bajo es el de la transición a la democracia en Brasil.

El debate sobre las transiciones depende de dos consideraciones básicas:21) el punto de partida de la transición y 2) lo que entendemos por democracia,es decir, las características que identifican al punto de llegada.

Las transiciones dependen del punto de partida desde el que se inician. Latransición mexicana se dio a partir de un estado posrevolucionario en el quelas masas apoyaron las políticas gubernamentales a cambio de beneficios con-cretos en el plano laboral y agrario, fundamentalmente. Pero, como sabemos,las revoluciones son hechos poco frecuentes. En América Latina sólo en unoscuantos países el poder ha sido conquistado mediante la revolución, dando a

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sus líderes la oportunidad de refundar el Estado: México, Cuba y Nicaragua. Enmuchos otros países de la región diversos movimientos armados fracasaron en susintentos de conquistar el poder: Bolivia, Perú, Guatemala, Venezuela, Colombiay El Salvador, entre otros.3

Existe cierta contemporaneidad en los procesos de transición en AméricaLatina. A finales de la década de los ochenta hubo transiciones en Brasil, Uru-guay, Chile, Honduras y Panamá; en la de los noventa las hubo en Colombia,Perú, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Guatemala. Debido a la contem-poraneidad de estos procesos, Huntington4 habla de “la tercera ola de la demo-cracia,” que incluye a una treintena de países de varios continentes. Vale lapena llamar la atención sobre la coincidencia entre los retrocesos económicos ylos avances de la democracia en América Latina. Para decirlo con Garretón,5“lo que los economistas llamaron la ‘década perdida para el desarrollo’ fue ladécada ganada para la democracia”. Los re t rocesos económicos y los avances de-mocráticos contrastan con las expectativas de la sociología de la dependenciaque planteaba que, llegado a un cierto punto, resultaban incompatibles “las ne-cesidades de la acumulación capitalista” y las instituciones representativas,6 porlo que era necesario el establecimiento de estados burocráticos autoritarios7 p a r apasar a la fase intensiva de la acumulación de capital en América Latina. La noti-cia de que las instituciones democráticas pueden convivir con diferentes grados dedesigualdad social ha sido recibida con sorpresa pero asimilada paulatinamente.8No por ello pierde actualidad la constatación realizada por los primeros filóso-fos de que la desigualdad social provoca inestabilidad política.9 Así mismo, Linzy Stepan1 0 han señalado que una de las condiciones favorables para la consoli-dación de la democracia es la existencia de lo que llaman sociedad económica,que consiste en un conjunto de normas, instituciones y regulaciones sociales ypolíticas que median entre el estado y el mercado y cuya función es evitar lasdistorsiones y fallas que provocan tanto las economías de libre mercado comolas economías planificadas.11

Si bien varios de los procesos de transición en América Latina se dieron en elcurso de las dos últimas décadas del siglo pasado, sus puntos de partida no fue-ron los mismos. A este respecto Garretón12 distingue entre fundaciones democrá-ticas, países donde por vez primera se instala un régimen democrático como enGuatemala y otros países centroamericanos y caribeños; recuperaciones demo-cráticas, en las que la transición representa la reinstalación de democracias quenaufragaron por golpes militares como en Chile, Brasil, Uruguay y Argentina; yprofundizaciones democráticas, en los que un régimen semiautoritario o protode-mocrático transita a uno más democrático, como en México y Colombia.

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En la medida en que los puntos de partida difieren, es de esperarse que lasrutas por las que cada país transite a la democracia sean también diferentes y que,aunque se diga que transitan a un mismo punto, “a la democracia”, en realidadno convergen en regímenes políticos idénticos. El peso de las instituciones, de lacomposición de las elites, de las estructuras de movilización, de los partidos polí-ticos, de la cultura política, por mencionar sólo algunos factores, es insuperable.Las democracias resultantes (fundadas, recuperadas o profundizadas) presentancaracterísticas y calidades diferentes que son de importancia, particularmentedesde el punto de vista de las perspectivas de su consolidación —como Brasil yMéxico—, de su eventual reversión —como en los casos de Haití, Perú y Pana-má—, o de situaciones de inestabilidad e ingobernabilidad —Argentina.

La definición misma de la democracia es motivo de debate. De acuerdo con lamanera como sea definida, se podrá evaluar si diferentes eventos y procesos nosa c e rcan a la democracia o no, si tienden a consolidarla, a debilitarla o a re v e rt i r-la. A este respecto adopto la definición operativa de McAdam, Tarrow y Tilly,13

quienes consideran que un régimen es democrático en tanto que mantenga unaciudadanía amplia, igual y autónoma, que posea mecanismos de consulta a la ciu-dadanía que sean vinculantes para el gobierno y que los ciudadanos cuentencon protección ante acciones arbitrarias de agentes gubernamentales. De estadefinición se desprende que, procesos políticos que conducen a ampliar la ciu-dadanía, a garantizar su igualdad frente a la ley, a establecer mecanismos ins-titucionales de protección de los derechos ciudadanos frente a los gobiernos,constituyen procesos democratizadores. Esta definición operativa atiende cues-tiones fundamentalmente políticas, referidas a cambios en las relaciones entregobernantes y gobernados, a la existencia de derechos reconocidos para la ma-yor parte de la población y a la capacidad que tiene ésta para defenderse anteabusos y arbitrariedades de las autoridades. Otras definiciones incluyen requisi-tos de igualdad económica o consideran suficiente para hablar de democraciacon que haya elecciones regulares y que su resultado sea aceptado por los par-ticipantes.

En este ensayo considero algunos factores importantes que encontré en latransición a la democracia mexicana y que podrían también existir en otros casos.Éstos son: 1) se registran cambios en el tejido social y se establecen estructurasde movilización independiente. En el caso mexicano, el problema consistió enpasar de un tejido social dominado por relaciones corporativas que privilegia-ban relaciones de dependencia e intercambio político a otro en el que se reco-noce y respeta la autonomía de las organizaciones. Esto implicó la formación yarticulación de organizaciones sociales y civiles auténticamente representativasde grupos de población con demandas propias; 2) se fundan partidos políticos

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representativos de la pluralidad social que, a su vez, son independientes y susactividades no son perseguidas; 3) se fundan medios de comunicación indepen-dientes que se identifican con los puntos de vista, proyectos y actividades de losgrupos democratizadores y, en ejercicio de la libertad de prensa, los difunden.Esto produce presiones para que los medios de comunicación asociados al régi-men autoritario se abran paulatinamente.

Lo que sigue intenta verificar si, como en México, la transición en otros paísesde América Latina fue resultado de la acción combinada de movimientos socia-les, partidos políticos, organizaciones civiles y medios de comunicación indepen-d i e n t e s que se form a ron y vincularon entre sí bajo el régimen autoritario. Ta m b i é nintenta constatar si es el caso de que en el curso de su formación y estableci-miento de vínculos entre sí, dichos actores contribuyeron, mediante sus esfuerzossostenidos a: 1) promover el respeto de los derechos ciudadanos de una porc i ó nc reciente de la población; 2) impulsar el respeto al voto para la formación de go-b i e rnos, legislaturas, poderes locales para la toma de decisiones; y 3) proteger alos ciudadanos ante acciones arbitrarias de autoridades gubernamentales.

La transición a la democracia en Brasil

La comparación entre México y otros países de América Latina no es frecuente,pues se considera que nuestro país es excepcional en muchos sentidos, al gradode que México ha tenido “la rara costumbre de ir un poco a contramano de lahistoria política de América Latina”.14

Empecemos, entonces, por las diferencias más importantes entre la transiciónmexicana y la brasileña para luego identificar algunas analogías entre ambosprocesos:

a) La transición mexicana se dio desde un régimen posrevolucionario concapacidad de inclusión subordinada de grupos populares que manteníaun discurso revolucionario y promesas de justicia social. La transición bra-sileña parte de un régimen burocrático autoritario que se había dado a lat a rea de promover la profundización de la acumulación capitalista. Los gru-pos populares estaban excluidos de la coalición gobernante, los canalesde re p resentación de intereses estaban controlados y la re p resión alcanzóniveles altos, principalmente entre 1969-1973.

b) La última asonada militar triunfante en México fue la rebelión de AguaPrieta en 1929 que encumbró al Grupo Sonora. El régimen militar brasi-leño data del golpe de 1964 que estuvo justificado en términos de segu-ridad nacional.

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c) En México hubo elecciones regulares desde 1920 y en 1929 se funda elpartido del estado (PNR, PRM, PRI) que se mantiene en el poder hasta el año2000. En Brasil, el golpe de 1964 creó un sistema bipartidista no compe-titivo en el que se conservaron las elecciones legislativas y las reglas elec-torales se ajustaban para producir resultados deseados por el régimen.

d) La transición mexicana se centró en la lucha por el voto libre, limpio e im-parcial, lo que dio lugar a sucesivas reformas a la legislación electoral queabrió espacios a la oposición en la Cámara de Diputados y dio autonomíaa la institución encargada de organizar y calificar las elecciones. La brasi-leña lo hizo mediante la negociación de una nueva constitución y la cele-bración de elecciones presidenciales directas. En 1988 se promulga lanueva Constitución y en 1990 concluyó su mandato el primer gobierno civilelecto todavía conforme a las reglas del régimen militar.

e) El ejército mexicano está subordinado a mando civil. El brasileño se hizodel poder y lo ejerció directamente además de que creó un aparato deinteligencia que vigilaba a las autoridades y a la sociedad. La recupera-ción democrática en Brasil pasó por garantizar a los militares ciertas pre-rrogativas. Si bien los militares brasileños no conservaron la influencia delos chilenos en el nuevo régimen,15 de todos modos se convirtieron en unenclave autoritario que controlaba el ritmo de la transición.16

Si pasamos del nivel agregado del régimen político y la temporalidad de lastransiciones a uno más profundo que registre los cambios en el tejido asociativode ambas sociedades, encontraremos algunas analogías significativas.

El proceso de liberalización en Brasil —consistente en la suspensión de lacensura de prensa y la convocatoria de elecciones legislativas en 1974— fueiniciativa del régimen militar para contrarrestar el peso desproporcionado queadquirió la “comunidad de inteligencia” dentro de las elites gobernantes y recu-perar el apoyo de sectores liberales desafectos (la iglesia y las asociaciones pro-fesionales principalmente). Al amparo de la liberalización, el opositor MovimientoDemocrático Brasileño (MDB) obtuvo importantes triunfos electorales que le dieronacceso al Legislativo. El régimen modificó las reglas electorales para evitar futu-ros avances de la oposición mediante la Ley Falcao que controlaba la propagan-da electoral y el partido del gobierno (Arena) ganó las elecciones municipales de1976. Entre 1976-1977 hubo un recrudecimiento de la represión y se expidióel “Paquete de Abril” (1977) mediante el cual el gobierno designaría una terc e r aparte del senado y las elecciones de gobernadores serían indirectas. Con el “Pa-quete de Abril” el Legislativo quedó bloqueado como espacio para el cambio de

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régimen, lo mismo que los espacios de la política estadual (ambos muy impor-tantes en la transición mexicana).

Hacia 1979 el proceso de liberalización cobró nuevo impulso. Se concedióamnistía, se amplió el sistema de partidos y se restableció el voto directo parala elección de gobernadores. Sin embargo, para contrarrestar las tendenciasplebiscitarias de las elecciones, el gobierno se expidió el “Paquete de Noviem-bre” (1981) que prohibía las alianzas electorales forzando a que la oposicióncompitiera entre sí. Con todo, en las elecciones de 1982, el PMBD ganó nueveg u b e rnaturas y el P D T una. La crisis económica de 1982 y las revelaciones de co-rrupción en el gobierno del general Figueiredo (1979-1985) dieron lugar a críticasdel sector empresarial y a saqueos en algunas de las pricipales zonas urbanas.

La liberalización iniciada por el propio régimen autoritario abrió lo que Ste-pan17 llama una dialéctica de concesión del régimen-conquista de la sociedad.De acuerdo con Sandoval,1 8 el movimiento obre ro y el movimiento urbano popu-lar fueron parte de un mismo ciclo de protesta que tuvo influencia en la transicióna la democracia en Brasil. Las vinculaciones entre movimiento sindical,19 movi-miento urbano20 y partidos políticos21 tienen sus antecedentes en la década delos sesenta en la que se da una multiplicación de sindicatos de trabajadores en laindustria automotriz y metalmecánica del cinturón industrial de Sao Paolo cono-cido como ABC.22 El régimen militar no prohibió la organización sindical, perotampoco permitió su organización nacional. Las disputas laborales eran decidi-das por cortes laborales presididas por jueces nombrados por el gobierno.

Las actividades de protesta, tanto de los movimientos populares como de lossindicatos, eran consideradas desde la óptica de la seguridad nacional comoamenaza a la estabilidad del régimen militar. Después de más de una décadade represión severa, hacia 1977 se inician las actividades de protesta contra elrégimen militar al amparo del proceso de liberalización controlada. La actitudtolerante del gobierno frente a las huelgas tenía como intención “lograr que losre p resentantes empresariales disidentes entendieran lo que podría significar un ré-gimen no autoritario”.23

La oposición organizada dio sus primeros pasos en espacios institucionales:asociaciones de profesionistas y espacios amparados por la iglesia y univer-s idades. Se trataba principalmente de periodistas que luchaban contra la censu-ra, abogados que pedían la restitución del Estado de derecho, profesores yestudiantes universitarios que demandaban autonomía universitaria, reformasal sistema educativo, mayor financiamiento y participación en el gobierno uni-versitario.24

Los sindicatos contaban con el apoyo de miembros de la jerarquía eclesiásti-ca, de comunidades eclesiales de base (CEB) y de organizaciones de vecinos en

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las que las CEB tenían presencia.25 Además de solidaridad, estos lugares pro-veían, durante los periodos de huelga, de espacios de reunión y discusión, todavez que las fábricas estaban custodiadas por el ejército. En el marco del movi-miento huelguístico se dieron importantes manifestaciones en las que participa-ban trabajadores, estudiantes, profesores universitarios, miembros de la iglesia,abogados y periodistas que demandaban el fin de la represión, la firma de uncontrato negociado y reformas a la ley laboral. Después de 60 días de huelganinguna de las demandas del movimiento fue satisfecha.

Las demandas obreras propiciaron la confluencia de diversos sectores oposi-tores al régimen militar. Su capacidad de organización y movilización facilitó lacreación de articulaciones y relaciones de confianza entre ellos que alteraronla agenda de la democratización. Una de las consecuencias del periodo de huel-gas 1977-1979 fue que algunos líderes sindicales fueron proyectados al esce-nario político nacional y tuvieron que ser tomados en cuenta por sectores de elitefavorables a la democratización que vieron en ellos y en el movimiento sindicalun aliado potencial. Pronto se dejó ver que no habría democratización posible siestos actores eran excluidos del nuevo pacto político y por lo menos algunas desus demandas eran satisfechas.

Mientras esto sucedía entre las organizaciones sociales, se crearon tambiénnuevas organizaciones políticas representativas de intereses populares, en par-ticular una central sindical nacional con amplias bases en los sindicatos máscombativos de la industria metalmecánica y automotriz. Para fundar las organi-zaciones políticas populares, los líderes sindicales tuvieron que posponer deman-das estrictamente locales o sectoriales a fin de crear una agenda nacional deinterés común. Esta central nacional fue el actor principal del siguiente ascensodel movimiento obrero entre 1981 y 1983 que incluyó llamados a huelga gene-ral por democratización, re f o rmas a la legislación laboral, independencia sindicaly protestas por los acuerdos del gobierno con el FMI.

En este contexto, líderes sindicales, del movimiento urbano, intelectuales y po-líticos de oposición, así como miembros de clero progresista, iniciaron trabajospara fundar un partido político basado en el movimiento obrero como respuestaa los intentos gubernamentales de desmembrar al partido opositor MovimientoDemocrático Brasileño (MDB). El nuevo partido político, el Partido del Trabajo (PT),tenía también la intención de crear alianzas políticas más amplias. De ahí enadelante, las demandas sindicales propias de relaciones laborales eran plantea-das como parte de una estrategia más amplia por democratizar al país. Losmovimientos huelguísticos de 1983 estaban motivados no sólo por asuntos la-borales, sino también por demandas de autonomía sindical y democratizacióndel país, ambas consideradas derechos humanos inalienables. La estrategia,

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tanto en el movimiento sindical como en el popular, fue de formar coalicionesopositoras.

En 1984 la demanda al Congreso de ratificación de la reforma constitucio-nal Oliveira, que restituía la elección directa de presidente de la República, seconstituyó en el eje de las movilizaciones. La campaña nacional por “directasya”, que incluyó manifestaciones masivas en los principales centros urbanos, fuecoordinada por la coalición de partidos de oposición, sindicatos y organizacio-nes del movimiento social que buscaban poner fin al régimen militar. En abril deese mismo año el Congreso rechazó la enmienda constitucional y la elecciónpresidencial se desarrolló con las reglas del régimen militar. Si bien no se logróel objetivo expreso del movimiento, sí se consiguió con reivindicaciones propiasque pospusieran sus demandas sectoriales a favor de una agenda común quepasaba por la celebración de elecciones directas, consolidando así las relacio-nes entre las organizaciones opositoras al régimen militar. Llegado el momento,estas experiencias facilitaron la creación de consenso en torno a un candidatoopositor para las elecciones presidenciales, Tancredo Neves.

La candidatura de Neves fue impulsada básicamente por los mismos sectoresque habían coincidido en la campaña por elecciones directas, es decir por sin-dicatos, movimientos sociales, sectores progresistas de la iglesia, asociacionesp rofesionales y por un sector moderado de la oposición. Pese a las elecciones in-directas, Neves ganó y los militares reconocieron su victoria.26 Con el nuevogobierno se llegó al acuerdo político de que los cambios estructurales seríannegociados y formalizados mediante la revisión de la constitución.

A partir de este momento los incentivos para la movilización del movimientourbano y el movimiento sindical dejaron de coincidir y sus caminos se bifurca-ron. El movimiento urbano concentró sus esfuerzos en formar alianzas con lídere spartidarios y autoridades gubernamentales para satisfacer sus demandas secto-riales, disminuyendo con ello su militancia. En cambio, como las organizacionessindicales eran más fuertes que los movimientos populares, disfrutaban de ciert aautonomía frente a la política partidaria y tenían mayor capacidad de acciónconcertada contra las políticas económicas del gobierno, optaron por una polí-tica de mayor movilización y confrontación, a pesar de contar con mayor accesoa las elites políticas.

Por su parte, la competencia electoral entre partidos políticos se expresó enintentos de incorporar a líderes y activistas del movimiento popular en “gobiern o sparticipativos,” consejos consultivos, programas de acción social y grupos deasesores. Paralelamente, numerosos activistas del movimiento popular de basese volcaron al movimiento sindical.27 El Partido del Trabajo (PT) y la central na-cional de trabajadores reclutaron a muchos de sus militantes entre activistas de

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los movimientos sociales, con ellos se dio un intercambio muy fluido entre cua-dros del movimiento popular, partidos políticos y autoridades gubernamentales.

En este periodo se observa una recuperación de las demandas sectoriales,tanto en el movimiento popular como en el sindical, y un abandono de esfuer-zos por formar coaliciones amplias. En el periodo 1988-1989 los diferentes ac-tores políticos intentaron influir en el proceso de reforma constitucional.

Con la democratización del país, el movimiento popular logró el reconoci-miento constitucional de derechos civiles, políticos y sociales en los que descan-sa la legislación ordinaria y la elaboración de política social. Más adelante sedistanció de los partidos y adoptó un discurso antipartidista. Por su parte, el mo-vimiento sindical obtuvo cambios importantes en las relaciones laborales y elrespeto a la autonomía de sus organizaciones.

El Partido de los Trabajadores, fundado a principios de la década de losochenta, todavía bajo el régimen autoritario, alcanzó relevancia nacional. En1989 postuló a su propio candidato presidencial, Luis Ignacio da Silva (Lula),quien había sido el líder de las huelgas obreras de 1978-1980. Lula perdió laelección en la segunda vuelta con un margen de 5% frente a Collor de Mello,lo cual muestra la capacidad e influencia que habían alcanzado las organiza-ciones sindicales, populares y partidarias en Brasil.

Conclusiones

Esta apretada reseña de la transición brasileña permite identificar algunas analo-gías significativas con la transición mexicana2 8 y plantear algunas conclusionesp re l i m i n a res. En ambos pro c e s o s :

1) La emergencia de movimientos sociales fue resultado de la convergenciade redes de activistas, de redes de organizaciones civiles, sociales, políti-cas y de instituciones preexistentes con focos de población agraviada.

2) Al entrelazarse estas organizaciones y compartir e intercambiar personal,paulatinamente se crearon o ampliaron redes de confianza y de comunica-c i ó n que facilitaron la cooperación entre ellas, a partir del re c o n o c i m i e n t omutuo de su independencia y autonomía.

3 ) En estas redes de confianza, que se reconocían como alternativas a las re-des dominantes —ligadas al régimen autoritario—, comenzó a forjarse unaideología civil y democrática que se expresó, de manera generalizada, endemandas de autonomía organizacional e independencia frente al estadoa u t o r i t a r i o .

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4 ) Esas redes pro c u r a ron ampliarse, estableciendo vínculos con focos de po-blación agraviada en el campo, en las fábricas, en las colonias populare s ,en los asentamientos irre g u l a re s .

5) La urdimbre de redes de confianza alternativas se dio a partir de las acti-vidades de grupos laicos animados por la doctrina social de la iglesia yla teología de la liberación y por el trabajo de grupos de activistas deizquierda. Una vez que estos grupos se establecieron y fueron conocidos,diversos focos de población agraviada los buscaron para recibir de ellosasesoría técnica, política y entrar en contacto con otros grupos e institucio-nes que simpatizaban con sus luchas y estaban dispuestos a apoyarloscon recursos.

6 ) Estas redes de confianza y comunicación se form a ron en un contexto hos-til. En México ese contexto estuvo caracterizado por la violación sistemáti-ca de derechos ciudadanos; la falta de respeto al voto mediante un sistemade partidos no competitivo; un sistema electoral que no era libre, limpio nii m p a rcial; un sistema corporativo que en la práctica escamoteaba el dere-cho a la libre asociación; por prácticas de clientelismo, cooptación y re p re-sión y, por la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para ladefensa y protección de derechos ciudadanos ante acciones arbitrarias delas autoridades. En Brasil se dio en condiciones aún más duras de re p re-sión y violación de derechos humanos, un sistema partidario y electoralc o n t rolado por el régimen militar e igualmente por la ausencia de mecanis-mos de defensa frente abusos de las autoridades.

La construcción de redes de confianza alternativas fue promovida por gruposque tenían (y conservan) diferencias en cuanto a la orientación, la intensidad,los agentes y los medios necesarios para la lucha contra el autoritarismo. Me-diante sus acciones, muchas veces con carácter local y sectorial, tejieron un“movimiento social por la democracia,” que es una manera sintética de apuntaral proceso de emergencia, difusión y entrelazamiento de redes de líderes, orga-nizaciones e instituciones independientes y democráticas.29

En México, individuos y grupos encontraron clausuradas las vías legales einstitucionales para hacer respetar sus derechos y en el camino se topaban conque esos gobiernos, además de no cumplir, no toleraban siquiera el ejercicio dederechos que debían proteger. Como en Brasil, paulatinamente, esa situaciónlos empujó a plantear demandas más generales por diferentes vías: el respetode los derechos ciudadanos y la protección de éstos frente a actos arbitrarios delgobierno. Muchos movimientos sociales en ambos países no se veían a sí mis-

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mos como movimientos democratizadores. Sin embargo, en la medida en que lu-charon en defensa de sus derechos ciudadanos violados por las autoridades,podrían ser analizados, en retrospectiva, como demandas por la democracia.

Desde luego, no propongo que los movimientos sociales son la causa única,ni siquiera principal, de las transiciones a la democracia. Como acertadamenteseñala Oberschall,30 es una falacia pensar que todos los movimientos socialespromueven la democracia: existen movimientos no-democráticos e incluso antide-mocráticos. Los movimientos sociales promovidos o auspiciados por elites autori-tarias como parte de sus estrategias de acceso, continuidad o salida del poder,como son los casos de numerosos movimientos nacionalistas y supremacistas así co-m o la revolución cultural china y el nazismo, distan de favorecer la instauraciónde la democracia. En este sentido, “los movimientos sociales son benéficos paralas transiciones a la democracia cuando propician el surgimiento de una oposi-ción democrática, que no podría haber existido de otra manera”.31 Lo que sepropone aquí es, en cambio, que la creación de tejido social democrático porparte de los movimientos sociales ha sido dejada de lado por los transitólogosen favor de análisis centrados en las decisiones estratégicas de las elites, y quehay que reincorporar al análisis estos procesos.

Las transiciones son procesos complejos (en el sentido de que durante su de-sarrollo se presentan fenómenos emergentes) en los que participan numerososactores institucionales y no institucionales, organizados y no organizados, quetienen iniciativas propias y reaccionan adaptativamente frente a las iniciativasy respuestas de los demás. En estos procesos hay expectativas, anticipación dereacciones e interpretación de las acciones (y omisiones) de los demás. En estesentido, hay que entender el papel de los movimientos sociales en las transicio-nes a la democracia como acciones colectivas en los que interactúan con otrosactores, fuerzas políticas, gobernantes, miembros de las elites, grupos que desa-fían al régimen autoritario y a sus aliados. De esta manera, los movimientossociales y sus consecuencias son resultado de procesos más amplios de negocia-ción política32 que no pueden reducirse sólo a dos actores, en el caso de lastransiciones, a las negociaciones entre “duros” y “blandos”, por ejemplo.

Por otra parte, las relaciones causales entre movimientos sociales y democra-tización son difíciles de rastrear en tanto que las fronteras entre los diversos ac-tores que participan en el proceso son inestables. Encontramos reiteradamenteque activistas de movimientos sociales pasan a partidos políticos y de ahí, even-tualmente, a posiciones en las legislaturas o a cargos ejecutivos o consultivosdentro de los gobiernos. Hay también transferencias de cuadros en otras direc-ciones. La relación causal entre movimientos sociales y democratización está

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entreverada con las acciones de otros actores, con su desarrollo organizativo ygrado de vinculación e interpenetración con el resto del tejido organizativo e ins-titucional de la sociedad.

En la medida en que se ha puesto más atención en los procesos de creaciónde identidad colectiva y en las demandas reivindicativas de los movimientossociales de América Latina —a costa del análisis de las vinculaciones e interpe-netraciones entre ellos y los partidos políticos, las instituciones sociales y las delestado—, el papel que han tenido en las transiciones a la democracia ha sido es-casamente estudiado.

A la falta de relevancia teórica al problema, se agrega que, debido a la into-lerancia de los regímenes autoritarios a las actividades de organización indepen-diente de los sectores subalternos, pocos esfuerzos se hicieron para documentarlas actividades de los movimientos sociales y de los grupos de activistas que sed e d i c a ron a bordar relaciones entre diversas organizaciones, creando un tejidoasociativo alternativo al copado por el régimen autoritario. Las transiciones re-q u i e ren de la existencia de ese tejido asociativo y de la existencia de vínculos yrelaciones de confianza entre diversas organizaciones e instituciones políticasy gubern a m e n t a l e s .

En este punto cobra relevancia la hipótesis de Stepan33 de que los regímenesautoritarios que se colapsan rápidamente no dejan tiempo suficiente para la for-mación de un tejido social alternativo al controlado por el autoritarismo. Comoseñalan Olvera y Arvitzer,34 las transiciones a la democracia “requieren de lasustitución de las viejas formas de mediación que fusionaban Estado y sociedad(corporativismo, populismo, clientelismo) por una diferenciación Estado-socie-dad política-sociedad civil.” En ausencia de esa diferenciación y autonomiza-ción, la cultura y las prácticas de dependencia e intercambio políticos hacen quela democracia resultante de colapsos autoritarios sea de baja calidad e inestable.

NOTAS

1 Cadena Roa, 2003.2 Ibíd., p. 109.3 Wickham Crowley 1989, 1992.4 Huntington, 1991.5 Garretón, 1995, p. 32.6 Cardoso y Faletto, 1969.7 O´Donnell, 1973.8 Dagnino, 1998; Jelin, 1998.9 Platón (1998: 110) sostenía que “lo que provoca en los estados sediciones son los extre-

mos de la igualdad y la desigualdad” y que, en cambio, “la igualdad engendra amistad.”

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De ahí que considerara de gran importancia el discernimiento de “la especie de igualdadpropia para producir este efecto”. En la misma línea, Aristóteles (2000: 183) escribió que“las discordias civiles no sólo vienen de la desigualdad en la propiedad, sino también enlos honores, por más que uno y otro motivo actúan de manera contraria. Las masas, en efec-to, se sublevan por la desigualdad en la propiedad, mientras que la minoría educada lohace por la igualdad en los honores.”

10 Linz y Stepan, 1996.11 Las otras cuatro condiciones (o arenas) que favorecen la consolidación democrática de

acuerdo con Linz y Stepan (1996) son: 1) una sociedad civil libre y activa; 2) una socie-dad política autónoma y apreciada; 3) un estado de derecho que asegure garantías a laslibertades ciudadanas y una vida asociativa independiente; y 4) una burocracia estatal quepueda ser usada por el nuevo gobierno democrático.

12 Garretón, 1995.13 McAdam, Tarrow y Tilly, 2001, p. 265.14 Camou, 2000, p. 219.15 Maira, 2001.16 Garretón, 1995.17 Stepan, 1989.18 Sandoval, 1998.19 Durand Ponte, 1987; Keck, 1989.20 Mainwaring, 1987 y 1989; Seidman, 1994.21 Mainwaring, 1995; Stepan, 1985.22 La región está formada por los municipios de Santo André, San Bernardo y San Caetano.

De ahí que sea reconocido por las siglas ABC.23 Martins, 1988, pp. 131-132.24 Hellman, 1992; Martins, 1988.25 Burdick, 1992; Della Calva, 1989; Levine y Mainwaring, 1989.26 Tancredo Neves muere como presidente electo el 27 de abril de 1985. Asume el vicepre-

sidente, José Sarney, un personaje ligado a los militares. 27 Sandoval, 1998, p. 185.28 Analizada en Cadena Roa, 2003.29 Para un análisis de este proceso, desde el punto de vista de la teoría de la sociedad civil,

véase Avritzer, 1999.30 Oberschall, 2001.31 Ibíd., p. 24.32 Burstein, Einwohner y Hollander, 1995.33 Stepan, 1989.34 Olvera y Arvitzer, 1992, p. 239.

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presentación y sociedad civil. Critica los análisis que caracterizan a las so-ciedades a partir de un factor determinante.

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y Chile). La última parte es sobre el poscomunismo europeo (Polonia, B u l g a r i a ,Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Rusia, Estonia y Eslavia). Comparan las di-versas transiciones y proponen una tipología de regímenes no democráticosm o d e rnos: totalitarios, postotalitarios, autoritarios y sultanísticos.

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Ligia Tavera Fenollosa•Doctora en Sociología Política por la Yale University.•Investigadora Nacional.Líneas de investigación:•Movimientos sociales.•Redes sociales.Principales productos científicos:•“Creando redes desde y para la sociedad civil”, en Jorge Cadena Roa,

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Adscripción académica:•Profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-

les, México.

Transiciones a la democracia: visiones críticas—Editado por la Dirección General de Estudios de Posgrado—

se terminó de imprimir en papel bond de 90 gr.en Imprenta de Juan Pablos, S. A., Malitzin 199, Col. del Carmen,

Coyoacán, México, D. F., 04100en octubre de 2004

La edición consta de 1000 ejemplares

Diseño de interiores:Julio Gustavo Jasso Loperena

Diseño de portada y formación tipográfica:CG. Citlali Bazán Lechuga

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TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA: VISIONES …...TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA: VISIONES CRÍTICAS Coordinador: Jorge Cadena Roa Coautores Francisco Miguel Arrieta Velázquez, Jorge Cadena