La justicia debe ser parte integral de la respuesta a la crisis siria

La justicia efectiva es una RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

10 formas para que los Estados apoyen a la CPI | Equilibrando la reparación en el este del Congo | Entrevista con la presidente de la CPI Hacer de la confianza una prioridad | La lucha por la justicia global 2014-15 | Promoviendo la rendición de cuentas en África Ucrania y la CPI | Una oportunidad de justicia en Palestina e Israel | Un mundo cada vez más pequeño para al-Bashir Se preparan los tribunales de la CPI | ¿Justicia y paz en Colombia? | El año de la CPI en números | Expectativas para 2016

ATROCIDADES IMPUNIDAD REFUGIADOS

MONITORDE LA JUSTICIA GLOBAL

DIARIO DE LA

LUCHANDO POR LA JUSTICIA GLOBAL

COALICIÓNCORTE PENALINTERNACIONAL

POR LA

EDICIÓN NO. 472015-2016

2

EDITORIAL

NUESTRO EQUIPO

Yazen Abed, fellow de Medio Oriente y África del Norte; Virgi-nie Amato, asesora senior y oficial de programa; Garlo Aridou, asociado de finanzas; Molade Babatunde, fellow de África; Tessa Bakx, asistente de programa; Agustina Bidart, encarga-da de comunicaciones en español; Brianna Burt, asociada de desarrollo; Matthew Cannock, oficial legal senior; Clément Capo-Chichi, coordinador regional de África; Radha Darji, asociada de finanzas y administración; Amielle Del Rosario, coordinadora regional para Asia-Pacífico; Robert Giordano, director de finanzas; Claire Giraudet, asistente de comunica-ciones y programa; Lesley Hsu, asociada de programa; Sarkar Keya, asociada de finanzas; Stephen Lamony, jefe de promo-ción y política, ONU y África; Spencer Lanning, director de IT; Yuyan Liang, asociado de finanzas y administración; Niall Ma-tthews, jefe de comunicaciones; Kirsten Meersschaert, jefa de oficina de La Haya/directora de programas; Meenakshi Menon, directora de desarrollo; Chervine Oftadeh, asistente de comu-nicaciones; William R. Pace, coordinador; Jelena Pia-Comella, vicedirectora ejecutiva; Valeria Reyes Menendez, fellow de las Américas; Michelle Reyes Milk, coordinadora regional para las Américas; Fartuna Said, asociada de finanzas; Alexandra Sajben, oficial de enlace de programa regional; Emma Steuer, fellow de desarrollo; Hugo Strikker, oficial de finanzas y admi-nistración; Wieteke Theeuwen, asistente legal; Peony Trinh, directora de diseño; Dan Verderosa, oficial de comunicaciones; Alix Vuillemin Grendel, oficial legal senior.

NUESTRO COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de la Coalición está conformado por un núcleo de organizaciones miembro encargadas de unificar y coordinar las políticas y los programas de las iniciativas y activi-dades de la Coalición.

Adaleh Center for Human Rights Studies Amnistía Internacional Asian Forum for Human Rights and Development Asociación Pro Derechos Humanos Civil Resource Development and Documentation Centre Comisión Andina de Juristas Fédération Internationale des Droits de l’Homme Georgian Young Lawyers’ Association Human Rights Network Human Rights Watch Justice Without Frontiers No Peace Without Justice Parlamentarios por la Acción GlobalThe Redress Trust Women’s Initiatives for Gender Justice World Federalist Movement-Institute for Global Policy

Esta publicación ha sido producida con la ayuda financiera de la Unión Europea, Humanity United, el Sigrid Rausing Trust, Open Society Foundations, Samuel Rubin Foundation, los go-

biernos de Australia, Austria, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suiza, Suecia y numerosas personas comprometidas con la causa. El contenido de esta publicación es de exclusiva responsabilidad de la Coalición por la Corte Penal Internacional y de ninguna forma debe utilizarse para reflejar los puntos de vista de la Unión Europea, Irish Aid o cualquier otro patrocinador.

El generoso apoyo que la Coalición recibe de quienes trabajan junto a ella le permite promover la justicia internacional y la coo-peración con la CPI. Para más información, póngase en contacto con la CPI a development@coalitionfortheicc.org.

4 10

13 18

24 32

QUIENES SOMOS Fundada en 1995, la Coalición por la Corte Penal Internacional es una red global de organizaciones de la sociedad civil de 150 países que trabajan en conjunto para:

• Fortalecer la cooperación internacional con la CPI;• Asegurar que la Corte sea justa, efectiva e independiente;• Hacer que la justicia sea tanto visible como universal;• Promover leyes nacionales más fuertes para llevar justicia a las víctimas de crímenes

de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Para estar al día con las noticias más recientes y los puntos de vista de la sociedad civil sobre la #JusticiaGlobal, contáctenos a través de coalitionfortheicc.org.

Vea la versión online de esta publicación en coaltionfortheicc.org/?mod=monitor

3

EDITORIAL

EN ESTE NÚMERO4 Atrocidades. Impunidad. Refugiados. La justicia como parte de la respuesta de la comuni-

dad internacional a la crisis siria

Casos y situaciones de la CPI7 El año de la CPI en números8 Se preparan los tribunales de la CPI 2016, uno de los años más intensos de la CPI9 El mundo de al-Bashir cada vez más pequeño El presidente de Sudán debe pensar dos veces antes de salir

de su país10 Equilibrando las reparación en el Este del

Congo Ex niños soldados esperan reparaciones11 Expectativas para 2016 Qué espera la sociedad civil de la justicia para 2016

Asamblea de Estados Partes13 Cinco datos sobre el nuevo hogar de la CPI14 Diez formas de que los Estados apoyen a la CPI El importante papel de los gobiernos a la hora de lograr

una justicia internacional efectiva16 Hacer de la confianza una prioridad Las medidas para llevar a la CPI más cerca de las comuni-

dades afectadas necesitan más recursos18 “Las críticas pueden aumentar a medida que la

CPI se vuelve más efectiva” La presidente de la CPI define su visión para lograr una

Corte más efectiva20 Aún no es suficiente, la crisis de capacidad

de la CPI

Naciones Unidas21 ¿Cómo funciona? Justicia a través del Consejo

de Derechos Humanos de la ONU

Global22 Alrededor del mundo 2014-1524 África: Promoviendo la justicia en África Principales conclusiones de nuestro encuentro regional de

África de 201526 Américas: ¿Paz y justicia en Colombia? El acuerdo de paz de Colombia debe excluir la impunidad

por los crímenes graves28 Asia: La promesa de Sri Lanka La supervisión internacional es crucial para hacer justicia

tras la guerra civil30 Europa: Ucrania y la CPI Ucrania acepta la jurisdicción de la CPI. ¿Qué hay en el

radar de la Fiscal?32 Medio Oriente-África del Norte: Una oportuni-

dad para la justicia en Palestina e Israel Palestina se convierte en el 123° Estado miembro de la CPI

Campaña por una justicia global34 A través de la justicia, paz Richard Goldstone habla sobre cómo la justicia venció a la

violencia en la Sudáfrica de Mandela35 La lucha por la justicia global 2014-15

DADO EL CRECIENTE número de demandas globales de justicia y rendición de cuentas por crímenes graves, el mundo entero observa y monitorea el papel y el impacto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por suerte, ya están en marcha importantes reformas con el fin de, entre otras cosas, fortalecer las investigaciones y procedimientos, acelerar jui-cios, tratar crímenes sexuales y de género, llevar la justicia más cerca de las comunidades afectadas y definir procesos administrativos.

De todas formas, aún es necesario fortalecer el indispensable papel de los gobiernos y del órgano de gobierno de la CPI, la Asamblea de Esta-dos Partes. Los Estados mejoran la CPI con una mano y con la otra la inhiben. Las continuas limitaciones presupuestarias, la incapacidad de arrestar y aislar fugitivos y el cumplimiento limitado de enjuiciamien-tos nacionales y acuerdos voluntarios contribuyen con los retrasos en la búsqueda de justicia.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU limita el impacto de la justicia internacional al no respaldar las investigaciones de la CPI y mediante sus inconsistencias en las remisiones a la Corte. El

vergonzoso veto del intento de remisión de la situación de Siria es un ejemplo.

Uno de los lugares donde la CPI ha sido más efectiva es África. Como expresó un diplomático africano, la razón por la que la CPI tiene problemas allí es porque está funcionando. La conclusión de nuestro encuentro regional de África de este año fue que el Estatuto de Roma sigue brindando un plan de acción clave para la sociedad civil en la promoción de la justicia y delimita estándares para una buen gobierno en todo el continente.

Como lo señala la Presidente de la CPI en estas páginas, es probable que los desafíos que enfrenta el sistema de la CPI aumenten a medida que su impacto crezca. Esperamos que esta edición 47º del Monitor de Justicia Global ayude a dejar en claro que la efectividad de la justicia es responsabilidad de todos los actores del sistema internacional.

William Pace, coordinador, Coalición por la Corte Penal Internacional

LA JUSTICIA EFECTIVA ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

4

LAS ATROCIDADES cometidas con total impunidad han tenido un incalculable impacto en Siria, retra-saron al país más de cuatro décadas y provocaron el mayor éxodo de refu-giados desde la 2° guerra mundial. La justicia debe ser parte de la respuesta a la crisis que ha expuesto a la vista del mundo la ineficacia de la comuni-dad internacional en la protección de civiles y la prevención de los crímenes más terribles.

Siria sufre

Los crímenes graves cometidos por las fuerzas del gobierno, rebeldes y grupos terroristas han sido documentados desde la explosión de la Primavera Árabe en Si-ria. Los números son impactantes. Desde el comienzo de la crisis en 2011, alrededor de 220.000 personas han sido asesinadas, más de un millón han sido heridas y un 50% de la población desplazada. Cuatro millones han huido y más de 12 millones permanecen en el país esperando deses-peradamente ayuda humanitaria.

De acuerdo con la ONU, la expectativa de vida se ha acortado casi 13 años y la asis-tencia escolar ha bajado un 50%. Los 12 indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio en Siria han empeorado. Para finales de 2013, aproximadamente 3 de cada 4 sirios vivían en la pobreza y un 54% en la pobreza extrema. Con tal nivel de temor por sus propias vidas, no sor-prende que muchos hayan elegido partir.

El veto a la justicia

Con pocas esperanzas de hacer justicia a nivel nacional, es responsabilidad de la comunidad internacional promover ru-tas alternativas en pos de una rendición de cuentas.

En marzo de 2015, una comisión de in-vestigación de la ONU volvió a solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) que pidiera a la Fiscal de la CPI investi-gar los crímenes cometidos en Siria por todas las partes del conflicto. Unos meses después, el Secretario General de la ONU reiteró el pedido y se unió al reclamo de docenas de Estados y cientos de grupos

“El Estado de derecho debe ser el punto de partida del enfoque de la comunidad internacional en la prevención de las violaciones masivas a los derechos humanos. Tenemos la suerte de vivir en un mundo que finalmente posee las herramientas y el marco legal para llevar a los responsables ante la justicia. Los gobiernos deben promover soluciones sistémicas a la violencia que mata a tantas personas y pro-voca el éxodo de Siria. A pesar de cualquier institución o foro, la justicia, en última instancia, debe ser parte de una solución de paz más amplia. Sin ella, Siria se verá atascada en ciclos incesan-tes de violencia.”—Radwan Ziadeh, director, Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damasco

ATROCIDADESIMPUNIDAD REFUGIADOS

La justicia como parte integral de la respuesta de la comunidad internacional a la crisis siria

NOTA DE TAPA

5

de la sociedad civil. A pesar de que los vetos a la resolución de remisión en 2014 de Rusia y China hacen creer que otro intento es poco probable en el corto plazo, los gobiernos deben seguir promoviéndolo.

Algunos han sugerido el establecimiento de un tribunal internacional temporal bajo el auspicio de la ONU, distinto a la CPI. De todos modos, esta opción estará también a la merced de los Estados con poder de veto del CSNU.

¿Juicios nacionales?

Varios Estados, y algunos grupos de la sociedad civil, han recolectado evidencia de los crímenes de Siria con vistas a futuros enjuiciamientos.

En septiembre de 2015, Francia anunció una investigación nacional bajo el principio de la jurisdicción universal sobre presuntas torturas cometidas por el régimen de Bashar al-Assad. Eventualmente, otros gobiernos podrían tener la posibilidad de juzgar criminales de guerra que

han escapado de Siria a sus territorios.

La Fiscal de la CPI ha instado también a los Esta-dos miembros de la CPI a enjuiciar a sus propios ciudadanos acusados de cometer crímenes en Siria e Iraq, dado que sería poco probable que la CPI pueda enjuiciar a los líderes de ISIS por limitaciones jurisdiccionales.

A pesar de ser bien recibidos, los esfuerzos individuales de los países tendrán un alcance limitado. No libran a la comunidad internacional de la responsabilidad colectiva de poner fin a los

abusos generalizados que se siguen cometien-do con total impunidad.

more

“En Siria, la falta de justicia no solo promueve la violencia y contribuye con la actual crisis de refugiados, ayudó a forjar un lugar para que surgieran grupos como el Estado Islámico. A pesar de que el salvajismo del EI es difícil de ignorar, es importante recordar que la mayor parte del calvario que vive el pueblo sirio está siendo orquestado por su propio gobierno. Ya es tiempo de que la comunidad internacional despierte e insista en la necesidad inmediata de una rendición de cuentas, donde sea posible, que forme parte de una solución política global del conflicto.”—Alison Smith, directora del programa de justicia internacional, No Peace Without Justice

NOTA DE TAPA

6

Paz y estabilidad

La justicia aislada, obtenida a través de la CPI o de cualquier otro mecanismo legal, no va a resolver el conflicto sirio. Pero si en algún momento el país logra poner fin a los ciclos de crímenes atroces que siguen cobrándose la vida de miles de personas, debe-rá haber algún tipo de rendición de cuentas, de una forma u otra.

Mientras reinen la violencia y la impunidad en Siria, las pre-siones a los gobiernos y el sistema internacional humanitario seguirán creciendo.

En un año que vio a los gobiernos comprometerse a incluir el acceso a la justicia en los nuevos objetivos de desarrollo global de la ONU, los gobiernos deben insistir para que la justicia sea una parte integral de los esfuerzos de la comunidad internacio-nal para llevar la paz y la estabilidad de regreso a Siria, y a un creciente número de países donde los crímenes más terribles se han hecho constantes.

“Los países de Medio Oriente padecieron un tumul-tuoso 2015: guerra civil, insurgencias y ocupaciones que buscaban cambiar las dinámicas de poder de la región y borrar las fronteras de los Estados. El caos ha resonado más allá de la región al conver-tirse en el principio de una crisis de refugiados que ha tomado a Europa por sorpresa. Para Al-Haq la lección es clara: la impunidad en los crímenes internacionales perpetúa el sufrimiento humano y la inestabilidad regional, y socaba los derechos humanos de todos.”—Nada Kiswanson van Hooydonk, asesor legal senior y jefe de la oficina de Europa, Al-Haq

EN ESTE NÚMERO Y EN LA PORTADA

En septiembre de 2015, el periodista visual y editor de fotografía americano Patrick Witty siguió a los refugiados por tres semanas en su viaje desde el Egeo hasta Grecia, a través de Serbia, Croacia y Hungría. “Vi miles de hombres, mujeres y niños llegando a la costa de Grecia, algunos llorando de alegría, otros con temor de lo que vendrá. Me conmovió profundamente su fortaleza y coraje. Ojalá pueda ofrecerles una mirada de lo que se siente el haber participado de este viaje épico.” © Patrick Witty/Time

FEATURENOTA DE TAPA

7

2 Dos sospechosos fueron transferidos a la custodia de la CPI: el comandante del Ejército de Resisten-cia del Señor Dominic

Ongwen y el rebelde Tuareg Ah-mad al Faqi al Mahdi.

60

La Fiscalía anunció que agrega-rá 60 cargos extra a la lista de cargos en contra del comandante del ERS Dominic Ongwen, por un total de 67.

13 Trece fugitivos aún son públicamente buscados por la CPI. Entre ellos, el presidente de Sudán Omar al-Bashir, el líder del ERS Joseph Kony, la ex-primera dama de

Costa de Marfil Simone Gbagbo, Saif Gaddafi y tres keniatas acusados de sobornar testigos.

123 Luego de la adhesión de Palestina en abril de 2015, hay ahora 123 Es-tados Partes al Estatuto de Roma.

3 Mathieu Ngudjolo Chui permaneció tres años en detención en los Países Bajos esperando por un pedido de asilo luego de su absolución en la CPI. Ningún gobierno accedió a recibir sospechosos de la CPI absueltos. El líder militar congoleño fue deportado en mayo de 2015 luego de que las

autoridades holandesas afirmaran que tenían razones serias para creer que había cometido crímenes graves, lo que le impide calificar para la protección de refugiado.

2149

2Dos Estados que no son parte al Estatuto de Roma realizaron la declaración del artículo 12.3., un mecanismo especial para aceptar la jurisdicción de la CPI. Ucrania realizó su segunda declaración en dos años y extendió la jurisdic-

ción de la CPI hasta noviembre de 2013. La de-claración de Palestina da a la Corte jurisdicción hasta junio de 2014.

24 La enmienda de Kampala sobre el Crimen de Agresión ha sido ya ratificada por 24 Estados. 30 Estados deben ratificarla para que la enmienda puede entrar en vigencia, sujeta a la aprobación de una mayoría de dos tercios de la Asamblea de Estados Partes en 2017.

EL AÑO DE LA CPI EN NÚMEROS

2149 víctimas han recibido el derecho de participar en el juicio contra el líder militar congoleño Bosco Ntaganda.

©IRIN Photo

©ICC-CPI

©Wikimedia Commons

CASOS/SITUACIONES

Con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional juzga individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de 2002 en adelante. Las víctimas pueden participar en los procedimientos y recibir reparaciones

8

La violencia postelectoral de Costa de Marfil

EL EX PRESIDENTE de Costa de Marfil Laurent Gbagbo se negó a entregar el poder luego de ser vencido en las elecciones presidenciales de 2010. La violencia subsiguiente generó alrededor de 3.000 muertos y miles de heridos. Luego de su derrota, Gbagbo fue arrestado y transferido a la CPI. Enfrentará un juicio en 2016 junto a su protegido y aliado político, el joven líder Charles Blé Goudé. Ambos fueron acusados de cuatro cargos por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato y violación. La Fiscal de la CPI intentará demostrar que ellos crearon y ejecutaron un plan

común para permanecer en el poder alentando ataques contra los defensores del presidente en ejercicio Alassane Ouattara. Simone Gbagbo, la ex primera dama de Costa de Marfil, está también implicada en el presunto esquema criminal y sigue siendo buscada por la CPI. En 2015, fue condenada por socavar la seguridad estatal por una corte marfileña y sentenciada a 20 años de prisión. Los jueces de la CPI han confirmado que Costa de Marfil está obligada a entregarla.

Uganda nuevamente en la mira

Joseph Kony del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) ha estado sembrando el caos en el norte de Uganda y alrededo-res desde 1980, acusado de incontables

masacres, abducciones, utilización de niños soldados, esclavitud sexual, tortura y saqueos. La situación fue una de las pri-meras en ser investigadas por la CPI. En 2005, el Fiscal emitió órdenes de arresto contra Kony y cuatro de sus comandan-tes. Hasta el momento, todos han eludido a las autoridades operando en regiones de frontera remotas en África central. En enero de 2015, luego de una conoci-da pelea con Kony, Dominic Ongwen se entregó a las autoridades en la República Centroafricana y fue rápidamente trans-ferido a La Haya. En su primera presen-tación ante los jueces de la CPI, Ongwen confirmó que era una miembro senior del ERS, pero admitió haber sido abducido por el grupo a los 14 años. En enero de 2016, se llevará a cabo una audiencia de confirmación de cargos para decidir si el caso deberá ser llevado a juicio. Ongwen enfrenta 67 cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

LOS TRIBUNALES DE LA CPIENCIENDEN MOTORESLos nuevos locales permanentes de la CPI han llegado justo a tiempo. 2016 se presenta como uno de los años más intensos de la Corte hasta el momento

El ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo listo para convertirse en el primer ex líder de Estado en ser juzgado en la CPI en 2016. ©ICC-CPI

CASOS/SITUACIONES

9

El “Terminator” congolés en el banquillo

En la primera investigación de la CPI, el esperado juicio contra el líder militar Bosco Ntaganda marcó otro importante paso en la lucha contra la impunidad en la República Democrática del Congo (RDC). El juicio comenzó en La Haya en septiembre de 2015 y seguirá en 2016. Ntaganda, apodado el “Terminator” por su reputación de liderar desde el frente, fue comandante de varios grupos armados en las problemáticas provincias del este de la RDC desde finales de 1990, entre ellos, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo y, más recientemen-te, el M-23. También se desempeñó como general en las fuerzas armadas congole-sas de 2009 a 2012. Tras dos órdenes de arresto de la CPI, la primera emitida en 2006, Ntaganda se entregó a la embajada de EE.UU en Ruanda en 2013. Enfrenta 13 cargos por crímenes de guerra y cinco por crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinato, violación, esclavitud

sexual y reclutar y alistar niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades.

Primer juicio de la CPI por manipulación de testigos

El inicio del primer juicio por manipu-lación de testigos en la CPI también fue en septiembre de 2015, y envió un claro mensaje a cualquiera que intente inter-ferir en la administración de justicia in-ternacional. La Fiscal de la CPI afirma que, desde principios de 2012, los tes-tigos de la defensa que daban testimo-nio en el ya concluido juicio de la CPI contra el político congolés Jean-Pierre Bemba habrían sido sobornados para prestar falso testimonio. Bemba ha sido implicado junto con cuatro socios, entre ellos, su anterior abogado defensor y un miembro del parlamento de la RDC. A pesar de no ser parte de los princi-pales crímenes de la CPI, este tipo de ofensas pueden tener un gran impacto en la confiabilidad de la evidencia y la

habilidad de los jueces para emitir un juicio imparcial. Se espera que el juicio termine en 2016.

Arresto por presunta destrucción cultural en Malí

En el primer caso de la CPI que invo-lucra crímenes de guerra culturales, el rebelde Tuareg Ahmad al Faqi al Mahdi fue arrestado en Niger y transferido a la custodia de la CPI en septiembre de 2015. La Fiscal afirma que al Faqi habría trabajado de forma cercana con los gru-pos terroristas Ansar Dine y al-Qaeda del Magreb Islámico, encabezando la llamada Brigada Manners, luego de la invasión de Timbuktú en Mali por los rebeldes isla-mistas en 2012. Está acusado del crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra monumentos o construc-ciones dedicadas a la religión en la ciudad protegida por la UNESCO. La audiencia preliminar para decidir si el caso debe ir a juicio comenzará en enero de 2016.

2009—SudáfricaAl-Bashir rechaza la invitación a la inauguración del presidente Zuma luego de que activistas ame-nazaran con tomar medidas legales.

2010—Kenia La sociedad civil se manifiesta cuando al-Bashir viaja a Kenia para asistir a la ceremonia por la nueva constitución keniata.

2010—ZambiaAl-Bashir cancela su asistencia prevista en la Conferencia Internacional en la Región de los Grandes Lagos tras importantes protestas.

2010—República CentroafricanaEn el último minuto, se cancela su visita a la celebración por los 50 años de independencia de la República Centroafricana.

2012—Malaui El presidente de Malaui Joyce Banda se niega a recibir a al-Bashir en una reunión cumbre de la UA, y la UA traslada la reunión a Etiopía.

2013—NigeriaLa Coalición de Nigeria por la CPI solicita la orden de detención en tribunal local luego de que al-Bashir realizara una visita sorpresa al país por una conferencia de la UA. Al-Bashir se retira del país a menos de 24 horas de haber llegado, sin siquiera asistir a su presentación prevista en la conferencia.

2014—República Democrática del Congo 90 organizaciones de la sociedad civil pidieron el arresto de al-Bashir mientras asistía a una cumbre regional. Él se retira de la reunión antes de tiempo.

2015—SudáfricaAl-Bashir es obligado a huir luego de que la so-ciedad civil solicitara que se ejecute la orden de detención en el Tribunal Superior de Pretoria.

Próxima parada: ¿La Haya?

EL MUNDO DE AL-BASHIR CADA VEZ MÁS PEQUEÑOLos esfuerzos de la sociedad civil por imponer las dos órdenes de arresto de la CPI contra Omar al-Bashir, obligan al presidente de Sudán a pensar dos veces antes de viajar internacionalmente

Un manifestante sudanés pide que al-Bashir sea juzgado en la CPI. Abril, 2013. © Gordana Ilic/ST

CASOS/SITUACIONES

10

LAS VÍCTIMAS de los crímenes graves cometidos por el condenado líder de milicia Thomas Lubanga en el Este de la República Democrática del Congo (RDC) están listas para recibir reparación luego de los importantes avances judiciales de 2015. Sin embargo, dado que los ex niños soldados reclutados por Lubanga también esperan recibir reparaciones, es necesa-rio desarrollar un enfoque sensible para evitar profundizar las tensiones de un conflicto que aún se está resolviendo.

La CPI es el primer tribunal internacio-nal en dar reparaciones a las víctimas, una característica de restauración clave del sistema de justicia global del Estatuto de Roma (ER). Las víctimas reconocidas

pueden reclamar reparaciones por el daño sufrido, tanto directa como indirectamente. Las reparaciones pueden incluir la restitución, indem-nización y rehabi-litación y pueden ser adjudicadas de forma individual, colectiva o ambas.

Lubanga está cumpliendo una sentencia de 14 años por el crimen de guerra de utili-zar niños soldados en la región de Ituri de la RDC en 2002-3. Su condena, consecuencia del histórico primer

juicio de la Corte en 2012, puso en juego por primera vez el mandato de repara-ción de la Corte.

En marzo de 2015, en una decisión del caso Lubanga, la Cámara de Apelaciones estableció cinco principios clave para las reparaciones. Los jueces decidieron que las reparaciones se adjudicarían co-lectivamente dado el potencial número de víctimas. También declararon que todas las víctimas deben ser tratadas con justicia e igualdad, que las reparaciones deben incluir la reintegración de los ex niños soldados y ser inclusivas en cues-tiones de género.

A pesar de que la orden de reparación fue emitida en contra de Lubanga, él fue considerado indigente y por ende incapaz de pagar. Por esto, los jueces encomendaron al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) imple-mentar las reparaciones.

El FFBV, establecido por el ER, tiene el mandato de implementar las reparacio-

nes que disponga la Corte, como en el caso de Lubanga. También brinda apoyo físico, psicológico y material general a las víctimas y sus familias en los países con situaciones ante la CPI. Sus fondos se proporcionan de forma voluntaria por los Estados, las organizaciones y otros donantes

En noviembre de 2015, el FFBV presentó el plan de reparaciones del caso Luban-ga a los jueces de la CPI. Este sugiere entregar a las víctimas €1 millón de forma colectiva en un plazo de tres años. Inclu-ye a los ex niños soldados y a las víctimas indirectas de los crímenes de Lubanga como candidatos elegibles para recibir reparaciones y propone varias formas de hacerlas efectivas.

Debido a que el conflicto de Ituri aún sigue vigente y que ya se ha cobrado la vida de unos 50.000 civiles desde 1999, las reparaciones de Lubanga deberán promover la reconciliación benefician-do a las víctimas y a las comunidades afectadas por igual. Este es un momen-to clave para la CPI ya que tendrá la oportunidad de cumplir con su promesa de reparar a las víctimas de crímenes verdaderamente terribles.

EQUILIBRANDO LA REPARACIÓN EN EL ESTE DEL CONGOLas reparaciones de los ex niños soldados de Thomas Lubanga deben ser cuidadosamente administradas en la problemática región de Ituri en la República Democrática del Congo

“Dar a los ex niños soldados la ayuda psicológica y médica que necesitan para volver a compro-meterse con sus comunidades como parte de una campaña más amplia en contra de la discri-minación y estigmatización es crucial para una rehabilitación sustentable.” —Jean-Claude Katende, Presidente de ASADHO (Association Africaine des Droits de l'Homme, RDC)

1125 participantes en 22 localida-des de la provincia de Ituri fueron incluidos en las consultas con la comunidad del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas

Un ex niño soldado en la República Democrática del Congo. © Guy Oliver/IRIN

CASOS/SITUACIONES

11

Defensores de la oposición escapan del estadio de Conarky el 28 de septiembre de 2009 luego de que las fuerzas de seguridad presuntamente abrieran el fuego y los atacara. © HRW

CASES/SITUATIONS

EXPECTATIVAS PARA 2016Los miembros de la Coalición comparten lo que esperan de la justicia para el año entrante

Para impulsar la eficiencia del marco del Estatuto de Roma, los Estados deben brindar la cooperación que la CPI necesita. No podemos luchar contra la impunidad sin proveer a la Corte de instrumentos apropiados para defender los valores de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y, ante todo, justicia para las víctimas. El compromiso de Costa Rica sigue en pie. Por este motivo, en julio de 2015 presenté un proyecto para reforzar la cooperación de mi país con la CPI. En 2016, más Estados deberían hacer lo mismo.”

— Ronny Monge Salas, miembro de Parlamentarios por la Acción Global, Costa Rica

“Las víctimas de la masacre del estadio de Conakry del 28 de septiembre de 2009 esperan que los seis años de investigaciones resulten en un juicio que ofrezca justicia y reparación. El presidente de Guinea debe comprometerse públicamente a iniciar el juicio en 2016. Será una oportunidad para que el gobierno demuestre al mundo que los autores de estos crímenes pueden ser juzgados exitosamente en cortes nacionales. Guinea puede convertirse en un gran ejemplo de cooperación con la CPI, que está llevando a cabo un examen preliminar desde 2009, y el caso del 28 de septiembre puede transformarse en un hito en la implementación del principio de complementariedad de la CPI.”

—Mathilde Chiffert, coordinadora de programa de Guinea, Federación Internacional de Derechos Humanos

CASOS/SITUACIONES

12

“En mayo de 2015, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda advirtió que su oficina podría investigar la violencia en Burundi que sucedió a la decisión del presidente Nkurunziza de presentarse por un tercer mandato. Si las autoridades de Burundi no investigan, deberá llevarse a cabo una investigación internacional. La CPI debe seguir controlando de cerca la situación.”

—La Liga por los Derechos Humanos en los Grandes Lagos, Burundi

CASOS/SITUACIONES

“Saludamos la importancia del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz pactado en La Habana, y valoramos que el mismo incorpore algunas de las propuestas presentadas por las víctimas y organizaciones de derechos humanos, así como estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos […]. Insistimos que al momento de su concreción, se garantice la participación más amplia de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, en condiciones de seguridad para garantizar sus derechos fundamentales a la consecución de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.”

—Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia

“Es probable que el legado del proceso de justicia transicional de Kenia alcance su mayor logro en 2016. El presidente ha cerrado efectivamente la puerta a los juicios nacionales por la violencia postelectoral de 2007-8. Se comprometió a brindar una justicia restaurativa a las víctimas, pero aún no hay acciones al respecto. La CPI sigue siendo el único pilar de esperanza para obtener justicia. Esperamos que el caso Ruto/Sang llegue a su fin. Por otro lado, una respuesta positiva al pedido de la Fiscal para remitir el caso de Kenia a la Asamblea de los Estados Partes por no cooperación y por los casos de soborno de testigos podría ser monumental para terminar con la impunidad. Sin esto, 2016 podría ser el año en que debamos admitir que la agenda de justicia transicional de Kenia y la justicia por los crímenes más graves de la CPI, han tomado el camino equivocado.”

— Andrew Songa, director de programa, derechos civiles y políticos, Comisión de Derechos Humanos de Kenia

Graffiti del artista “Solo 7” en Kibera, Nairobi, durante la violencia postelectoral de 2008. © Barbara Dziedzic/The Advocacy Project

13

“Siete años después del conflicto georgio-ruso de agosto de 2008 en Osetia del Sur, no se llevado a cabo ninguna investigación nacional y sus autores siguen viviendo con impunidad mientras que las víctimas de crímenes graves no han obtenido reparación. Saludamos la decisión de la Fiscal de la CPI de abrir una investigación sobre la situación y esperamos que se haga justicia. Una investigación y un juicio efectivos no solo es un derecho de las víctimas, sino que es un deber de la comunidad internacional cumplir la promesa de que los crímenes más serios no quedarán impunes.”

—Ana Natsvlishvili, director, Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia

ICC/ASPCPI/AEP

1. Situada en las famosas dunas de La Haya, las nuevas instalaciones cuentan con 54.600m², tres tribunales, 1200 oficinas, una biblioteca, un área pública y un terreno de 72.000m².

2. Seis edificios separados—pero conectados- albergan a los distintos órganos y secciones de la Corte. Los tribunales se encuentran en la Torre de la Corte situada en el centro.

3. La arquitectura de la estructura recuerda el paisaje irregular de las dunas mientras personifica siete valores de la CPI: justicia, digni-dad humana, apertura, credibilidad, seguridad, global e ícono.

4. La construcción tardó tres años y el costo total del proyecto fue de €206 millones, y fue financiado por los 123 Estados miembros de la CPI. Como Estado anfitrión, los Países Bajos brindaron el espacio sin costo alguno.

5. Los cinco patios del edificio muestran distintos estilos de pai-saje, en representación de cada una de las regiones del mundo.

CINCO DATOS SOBRE EL NUEVO HOGAR DE LA CPILa CPI se muda a una nueva y permanente locación en diciembre de 2015

© icc-permanentpremises.org

Un asentamiento, conocido como Tserovani, construido por el gobierno de Georgia para desplazados internos de la zona de guerra de Osetia del Sur. © Wikimedia Commons

14

LA CPI DEPENDE de los Estados para implementar sus deci-siones, arrestar fugitivos, proteger víctimas y testigos y ubicar personas absueltas. La justicia internacional simplemente no puede funcionar sin esta cooperación. A continuación, encontra-rán diez formas en las que los Estados pueden apoyar el sistema de la CPI.

1. Arrestar fugitivos de la CPI

Como la CPI no cuenta con fuerza policial, los gobiernos deben asegurar que cualquier persona buscada por la CPI sea detenida y trasladada a La Haya, sin importar su rango o su puesto. El tratado fundamental de la CPI, el Estatuto de Roma (ER), obliga a todos los Estados miembro a ejecutar órdenes de arresto. Al no cumplirlo, empeoran la situación de las víctimas y ponen en riesgo el sistema de justicia internacional. La falta de coope-ración estatal limita la efectividad de la Corte, como se vio en junio de 2015 cuando Sudáfrica fracasó en el arresto del fugitivo de la CPI Omar al-Bashir cuando asistía a una cumbre de la Unión Africana (UA). Los Estados no miembros a la CPI, espe-cialmente aquellos que son parte del Consejo de Seguridad de la ONU, también podrían hacer más por arrestar sospechosos.

2. Evitar a los fugitivos de la CPI

No se puede tratar a los fugitivos de la CPI como si nada su-cediera. Los representantes estatales deben evitar el contacto no esencial con las personas buscadas, para poder aislarlos y fortalecer la autoridad de la Corte. Afortunadamente, la ONU, la Unión Europea y algunos Estados individuales tienen políticas que evitan el contacto no esencial con los fugitivos de la CPI. Sin embargo, en 2015 hubo varios representantes de Estados miembro de la CPI que tuvieron un contacto no esencial con al-Bashir, inclusive en China y Egipto. Claramente, queda mu-cho trabajo por delante.

3. Enjuiciar nacionalmente

La CPI ayuda a la comunidad internacional a acortar la brecha de impunidad por los crímenes internacionales más atroces, pero sigue siendo una Corte de último recurso. Los sistemas le-gales nacionales tienen la responsabilidad primaria de enjuiciar a los autores de las atrocidades. Al incorporar los crímenes de la CPI a sus legislaciones, los Estados pueden emprender juicios nacionales efectivos. Implementar el Estatuto de Roma brinda también la oportunidad de reformar los sistemas penales nacio-nales y así reforzar el Estado de derecho, la paz y la seguridad.

4. Facilitar la cooperación

La cooperación con la CPI se suele reducir a términos simples: o los Estados tienen la voluntad política o no. Aunque esto es cierto para los casos de alto nivel, la falta de cooperación puede surgir de gobiernos con pocos recursos o experiencia. Ciertas mejoras, como la designación de puntos focales dentro de las agencias y departamentos estatales, pueden contribuir en gran medida a asegurar la cooperación. Entrenar policías, fuerzas mi-litares, abogados, jueces y fiscales también ayuda a incorporar el sistema de la CPI en todos los ámbitos del gobierno. Mientras tanto, al ratificar el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte, los Estados permiten que las investigaciones de la CPI sean rápidas e independientes, mientras aseguran los derechos de la defensa. De manera similar, al alinear la legislación nacio-nal con el ER se facilita la cooperación.

DIEZ FORMAS PARA QUE LOS ESTADOS APOYEN A LA CPIEl éxito de la justicia internacional depende de la cooperación de aquellos que la crearon en primer lugar: los gobiernos

Delegados gubernamentales en el 10º encuentro anual del órgano administrativo de la CPI, la Asamblea de los Estados Partes. Nueva York, 2011. © CICC/Solal Gaillard

CPI/AEP

15

5. Promover la justicia

Los gobiernos deben usar su influencia política y diplomática para promover el apoyo a la rendición de cuentas, tanto a nivel público como privado. Ellos pueden guiar a los Estados que no son parte al ER en su ratificación/adhesión y su adopción a nivel nacional para garantizar los beneficios que representa pertenecer a la CPI: un avance del Estado de derecho, desarro-llo y buen gobierno. Las mayores potencias fuera del sistema de la CPI —incluyendo China, Rusia y Estados Unidos— tam-bién deben ser conscientes de cómo facilitar la cooperación con la CPI.

6. Firma voluntaria de acuerdos

La cooperación estatal incluye la firma de acuerdos voluntarios para la reubicación de testigos, libertad provisional y absolu-ción de los sospechosos. Estos acuerdos son esenciales pero escasos. Solo Bélgica aceptó tener sospechosos en libertad pro-visional. A medida en que se incrementa el trabajo de la Corte, las consecuencias de la falta de acuerdos se vuelven evidentes. Sin acuerdos sobre la absolución de sospechosos, el líder de la milicia congolesa Mathieu Ngudjolo Chui estuvo tres años “detenido” en los Países Bajos tras ser liberado de la Corte esperando por su pedido de asilo. Los Estados miembros de la CPI deben tener una mirada más amplia de sus responsabili-dades, preguntarse qué pueden hacer para darle efecto al ER y lograr una mayor confianza de los ciudadanos en la capacidad de la Corte para hacer justicia.

7. Proteger a más testigos

Al igual que en los sistemas judiciales nacionales, en la CPI los testigos son indispensables en la búsqueda de la verdad. Por ello, son propensos a la intimidación y al soborno y pueden haber sufrido traumas. Los acuerdos de reubicación, aunque sean de último recurso, son clave para el programa de protección de la CPI. En los últimos años, la protección de los testigos se ha vuelto un tema crítico en la Corte. Es crucial que más Estados tengan la opción de reubicar a los testigos, ya que la vida de personas y la integridad de los procedimien-

tos de la CPI están en juego.

8. Rendición de cuentas general

Se necesita un mejor dominio de la justicia internacional, en todo nivel del sistema global. Los gobiernos pueden presionar en pos de la rendición de cuentas a través de su membresía en organizaciones internacionales y regionales para promover políticas y actividades que generan cooperación. Además, los Estados pueden incorporar la misión de la CPI al trabajo de varios órganos y oficinas de la ONU.

9. Presionar al Consejo de Seguridad de la ONU

Los gobiernos deben presionar al Consejo de Seguridad de la ONU, que actúa en nombre de todos los miembros de la ONU, para que asegure la cooperación con la CPI. Entre otras acciones concretas, podría: respaldar las remisiones de la CPI arres-tando a los sospechosos, asegurar que las remisiones tengan el financiamiento adecuado, terminar con la exclusión de los ciudadanos de Estados no miembros a la CPI de la jurisdicción de la Corte en las remisiones; hacer un seguimiento de los fallos de no cooperación remitidos por la Corte y entablar un diálogo constructivo con la CPI. Además, los Estados deberían fomentar iniciativas para impedir el uso del veto por los miembros perma-nentes del Consejo en el tratamiento de crímenes atroces.

10. Apoyar a la sociedad civil

En países como Kenia, la República Democrática del Congo, Nigeria y Sudáfrica, las demandas de la sociedad civil para que se ejecuten las órdenes de arresto de la CPI contra al-Bashir prueban que las leyes y las cortes nacionales siguen siendo los cimientos del sistema de justicia del ER. Con tantos países alrededor del mundo que adoptan leyes draconianas y limitan a la sociedad civil, los gobiernos deben hacer más para apoyar los esfuerzos a favor de la rendición de cuentas.

En junio de 2015, la fiscal de la CPI pidió al Consejo de Seguridad “escuchar las demandas de las víctimas de violación y abuso sexual, tortura, desplazamiento masivo y otros sufrimientos inhumanos que los darfurianos siguen padeciendo.” © UN Photo/Loey Felipe

Los gobiernos deben usar su influencia política y diplomática para promover el apoyo a la rendición de cuentas, tanto a nivel público como privado.

CPI/AEP

16

AUNQUE EL TRABAJO de la CPI se centra ante todo en las víctimas de críme-nes atroces, con frecuencia las comunida-des locales no pueden entender o seguir los procedimientos judiciales que ocurren lejos en La Haya. Los continuos esfuerzos por fortalecer la presencia de la Corte so-bre el terreno son una gran oportunidad de reforma, pero solo pueden tener éxito con los recursos necesarios.

La difusión: una batalla cuesta arriba

En los últimos años, muchas oficinas de la CPI se han encargado de hacer que la justicia se vuelva más visible. La Secre-taría de la Corte, fundamentalmente a través de la unidad de difusión, promueve una mejor comprensión de la Corte en los países con situaciones ante la CPI.

La difusión es también vital a la hora de reducir las amenazas de seguridad y crear condiciones prósperas para las operaciones de la Corte, como facilitar la participación de las víctimas.

Sin embargo, los presupuestos estáticos y la falta de personal, junto a un creciente número de investigaciones, han forzado a la unidad de difusión a restringir sus actividades a las víctimas directamente afectadas por los crímenes, en los casos que acceden a la instancia judicial. Esto significó que otras víctimas y comunida-des no pudieran ser tenidas en cuenta.

También existen enormes necesidades de información en situaciones donde la CPI está llevando a cabo exámenes prelimina-res, como Ucrania, Palestina, Colombia, Nigeria, entre otros.

Tropiezos en Costa de Marfil

En 2015, Human Rights Watch comuni-có la existencia de un vínculo entre los recursos limitados para la difusión y las constantes opiniones negativas que hay sobre la CPI en Costa de Marfil. Estable-ció que las percepciones de parcialidad que surgen del foco de atención de la Fiscalía en el ex presidente Laurent Gba-gbo y sus aliados se agravaron en parte por las acciones de difusión que solo se centraron en las víctimas directamente afectadas por unos pocos incidentes específicos de crímenes graves en los que se enfocaban los casos.

Además, no se pudo enviar a un miembro del equipo de difusión a Costa de Marfil hasta octubre de 2014 por falta de fondos, aproximadamente tres años después de que comenzara la investigación. Si se puede aprender una lección de los primeros años de la CPI, es que informar a los principales actores locales desde el primer momento es imprescindible.

Teniendo en cuenta que en enero de 2016 comenzará el juicio de Gbagbo y Charles Blé Goudé, altamente sensible a nivel polí-tico, es esencial que el personal de difusión

HACER DE LA CONFIANZA UNA PRIORIDAD ¿Cuáles serían las consecuencias de que las medidas necesarias para llevar a la CPI más cerca de las víctimas y las comunidades afectadas no cuenten con los recursos suficientes?

“Es indispensable que la CPI y los Estados Parte realmente se comprometan con un proceso de difu-sión efectivo e incrementen la presencia de la CPI sobre el terreno, que en la última década fue triste-mente escaza. El proceso de ReVisión es vital para asegurar que la CPI tenga un impacto útil y positi-vo en los países en los que trabaja, aunque existe un riesgo real de que fracase por falta de fondos.” —Alison Smith, directora del programa de justicia internacional, No Peace Without Justice

Actividades de difusión de la CPI en Costa de Marfil. © ICC-CPI

CPI/AEP

17

esté presente para comunicar los mensajes claves y enfrentar la información malin-tencionada durante los procedimientos.

Se necesitan recursosEntre 2015 y 2016, se implementará un plan de reestructuración llamado proyecto ReVisión, que creará una nueva

sección dentro de la Secretaría de la CPI para las relaciones externas y las tareas sobre el terreno, con más recur-sos y personal. Esta innovación prevé directores de alto nivel para las oficinas capacitados para comprometerse a nivel diplomático y político y ser la cara de la Corte a nivel nacional.

El proyecto ReVision representa una oportunidad crítica para que la CPI

pueda llevar la justicia más cerca de las víctimas y las comunidades afectadas aplicando las lecciones aprendidas de los primeros años de la Corte. Los Estados miembros de la CPI que apoyan una CPI efectiva y eficiente deben insistir y ayu-dar a la Secretaría a contar con los recur-sos necesarios para hacer de la presencia sobre el terreno una realidad.

Las cortes especiales en Sierra Leona y Camboya demostraron el éxito de los procedimientos locales a la hora de promover una difusión significativa. El Estatuto de Roma permite que algunas partes de los procedimientos se lleven a cabo In situ - fuera de la sede de la Corte en La Haya.

En 2015, los jueces recomendaron que el principio del juicio del líder de la milicia congolesa Bosco Ntaganda se lleve a cabo en la provincia de Ituri, una región muy afectada por el prolongado con-flicto en la República Democrática del Congo. Los jueces también recomendaron que una importante audiencia previa al juicio pre-visto para el 2016 contra el comandante del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) Dominic Ongwen se hiciera en Gulu, Uganda-cer-ca del sitio en el que ocurrieron muchos de los presuntos delitos.

Sin embargo, la Presidencia de la CPI rechazó ambas propues-tas, refiriéndose a los costos, dificultades administrativas, cues-tiones de seguridad, la protección de los testigos y el bienestar de las víctimas.

¿AUDIENCIAS DE LA CPI IN SITU?

“La oficina sobre el terreno de la CPI ayuda a la Corte a tener visibilidad en Costa de Marfil. Sin embargo, el retraso en su apertura y la falta de per-sonal ha tenido un impacto negativo en la opinión pública. Muchos marfileños consideran que la CPI brinda justicia a los ganadores. La Corte aún debe mejorar sus actividades de la comunicación y difu-sión para corregir la información errónea que daña su imagen, llegar a todas las víctimas sin importar su afiliación política y mejorar su eficiencia en la administración de justicia.”

—Ali Ouattara, presidente de la Coalición Marfieña por la CPI

“Estamos extremadamente decepcionados por la decisión de no llevar a cabo el comienzo de la audiencia de confirmación de cargos para Dominic Ongwen en Uganda, la cual contaba con una aprobación generalizada y generaba mucho entusiasmo entre las víctimas y líderes locales. Esta hubiera sido la primera vez que las víctimas de los más te-rribles crímenes del ERS podrían haber visto a su presunto torturador ante la justicia. Los gobiernos deben hacer más para asegurar que la CPI cuente con los recursos necesarios para que los procedimientos in situ sean una realidad. De no ser posible, debemos preguntarnos: ¿para quién es realmente esta Corte?”—Mohammed Ndifuna, director ejecutivo de Human Rights Network-Uganda (HURINET-U)

“La CPI acciona a nivel global, pero el corazón de su mandato reside en llevar justicia a las comunidades afectadas por las atrocidades masivas. Los oficiales de la CPI deben asegurar que las acciones de la Corte resuenen en estas comunidades. El fortalecimiento del impacto de la Corte sobre el terreno no debe ser un pensamiento secundario. Los países miembros de la CPI deben asegurar que la Corte cuente con los recursos necesarios para que la justicia tenga un lugar a nivel local.”—Elizabeth Evenson, asesora internacional senior, Human Rights Watch

CPI/AEP

100

+60%

+6%

BAJO PRESIÓN

Entre 2010 y 2015, el número de países con investigaciones de la CPI aumentó un 60%, mientras que el presupuesto para la difusión no lo acompañó.

Países con investigaciones de la CPI

Presupuesto para información pública

© HRW

18

¿Cuál es la lección más importante que aprendió?

QUE CUALQUIER gran logro en la CPI es necesariamente el resultado de esfuer-zos colectivos que requieren la contri-bución de todos los órganos de la Corte dentro de sus respectivos mandatos.

¿Cuáles son los principales desafíos de la CPI?

Por lo que acabo de decir, el principal desafío institucional en la CPI es asegurar que los órganos logren coordinar sus es-fuerzos de manera eficiente en consonan-cia con el principio de una Corte Única, mientras que el principal desafío judicial es proporcionar justicia de alta calidad en procedimientos imparciales y veloces. Además, enfrentamos el constante desa-fío institucional y judicial de conseguir suficiente cooperación.

¿Cuáles son sus prioridades?

Mi prioridad es dirigir un proceso de reformas en la Corte con el fin de acelerar procedimientos, mejorar el gobierno de la Corte y aumentar la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional.

¿Qué se está haciendo para agilizar los procedimientos judiciales?

Están ocurriendo muchas cosas en re-lación con este tema y estoy realmen-te satisfecha con los avances que se han logrado este año. En junio, todos los jueces de la CPI realizaron un encuentro de dos días en Núremberg, Alemania, para analizar formas de me-jorar la eficiencia del trabajo judicial de la Corte. El encuentro obtuvo muy buenos resultados, lo que permitió una discusión colectiva en la que cada juez aportó sus experiencias y cono-cimientos. El encuentro y el posterior trabajo de los jueces resultó en la identificación y la adopción de varias prácticas ideales, particularmente en la fase previa al juicio, entre ellas, destacó la publicación de un Manual de Cuestiones Preliminares. También se está trabajando activamente en otras áreas, por ejemplo, varios jueces se desempeñan como puntos focales para coordinar la armonización de las prácticas en relación con temas específicos, como las solicitudes de las víctimas para la participación y los procedimientos de admisión, el estilo de redacción y el uso de protocolos o instrucciones prácticas para los as-pectos técnicos no contenciosos de los

procedimientos. En las tres divisiones judiciales, se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar la eficiencia a través de la jurisprudencia, y la iden-tificación ulterior de los cambios en las prácticas y mejoras en los métodos de trabajo. Estoy convencida de que estamos en un muy buen camino, y es-toy particularmente orgullosa de que todos los jueces estén comprometidos en este ejercicio.

¿Cómo es la relación laboral entre los distintos órganos de la Corte?

Me complace decir que la relación labo-ral entre los dirigentes de la Corte—es decir, Presidente, Fiscal y Secreta-rio- es muy buena y que nos reunimos regularmente, tanto en situaciones formales como informales, para discutir cuestiones de interés común. También me complace asegurar que hay un diálogo permanente entre los órganos de administración superior y otros niveles. Naturalmente, todo esto sucede conociendo y respetando los límites apropiados entre los órganos y sus man-datos, en particular, teniendo en cuenta la independencia de la Fiscalía.

En marzo de 2015, la jueza Silvia Fernández de Gurmendi fue elegida presidente de la CPI, brindando a la Corte sus 20 años de experiencia en derecho internacional y derechos humanos. Durante su carrera como diplomática argentina, de Gurmendi fue clave en las exitosas negociaciones para el Estatuto de Roma. En esta entrevista, resume su visión sobre cómo lograr una Corte más efectiva

ENTREVISTA CON SILVIA FERNÁNDEZ DE GURMENDI, PRESIDENTE DE LA CPI

“LAS CRÍTICAS PUEDEN AUMENTAR A MEDIDA QUE LA CPI SE VUELVE MÁS EFECTIVA”

La presidente de la CPI Silvia

Fernández de Gurmendi. © ICC-CPI

CPI/AEP

19

¿Hay alguna posibilidad de que los procedimientos in situ se lleven a cabo?

Creo que los procedimientos in situ—de-sarrollar partes de un proceso judicial en una locación cercana al lugar donde se cometieron los presuntos crímenes—pueden ser extremadamente impor-tantes. Son el medio para acercar la actividades de la CPI a las comunidades afectadas, mejorar la comprensión que se tiene de la Corte y optimizar el efecto de lo que hacemos. Ahora bien, me gus-taría enfatizar que los procedimientos in situ de ningún modo son el único medio para lograr esto. La participación de las víctimas y la difusión—como aspectos constantes de lo que hace la CPI—son esenciales para asegurar que el proceso de justicia sea verdaderamente signi-ficativo para los más afectados por los crímenes que están bajo la jurisdicción de la Corte y toman en consideración los puntos de vista de las víctimas.

Estoy segura de que habrá procedimien-tos in situ tarde o temprano—pero el asunto debe ser cuidadosamente eva-luado caso a caso. Como usted sabe, ya se ha considerado el asunto en algunos casos de la Corte, pero luego de una eva-luación minuciosa se concluyó que los beneficios potenciales en esas instancias

particulares eran opacados por riesgos en otros aspectos, como la seguridad y el bienestar de los testigos y las víctimas o la seguridad de las comunidades locales.

¿Logró la CPI consolidar su lugar en los asuntos internacionales?

La CPI logró acceder a los asuntos internacionales, y el componente de justicia es cada vez más reconocido en la solución de crisis y conflictos. Pero este es un proceso largo que requiere atención constante—nosotros podemos únicamente mantener y consolidar nuestra posición demostrando que la Corte está realizando una contribución significativa a la promoción de la justicia y al Estado de derecho.

¿Se está haciendo suficiente para apoyar a la CPI?

Las partes involucradas—principal-mente la sociedad civil- están haciendo mucho, y sus esfuerzos son sumamente apreciados. Pero espero que sigan bus-cando modos de hacer más, porque la CPI tiene necesidades importantísimas en diversos ámbitos de cooperación—que incluyen apoyo político, asistencia

jurídica y logística, ayuda económica, divulgación y concientización, promo-ción de la universalidad del Estatuto de Roma y más. La Corte siempre será objeto de críticas sin importar cuán bien se desempeñe. En realidad, las críticas podrían multiplicarse a medida que la CPI se vuelva más efectiva y su rol sea más destacado en asuntos inter-nacionales. Es por esto que los actores externos deben permanecer alertas y asegurar un fuerte y constante apoyo a la Corte y a sus actividades.

ICC/ASP

La presidencia de la CPI—que consiste en el Presidente y sus dos Vicepresidentes—tiene un papel esencial ya que provee un liderazgo estratégico a la CPI como unidad. Es responsable de administrar apropiadamente la Corte, supervisar las actividades de la Secretaría y aportar elementos de juicio para una amplia gama de políticas administrativas que afectan al funcionamiento global de la Corte. Además, dirige las revisiones jurídicas de algunas decisiones del Secretario y establece acuerdos de cooperación de la Corte con Estados y organizaciones internacionales.

¿QUÉ HACE LA PRESIDENCIA DE LA CPI?

La participación de las víctimas y la difusión—como aspectos constantes de lo que hace la CPI—son esenciales para asegurar que el proceso de justicia sea verdaderamente significativo para los más afectados por los crímenes que están bajo la jurisdicción de la Corte y toman en consideración los puntos de vista de las víctimas.

CPI/AEP

20

CPI/AEP

AÚN NO ES SUFICIENTE—LA CRISIS DE CAPACIDAD DE LA CPILa expansión propuesta de la CPI aún no alcanza para lidiar con las importantes demandas de la Corte, por Elizabeth Evenson y Jonathan O’Donohue

LA FISCALÍA de la CPI ha propuesto aumentar su estructura en los próximos 3 años a lo que considera un “tamaño básico”. Este aumento de su capacidad de respuesta resultará en un costo adicional anual de €18 millones. De acuerdo con la propuesta, este es el tamaño mínimo necesario para responder a las demandas que recibe la oficina con “calidad, efecti-vidad y eficiencia”.

Si se implementa el tamaño básico, el presupuesto anual de la Fiscalía llegará a €60 millones y el presupuesto total de la Corte sin duda excederá los €150 millones. Esta es una gran inversión. Sin embargo, la justicia internacional nunca será barata y el presupuesto no destaca si se lo compara con los de otras institucio-nes internacionales e iniciativas multila-terales importantes.

Centrar la atención en definir las capa-cidades centrales de la CPI resulta un avance positivo en comparación con los procesos anuales básicos de definición

del presupuesto de la CPI. La Corte es financiada por sus Estados miembros. En los últimos años, la toma de decisio-nes fue principalmente influenciada por la presión de unos pocos Estados para minimizar los costos e incluso imponer un crecimiento presupuestario nulo, más allá del aumento de demandas y de la cantidad de trabajo. Esto ha perjudicado el desempeño de la Corte, permitió que los Estados enfocaran sus negociaciones presupuestarias en balances artificiales y en ideas distorsionadas de los verdaderos recursos que la Corte necesita.

Con el tamaño básico propuesto, la Fiscalía será capaz de abrir una nueva situación cada año con un máximo de seis investigaciones activas para todas las situaciones. Esto representa un importante aumento en comparación con las cuatro investigaciones activas de 2015. Sin embargo, teniendo en cuenta las investigaciones pendientes de los casos existentes, un nuevo pedido para investigar Georgia y otros ocho países con

exámenes preliminares que aguardan una decisión para determinar si es necesario abrir una investigación formal, solo dos investigaciones formales adicionales no parecería ser suficiente.

La Fiscalía reconoce estas limitaciones. Sostiene que su propuesta dará como resultado un “ritmo inferior al nivel de máxima demanda”, lo que requerirá un “grado razonable de priorización” en su trabajo potencialmente hasta 2021, y que solo se buscará lograr una mayor capaci-dad durante este periodo si “se materiali-zan circunstancias excepcionales”.

En vista de las demandas actuales, si la CPI acepta estas limitaciones por un periodo tan largo, podría retrasarse aún más, negando o retrasando la justicia a las víctimas. También podrían aumentar las críticas al desempeño de la Corte y las acusaciones de parcialidad por aquellos casos o situaciones a los que dará priori-dad por sobre otros.

A nuestro entender, se necesita un enfo-que más ambicioso. A la vez que trabaja para lograr una expansión más inmediata, la CPI debe definir su “capacidad óptima” —es decir, cuántas investigaciones, casos y juicios más puede lograr una CPI efi-ciente y de alto rendimiento. Los Estados miembros de la CPI deben comenzar a considerar ahora cómo asegurar que la CPI cuente con los recursos necesarios para aumentar su capacidad con el fin de responder rápida y efectivamente a perio-dos de alta demanda una vez alcanzado el “tamaño básico”.

Elizabeth Evenson es asesora de justicia internacional senior en Human Rights Watch. Jonathan O’Donohue es un asesor legal de Amnistía Internacional y líder del Equipo de Presupuesto y Finanzas de la Coalición por la CPI.

Esta es una versión resumida de una contribución realizada al debate de openGlobalRights sobre la CPI. Encuentre el artículo completo en https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/elizabeth-evenson-jonathan-o-dono-hue/still-falling-short-icc-s-capaci-ty-crisis

Refugiados de Osetia del Sur en un campo del pueblo de Alagir, Osetia del Norte, 16 de agosto de 2008. La Fiscal de la CPI intenta abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto de Osetia del Sur que involucró a Georgia y Rusia (Ver página 31). ©Evstafiev/Wikimedia Commons

21

ONU/CPI

COMO PLATAFORMA de la comunidad internacional para evaluar el estado de los derechos humanos en cada Estado individual, el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos es un instrumento fun-damental para promocionar la universalidad de la CPI.

Durante el primer ciclo del EPU de 2008 a 2011 se emitie-ron más de 100 recomendaciones relacionadas con la CPI dirigidas a más de 60 Esta-dos, mayormente relacionadas con la ratificación del Estatuto de Roma. Desde 2012, pedimos a los Estados miembros a la CPI que elaboren recomendaciones específicas referentes al Estatuto para los Estados bajo revisión. En los últimos tres años, se han remitido cerca de 600 recomendaciones relacionadas con la CPI para cada uno de los Estados sometidos a revisión durante ese período.

Parte de la riqueza del EPU radica en que los Estados deben responder a estas reco-mendaciones de forma pública. Cuando un Estado acepta la recomendación de adherir a la CPI o aprobar una determinada ley, se compromete a hacerlo antes de la próxima revisión. La Coalición insta a los Estados a cumplir con estos compromisos.

Antes de cada sesión del EPU, debatimos en los encuentros del grupo de Estados Amigos de la CPI con base en Ginebra. Estas reuniones representan una oportunidad única para que los Estados que trabajan en la vanguardia de las políticas humanitarias puedan deba-tir sobre la importancia del sistema del Estatuto de Roma para el CDH de la ONU.

¿CÓMO FUNCIONA? LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONUVirginie Amato, asesora senior y oficial de programa de la Coalición, explica cómo la sociedad civil utiliza los mecanismos de derechos humanos de la ONU para promover la justicia por los crímenes más graves

Vista del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sesión. © UN Human Rights Council

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone y condena graves violaciones a los derechos humanos de todo el mundo. Sus mecanismos de investigación—usualmente llamados comisiones de investigación—documentan violaciones graves y elevan recomendaciones a la comunidad internacional, como la búsqueda de justicia penal

“

22

•

AMÉRICAS• El presidente de Sudán al-Bashir cancela asis-

tencia a la Asamblea General de la ONU• El secretario general de la ONU Ban Ki-moon

pide una remisión de Siria a la CPI en la Asam-blea General de la ONU

• ¿Paz y justicia en Colombia? Página 26

• Desapariciones y presuntos crímenes de lesa humanidad en México

• Jamaica se compromete a unirse a la CPI• 100 ONG piden justicia por presuntas torturas

de EEUU y otros abusos• Ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt

declarado mentalmente incompetente para recibir sentencia

• Botsuana respalda a la CPI en Asamblea Gene-

ral de la ONU

ÁFRICA• El Fiscal de la CPI advierte contra la violencia electoral en Nigeria y Burundi • El fugitivo de la CPI Omar al-Bashir escapó de Sudáfrica para evitar su arresto• Escalada de violencia en la lucha de Nigeria contra Boko Haram • Tribunal híbrido propuesto en Sudán del Sur para procesar atrocidades• La sociedad civil promueve la rendición de cuentas en África en encuentro regional. Página 24

• Presuntos crímenes graves en Darfur, el Nilo Azul y Estados de Kordofán del Sur• Fiscal de crímenes internacionales de Uganda, Joan Kagezi, asesinado• La República Centroafricana vota por un Tribunal especial para crímenes de guerra • La RDC aprueba esperada ley de implementación del Estatuto de Roma • Líderes militares de Guinea enfrentan juicio por presunto rol en masacre del Estadio de Conakry• Comienza el juicio del ex dictador del Chad Hissène Habré en Senegal • La sospechosa de la CPI Simone Gbagbo es condenada por cargos relacionados con el debilitamiento

de la seguridad del Estado y sentenciada a cumplir 20 años de prisión por un tribunal marfileño• El partido sudafricano ANC en el poder planea retirarse del Estatuto de Roma

ALREDEDOR DEL MUNDO 2014-15

GLOBAL

23

•

EUROPA• Kosovo aprueba tribunal de crímenes de guerra• Suiza ratifica las enmiendas de Kampala ael

Estatuto de Roma• Ucrania acepta la jurisdicción de la CPI entre

denuncias de crímenes de guerra generaliza-

dos. Página 30

• El RU arresta presunto criminal de guerra de Ruanda

• Alemania sentencia a rebeldes de la RDC • Fiscal de la CPI busca abrir una investigación

en Georgia. Página 31

• Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia cerca del fin de su mandato

• Austria adopta ley para procesar crímenes de la CPI a nivel nacional

• Rumania y España lanzan una iniciativa por una corte internacional en contra del terrorismo

Medio Oriente y África del Norte• Pedidos para remitir los casos de Siria e Iraq a la CPI por presun-

tas atrocidades cometidas por ISIS y fuerzas gubernamentales• La Fiscal de la CPI advierte al Consejo de Seguridad de la ONU

sobre la inacción por escalada de violencia en Libia • Saif Gaddafi y Abdullah al-Senussi son sentenciados a muerte

junto con otros ocho en Libia • Presuntas atrocidades cometidas por ambos bandos en Yemen • Palestina se convierte en el 123º Estado Parte a la CPI. Página 32

• Informe de ONU cita posibles crímenes de guerra cometidos por grupos de Israel y Palestina en 2014 durante el conflicto de Gaza

• Jueces piden a la Fiscal de la CPI revisar su decisión de no inves-tigar el incidente de la flotilla Mavi Marvara en Gaza

ASIA • China acoge por segunda vez al fugitivo de la

CPI Omar al-Bashir• La ONU insta a Sri Lanka a elaborar un tribunal

para los crímenes de la guerra civil. Página 28

• Reclaman justicia para los procesados de Bur-ma pertenecientes a la minoría Royinga

• Continúan en Camboya los juicios de los líderes del Khmer Rojo

• Votación en la ONU reclama la remisión del caso de Corea del Norte a la CPI

• Reclamo de una investigación independiente so-bre el ataque aéreo contra el hospital de Kunduz en Afganistán por las fuerzas de la OTAN

GLOBAL

24

1. EL OBJETIVO común de la socie-dad civil sigue siendo la defensa del sistema del Estatuto de Roma (ER) para promover la rendición de cuentas por los crímenes graves que siguen asolando a muchos países africanos. Las organizaciones no gubernamenta-les africanas expresaron su solidaridad con los esfuerzos en pos de que el Estado sudafricano cumpla con sus obligaciones y arreste al fugitivo de la CPI Omar al-Bashir en junio 2015, lo que destaca el papel crucial de la sociedad civil en la construcción de democracias pacíficas y sólidas.

2. La CPI sigue desempeñando un papel vital en la promoción de la justicia en África. La gente pide justicia por los crímenes graves a nivel nacional o a través de la CPI. El ER brinda un marco para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas nacionales. Los gobiernos africanos deben trabajar en pos de un sistema de la CPI más efectivo. Aún resta mucho por hacer para dar a conocer a la CPI y su mandato con el fin de impulsar su apoyo y enfrentar la politización.

3. Los Estados africanos tienen obli-gaciones claras de cooperar con la CPI. Los líderes africanos deben tener el valor de expresar su apoyo a la CPI en la Unión Africana (UA) y otros foros. La continua cooperación de mu-chos Estados con la CPI y el creciente número de procedimientos nacionales son prueba de un fuerte deseo de justi-cia en África.

4. La Asamblea de Estados Partes (AEP)debe establecer mecanismos fuertes capaces de lidiar con instancias de no cooperación, que socavan la capa-cidad de la CPI para ofrecer justicia a las víctimas de crímenes graves.

5. La rendición de cuentas por los crí-menes graves es responsabilidad de toda la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene un papel en la promoción de la justicia. Todos los Estados y actores internacio-nales deben renovar su compromiso con la CPI y el ER, brindar una total cooperación y oponerse a cualquier tipo de inmunidad para los líderes de Estado y funcionarios senior.

6. El mandato de la UA es consistente con el ER en la protección de los dere-chos humanos, esto incluye la rendición de cuentas por los crímenes interna-cionales graves. La UA debe promover sus propios mecanismos para asegurar la rendición de cuentas, incluyendo el marco de la justicia transicional, y com-prometerse en un diálogo con la CPI.

Qué dijeronClement Capo-Chichi, coordinador re-gional para África, Coalición por la CPI

“La sociedad civil viajó desde todos los rincones de África para compartir lo que la justicia significa para ella. Los representan-tes de la CPI y la AEP enriquecieron aún más los debates. Estamos un paso más cerca de mejorar la participación de la sociedad civil en el sistema del Estatuto de Roma.”

Onyinye Okaah, coordinador, Coalición de Nigeria por la CPI

“Para combatir la impunidad se necesita de manera urgente un esfuerzo coordina-do de los Estados Partes y las coaliciones

En junio de 2015, los miembros de la Coalición viajaron desde más de 20 países a Benín con el fin de crear estrategias para terminar con la impunidad en los crímenes más graves de África. A continuación, las principales conclusiones.

Encuentro Estratégico Regional de África de la Coalición por la CPI. Cotonou, Benín, 17-19 de junio de 2015.© CICC

PROMOVIENDO LA JUSTICIA EN ÁFRICA

GLOBAL ÁFRICA

25

nacionales por la CPI. Este encuentro me inspiró a continuar promoviendo los derechos de las víctimas en Nigeria y demandar que aquellos que cometieron estas violaciones sean investigados y procesados—ya sea en su hogar como ante la CPI.”

Ali Ouattarra, presidente, Coalición Marfileña por la CPI

“Evaluamos el trabajo de la CPI en el continente africano, propusimos nuevas estrategias para reducir las percepciones negativas y compartimos las mejores prácticas de las coaliciones nacionales. El encuentro fue una oportunidad para propo-ner maneras de hacer que la CPI en África sea más justa, eficiente y efectiva.”

Aboubacry Mbodji, secretario general, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, Senegal

“El encuentro representó una oportunidad invaluable para que las ONG reiteraran sus respectivas misiones para promover, defender y proteger los derechos humanos, prevenir, administrar y resolver conflic-tos, promover el derecho a la reparación y acceso a la justicia para todos, promover la justicia penal internacional y la represión de los crímenes graves.”

Roland Abeng, coordinador, Coalición por la CPI de Camerún

“Los sistemas legales de toda África deben seguir el ejemplo sudafricano, asumir sus res-ponsabilidades y convertirse en un arma de gobierno verdadera, natural e independiente

para el mejoramiento del Estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional.”

Mama Koite Doumbia, presidente, Coalición por la CPI de Malí

“Este encuentro representó una importan-te oportunidad para que la sociedad civil africana pueda reunirse y encontrar for-mas de promover de la justicia internacio-nal y la rendición de cuentas. Acordamos nuevas estrategias para cuestiones claves de la CPI y para las relaciones con la UA y los Estados africanos.”

El Histórico juicio del ex líder de Chad Hissène Habré comenzó en Dakar, en un tribunal especial creado por Senegal y la Unión Africana y contó con una aprobación popular masiva. Habré es acusado de crímenes de lesa humanidad y críme-nes de guerra presuntamente cometidos durante su mandato de ocho años en la década del 80. La presión para que Habré rinda cuentas al respecto ha sido impulsada por las víctimas supervivien-tes del régimen, algunas de ellas, más de 4.000, participan en el caso como parte civil.

La República Centroafricana ha hecho historia al crear un tribunal híbrido para crímenes graves a

través de la legislación nacional. El nuevo tribu-nal penal especial trabajará con los mecanismos de justicia existentes y la Corte Penal Internacio-nal (CPI). Asimismo, planea cubrir casos que no hayan alcanzado necesariamente el umbral de la CPI y permitirá el acceso a la justicia a un mayor número de víctimas.

La Asamblea Nacional de la República Democrá-tica del Congo ha aprobado un proyecto de ley que incorpora el Estatuto de Roma de la CPI a su legislación nacional, permitiendo así a los tribu-nales congoleses procesar crímenes graves. La ley en cuestión reforzará la cooperación con la CPI.

Desde 2008, la sociedad civil, tanto local como internacional, a través de la Coalición Nacional de la RDC por la CPI, ha estado trabajando para promover esta legislación.

SOLUCIONES AFRICANAS

“Aunque nos lleve 20 años, África no olvidará a sus víctimas.” —Federación Internacional de Derechos Humanos y sus miembros de Chad y Senegal en la apertura del juicio de Habré

2015 tuvo varios logros en la promoción de la justicia por crímenes graves en África

(De izquierda a derecha) Jelena Pia-Comella, vicedirectora ejecutiva de la Coalición; Mama Koite Doumbia, presidente, Coalición de Malí por la CPI; Clement Capo-Chichi, coordinador regional de África de la Coalición. Encuentro estratégico regional de África de la Coalición por la CPI. Benín, junio de 2015. © CICC

GLOBAL ÁFRICA

Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Malawi), Sociedad de Educación de Niños (Tanzania), Centro de Documentación y Desarrollo de los Recursos Civiles (Nigeria), Coalición de Nigeria por la CPI, Coalition Burundaise pour la CPI, Coalition Ivoirienne pour la CPI, Coalition nationale pour la CPI de la RDC, Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits humains et la Paix (DRC), Instituto de Estudios de Seguridad-Pretoria (Sudáfrica), Human Rights Watch, Amnistía Internacional-Togo, Comisión de Dere-chos Humanos de Kenia, ICJ Kenya, Coalición por la CPI de RCA, Coalición de Malí por la CPI, Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme (Senegal), Coalición de Uganda por la CPI, ACAT- Madagascar, Coalición de Camerún por la CPI. Human Rights First- Rwanda, Centro Africano de Justicia y Estudios de Paz (Sudán), Iniciativa Internacional de los Derechos de los Refu-giados, Coalición de Benín por la CPI, Centro para la Resolución Constructiva de Disputas de Sudáfrica (Zambia) y Media Founda-tion for West Africa (Ghana).

Participantes invitados: Deborah Ruiz Verduzco, en representación de Sidiki Kaba, presidente de la AEP, Amady Ba, Fiscalía de la CPI y Jean Michel Beaucher, oficina de la CPI en Costa de Marfil.

Vea más fotos del encuentro en la cuenta de Flickr de la Coali-ción por la CPI.

¿QUIENES PARTICIPARON?

26

EN SEPTIEMBRE de este año, el acuerdo entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para obtener justicia por los crímenes graves cometidos durante el conflicto que ha asolado el país por 50 años ocupaba los titulares mundiales. Dicho acuerdo prevé una Jurisdicción Especial para procesar los crímenes graves cometidos por todas las partes del conflicto en el contexto de la guerra, pero contempla penas reduci-das para los combatientes que confiesen y contribuyan a establecer la verdad. Para asegurar que las negociaciones no permitan la impunidad, la mirada atenta de la CPI es ahora más importante que nunca.

Agenda de paz

En noviembre de 2012, Colombia y las

FARC elaboraron una agenda de cinco puntos para negociar el fin del conflicto armado con el fin de tratar: el desarrollo rural y el acceso a la tierra; la participa-ción política de miembros desarmados de las FARC; drogas ilegales y narcotrá-fico; víctimas, esto incluye cuestiones de verdad, justicia y reparaciones; un alto el fuego y el fin del conflicto.

Un sexto punto que aún está por ser incluido trata la implementación de los acuerdos. Este punto abordará el comple-jo tema del apoyo del pueblo Colombiano, probablemente a través de un referéndum u otra forma de consulta popular.

El acuerdo de La Habana

El 23 de septiembre de 2015, se llegó finalmente a una decisión en la delicada cuestión de la justicia y las sentencias en una reunión entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Timoleón Jiménez en un acuerdo negociado en La Habana, Cuba.

Las partes establecieron una fecha límite de seis meses para concluir el acuerdo final, al tiempo que las FARC accedieron a iniciar el proceso de desarme 60 días después de la firma del acuerdo. El acuerdo incluye:

• La creación de una Jurisdicción Espe-cial sobre Paz para juzgar los crímenes cometidos por ambos bandos en el contexto de guerra;

• Sentencias reducidas y/o alternativas para aquellas personas que confiesen crímenes y contribuyan así al estable-cimiento de la verdad, proporcionen reparación y contribuyan a la no-repe-tición. No se concibe la suspensión de sentencias;

• Exclusión de todo tipo de amnistías para los crímenes del derecho inter-nacional y para algunas violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, podrían otorgarse amnistías a crímenes políticos y ofensas conec-tadas. La determinación del alcance de esta última categoría será especificado en la ley de amnistía correspondiente que se adoptará con posterioridad;

• Miembros de las FARC deberán comen-zar el desarme en un periodo de 60 días desde la firma del acuerdo final.

Algunos aspectos del acuerdo requieren una clarificación posterior. Particular-mente, lo referido a las sentencias alter-nativas —que podrían incluir una serie de penas no privativas de libertad—aún debe ser definido.

La participación de las víctimas y la sociedad civil en las negociaciones de La Habana ha sido esencial para su progreso. Las organizaciones de derechos humanos insistieron en la importancia de lograr un cuidadoso balance entre justicia y paz.

Justicia y sentencias

La rendición de cuentas se instaló como una de las cuestiones decisivas en las primeras etapas de las negociaciones, lo que generó algunos retrocesos e incluso el peligro de la disolución de las con-versaciones de paz. La continuidad de operaciones bélicas sobre el terreno no

¿PAZ Y JUSTICIA EN COLOMBIA?

Un histórico acuerdo ha llevado a Colombia cerca del fin de un brutal conflicto de 50 años. ¿Pero podrá conseguir el balance adecuado entre la búsqueda de una paz sostenible y el deber de hacer justicia por los incontables crímenes cometidos en el contexto de guerra?

Millones de colombianos marcharon por la libertad de los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). © Wikimedia Commons/Marco Suárez

Por más de 50 años, el conflicto colombiano se ha cobrado más de 200.000 vidas y ha desplazado a millones de personas

GLOBAL AMÉRICAS

27

ayudaron a calmar las tensiones.

Aunque era evidente que no se otorgarían amnistías por crímenes graves en virtud del derecho internacional —de acuerdo tanto con las obligaciones internacionales de Colombia como por ser Estado Parte al Estatuto de Roma (ER) de la CPI— la elección del modelo de justicia transicio-nal a aplicar ha sido objeto de numerosos debates. Las posturas divergentes aún requieren de un consenso reconciliador.

El Fiscal General de Colombia abo-gó intensamente por la adopción de mecanismos de justicia transicional y sentencias alternativas. El anuncio inicial que hicieron los líderes de las FARC donde afirmaron que no estaban dispuestos a pasar un solo día entre rejas fue considerado un gran obstáculo. Sin embargo, posteriormente mostraron apoyo a las sentencias alternativas que incluyen en algunos casos reclusión o un arresto limitado.

La posibilidad de incluir sentencias alternativas también ha dividido las aguas en la sociedad colombiana y en algunas organizaciones de derechos humanos. De todos modos, las reacciones preliminares muestran signos de apoyo al acuerdo de justicia siempre y cuando no suponga la impunidad en crímenes graves.

El ojo crítico de la CPI

Desde 2004, la Fiscalía de la CPI ha esta-do desarrollando un examen preliminar en Colombia para determinar si sería necesario iniciar una investigación com-pleta. La Fiscal también ha realizado un seguimiento de las negociaciones de paz. En respuesta al acuerdo de La Habana,

la Fiscal vio con “optimismo que este excluya la amnistía en crímenes de guerra y lesa humanidad” y reafirmó que el me-ritorio propósito de finalizar el conflicto deberá “rendir tributo a la justicia como un pilar crucial para una paz sostenible”.

La Fiscalía ha desarrollado unas reglas estrictas sobre la no aplicación de penas suspendidas, un aspecto importante del debate considerando que el Marco Legal de Paz en Colombia de 2012 sí contem-plaba la suspensión de sentencias. En dos cartas enviadas al Tribunal Cons-titucional en agosto de 2013, la Fiscalía dejó clara su posición de rechazo hacia la suspensión de sentencias, indicando que las sanciones impuestas no deberán llevar a la impunidad.

En mayo de 2015, la Fiscalía amplió su posición sobre las sentencias durante un seminario sobre justicia transicional y la CPI celebrado en Bogotá y organizado por el Centro Vance, la Universidad del Rosario, la ONU, el ICTJ, el Diario El Tiempo, el Fondo Hanns Seidel y la Coali-ción por la CPI.

El Fiscal Adjunto de la CPI James Stewart declaró que los Estados tienen un ancho margen de discreción en lo que refiere a sentencias a la luz del silencio del ER respecto a la longitud de las mismas para los crímenes de la CPI cuando estos se procesan de mane-ra nacional. De todos modos, Stewart también enfatizó que las sanciones penales efectivas deberán “servir a objetivos penales apropiados, como la condena pública de una conducta pe-nal, reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y disuasión de una futura conducta criminal”.

Stewart también subrayó que la sus-pensión de sentencias es incompatible con el ER, ya que el propósito de dicha suspensión es librar a los criminales de la responsabilidad penal. Las sentencias reducidas podrían ser compatibles con el Estatuto siempre y cuando cumplan ciertas condiciones, como el recono-cimiento de responsabilidad penal y garantías de no-repetición. También mencionó que, teniendo en cuenta la amplia variedad de medidas privativas y no-privativas de libertad que podrían encajar en las sentencias alternativas, se deberán considerar varios factores para determinar su compatibilidad con el Es-tatuto. Destacó también que la cuestión radicará en determinar si las sentencias alternativas sirven adecuadamente a los propósitos de imponer una sentencia para los crímenes mas graves.

Camino a la paz

El papel de la CPI en el contexto Colom-biano es ahora más importante que nunca. La Fiscal debe continuar monitoreando el proceso, asegurando que la implemen-tación del pilar de justicia sea compatible con las obligaciones de Colombia bajo el ER. Si los resultados son exitosos, el acuer-do de La Habana representará sin duda un proceso histórico para una paz largamente esperada en Colombia.

Qué dijeron

Comisión Colombiana de Juristas

“Es positivo que el acuerdo alcanzado se haya construido con base en el criterio cen-tral de garantizar los derechos de las vícti-mas y, en consecuencia, tenga el propósito de acabar con el ciclo de impunidad en el que se encuentran sumidas las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario aconte-cidas durante el conflicto armado.”

Corporación Humanas, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer y la campaña “No es Hora de Callar” (Una coalición de ONG colombianas que trabajan sobre la justicia y el género)

“Reconocemos en este acuerdo un acto histórico y memorable para el país que reafirma el compromiso de las partes con la obtención de la Paz. La jurisdicción especial para la paz creada, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Re-paración y No repetición y debe mantener los derechos de las víctimas en el centro de los acuerdos, con un tratamiento diferen-ciado para los delitos sexuales y tener en cuenta especialmente las dificultades que ha enfrentado la verdad para los casos de violencia sexual y por ende, para garanti-zar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas sobrevivientes.”

El International Crisis Group destacó el acuerdo como un “paso sólido e inteli-gente hacia delante”. Parlamentarios por a Acción Global lo llamó un “progreso primordial”. El ICTJ dijo que el acuerdo pone de manifiesta el papel crítico de la justicia transicional en la creación de una paz duradera. Amnistía Internacional también celebró el acuerdo pero demos-tró cierta preocupación sobre la impreci-sión de algunas definiciones y amnistías que podrían privar a las víctimas de justi-cia. Human Rights Watch advirtió que el acuerdo permitiría a los responsables de crímenes graves eludir la prisión.

El presidente de Cuba Raúl Castro (centro), el presidente de Colombia Juan Manuel Santos (izquierda) y el líder rebelde de las FARC Rodrigo Londono. La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015. © Alexandre Meneghini/Reuters

GLOBAL AMÉRICAS

28

GLOBAL ASIA

LOS NUEVOS LÍDERES de Sri Lanka han prometido implementar la reco-mendación de la ONU de establecer un tribunal para procesar a los autores de los abusos cometidos durante la guerra civil que ha durado décadas. Pero las víc-

timas y la sociedad, que ya han escucha-do demasiadas promesas, afirman que la participación de actores internacionales es crucial para asegurar que finalmente se haga justicia.

Justicia tardía

Hace seis años, el mismo mes que finalizó la guerra civil de Sri Lanka con la derrota de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, 17 países presentaron una resolu-ción al Consejo de Derechos Humanos de la ONU instando a los Estados a apoyar una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y proteger a los civiles y personas desplazadas.

Desde entonces, otras tres resolucio-nes han abogado por investigaciones independientes y creíbles. El gobierno de Mahinda Rajapaksa ha incumplido dichas resoluciones en todas las ocasio-nes. Los informes ignorados hablan de los horrores de la posguerra en Sri Lanka: miles de civiles desplazados, incontables desapariciones involuntarias o forzosas, torturas, violencia sexual, negación de asistencia humanitaria y represalias contra defensores de derechos humanos, la sociedad civil, abogados y periodistas. Estos informes hablan de una nación que ha vivido en el miedo y de líderes que han dado la espalda a sus propias promesas de abordar un pasado doloroso.

El esperado informe de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, emitido en septiembre de 2015, sobre su investigación de Sri Lanka contenía un mensaje fuerte e inequívoco: patrones de violaciones graves han arrui-nado el país y se han emprendido pocos esfuerzos en pos de la reconciliación, rectificación y reparación. El informe ha detectado una impunidad institu-cionalizada y profundamente arraigada que puede provocar la repetición de dichas violaciones. Asimismo, enfatizó la necesidad crucial de reformar el marco legal de Sri Lanka para alinearlo con los estándares internacionales con el fin de “abordar de manera efectiva los crímenes del sistema y otorgar soluciones efectivas para sus víctimas”.

La mayoría de los grupos de la sociedad civil de Sri Lanka, incluyendo los miem-bros de la Coalición, creen que la única manera de lograr un proceso de rendición de cuentas creíble y genuino y reparar a las víctimas es asegurar la participación real de la comunidad internacional.

LA PROMESA DE SRI LANKA

La supervisión internacional es crucial para que Sri Lanka cumpla su promesa de llevar la guerra civil ante la justicia

Campo de desplazados en Vavuniya. Sri Lanka, 2009. © IRIN Photo

El esperado informe de la ONU sobre su investigación de Sri Lanka contenía un mensaje fuerte e inequívoco: pa-trones de violaciones graves han ar-ruinado el país y se han emprendido pocos esfuerzos en pos de la reconcili-ación, rectificación y reparación.

29

GLOBAL ASIA

Unirse a la CPI

El informe también insta al gobierno de Sri Lanka a adherir al Estatuto de Roma (ER) como parte del acercamiento a un proceso de justicia transicional que incorpora una amplia gama de medidas tanto judiciales como extra judiciales. El alineamiento de la legislación nacional de Sri Lanka con el Estatuto fortalece-rá cualquier proceso de rendición de cuentas en el que Sri Lanka se embarque y asegurará que dicho proceso respete los principios del derecho internacional reconocidos por la comunidad de nacio-nes soberanas.

El Alto Comisionado de la ONU ha expresado una especial preocupación por la imposibilidad de los mecanis-mos nacionales de justicia de Sri Lanka para abordar los crímenes sexuales y de género y por la inexistencia de un mecanismo creíble de protección y apoyo de testigos. El ER es el primer y, hasta ahora, único tratado internacional que penaliza y define explícitamente los crímenes sexuales y de género como crímenes de lesa humanidad, aporta una infraestructura de calidad para la

participación de víctimas y garantiza la seguridad de los testigos.

Los nuevos líderes de Sri Lanka han tomado pequeños pero bienvenidos pasos hacia el reconocimiento de los fracasos pasados del país, y ahora piden al mundo que acepte su nueva actitud receptiva para establecer por fin un proceso genuino hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes de inacción e interferencia política, la confianza solo se construirá con acciones concretas, como la ratificación del ER.

Justicia ya

Los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben a las vícti-mas de la guerra civil y a su propia cre-dibilidad como organismo la garantía de que los líderes de Sri Lanka finalmente impartirán justicia por los incontables y horribles crímenes cometidos. De lo contrario, las víctimas podrían quedar expuestas a una mayor violencia y un mayor sufrimiento. Y si algo queda claro luego de estos 26 años, es que ya han sufrido bastante.

“La realidad es que el histo-rial de justicia nacional en Sri Lanka tras su independencia se ha caracterizado por la falta de voluntad política y capacidad, la interferencia política y un fracaso crónico. Es por esto que la participación internacional en cualquier mecanismo interno es crucial. Para que el nuevo gobier-no pueda asegurar la confianza de sus ciudadanos, Sri Lanka debe romper drásticamente con el pasado y desarrollar un proceso de atribución de responsabili-dad penal para los crímenes más atroces como punto de partida.”—Niran Anketell, jefe de la unidad legal y de justicia, Centro de Estudios Legales de Asia con sede en Sri Lanka

En julio de 2015, uno de los miembros más nuevos de la Coali-ción, Destination Justice, abrió las puertas de su nuevo Café y Librería de Justicia en la capital de Camboya, Phnom Penh. El café lleva a la realidad un concepto simple: apoyar, conectar e inspirar a los jóvenes que promueven la justicia.

“En Camboya, la libertad de expresión, la asociación y el pen-samiento están cada vez más amenazados. El Café y Librería de Justicia es nuestra respuesta a esto: un espacio seguro para la participación, donde los jóvenes pueden reunirse y desarrollar ideas capaces de cambiar el mundo”, dijo el presidente de Desti-nation Justice, Rodolphe Prom.

Establecida en 2011, Destination Justice es una organización sin fines de lucro que tiene por fin fortalecer los derechos humanos y el Estado de derecho de manera pragmática, colaborativa, sustentable y holística.

EL CAFÉ DE LA JUSTICIA DE CAMBOYA

© Destination Justice

30

LA DECISIÓN DE Ucrania de 2015 de aceptar la jurisdicción de la CPI de forma abierta para investigar podría tener im-portantes efectos en el proceso de justicia por los presuntos crímenes graves del este de Ucrania, Crimea y en el derribo del vuelo MH17 de Malaysian Airlines. Pero ahora son los miembros de la CPI quienes deben ayudar a garantizar la completa protección del Estado de derecho.

Jurisdicción expandida de la CPI

En septiembre de 2015, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Pavlov Klimkin presentó una declaración por la que aceptaba la jurisdicción de la CPI del 20 de febrero de 2014 en adelante. El artículo 12.3 de Estatuto de Roma (ER) permitió a los Estados no-miembros a la CPI aceptar la jurisdicción de la Corte de forma ad hoc. Previamente, en abril de 2014, se emitió una primera decla-ración a través de la cual se aceptaba la jurisdicción de la CPI entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, el periodo correspondiente a las protestas Euro-maidán en Kiev. Ambas declaraciones siguieron a sus respectivas resoluciones aprobadas en el parlamento de Ucrania, la Rada suprema.

“La decisión de Ucrania de expandir su aceptación de la jurisdicción de la CPI es una clara señal de su compro-miso con la rendición de cuentas por los crímenes graves y un importante paso en la lucha contra la impunidad”, dijo Kirsten Meersschaert, directora de programas de la Coalición.

Tras la declaración de 2014, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar por norma. En septiembre de 2015, fue extendido luego de la segunda declara-ción. El examen preliminar tiene por fin establecer si se cumplen los requisitos que estipula el ER para abrir una investi-gación, considerando para ello cuestiones de jurisdicción, admisibilidad y el interés de la justicia.

“Ucrania ha dado un paso crucial hacia el fin de la violencia y el conflicto armado en el este del país. Las víctimas tienen ahora la oportunidad de acceder a la justicia por los terribles crímenes que han padecido”, dijo Roman Roma-nov, director del programa de derechos humanos y justicia de la International Renaissance Foundation, Ucrania. “Esta decisión representa un importante mensaje para la sociedad ucraniana y la comunidad internacional, queda claro que Ucrania rechaza la impunidad por los crímenes graves. El próximo paso será reforzar las investigaciones nacio-nales y lograr una completa coopera-ción con la CPI. La paz no llega cuando las pistolas están calladas, llega cuando se hace justicia.”

¿Qué hay en el radar de la CPI?

Varios grupos han recolectados pruebas y testimonios relacionados con los presuntos crímenes graves de Ucrania. En febrero de 2015, una red de orga-nizaciones de derechos humanos de Ucrania—la Coalición de Organizacio-nes Públicas e Iniciativas para Combatir la Impunidad por Crímenes de Lesa Humanidad—informó sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas Euromaidán.

En octubre de 2015, un informa del International Partnership for Human Rights (IPHR) detalló acusaciones de violaciones del derecho humanitario internacional y del derecho penal come-tidas en el este de Ucrania desde marzo de 2014. Específicamente, se habrían cometido crímenes de guerra y críme-nes de lesa humanidad en los óblasts de

Donetsk y Luhansk, también conocidos como la región de Donbas.

“Cuando empezamos a trabajar en el informe no sabíamos si iba a ser utili-zado por la CPI, y las noticias sobre la declaración del Artículo 12.3 presen-tada por el gobierno ucraniano fueron una sorpresa. Ahora, esperamos que la Fiscalía actúe rápidamente y procese las pruebas que entregamos”, dijo Simon Papuashvili, coordinador de proyecto de la IPHR.

En marzo de 2014, Rusia anexó la región ucraniana de Crimea, un hecho que muchos consideraron una viola-ción a la Carta de la ONU y al Memo-rándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad de 1994, que garantiza la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Otros consideraron la deci-sión como un acto de total agresión. A pesar de que la CPI aún no posee juris-dicción sobre un crimen de agresión, las acusaciones de limpieza étnica de la región podrían llegar a ser conside-radas por la CPI.

Sin duda, el proceso de examen pre-liminar revisa de cerca el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines de julio de 2014, donde murieron 283 pasajeros y sus 15 tripulantes. Habrá que esperar para ver si la rendición de cuentas llega finalmente por otras vías. En julio de 2015, Malasia -con el apoyo de Austra-lia, los Países Bajos y Ucrania- propuso una resolución del Consejo de Segu-ridad de la ONU para que un tribunal internacional investigue y procese a los presuntos autores del ataque. Si bien la propuesta fue apoyada por una mayoría de los miembros (11 a favor, 3 abstencio-nes), Rusia vetó el plan. En octubre de 2015, la Junta de Seguridad de Holanda concluyó que el accidente MH17 fue causado por un misil Buk. Los fiscales públicos de los Países Bajos, Ucrania, Malasia, Australia y Bélgica iniciaron una investigación independiente pero aún debe completarse.

UCRANIA Y LA CPI La decisión de Ucrania de aceptar la jurisdicción de la CPI de forma abierta le da a la Fiscal la autoridad potencial de investigar un rango mayor de presuntos crímenes del conflicto. ¿Será la ratificación del Estatuto de Roma el próximo paso?

Ucrania es el primer Estado no parte en ratificar el Acuerdo so-bre los Privilegios e Inmunidades de la CPI, un mecanismo esencial para el efectivo funcionamiento de la Corte

GLOBAL EUROPA

31

Membresía completa de la CPI

A pesar de que la última declaración otorga a la CPI una jurisdicción abierta sobre Ucrania, aún queda un largo cami-no por recorrer para lograr la membresía completa a la CPI.

“Aunque la declaración representa cier-tamente un indicio del compromiso de Ucrania con la justicia, debe venir acom-pañada de medidas concretas en pos de la ratificación del ER para asegurar que el país se convierta en un Estado miembro a la CPI”, continuó Meersschaert. Este ha sido el objetivo de varias campañas de la Coalición de los últimos años -la más reciente en marzo de 2015.

Aunque Ucrania firmó el ER en el año 2000, aún no lo ha ratificado, en parte, debido a un fallo de 2001 del Tribunal Constitucional que estableció que la naturaleza complementaria de la CPI es incompatible con la Constitución del país.

Sin embargo, parecería haber más cuestiones a favor que en contra. Uno de los puntos a favor, incluye una relación más estrecha con la Unión Europea (UE) en virtud del Acuerdo Asociación de la UE-Ucrania de 2014, que contiene disposiciones que alientan a ambas partes a trabajar en pos de la ratificación y la implementación del ER.

“Una segunda declaración excepcional de las autoridades ucranianas no los exime de ratificar el ER. La ratificación no solo cumpliría con las condiciones que Ucra-nia aceptó al firmar el Acuerdo de Aso-ciación con la UE. Más importante aún, es muy probable que represente la única esperanza para las víctimas de crímenes de guerra de que se realicen investiga-ciones sobre los presuntos delitos que se cometen en los territorios ocupados y que los culpables queden en manos de la jus-ticia internacional”, dijo la Sra. Olexandra Matviichuk, jefa de la junta del Centro de Libertades Civiles en Ucrania.

Una asamblea constitucional establecida en el año 2012 ha estado trabajando en un

paquete de reformas en línea con los ele-mentos necesarios del acuerdo UE-Ucra-nia, entre ellas, la membresía de la CPI. La aprobación de un primer conjunto de reformas propuestas está sujeto a la aprobación del Parlamento en 2015.

Ucrania ha estado mostrando todas las señales adecuadas a favor de la rendición de cuentas por crímenes graves. Ahora, es el momento de consolidar los logros alcanzados y convertirse en un Estado miembro de la CPI.

En octubre de 2015, la Fiscal de la CPI solicitó la autorización de los jueces para iniciar una investigación sobre el conflicto armado de Georgia de agosto de 2008, que involucra a Rusia, sobre la región separatista de Osetia del Sur. Durante el examen preliminar del caso, la Fiscal concluyó que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Osetia del Sur y en una “zona neu-tral” entre agosto y octubre de 2008, y que los procedimientos nacionales de Georgia se han detenido.

“Este es un gran paso en la búsqueda de la verdad por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Georgia durante la guerra de agos-to de 2008 y un avance en el objetivo de que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Nika Jeiranas-hvili, director del programa de dere-

LA CPI CONSIDERA UNA INVESTIGACIÓN EN GEORGIA

CÓMO INICIAR UNA INVESTIGACIÓN DE LA CPIPara que la CPI abra una investigación, una situación puede ser remitida a la Corte por un Estado miembro a la CPI o por el Consejo de Seguridad de la ONU, también puede ser iniciada por el/la Fiscal con autorización de los jueces (motu proprio). El pedido de Georgia representa la tercera vez que un Fiscal intenta iniciar una investigación por motu proprio. Las dos anteriores, Kenia y Costa de Marfil, fueron aprobadas.

Soldados ucranianos en la ciudad de Slovyansk, en el Óblast de Donetsk, al este de Ucrania. Julio de 2014. © Sasha Maksymenko/Flickr

GLOBAL EUROPA

chos humanos de la Open Society Georgia Foundation. “La guerra de agosto fue el resultado de una verdad oculta sobre las guerras de 1990, la impunidad de dichos crímenes y casi 20 años de injusticia.”

32

PALESTINA SE HA convertido en el miembro número 123 de la CPI en 2015, dando un paso hacia la obtención de justi-cia para todas las víctimas de uno de los conflictos más prolongados del mundo. La comunidad internacional deberá ahora asegurar que el proceso de rendición de cuentas avance sin trabas.

Palestina y la CPI

La sociedad civil ha pedido por mucho tiempo tanto a Israel como a Palesti-na que se unan a la CPI para detener las violaciones masivas de derechos humanos cometidas a la vista del mundo entero en el curso de un conflicto que ha durado décadas. En noviembre de 2012, la posición de Palestina en la ONU ascen-dió a Estado no miembro observador, permitiéndole así acceder a un número de tratados internacionales—incluyendo el Estatuto de Roma (ER). Tras entregar los instrumentos de adhesión al ER al Se-cretario General de la ONU el 2 de enero de 2015, la jurisdicción de la CPI y el ER

entraron en vigor el 1 de abril de 2015.

Aunque la adhesión otorga jurisdicción a la CPI sobre cualquier crimen grave cometido en territorio palestino y por na-cionales palestinos desde el 1 de abril de 2015 en adelante, se presentó ante la CPI una declaración adicional bajo el artículo 12.3 del ER garantiza la jurisdicción de la Corte desde el 13 de junio de 2014.

Luego de dicha declaración, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar como parte del procedimiento estándar para determinar si los presuntos crímenes co-metidos por ambas partes “en el territorio palestino ocupado, incluyendo la zona este de Jerusalén, desde el 13 de junio de 2014 constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.”

En junio de 2015, una comisión judicial para la investigación de la guerra en Gaza de 2014—establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU—presen-tó un informe detallando los presuntos crímenes de guerra cometidos por ambas

partes durante el verano de 2014. Hacien-do referencia al lanzamiento indiscrimi-nado y desproporcionado de misiles hacia la población civil por parte de grupos armados de Israel y Palestina, el informe intentó alentar a las autoridades locales a realizar una investigación penal para pro-mover la rendición de cuentas e impedir futuras escaladas de violencia.

Contragolpe político

Tanto la adhesión de Palestina al ER como el examen preliminar de la Fiscal han dado pie a un contragolpe político en contra de Palestina y la CPI.

A principios de 2015, Estados Unidos, Canadá e Israel manifestaron que no reconocían a Palestina como Estado y, en consecuencia, no lo consideraban apto para unirse a la CPI. Según Human Rights Watch, en diciembre de 2014, EEUU promulgó una ley para reducir la ayuda humanitaria a las autoridades palestinas si los ciudadanos de Israel se convertían en sujeto de investigación por parte de la CPI.

Human Rights Watch también denunció que, de enero a marzo de 2015, Israel retuvo aproximadamente 400 millones de dólares americanos en concepto de ingreso tributario en nombre de las auto-ridades palestinas ca raíz de la adhesión. El Primer Ministro Israelí calificó el examen preliminar de “alta hipocresía y contrario a la justicia”. El Ministro de Relaciones Exteriores añadió que Israel no cooperaría con la Corte y buscaría desmontarla, haciendo un llamamiento al resto de miembros de la CPI para limitar su financiamiento.

Afortunadamente, también se han escuchado voces de apoyo. El principal funcionario de derechos humanos de Alemania rechazó la petición de Israel de dejar de financiar a la CPI y alentó a Israel a cooperar con la Corte. Varios miembros del Parlamento Europeo de Alemania, Países Bajos y Grecia—parte de la red Parlamentarios por la Acción Global—tam-

UNA OPORTUNIDAD PARA LA JUSTICIA ENPALESTINA E ISRAEL La decisión de Palestina de unirse a la CPI en 2015 crea una oportunidad única para las víctimas de Israel y Palestina de obtener justicia

Una ambulancia destrozada en Shuja’iyya en la Franja de Gaza durante el cese del fuego de 72-horas entre Hamas e Israel el 6 de agosto de 2014. © Boris Niehaus

GLOBAL MOAN

33

bién rechazaron el pedido de Israel. La Coalición por la CPI en Francia ha instado al gobierno a reafirmar su apoyo tanto a la CPI como a la universalidad del ER. El ex-embajador de Canadá en la ONU, Paul Heinbecker, criticó al gobierno de Canadá por su posición respecto de la adhesión de Palestina a la CPI, la que consideró una traición a los principios del país y de su apoyo al derecho internacional.

Se necesita más apoyo

Después de décadas de conflicto mar-cadas por la impunidad, los engranajes de la justicia giran en otra dirección. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. Las responsabilidades de Pales-tina ahora incluyen la cooperación con la Corte y sus decisiones, incorporar el ER a la legislación nacional y asistir a la Fiscalía con su examen preliminar. Israel también debería participar de forma positiva con la Corte.

La comunidad internacional—los Estados miembros de la CPI en particular—deben apoyar el proceso de rendición de cuen-tas, a través de tribunales nacionales o la CPI, a raíz de las presiones políticas que seguramente continuarán. Las víctimas palestinas e israelíes lo merecen.

Qué dijeron

William R. Pace, coordinador de la Coa-lición por la CPI

“La Coalición apoya en todo sentido la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma. Durante 12 años hemos instado a todos los Estados a unirse a la CPI. La comunidad internacional ahora debe ponerse del lado de las víctimas y apoyar a la CPI ya que promueve la rendición

de cuentas a nivel nacional. Cuando se hace cumplir, el derecho internacional humanitario refuerza el proceso de paz y otorga a las víctimas recursos para obtener compensación legal.”

Issam Younis, director general, Centro de Derechos Humanos Al Mezan

“La CPI puede proporcionar rendición de cuentas por crímenes de guerra y críme-nes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra civiles palestinos y sus propiedades. Es otro paso importante que nos acerca a la justicia.”

Dr. Ishai Menuchin, director ejecutivo, Comité Público en Contra de la Tortura en Israel

“Todos los ciudadanos israelíes que valoran profundamente los derechos humanos y los valores democráticos deberían apoyar la petición de Palestina para adherir a la CPI. Es hora de que los valores y normas universales se conviertan en el marco a través del cual el conflicto israelí-palestino se resuelva. Es hora de que las denuncias de tortura y sospechas de crímenes de guerra se examinen por el sistema judicial israelí. De otra forma, serán investigadas en La Haya.”

Nada Kiswanson van Hooydonk, ase-sora legal senior y jefa de la oficina de Europa, Al-Haq

“Recibimos con alivio y emoción la ratifi-cación de Palestina del ER y la presenta-ción de la declaración del artículo 12.3. El examen preliminar sobre los presuntos crí-menes cometidos después de junio de 2014, incluso aquellos cometidos en el contexto de la ofensiva de Israel en Gaza que dejó más de 2.219 palestinos muertos, ha sido reclamado desde hace ya mucho tiempo por la población palestina y los defensores de derechos humanos. Al-Haq espera que

la Corte decida que las investigaciones son necesarias. Es esencial que la CPI señale que la impunidad, como raíz del conflicto, no será tolerada.”

Balkees Jarrah, asesor de justicia inter-nacional, Human Rights Watch

“Los gobiernos que buscan penalizar a Pa-lestina por su adhesión a la CPI deberían acabar inmediatamente con dicha presión, y los países que apoyan la aceptación universal del tratado de la Corte deberían pronunciarse a favor de la afiliación de Palestina. Lo que es inaceptable son los intentos de debilitar la justicia internacio-nal, no la decisión de Palestina de unirse a un tratado que cuenta con más de 100 países miembros”.

A pesar de que la CPI posee jurisdicción sobre crímenes graves come-tidos en el territorio de Palestina o por ciudadanos palestinos, del 13 de junio de 2014 en adelante, la Fiscal solo investigará y/o procesará cuando las autoridades nacionales realmente no puedan o no quieran hacerlo de forma genuina. Antes del inicio de una investigación, la Fiscal debe determinar:

• ¿Posee jurisdicción la CPI?• ¿Se han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o

genocidio?• ¿Se están llevando a cabo investigaciones genuinas a nivel nacional?• ¿Sería una investigación en interés de la justicia?

EXAMEN PRELIMINAR: ¿CÓMO FUNCIONARÁ?

La segunda vicepresidente de la CPI, la jueza Kuniko Ozaki, y el presidente de la Asamblea de los Estados Partes regalan al Ministro de Relaciones Exteriores de Palestina el Dr. Riad Al-Malki una edición especial del Estatuto de Roma. Abril de 2015. © ICC-CPI

GLOBAL MOAN

EL EVENTO PERSONAL más memorable de mi vida fue la designación de Nelson Mande-la como el primer presidente democrático de Sudáfrica. Fue la culminación de cuatro años de negociaciones que casi descarrilan varias veces por violencia política. Fue un evento inimagina-ble que sucedió hace apenas unos años.

La mayor amenaza para aquel proceso se planteó el 10 de abril de 1993, por el asesinato de Chris Hani quien, aparte de Mandela, fue el luchador por la libertad más popular en nuestro país. [...] La violencia y el derramamiento de sangre parecían ser inevitables e inminentes. El presi-dente F.W. de Klerk, en un inusual acto político, entregó la autoridad de la radiodifusión nacional a Mandela, quien utilizó la televisión y la radio para pedir calma.

Afortunadamente, esas palabras dieron en el blanco y la violencia pudo ser evitada. Fue, sin duda, el pedido de justicia de Mandela un ele-mento crucial de dicho resultado. Los respon-sables del asesinato de Hani fueron de hecho llevados ante la justicia y condenados a muchos años de prisión.

En otros contextos, el papel de la justicia es también central a la hora de calmar las emocio-nes y los pedidos de venganza. Llevar justicia a las víctimas fue uno de los grandes éxitos de los dos tribunales penales ad hoc de las Naciones Unidas, para la ex-Yugoslavia y Ruanda. Llevar algunos de los principales criminales de guerra ante la justicia en La Haya y Arusha ha ayudado a

millones de víctimas encontrar consuelo al saber que su calidad de víctima había sido finalmente expuesta públicamente, no solo en su país sino también en la comunidad mundial.

Es ese éxito el que ha alentado a 123 naciones a ratificar el Estatuto de Roma y, en efecto, eliminar la impunidad de los crímenes de guerra más graves mediante el apoyo a la labor de la CPI. Luego de una guerra sangrienta y de una violencia atroz, solo la justicia es capaz de lograr una paz duradera.

El Honorable Richard Goldstone es ex fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yu-goslavia y ex juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica.

Este es un extracto de su contribución para nuestra serie de blog posts del 20º aniversario Cuando rimen la esperanza y la historia.

Recibiremos contribuciones durante 2015-16. Para sumar su voz, contáctenos a communications@coalitionfortheicc.org.

A TRAVÉS DE LA JUSTICIA, PAZCuando rimen la esperanza y la historia: Richard Goldstone cuenta cómo la justicia venció a la violencia en la Sudáfrica de Mandela

Se están dando las condiciones para promover dos iniciativas que buscan que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU—Chi-na, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos—restrinjan el uso del veto cuando se traten atrocidades activas. Con preocupante regularidad, los políticos revierten cualquier intento de incorporar mecanismos de justicia imparciales, como la CPI, en la ecuación. La primera iniciativa es un Código de Conducta presentado por el grupo de Estados ACT (rendición de cuentas, la coherencia y la transparencia) que pretende reformar los métodos de traba-jo del Consejo de Seguridad de forma considerable. La segunda es la denomi-nada iniciativa Francia/México. Esta iniciativa pretende reclutar países que se comprometan políticamente a restringir el derecho de veto.

#RESTRAINTHEVETO

China y Rusia vetaron una resolución para remitir el caso de Siria a la CPI. Mayo de 2014. © UN Photo/Eskinder Debebe

Ex fiscal de crímenes internacionales S.E. Richard Goldstone © UN Photo/Jean-Marc Ferré

CAMPAÑA POR LA JUSTICIA GLOBAL CAMPAÑA POR LA JUSTICIA GLOBAL

ÁFRICA AMÉRICAS ASIA-PACÍFICO EUROPA

MEDIO ORIENTE Y NORTE DE

ÁFRICA

TOTAL

ESTATUTO DE ROMACosta de Marfil

15 de febrero de 2013

Guatemala2 de abril de 2012

Vanuatu2 de diciembre

de 2011

República de Moldavia

12 de octubre de 2010

Palestina2 de enero de 2015 123

ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E

INMUNIDADES DE LA CPI

Senegal25 de septiembre

de 2014

Brasil12 de diciembre

de 2011

República de Corea

18 de octubre de 2006

San Marino14 de noviembre

de 2014

Palestina2 de enero de 2015 74

ENMIENDA DE KAMPALA SOBRE EL

CRIMEN DE AGRESIÓN

Botsuana4 de junio de 2013

Costa Rica 5 de febrero

de 2015

Samoa25 de septiembre

de 2012

Suiza10 de septiembre

de 2015— 24

ENMIENDA DE KAMPALA SOBRE EL

ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO DE ROMA

Mauricio5 de septiembre

de 2013

Costa Rica 5 de febrero

de 2015

Samoa25 de septiembre

de 2012

Georgia 3 de noviembre

de 2015— 26

ÚLTIMAS RATIFICACIONES/ADHESIONES*

*AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015

INDONESIA, NEPAL, Ucrania, Malasia, Arme-nia, Benín, Ghana, Sri Lanka y Togo fueron algu-nos de los países objetivos de nuestra Campaña

por la Justicia Global de 2014-15, que se llevó a cabo trabajando codo a codo con los grupos de la sociedad civil local.

En junio de 2015, pedimos a Benín aprobar una ley nacional de la CPI mientras la sociedad civil de toda África se reunía en su capital, Cotonou, para nuestro encuentro estratégico regional. En septiembre de 2015, la campaña se enfocó en Sri Lanka mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptaba una resolución sobre presun-tas atrocidades cometidas durante la guerra civil del país. La campaña armenia comenzó en el 100° aniversario del genocidio armenio el 24 de abril y duró todo el mes de mayo. Mientras tanto, poco a poco, en Togo se está comenzando a desarrollar el momento político adecuado para la aprobación de un esperado proyecto de ley de la CPI que espera ante el parlamento luego de la misión de la Coali-ción en Lomé en el mes de septiembre.

Después de años de apoyo por parte de la sociedad civil, Palestina se convirtió en el 123° Estado miembro de la CPI con la entrada en vigor de su adhesión en abril de 2015. Jamaica se ha compro-metido a unirse a la CPI en su Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La República Democrática del Congo y Aus-tria adoptaron proyectos de ley que incorporan el Estatuto de Roma en la legislación nacional.

También, hemos continuado nuestra campaña para fortalecer la cooperación estatal con el sistema de la CPI. En junio de 2015, el fugitivo de la CPI Omar al-Bashir fue obligado a abando-nar Sudáfrica luego de que un miembro de la Coalición, el Centro de Litigación de Sudáfrica, pidiera el arresto del presidente sudanés en la corte suprema de Pretoria.

LA LUCHA POR LA JUSTICIA GLOBAL 2014-15

QUÉ PUEDES HACERAyúdanos a pedir a los gobiernos que:

• Se unan a la Corte Penal Internacional• Ratifiquen el Acuerdo sobre los Privilegios

e Inmunidades de la CPI• Adopten leyes nacionales para procesar

crímenes graves• Fortalezcan la cooperación con la CPI

Únete en nuestro blog #JusticiaGlobal.

El Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI permite a los oficiales de la CPI desempeñar su trabajo de forma segura e independiente. Sin embar-go, solo 74 Estados lo han ratificado. Esperamos cam-biar esa tendencia para 2015-16

CAMPAÑA POR LA JUSTICIA GLOBAL

Una sociedad civil independiente y

global luchando a favor de la justicia

por los crímenes de guerra, crímenes

de lesa humanidad y genocidio.

BENÍN • BÉLGICA • PERÚ • TAILANDIA • PAÍSES BAJOS • EEUU

LUCHANDO POR LA JUSTICIA GLOBAL

COALICIÓNCORTE PENALINTERNACIONAL

POR LA