PRESENTACIÓN 3

UN PACTO DE ESTADO PARA LA JUSTICIA 5

POR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 21

CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA 33

UN PACTO DE ESTADO PARA LA JUSTICIA

PPRESENTACIÓN

La necesidad de promover una urgente re-forma de nuestra Administración de Justiciaha dejado ya de ser un punto más de cual-quier programa político o un arma arrojadi-za entre Gobierno y oposición parlamentariapara transformarse en un clamor popular.Los ciudadanos, de acuerdo con las encues-tas, consideran como imperativo políticoque el Estado sea capaz de prestar un ade-cuado Servicio Público tan importante comoel de la Justicia. Este clamor popular ha sidocanalizado por diversas instituciones públi-cas y privadas que han presentado pública-mente sus iniciativas y propuestas a todoslos grupos parlamentarios.La necesidad de conformar un pacto de Es-tado para la Justicia fue precisamente lo

que motivó el nacimiento del “Foro Justiciacomo Servicio Público” y lo que animo a laFundación Alternativas ha publicar, con sucolaboración, este número de “Cuadernoscon Alternativas” que, bajo el título “UnPacto de Estado para la Justicia”, recoge elencuentro organizado por ambas entidadessobre los posicionamientos de los partidospolíticos en este asunto. Se publican asi-mismo dos documentos: En el primero deellos se define lo que debería ser una co-rrecta Administración de Justicia al serviciode los ciudadanos y el segundo reproducela Carta de Derechos de los Ciudadanos an-te la Justicia, siendo la autoría de ambosdocumentos el “Foro Justicia como ServicioPúblico”.

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UEl 23 de febrero de 2000, la Fundación Al-ternativas en colaboración con el Foro Justi-cia como Servicio Público convocó a las prin-cipales fuerzas políticas en la sede del Con-sejo General de la Abogacía para debatir lanecesidad de ratificar un Pacto de Estadopara la Justicia. En dicho acto intervinieron:Eugenio Gay, Presidente del Consejo Generalde la Abogacía española; María Teresa Fer-nández de la Vega, Secretaria del Grupo Par-lamentario del PSOE; Pablo Castellano, Por-tavoz de Justicia de IU; Manuel Silva, Porta-voz de Justicia de CIU; Ricardo Bodas, ForoJusticia como Servicio Público y Nicolás Sar-torius, Vicepresidente de la Fundación Alter-nativas.

EUGENIO GAY, Presidente del Consejo General de la Abogacía

Tan sólo agradecer a todos su presencia,tanto a la Fundación Alternativas al Foro,organizadores de este acto, como al restode los intervinientes, representantes de losgrandes partidos políticos, y sin duda algu-na, artífices de todo lo que ha representadodurante esta Legislatura y algunos de ellosen anteriores, los avances, los claros oscu-ros del mundo de la Justicia, y a los quetambién agradezco las críticas que de elloshayamos podido recibir las Corporacionesde Derecho público. Nada más saludable endemocracia que la crítica sana. Y, en esesentido es en el que las ha de recepcionarde buen grado la abogacía, pues no pode-mos olvidar tampoco que en el encaje cons-titucional del Estado de Derecho, nosotroscomo Corporaciones de Derecho públicosomos parte fundamental. Además de la de-fensa y representación judicial, asumimostambién otra función tan legítima como laanterior, la defensa de nuestros intereses,algo que a veces se olvida. La conclusiónmás importante de lo afirmado hoy es la vo-luntad de estos partidos políticos de lograrun Pacto de Estado por la Justicia, que a mijuicio evidencia el altísimo concepto que to-

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UN PACTO DE ESTADO PARA LA JUSTICIA

dos ellos tienen de la función pública, dehecho los programas, elaborados a vecescon verdaderos esfuerzos para acercar pos-turas, mantienen un elevado nivel argumen-tal. Esa es la lección que tenemos que ex-traer de la Democracia, que desde nuestrasdiferentes posiciones y opciones ideológi-cas, seamos todos conscientes de la impor-tancia que para nuestro país tiene la mejorade la Justicia.

NICOLÁS SARTORIUS, Vicepresidente Ejecutivode la Fundación Alternativas.

La idea central de este acto era y es que lasprincipales fuerzas políticas, con represen-tación parlamentaria, se pronunciasen sobrela necesidad de un Pacto de Estado por laJusticia.Existe unanimidad entorno a la necesidadde ese Pacto de Estado por la Justicia, querevalorice fundamentalmente su vertientede servicio público, que es en definitiva loque le interesa más a los ciudadanos, aúncuando sea inseparable de la consideraciónde la Justicia como Poder del Estado. Millo-nes de ciudadanos en nuestro país, de unamanera u otra, pasan todos los años por losJuzgados y Tribunales, la Justicia es puesuno de los servicios probablemente más ex-tenso en cuanto al número de ciudadanos

afectados, y estarán enormemente agrade-cidos si las fuerzas políticas, inmediata-mente después de las elecciones, se esfuer-cen por alcanzar este Pacto de Estado por laJusticia. No pecamos de ingenuo y las difi-cultades de lograr un Pacto de estas carac-terísticas, al que se viene haciendo referen-cia desde la década de los ochenta, no senos ocultan, sin embargo cosas más difíci-les hemos logrado en este país como laConstitución de 1978, la aprobación de losEstatutos de Autonomía que eran enorme-mente complicados. Estamos pues ante unproblema de voluntad política, asumiendola necesidad de dotar el servicio de públicode la Justicia de mayor eficacia y eficiencia,para que los justiciables puedan obtener re-soluciones en tiempo útil y razonable, quees la mejor manera de fortalecer el Estadode Derecho.Desde la Fundación Alternativas hemos ve-nido prestando una especial atención al te-ma del funcionamiento de la Justicia, tantoen cuanto Poder del Estado como en su fa-ceta de Servicio Público. Los derechos y li-bertades de los ciudadanos se garantizan,en última instancia, en los Juzgados y Tri-bunales, y un Estado de Derecho que talnombre merezca sólo es realmente operati-vo si este Poder y Servicio funciona con efi-cacia. Desgraciadamente, en nuestro paísno es así. Los ciudadanos no tienen un buenconcepto de nuestra Justicia, pues es exce-

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sivamente lenta, cara, antigua y muchas ve-ces incomprensible para el común de losciudadanos. A lo largo de los años se hanproducido algunos avances pero nunca seha abordado a fondo su reforma como te-ma, no de un partido en el Gobierno, sinodel Estado y la sociedad en su conjunto. Lasociedad española demanda soluciones ya,sin más dilaciones, pero soluciones de fon-do y no sucesivos parches que es lo acaeci-do hasta ahora. Es necesario que sepamossi las fuerzas políticas están dispuestas adedicar los medios materiales y humanospara sacar a la Justicia de la penuria actual;si la Oficina judicial va a ser la del siglo XXIo la de mediados del pasado; si las leyesprocesales seguirán siendo en muchas oca-siones del siglo XIX o del actual; si habrájueces en una proporción adecuada respec-to a la población o no; si se exigirá a estosque produzcan adecuadamente o no; si searticularán mecanismos eficaces para con-trolar a los controladores; si las resolucio-nes judiciales se podrán ejecutar en tiempoadecuado para que sea útil; si los ciudada-nos gozarán de derechos exigibles ante elfuncionamiento de este servicio público oseguirán inertes ante el mismo. En fin, estasson las cuestiones que desde la FundaciónAlternativas queremos plantear a las fuer-zas políticas en este acto conjunto que he-mos convocado con el Foro Justicia comoServicio Público.

RICARDO BODAS,Representante del ForoJusticia como Servicio Público.

Naturalmente me sumo al agradecimientomanifestado por el Sr. Sartorius, al ConsejoGeneral de la Abogacía y a su Presidente,quien hoy ha demostrado con creces que esamigo de todas las personas que realmenteestamos interesados en la reforma de la Ad-ministración de Justicia que permita quenuestro país se asiente sobre una democra-cia social y avanzada. La mayor parte de los ciudadanos de estepaís, en proporciones a todas luces escan-dalosas, valora de manera extremadamentenegativa el funcionamiento de la Adminis-tración de Justicia, valoración que es inclusocompartida por los propios jueces, como loha puesto de manifiesto la reciente encues-ta realizada por Demoscopia, a iniciativa delConsejo General del Poder Judicial, y cuyosresultados son bastante reveladores: 30% delos jueces encuestados manifiestan que lasituación de la justicia es buena, inclusomuy buena, un 43% la considera regular y elresto la considera mala o muy mala. Por tan-to, uno de los operadores fundamentales enel funcionamiento adecuado de la Adminis-tración de Justicia, coincide también en quenos encontramos ante un problema real-mente, pues la justicia está perdiendo crédi-to de manera notable entre los ciudadanos.

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Al mismo tiempo, según todas las encuestasque sobre este tema se han realizado, la in-mensa mayoría de los ciudadanos conside-ran que la Justicia es el último baluarte quegarantiza sus derechos y sus libertades, ypor ello exige que, en el plazo más breveposible, se acometan reformas urgentes quepermitan cambiar el actual estado de cosas.No es admisible que una sociedad como lanuestra, en una democracia social avanza-da, pueda coexistir con una Administraciónde Justicia que no tenga crédito ante la ciu-dadanía. Se trata pues de un problema que,como tal, exige reformas urgentes. Y esto esprecisamente lo que justifica la existenciadel Foro de la Justicia como Servicio Público,un espacio común en el que organizacionesprofesionales de jueces, fiscales, secreta-rios, personal al servicio de la Administra-ción de Justicia, junto con, y esta es la origi-nalidad del Foro, importantes organizacio-nes que representan intereses de usuarios,en concreto los dos sindicatos mayoritarios,Comisiones Obreras y UGT, la Federación deAsociaciones de Vecinos y diversas asocia-ciones de consumidores y usuarios, todasellas representantes de los sectores más dé-biles de la población y que son, consecuen-temente, lo más interesados en que hayauna Administración de Justicia capaz real-mente de atender su demanda social deprestación correcta de un servicio públicotan importante como es la Justicia. Este Foro

no pretende monopolizar nada, ni en él ani-da voluntad alguna de exclusión, todo locontrario, es un espacio abierto a todosaquellos que quieran participar en este pro-yecto tan apasionante.Después de un periodo ya dilatado de de-mocracia, en la que hemos vivido todo tipode situaciones políticas, con distintas rela-ciones de fuerza parlamentarias, lo cierto esque no se ha resuelto de manera definitivael problema de la Administración de Justicia;de ello podemos extraer como conclusiónrazonable que la solución de los problemasque afectan a la Administración de Justiciatrascienden las opciones paritarias, de talmanera que un solo partido con determina-das alianzas no podrá acometer con posibi-lidades de éxito y eficacia esas reformas ne-cesarias.Propugnamos pues un Pacto de Estado parala Justicia, cuyos primeros pasos habrán dedarse ya en la próxima legislatura, porqueno podemos retrasar más tiempo las ade-cuaciones exigibles hoy para la Administra-ción de Justicia. Por eso hemos invitado a re-presentantes de los partidos políticos másimportantes, para confrontar con ellos unprimer gran tema, la coincidencia o no en lanecesidad de ese Pacto de Estado. Los dosprincipales partidos, el Partido Popular y elPartido Socialista Obrero Español, de mane-ra explícita en sus programas, están pro-pugnando ese Pacto de Estado.

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Amén de algunos temas estrellas, que po-drían ser motivo de confrontación evidente,como es el caso de la elección de los voca-les del Consejo General del Poder Judicial,que intuyo se resolverá esencialmente des-pués del 12 de marzo, ya que dependerá engran medida de la relación de fuerzas resul-tante de la consulta electoral.Me ceñiré esta tarde a algunos temas sobrelos que me parece más importante recabarel pronunciamiento de los representantespolíticos.En primer lugar, la correcta distribución depoderes entre el Ministerio de Justicia, elConsejo General del Poder Judicial y las Co-munidades Autónomas, que permita erradi-car las duras confrontaciones que se hanproducido en torno a las competencias fron-terizas y que han dificultado el normal fun-cionamiento de la Administración de Justicia.En segundo lugar, creo que sería importanteque hubiera un pronunciamiento nítido so-bre los presupuestos que se piensan desti-nar a la Administración de Justicia. Aún va-lorando los aumentos significativos a lo lar-go de todo el período democrático, las can-tidades manejadas hasta la fecha no estánen absoluto a la altura de la demanda socialde Justicia de este país.En tercer lugar quisiera hacer referencia a laplanta judicial y a la manera de conformarla.Podemos afirmar, sin ningún tipo de dema-gogia que la planta judicial española está

muy por debajo de las exigencias, y bastapara ello reseñar un dato: En Alemania, con80 millones de habitantes, hay 25.000 jue-ces; en España, con la mitad de habitantes,sumando incluso los nuevos juzgados queacaban de aprobarse, no llegaríamos a4.000 jueces.Otro tema sobre el que me parece importan-te acercar posiciones, es el de la Oficina ju-dicial. No podemos continuar funcionandocon una Oficina judicial obsoleta, con unosmétodos administrativos absolutamentefuera de la realidad actual, debemos poderdeslindar la actividad puramente burocráti-ca, es decir la gerencia de la Oficina, de loque afecta a la gestión procesal de la misma.Extremadamente importante, desde nuestropunto de vista son también los Estatutosprofesionales de jueces, fiscales secretaríajudicial y personal al servicio de la Adminis-tración de Justicia. En este ámbito, cualquierreforma que se acometa debería tener comoeje central la absoluta transparencia, ellopermitiría a todos los ciudadanos conocerexactamente que es lo que se está haciendo,además dichas reformas no deberían reali-zarse desde una perspectiva estrictamentecorporativa, sino que ha de primar por enci-ma de todo el interés de los ciudadanos, delos justiciables; habría para ello que habili-tar unos sistemas de cooperación que real-mente garantizasen el funcionamiento ade-cuado en esta materia.

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Igualmente, el Pacto de Estado por la Justiciadebería pronunciarse sobre los profesiona-les que actúan de manera habitual en la Ad-ministración de Justicia, me estoy refiriendoa abogados y procuradores. El propio Con-sejo General de la Abogacía ha puesto demanifiesto en muchas ocasiones las gravesconsecuencias que para la Justicia supone lapresencia masiva de profesionales que nohan tenido un rodaje adecuado, amén de lasya tradicionales quejas en relación con loscostos, transparencia en los sistemas de fac-turación, tardanzas, etc.Hay también reformas procesales urgentesque realizar. Todos sabemos lo conflictivaque ha sido la muy reciente Ley de Enjuicia-miento Civil, y ya se anuncia que, en breveplazo, se va a reformar la Ley de Enjuicia-miento Penal.Finalmente queremos promover, y solicita-mos de las fuerzas políticas aquí presentessu respaldo, una carta de Derechos de losCiudadanos ante la Administración de Justi-cia, similares a las elaboradas por las insti-tuciones comunitarias, en la que se garanti-ce un nivel de calidad mínimo en los servi-cios que los ciudadanos reciben de la Admi-nistración de Justicia en general, se trataríade un documento que diera fiabilidad al ser-vicio y que permitiera que los ciudadanos loantes posible recuperen esa confianza quenunca debieron perder.

MANUEL JOSÉ SILVA, Representante de Convergencia i Unió.

El Pacto por la Justicia es ya un tema, no sési decir algo antiguo, pero desde luego queha sido recurrente a lo largo de esta Legisla-tura y al que Convergencia i Unió ha presta-do toda su atención. Ya en el debate de po-lítica general o el debate llamado del Estadode la Nación de 1998, CIU presentó una re-solución aprobada por el resto de gruposparlamentarios en la que se instaba al Go-bierno a realizar una reforma global de laJusticia, partiendo del Libro Blanco elabora-do por el propio Consejo General del PoderJudicial. Pocos meses después, el 16 de fe-brero de 1999, fue también aprobada en elCongreso de los Diputados por unanimidad,una proposición no de ley de Convergencia iUnió, con enmiendas presentadas por el res-to de los grupos parlamentarios, en la quese hacía referencia a este Pacto por la Justi-cia, dotando de contenido los aspectos or-gánicos, funcionales, procesales y compe-tenciales del mismo.Se habla de Justicia como Poder, anterior-mente se ha mencionado al respecto el sis-tema de elección del Consejo General delPoder Judicial; podríamos entrar también,porqué no, en el sistema de elección de lasSalas de Gobierno de los Tribunales Supe-riores de Justicia, o en los conflictos que

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usualmente se producen entre los Poderesque podríamos denominar aforamientos,suplicatorios, secretos oficiales, de los quea lo largo de los últimos 4 o 5 años hemostenido ejemplos suficientes. No obstante,tanto yo como la Coalición a la que repre-sento, entendemos que el aspecto funda-mental es el de la Justicia como Servicio Pú-blico, y es sobre todo en este campo en elque hay que alcanzar el consenso político yno solamente en el terreno de la Justicia co-mo Poder del Estado. Convendrán conmigoen que, a pesar del mayor eco que los con-flictos entre los Poderes tienen en los me-dios de comunicación, lo que más le preo-cupa a la sociedad es la Justicia como Servi-cio Público.Otro aspecto importante para nosotros co-mo coalición nacionalista, aunque no de for-ma exclusiva ni mucho menos excluyente,es la adaptación de la Justicia al Estado delas Autonomías, y que se abordó en la pro-posición no de ley a la que anteriormente hehecho referencia, en concreto la desconcen-tración del Consejo General del Poder Judi-cial, el facilitar la intervención de los Parla-mentos autonómicos, la lengua como requi-sito para el ejercicio de la carrera judicial ydemás funciones inherentes al servicio de laAdministración de Justicia en determinadosterritorios, en definitiva la supresión del ca-rácter nacional de los cuerpos al servicio dela Administración de Justicia de oficiales, au-

xiliares, agentes y médicos forenses, convir-tiéndolos, mediante mecanismos de trasva-se y de respeto a los derechos adquiridos,en cuerpos de funcionarios al servicio de lasComunidades Autónomas, iniciativa estaque aparece incluso recogida en el LibroBlanco del Consejo General del Poder Judi-cial, y que dotaría de mayor estabilidad a losórganos y al personal que en ellos desem-peñan su función, uno de los elementos fun-damentales de la Justicia como Servicio Pú-blico.Al margen de planteamientos de puro mar-keting político, ciertamente no hay pacto sino se quiere pactar. Es absolutamente im-prescindible que exista realmente esa vo-luntad de pacto, y ello significa tambiéncompartir protagonismo. Una coalición co-mo la mía, que renuncia a entrar en un Go-bierno, está acostumbrada a compartir pro-tagonismo, por lo tanto, no seremos nos-otros los que pongamos la más mínima pe-ga a que los éxitos de ese Pacto por la Jus-ticia sean atribuidos a las fuerzas políticasmayoritarias. Es más haremos lo posiblepor sentarlas a pactar, porque al margen deque la Justicia es una cuestión de Estado,los planteamientos o los programas o laspolíticas que deberán desarrollarse no sepueden agotar en uno, dos, tres, cuatro, nisiquiera en cinco años, lo que necesaria-mente implica previsiones presupuestariasa largo plazo, acuerdo a priori de cual pue-

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da ser la planta adecuada, y el periodo detiempo requerido para generar los juecesnecesarios. Por ello consideramos un errorel planteamiento hecho por el Consejo Ge-neral del Poder Judicial de acortar la dura-ción de la estancia de los futuros jueces enla escuela judicial, o bien “prolongar” tran-sitoriamente la edad de jubilación, se tratade un mal arreglo que puede favorecer, alcontrario, la consolidación de algunos delos defectos o disfunciones de nuestra ac-tual Administración de Justicia.Pero además el Pacto no debe ser pura y ex-clusivamente entre los grupos parlamenta-rios, deberá involucrar al Parlamento, alConsejo, a las fuerzas políticas y a los ope-radores jurídicos. Evidentemente no se pue-de hacer la reforma de la Justicia sólo conlos abogados, pero desde luego no se puedehacer sin los abogados, y menos aún contralos abogados, lo mismo ocurre con los jue-ces, los funcionarios, los procuradores.Por lo demás, creo que Ricardo Bodas ha ex-puesto un buen guión de los temas que de-berán abordarse dentro de este pacto, y quecoincide muy sustancialmente con lo que to-das las fuerzas políticas hemos plasmado enel programa.Es fundamental la definición de las funcio-nes judiciales del Consejo General del PoderJudicial de un lado, y de las ComunidadesAutónomas por otro, la competencia de es-tas últimas en materia de medios materiales

y de personal ha de ser plena para poderexigir responsabilidad política, y ésta es unadefinición jurídica que en nada afecta a la in-dependencia judicial.Una vez concretado el contenido del Pacto ydesarrolladas las políticas que aquél lleveaparejadas, podremos en consecuenciacuantificar el Presupuesto necesario que to-do ello implicaría, de ahí que CIU, en esta Le-gislatura no haya enmendado los presu-puestos presentados por el Gobierno.Desde el punto de vista de la Oficina judi-cial, nosotros siempre hemos entendido quela independencia judicial no está reñida conla racionalidad administrativa, la Oficina nodebería ser el ámbito de gestión de esos me-dios personales y materiales, preocupándo-se los profesionales de la Justicia tan sólo dedictar el Derecho. Hacemos también en el programa electoral

una opción clara por el incremento de retri-bución, que supongo interesará a más deuno y que ha de estar vinculado evidente-mente a la productividad. Nosotros, que te-nemos una gran preocupación en la estabili-dad, abogamos por un sistema de retribu-ción que no obligue a un magistrado, queestá muy contento en un juzgado y que lolleva muy bien, a trasladarse para ganarmás.Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil,CIU se ha esforzado mucho en buscar un es-pacio de consenso. Los motivos de discre-

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pancia importante con los profesionales dela abogacía y con otros profesionales no sontan extensos como para que no seamos ca-paces precisamente de efectuar una reformaparcial a lo largo de este año. Se puede y sedebe precisar muy bien cuales son los pun-tos que se generarían o que podrían deter-minar ese consenso mínimo. En cuanto a laLey de Enjuiciamiento Criminal, se ha estadodebatiendo a lo largo de toda la Legislaturauna reforma parcial, contenida en la propo-sición de tutela cautelar penal presentadapor el grupo parlamentario vasco, tema quedeberemos abordar al igual que la Ley con-cursal, el desarrollo de las fórmulas de me-diación, de arbitraje. En le Congreso, tam-bién aprobamos una proposición de ley conla finalidad de garantizar una mayor inter-vención del Congreso de los Diputados, víaaudiencia, en el nombramiento del Fiscal Ge-neral del Estado; atribuir una duración tem-poral renovable a los cargos de Fiscal Gene-ral del Estado y Fiscales jefes que no podránser removidos más que por causas obvia-mente tasadas; y un mayor control parla-mentario del Consejo General del Poder Ju-dicial.Finalmente convengo en la necesidad deuna Carta de Derechos. CIU incluyó en suprograma, con carácter general, las cartasde Servicios Públicos, y para nosotros la Jus-ticia es ante todo un Servicio Público.

PABLO CASTELLANO, Representante de IU.

Si bien aún muchas cuestiones relacionadascon la Justicia no han sido resueltas, al me-nos se ha avanzado positivamente hacia unaidentidad y una coincidencia importante enel diagnóstico. Existen tres manifestacionesclaras de este avance, el Libro Blanco de laJusticia del Consejo General del Poder Judi-cial, el Libro Blanco del Ministerio Fiscal y elLibro de los Secretarios. En lo que quizás noestemos tan de acuerdo es en las solucio-nes, afortunadamente dado nuestro sistemapolítico imperante, aquellas no las podrá ha-llar un solo partido, por lo tanto el Pacto deEstado es necesario no solamente por con-veniencia en cuanto a la coincidencia en lospuntos determinantes, sino también porqueo se adquiere ese quórum o si no nunca severá posibilitada ninguna clase de reforma.Sin embargo el Pacto para la Justicia al quecon frecuencia se alude, pone el acento ex-clusivamente en lo cuantitativo, se habla delnúmero de jueces o de la memoria del Con-sejo General del Poder Judicial, inundamosla cuestión con cifras acerca del volumen depapel que hay pendiente en cada juzgado,en cada sala…El verdadero Pacto tiene que ir mucho másallá, con un mínimo de honestidad política,deberíamos partir del hecho de que en Es-paña no existe la igualdad ante la ley mien-

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tras pervivan procedimientos especiales,personas aforadas… Y así lo perciben losciudadanos, las encuestas ponen de mani-fiesto que no sólo está latente la preocupa-ción por el principio del derecho a un juiciojusto sin dilaciones excesivas, sino tambiénel principio de igualdad ante la ley. Del mis-mo modo, hemos ahogado el principio de laindependencia a la imparcialidad judicial, noquisiera explicitar este hecho de forma cate-górico-apocalíptica, pero es de sobra cono-cida la existencia de mecanismos de inter-vención política que permiten en un mo-mento determinado vulnerar ese principio.Se ha hablado mucho a lo largo de esta Le-gislatura de la judicialización de la vida po-lítica, algo se ha mencionado de la politiza-ción de la vida judicial, pero aún falta porcomentar seriamente la quotificación de lasestructuras judiciales con arreglo al sistemabipartidista. Probablemente lo avalen losdos grandes partidos, sin embargo es nece-sario analizar las consecuencias que ello hagenerado en esta última Legislatura, entreotras cosas, se ha boicoteado la exclusivi-dad de los jueces para juzgar y hacer ejecu-tar lo juzgado.Es evidente que hacen falta reformas proce-sales que no se han acometido y no sola-mente en materia penal. Algunos considera-ban que para ello primero había que tenerperfectamente definida la Oficina judicial,otros en cambio argumentaban lo contrario.

El resultado final es un modelo de Oficina ju-dicial obsoleta y las verdaderas reformas ju-diciales aún no se han acometido.En modo alguno pretendo desvalorizar laLey de Enjuiciamiento Civil, no se trata sinembargo de una nueva ley, sino de una re-forma de la anterior. Se ha carecido del co-raje suficiente para enfrentarse seriamente atres tipos de procedimientos, uno de carác-ter precautorio o cautelar, un procedimientode carácter declarativo, y un procedimientoejecutorio a los que se adecuasen el resto,porque no tiene ningún sentido que siganperviviendo tantas especialidades.Es verdad que se han querido hacer impor-tantes reformas orgánicas. Lamentamos quela competencia de los Tribunales Superioresde Justicia se haya quedado absolutamentevacía de contenido y sigamos teniendo unosTribunales Superiores en los que paradójica-mente la atención sólo se presta a la Sala Pri-mera y Segunda, quizás porque en ellas seenjuician las posibles irregularidades come-tidas por los cargos públicos.En una primera campaña electoral, IzquierdaUnida recibió con satisfacción la propuestaprogramática del Partido Popular de eliminarel Ministerio de Justicia. Desconocemos, sinembargo la razón o causa por la que aquellasensata propuesta no se ha llevado hastasus últimas consecuencias. Lo cierto es queen la actualidad el Ministerio de Justicia me-rece como denominación más acorde con la

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realidad, el nombre de “Superdirección de laIDD de Registros y Notariados”, inclusonuestra Ministra de Justicia lleva mucho mása gala ser la Notaria Mayor del Reino quecualquier otra clase de nombramientos. Des-de luego los señores notarios y registrado-res, en lo que a la reforma de la Justicia, serefieren podrán celebrar esta última Legisla-tura, porque no podían haber salido más fa-vorecidos, y parece ser lo que les espera si-gue siendo muy prometedor en cuanto a lapreeminencia de su función y el privilegiodel “Servicio Público” que desarrollan comofuncionarios particulares.En cuanto al Consejo General del Poder Judi-cial, participamos sin ninguna clase de res-quemores, ni ninguna clase de reservas enun proceso de dotación de facultades y deresponsabilidades en materia de Administra-ción de Justicia y en materia de correspon-sabilidad con las Comunidades Autónomas.Ahora bien, cuando hablamos del Ministeriode Justicia, del Consejo y de las Comunida-des Autónomas, hay también que aludirobligatoriamente a las Cámaras que no pue-den por más tiempo ser simples testigos delo que está ocurriendo en el mundo de laJusticia. Las Cámaras tienen que intervenir,profundizar en la biografía de los nombra-mientos, puede que así evitáramos sucesostan poco gratos, como la llegada del vil o deEstevil, a determinadas posiciones; todoello, evidentemente, sin perjuicio de las fa-

cultades de designación o de elección en ca-da caso, del Ministerio Fiscal, del TribunalConstitucional, del Tribunal de Cuentas, odel Consejo General del Poder Judicial, y sinatentar a la independencia del Poder Judi-cial, ni a la independencia del Consejo Ge-neral del Poder Judicial. Hemos de introducirel concepto de corresponsabilidad para quela memoria que se presenta ante las Cáma-ras tenga alguna eficacia.Somos partidarios obviamente, de un au-mento serio de la planta judicial y de confiarla competencia redistributiva a las Comuni-dades Autónomas, conocedoras idóneas desus propias necesidades en esta materia.Para acabar, y para que no se me tilde denegativo, celebramos haber podido partici-par a lo largo de esta última Legislatura enprocesos importantes de reforma legislativacomo la Ley de lo contencioso administrati-vo, reformas de gran calado del Código Pe-nal, la Ley de asistencia jurídica del Estado yla Ley de Enjuiciamiento Civil, que si se con-templa como ley de reforma (de momentomuy tímida), no tiene porque merecer tantascríticas.Este Pacto de Justicia exigiría por parte dequienes de verdad tienen en sus manos aco-meter las grandes reformas, es decir PSOE yPP, una renuncia muy clara a seguir utilizan-do el Poder Judicial como el terreno en elque dirimir los grandes conflictos políticosque les enfrentan.

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MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Representante del PSOE

Uno de los ejes esenciales del modelo deconvivencia que nos dimos los españoles en1978 es el sistema de Justicia, en su acep-ción más extensa, es decir allende del con-junto de instituciones que permiten resolverconflictos mediante sentencias dictadas porjueces imparciales e independientes, pues laJusticia es un valor constitucional. Desdeuna perspectiva global y comunitaria, suconjunción con los principios constituciona-les de libertad, igualdad y pluralismo políti-co, permitirá que la Justicia esté realmenteal servicio de los ciudadanos. Creemos, portanto, que los problemas que tiene actual-mente planteados la Justicia de nuestro paísexceden de la elaboración de leyes procesa-les mejores, de más tribunales y de merasmejoras administrativas y económicas.Comparto con Pablo Castellano, la necesi-dad de una reforma sensible con las situa-ciones a las que se enfrentan quienes sufrenlos problemas de la Administración de Justi-cia, no podemos ignorar que en la base decada actuación judicial suele haber una si-tuación de injusticia social. Frente a un tematan trascendental hay que impulsar solucio-nes participativas, de ahí la importancia quetiene el debate de hoy, de ahí mi agradeci-miento al Foro de la Justicia y al Consejo Ge-

neral de la Abogacía. Desde luego, los so-cialistas seguimos proponiendo un Pacto deEstado para la Justicia, lo propusimos en elaño 93, lo propusimos en el 96 y lo volve-mos a proponer en el año 2000, esperandoque ahora se aborden los problemas, concriterios que superen intereses coyunturalesy visiones parciales, que nos permitan em-prender políticas coherentes, de la formamás consensuada posible, con la relevanciaque una materia como esta tiene para laconvivencia social.Como posicionamiento de partido, los socia-listas propugnamos desde luego un Pacto deEstado en el que los protagonistas no seanexclusivamente los profesionales de la Justi-cia, los jueces, los abogados, los notarios olos procuradores. Los protagonistas del Pac-to de la Justicia deben ser los ciudadanos,mejorando el cumplimiento de la funciónconstitucional que al Poder Judicial se le haatribuido, y asegurando el funcionamientode la Administración de Justicia como Servi-cio Público, todo ello acompañado, por su-puesto, de un compromiso financiero y pre-supuestario que le dote de eficacia. Por tan-to, tenemos que ser todos generosos y tratarde hacer ese esfuerzo requerido en buscarlos puntos que nos unen, dejando de lado, sino puede ser de otra manera, algunos de losque nos separan. De lo contrario tan sólo po-dremos llegar a acuerdos parciales, que endefinitiva es lo que hemos venido haciendo a

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lo largo de los últimos años, y que no hanimpedido la creciente deslegitimación.De entre los temas abordados por RicardoBodas, en su calidad de representante delForo, quisiera hacer referencia a la distribu-ción de poderes. De acuerdo con nuestromarco constitucional, el poder va a estarsiempre compartido en lo que se refiere a laAdministración de Justicia y a la Justicia co-mo Poder, lo cual no es óbice par que sepueda y deba determinar más el modelo,concluyendo el diseño de las competencias,de tal manera que la existencia de compe-tencias compartidas no signifique la noasunción de responsabilidades políticas porparte de quién las ejecuta, que es uno de losproblemas más relevantes que en demasia-das ocasiones se plantea. Desde luego, a mijuicio, todo lo que se refiere al Poder Judicialdebe residenciarse en el órgano de gobiernodel Poder Judicial; en cambio los medios dela Administración de Justicia deben estargestionados por las Comunidades Autóno-mas, sin que ello interfiera en las competen-cias legislativas que corresponden a las Cá-maras como expresión de la soberanía na-cional. Ello, por un lado, dotaría a la Justiciade mayor transparencia en beneficio de losciudadanos y, por otro, el ejercicio compe-tencial llevaría parejo la asunción de respon-sabilidades.En la próxima Legislatura, habrá que afron-tar las deficiencias que han contribuido a

deslegitimar el Poder Judicial mediante re-formas consensuadas de la Ley Orgánica de1985, en lo relativo al Estatuto de los jueces,en el ámbito de los profesionales, y en loque se refiere a la estructura y organizaciónde la Justicia.En lo relativo a los presupuestos, reitero lomencionado al principio de mi intervención,no puede haber un Pacto de Estado por laJusticia que no incluya también un Pacto fi-nanciero que, al igual que buena parte de lasreformas que este Pacto ha de inducir, pro-bablemente se extenderá más allá de unaLegislatura.Hablar de servicio público es también hacerreferencia al acceso de los ciudadanos a laJusticia en condiciones de igualdad, lo quenos obliga a abordar muchos temas, comoel abaratamiento de los costes o incluso laelección de abogados. Cierto es que se su-primieron las tasas, que se han dado pasosen la Justicia gratuita, pero es necesario se-guir profundizando en estas materias. Se haaludido a los notarios y los registradores, ami juicio la gratuidad de determinados do-cumentos públicos que se deben aportar alproceso, sería un coadyuvante claro deigualdad en el acceso a la tutela judicialefectiva.En cuanto a la Oficina judicial, la Justicia delsiglo XXI no puede funcionar correctamentesi se ha de sustentar sobre una organizaciónburocrática decimonónica que exige, como

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en otros muchos aspectos, una reforma másaudaz de lo hasta ahora planteado. Soyconsciente de que todos los cambios men-cionados pueden calificarse de radicales, pe-ro son necesarios. No cabe ya ir aplicandopequeños parches en ciertas áreas sino rea-lizar una apuesta valiente de cara al futuro.Me gustaría concluir haciendo referencia alMinisterio Fiscal. Debemos frenar lo antesposible la creciente deslegitimación del Mi-nisterio Público. De acuerdo con el modelode Ministerio Fiscal diseñado en la Constitu-ción, los fiscales deben ser imparciales y au-tónomos en el ejercicio de la acción penal.Por ello urge, a mi juicio, abordar la reformadel Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscalen la próxima Legislatura, lo que implicaríatambién reformar el proceso penal paraadaptarlo a los parámetros constitucionalesy al juicio justo.El Partido Socialista asume con ilusión y en-tusiasmo el compromiso de hacer que lapróxima Legislatura, sea cual sea el resulta-do de las elecciones del próximo 12 de mar-zo, la Legislatura de la reforma de la Justicia.

ANDRÉS OLLERO, Representante del Partido Popular

Centrándonos en el título de esta convoca-toria, puesto que el objetivo es alcanzar unPacto de Estado para la Justicia, deberíamos

felicitar a los organizadores del acto, puestoque si todos estamos de acuerdo en que lohaya, podríamos dar por finalizada la se-sión. No obstante, y en el fondo, difícil es al-canzar “el velo de la ignorancia” que JohnClous plantea en su teoría de la Justicia, yque implica que todos los que intervenga-mos no sepamos quienes somos, si somosdiputados del PP o diputados del PSOE, si so-mos abogados o si somos jueces, procura-dores, notarios, para poder así opinar deverdad desde una perspectiva de Estado. Detodas maneras, creo que los grupos políti-cos si que hemos hecho esfuerzos por salirun poco de la perspectiva estrecha de la vi-sión del partido, animaría a todos los colec-tivos y todos los defensores legítimos de in-tereses corporativos a que, además de pre-sentar a los grupos parlamentarios su lógicalista de reivindicaciones, nos ofrecieran tam-bién sus impresiones de orden general, so-bre asuntos que si bien no les conciernen aellos directamente, si afectan a la Justicia ya los ciudadanos.Para forjar un auténtico Pacto de Estado, laúnica condición o limitación ha de ser el res-peto a la Constitución, restringir más allá lasposibilidades de acuerdo nos trasladaría almero cumplimiento de un programa de par-tido, perfectamente legítimo, pero no seríaun Pacto de Estado. Cuando hablo de Cons-titución, incluyo también las reformas queella misma posibilita. Por ejemplo, en algu-

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nos debates parlamentarios de esta legisla-tura, se ha aludido al Ministerio Fiscal, sinembargo y en tanto no se modifique el sis-tema constitucional de nombramiento delFiscal General del Estado, su independenciaobjetiva es simplemente imposible, será to-do lo imparcial que el quiera ser, pero nuncalo parecerá.La Legislatura anterior ha dado ya algunosfrutos en lo que a un Pacto de Estado se re-fiere. Sin embargo, para que haya un Pactode Estado por la Justicia hace falta voluntadpolítica para pactar. He sido testigo de cómoun egregio catedrático de Derecho Procesal,Subsecretario con los Gobiernos anteriores,durante las sesiones de trabajo sobre la re-forma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pe-dir a su grupo el voto a favor de dicha ley,pero no lo consiguió. En ese sentido, el Go-bierno popular anterior ha estado siempreabierto al Pacto, entre otras cosas porque noha tenido más remedio.Ningún grupo parlamentario ha defendidosu modelo a ultranza, de hecho muchas ve-ces nada ha tenido que ver el modelo finalcon el proyecto que se presentó. Cotéjese,por ejemplo, el proyecto de Ley de Enjuicia-miento Civil, tan denostado a veces, tal y co-mo entra en el Parlamento con el resultadofinal. Salvo que hubiera un gobierno con mayoríaabsoluta, creo que el Pacto de Estado por laJusticia va a depender más de la oposición

que del Gobierno, porque insisto que esta-mos fundamentalmente ante un problemade voluntad política. En esta Legislatura, haquedado, no obstante, patente que la volun-tad política del principal partido de la oposi-ción ha sido convertir la Justicia en un cam-po de Agramante, blandiendo asuntos queademás nada tienen que ver con lo debatidohoy aquí, estoy seguro de que ningún pro-grama electoral menciona Sogecable, temaal que hemos dedicado el máximo de horasimaginables en los debates de la Comisiónde Justicia, como así consta en el Diario desesiones.Por otra parte, en estos 4 años, se ha pro-ducido un incremento clarísimo de órganosjudiciales, aparte por supuesto de los famo-sos Juzgados de lo contencioso tan discuti-dos en su día, así como de plazas, hasta elpunto de que hemos llegado a la cómica si-tuación en que realmente el Gobierno nocrea plazas, crea vacantes, porque, como yase ha explicado anteriormente, no se haaceptado la posibilidad de acortar un año laestancia en la Escuela judicial, ni tampoco laposibilidad de avanzar dos años la edad dejubilación. También en esta Legislatura se hacreado una Comisión mixta del Consejo Ge-neral del Poder Judicial y Ministerio, que meconsta ha tenido resultados alentadores y hacoadyuvado a que bastantes cuestiones fue-ran enfocadas con mayor acierto. Finalmen-te un apunte que no conviene olvidar, afor-

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tunadamente la clase política tan justamen-te criticada por tantos asuntos, va paulati-namente aceptando la doctrina de la res-ponsabilidad política, lo que evitará que enlo sucesivo, los órganos judiciales tenganque dilucidar cuestiones que deberían ha-berse desvanecido para la política públicatiempo antes por la simple vía de la dimi-sión.En cuanto a las medidas concretas, en elprograma electoral del PP se menciona la ne-cesidad de potenciar la posición institucio-nal y competencial del Consejo General delPoder Judicial, por tanto estamos en esteasunto expresamente abiertos a la posibili-dad de replantear la relación entre Ministerioy Consejo General del Poder Judicial dentrode ese Pacto de Estado por la Justicia; se ca-lifica de defectuoso el sistema de elecciónde los doce miembros de extracción judicialdel Consejo; se hacen determinadas previ-siones para aumentar la independencia ob-jetiva de los jueces impidiendo ocupar de-terminados cargos quienes hayan desarro-llado actividades políticas; se refuerza la fi-

gura del Secretario judicial; se fomenta la re-cuperación de la Justicia local para asuntosmenores; en cuanto a la Oficina judicial seopta por un modelo flexible que implica noimponer de una manera indiscriminada ser-vicios comunes, sino de manera pormenori-zada y especializada cuando sea más opor-tuno; reforma de la Ley de Planta y Demar-cación, de acuerdo con las reformas proce-sales; reforma de la Justicia penal y una re-visión del Código Penal teniendo en cuentalo que el informe del propio Consejo Gene-ral del Poder Judicial establecía al respecto;un procedimiento abreviado para delitos fla-grantes menores; actualizar y luego comple-tar la reforma procesal civil, amén de la LeyConcursal, la de la Jurisdicción Voluntaria yuna Ley de Arbitraje; igualmente replantearel proyecto en el que se regulaba el procedi-miento ante los Juzgados de Vigilancia Peni-tenciaria; finalmente la ratificación del Trata-do constitutivo del Tribunal Penal Interna-cional, generado en la Conferencia de Romade 1998,y la ley de Cooperación Jurídica In-ternacional en materia civil.

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PPOR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

La valoración, que los ciudadanos tienen so-bre la Administración de Justicia, ha sufridoun fuerte deterioro en los últimos años, pu-diendo afirmarse, sin exageración, que seha producido un verdadero colapso en laimagen pública de la misma1.En efecto, la confianza de los ciudadanosen la Administración de Justicia es del 2,4-solo superada negativamente por los parti-dos políticos y políticos en general, a los quela ciudadanía valora con un 2,2 y un 2,1respectivamente - siendo igualmente demo-ledora la valoración sobre su funciona-miento, que se puntúa con un 2, 3, lo quenos lleva a pensar en índices de aceptaciónmás propios de países tercermundistas, quede la democracia social avanzada, que pro-clama nuestra Constitución.Así, los ciudadanos reprochan la lentitud–que centra la mayoría de las críticas ciuda-danas en el informe del Defensor del Pueblopara 1.998– a la que se asocia con un tratopeyorativo para los más débiles, entendién-dose, por tanto, que el retraso en la Admi-nistración de Justicia no es en absoluto neu-tral2, ya que beneficia objetivamente a losmás poderosos.Se reprocha, asimismo, el costo de la justi-cia –nuevo factor de desigualdad– que seconstituye en factor objetivo, que limita ocondicional el acceso a la tutela judicial efec-

tiva3– considerándose, así mismo, que lajusticia está totalmente anticuada, exigién-dose reformas urgentes, que aseguren elcumplimiento ajustado del principio de in-mediación4 y garanticen el acceso a la tutelajudicial efectiva.Se critica también el lenguaje hermético einnecesariamente oscuro de la Justicia,que se hace ininteligible par la mayoría de lapoblación, exigiendo, que todos los opera-dores jurídicos se esfuercen en la utilizaciónde un lenguaje comprensible para los justi-ciables y no solo para los expertos5.Se cuestiona especialmente el tratamientodiferenciado en material penal, entendién-dose, que el resultado de estos procesosproducirá distintos resultados dependiendode “quien sea el imputado”.6

Aun más preocupante es, que la ciudadaníaempiece a asociar mayoritariamente a la Jus-

1 Conclusiones de la encuesta realizada por Demos-copia para el CGPJ en el año 1.997.

2 81% de los encuestados.3 78% de los encuestados.4 84% de los encuestados.5 84% de los encuestados.6 72% de los encuestados.

ticia con la corrupción7, cuestionándosetambién su independencia, a la que se con-sidera muy influida por intereses y presio-nes del Gobierno, de los grupos económicosy de los medios de comunicación8 y lo quees peor, se tiende a considerarla mayorita-riamente parcial9.Sin embargo, los ciudadanos, al tiempo quese muestran excepcionalmente críticos conla Administración de Justicia, apuestan porla reforma urgente de la misma, entendien-do que “con todos sus defectos e imperfec-ciones constituye la garantía última de la de-fensa de la democracia y las libertades"10.Es exigible, por tanto, dar respuesta inme-diata a esta demanda de reformas urgentesy profundas en la organización y funciona-miento de la Administración de Justicia, quele permita cumplir adecuadamente con lafunción constitucional que le corresponde,ya que la ausencia de iniciativas reformistasvigorosas y sostenidas en esta materia, lahan convertido en un “problema de Esta-do” que, de no resolverse con la máxima di-ligencia, desequilibrá injustificadamente ladivisión de poderes, en que se asienta la de-mocracia española.Haciéndose eco de las exigencias ciudada-nas de cambio, el Consejo General del PoderJudicial aprobó el denominado “Libro Blan-co de la Justicia”, donde se realizó undiagnóstico sobre la situación de la Admi-nistración de Justicia, que consideramos

esencialmente acertado, proponiendo a con-tinuación un programa de reformas, cuyacorrecta ejecución habría permitido que laAdministración de Justicia se constituyeraen el Servicio Público de calidad que reclamala ciudadanía.Sin embargo, el impulso inicial del Consejose ha ralentizado significativamente, pu-diendo afirmarse, que la mayoría de sus pro-puestas de reforma, cuya ejecución no de-pendía del propio Consejo, no han sido aten-didas correctamente por los poderes públi-cos competentes, sin que el Consejo hayapodido o sabido encontrar las alianzas pre-cisas entre las diferentes fuerzas políticaspara promover los cambios previstos, nohabiendo conseguido tampoco difundirlas ypopularizarlas en la opinión pública, ya quesu política mediática ha sido claramente in-suficiente, existiendo un serio riesgo de queel Libro Blanco de la Justicia se convierta enun “Libro Blanco” más, incapaz de alcanzarsus objetivos esenciales, frustrando lasgrandes expectativas, que levantó con supublicación.Mientras tanto, el Ministerio de Justicia –ha-ciendo caso omiso del fuerte desgaste de la

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7 66% de los encuestados.8 60% de los encuestados.9 57% de los encuestados.10 62% de los encuestados.

Justicia en nuestro país, que cuestiona gra-vemente la calidad de nuestro sistema de-mocrático - alardea sobre el cumplimientode su programa electoral, presentando co-mo sus grandes contribuciones dos normasprocesales - la Ley de Jurisdicción de lo Con-tencioso Administrativa y la Ley de Enjuicia-miento Civil, proviniente, la primera, de Le-gislaturas anteriores y abiertamente critica-da la segunda por amplios sectores doctri-nales y por la mayoría de colegios profesio-nales interesados.Debe admitirse, no obstante, que se han cre-ado 222 nuevo órganos judiciales, habién-dose realizado importantes inversiones enmedios materiales, pero también es cierto,que continúa existiendo un fuerte déficit deórganos judiciales en relación con los paísesde nuestro entorno, pudiendo afirmarse, asi-mismo, que nuestras Oficinas judiciales per-manecen infradotadas para atender a la de-manda social de Justicia, especialmente enmedios informáticos, existiendo, por otraparte, grandes desigualdades entre las dife-rentes Comunidades Autónomas que tienentrasferidas las competencias sobre mediosmateriales.Es exigible, por tanto, promover con la má-xima urgencia un nuevo impulso reforma-dor, que tome las iniciativas precisas paracambiar el funcionamiento de la Administra-ción de Justicia, recuperando su prestigio yautoridad entre la ciudadanía.

La urgencia de un pacto de estadosobre la Administración de Justicia

Siendo notorio, por tanto, que la iniciativapolítica para acometer las reformas, que ne-cesita la Administración de Justicia, no ven-drá desde el actual Ministerio de Justicia, seimpone, que toda la comunidad jurídica–jueces, fiscales, secretarios, funcionarios,procuradores, abogados y graduados socia-les, así como docentes universitarios delmundo del derecho, junto con los sindicatosde trabajadores de Justicia– reflexionemosurgentemente con las asociaciones de con-sumidores y usuarios, sobre la situación denuestra Administración de Justicia, promo-viendo un debate público sobre la misma,que culmine con la proposición de un pro-grama de reformas y modernización, cuyoobjetivo inmediato es la consecución de un“Pacto de Estado”, que asegure el funciona-miento de la Administración de Justicia co-mo un Servicio Público, que esté a la alturade las exigencias ciudadanas, conectando,de este modo, con la democracia socialavanzada, que predica nuestra Constitución.Estas propuestas de reforma deben fundarsenecesariamente en la más absoluta “trans-parencia”, ya que si queremos reformar laJusticia será obligatorio, que todos los ciuda-danos conozcan perfectamente cual es el es-tado de la misma en sus diferentes instanciasy operadores, y exige de todos los operado-

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res jurídicos esforzarse decididamente paraconseguir la comprensión de sus actuacionespor los destinatarios de las mismas, que sonlos ciudadanos y no los iniciados.Proponemos, en segundo lugar, que las re-formas de la Administración de Justicia seoriente en función del interés de los justicia-bles, lo que exige necesariamente una abier-ta valoración autocrítica de su propia fun-ción por parte de toda la comunidad jurídi-ca, eludiendo, por tanto, cualquier prima alos intereses corporativos, así como la cola-boración entre todos los integrantes de lacomunidad jurídica, que habiliten fórmulasde participación y control en todos en los ni-veles de decisión.

Las propuestas a debate

1º. El gobierno de la Administración de Justicia

El modelo constitucional de distribución defunciones, de reparto de competencias res-pecto al gobierno de la Administración deJusticia, reviste una notable complejidad,haciendo coincidir en un mismo ámbito te-rritorial distintas instituciones que ejercencompetencias sobre la Administración deJusticia: El Consejero General del Poder Judi-cial, el Ministerio de Justicia y las Consejerí-as correspondiente de las Comunidades Au-tónomas las cuales, a partir de las últimas

reformas estatutarias llevadas a cabo duran-te los años 1.998 y 1.999, han incorporadoa sus competencias, las correspondientes alos medios personales y materiales de losórganos judiciales existentes en sus territo-rios.Esta pluralidad de instancias coincidentes enel mismo ámbito territorial plantea conside-rables problemas, habiéndose definido co-mo “cierta esquizofrenia de gestión y deci-sión”.Los inconvenientes que se derivan de tal si-tuación inciden en el buen funcionamientode la Justicia en los siguientes aspectos: im-precisión en el reparto competencial, afecta-ción a la independencia judicial, disfuncio-nes en la gestión, dilaciones e ineficacia.Tal situación exige, con urgencia, la clarifi-cación y simplificación de órganos in-tervinientes, de forma que las tareas degestión y gobierno de la Administración deJusticia queden distribuidas entre los Orga-nos de Gobierno del Poder Judicial, en as-pectos funcionales básicos para la garantíade su independencia, y las Comunidades Au-tónomas esencialmente en los aspectos or-gánicos.De acuerdo con este esquema, la distribu-ción competencial sería la siguiente:

• El Ministerio de Justicia tendría a su cargolas funciones relativas a los órganos judi-ciales de nivel estatal, la coordinación con

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las Comunidades Autónomas, la iniciativalegislativa, las materias atinentes al Minis-terio Fiscal, el asesoramiento jurídico delEstado, la cooperación judicial internacio-nal y el espacio judicial Europeo.

• El Consejo General del Poder Judicial y losOrganos de Gobierno de Juzgados y Tribu-nales, deberían asumir todas las funcionesrelativas a Jueces y Magistrados y Secreta-rios Judiciales, incluyendo expresamentela gestión presupuestaria.

• Todas las Comunidades Autónomas debe-rían asumir, a la mayor brevedad posible yde forma simultánea, todas las competen-cias relativas al personal colaborador, y alos medios materiales de los órganos judi-ciales de sus territorios, debiéndose evitar,en la búsqueda de una autoridad única, elejercicio de competencias compartidas en-tre el Ministerio de Justicia y las Comuni-dades Autónomas.

El esquema de distribución competencialpropuesto exige:

• Que el CGPJ sea elegido en sede parla-mentaria, compuesto paritariamente pormujeres y hombres, debiendo los candida-tos a la elección presentar públicamentesus currícula, así como sus proyectos parael ejercicio de su cargo de modo públicoante la correspondiente Comisión del Con-greso de Diputados, evitando de ese modo

el secretismo y cuotismo en el sistema deelección. Igualmente, el CGPJ responderáde su gestión ante el Congreso de los Di-putados donde se le exigirán las corres-pondientes responsabilidades.

• Que el CGPJ refuerce sus competencias yrecursos, tanto en lo que se refiere a losórganos de carácter administrativo comolos de gobierno interno de Juzgados y Tri-bunales, estableciéndose procedimientosy órganos de coordinación entre esos ór-ganos de gestión y las autoridades res-ponsables de las Comunidades Autóno-mas.

• Que las Comunidades Autónomas asumany ejerzan sus competencias en la materia,llevándose a cabo el proceso transferen-cial a las mismas desde el Ministerio deJusticia, de forma simultánea y con las do-taciones económicas necesarias.

2º. La reforma de la Ley de Demarcación y Planta

Dicha reforma deberá equiparar la planta ju-dicial española a las de los países de nues-tro entorno.Deberá realizarse previa determinación delas cargas de trabajo, que debe asumir cadaórgano judicial, asegurando las exigenciasde calidad, que garanticen la tutela judicialefectiva, lo que obligará a determinar unosmódulos de trabajo consensuados, que ha-

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brán de inspirarse en criterios científicoscontrastados, para asegurar el máximo nivelde aceptación en su aplicación.

3º. La Oficina judicial

La reforma de la Oficina judicial ha de ba-sarse en criterios de eficiencia, flexibilidad yutilización de las técnicas modernas de or-ganización, distinguiendo la función juris-diccional de la organizativa, basada en laspropuestas siguientes:

• Potenciación de servicios comunes.• Creación de la figura del gestor, quien sin

asumir responsabilidades procesales, seconstituya en responsable funcional de di-chos servicios comunes.

• Informatización íntegra e interconectadade las Administraciones de Justicia, quepermita el uso de las diferentes lenguasoficiales de nuestras Comunidades Autó-nomas.

4º. La Carrera judicial

• Deberán redefinirse los sistemas de accesoa la Carrera Judicial, apartándose de esque-mas esencialmente memorísticos, apostan-do por un modelo de Juez, que esté al tan-to de la realidad social.

• Deberá potenciarse el tercer y cuarto tur-no, procurando primar la especialización

de los candidatos para cubrir las necesida-des objetivas existentes con los profesio-nales más capacitados.

• Deberá redefinirse la Escuela judicial, inte-grando en sus actuaciones a todos losoperadores jurídicos.

• Será exigible un sistema de formaciónpermanente y obligatoria para todos losjueces y magistrados, que habrá de tener-se presente para su promoción profesio-nal, teniéndose en cuenta no solo la for-mación jurídica, sino también el contactocon todas aquéllas disciplinas científicas,que los acerquen más a la realidad socialque deben juzgar.

• La promoción profesional y económica delos jueces y magistrados dependerá de laevaluación de su funcionamiento, no de-pendiendo exclusivamente de la antigüe-dad, que pasará a ser un dato más a teneren cuenta en las evaluaciones correspon-dientes, junto con los principios de méritoy capacidad.Dichas evaluaciones habrán de tener pre-sente también la valoración de los jueces ymagistrados, que se realicen por los de-más operadores jurídicos.Deberán redefinirse, por tanto, los siste-mas de especialización y formación obli-gatoria para el desempeño de cargos enSalas de lo Contencioso-administrativo ySocial, así como en Juzgados de Menores,de Vigilancia Penitenciarias y Familia.

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• Cumplimiento del mandato de la Ley Or-gánica del Poder Judicial, que obliga a pro-mulgar una Ley de Retribuciones, que ha-brá de tener presente esencialmente losresultados de cada órgano judicial, y queincentive la incorporación de los mejoresjuristas a la carrera judicial.

• Las partidas presupuestarias correspon-dientes serán gestionadas por el CGPJ.Consecuentemente, habrá de establecerseuna nueva regulación del sistema de in-compatibilidades y de las obligaciones dedeclaración de actividades extrajurisdic-cionales remuneradas, incluidas las aten-ciones y remuneraciones en especie.

• En la misma línea, será exigible, un nuevosistema de control y responsabilidad delos jueces y magistrados, que se adecue ala importancia de su papel constitucional.Deberá primarse, por tanto, la autoridaddel CGPJ quien, apoyándose en una Ins-pección de Tribunales, en la que deberíanparticipar representantes de otros opera-dores jurídicos, resolverá los expedientesdisciplinarios, siendo recurribles sus reso-luciones ante una Sala Especial de la Sala3ª del Tribunal Supremo.Una vez definidos los módulos de trabajo,el CGPJ deberá definir un plan a cincoaños, en el que se impliquen las Salas deGobierno del Tribunal Supremo, de la Au-diencia Nacional y de los Tribunales Supe-riores de Justicia, con la finalidad de redu-

cir sustancialmente el retraso en el funcio-namiento de nuestros Tribunales.

A estos efectos, deberá preverse en los Pre-supuestos Generales del Estado un progra-ma de refuerzo de los Órganos jurisdiccio-nales más atrasados, procurando reducir almáximo la utilización de jueces sustitutos,cuya elección deberá realizarse medianteconcurso de méritos, que asegure los princi-pios de igualdad, mérito y capacidad, de-biendo someterse, igual que los titulares, aprogramas regulares de formación.

• Deberán tomarse las medidas precisaspara asegurar la democratización integraldel funcionamiento de la Carrera judicial.

• A estos efectos, se modificará el sistemaelectoral a las Salas de Gobierno, promo-viendo un sistema electoral proporcional.

• Será exigible la asistencia a las Juntas deJueces, que deben redefinir sus funcio-nes, promoviendo esencialmente la uni-ficación de criterios de los diferentes ór-ganos con la finalidad de evitar las sen-tencias contradictorias.

• En la misma línea, deberá exigirse a losPresidentes de Sala la convocatoria de reu-niones regulares con la misma finalidad.

• El CGPJ deberá motivar todos sus nom-bramientos, garantizando, de este mo-do, el respeto a los principios de méritoy capacidad.

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5º. El Ministerio Fiscal

Sistema de nombramiento del Fiscal Generaldel Estado, con un control parlamentario delos méritos y trayectoria profesional del can-didato, tras una exposición de su programade actuación, asegurando, en todo caso, elcontrol parlamentario de su ejercicio duran-te todo su mandato que tendrá un plazo de-terminado.Nueva regulación de las Juntas de Fiscalesde Sala, Consejo Fiscal y Juntas de Fiscalíacomo órganos de participación democráticade la Carrera Fiscal, siendo preciso que launidad y dependencia jerárquica de Ministe-rio Fiscal tenga su contrapeso en las funcio-nes de estos órganos, cuya decisiones de-ben ser vinculantes en determinados su-puestos, en especial en el informe favorabledel Consejo Fiscal para el acceso a la prime-ra categoría de la Carrera Fiscal.Sistema de acceso a la Carrera Fiscal, supe-rando el sistema puramente memorístico,contemplándose el acceso único a las Carre-ras Judicial y Fiscal, posibilitando accesos al-ternativos al de la oposición.Formación permanente de todos los Fisca-les, que será tenida obligatoriamente encuenta para su promoción profesional.Reorganización interna del Ministerio Fis-cal, que garantice la presencia del Fiscal entodos los órganos judiciales, así como suintervención en todos los procesos y fun-

ciones, que le encomienda su Estatuto or-gánico.Regulación de las Juntas de Fiscalía, asegu-rando, que los propios Fiscales puedan pro-mover su convocatoria, así como proponerpuntos en el orden del día.Promoción profesional y económica basadaen el desempeño de las funciones, rendi-miento y formación.Autonomía presupuestaria del Ministerio Fis-cal.Nuevo régimen disciplinario del MinisterioFiscal.Establecer institucionalmente un modo derelacionar al Ministerio Fiscal con otros or-ganismos, que puedan coadyuvar al ejerci-cio de acciones civiles y penales.Atención especial al ciudadano que acude ala Administración de Justicia, en especial alas víctimas de los delitos.

6º. La Secretaría judicial

• Deberán pasar a depender del CGPJ.• Sus funciones deberán reestructurarse pa-

ra aprovechar al máximo su formación ju-rídica y su experiencia judicial, redefinién-dose el concepto y contenidos de la fe pú-blica, atendiendo a las nuevas tecnologíasy formas de documentación.

A estos efectos, se les atribuirán responsa-bilidades en el desarrollo e impulso del pro-

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ceso con plena autonomía, recurriéndosesus resoluciones ante el Juez o Tribunal co-rrespondiente.Se les atribuirá la resolución de los expe-dientes de jurisdicción voluntaria, así comoel impulso de la ejecución de las resolucio-nes judiciales, pudiendo recurrirse sus reso-luciones ante el Juzgado o Tribunal.En aquellas oficinas, que presten servicio aun solo Juzgado o Tribunal mantendrán laresponsabilidad sobre el personal.Deberán presentar el correspondiente “alar-de” al cambiar de destino.

7º. El Personal al servicio de la Administración de Justicia

• Modificar el sistema de selección, así co-mo los sistemas de promoción, adaptán-dose a las nuevas competencias de las Co-munidades Autónomas.

• Redefinición de funciones según el criteriode especialidad, teniéndose presente, queya no es suficiente el rol tradicional de laOficina judicial, siendo necesaria la exis-tencia de nuevo personal especializado enotras funciones, como informáticos, bi-bliotecarios, archiveros, trabajadores so-ciales, letrados de apoyo, etc.

• Adscripción del personal al Partido Judicial,viabilizando la movilidad dentro de dichoPartido en función de las necesidades realesde los diferentes órganos jurisdiccionales.

• Asunción de este personal por las Comu-nidades Autónomas.

8º. La Procuraduría

• Redefinición de la función de los procura-dores, quienes deberán asumir otras fun-ciones de colaboración con los órganos ju-risdiccionales y con los abogados directo-res de la defensa de las partes en el pro-cedimiento, concretamente en los actos decomunicación, en las fases procesales deprueba y ejecución y en los sistemas deventa forzosa de bienes embargados.

A estos efectos, habrán de producirse las co-rrespondientes reformas de los procedimien-tos tradicionales de notificación y recepciónde documentos, estableciéndose una especialcolaboración con los órganos jurisdiccionales.

9º. La Abogacía

• Redefinir los sistemas de selección y acce-so a la profesión para asegurar la calidaddel servicio, en línea con el sistema habi-tual en la Unión Europea.

• Establecer un sistema de formación obli-gatorio, basado esencialmente en criteriosde dedicación preferente, que permitan in-formar a los ciudadanos sobre los conoci-mientos acreditados por los diferentesprofesionales.

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• Reforzar los sistemas de control colegial,que den garantías a los ciudadanos, des-terrando cualquier tentación corporativa.

A estos efectos, deberán establecerse me-dios de contacto permanente entre los órga-nos de gobierno de jueces y abogados.Deberán redefinirse los aspectos disciplina-rios.

• Redefinir la asistencia jurídica gratuita,ampliando los medios materiales y perso-nales con que se cuenta, perfeccionandoespecialmente los servicios de orientaciónjurídica.

Deberá garantizarse la asistencia jurídicagratuita a todos los ciudadanos extranjeros.Deberá excluirse de esta modalidad a lassociedades de capital.Deberá prestarse especial atención al turnode oficio, siendo exigible, que los profesio-nales, que actúen en el mismo, aseguren lasgarantías de calidad exigibles, mediante loscontroles que sean necesarios, contrapres-tando una retribución digna.

• Acentuar la democratización de los Cole-gios profesionales, asegurando la plurali-dad en sus órganos de gobierno, poten-ciando la participación en las eleccionescolegiales, e introduciendo sistemas deelección proporcional en sus Junta de Go-

bierno para que todas las corrientes exis-tentes participen en la vida colegial.

10º. Los Graduados sociales

• Será exigible un desarrollo normativo, queaclare de modo definitivo las competen-cias de estos profesionales.

11º. Las reformas procesales

• Deberán ajustarse todas las normas proce-sales a los principios de oralidad, inmedia-ción, concentración y rapidez.

• Simplificar los procedimientos, suprimien-do cualquier trámite formal innecesario.

• Regular los procedimientos denominados“masa”.

• Impulsar una justicia de “proximidad”, conuna nueva regulación de la Justicia de Paz.

• Reordenar el recurso de casación, con la fi-nalidad de que asegure efectivamente launificación de doctrina.

• Garantizar la ejecución en todos los ámbi-tos jurisdiccionales, estableciendo un sis-tema general, que pueda aprovechar laexistencia de servicios comunes.

Esta garantía deberá ser especialmente exi-gentes con las Administraciones Públicas.

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12º. Por una Justicia al servicio de losciudadanos. Carta de derechos ciudadanos en materia de Justicia

La Administración de Justicia debe ser la so-lución y no el problema para los ciudadanosque reclaman justicia.Proponemos, por tanto, que los miembrosde la comunidad jurídica redacten, juntoscon las organizaciones de usuarios, en elplazo de tres meses desde la presentacióndel foro, una Carta de derechos ciudadanosante la Justicia, que asegure a la ciudadaníauna información intelegible y útil en todaslas fases del proceso, desde la elección delabogado adecuado hasta la ejecución de la

sentencia garantizando, así mismo, una Jus-ticia rápida y de calidad, que desplace cual-quier tipo de desigualdad de trato en todaslas fases del procedimiento.Una vez redactada y hecha pública la Carta dederechos, invitaremos a todos los operadoresjurídicos para que se adhieran a la misma,comprometiéndose, de este modo, a promo-ver las condiciones para que la libertad y laigualdad de los individuos y los grupos enque se integran sean reales y efectivas, re-moviendo los obstáculos que impidan o difi-culten su plenitud y faciliten la participaciónde toda la ciudadanía en una Administraciónde Justicia renovada, que debe recuperar ur-gentemente la credibilidad perdida.

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CCARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE JUSTICIA

La configuración de la Administración deJusticia como Servicio Público debe llevarnecesariamente aparejado un catálogo dederechos del ciudadano frente a dicha Ad-ministración, derechos que no afectan a lascuestiones jurisdiccionales, sometidas alprincipio de legalidad y tutela judicial, sinoa la actuación cotidiana de Juzgados y Tri-bunales en su relación con los ciudadanosque demandan sus servicios.El “Libro Blanco de la Justicia” supuso un pri-mer hito en esta tarea, al establecer un diá-logo de los problemas del Poder Judicial y suincidencia en el justiciable.La presente Declaración de derechos no pre-tende abordar ni las reformas legislativas to-davía pendientes, ni las cuestiones estructu-rales vinculadas a la carencia de recursoshumanos y materiales, así como al déficitpresupuestario que padece nuestra Adminis-tración de Justicia, sino a aquellos aspectosque permitirían una mayor proximidad de lamisma a los ciudadanos, tratando de garan-tizar una mejor calidad de la misma.La preocupación porque las instituciones ypoderes públicos puedan actuar de modomás abierto y transparente con el ciudadanono puede excluir al Poder Judicial. Esta cartade derechos toma como referencia el borra-dor de Código de Buena Conducta Adminis-trativa (decisión de 28-07-1999), proyecto

articulado que redactó la Comisión Europeay que tiene como finalidad que la adminis-tración se encuentre más próxima a los ciu-dadanos, garantizando una mejor calidad desus servicios. Para ello, se propone un mar-co de relación de la Administración con losciudadanos.La Comisión vincula la eficacia a la accesibi-lidad, a la información, a la transparencia e,incluso, a la simple amabilidad en el trato.La dignidad de la persona y los derechosque le son inalienables demanda la institu-cionalización de unos principios básicos queprotejan a los ciudadanos cuando deman-den justicia.Todos estos principios pueden ser traslada-dos al ámbito del Poder Judicial y convertir-se en una verdadera Declaración de Dere-chos del Ciudadano frente a la Administra-ción de Justicia, entendida en sus aspectosderivados de su condición de Servicio Públi-co, por lo que en sus relaciones con los ciu-dadanos los intervinientes en la Justicia res-petarán los derechos establecidos en losprincipios siguientes:

Primero. Esta declaración compromete ajueces, magistrados, secretarios, fiscales yfuncionarios de la Administración de Justiciaen sus relaciones con los ciudadanos queacuden a Juzgados y Tribunales. Así cómo, a

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abogados, procuradores, graduados socialesy demás colaboradores con la Administra-ción de Justicia respecto de los ciudadanosque acudan a ellos en busca de intervención.

Segundo. Derecho del ciudadano a conoceranticipadamente, por medio de presupuestoescrito, el coste aproximado de la interven-ción de los abogados, procuradores, gra-duados sociales y otros profesionales elegi-dos, así como la duración previsible del pro-cedimiento.Los colegios profesionales velarán ante losusuarios por la idoneidad de los profesionalespertenecientes a esa Corporación, para lo cualelaborarán listas de colegiados por especiali-dades. Asimismo, se promoverán los caucespara la intervención en los procedimientosque contra estos profesionales se sigan pornegligencia profesional o alteración importan-te del coste inicialmente presupuestado.Los ciudadanos tienen derecho a que se lesdesignen, cuando sea acreedor de justiciagratuita o por el turno de oficio abogados,procuradores u otros profesionales especia-lizados en la materia para la que son desig-nados. Para ello, los colegios profesionaleselaborarán listas de estos profesionales porespecialidades que deberán ser tenidas encuenta a la hora de ser designados.

Tercero. Derecho de los ciudadanos a quesu abogado o procurador le facilite copia

de los escritos y resoluciones que se pre-senten o dicten en los procedimientos porél instados.

Cuarto. Derecho del ciudadano, por razónde dignidad, a que la relación con los órga-nos jurisdiccionales esté presidida por la co-rrección en el trato, la cortesía, el trato igua-litario y el respeto, con utilización de las len-guas oficiales. Para ello, la relación se lleva-rá a cabo con lenguaje asequible y claro quelo haga compresible, que evite la falta de in-formación y las expresiones inconvenientesu ofensivas.En tal sentido, las citaciones y llamamientosa los ciudadanos para cualquier acto en losórganos judiciales deberán contener una cla-ra descripción del motivo, alcance de losmismos, domicilio del órgano judicial y for-mas de comunicación con éste, así como, enlos casos que proceda, poder acudir me-diante representación.De la misma manera, los llamamientos a tes-tigos se realizarán sin demoras injustifica-das, cuidando de que tengan inmediato co-nocimiento de la suspensión del acto cuan-do se produzca una suspensión o concilia-ción y, si es posible, con antelación suficien-te para evitar traslados innecesarios al la se-de judicial.Asimismo, el ciudadano será informado,aunque no esté personado, cuando, comodenunciantes por la comisión de una falta o

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un delito, en el procedimiento judicial sedicte auto de sobreseimiento o archivo.

Quinto. Derecho a ser recibido, previa citaque podrá ser concertada incluso por teléfo-no, por el juez, el secretario o el fiscal den-tro de un plazo razonable desde su peticióny en las mimas condiciones que se recogenen la presente carta de derechos. En caso deser denegada la solicitud, cualquiera deellos deberá razonar por escrito porqué se leniega.En congruencia con lo anterior, en todos losórganos judiciales y fiscalías debe existir, ensitio visible, un horario de atención al públi-co en el que el juez, el secretario o el fiscalpodrán recibir a los ciudadanos que lo soli-citen. Este horario deberá ser homologadoentres todos los órganos y oficinas del mis-mo edificio.

Sexto. Derecho del ciudadano a la informa-ción. Como principio general, todas las ac-tuaciones judiciales son públicas y todas laspersonas puedan tener información sobrelas mismas. En tal sentido, la persona quetenga interés en un procedimiento podrá ac-ceder, incluso en forma oral a la informaciónsobre el mismo, bien directamente, bien através de su representante o asistencia le-trada así como a recibir copia de los escritospresentados por la parte contraria.No obstante, la información será restringida

cuando sobre las actuaciones judiciales peseuna declaración de secreto sumarial o la in-formación esté vetada por afectar a datospersonales o a la intimidad personal.Igualmente, tiene derecho a conocer e iden-tificar el nombre, apellidos y categoría delas personas que le atiendan, incluyendo alos abogados, procuradores, graduados so-ciales y colaboradores de éstos.

Séptimo. Derecho a un juicio sin dilaciones.Los ciudadanos tienen derecho a que sus pe-ticiones y procedimientos se resuelvan sin di-laciones indebidas y, en todo caso, dentro delplazo establecido en la ley, salvo en los casosexcepcionales que deberán ser justificados.En tal sentido, el Consejo General del PoderJudicial deberá elaborar un programa de pre-visiones de la duración de los distintos pro-cedimientos judiciales en los diferentes ór-denes jurisdiccionales.Todos los procedimientos serán tramitadospor orden cronológico, salvo que la legisla-ción dispongan otra cosa.

Octavo. Derecho de concentración de trá-mites. El ciudadano tiene derecho a que seconcentren las actuaciones que le obliguen asu presencia personal en los órganos judi-ciales y a que se habiliten las horas y díasprecisos, previa justificación suficiente,cuando esa presencia le pueda ocasionar unperjuicio.

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Noveno. Derecho del ciudadano a percibirlas cantidades que se encuentren deposita-das en las cuentas de los órganos judicialesy que legítimamente les correspondan. Estassean entregadas en un plazo no superior a72 horas desde que las mismas se puedanentregar y el órgano judicial tenga conoci-miento de su ingreso.Las indemnizaciones, dietas y gastos quedeban percibir los ciudadanos que son lla-mados a los órganos judiciales se tramitaráncon carácter preferente, estableciéndose losmecanismos necesarios para que puedanser entregados en plazos razonables.

Décimo. Derecho de información sobrequejas. El ciudadano tiene derecho a que susquejas y sugerencias sobre el Servicio Públi-co de la Administración de Justicia accedana los órganos de control y seguimiento co-rrespondientes, recibiendo respuesta moti-vada sobre las mismas, así como sobre lasmedidas adoptadas.Por los funcionarios de la secretaría se pon-drá en conocimiento de los ciudadanos laexistencia del Libro de Reclamaciones yQuejas a que se refiere el Reglamento1/1998 (BOE de 29/01/1999), que deberántener a su disposición.

Madrid, junio de 200036