Una oportunidad para rescatar la imagen del Congreso

colombiano

Por: Marcela Escandón Vega Directora del Observatorio Legislativo

Instituto de Ciencia Política

Artículo publicado en el periódico Opinión Caribe Santa Marta, Magdalena

Octubre de 2012

Una de las lecciones que dejó a los colombianos la fallida y escandalosa reforma a la justicia es la

imperiosa necesidad de fortalecer la legitimidad del Congreso de la República a través de reformas

serias que eliminen los procesos dudosos y opacos que hoy aquejan a la institución. Esto, para los

ciudadanos significa un llamado de alerta. No sólo no hemos sido responsables con nuestro voto sino

que no estamos haciendo lo suficiente a la hora de exigir transparencia y rendición de cuentas a

nuestros congresistas (a nuestros ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores…).

Por su parte, para los congresistas esto significa no sólo salvar su pellejo o asegurar una posible

reelección. Significa dignificar el oficio del político, una profesión ingrata y tristemente célebre por los

miles de escándalos que todos ya conocemos y no repetiré en esta ocasión. Sin embargo, lo cierto es

que a pesar de todos los escándalos, en este país y en el Congreso, existen buenos políticos, políticos

honestos. Respecto a ello, antes de que eleven un grito de indignación al cielo, quiero sustentarles mi

argumento con un caso en particular, el cual conozco de primera mano.

Desde hace varios meses se viene gestando una iniciativa de la sociedad civil para reformar la Ley 5 de

1992 o Reglamento del Congreso. Esa ley -que se ha citado tanto en radio y prensa últimamente

gracias al estado de salud del vicepresidente Garzón- es la que regula la actuación de los congresistas,

los partidos, las mesas directivas, los funcionarios y cada uno de los pasos del trámite legislativo, es

decir, el proceso por el cual se proponen, discuten y aprueban las leyes y reformas a la Constitución

en este país. Puede decirse entonces que es una de las leyes más importantes.

Esta propuesta civil, liderada por el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes y el

Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, ha sido producto de arduas jornadas de

trabajo, con académicos expertos, congresistas, secretarios y otros funcionarios del legislativo; así

como numerosas reuniones con voceros de partidos y mesas directivas del Congreso para discutir

punto por punto las motivaciones y consecuencias de cada una de nuestras propuestas. Luego de un

largo proceso, finalmente tenemos como resultado un proyecto de ley de 188 artículos, el cual será

radicado en los próximos días* y cuenta con la aprobación y respaldo de las mesas directivas de

Senado y Cámara, sus respectivos presidentes, los miembros de las comisiones accidentales para la

modernización del Congreso y, recientemente, del Ministerio del Interior.

Este proyecto, tiene como objetivos principales:

Actualización con la legislación y jurisprudencia actual, especialmente la Ley de Bancadas y la Ley de transparencia y acceso a la información,

Optimización de la actividad legislativa mediante la incorporación de la tecnología actual a la actividad del Congreso,

Publicación de toda la información del Congreso en un formato que sea acorde con los principios de la Iniciativa de Gobierno Abierto suscrito por Colombia,

Fortalecimiento de la transparencia en todas las actividades del Congreso,

Mayor organización institucional, legitimidad y fortalecimiento del legislativo colombiano.

Para ello, incluye modificaciones en 4 temas a saber: Bancadas y otras agrupaciones en el Congreso,

mesas directivas, control político y trámite legislativo.

En cuanto al primer tema, el presente proyecto de ley adapta el Reglamento del Congreso a la

actuación de las Bancadas, en lugar de limitarse a la regulación de la actuación individual de los

congresistas. Adicionalmente, el proyecto define la conformación de los Grupos Parlamentarios, una

figura que permite a partidos pequeños (en algunos casos unipersonales) aliarse con otras bancadas

para promover acciones conjuntas y aumentar sus probabilidades de aprobación de leyes.

Finalmente, se propone la conformación de grupos interpartidistas para la defensa de intereses

comunes, con el fin de que los congresistas puedan defender intereses temáticos muy específicos y

promover propuestas puntuales estableciendo alianzas por fuera de su bancada, lo cual permite que

los legisladores, sin ir en detrimento de los lineamientos de su partido, identifiquen puntos afines

independientemente del partido y aúnen fuerzas. Esta fórmula resulta muy efectiva para promover

proyectos puntuales, aumenta la transparencia de algunas alianzas informales que en adelante

deberán tener un registro y por tanto, facilita el control ciudadano.

Respecto a las Mesas Directivas, la reforma busca garantizar a quienes se establezcan como

opositores del Gobierno Nacional o sean partidos minoritarios, voz en la Mesa Directiva de tal forma

que estén enterados de primera mano de las decisiones que se tomen para la organización del trabajo

legislativo. Igualmente, en comisión, se propenderá, como es la tradición en el Congreso Colombiano,

que el vicepresidente sea de una fuerza política diferente del Presidente.

Por su parte, la función de Control Político es desarrollada en el articulado planteando una definición,

procedimiento general y clasificación explícitas, hoy inexistentes en el Reglamento del Congreso a

pesar de ser esta una parte fundamental de la labor legislativa y un factor clave en el sistema de

balances y contrapesos entre las distintas ramas del poder en Colombia.

En materia de Trámite Legislativo, las modificaciones más importantes se refieren a continuación:

Eliminación del voto secreto como procedimiento valido para votaciones que no sean de

elección del Procurados General de la Nación y del Contralor General de la República1.

Instauración de formatos digitales únicos para todos los documentos del Congreso, con el fin

de evitar perdida de información, disminuir las irregularidades y favorecer la transparencia.

Fortalecimiento de la publicidad exigiendo la optimización del uso de herramientas web para

la información de cada trámite. Se da un plazo de un año para la realización de los cambios

técnicos y tecnológicos necesarios.

Se definen y clasifican de las enmiendas; se precisa el concepto de legislatura según

sugerencia de la Corte Constitucional y se adiciona un parágrafo sobre la consulta previa a

comunidades minorías étnicas, para que sea un tema tenido en cuenta por los legisladores a la

hora de presentar proyectos.

En síntesis, el proyecto que ingresa al legislativo es una oportunidad única para el país. En primer

lugar por su origen: una iniciativa de académicos y organizaciones de la sociedad civil independientes

que a diario hacen seguimiento a lo público. En segunda instancia por su contenido: es producto de

años de experiencia y meses de arduo y serio trabajo. Y finalmente, por su proceso: un conjunto de

debates entre ciudadanos y miembros del Congreso que acogieron la propuesta; congresistas y

funcionarios que están comprometidos con el fortalecimiento del órgano máximo de toda

democracia.

Me comprometo a mantenerlos informados de la evolución de este interesante proceso.

*Nota: Luego de la publicación de este artículo, el proyecto

fue radicado el día 1 de noviembre de 2012, con lo cual inicia

su curso al interior del legislativo.

1 Debido a que ambos funcionarios tienen jurisdicción disciplinaria sobre los congresistas resultaría inconveniente que conocieran los resultados

individuales de votación. En los demás casos los congresistas deben dejar constancia de sus decisiones ante la opinión pública.