Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
CARRERA DE DERECHO
“ANÁLISIS A LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN PRESENTADA
POR LA SEÑORA OLGA MÉLIDA NEGRETE SACATORO EN CONTRA DE LA
SALA ESPECIALIZADA DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR”
AUTOR: BOLÍVAR MARIANO OBANDO INTRIAGO
TUTOR: AB. VICENTE PAÚL BORBOR MITE Msc
GUAYAQUIL, AGOSTO 2018
II
X
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:
“Análisis a la Acción Extraordinaria de Protección presentada
por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la
Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional de Justicia del Ecuador”
AUTOR: BOLÍVAR MARIANO OBANDO INTRIAGO
REVISOR : TUTOR:
AB. FRANCISCA LITARDO SALAZAR MSC. AB. VICENTE PAUL BORBOR MITE MSC.
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD: JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
ESPECIALIDAD: DERECHO
GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL
FECHA DE PUBLICACIÓN:
AGOSTO 2018 No. DE PÁGINAS:
53
ÁREAS TEMÁTICAS: CONSTITUCIONAL
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:
SEGURIDAD, JURÍDICA, CORTE, CONSTITUCIONAL, CASACIÓN Legal, Security, Constitutional, Court, Cassation.
RESUMEN: El presente estudio de caso lleva por título “Análisis a la Acción Extraordinaria de Protección presentada
por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador”.Trata sobre un análisis de la sentencia No. 205-16-SEP-CC., dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, que decide declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y como medida de reparación
integral dejar sin efecto la sentencia del 09 de Enero de 2013, dictada por la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que resolvió declarar inocente al entonces adolescente Kléver Neptalí Tulmo Tipán, por el delito de atentado al pudor cometido en agravio de la niña M. M. T. N., de seis años de edad. El objetivo del trabajo es crear una
cultura constitucional de respeto al derecho a la seguridad jurídica.
ABSTRACT: The present case study is entitled "Analysis of the Extraordinary Protection Action presented by Mrs. Olga
Mélida Negrete Sacatoro against the Special Chamber of Adolescent Offenders of the National Court of Justice of Ecuador". It is about an analysis of the sentence No. 205-16-SEP-CC., Dictated by the Constitutional Court of Ecuador, which decides to declare the violation of the right to legal security and as a measure of integral reparation to render the sentence of 09 of January 2013,
issued by the Special Chamber of Adolescent Offenders of the National Court of Justice of Ecuador, which decided to declare innocent to the then teenager Kléver Neptalí Tulmo Tipán, for the crime of indecent assault committed against the MMTN child, of six years old The objective of the work is to create a constitutional culture of respect for the right to legal security. ADJUNTO PDF: X SI NO
CONTACTO CON AUTOR:
Teléfono 0980004003
E-mail: [email protected]
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:
Nombre:
Teléfono:
E-mail:
III
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE DERECHO
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO
Guayaquil, 28 de Agosto del 2018
CERTIFICACIÓN DE REVISOR METODOLÓGICO
Habiendo sido nombrada AB. FRANCISCA URBANA LITARDO SALAZAR,
revisora metodológico del trabajo de titulación ESTUDIO DE CASO “Análisis a la
Acción Extraordinaria de Protección presentada por la señora Olga Mélida
Negrete Sacatoro en contra de la Sala Especializada de Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador”, certifico que el
presente trabajo de titulación, elaborado por BOLÍVAR MARIANO OBANDO
INTRIAGO, con C.I. N° 1715391858, con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de ABOGADO DE LOS
TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en la Carrera
de Derecho Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, ha sido
REVISADO Y APROBADO, en todas sus partes, encontrándose apto para su
sustentación.
AB. FRANCISCA URBANA LITARDO SALAZAR Msc.,
C.I. 0909039018
Revisor Metodológico
IV
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE DERECHO
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO
COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
Yo, BOLÍVAR MARIANO OBANDO INTRIAGO con C.I. No. 1715391858,
certifico que los contenidos desarrolla dos en este trabajo de titulación, cuyo título
es“ANÁLISIS A LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
PRESENTADA POR LA SEÑORA OLGA MÉLIDA NEGRETE SACATORO EN
CONTRA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE ADOLESCENTES INFRACTORES
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR” son de mi absoluta
propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE
LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva
para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de
la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente.
_____________________________________
BOLÍVAR MARIANO OBANDO INTRIAGO
C.I. No. 1715391858
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 -
Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado
de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos
académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos
patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no
exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos
V
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Ab. Vicente Paúl Borbor Mite Msc., tutor del
trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido
elaborado por Bolívar Mariano Obando Intriago, con C. C. 1715391858, con
mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del
título de Abogado de los Tribunales y Juzgados del Ecuador.
Se informa que el trabajo de titulación: “Análisis a la Acción Extraordinaria
de Protección presentada por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en
contra de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional de Justicia del Ecuador” ha sido orientado durante todo el periodo
de ejecución en el programa antiplagio (urkund) quedando el 7% de
coincidencia.
https://secure.urkund.com/view/39988643-857676-
712002#DcY7DsJADEXRvUx9hfxsZz7ZCkqBIkBTkCYlYu+kOTrf8jnLejeELi4dBUq0oIoa6mjguO
HCE1/wije8E4QIJ64kSaXRGRvlnO9jvub+OPZnWe1mdTSrZn1EmqX89wc=
______________________________ Ab. Vicente Paúl Borbor Mite Msc. C.I. 0910151661 Docente Tutor
VI
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO
UNIDAD DE TITULACIÓN
Guayaquil, 20 de Agosto de 2018 Dr. Efraín Duque Ruíz Director de Carrera de Derecho Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas Universidad de Guayaquil Ciudad De mis consideraciones: Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Estudio de Caso “Análisis a la Acción Extraordinaria de Protección presentada por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador”del estudiante Obando Intriago Bolívar Mariano, con C. C. 1715391858, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración
del trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) Obando Intriago Bolívar Mariano está (n)
apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.
Atentamente,
______________________________ Ab. Vicente Paúl Borbor Mite Msc. C.I. 0910151661 Tutor de Trabajo de Titulación
VII
DEDICATORIA
Dedico este trabajo, en primer lugar, a Dios Todopoderoso por darme la oportunidad
de seguir adelante conquistando día a día mis sueños en este largo trajinar; y de
manera especial, a mi adorada madre Felisa Mariana de Jesús Intriago Solórzano
por ser mi soporte y pilar fundamental en todos los actos de mi vida, y por apoyarme
siempre en todas mis decisiones.
A mi recordado e inolvidable padre Súlmer Bolívar Obando Rodríguez, quien en su
adelanto a la eternidad me cuida y guía todos los días de mí existencia, gracias a él
por haberme formado desde pequeño como una persona responsable, como un ser
humano digno y aguerrido, y por haber sembrado en mí la ilusión de convertirme en
Abogado.
Por último agradezco también a mis amigos, familiares y maestros por sus apoyos y
enseñanzas, y por ese empuje consecutivo para lograr mi tan anhelado sueño.
VIII
AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento a Dios por mantenerme con vida y salud, además a mi querida
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de
Guayaquil, fuente de conocimientos y saber, que a través de todos mis inolvidables
maestros que en el decurrir de mi vida estudiantil compartieron sus enseñanzas
que poco a poco fueron motivándome para ser cada día mejor.
Así mismo vuelvo a agradecer a Dios por mantener a mi madre junto a mí, pues,
como lo indiqué en líneas anteriores, es el pilar fundamental de mi existencia para
seguir adelante en la lucha diaria y ser un hombre de bien.
IX
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ....................................................................................................................................... XIII
ABSTRACT ...................................................................................................................................... XIV
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1
CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 5
1. EL PROBLEMA ............................................................................................................................ 5
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................................... 5
1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 10
1.3.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................... 10
1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 11
1.4.1.- OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 11
1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 11
1.5.- JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 11
1.6.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 13
1.7.- HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 14
1.8.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................................................. 14
CAPÍTULO II ..................................................................................................................................... 16
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................... 16
2.1.- MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 16
2.2.- MARCO CONTEXTUAL .......................................................................................................... 19
2.3.- MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................... 23
2.3.1 DERECHO A TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS ....................................... 23
2.3.4 DELITO DE VIOLACIÓN ........................................................................................... 29
2.4.- MARCO LEGAL ........................................................................................................... 31
CAPITULO III……………………………………………………………………………………………………………………………………38
3. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................................ 38
3.1.- MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 38
3.2.- TIPO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 38
3.3.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN................................................................................... 38
3.4.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 39
3.5.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 39
3.5.1.- MÉTODOS TEÓRICOS ........................................................................................................ 39
3.6.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 40
X
3.6.1.-ENTREVISTA ....................................................................................................................... 41
3.6.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA ....................................................................................... 42
CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 46
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 46
4.1.- CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA ................................................................................. 46
CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 48
RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 51
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................................ 52
XI
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Operacionalización de las variables…………………………….......14
Tabla 2. Cuadro Comparativo de Estudio de Caso…………………………..44
XII
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1 Reporte urkund Analysis Result – PDF……………………………55
ANEXO 2 Informe de Avance de la Gestión Tutorial…………………………56
Informe de Avance de la Gestión Tutorial…………………………57
ANEXO 3 Sentencia No. 205-16-SEP-CC, Caso No. 0672-13-EP de fecha
29 de junio de 2016
ANEXO 4 Resolución dictada por la Sala Especializada de Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 9 de enero de 2013, las
08h30 que resuelve el Recurso de Casación planteado por el señor Segundo
Floresmilo Tulmo Machabanda padre y representante legal del adolescente
procesado Kléver Neptalí Tulmo Tipán
ANEXO 5 Acción Extraordinaria de Protección planteada por la señora
Mélida Olga Negrete Sacatoro madre y representante legal de la niña
afectada
XIII
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
“ANÁLISIS A LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
PRESENTADA POR LA SEÑORA OLGA MÉLIDA NEGRETE
SACATORO EN CONTRA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA DEL ECUADOR”
Autor: Obando Intriago Bolívar Mariano
Tutor: Ab. Vicente Paúl Borbor Mite Msc.
RESUMEN
El presente estudio de caso lleva por título “Análisis a la Acción Extraordinaria de Protección presentada por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador”.Trata sobre un análisis de la sentencia No. 205-16-SEP-CC., dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, que decide
declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y como medida de reparación integral dejar sin efecto la sentencia del 09 de Enero de 2013, dictada por la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que resolvió declarar inocente al entonces adolescente Kléver Neptalí Tulmo Tipán, por el delito de atentado al pudor cometido en agravio de la niña M. M. T. N., de seis años de edad. El objetivo del trabajo es crear una cultura constitucional de respeto al derecho a la seguridad jurídica.
Palabras claves: Seguridad, Jurídica, Corte, Constitucional, Casación.
XIV
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO
“ANALYSIS OF THE EXTRAORDINARY ACTION OF
PROTECTION PRESENTED BY MRS OLGA MÉLIDA
NEGRETE SACATORO AGAINST THE SPECIALIZED
ROOM OF INFRINGING ADOLESCENTS OF THE
NATIONAL COURT OF JUSTICE OF ECUADOR”.
Autor: Obando Intriago Bolívar Mariano
Tutor: Ab. Vicente Paúl Borbor Mite Msc.
ABSTRACT
The present case study is entitled "Analysis of the Extraordinary Protection Action presented by Mrs. Olga Mélida Negrete Sacatoro against the Special Chamber of Adolescent Offenders of the National Court of Justice of Ecuador". It is about an analysis of the sentence No. 205-16-SEP-CC., Dictated by the Constitutional Court of Ecuador, which decides to declare the violation of the right to legal security and as a measure of integral reparation to render the sentence of 09 of January 2013, issued by the Special Chamber of Adolescent Offenders of the National Court of Justice of Ecuador, which decided to declare innocent to the then teenager Kléver Neptalí Tulmo Tipán, for the crime of indecent assault committed against the MMTN child, of six years old The objective of the work is to create a constitutional culture of respect for the right to legal security. Keywords: Legal, Security, Constitutional, Court, Cassation.
1
INTRODUCCIÓN
Resulta imprescindible para la vigencia plena de una democracia sustentada
en un cuerpo normativo, como lo es la Constitución de la República del Ecuador que
consagra al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y que tiene como uno de
los pilares la Defensa de los Derechos Fundamentales contar con garantías que
hagan efectiva su plena vigencia.(Asamblea Constituyente, 2008)
En nuestro país, a partir del año 2008, se pone en vigencia la nueva
constitución que es adecuada y favorable para el ciudadano ecuatoriano, y es bajo
este marco que se define que la función más importante de las juezas y jueces es
garantizar los derechos de las personas en todo procedimiento ya sea este
administrativo, judicial o de cualquier índole.(Asamblea Constituyente, 2008)
No solo es la obligación de los funcionarios, sino también es el deber ser de la
institución como tal; por lo que podríamos decir que, ésta sería, una de las mayores
ambiciones de un Estado de derechos. Al limitar el ejercicio del poder público
existirá una igualdad, equidad, progreso y control mutuo dentro de los poderes del
Estado. Cuando existen conflictos de derechos el poder judicial es el que interviene,
pues ese es su rol. El producto final que entrega el poder judicial, son las sentencias
que dirimen conflictos específicos que se dan en la sociedad. (Sentis, 2013)
En este sentido, al ser el resultado de su labor las sentencias, éstas deben
tener parámetros de control, como la motivación, que se encuentra plasmada en la
garantía del debido proceso, que consolida a su vez la seguridad jurídica que
constituye el elemento esencial del Estado de Derechos y Justicia, es la
2
confiabilidad en el orden jurídico, la certeza sobre el derecho escrito y vigente, el
reconocimiento y la previsión de la situación jurídica.(Fontanet, 2012)
La Constitución del Ecuador garantiza la seguridad jurídica a través de algunas
concreciones, como el principio de legalidad y el debido proceso. Dentro de la Carta
Política se debe respetar cada uno de los considerandos que encierran la
tranquilidad, disciplina que todos los ciudadanos nacionales y del mundo deben
contar con la seguridad jurídica, conforme reza en el Art. 82 de nuestra Carta
Política.
En el país se legisla que cada uno de los que tienen el cargo de jueces
constitucionales y que son funcionarios públicos deben tener conocimiento que los
ecuatorianos gocen de la armonía, alegría, libertad, tanto personal como colectivos
de la convivencia social.(Asamblea Constituyente, 2008). Este principio a su vez
tiene conexidad con otros principios, como aquel que señala que cada uno de los
recaudos procesales, etapas o estaciones constitucionales el ciudadano se le debe
garantizar el debido proceso.(Fontanet, 2012)
Según el principio de la verdad procesal, el juez resuelve un caso, en base a la
verdad procesal que surge del proceso, esto es, la que consta en los elementos
probatorios y de convicción agregados a los autos, puesto que para el juez lo
importante y único es la verdad procesal, ya que su decisión tendrá que ceñirse a
ella, y solo entonces será recta y legal, es decir, la decisión judicial se basa en un
conocimiento acertado de los hechos, en el conocimiento de la verdad del hecho
radica el principio lógico del proceso.
3
Es decir, los operadores de justicia están obligados a que las resoluciones de
los poderes públicos sean motivadas, por lo que no pueden ser adoptadas de
manera arbitraria o sin razonar, sino de manera sólida y fundamentada(Muñoz,
2011). Existen casos muy críticos de resoluciones o sentencias que han
transgredido el principio a la seguridad jurídica, este patrón se plasma en todas las
instancias y recursos que han ameritado una resolución, y ahora en los fallos de
carácter constitucional lo cual resulta nocivo.
Estos fallos al ser de un rango que no solo resuelve situaciones particulares,
sino puede determinar la aplicación de ciertas normas, o el sentido de aplicación de
estas, conllevan a una gran responsabilidad, pues pone en juego la seguridad
jurídica y otros principios que reconoce la Constitución. En este sentido es preciso
determinar la línea de investigación enfocada en cultura, democracia y sociedad; y
la sublínea, en cultura jurídica y derechos humanos.
En cuanto al caso que es materia de este análisis, la sentencia dictada con
cada uno de los integrantes o magistrados constitucionales en cada una de sus
ponencias resuelven que se ha violentado la seguridad que cada una de las
personas humanas se deben cumplir propuesta por la señora Mélida Olga Negrete
Sacatoro en calidad de madre y representante de la menor afectada, que fue
agredida sexualmente por el adolescente infractor, quien después es declarado
inocente por la judicatura nacional.
Dispone además, que otros jueces de la Sala Especializada de Adolescentes
Infractores resuelvan el Recurso de Casación interpuesto por el señor Segundo
4
Floresmilo Tulmo Machabanda padre del adolescente infractor Kléver Neptalí Tulmo
Tipán. En el presente trabajo se estudia la vulneración de derecho tan protegido y
reconocido por la Carta Magna, como lo es el derecho a la seguridad jurídica,
reconocido y tutelado como lo hemos indicado en el Art. 82 de la Constitución de la
República del Ecuador.(Pérez, 2016)
Se parte del estudio analítico y doctrinario de la referida sentencia, para el
esclarecimiento del derecho que fue vulnerado y transgredido, en este caso el
auditorio constitucional declara la vulneración a la operación jurídica, en este caso a
la seguridad de la menor afectada sexualmente por el adolescente infractor, a quien
la referida Sala de la Corte Nacional ratificó su estado de inocencia al casar de oficio
la sentencia que lo declaró penalmente responsable del delito de atentado al pudor.
(Albán, 2016)
Es decir, que la referida menor de edad, nuestras autoridades nacionales de
justicia en la ponderación de los derechos se olvidan que, en esta colisión, nuestra
carta magna favorece a la niña y no al adolescente de un delito, que le ha produjo
un daño psicológico para toda la vida.(Sentis, 2013)
5
CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Ecuador es un país donde se cometen con frecuencia delitos de carácter
sexual todos los días, con personas de todo tipo y edades, pero principalmente en
contra de niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido motivo suficiente para que en
nuestra sociedad se genere una alarma social, lo cual ha formado una cultura de
rechazo y condena a todos los casos de delitos sexuales como la violación, el
atentado al pudor (abuso sexual), la pedofilia, el estupro, el acoso sexual, la
distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes, (Sentis, 2013)
Bajo esta óptica, autores nacionales como internacionales, concuerdan que el
bien jurídico que se ve afectado y que tutela el Estado en esta clase de delitos es el
derecho a la libertad sexual y a la intimidad, pues como sabemos, tanto la violación
como el atentado al pudor y los demás delitos de carácter sexual, atentan
gravemente contra la moral social y sexual de un individuo al obligarlo a una
relación carnal involuntaria.(Muñoz, 2011)
En esta clase de delitos sexuales el bien protegido que se quebranta es el
honor, el pudor, la expresión y la libertad sexual. Esto es lo que afecta a la persona
abusada sexualmente, por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional penal
tutelar y defender ampliamente este bien protegido. En el caso que nos ocupa, la
transgresión sexual sufrida por la niña M.M.T.N., de apenas 6 años por parte del
adolescente Kléver Neptalí Tulmo Tipán, se sitúa en un sector llamado
6
“Chiribamba”, Comuna Jatum Huigua, del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, en el
año 2011, en el que el adolescente habría obligado a la fuerza a la niña a realizar
actos de naturaleza sexual, inclusive la menor manifestó que había sido objeto de
una violación en varias ocasiones por parte del adolescente; indicó además que
había recibido amenazas para que no diga nada; y que posteriormente le contó a
sus padres quienes se quedaron paralizados al enterarse de este hecho.
La niña es llevada por sus padres a efectuarle los exámenes médicos. Es así
que la señora Mélida Olga Negrete Sacatoro, madre de la niña, decide igualmente
presentar la respectiva denuncia para las investigaciones de ley. Se practican las
pericias médico legal ginecológica y psicológica, determinándose en el examen
médico legal realizado por el Dr. Francisco Rivadeneira Miñoque no existen signos
evidentes de lesión en región extragenital, paragenital ni genital, pero sugiere
evaluación psicológica en la menor y en su entorno.
Así mismo, la Dra. Nelly Salazar Mayo, perito médico legal de la Policía
Judicial de Cotopaxi manifiesta también que no encontró lesión de trauma externo,
pero sugiere igualmente tratamiento psicológico. Significativa relevancia posee
también, la pericia psicológica practicada por la sicóloga Paola Johana Cerda Veloz,
quien al determinar el estado emocional de la niña afirmó que detectó en la menor
agredida un “trastorno postraumático” con tono bajo de voz, pérdida de peso, y bajo
rendimiento académico se despertaba gritando y no podía dormir.
En la entrevista la niña manifiesta que en las vacaciones mientras jugaba ha
sido llevada por su primo a un lugar apartado en donde se ha lanzado sobre ella y
7
le ha hecho víctima de agresiones sexuales y que no denunció por que recibió
amenazas de muerte por parte del adolescente Kléver Neptalí Tulmo Tipán.
Algo muy importante que hay que destacar en este caso, es la práctica de la
prueba HTP que se realizó a la niña. Esta prueba cuyas siglas en inglés son HTP
(House-Tree-Person la prueba de la casa-árbol-persona), es una prueba proyectiva
de la personalidad, un reactivo psicológico que se aplica a niños en base a dibujos
en los que se puede proyectar la parte sexual; y es aquí, en donde la niña destaca
la parte masculina (pene) dibujándola perfectamente, por lo que se llegó a la
conclusión que lo aseverado por la niña tiene ciento por ciento de credibilidad.
Se practicó también el reconocimiento del lugar de los hechos y el testimonio
de la menor también fue receptado, mediante el cual afirmó que Kléver Neptalí
Tulmo Tipán había abusado sexualmente de ella, por lo que el Juez Segundo de la
Niñez y Adolescencia de Latacunga, al haberse comprobado conforme a derecho la
existencia material de la infracción así como la responsabilidad del adolescente
procesado dicta sentencia condenatoria imponiéndole la medida socioeducativa de
internamiento institucional de ocho meses.(Sentencia NO. 205-16-SEP-CC, 2016)
Ante esta situación el padre del adolescente infractor apela la sentencia
condenatoria dictada el 14 de agosto de 2012, pero la Sala de lo Civil de la Corte
Provincial de Justicia de Cotopaxi, la confirma. Al no obtener ningún resultado, en
cuanto a la Apelación, el acusado interpone Recurso de Casación, el mismo que fue
resuelto por los operadores, servidores de justicia mediante sentencia de 09 de
enero de 2013, que determinó casar de oficio la sentencia y ratificó el estado de
inocencia del adolescente procesado.
8
En esta estación procesal, los familiares de la menor afectada ya que por ser
una niña que recién empieza a madurar la etapa de su vida y ante la superioridad
física del adolescente, acuden ante las autoridades constitucionales.
La Corte Nacional de Justicia, al conocer dentro del orden del día de su
agenda para el tratamiento de las decisiones judiciales inferiores, se nota, el
favoritismo y la absolución del adolescente, causando psicológica y físicamente en
la niña y en sus familiares que no hay corte que puedan ayudarlos a resarcir el daño
causado, sexualmente, en la persona de una menor de apenas seis años de edad
que constitucionalmente pertenece a los grupos vulnerables establecidos en el Art.
35 de la Constitución de la República del Ecuador.
Es así que, en los informes constitucionales o en las ponencias de cada uno de
los comisionados que integran el mayor grado constitucional analizan la falta de
probidad, capacidad, experiencia y sobre todo humano que fueron afectados los
derechos constitucionales de la menor M. M T. N., disponiendo además, que otros
jueces de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores resuelvan el Recurso
de Casación interpuesto.
Finalmente, la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, con fecha 07 de septiembre de 2016,
niega el Recurso de Casación por improcedente presentado por el señor Segundo
Floresmilo Tulmo padre y representante legal del adolescente procesado Kléver
Neptalí Tulmo Tipán, lo cual significa que la medida socioeducativa de internamiento
de ocho meses se ejecutó.
9
Corresponde entonces, examinar durante este trabajo, si la jurisprudencia y
doctrina constitucional sin la debida argumentación y motivación jurídica por la
judicatura nacional en cuanto a los menores de edad que actúan al margen de la ley
que casó de oficio la sentencia del Tribunal de segunda instancia, vulneró el
derecho constitucional a la seguridad jurídica establecido en el Art. 82 de la Carta
Fundamental.
Pues sí, efectivamente, los magistrados de segundo nivel favorecen al
procesado, en la referida sentencia, pues se evidencia que la Sala Nacional realizó
una nueva valoración probatoria en base a los elementos descritos por las partes
procesales durante la audiencia de casación, es decir, los jueces casacionales se
apartaron del rol que debían cumplir, esto es, les correspondía a ellos analizar el
derecho (norma jurídica) y no los hechos suscitados dentro del caso.(Sentencia NO.
205-16-SEP-CC, 2016)
Esta situación que se evidencia cuando la referida Sala de la Corte Nacional
de Justicia contrasta testimonios rendidos por los peritos que realizaron los
exámenes médicos dentro del proceso penal, lo cual contraría la prohibición expresa
de la ley y la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, por lo que
se puede manifestar que los jueces casacionales desconocieron la normativa clara,
previa y pública que rige el recurso de casación vulnerando de esta forma el
principio a la seguridad jurídica tutelado y reconocido en la Constitución.(Muñoz,
2011)
10
1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La Constitución de la República del Ecuador, consagra y tutela el derecho a la
seguridad jurídica, que no es otra cosa que el acatamiento a la norma suprema. En
nuestro caso, la Sala Especializada de Menores Infractores de la Corte Nacional de
Justicia (Quito) en sentencia de 09 de enero de 2013 casó de oficio la sentencia
recurrida declarando inocente al adolescente procesado lo que provocó la
vulneración del derecho a la seguridad jurídica ocasionando perjuicio a la parte
afectada.
Se puede decir que en el Ecuador existen jueces probos que respetan la
constitución y aplican las normas jurídicas previas, claras y públicas aplicadas a
cada caso, sin embargo, existen también operadores de justicia que violan el
derecho a la seguridad jurídica al emitir fallos inmotivados que generan
desconfianza en el ciudadanía y falta de credibilidad en la administración de justicia.
Por ello resulta necesario y urgente que el Consejo de la Judicatura como órgano
rector efectúe constantemente un control a las jueces y jueces no solo de la Corte
Nacional de Justicia sino a todos los operadores de justicia del país.
1.3.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Existe una cultura constitucional de respeto a los derechos y garantías de las
personas, especialmente, el respeto al derecho a la seguridad jurídica en la emisión
de sentencias o resoluciones de las juezas y jueces de la Corte Nacional de
Justicia?
11
1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1.- OBJETIVO GENERAL
Realizar el estudio analítico de la decisión judicial impugnada revocada por la
Corte Constitucional en la que se declara la vulneración del derecho a la seguridad
jurídica por parte de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional de Justicia, con la incidencia que ocasionó a la parte afectada en cuanto
a la declaratoria de inocencia del adolescente procesado Kléver Tulmo Tipán.
1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar en qué parte de la sentencia, los integrantes y operadores judiciales
no cumplieron con la protección a la menor de edad.
Efectuar un estudio de los argumentos principales en que se fundó la decisión
de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de
Justicia, para casar de oficio la sentencia recurrida mediante la cual se ratifica
el estado de inocencia del adolescente procesado.
Diseñar una propuesta que conlleve al control permanente de los jueces de la
Corte Nacional de Justicia en la emisión de todas las sentencias o resoluciones
que dicten.
1.5.- JUSTIFICACIÓN
En nuestra administración de justicia, es importante que se cree una cultura de
carácter constitucional, de respeto al derecho no solo al debido proceso, sino
también, a la Seguridad Jurídica principalmente en la emisión de las sentencias y
12
resoluciones del poder judicial que tienen la obligación de acatar, garantizar y
respetar la aplicación de normas jurídicas previas, claras y públicas establecidas
tanto en la Constitución como en la demás leyes que componen el ordenamiento
jurídico nacional.
Sin embargo, es preocupante ver como los operadores de justicia dictan sin
reparo algunas sentencias o resoluciones en donde se vulnera el principio a la
seguridad jurídica que constituye uno de los pilares fundamentales de la
administración de justicia en un estado constitucional de derechos y justicia social.
El abordaje de esta problemática actual en la administración de justicia es
una necesidad sentida por todo ciudadano que acude a los órganos
jurisdiccionales en busca de la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses,
frente a la situación de sentencias violatorias que trasgreden el derecho a la
seguridad jurídica, incluso en procesos en donde se ven inmersos niños, niñas y
adolescentes y aún más cuando el delito que se persigue es de carácter sexual.
Debido a ello, este tipo de anomalías que deviene en trasgresiones por parte
de los operadores de justicia se ha convertido en un problema para la sociedad,
que se refleja indudablemente en la desconfianza de la ciudadanía frente a los
delitos sexuales que en la mayoría de las veces quedan en la impunidad.
Asimismo, este delito ha existido toda la vida, y en nuestro medio, es un problema
del cual la sociedad no puede dejar de lado ni ser indiferente.
Por estas razones, el tema de los jueces y las decisiones que adoptan dentro
de los procesos en los que avocan conocimiento, se ha convertido en el centro de
atención de medios de comunicación, colectivos, organizaciones gremiales y
13
ciudadanía en general, puesto que sus decisiones muchas veces no son las
correctas, todo lo cual crean en la sociedad un total estado de desconfianza y falta
de credibilidad.
De acuerdo a los antecedentes expuestos, el presente estudio de caso busca
analizar específicamente la sentencia dictada por la Corte Constitucional, que
decidió declarar la violación del derecho a la seguridad jurídica dentro del proceso
que se analiza, para así plantear una propuesta que atienda esta necesidad de
crear una cultura constitucional de respeto no solo al debido proceso, sino a todos
los derechos y garantías que reconoce y tutela nuestra Carta Magna, por parte de
los operadores de justicia.
1.6.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Área: Derecho Constitucional.
Campo: Acción Extraordinaria de Protección presentada por la señora Olga
Mélida Negrete Sacatoro en contra de la sentencia - Recurso de Casación –
Proceso No. 065-12, dictada por la Sala Especializada de Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia, sustanciada en la Corte
Constitucional del Ecuador.
Tema: Análisis a la Acción Extraordinaria de Protección presentada por la
señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de Sala Especializada de
Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
Delimitación Temporal: Primer Semestre del 2016 - 29 de Junio de 2016,
fecha en la que se dictó la sentencia que es objeto de estudio.
14
Delimitación Espacial: La delimitación espacial estuvo dada en la ciudad de
Quito, en la Corte Constitucional, Av. 12 de Octubre N16-144 y Pasaje
Nicolás Jiménez.
1.7.- HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN
Si se analiza la decisión judicial impugnada revocada por la Corte
Constitucional en la que se declara la vulneración del derecho a la seguridad
jurídica por parte de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional de Justicia, se puede evidenciar la incidencia que ocasionó a la parte
afectada en cuanto a la declaratoria de inocencia del adolescente procesado
Kléver Tulmo Tipán.
1.8.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
El sistema de variables de la investigación se constituyó en la decisión judicial
de la Corte Constitucional donde se declara la vulneración de derecho a la
seguridad jurídica por parte de la Sala Especializada de Adolescentes Infractores
de la Corte Nacional de Justicia.
VARIABLE INDEPENDIENTE DESCRIPCIÓN INDICADORES Acción Extraordinaria de Protección
Constituye una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso de las personas cuando sean vulnerados por parte de jueces y/o tribunales en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.
Art. 94.- Constitución de la República del Ecuador.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.
Instrumentos Normativos: Constitución de la República del Ecuador, Arts. 35, 44, 45, 82, 94 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Arts. 1, 11, 14
15
VARIABLE DEPENDIENTE
Sentencia No. 205-16-SEP-CC Caso No. 0672-13-EP
La sentencia es la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable. Art. 88 inciso segundo COGEP.- La sentencia es la decisión de la o el juzgador acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso.
Constitución de la República del Ecuador Arts. 82, 94 , 429, 437 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Código Orgánico Integral Penal Código Penal y Procedimiento Penal derogado
16
CAPÍTULO II
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Como antecedentes investigativos, se procedió a la revisión de trabajos
previos sobre el tema de estudio, es decir, se revisaron en los archivos de la
Universidad de Guayaquil y en la misma Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales y Políticas que no haya un tema igual o similar al expuesto. Así también
se revisaron los textos del Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal y
Procedimiento Penal (derogados), el actual Código Orgánico Integral Penal y la
Constitución de la República del Ecuador.(Congreso Nacional, 2002)(Asamblea
Constituyente, 2008)
En tal sentido, (Ruiz, 2016) realizó una investigación denominada “La Acción
Extraordinaria de Protección en el Ámbito de la Vigencia de la Constitución del
2008”, cuyo objetivo era analizar este recurso con respecto a la corriente
neoconstitucional vigente en varios países como el Ecuador, adquiriendo su
condición de derechos fundamentales. Analizando su aplicación con respecto a la
observancia de la norma constitucional con respecto a la vulneración del derecho a
la seguridad jurídica que debe primar para el juzgador.
2.1.- MARCO TEÓRICO
(Pintado, 2014) indica en su estudio “Procedimiento de la Acción
Extraordinaria de Protección en casos de Violación al Debido Proceso”, que este
procedimiento, el lineamiento constitucional que cada uno de los intelectuales que
conformaron la gran asamblea constituida en la ciudad de Montecristi en la ciudad
17
de Manabí coincidieron que las autoridades judiciales y administrativas deben
proteger el catálogo constitucionales con su derivaciones procesales y que cada
una de sus actuaciones judiciales, para que no atenten con los derechos de las
personas, en su accionar o en su olvido, y la aplicación de una visión jurídica más
amplia a fin de proteger que es el reparar integralmente un daño causado hacia un
derecho fundamental, cumpliendo de esta manera con los principios y derechos
consagrados en la Constitución.
Finalmente, (González, 2014) realizó una investigación llamada “La aplicación
de la Acción Extraordinaria de Protección en el Ecuador” que tuvo como objetivo
analizar la aplicabilidad de esta acción resaltando la importancia que tiene en
cuanto a la efectividad de las normas constitucionales, invocando la existencia de
un estado constitucional de derechos y justicia, por lo que se hacen efectivos los
derechos y justiciables, en forma legítima tal como lo indica en los estatutos
orgánicos de cada una de las secciones jurisdiccionales y la toma principal del
ordenamiento constitucional y del ordenamiento jurídico de la institucionalidad
judicial. (Asamblea Nacional, 2009)
Es necesario anotar la equivocación a la que puede inducir, cuando el texto
constitucional refiere a este derecho confundiendo lo que significa el término
"Acción" y el término "Recurso", como similares. Siendo la acción el acto por el
cual se presente un reclamo por alguna sentencia, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, las mismas que deben ser firmes o ejecutoriadas, no
constituyendo un recurso ya que a este se lo considera como un reclamo ante el
superior jerárquico de la sentencia emitida.(Asamblea Nacional, 2009)
18
El estudio del tema “Análisis a la Acción Extraordinaria de Protección
presentada por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la judicatura
que en sus estatutos deben resolver las infracciones de los menores de edad, lo
abordaremos con sumo cuidado y detenimiento, ya que mediante esta acción
excepcional, la Corte Constitucional decidió declarar la vulneración del derecho a la
seguridad jurídica por parte de los jueces casacionistas de la Corte Nacional,
quienes se apartaron de su rol específico que les otorga la constitución y la
ley.(Rosillo, 2017)
Sin analizar el derecho (norma jurídica) fueron más allá de lo que la ley les
permite, efectuando más bien un comparación de los hechos suscitados dentro del
proceso, es decir, realizaron una nueva valoración probatoria en base a los
elementos descritos por las partes procesales durante la audiencia de casación.
(Oyarte, Derecho Constitucional, 2016)
Todo esto se ve evidenciado cuando la referida Sala de Corte Nacional
contrasta los testimonios rendidos por los peritos dentro del proceso penal con la
información proporcionada por la víctima en la audiencia casacional, lo cual viola la
prohibición expresa de la ley y la línea jurisprudencial establecida por la Corte
Constitucional, desconociendo así la normativa clara, previa y pública que rige al
recurso de casación, por lo que vulneraron este principio de magnitud
constitucional.(Asamblea Constituyente, 2008)
Por ello, examinaremos la naturaleza y objeto del Recurso de Casación, lo
que disponía la normativa vigente a la fecha de la tramitación del referido recurso,
19
esto es, lo que establecía el derogado Código de Procedimiento Penal; así también
lo que actualmente prescribe el vigente Código Orgánico Integral Penal COIP de
acuerdo a las reglas de su Art. 657.(Oyarte, 2017)
De la misma forma analizaremos el encartonamiento constitucional en sus
inicios y objetivo de la garantía extraordinaria como acción excepcional y como
garantía constitucional para tutelar, proteger y remediar las situaciones que
devengan de errores que cometan los jueces. Y por último analizaremos lo que para
ello se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al
derecho a la seguridad jurídica, sin dejar de lado también, las figuras delictivas de la
violación y el atentado al pudor.(Castella, 2016)
2.2.- MARCO CONTEXTUAL
El presente estudio de caso, tiene su origen en un sector llamado
Chiribamba, perteneciente a la Comuna Jatum Huigua del cantón Pujilí, en donde el
señor Fiscal Dr. Alex García, en razón de la denuncia presentada por la señora
Mélida Olga Negrete Sacatoro da inicio a la indagación previa No. 11-10-2011,
sobre presuntos actos de abuso sexual perpetrados en contra de su hija Mariana
Mishel Tulmo Negrete de seis años de edad.
Luego de las diligencias investigativas se llega a determinar que la niña no
había sido objeto de violación, pues a la práctica del examen médico legal realizado
por el Dr. Francisco Rivadeneira Miño, perito de la fiscalía se concluyó que la menor
no presenta signos evidentes de lesión en región extragenital, paragenital ni genital,
pero si sugiere evaluación psicológica en la menor y en su entorno ya que al
20
consultarle a la niña sobre lo sucedido había narrado que el adolescente Tulmo
Tipán le había violado.
Al realizarle el examen ginecológico a la menor por parte de la perito médico
de la Policía Judicial Dra. Nelly Salazar Mayo, se había llegado a la conclusión que
no se encontró lesión de trauma externo en su membrana anular ni en la región
anal, sugiriendo de igual forma tratamiento psicológico en razón de lo manifestado
por la niña que había sido objeto de agresiones sexuales por parte del adolescente
Kléver Tulmo Tipán.
Sin embargo, la pericia psicológica efectuada por la Psicóloga Paola Cerda
Veloz, determina que se detectó en la niña un trastorno postraumático con tono bajo
de voz, pérdida de apetito, bajo rendimiento académico, problemas en la
conciliación del sueño lo que nos lleva a la conclusión que efectivamente el estado
emocional de la menor es crítico ya que había indicado que en las vacaciones
mientras jugaba ha sido llevada por su primo a un lugar apartado donde ha
procedido a lanzarse sobre ella y le ha hecho víctima de agresiones sexuales, sin
poder denunciar el hecho por las amenazas de muerte que el adolescente le había
inferido.
Significativa relevancia merece el examen HTP (House-tree-person prueba
de la casa-árbol-persona) realizado a la niña, por parte de la psicóloga. Éste
examen es un reactivo psicológico que se aplica a los niños en base a dibujos en los
que se puede resaltar la parte sexual, y es en esta circunstancia en que la menor
abusada destaca la parte masculina dibujando con claridad el miembro viril. Por lo
21
que en base a esta importante prueba pericial se llega a la conclusión que lo
manifestado por la niña tiene credibilidad.
Es así que, en base a todas estas diligencias procesales de suma relevancia
el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Latacunga Dr. Juan Alfredo
Jaramillo Ponce, el día 14 de agosto del 2011, a las 09h16, dentro de Juicio de
Menores Infractores signado con el No. 2012-0498-CP, dicta sentencia condenatoria
de medida socio educativa de internamiento institucional de OCHO MESES en
contra del adolescente Kléver Neptalí Tulmo Tipán por haberlo encontrado
responsable del delito de atentado contra el pudor.
Posteriormente, el padre del adolescente sentenciado, interpuso Recurso de
Apelación a la sentencia dictada por el juez de primer nivel, recurso que fue resuelto
por la Sala de lo Civil, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi, que
mediante auto resolutorio de fecha 13 de septiembre del 2012, las 15h16, resuelve
CONFIRMAR la sentencia subida en grado por considerar que la existencia material
de la infracción así como la responsabilidad del procesado se encuentran probadas
conforme a derecho.
El acusado al no estar de acuerdo con la resolución del Tribunal Ad-Quem,
interpone Recurso de Casación, el mismo que fue resuelto por la Sala Especializada
de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia dentro del proceso No.
065-2012, en el que se niega el recurso planteado, pero decide casar de “oficio” la
sentencia declarando que se ha violado la ley al aplicar una figura penal sin hechos
22
que conduce a la falsa aplicación de la ley, ratificado el estado de inocencia del
adolescente procesado.
Ante esta situación, la madre de la víctima presenta acción extraordinaria de
protección indicando que la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional
de Justicia al casar de oficio la sentencia y al declarar inocente al adolescente
procesado ha dejado en la impunidad un delito de carácter sexual cometido en
contra de una niña que pertenece a los grupos vulnerables de atención prioritaria
que reconoce y protege el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador.
Es así que, la Corte Constitucional después de haber realizado un análisis
profundo al caso concreto, estableció que la Sala de Adolescentes Infractores de la
Corte Nacional de Justicia, en la sentencia dictada el 9 de enero del 2013 vulneró el
derecho a la seguridad jurídica al efectuar indebidamente una nueva valoración de
los recaudos probatorios en base a lo manifestado por las partes en la audiencia de
casación, lo cual no es correcto puesto que se infringió la prohibición establecida en
la ley.
Tanto es así que los jueces casacionales hacen un estudio de los testimonios
de las partes y los comparan con los informes periciales, violando de esta forma la
línea jurisprudencial establecida por la propia Corte Constitucional, de lo que se
concluye que la referida Sala desconoció la normativa clara, previa y pública que
rige el recurso de casación vulnerando de esta forma el derecho a la seguridad
jurídica reconocido y tutelado en el Art. 82 de la Constitución de la República del
Ecuador.
23
La Corte Constitucional en la sentencia que se analiza, decidió declarar la
vulneración del derecho a la seguridad jurídica, que los derechos de la menor de
edad fueron vulnerados, acogiendo con sus criterios constitucionales la acción
plateada por la señora Mélida Olga Negrete Sacatoro madre y representante de la
niña afectada; y como medida de reparación integral, dejan sin efecto la sentencia
dictada por los jueces de la corte nacional, ordenando además, que otros jueces de
la Sala de Adolescentes Infractores resuelvan el recurso de casación planteado por
el padre del adolescente.
2.3.- MARCO CONCEPTUAL
2.3.1 DERECHO A TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS
Las disposiciones aprobadas en nuestro ordenamiento supremo constitucional
en su artículo 82 se refieren específicamente a que los operadores judiciales deben
respeto a la carta fundamental y por ende a la aplicación correcta de la norma
fundamental. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado lo
siguiente:(Rosillo, 2017)
Que ninguna persona puede estar sin el derecho a la defensa y amparada con
el justo proceso constitucional, constituye una garantía consustancial en nuestro
Estado constitucional de derechos y justicia, cuya legitimidad encuentra
fundamentación en la Carta Magna cuando se garantiza el acatamiento a los
preceptos enunciados explícitamente como tales, y que todos los ecuatorianos y
autoridades deben ser coherentes.
24
Es decir, supone la expectativa razonable fundada de los ciudadanos, a conocer
las actuaciones de los poderes públicos al momento de aplicar las normas legales
que integran el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, la Corte
Constitucional considera también lo establecido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto sobre el derecho a la seguridad jurídica. Es importante
analizar esta referencia para tener una idea clara y precisa acerca de este derecho
que constantemente se ve transgredido por las jueces en sus fallos.
La Corte Interamericana ha establecido: “Es menester señalar que la Corte, al
referirse a las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención,
también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en un
proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones del
artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que
"sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un
derecho", es decir, las "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada
defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración
judicial". (Muñoz, 2011)
Esta disposición contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio
del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a
decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar "las debidas garantías" que
aseguren el derecho al debido proceso. Asimismo, ha señalado que "toda persona
sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar
con la garantía de que dicho órgano actúe en los términos del procedimiento
25
legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le
somete.(Albán, 2016)
Bajo los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, los Estados están
obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de
derechos humanos. En consecuencia, el derecho a la seguridad jurídica permite a
las partes procesales tener conocimiento previo, sobre la normativa para el cabal
ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones.(Pacto de San José de Costa Rica,
1969)
Sin la existencia de la seguridad jurídica consagrada en la constitución, no se
puede decir que vivimos armónicamente en la sociedad ecuatoriana.En
consecuencia, la seguridad jurídica permite impedir el abuso inhumano, ilegal e
inconstitucional de cada uno de los empleados judiciales y servidores
administrativos en la trasgresión y violación de los derechos de los ciudadanos.
(Tapia, 2015)
Es por eso que decimos que la seguridad jurídica es de vital importancia para
que se garanticen los derechos de las personas, puesto que en una sociedad donde
no exista la tutela efectiva de los derechos es una sociedad sin seguridad jurídica
donde los derechos son mera utopía. De ahí la necesidad de que este derecho
constitucional no solo sea una letra mostrenca del ordenamiento jurídico sino que se
convierta por sí misma en un derecho fundamental. (Ruiz, 2016)
26
Por ello es que, nuestra Constitución aprobada por la Asamblea de Montecristi
en el 2008 garantiza a todos los ciudadanos la seguridad jurídica como derecho
fundamental en el artículo 82, determinándola como un derecho subjetivo de rango
constitucional. Y al ser la seguridad jurídica un derecho constitucional, adopta el
goce de las prerrogativas de todo derecho fundamental, cuyo ejercicio se rige en el
artículo 11 de la Norma Fundamental. (Castella, 2016)
2.3.2 ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
En esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se
pronunciará respecto de dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales y la violación de normas del debido proceso.
Al respecto, la Corte Constitucional, para el período de transición, estableció
que: La acción extraordinaria de protección se creó para proteger y remediar los
errores que cometen los jueces. Este es el anhelo de la sociedad cuyo afán es la
protección efectiva de sus derechos e intereses, puesto que así los jueces
inferiores, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales, cuya labor
sería verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado
las normas del debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica.
En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
jueces, en lo que compete al presente caso, a la actuación de la Sala cuya
resolución se impugna, quienes en ejercicio de la potestad jurisdiccional, conferida
constitucional y legalmente, administran justicia y por ende, se encuentran llamados
27
a asegurar que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia y
hacer efectivas las garantías del debido proceso.
Los magistrados constitucionales, deben constatar que efectivamente, las
sentencias, autos y resoluciones con fuerza de rango constitucional y que durante el
juzgamiento, no se hayan vulnerado por acción u omisión el debido proceso u otro
derecho constitucional. Finalmente, la Corte Constitucional ha considerado oportuno
recordar que la acción extraordinaria de protección no es una "instancia adicional";
es decir, a partir de ella, no se puede pretender el análisis de asuntos de mera
legalidad propios e inherentes de la justicia ordinaria.
En virtud de aquello, la Corte Constitucional no puede entrar a analizar, menos
aún resolver, cuestiones eminentemente legales. El objeto de su análisis debe estar
dirigido directamente a la presunta vulneración de derechos constitucionales y
normas del debido proceso en el curso de la decisión impugnada.
2.3.3 CASACIÓN
El recurso de casación desde la óptica doctrinaria penal y en especial desde la
práctica del órgano jurisdiccional, tiene por finalidad reparar los errores de derecho
en que pudo haber incurrido el tribunal de segunda instancia en la emisión de sus
fallos por una parte y, por otra, contribuir a la unificación normativa a fin de asegurar
la correcta aplicación de la ley; es decir, dentro de este recurso se analiza el
derecho (norma jurídica) y no los hechos que es el error en el que incurren dichos
jueces.(Pratt, 2015)
28
En el derogado Código de Procedimiento Penal en su Art. 345 disponía que el
recurso de casación se fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria,
siguiendo el procedimiento previsto en lo que fuere aplicable. En las audiencias de
los procesos de casación que tengan por objeto la impugnación de sentencias
expedidas en procesos de acción penal pública, se contará con la intervención del
Fiscal General del Estado, o su Representante o Delegado, debidamente
acreditados.(Congreso Nacional, 2000)
Actualmente el Código Orgánico Integral Penal(COIP), en su artículo 657,
establece el trámite del recurso de casación estableciendo que podrá interponerse
por parte de los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:1. Dentro
de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia. La o el
juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia, en el plazo máximo de
tres días hábiles, una vez ejecutoriada la providencia que lo conceda.
El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días convocará a
audiencia. De rechazar el recurso, ordenará su devolución a la o al juzgador de
origen.De estas decisiones, no hay recurso alguno. El recurso se sustanciará y se
resolverá en una audiencia que se efectuará dentro del plazo de cinco días
contados desde la convocatoria. El recurrente deberá fundamentar su pretensión y
los otros sujetos procesales se pronunciarán sobre la misma. El recurso interpuesto
por la o el fiscal, lo fundamentará en audiencia la o el Fiscal General del Estado o su
delegada o delegado.
Si se estima procedente el recurso, se pronunciará sentencia enmendando la
violación a la ley. De estimar improcedente, se declarará así en sentencia. Si se
29
observa de oficio se la admitirá. La sentencia se notifica dentro de los tres días de
finalizada la audiencia devolviéndose el proceso a la o al juzgador o tribunal
respectivo para la ejecución de la sentencia.(Sentis, 2013)
Al respecto la Corte Nacional de Justicia, ha definido a la casación como un
recurso extraordinario por medio del cual se pone en inicia un juicio técnico, limitado
y de derecho, sobre sentencias que no han adquirido el carácter de firmes y
ejecutoriadas, con la finalidad de hacer efectivo a los sujetos procesales el derecho
sustantivo y las garantías del debido proceso reparando los errores ocasionados por
las determinaciones de la sentencia impugnada. De allí que se dice que este
recurso se trata de un juicio de plena legalidad.
Por lo tanto se concluye que este recurso técnico y limitado, permite enmendar
errores de derecho cometidos en sentencias que por violentar la ley, vulneren
gravemente los derechos de las personas procesadas o que afecten a los intereses
de la sociedad, por contravención expresa al texto legal, por haber hecho una
indebida aplicación de la ley, o por haberla interpretado erróneamente, conforme
dispone el Art. 656 inciso primero del COIP.
2.3.4 DELITO DE VIOLACIÓN
Según la doctrina penal, la violación es un delito que se comete en contra de la
libertad sexual. El bien jurídico que protegía anteriormente el artículo 512 del Código
Penal derogado y ahora el artículo 171 del COIP es indudablemente la libertad
sexual. Cuando una determinada persona actúa a la fuerza con violencia o engaño
en el acto sexual para satisfacer sus instintos libidinosos se convierte de hecho en
30
sujeto activo del delito de violación, por lo que se sostiene que el delito de violación
consiste en el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, mediante el empleo de
la fuerza, la violencia o el engaño. (Congreso Nacional, 2000)
2.3.5 DELITO DE ATENTADO AL PUDOR
Tratadistas como Guzmán Lara manifiestan que el pudor es la honestidad y el
recato, que es lo que precisamente se vulnera en este delito. El derogado Código
Penal sostenía que el atentado contra el pudor se cometía cuando una persona
menor de dieciocho años o con discapacidad era sometida por otra para obligarla a
realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. Ahora, el COIP
también lo describe, pero bajo la figura de abuso sexual en la cual una persona
ejecuta en contra de otra un acto de naturaleza sexual sin que exista la penetración
o el acceso carnal.
Es difícil probar esta clase de delios porque en la mayoría de los casos
quienes los cometen no dejan huellas de la materialidad de la infracción, peor de la
responsabilidad, ya que como se sabe, en esta clase de infracciones que atentan
contra la intimidad y libertad sexual no se cometen frente a testigos, por lo que, de
acuerdo a la doctrina y jurisprudencia toca recurrir a la víctima para que en torno a
su testimonio se clarifique el hecho y se determine la responsabilidad del
procesado.(Cano, 2012)
Corresponde entonces acudir a la práctica de la pericia psicológica,
dependiendo del perito que la realiza, con la finalidad de determinar el grado de
31
afectación en la persona agraviada. De ahí que, para que se configure este delito
debe haber dolo que no es otra cosa que esa intención positiva de causar daño a la
víctima.(Sentis, 2013)
2.4.- MARCO LEGAL
2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 2008
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Los ecuatorianos gozarán de la atención prioritaria y los menores es de edad, las
personas que sufren discapacidad física, los seres humanos que están en los
centros penitenciarios, las personas de la tercera edad.
Niñas, niños y adolescentes
Como son vulnerables en su desarrollo, crecimiento, formación, educación, recreo,
por ser de tan corta edad sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
DERECHOS DE PROTECCIÓN
Art. 76.- numeral 1
En el Ecuador, cada uno de sus integrantes que viven en barrios, ciudades,
provincias, tendrán la ayuda estatal.
(Asamblea Nacional, 2009)
32
Art. 94.- ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
En los tiempos antiguos, los reyes, monarcas, soberanos, siempre atentaban con la
vida, la libertad de las personas mas humildes, sencillas, de escasos recursos
económicos que por ser autoridades menospreciaban y asesinaban a cuantas
personas se le ponían en el camino. En la constitución de Montecristi, mediante el
recurso constitucional se defiende la vida de las personas de nuestro país.
Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a
los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y
servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de
justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de
administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio
que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o
quebrantamiento de la ley.
RECURSO DE CASACION
Código de Procedimiento Penal derogado
Art. 349.- Causales.- El recurso de casación será procedente para ante los
judiciales nacionales de nuestro territorio ecuatoriano por su errónea interpretación.
No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba.
33
Art. 352.- El recurso se fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria,
siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 de este Código, en lo que fuere
aplicable.
En las audiencias de los procesos de casación que tengan por objeto la
impugnación de sentencias expedidas en procesos de acción penal pública, se
contará con la intervención del Fiscal General del Estado, o su Representante o
Delegado, debidamente acreditados. (Congreso Nacional, 2000)
2.4.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
RECURSO DE CASACIÓN
Artículo 656.- Procedencia.- El recurso de casación es de competencia de la Corte
Nacional de Justicia y procederá contra las sentencias, cuando desconocen los
articulados vigentes aprobados por nuestros jueces.
No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos
del caso concreto, ni de nueva valoración de la prueba.
Artículo 657.- Trámite.- El recurso de casación podrá interponerse por los sujetos
procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la
sentencia. La o el juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia, en el
plazo máximo de tres días hábiles, una vez ejecutoriada la providencia que la
conceda.
34
2. El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días convocará a
audiencia. De rechazar el recurso, ordenará su devolución a la o al juzgador de
origen. De estas decisiones, no hay recurso alguno.
3. El recurso se sustanciará y resolverá en audiencia que se realizará dentro del
plazo de cinco días contados desde la convocatoria.
El recurrente deberá fundamentar su pretensión y los otros sujetos procesales se
pronunciarán sobre la misma.
4. El recurso interpuesto por la o el fiscal, lo fundamentará en audiencia la o el
Fiscal General del Estado o su delegada o delegado.
5. Si se estima procedente el recurso, se pronunciará sentencia enmendando la
violación a la ley. De estimar improcedente, se declarará así en sentencia.
6. Si se observa sea equivocada, de oficio se la admitirá.
7. La sentencia se notifica dentro de los tres días de finalizada la audiencia.
8. El proceso se devolverá a la o al juzgador o tribunal respectivo para la ejecución
de la sentencia.
35
ATENTADO CONTRA EL PUDOR
Código Penal derogado
Art. 505.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años,
quien someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad,
para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal.
VIOLACIÓN
Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro
viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los
objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier
sexo, en los siguientes casos:
1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;
2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o
cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,
3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.
ABUSO SEXUAL
Código Orgánico Integral Penal
Artículo 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra,
ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de
naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal.
36
Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando
la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por
cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la
infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una
enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco
a siete años.
Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de
siete a diez años.
VIOLACIÓN
Artículo 171.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del
miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de
objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.
Quien la comete será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a
veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:(Asamblea Nacional, 2014)
1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por
enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.
2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.
3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.
Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:
37
1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño
psicológico permanente.
2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o
mortal.
3. La víctima es menor de diez años.
4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o
cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima,
ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona
que tenga el deber de custodia sobre la víctima.
5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.
6. Cuando la víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier
motivo.
En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.(Asamblea Nacional, 2014)
38
CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1.- MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad de investigación tal como indica (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2014) es de modalidad documental porque se basa en las fuentes
secundarias de información y cualitativa porque se constituye en un análisis de
documentos históricos como es la sentencia objeto del estudio.
3.2.- TIPO DE LA INVESTIGACIÓN
De igual forma Hernández y Cols (2014) indica que la investigación puede ser
por el período de tiempo transversal o longitudinal; por lo que se este informe trata
sobre una investigación transversal porque remite a un solo momento histórico en el
derecho, como la fecha de sentencia de la Corte Constitucional.
Asimismo, es de acuerdo a la profundidad, puede ser exploratoria,
descriptiva, explicativa o analítica; por lo que se puede decir que es una
investigación de tipo descriptiva que incluye el tipo de investigación analítica, siendo
mixta: descriptiva-analítica.
3.3.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un análisis documental, inicialmente se recopiló información
bibliográfica sobre las garantías jurisdiccionales, en tal sentido, se empleó el
procedimiento de investigación documental y el análisis a través del método
inductivo-deductivo.
39
3.4.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo del presente estudio de
caso para la obtención de datos y criterios de carácter profesional, son los
siguientes:
Entrevista: Se elaboró un pliego de tres preguntas de tipo cualitativo,
abiertas, con la finalidad de recabar información sobre determinados
aspectos relacionados con las opiniones sobre el rol que cumplen los jueces
de la Corte Nacional de Justicia, y en el respeto al derecho a la seguridad
jurídica en emisión de sentencias y resoluciones en la ciudad de Guayaquil.
La entrevista estuvo dirigida a profesionales del derecho en el libre ejercicio y
de la docencia, donde cada uno de ellos en base a sus experiencias personales y
conocimientos en materia constitucional, podían aportar con comentarios respecto
de las sentencias que dictan los jueces constitucionales y si en estos fallos se
respeta o no el derecho a la seguridad jurídica.
3.5.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.5.1.- MÉTODOS TEÓRICOS
Durante este trabajo de estudio de caso, se utilizó los siguientes métodos:
Cualitativo.-Es de carácter cualitativo, ya que pretende alcanzar la
comprensión de un fenómeno social, consistente en la inserción de un
mecanismo garantista en el Ecuador, el cual es la acción extraordinaria de
protección, con descubrimientos de procesos y enfoques contextualizados.
40
Inductivo – deductivo.- Se profundizó en el análisis de un caso resuelto por
la Corte Constitucional que decide declarar la vulneración del derecho a la
seguridad jurídica en una sentencia, que declara la inocencia de un
adolescente procesado por el delito de atentado al pudor en la persona de
una niña de seis años de edad. Esto evidencia una perspectiva general que
nos permite llegar hasta las particularidades de la problemática jurídica.
Científico – Histórico.- Permitió describir el problema de manera científica a
través del tiempo con base en la argumentación jurídica, principalmente lo
decidido por la Corte Constitucional que es la parte medular en el presente
trabajo de estudio de caso. Así también, se analizó lo que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos establece respecto al derecho a la
seguridad jurídica y el aseguramiento de la adecuada defensa de aquellos
cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial.
Legal.-Permitió describir el problema a través del análisis de las normas
constitucionales y legales que se infringieron en el caso concreto. Igualmente,
lo concerniente a la acción extraordinaria de protección; al recurso de
casación; al cometimiento del delito de atentado al pudor; y de forma
especial, a la vulneración del derecho a la seguridad jurídica por parte de los
jueces casacionales que infringieron la línea jurisprudencial emanada por la
Corte Constitucional.
3.6.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
Se realizó una entrevista a dos profesionales del derecho especialistas en
derecho constitucionales quienes dieron su opinión sobre el tema objeto de
41
investigación con una entrevista que se constituyó en tres preguntas abiertas, a las
cuales los abogados pudieron explicar los aspectos de la violación a la seguridad
jurídica en cuanto a las sentencias que emiten los servidores judiciales,
especialmente los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El instrumento contenía
las siguientes preguntas:
3.6.1.-ENTREVISTA
Buenos días, esta entrevista tiene carácter confidencial y es con fines investigativos
dentro del trabajo de grado denominado: ANÁLISIS A LA RESOLUCIÓN DE LA
SALA ESPECIALIZADA DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. Agradezco su amable atención y la
claridad al responder las siguientes preguntas:
1.- ¿Estima Usted, que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia? Explique.
2.- ¿Cree Usted que los operadores de justicia, especialmente los jueces y juezas
en general, cumplen con la línea jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional
en la emisión de sus fallos? Justifique
3.- ¿Se respeta el derecho a la seguridad jurídica? ¿Cómo pudiera garantizarse?
42
3.6.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
Experto 1: Abogado en Ejercicio Libre
1.- ¿Estima Usted, que existe justicia en el Ecuador?
No, porque no se cumple con los parámetros de respeto a los derechos y
garantías constitucionales, la Constitución es clara al manifestarlo en el Artículo 1,
que para que un Estado sea constitucional no solamente los derechos deben ser
respetados por los ciudadanos, sino de manera obligatoria por quienes imparten
justicia; y esto, no se da en la práctica. Ya que la mayoría de los jueces en casi
todas sus sentencias o resoluciones violan el derecho al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, y a la seguridad jurídica.
2.- ¿Cree Usted que los operadores de justicia, especialmente los jueces y
juezas en general, cumplen con la línea jurisprudencial emitida por la Corte
Constitucional en la emisión de sus fallos? Justifique
Efectivamente no, porque la línea que ha trazado la Corte Constitucional en
los últimos años es la primacía de la Constitución sobre todas las leyes, lo que no
ha sido respetado e incluso se ha obviado al momento de dictar sentencias;
inclusive, en los recursos de casación, cuando la ley le prohíbe expresamente a los
jueces hacer estudios analíticos de la prueba, en muchos casos lo hacen, omitiendo
el deber jurídico, ético y legal de aplicar el derecho por sobre los hechos.
3.- ¿Se respeta el derecho a la seguridad jurídica? ¿Cómo pudiera
garantizarse?
En algunos casos si, en otros no. Al respecto la Constitución refiriéndose a la
seguridad jurídica manifiesta que se fundamenta en el respeto a la Carta
43
Fundamental, y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes, lo cual no lo hacen los jueces, más bien incumplen
este mandato supremo, al efectuar, interpretaciones extensivas y antojadizas de las
normas legales y constitucionales en la emisión de sus fallos. Se puede garantizar a
través del control de la función judicial permanente y por personas con probidad.
Experto 2: Docente en el área de Derecho Constitucional
1.- ¿Estima Usted, que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia? Explique.
La retórica jurídica declarada por la Constitución indica que efectivamente el
Ecuador sí es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, sin embargo,
es difícil medir que tanto se acerca la realidad a dicha declaración que obliga a todo
el aparato estatal a darle la importancia que tiene la función judicial, en aras de
lograr una armonía social. Efectivamente lo es, sin embargo, el logro no ha podido
ser medido, por lo tanto, muchas personas pudieran no palparlo y negarlo
categóricamente.
2.- ¿Cree Usted que los operadores de justicia, especialmente los jueces y
juezas en general, cumplen con la línea jurisprudencial emitida por la Corte
Constitucional en la emisión de sus fallos? Justifique
Los operadores tienen el deber de cumplirlo, no puedo estimar que tanto
puede estar ocurriendo, pero es poco, ya que no se tiene una idea clara sobre la
jurisprudencia que ha sido resultado de la labor de la Corte Constitucional, que con
todas las limitaciones propias, está cumpliendo su trabajo. A mi entender, es
necesario que los jueces se ajusten a la línea y revisen sus resoluciones y
44
sentencias antes de violar el debido proceso así como la seguridad jurídica de los
ciudadanos.
3.- ¿Se respeta el derecho a la seguridad jurídica? ¿Cómo pudiera
garantizarse?
Del mismo modo, es necesario respetarlo, aunque no ocurre en el cien por
ciento de los casos, se puede garantizar a través de leyes que puedan sancionar
debidamente a quienes no se percaten del atropello de la norma, por errores o por
ignorancia, así como por omisión voluntaria de los procedimientos adecuados. Es
necesario una forma de sancionar el resultado inadecuado, cosa que aún no se ha
concretado en nuestro país.
CUADRO COMPARATIVO DE ESTADIO DE CASO
ORIGEN NORMATIVO ANÁLISIS PRIMERA INSTANCIA: Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga Proceso No. 2012-0498 – CP Juez: Dr. Juan Alfredo Jaramillo Ponce
Código Penal, Art. … -504.1-.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005) “Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, quién someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal” Art. 370, numeral 3, literal c) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y Art. 68 ibídem
Agotado el procedimiento previsto por la ley el Juez a-quo mediante Sentencia de fecha 14 de agosto de 2012, las 09h16 (fs. 89 a 92 del proceso), declara al adolescente Kléver Neptalí Tulmo Tipán autor responsable del delito de atentado contra el pudor por realizar actos de naturaleza sexuales sin que exista acceso carnal contra la niña Mariana Mishel Tulmo Negrete imponiéndole la medida socioeducativa de internamiento de ocho meses, que debe cumplir en el Centro de Internamiento de Adolescentes Infractores de Ambato.
SEGUNDA INSTANCIA - APELACIÓN Sala Especializada de lo Civil, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi Expediente No. 2012-0448 Jueces Provinciales: Dr. Rafael Amador Herrera Bastidas; Dr. Carlos Hugo Páez Moscoso; y, Dr. Patricio Santacruz Moya
Constitución de la República del Ecuador Arts. 35, 44 y 45 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Arts. 1, 11, 14, 68, 370.3, letra c Código Penal derogado Art. 540.1
La Sala Especializada de lo Civil, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi estableció haberse comprobado conforme a derecho la existencia de la infracción del delito de atentado contra el pudor a la menor Mariana Mishel Tulmo Negrete, así como la responsabilidad del adolescente infractor Kléver Neptalí Tulmo Tipán, en consecuencia CONFIRMA la resolución condenatoria dictada por el señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Latacunga
45
TERCERA INSTANCIA - CASACIÓN Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia Proceso No. 2012-065 Jueces Nacionales: Dr. Vicente Robalino Villafuerte (PONENTE); Dra. María Rosa Merchán Larrea; y, Dra. Mariana Yumbai Yallico
Constitución de la República del Ecuador Art. 76, numeral 3 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Arts. 78, 80, 255, 366 Código Procedimiento Penal derogado Arts. 349 y 352 Código Orgánico Integral Penal Art. 657
La Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, niega el recurso de casación planteado por el padre y representante legal del adolescente procesado, pero de oficio casa la sentencia declarando que se ha violado la ley al aplicar una figura penal sin hechos que lleva a la falta de aplicación de la ley, ratificando el estado de inocencia del adolescente infractor respecto de la calificación jurídica que se le atribuye en este caso
46
CAPÍTULO IV
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.- CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA
La propuesta de este trabajo, tiene como propósito la creación de un ente u
organismo especial de la Función Judicial que tienda a revisar y controlar
constantemente si las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador
respetan o no el derecho a la seguridad jurídica en la emisión de sus resoluciones.
La ciudadanía en general desconoce si realmente el Consejo de la Judicatura como
ente de control revisa y evalúa o no a los operadores de justicia respecto de los
fallos que dictan y en donde se encuentran inmersos niños, niñas y adolescentes
por casos de delitos sexuales.
Es importante como se ha dicho, crear una cultura constitucional de respeto al
derecho a la seguridad jurídica y a todos los demás principios constitucionales por
parte de todos los servidores judiciales, con la finalidad de que la sociedad
ecuatoriana recupere la confianza y credibilidad en la administración de justicia. A
su vez, corresponde al Estado utilizar los medios posibles y oportunos para que se
evalúe constantemente a los operadores de justicia, y de encontrar
responsabilidades que se tomen los correctivos y se sancionen a los responsables
de estos fallos que irrespetan y vulneran los derechos que reconoce la constitución.
47
De esta manera se podrá disminuir al menos los altos porcentajes de
sentencias o resoluciones dictadas por los jueces de la Corte Nacional de Justicia
que en la mayoría de los casos que resuelven transgreden derechos y garantías que
tutela y protege la constitución, pasando por alto inclusive la línea jurisprudencial
emanada por la Corte Constitucional.
Este trabajo de investigación es de mucho interés ya que el caso analizado es
precisamente la acción de protección presentada por la señora Mélida Olga Negrete
Sacatoro madre y representante legal de la niña afectada en contra de la sentencia
emitida por la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional
de Justicia que resolvió ratificar el estado de inocencia del adolescente procesado.
Esta decisión causó agravio a la parte afectada por lo que la Corte Constitucional
decidió declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
El Art. 8 de la Convención al referirse a las garantías judiciales ha establecido
que para que en un proceso existan realmente dichas garantías es preciso que se
observen y se respeten todos los requisitos que sirvan para tutelar, proteger y
asegurar la titularidad o el ejercicio de los derechos, es decir, que las condiciones
que recoge esta normativa convencional está destinada a asegurar la adecuada
defensa de aquellas personas cuyos derechos u obligaciones se encuentren bajo la
consideración judicial.(Pacto de San José de Costa Rica, 1969)
48
CONCLUSIONES
Se logró identificar que la sentencia emitida el 09 de enero de 2013, por la
Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia
vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica establecido en el Art. 82
de la Constitución de la República del Ecuador.
Se pudo realizar un estudio de las normativas convencionales,
constitucionales y legales relacionadas con la acción extraordinaria de
protección presentada por la señora Mélida Olga Negrete Sacatoro en contra de
la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de
Justicia.
Seefectuó de la misma forma, un estudio analítico de la fundamentación
legal del Recurso de Casación; de la acción extraordinaria de protección; del
derecho a la seguridad jurídica; del delito de atentado al pudor; de los roles que
deben cumplir los jueces de la Corte Nacional de Justicia al dictar un fallo; y, de
la línea jurisprudencial emanada por la Corte Constitucional.
Se elaboró una propuesta respecto a la creación de un ente u organismo
especial de la Función Judicial que tienda a vigilar, revisar y controlar
constantemente si las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia del
Ecuador respetan o no el derecho a la seguridad jurídica en la emisión de sus
resoluciones.
En nuestro país, la transgresión del derecho a la seguridad jurídica por
parte de los operadores de justicia en casos de delitos sexuales cometidos en
contra de niños, niñas y adolescentes, ha evidenciado el total rechazo de la
49
ciudadanía en general que no confía ni cree en la administración de justicia.
Así se corroboró cuando vemos que la sentencia emitida el 09 de enero de
2013, por la Sala Especializada de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional
de Justicia vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica establecido
en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador al efectuar una
nueva valoración probatoria en base a los elementos descritos por las partes en
la audiencia de casación, para posteriormente declarar inocente al adolescente
procesado que cometió el delito de atentado contra el pudor en la persona de la
niña afectada.
El endurecimiento de las sanciones a los operadores de justicia que
vulneran el derecho a la seguridad jurídica y otros derechos y garantías
constitucionales en la emisión de sus fallos, por lo que se hace urgente y
necesario que se cree una cultura constitucional de respeto a estos derechos por
parte de las juezas y jueces que administran justicia en casos en donde se
encuentran inmersos niños, niñas y adolescentes por delitos sexuales.
Considerando que la Constitución de la República, diseña al Ecuador como
un Estado constitucional de derechos y justicia social, no se ha podido
solucionar este problema con ciertos operadores de justicia que trasgreden y
violan el derecho a la seguridad jurídica en la emisión de sus fallos, lo que
determina la necesidad de contar con jueces especializados en materia
constitucional, que sean más capaces, más honestos, y por ende que gocen de
una trayectoria social y profesional incólume, incorruptible y transparente.
En definitiva se puede concluir que la seguridad jurídica es un derecho
50
plenamente justiciable que se rige principalmente por los principios que
establece la propia constitución de la república en su artículo 11. Este derecho
puede ser reclamado y exigido por cualquier ciudadano que estime se le ha
vulnerado este derecho como consecuencia de una sentencia o resolución
emanada por cualquier órgano jurisdiccional o administrativo. Como se ha dicho,
la finalidad radica plenamente en alcanzar u obtener de forma inmediata la
protección efectiva de la justicia constitucional para el ejercicio pleno de sus
derechos e intereses.
51
RECOMENDACIONES
Es necesario contar con una cultura constitucional de respeto a todos los
derechos y garantías que reconoce y tutela la Constitución de la República,
especialmente, el respeto por el derecho a la seguridad jurídica, que efectivamente
es un derecho elevado al nivel subjetivo que sugiere el reconocimiento y
aplicabilidad tanto en los cuerpos normativos existentes como en el cumplimiento
directo por parte de la Función Judicial. Esta cultura debe tener en cuenta que el
sistema procesal en el Ecuador es un medio para la realización de la justicia.
Tomando en cuenta la propuesta y la conclusión expresadas anteriormente,
las recomendaciones son las siguientes:
Mejorar la selección de juezas y jueces en los concursos de méritos y
oposición, a fin de que la selección de aquellos recaiga sobre los profesionales del
derecho más honestos y capacitados para ocupar los cargos de jueces de la Corte
Nacional de Justicia.
Garantizar la independencia de la Función Judicial en relación a los demás
poderes del Estado.
Mejorar la capacitación permanente en cuanto a la ética profesional y calidad
intelectual de los operadores de justicia, especialmente, de las juezas y jueces de
la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
Sentar precedentes administrativos en cuanto al respeto y aplicación del
derecho a la seguridad jurídica por parte de los jueces en la emisión de sus fallos,
52
dejando bien en claro que, de no cumplir con esta garantía, serán destituidos de
forma inmediata.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Albán, E. (2016). Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Quito: Ediciones Legales.
Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador.
Montecristi: Asamblea Constituyente del Ecuador.
Asamblea Nacional. (2009). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito: Registro
Oficial.
Asamblea Nacional. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Quito: Registro Oficial.
Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Registro oficial.
Bances, A. (2008). El Sentido de la Comunicación.
Cabanellas, G. (2012). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Eliasta.
Cano, C. (2012). Oralidad, debate y argumentación. México: Editorial Ángel.
Castella, J. (2016). Derecho Constitucional Básico. Madrid: Huygens.
Congreso Nacional. (2000). Código de Procedimiento Penal. Quito: Registro Oficial.
Congreso Nacional. (2002). Código de la Niñez y Adolescencia. Quito: Registro
Oficial.
Fontanet, J. (2012). Principios y Técnicas de la Práctica Forense. San Juan: Jurídica
Editores.
González, J. (2014). La aplicación de la Acción Extraordinaria de Protección en el
Ecuador. Quito: Universidad Central del Ecuador.
Hernández, Fernández, & Baptista. (2014). Metodología de la Investigación. México:
Mc Graw Hill.
Meneses, J., & Rodríguez, D. (2011). El Cuestionario y La Entrevista. Cataluña,
España: Universitat Oberta de Catalunya.
Muñoz, M. (2011). Argumentación Jurídica y Principios Constitucionales. Su
incidencia en el derecho privado. Alicante: Universidad de Alicante.
Oyarte, R. (2016). Derecho Constitucional. Quito: Corporación de Estudios y
Publicaciones.
Oyarte, R. (2017). Acción Extraordinaria de Protección. Quito: Corporación de
Estudios y Publicaciones.
53
Pacto de San José de Costa Rica. (1969). Convención Americana de Derechos
Humanos. San José de Costa Rica.
Pérez, D. (2016). Los Derechos Humanos a través de la Historia. Madrid: Triangulo.
Pintado, L. (2014). Procedimiento de la Acción Extraordinaria de Protección en
casos de Violación al Debido Proceso. Quito: Universidad Central del
Ecuador.
Pratt, C. (2015). Manual Práctico del Recurso de Casación Penal. Tirant lo Blanch.
Rosillo, V. (17 de 02 de 2017). Principio de Motivación en el Código Orgánico
Integral Penal. Obtenido de poderdelderecho.com:
http://poderdelderecho.com/principio-de-motivacion-en-el-codigo-organico-
integral-penal/
Ruiz, D. (2016). La Acción Extraordinaria de Protección en el Ámbito de la Vigencia
de la Constitución del 2008. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
Sentencia NO. 205-16-SEP-CC, 0672-13 (Corte Constitucional del Ecuador 01 de
Septiembre de 2016).
Sentis, S. (2013). Que es la Prueba. Naturaleza de la Prueba. Revista de Derecho
Procesal Iberoamericano, 128-149.
Tapia, G. (2015). Ejecución de las Sentencias Judiciales. Cuenca, Ecuador:
Universidad de Cuenca.
54
ANEXOS
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
58
