Embed Size (px)
Citation preview
1
La parapolítica revisada:
Coaliciones de clase, armas y negocios en la provincia colombiana
(2002 – 2006)
Juan David Velasco Montoya
Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Maestría en Estudios Políticos
Bogotá
2014
2
La parapolítica revisada:
Coaliciones de clase, armas y negocios en la provincia colombiana
(2002 – 2006)
Juan David Velasco Montoya
Trabajo de tesis para optar por el título de Magíster en Estudios
Políticos
Director: Francisco Gutiérrez Sanín
Profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI)
Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Maestría en Estudios Políticos
Bogotá
2014
3
Resumen
Este trabajo explica por qué algunos congresistas de la Costa Atlántica
colombiana se aliaron con los grupos paramilitares, mientras que otros por el
contrario se opusieron a sus aspiraciones de poder político. La idea principal del
texto es que los congresistas de clase social aristocrática, debido a su alto nivel
educativo y a sus vínculos de parentesco con ex presidentes y ex ministros,
pudieron enfrentarse a los jefes paramilitares porque contaban con redes de
protección a nivel del Estado central que les permitía blindarse en caso de
perder elecciones. En cambio, los congresistas de clase alta o media rural
(gamonales) y los profesionales del voto (políticos que viven de las rentas del
Estado), fueron subordinados y cooptados por los jefes paramilitares ya que
dependían de ellos para iniciar, continuar o impulsar su carrera política. De esa
manera, el texto ofrece una reinterpretación de la parapolítica a partir del
concepto de “clase social”.
Palabras clave: Aristocracia, clase social, parapolítica, profesionales del voto,
proximidad al centro político y administrativo del Estado, gamonales,
variedades de capital
Abstract
This paper explains why some congressmen from Colombia’s Atlantic Coast
allied themselves with paramilitary groups, while others fought their attempts
to seize political power. The main idea of this text is that congressmen from
aristocratic backgrounds, whether because of family ties to former presidents
and ministers and high levels of education, were able to actively resist the
“paramilitary reinvogoration of the motherland” because their extensive
networks and ties to the central state prevented them from losing elections. In
turn, congressmen from the rural middle and upper classes (gamonales) and
4
professional politicians (those who live off public revenue streams) were
coopted and subordinated by paramilitary commanders, and were soon
dependent upon paramilitaries to initiate, maintain or boost their political
careers.
Key words: Aristocracy, social class, parapolitics, professional politicians,
gamonales, capital varieties.
5
Contenidos
Temas Páginas
Resumen 1-3
Agradecimientos 8-9
Introducción 10-15
Capítulo I
La parapolítica en Colombia: el origen de un debate
Académico y jurídico 16
1.1 Los autores de la democracia cooptada y reconfigurada
Por los paramilitares 17
1.2 Los autores de la “democracia asfixiada por la violencia” 20
1.3 Los “intermedios” 21
1.4 Críticas a las posiciones teóricas sobre la parapolítica 23
1.5 Consideraciones finales: más allá de las visiones convencionales
Sobre la parapolítica 30
Capítulo II
El poder político en la provincia colombiana:
Coaliciones de clase entre notables, profesionales del voto,
Gamonales y paramilitares 34
1. Hilos de sangre y negocios: perfil de la aristocracia o
El notablato colombiano 34
2. Tierra y votos: La profesionalización de la política y
El auge del gamonalismo colombiano 40
3. Marco conceptual 44
4. Un marco teórico sobre la parapolítica: coaliciones de clase,
Variedades de capital y conexiones con “el centro” 46
6
Capitulo III
La parapolítica revisada: un estudio de caso comparado en
Magdalena y Atlántico 56
1. Diseño metodológico 56
2. La parapolítica revisada en Magdalena 84
3. La parapolítica revisada en Atlántico: La resistencia del
notablato barranquillero a Jorge 40 100
Capítulo IV
Conclusiones 111
Referencias Bibliográficas 114
7
Lista de tablas
Tablas Página
Tabla 1. Variedades de capital 47
Tabla 2. Mecanismos que explican las relaciones de oposición/competencia
entre los congresistas y los jefes paramilitares 52
Tabla 3. Mecanismos que explican las alianzas de los congresistas
con los jefes paramilitares 54
Tabla 4. Clase social y variedades de capital adquiridos por congresistas de la
Costa Atlántica condenados y no condenados por parapolítica 59
Tabla 5. Lógica de escogencia de casos 81
Tabla 6. Tipología de relaciones entre congresistas y jefes paramilitares 83
Tabla 7. Acuerdos suscritos entre sectores políticos de
Magdalena y Jorge 40 88
Tabla 8. Curules asignadas a la Cámara de Representantes en Magdalena,
período legislativo 2002 – 2006 93
Tabla 9. Perfil social y económico de los congresistas que compitieron
con el proyecto de gobernanza paramilitar llamado
“Movimiento Provincia Unida” 95
Tabla 10. Operación del mecanismo de acumulación de capitales
en los casos de Vives Pérez, Escobar Araújo y Díaz Granados 96
Tabla 11. Operación de mecanismos de “alineación de intereses de clase
“agraria” y “adaptación” 98
Tabla 12. Congresistas de la Costa Atlántica elegidos en el 2002 que fueron
condenados por parapolítica 101
Tabla 13. Congresistas de la Costa Atlántica elegidos en el 2006 que fueron
condenados por parapolítica 102
8
Agradecimientos
En versiones previas de este texto, he recibido de amigos y profesores varios
comentarios constructivos que ayudaron a mejorar la estructura argumentativa
que aquí se presenta. A los profesores Gustavo Duncan, Jenny Pearce, Juan
Gabriel Gómez, Hernán Pedraza y Mario Aguilera, les agradezco infinitamente
por sus múltiples contribuciones.
A mis amigos del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de
Propiedad Agraria, Fabián Acuña, Jennifer Vargas, Alejandro Cortés, Gina Galvis
y Liza Starr, les agradezco por los comentarios generosos recibidos durante una
exposición que hice sobre los resultados preliminares de esta investigación.
A la senadora Claudia López y al profesor Alberto Cienfuegos, les agradezco
porque a pesar de sus múltiples ocupaciones laborales, sacaron tiempo para
conversar conmigo sobre los hallazgos de la tesis, sus limitaciones y
especificidades.
Quisiera agradecerle de manera especial, a mi director de tesis, el profesor
Francisco Gutiérrez Sanín, por la paciencia que me ha tenido y por aplicar un
estilo pedagógico –poco convencional- que despertó mi curiosidad investigativa,
y me ayudó a romper con ciertos mitos de la academia colombiana.
Igualmente quisiera expresarle mi sentimiento de gratitud a los profesores
Andrés Dávila, Mauricio Romero y María Teresa Pinto, quiénes contribuyeron
con su rigurosidad académica a robustecer el argumento planteado en esta
tesis.
9
A mis buenos amigos y colegas, Gladys Martínez, Hugo Pineda, Alex Silva y
Evan Pheiffer, les agradezco por su invaluable ayuda. Al magistrado Eduardo
Castellanos Roso, le debo mucho por su generosidad a la hora de transmitirme
su extenso conocimiento sobre el fenómeno paramilitar en Colombia.
Por último, quisiera agradecerle a las personas más trascendentales en mi
historia de vida, pues gracias a ellos, me sentí protegido y entusiasmado
cuando los obstáculos para acceder a cierta información, paralizaron el avance
en este proceso investigativo. A María Nelly Montoya, Édgar Velasco (padre e
hijo) y Laura María Velasco, les dedico esta tesis.
10
Introducción
No se trataba de una exageración cuando Salvatore Mancuso1 afirmó que para
el período legislativo 2002 – 2006, los paramilitares habían ayudado a elegir al
treinta y cinco por ciento del Congreso. Efectivamente, al cabo de unos años, la
Corte Suprema de Justicia condenó a 46 (ex) congresistas por el delito de
concierto para delinquir agravado2, y abrió investigación preliminar contra 125
parlamentarios por establecer vínculos con grupos al margen de la ley3.
Para esa época, me encontraba realizando la pasantía en la Corporación Nuevo
Arco Iris, donde el equipo dirigido por la senadora Claudia López, ya estaba
trabajando en la segunda edición del libro sobre parapolítica4. En esta nueva
versión, diferentes académicos interpretaron la infiltración masiva del
paramilitarismo en las instituciones públicas, bajo el modelo teórico de la
“reconfiguración cooptada del Estado” (López et al, 2010a; Garay et all, 2008 y
2010).
Este modelo sostenía que las relaciones entre los jefes paramilitares y los
políticos estaban orientadas por la codicia y los intercambios estratégicos. Así,
se negociaban votos por legislación favorable a los intereses mafiosos de
impunidad y protección, y se feriaban puestos y contratos públicos a cambio de
dinero para financiar campañas.
En esta mirada, los paramilitares lograron cambiar el mapa político del país al
alterar las lógicas de competencia bipartidista. En este modelo, algunos
1 Comandante del Bloque Córdoba y miembro del Estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante, AUC). 2 Según lo estipulado en el artículo 340 de la Ley 599 del 2000. 3 Oficio No. 8.665, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 27 de marzo de 2014 4 El primer libro sobre este tema se llamó: “Parapolítica. La ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos”. Fue publicado en el año 2007 por la editorial Intermedio.
11
políticos se valieron de los paramilitares para constituirse como una élite
emergente que fue capaz de disputar los espacios del poder nacional gracias al
liderazgo que ejercía un político de provincia como el ex presidente Álvaro
Uribe Vélez5.
Mi adhesión a este modelo teórico cambió cuando en una audiencia en el
Tribunal Superior de Bogotá, escuché al jefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes
Galindo, alias el Águila, decir que:
“Las autodefensas llegaron a mirar a los políticos como unos traidores, y los
políticos vieron a las autodefensas como un peligro”… y al referirse
concretamente a los políticos uribistas, exaltó que “el error de las autodefensas
fue haber negociado con el amigo, pues la paz verdadera se hace con el
enemigo.”6
Estas frases del Águila, reflejaron que más que un acuerdo estable para
“refundar la patria”, lo que existió de facto entre los jefes paramilitares y los
congresistas, fueron relaciones inestables y conflictivas, donde la desconfianza
y la percepción de traición entre las partes eran latentes.
Es allí cuando comienzo a buscar en expedientes judiciales, versiones libres de
los postulados paramilitares y noticias periodísticas, detalles sobre esta clase de
relaciones. Al hacerlo, descubrí que la parapolítica no fue uniforme en todo el
país.
5 En el capítulo llamado “La parapolítica en Colombia: el origen de un debate académico y jurídico”, se profundiza sobre esta y otras miradas sobre el fenómeno 6 Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá, audiencia de control formal y material de cargos contra Luis Eduardo Cifuentes Galindo, 18 de febrero (sesión tarde), minuto 1:09:00 a 1:12:23
12
Por ejemplo, a finales de 1997 en la hacienda “Las Canarias” de propiedad del
ex congresista sucreño Álvaro García Romero, se reunieron varios ganaderos
con Salvatore Mancuso para negociar la conformación de grupos paramilitares
en la región de los Montes de María. En este lugar, García Romero acordó
entregar a Mancuso la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) para
dotar al grupo de armamento y material de intendencia (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 32805, 23 de febrero de 2010, pp.
3 y 4).
Diferente fue lo sucedido en Córdoba, cuando el 23 de julio de 2001 el ex
congresista Juan Manuel López Cabrales firmó un acuerdo con los paramilitares
en Santa Fe de Ralito (Tierralta), en el que se comprometía “a refundar la
patria”. Después de haber firmado el documento, este congresista cordobés,
acudió a una finca donde se encontraba Salvatore Mancuso para solicitarle que
levantara la orden que le había impartido a sus subalternos de matarlo.
Finalmente, López Cabrales y Mancuso zanjaron sus diferencias, acordando la
entrega de cuotas burocráticas provenientes de la gobernación de Córdoba
para financiar el proyecto político de los paramilitares en este departamento
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 26942, pp. 6).
En contraste de lo ocurrido en Córdoba y Sucre, en pleno desarrollo de la
campaña electoral de 2002 (para elegir Senado y Cámara de Representantes),
el ex congresista José Alfredo Escobar Araújo (quién sería posteriormente el
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura), escribió un comunicado a la
opinión pública -con copia al Fiscal General de la Nación-, en el que decía:
“En el departamento de Magdalena existe una verdadera deformación de las
libertades públicas que pervierte el normal ejercicio democrático y la actividad
proselitista en la mayoría de municipios…el hecho público de encontrar
13
candidatos que ocultan su auténtica afiliación política para ser patrocinados por
grupos al margen de la ley, no permite el libre acceso del electorado a las
urnas”7
En estos tres casos, la relación de los congresistas con los jefes paramilitares
era diferente, como lo era la forma como éstos respondieron en sus regiones a
las pretensiones de dominación de los paramilitares. Mientras unos
contribuyeron orgánicamente con su creación, expansión y legitimación (p.e.
García Romero), otros fueron cooptados (p.e. López Cabrales) y otros tantos se
opusieron a su proyecto de “refundar la patria” (p.e. Escobar Araújo).
De esa manera, vale la pena preguntarse: ¿por qué unos congresistas
cooperaron con los paramilitares mientras que otros se opusieron al statu quo
que querían implantar?, igualmente, ¿qué hizo que algunos parlamentarios
pudieran ejercer resistencia a las aspiraciones de poder político de los
paramilitares sin correr el riesgo de perder la vida8?
En este trabajo se busca responder estos interrogantes a partir de la revisión
de la parapolítica en varios departamentos del país9. El argumento central es
que la clase social y la fortaleza o debilidad del vínculo que tenía el congresista
con “el centro político y administrativo del Estado”, explican el tipo de
interacción que tuvo éste con los paramilitares.
7 Escobar, José (25 de febrero de 2002), “Declaración Política. Por una conciencia política”, Bogotá: Cámara de Representantes. 8 Hubo muchísimos casos en los que los jefes paramilitares asesinaron a políticos que se rebelaron contra las órdenes impartidas (y no necesariamente, dichos políticos estaban afiliados a partidos de izquierda como la Unión Patriótica, que fueron sistemáticamente exterminados). Sí bien estos casos ameritan una reflexión de fondo, el objetivo del trabajo es indagar los casos en los que los políticos se rebelaron contra las pretensiones de hegemonía política de las AUC, y lo hicieron sin haber sido asesinados. 9 Presento disculpas al lector por el cambio repentino en el estilo narrativo pues consideré pertinente hablar en “primera persona” para dar a conocer las razones por las cuales decidí trabajar el tema de parapolítica. Pero ahora que empiezo la “parte sustantiva” del escrito, consideré pertinente narrarlo en “tercera persona”.
14
Cuando los congresistas estaban fuertemente conectados con el “centro”
porque eran de clase social aristocrática (tenían vínculos de parentesco con ex
presidentes o ex ministros, y tenían un alto nivel educativo) y –en algunos
casos- porque representaban los intereses de sociedades que acumulaban
capital del sector secundario o terciario de la economía; la probabilidad de
cooperar con los paramilitares era baja.
En esa lógica, la posibilidad de que esta clase de políticos aristocráticos
cedieran espacios de poder a los paramilitares era minúscula (por ejemplo, era
menos probable que esta clase de congresistas le facilitara a los paramilitares el
acceso a la burocracia estatal, le entregaran comisiones por concepto de
contratación pública o acordaran la designación de candidatos únicos para
ocupar cargos públicos)
Por el contrario, cuando los congresistas tenían vínculos débiles con el centro
porque no pertenecían a una clase social aristocrática (nunca tuvieron
familiares ex presidentes o ex ministros, y no tenían estudios de posgrado), y
además porque representaban los intereses de sociedades agrarias y
ganaderas; la probabilidad de cooperar con los paramilitares era alta.
En estas condiciones, la posibilidad de que esta clase de políticos (profesionales
del voto y gamonales) cedieran espacios de poder a los paramilitares era
mayor: se reunían con ellos (incluso firman documentos que registran dicho
encuentro), les entregaban cuotas burocráticas de entidades estales y
representaban sus intereses en el legislativo.
Para desarrollar la idea aquí planteada, se decidió dividir el texto en cuatro
capítulos. En el primero de ellos, se elabora una reseña crítica sobre las
diferentes posturas teóricas y metodológicas que se han utilizado para explicar
15
la parapolítica. En este apartado se resalta la proclividad de muchos autores
para “tratar como iguales” las relaciones que se formaron entre los congresistas
y los jefes paramilitares en el período 2002 – 2006.
En el segundo capítulo, se desarrolla un marco conceptual que tiene como
propósito especificar los significados de “aristócrata o notable”, “gamonal” y
“profesional del voto”, dada la centralidad que tienen estas categorías de clase
social en la demostración de la hipótesis de trabajo. Igualmente, se construye
un marco teórico donde se operacionaliza y se hace medible el concepto de
“proximidad con el centro político y administrativo del Estado”.
En el tercer capítulo, se detalla el diseño metodológico que se utilizó para
validar empíricamente la hipótesis de trabajo. De esa forma, se introducen los
lineamientos de la Teoría de Conjuntos Difusos de Charles Ragin (2011), para
escoger los casos que fueron objeto de comparación. Así mismo, se describen
las fuentes de información empleadas.
Por último, en el cuarto capítulo se enuncian las conclusiones y se propone una
agenda futura de investigación.
16
Capítulo I
La parapolítica en Colombia:
El origen de un debate académico y jurídico
Por la magnitud judicial y mediática que tuvo, la relación de los políticos con los
jefes paramilitares durante los años 2002 y 2006, constituyó sin lugar a dudas,
uno de los nuevos hitos de la historia de la democracia en Colombia.
Debido a esto, muchos periodistas y académicos nacionales e internacionales
han escrito sobre la parapolítica. Por tanto, en este capítulo se resumen las
posturas y los debates que se han presentado, y se resaltan algunos déficits
metodológicos y conceptuales de dichas interpretaciones.
1. Un estado del arte
Sobre la parapolítica en Colombia se han dado interpretaciones diametralmente
opuestas. Por un lado, están los autores que podríamos calificar como los
teóricos de “la democracia cooptada y reconfigurada por el crimen”. En el otro
lado del espectro, están los teóricos de “la democracia asfixiada por la
violencia”. Y en la tercera posición, encontramos a “los teóricos intermedios”
porque no defienden ni una ni otra posición del espectro10.
10 Vale la pena resaltar que el primer estudio académico sobre la “parapolítica” en Colombia (aun cuando no se había acuñado el término), fue elaborado por los profesores Francisco Leal y Andrés Dávila (1990), cuando describieron las relaciones del ex congresista liberal Tiberio Villareal con jefes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en la década de los ochenta.
17
1.1 Los autores de la “democracia cooptada y reconfigurada por los
paramilitares”
Varios autores han explicado la parapolítica como la expresión de una “relación
simbiótica” o mutuamente provechosa entre paramilitares y políticos. El
argumento central es que los actores armados no estatales que logran
controlar la coerción en las periferias del país, pueden beneficiar electoralmente
a políticos para que ellos después legislen en el Congreso a favor de sus
intereses de impunidad judicial y no extradición (Acemoglu, Santos & Robinson,
2009; López et al, 2010a).
En esa lógica, se tratan de relaciones de intercambio estratégico en las cuales
los criminales necesitan de los políticos para formular leyes o políticas que los
beneficien11, y los políticos necesitan del poder coercitivo de los criminales para
ganar elecciones en un contexto que se hizo más abierto y competitivo a raíz
de la democratización iniciada con la Constitución de 1991 (López et al, 2010a;
Garay et all, 2008 y 2010).
Así, Claudia López (2010a) sostiene que desde que el sistema electoral incluyó
la circunscripción nacional para la elección de senadores, los departamentos
como Sucre, Magdalena y Cesar, perdieron representación política en el
Congreso. Con la influencia de los paramilitares en los comicios de 2002 y
2006, esa desventaja se revirtió porque senadores provenientes de estas
regiones pudieron sacar la votación necesaria para ganar la curul.
11 Por ejemplo, en la formulación y aprobación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que sirvió como un marco de alternatividad penal para facilitar la desmovilización y reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esta ley, se establecieron penas alternativas de 5 a 8 años de cárcel para los postulados a la Ley (que se podían pagar en granjas agrícolas).
18
Los paramilitares, en esta perspectiva, contribuyeron al rompimiento de la
hegemonía bipartidista (Valencia, 2007), pues la composición del Congreso en
los períodos 2002 y 2006, evidenció que los Partidos tradicionales (Liberal y
Conservador) ya no sumaban mayorías, y que tercerías o disidencias de estos
Partidos que se agruparon bajo nuevas organizaciones partidarias como Alas
Equipo Colombia, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Colombia
Democrática y Apertura Liberal sumaban incluso el 53% de la coalición
legislativa que apoyó los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez
(Ungar, 2010).
El rompimiento del bipartidismo en regiones controladas por los paramilitares,
es en criterio de estos autores, una evidencia que prueba que surgió una élite
emergente (López, 2010b; Ávila, 2010; Valencia, 2007; Garay et al, 2010), que
llegó a capturar sistemáticamente las instituciones del Estado (por ejemplo, el
Congreso, el Incoder, Acción Social, entre otros) para enriquecerse y
reconfigurar el poder político en Colombia.
Ese proceso de reconfiguración del Estado, en criterio de López (2010b: 17), se
manifiesta en el cambio en los instrumentos de legitimación social de las élites
políticas. Antes del proceso 8.000 y la parapolítica, las élites políticas se
legitimaban con la legalización de barrios y la adscripción a una fracción
partidista (lloredismo, holguinismo, ospinismo, pastranismo, etc.)12. Después de
la parapolítica, las “nuevas élites regionales” se legitimaron con la seguridad
democrática, y con la elección y reelección de Álvaro Uribe como presidente
(López, 2010b: 18)13.
12 Véase por ejemplo, el excelente trabajo de Sáenz (2010) para las élites del Valle 13Nótese que para Claudia López (2010b), la influencia electoral de la mafia (o los paramilitares en este caso), contribuyó a que se perdieran las lealtades basadas en el “linaje familiar” y en la adscripción a partidos tradicionales. Tanto el linaje como la pertenencia a una fracción partidista, se constituyeron en los ejes de orientación ideológicos y electorales (vínculos de clientela) para los políticos de provincia durante gran parte del período 1974 -2006 (Duque Daza, 2007).
19
En una mirada más centrada en la codicia de los actores legales e ilegales,
Sánchez y Chacón (2005) analizan las relaciones de las élites políticas con los
paramilitares en términos de captura de rentas públicas a nivel local. En este
tipo de relaciones mutuamente provechosas, los políticos son ayudados a ser
elegidos por los paramilitares y en intercambio, los políticos desvían recursos de
la contratación estatal para financiarlos.
Para Sánchez y Chacón (2005), la influencia territorial de los paramilitares fue
más fuerte en municipios que recibían mayores recursos de regalías y que
tenían una mayor cobertura en áreas sembradas de coca. Esto significa que las
relaciones entre políticos y paramilitares fue mayor donde había coca, petróleo,
oro y carbón14.
En una visión más radical, autores como Raphael (2010) han planteado que la
parapolítica es una expresión del “terrorismo de Estado” pues se trata de una
coalición de gobernantes nacionales con ejércitos privados que fueron
habilitados institucionalmente15 para uno, preservar la estructura de la
propiedad agraria y dos, evitar que la oferta partidista de izquierda tuviera éxito
electoral.
En esa lógica, Raphael (2010) sostiene que el paramilitarismo es un proyecto
dirigido por las élites (nacionales y rurales) para cuidar el statu quo de la
amenaza de guerrilleros y movimientos campesinos y sindicales que iban
ganando espacios de representación política en las regiones de colonización
(como por ejemplo, en el Urabá y el Magdalena Medio con la Unión Patriótica, y
en el departamento del Cesar, con el movimiento político ‘A Luchar’).
14 Gutiérrez y Zuluaga (2011: 108), demostraron que los departamentos que recibían mayores recursos por cuenta de las regalías del petróleo y el carbón –Arauca, Meta, Casanare y Cesar- tenían gobernadores investigados (o ya judicializados) por vínculos con grupos paramilitares. 15La habilitación institucional de los paramilitares, la constata Raphael (2010), a partir de la firma del Decreto Ley 356 de 1994, que permitió la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada.
20
1.2 Los autores de la “democracia asfixiada por la violencia”
En el otro lado del espectro, podríamos ubicar a los teóricos de la “democracia
asfixiada por la violencia”. Uno de ellos es Pizarro (2003) quién observa cómo
los grupos ilegales que se financian del narcotráfico –guerrillas y paramilitares-,
actúan “por fuera del sistema político” para desestabilizar un orden democrático
débil en las periferias del país.
Para Pizarro (2003), la clase política fue asediada por grupos armados ilegales
de derecha y de izquierda16, hasta el punto de que utilizaron el secuestro y el
asesinato de políticos como mecanismos de presión hacia el gobierno, para
abrir procesos de negociación que fueran ventajosos para sus intereses de
legalizar sus riquezas mal habidas o de tomarse el poder nacional.
En una perspectiva parecida, Darío Acevedo et all (2008) argumenta que los
criminales mediante el uso de la amenaza y la coerción han logrado
relacionarse con políticos vulnerables que no cuentan con la protección del
Estado. En esa lógica, la parapolítica se debe entender como una consecuencia
natural de una clase política acorralada, que por temor a perder la vida, tuvo
que aprender a subsistir con los bandidos del pueblo17.
En esa sintonía, Libardo Botero (2008) afirma que el hecho de que los políticos
hayan coexistido en el mismo espacio geográfico de los paramilitares, no
significó que automáticamente su ejercicio político (conquista de votantes)
estuviera viciado por las armas o por el constreñimiento al votante, pues las
16Piénsese por ejemplo, por el lado de las guerrillas, en el secuestro de ex congresistas como Óscar Tulio Lizcano, Jorge Géchem Turbay, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco (esposa de Jaime Lozada), Orlando Beltrán Cuéllar y Consuelo González de Perdomo. O en el asesinato de Jorge Cristo Sahium y la masacre a la familia Turbay Cote en Caquetá. Y por el lado de los paramilitares, piénsese en el secuestro y asesinato de Jorge Gnecco Cerchar y en el secuestro de Víctor Ochoa Daza. 17 Esta perspectiva fue retomada por el ex presidente Álvaro Uribe, quien calificó la relación de los políticos con los paramilitares como una “coacción física insuperable”. Véase, La Silla Vacía (octubre 25 de 2010: “Coacción insuperable: el término que utiliza estratégicamente el Presidente para justificar a parapolíticos”).
21
coaliciones con líderes sociales y el carácter estratégico e innovador de las
campañas electorales, son factores decisivos a la hora de aumentar o disminuir
las votaciones.
Con este argumento, Botero (2008) critica el concepto de “atipicidad
electoral”18 pues en su parecer, dicho concepto no tiene en cuenta el peso
causal de las alianzas con líderes comunitarios (las clientelas) y el desarrollo de
las campañas electorales, dentro del agregado de votos que obtiene un
candidato.
Y por último, en esta línea argumentativa, se destaca el trabajo de Caicedo
(2009), quien mediante un estudio de caso a profundidad en Córdoba, mostró
como el paramilitarismo “dominó a las élites políticas departamentales”, hasta
el punto de que Salvatore Mancuso tomaba decisiones sobre el manejo del
presupuesto en alcaldías y en la gobernación, decidía quiénes sí y quiénes no
podían presentarse como candidatos a elecciones locales y nacionales, y decidía
de manera arbitraria quién debía ser el rector de la Universidad de Córdoba.
1.3 Los “intermedios”
En una visión intermedia, autores como Losada (2008) y Hoyos (2011)
mostraron que sí bien los paramilitares intervinieron en la competencia electoral
(constriñendo votantes y excluyendo candidatos rivales) su capacidad de
influencia no fue permanente, sistemática y homogénea en todo el territorio,
pues en algunos casos los comandantes paramilitares eran indiferentes con
18 En las sentencias condenatorias de la Corte Suprema de Justicia, se utilizó frecuentemente el concepto de “atipicidad electoral” para mostrar cómo en regiones controladas militarmente por las autodefensas, el crecimiento en el número de votos por un candidato fue desproporcional sí se le compara con eventos electorales anteriores o con la trayectoria política del candidato. Véase por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 18 de marzo de 2010, Proceso no. 27032, páginas 28 - 30.
22
respecto a la clase política y en otros, apoyaban a ciertos candidatos pero
toleraban la presencia proselitista de sus competidores.
Por su parte, Barrera y Nieto (2010) interpretan la parapolítica como dinámicas
cambiantes de negociación entre las élites y los paramilitares. En esta
perspectiva, se incluye en el análisis “los conflictos o desacuerdos” que podían
tener los políticos y las autodefensas, y se le agrega la dimensión territorial del
conflicto armado como un factor explicativo de las diferencias regionales de
dichas relaciones. Por ejemplo, estos autores sostienen:
“…la influencia política de “Ernesto Báez” no obedeció a las mismas estrategias
ni tuvo las mismas consecuencias en el sur de Bolívar que en el departamento
de Caldas. En el primer caso, el copamiento de los espacios políticos coincidió
con un escenario agitado producto de la propuesta del presidente Andrés
Pastrana (1998-2002) de despejar dos municipios de esta zona para
adelantar diálogos de paz con el ELN, lo cual dio pie para la creación del
Movimiento No al Despeje y con él la oportunidad para que el paramilitarismo
incidiera en la política regional: a través de un discurso ‘antipolítico’ “Báez”
capitalizó la experiencia del movimiento e hizo elegir al senado a un inexperto y
poco conocido personaje, Carlos Clavijo. En el segundo caso (Caldas), la
inserción del paramilitarismo fue más tardía y los intereses políticos de “Báez”
debieron adaptarse a los condicionamientos que le impusieron las clases
políticas tradicionales, obligándolo a operar dentro de sus lógicas y bajo
cálculos propios de mecánica electoral: estableció una división de distritos
electorales para la elección de Representantes a la Cámara y medió en las
pugnas burocráticas entre ambas facciones como en el caso del municipio de
Pácora” (Barrera y Nieto, 2010).
23
Complejizando las primeras interpretaciones de la parapolítica, Ávila y Velasco
(2012a y 2012b) plantean que las relaciones entre las élites políticas y los jefes
paramilitares fueron competitivas y eliminacionistas en algunos departamentos,
debido a las divisiones internas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC,
en adelante) y debido a la fragmentación de las élites políticas regionales.
Así, Ávila y Velasco (2012a y 2012b) mostraron que muchos jefes paramilitares
se aliaban con una facción de un Partido Político, para competir por los cargos
públicos y las rutas de narcotráfico con otra facción disidente de las AUC y otra
facción partidista que necesitaba protección armada19. Esto los condujo a
acuñar el neologismo de “multibandidismo electoral” (Ávila y Velasco, 2012:
390 – 395) para dar cuenta de una realidad más compleja en la cual se
presentaban a elecciones dos o más candidatos con el apoyo de diferentes
estructuras que se vincularon –al menos formalmente- con las AUC.
1.4 Críticas a las posiciones teóricas sobre la parapolítica
Los trabajos de los autores de la “democracia cooptada y reconfigurada por el
crimen” tienen un par de problemas. El primero es que fallan por sesgo de
selección y documentación, es decir, analizan únicamente a los congresistas
que se aliaron con los paramilitares pero evaden a los que no se aliaron con
ellos a pesar de la posibilidad que tuvieron de haberlo hecho.
Esto impide que se falseen las hipótesis sobre la apertura democrática y la
pérdida de representatividad política de unos departamentos (debido a la
circunscripción nacional) como las causas motivacionales que tuvieron los
políticos para buscar a los paramilitares. Además, la ausencia de casos
19El caso del Magdalena es paradigmático: tras la guerra entre Hernán Giraldo y alias ‘Jorge 40’ (ambos eran comandantes paramilitares) en el 2001, el primero termina apoyando a Miguel Pinedo Vidal, y el segundo a Luis Eduardo Vives Lacouture y a Salomón Saade. El grupo político de Pinedo Vidal fue el histórico competidor del grupo de Vives Lacouture.
24
contrafactuales impide que se realicen inferencias causales a partir de estudios
de caso (King, Keohane y Verba, 2000), y en trabajos como los de López
(2010a), Valencia (2007) y Acemoglu, Robinson & Santos (2009), no hay casos
contrafactuales pero sí hay una pretensión subyacente de causalidad.
En segunda instancia, los trabajos de Acemoglu, Robinson & Santos (2009),
López et al (2010) y Garay et al (2010) no tienen en cuenta los problemas de
acción colectiva20 que se presentan cuando políticos y bandidos interactúan
estratégicamente. Tres ejemplos sustentan esta posición:
1. En declaración ante la Fiscalía 26 y 06 adscrita a la Unidad Nacional contra el
Terrorismo, el desmovilizado paramilitar Libardo Duarte, alias ‘Mono Maicol’21,
afirmó que la división en la estructura de mando del Bloque Héroes de los
Montes de María (BHMM), se produjo cuando tres políticos sucreños como
Muriel Benito Revollo, Jairo Merlano Fernández y Salvador Arana22 “se pasaron
al bando de Diego Vecino” después de que alias ‘Cadena’ los había ayudado a
elegir como congresistas (Revollo y Merlano) y como gobernador (Arana).
Para ‘Mono Maicol’, el reacomodamiento de estos políticos despertó la ira de
alias ‘Cadena’, y esto condujo a que los paramilitares se dividieran en dos
bandos: el de alias ‘Diego Vecino’, que representaba el proyecto expansionista
de Mancuso y los hermanos Castaño; y el de alias ‘Cadena’, que representaba
los intereses más parroquiales de la CONVIVIR la Caliza, que se rehusaba a ser
subordinada por la denominada “casa Castaño”23.
20 Los problemas o dilemas de acción colectiva, son situaciones en las cuales la desconfianza, el egoísmo y la miopía de los actores que interactúan para alcanzar una meta común, dificultan el logro de la misma, e incluso, perjudican el estado inicial de beneficio económico o psicológico (tranquilidad) que tenían los actores antes de comprometerse con la acción colectiva (Elster, 2009; Aguiar, 2001; Olson, 1973). 21 Expediente 2007-0118-8, folios 169 a 176 22 A estos tres políticos, ya los condenó la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado. 23 Este término lo utiliza frecuentemente la Fiscalía para referirse al proceso de reorganización de grupos de autodefensa que pretendían los hermanos Castaño para hacer expandir el modelo de autodefensa que aplicaron en Córdoba y Urabá.
25
Este caso que relata ‘Mono Maicol’, deja ver como la relación de los políticos
con los paramilitares estuvo permeada por la desconfianza y la traición.
Incluso, se puede aseverar que fue por el comportamiento de los políticos que
se desató una guerra interna entre los paramilitares que operaban en los
Montes de María24.
2. A pesar de que el ex congresista Jorge Gnecco Cerchar participó en las
reuniones fundacionales del Bloque Norte de las AUC, incluso prestó sus fincas
por el Río Ariguaní para organizar las autodefensas (Tovar, inédito: 23),
terminó siendo asesinado por alias ‘Jorge 40’, es decir por el mismo Bloque
Norte de las AUC25. ¿Cómo entiende uno que un político que ayudó a crear los
grupos paramilitares en Cesar, termine siendo asesinado por ellos mismos?, y
lo más paradójico del caso, que termine siendo asesinado por orden de un
comandante que él mismo ayudo a ascender26.
3. En audiencia de control de legalidad ante la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá, Luis Eduardo Cifuentes (alias ‘El Águila’),
comandante del Bloque Cundinamarca, expresó de manera concisa los
problemas de confianza que existían entre los políticos (de la coalición uribista)
y las autodefensas después de la negociación de los acuerdos de paz en Ralito
(Córdoba). Cuando le preguntan por las diferencias entre Ralito y los acuerdos
de paz del gobierno con las Farc en el Caguán, esto respondió:
Véase por ejemplo, Tribunal Superior de Bogotá (16 de abril de 2012: Sentencia de control de legalidad al postulado Orlando Villa Zapata, pp. 36-40) 24 En esta guerra de facciones paramilitares, se impuso la línea de mando de Mancuso (Casa Castaño), pues en el 2005, en pleno proceso de negociación en Santa fe de Ralito, alias ‘Cadena’ fue asesinado (aunque las autoridades no han encontrado aún su cadáver). 25 Versión libre del postulado Mauricio de Jesús Roldán (alias ‘Julián’) ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Barranquilla, 01 de octubre de 2012 26 En un libro autobiográfico que es inédito, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, reconoce que su primer acercamiento con “el comandante Mancuso” –como lo llama- fue gracias a las recomendaciones que le hizo Jorge Gnecco a Mancuso sobre su honorabilidad y tenacidad.
26
“Pues es una diferencia grande: en el Caguán, la guerrilla engaña al
gobierno; y en Ralito, el gobierno engaña a las autodefensas, así de
sencillo” 27
Los casos de Jorge Gnecco, alias ‘Cadena’, y la declaración de ‘El Águila’
muestran una situación siempre latente en toda acción colectiva: la
desconfianza entre las partes que hacen una transacción (Elster, 2009). Estos
casos, por ejemplo, condicionan mucho el poder explicativo de estas
perspectivas económicas centradas en la “codicia”, pues sí bien las relaciones
entre políticos y criminales pueden ser mutuamente provechosas, no dejan de
ser riesgosas para ambas partes, pues la vida misma del sujeto está en
peligro28.
Por último, podríamos destacar que el modelo analítico de Acemoglu, Robinson
& Santos (2009) sólo funciona en contextos democráticos donde los "actores
armados no estatales controlan las elecciones". Esta suposición teórica es
problemática porque asume que los paramilitares siempre tuvieron deseos de
influir en la elección de autoridades políticas.
Esto no siempre fue así pues hubo comandantes con “actitudes de indiferencia
frente al proceso electoral” (Losada, 2006: 12 – 19) y además, el desarrollo de
estrategias encaminadas a incidir en el proceso electoral no fueron sistemáticas
en todos los escenarios donde estos grupos tuvieron presencia (Hoyos, 2009:
23). Por ejemplo, alias ‘Macaco’, comandante del Bloque Central Bolívar,
esperaba a que se consolidaran los ganadores de la contienda electoral para 27 Audiencia de control de legalidad contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y Narciso Marroquí, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Bogotá, 16 de febrero (sesión tarde), minuto:1:12:23 28 En un artículo magistral, Christopher Cramer (2002: 1845 – 1864) critica las explicaciones de la guerra centradas en el homo economicus porque muestra cómo éstas pasan por alto que en los conflictos violentos rige otro dominio de la vida diferente al dominio del mercado. Por ejemplo, para Cramer, la incertidumbre sobre el riesgo de perder la vida en cualquier instante, hace que los actores que participan en una guerra se comporten de una manera en la que es improbable hacer un cálculo costo-beneficio para tomar decisiones. Estos dos casos de alias ‘Cadena’ y Jorge Gnecco Cerchar confirmarían la postura escéptica de Cramer (2002) frente a la teoría de elección racional (rational choice theory).
27
negociar posteriormente con los políticos, y así evitar el desgaste de intervenir
en etapas pre-electorales (Velasco, 2011).
Por otra parte, la explicación de Raphael (2010) sobre la parapolítica como una
expresión del terrorismo de Estado, es sumamente inconsistente y
reduccionista. Tres argumentos para desechar esta explicación:
1. Las batallas entre comandantes paramilitares enseñan que no hubo una
“política ordenada desde arriba” pues el paramilitarismo aglutinó sectores
económicos y políticos con contradicciones ideológicas insuperables. Por
ejemplo, las luchas eliminacionistas entre Hernán Giraldo y ‘Jorge 40’ en
Magdalena; ‘Don Berna’ y ‘Doble Cero’ en el Valle de Aburrá; ‘Miguel
Arroyabe’ y ‘Martín Llanos’ en los Llanos Orientales; Carlos Castaño y La
Oficina de Envigado en el Urabá antioqueño; evidencian las fracturas
irresolubles en la dirigencia de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
2. Masacres como La Rochela, no podrían ser interpretadas en esta
perspectiva, pues ¿cómo es posible que El Estado termine asesinando al
Estado mismo? (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010).
3. Sí la parapolítica buscó restringir desde el nivel nacional el éxito electoral de
los Partidos de izquierda, ¿cómo se explica el viraje ideológico de políticos
con orígenes en la izquierda como Luis Alberto Gil, Javier Cáceres, y el
movimiento político de ex guerrilleros del EPL en Urabá, ‘Esperanza, Paz y
Libertad’, que terminaron aliados con los paramilitares? – En ese sentido,
Raphael (2010) olvida la premisa Tillyeana de que la identidad de los
28
actores sociales y políticos se construye de manera estratégica en el
tiempo29.
Pasando a la otra orilla, los autores de la “democracia asfixiada por la violencia”
también presentan fallas en su lógica argumentativa. Pizarro (2003) y Acevedo
et al (2007) por ejemplo, pasan por alto que la debilidad del Estado para
combatir a los grupos armados ilegales fue una debilidad selectiva y sesgada,
pues durante los años 1981 – 2003, la actividad letal del Ejército contra la
guerrilla fue 20 veces mayor a la actividad letal contra los paramilitares
(Gutiérrez, 2012: 107-116).
El sesgo para perseguir a los paramilitares, sumado a la participación de
muchos oficiales de alto grado del Ejército en las reuniones fundacionales de
las AUC (Tribunal Superior de Bogotá, control de legalidad), revelan que la
debilidad estatal es un asunto relativo a la ideología y a la formación de
coaliciones políticas, económicas y militares que controlan el orden social
(North, Wallis & Weingast, 2009).
Así mismo, en ocasiones frecuentes, los agentes institucionales que actúan “por
dentro del sistema político” tienen incentivos para utilizar la violencia con
beneficio propio. Por ejemplo, los ex senadores Álvaro García en Sucre y César
Pérez en Antioquia, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia, por
haber sido los autores intelectuales de la Masacre de Macayepo y la Masacre de
Segovia, respectivamente30.
29 Una buena explicación sobre el cambio de las identidades políticas en las agrupaciones guerrilleras, la da Mauricio Romero (2003) en su interpretación sobre el viraje ideológico de ‘Los Esperanzados’ en Urabá para apoyar a los paramilitares en su lucha contra las FARC. 30 En el caso de César Pérez, la masacre de Segovia tuvo el objetivo de eliminar a sus competidores político-electorales (los concejales de la Unión Patriótica). Y en el caso de Álvaro García, la masacre de Macayepo tenía el objetivo de eliminar la organización campesina en los Montes de María para castigar así a los colectivos que organizaron las invasiones de tierra en la década de los noventa. Véase, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 32805, 23 de febrero de 2010.
29
Por su parte, el trabajo de Botero (2008) no explica por qué los congresistas
que se aliaron con los paramilitares no plantearon la opción de renunciar a su
cargo como modo de protesta ante las situaciones de ingobernabilidad que
tenían. Por ejemplo, no se entiende por qué Mario Uribe Escobar (senador
antioqueño condenado por parapolítica), siendo primo-hermano del presidente
Álvaro Uribe Vélez, en la época en la que fue presuntamente “constreñido por
los paramilitares”, no pidió su ayuda o la del Ejército para protegerlo.
Esto lleva a resaltar otra falencia en el argumento de Botero (2008) y Pizarro
(2003). Sí la debilidad estatal es la causa que explica la relación de los políticos
con los paramilitares, ¿por qué en el departamento del Huila, no hubo
congresistas condenados por concierto para delinquir, sí las FARC secuestró
prácticamente a media clase política?, es decir, sí el Estado no pudo proteger a
los congresistas del Huila, ¿por qué allá los políticos no promocionaron a los
grupos paramilitares para defenderlos?
Por último, están los problemas metodológicos de las posiciones intermedias.
Básicamente estos problemas vienen de la falta de casos comparativos para
probar que efectivamente las relaciones de los políticos y los paramilitares no
fueron permanentes y uniformes en todo el territorio.
Para probar hipótesis de variaciones –como las que sugieren estos autores-, no
basta con el análisis estadístico de resultados electorales sino que es necesario
incluir la comparación de casos para mostrar qué variables estuvieron ausentes
o presentes y observar sí produjeron o no el mismo desenlace causal (King,
Keohane & Verba, 2000; Ragin, 2011).
Para ello, era necesario utilizar más información cualitativa (entrevistas,
versiones libres con postulados a la Ley de Justicia y Paz, revisión de prensa
30
local, etc.) para no centrarse exclusivamente en resultados estadísticos que no
identifican cómo operaron los mecanismos que unen la variable dependiente
con las independientes (Lieberman, 2005).
Por ejemplo, no basta con señalar que algunos “comandantes paramilitares
tuvieron una actitud de indiferencia con respecto a las elecciones” (Losada,
2007; Hoyos, 2011), sin identificar qué elementos del contexto o del perfil
psicológico de éstos los hizo indiferentes, e incluso apáticos para influir en
elecciones.
Así mismo, no es suficiente argumentar que las dinámicas del conflicto armado
explican las “variaciones territoriales y temporales de la parapolítica” (Barrera y
Nieto, 2010), sin especificar comparativamente la manera en la cual los
múltiples elementos que definen un conflicto armado –lógicas de violencia,
ideología de grupos alzados en armas, relacionamiento con civiles, formación
de retaguardias, control del territorio, etc.- se entrelazaron con el tipo de
alianzas que surgieron entre paramilitares y políticos.
1.5 Consideraciones finales: más allá de las visiones convencionales
sobre la parapolítica
Los estudios académicos sobre “la parapolítica” se han centrado básicamente
en dos aspectos: uno, en identificar las motivaciones que tenían los políticos
para buscar a los paramilitares (o lo contrario); y dos, en señalar el tipo de
escenarios institucionales en el que se materializó dicha relación (por ejemplo,
en el Congreso, las alcaldías, las oficinas de notariado y registro, el Incoder,
etc.)
31
Aunque toda esta información ha servido para hacer la denuncia pública de
este tipo de relaciones que menoscaban el Estado de derecho, no se puede
afirmar aún que se conocen al detalle las relaciones entre políticos y
paramilitares.
Así, la homologación de todos los casos de la parapolítica bajo un mismo
esquema analítico -por ejemplo, las tesis de la reconfiguración cooptada del
Estado, de la coacción física insuperable o del terrorismo de Estado- ha
invisivilizado la variedad de relaciones que surgieron entre los políticos y los
jefes paramilitares en sus zonas de operación.
Por ejemplo, si se analizan las sentencias proferidas por la Corte Suprema de
Justicia contra políticos que se aliaron con los paramilitares31, se puede
observar que estas relaciones no se expresaron de la misma manera en todo el
territorio puesto que:
a. Sólo en dos departamentos (Cesar y Magdalena), hubo candidatos únicos
y distritos electorales32
b. Hubo casos en los que los candidatos aliados de los paramilitares
perdieron las elecciones (caso de Euser Rondón en la elección a la
gobernación del Meta en 2003)33.
31 Los hallazgos que se expondrán a continuación se basan en un “análisis jurisprudencial” de 39 sentencias condenatorias proferidas por la Corte Suprema de Justicia contra políticos que cometieron el delito de “concierto para delinquir agravado”. Las sentencias analizadas fueron las de: Álvaro Araújo Castro, Álvaro García Romero, Ciro Ramírez, Dixon Ferney Tapasco, Edgar Ulises Torres, Odín Sánchez Montes de Oca, Gonzalo García Angarita, Eric Morris, Hernando Molina Araújo, Humberto Builes, Jairo Merlano Fernández, Javier Cáceres Leal, Jorge Castro Pacheco, Jorge Eliécer Anaya, Jorge Luis Caballero, José Domingo Dávila, José María Conde, Juan Carlos Martínez Sinisterra, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, Juan Pablo Sánchez, Karelly Patricia Lara, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño, Luis Eduardo Vives Lacouture, Luis Humberto Gómez Gallo, Mario Salomón Náder, Mario Uribe Escobar, Mauricio Pimiento, Miguel Ángel Rangel, Miguel Pinedo Vidal, Nelson Naranjo, Rafael Castillo, Oscar Josué Reyes, Oscar Wilches Carreño, Ramón Antonio Valencia, Vicente Blel Saad, Salvador Arana, Jorge Luis Feris Chadid, José María Imbeth, Jesús María López, William Montes Medina y Oscar Suárez Mira. Vale la pena aclarar, que el análisis de las 39 sentencias no corresponde a un parámetro objetivo, puesto que la Corte Suprema de Justicia ha proferido más sentencias. Este número obedece por tanto, a las posibilidades de acceso a la información. 32 Los “distritos electorales” fueron estrategias implementadas por algunos jefes paramilitares para favorecer la votación por sus políticos aliados. Con esta estrategia los paramilitares sectorizaron las áreas de votación dentro de un departamento, y le adjudicaron cada sector a un político aliado.
32
c. Hubo casos en los que congresistas que recibieron ayuda de un jefe
paramilitar terminaron traicionándolo al “cambiar de bando” (caso de
Muriel Benito Revollo y Jairo Merlano en Sucre que pasaron de ‘Cadena’
a ‘Diego Vecino’)
d. Hubo congresistas que denunciaron públicamente a los paramilitares por
obstruir el libre desarrollo de la competencia política (José Alfredo
Escobar Araújo y José Joaquín Vives)
Adicionalmente, del análisis jurisprudencial de las sentencias condenatorias
proferidas por la Corte Suprema de Justicia contra políticos que cometieron el
delito de “concierto para delinquir agravado”, se puede observar que el tipo de
relación entre los congresistas y los jefes paramilitares variaba
significativamente a nivel regional y a nivel local:
a. Algunos congresistas pertenecían “orgánicamente” a la estructura de los
paramilitares (p.e. Álvaro García Romero34, Jorge Luis Feris Chadid,
Eleonora Pineda, Rocío Arias, César Pérez, entre otros), en el sentido en
que prestaban sus fincas para realizar reuniones fundacionales, proveían
inteligencia para realizar actos de violencia contra la población civil o
legitimaban públicamente el discurso paramilitar.
b. Algunos congresistas contribuyeron exclusivamente con la promoción de
los paramilitares en el sentido de gestionar recursos de las alcaldías y
gobernaciones para contratar con cooperativas creadas por este grupo
armado ilegal (p.e. Gonzalo García Angarita, Ramón Antonio Valencia,
33 Véase al respecto, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 26450, 08 de noviembre de 2007. 34 Por ejemplo, en la sentencia contra Álvaro García Romero, la Corte Suprema de Justicia encontró que este congresista sucreño debía responder penalmente por la masacre de Macayepo ya que éste fungía como autor mediato del hecho criminal. Así, en el derecho penal, cuando se le atribuye a un sujeto procesal responsabilidad penal bajo la figura de “autoría mediata”, es porque éste era considerado como “el hombre detrás del poder”, es decir, sus órdenes para cometer ilícitos son ejecutadas sin importar quién sea el autor material del crimen.
33
Juan Manuel López Cabrales) o de postular candidatos para presentarse
a cargos de elección popular (p.e. Vicente Blel).
c. Algunos congresistas se opusieron a los paramilitares, y por ende, fueron
perseguidos por ellos (p.e. Escobar Araújo, José Joaquín Vives, Víctor
Ochoa Daza, entre otros)
Para comprender estas variaciones, y poder “revisar la parapolítica” en
Colombia, esta tesis busca retomar el concepto de “clase social” como factor
explicativo de las relaciones de poder entre agentes ilegales y élites políticas
en regiones afectadas por el conflicto armado. De esa manera, en el
próximo capítulo se aborda a profundidad este concepto y se operacionaliza
para ser utilizado en el contexto colombiano.
34
Capítulo II
El poder político en la provincia colombiana:
Coaliciones de clase entre notables, profesionales del voto, gamonales
y paramilitares
En las ciencias sociales colombianas se han utilizado conceptos como “los
notables”, “los gamonales”, “los caciques” y “los profesionales del voto” para
señalar las diferencias de clase que tienen los políticos en las regiones.
De manera generalizada, estos conceptos se han utilizado para identificar a
todo aquel que “controle la política lugareña mediante la repartición de favores
personales, contratos y beneficios de todo orden” (Melo, 1995). A pesar de
compartir ciertos valores clientelistas, tanto los notables, como los
profesionales del voto y los gamonales, tienen diferencias sustanciales en su
orígenes sociales y sus actividades económicas.
En este capítulo se abordarán las diferencias de clase socioeconómica que
tienen los notables, los profesionales del voto y los gamonales en la política
colombiana, y se mostrará por qué esta variable tiene incidencia a la hora de
explicar por qué algunos congresistas se opusieron al statu quo paramilitar
mientras que otros lo apoyaron.
1. Hilos de sangre y negocios: perfil de la aristocracia o el notablato
colombiano
La Real Academia Española de la lengua (RAE) define la aristocracia así: “En
ciertas épocas, ejercicio del poder político por una clase privilegiada,
generalmente hereditaria”. En sociología política, autores como Gaetano Mosca
35
definen la aristocracia como un sector de “la clase gobernante que se halla
definitivamente restringida a un número dado de familia, y el nacimiento es el
único criterio que determina el ingreso a dicha clase o la exclusión de la misma”
(Mosca, 1984: 120).
En Colombia, se le ha denominado a la aristocracia que participa en asuntos
políticos y de gobierno desde tiempos postcoloniales como “el notablato” (Deas,
1973; Guillén, 1993; Palacios & Safford, 2002; González, 2003: 124-158).
En la provincia colombiana y en las ciudades que se constituían en los centros
del orden colonial español (por ejemplo, Bogotá, Cali, Popayán), los criollos que
se consideraban blancos y que lograron acumular riqueza (por ser
intermediarios de la corona española en la recaudación de tributos y en la
comercialización de bienes agrícolas o minerales), pasaron a constituirse
después de la independencia en los aristócratas o los notables del pueblo
(Guillén, 1993; Deas, 1973; González, 2003: 124-158).
Los notables eran familias adineradas en la provincia que tenían la facultad de
aprobar créditos, de aceptar a personas en cargos públicos y de recomendar a
jóvenes pobres para ser empleados en establecimientos comerciales (Uribe,
2011: 34-38). Los notables, consideran que tienen una superioridad moral y
racial por naturaleza (Carrasquilla, 2000), y fundamentan su poder social en el
linaje y la transmisión hereditaria de su ascendencia dentro de la sociedad.
La obsesión por la pureza de sangre35 y el pragmatismo económico, llevo a los
notables colombianos a emparentarse de manera endogámica, es decir, a
contraer matrimonios entre ellos y a reconocer exclusivamente el derecho a la
35 La creencia aristocrática sobre la pureza de sangre, es identificada por Américo de Castro (1971), como uno de los elementos culturales y políticos de la Corona española que se heredaron en los países latinoamericanos durante la independencia.
36
primogenitura cuando nacían hijos producto de cruces entre familias
reconocidas por tradición (los demás, eran considerados bastardos).
En el caso de Antioquia, María Teresa Uribe (2011: 34 y 39) argumenta que el
papel de las uniones matrimoniales entre notables paisas, además de preservar
cuidadosamente el linaje familiar, permitía la consolidación de redes de
negocios económicos.
Por ejemplo, las uniones matrimoniales entre familias de notables paisas,
sirvieron para aumentar las exportaciones de oro en el siglo XIX, pues con los
matrimonios venían las fusiones de capital, lo que generaba el ahorro o la
capacidad de endeudamiento suficientes para traer maquinaria pesada que se
requería para la extracción de este mineral (Uribe, 2011: 39).
Por su parte, en la historia política colombiana, un grupo reducido de familias
han ocupado los principales cargos del Estado, como la presidencia y los
ministerios. Enrique Carrizosa Argáez (1983) en un estudio genealógico sobre
los descendientes de los 88 presidentes que tuvo el país entre 1830 y 1982,
observó que sí bien habían muchos hijos de ex presidentes que estaban por
fuera de la política, había un grupo de familias que de manera estable, habían
transmitido hereditariamente su poder.
Desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, ocho familias de notables han
tenido una influencia significativa sobre la política nacional. Los linajes más
importantes han sido los de:
El ex presidente Eduardo Santos Montejo (1938-1942), cuyo hermano
Enrique Santos Montejo (ex director del periódico El Tiempo) es abuelo del
actual presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón. Así mismo,
37
por vía materna, el actual presidente Santos, es descendiente del ex
presidente del siglo XIX, Clímaco Calderón Reyes.
El ex presidente Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982), quien se casó con
su sobrina, Nidia Turbay Quintero (Ríos, edición virtual), y cuyo primer hijo
Julio César Turbay Quintero, fue congresista en los períodos 1986 a 1994, y
Contralor General de la República en el período 2006 a 2010. Actualmente,
los herederos del linaje Turbay, son Miguel Uribe Turbay, actual concejal de
Bogotá, y María Carolina Hoyos Turbay, actual viceministra de Tecnologías
de la Información.
El ex presidente Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970) quien se casó con
Cecilia de la Fuente Cortés, y cuya hija Clemencia Lleras de la Fuente, es
madre del actual candidato vicepresidencial (también ex senador y ex
ministro del interior y de vivienda), Germán Vargas Lleras. Además, del
matrimonio Lleras-Fuente, nació Carlos Lleras de la Fuente, quien fue
embajador de Colombia en Washington y ex director del diario El
Espectador.
El ex presidente Alfonso López Pumarejo (1934 – 1938), quien se casó con
María Michelsen Lombana36, y cuyo segundo hijo, Alfonso López Michelsen
también fue presidente de la república en el período 1974 – 1978. El hijo del
ex presidente López Michelsen, llamado Alfonso López Caballero, fue
congresista en 1986, ministro de agricultura entre 1991 y 1993, y
finalmente, fue embajador de Colombia ante Canadá (1998) y ante el Reino
Unido en el período 2002-2006.
36 Hija del científico Carlos Michelsen Uribe (Ríos, edición virtual). Disponible en línea: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1996/agosto2.htm
38
El ex presidente Laureano Gómez Castro (1950 – 1953), quien se casó con
María Hurtado Caijao, y cuyos hijos, Álvaro Gómez Hurtado y Enrique
Gómez Hurtado fueron congresistas en la década de los ochenta. Por su
parte, Álvaro Gómez Hurtado fue tres veces candidato presidencial y
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Actualmente, el
heredero del linaje Gómez, es el actual Representante a la Cámara por
Bogotá, Miguel Gómez Martínez, quien es sobrino de Álvaro Gómez e hijo de
Enrique Gómez.
El ex presidente Misael Pastrana Borrero (1970 – 1974), quien se casó con
María Cristina Arango, hija de Carlos Arango Vélez, ex alcalde de Bogotá
(1937) y ex candidato liberal a la Presidencia en 1946. De esta unión
matrimonial, nace Andrés Pastrana Arango, quien fue presidente de la
república en el período 1998 – 2002.
El ex presidente Guillermo León Valencia (1962 – 1966), quien se casó con
Susana López Navia. Actualmente, el linaje Valencia es preservado en dos
líneas familiares diferentes: por un lado, el actual Ministro del Interior,
Aurelio Iragorri Valencia, cuyos padres son el senador Aurelio Iragorri
Hormaza y Diana Valencia López, hija del ex presidente Guillermo León
Valencia. Y, por otro lado, la actual senadora Paloma Valencia Laserna,
quien es hija del ex congresista Ignacio Valencia López y nieta del ex
presidente Guillermo León Valencia.
El ex presidente Mariano Ospina Pérez (1946 – 1950), quien se casó con
Bertha Hernández de Fernández, y cuyo hijo Fernando Ospina Hernández,
fue congresista de Antioquia en la década de los ochenta, y cuya nieta,
Ángela Ospina, aspiró al Senado de la República en las elecciones de 2014
por el Partido Conservador.
39
Sintetizando el libro de Carrizosa (1983), la Revista Semana observó que los
descendientes de los ex presidentes que todavía tenían injerencia en asuntos
de gobierno habían contraído nupcias con parientes de los empresarios más
ricos de Colombia:
“Curiosamente, las familias que hoy en día mantienen una posición económica
destacada son aquellas donde se dieron cruces del poder político con el poder
económico. Este fenómeno, que se presenta con más frecuencia en los últimos
90 años, tiene ejemplos como el cruce de descendientes de Pepe Sierra -el rico
por excelencia de principios de siglo con descendientes del general Reyes y de
don Jorge Holguín. Aún hoy en día, miembros de las familias que controlan los
principales grupos económicos siguen contrayendo con ilustres herederos de las
familias políticas tradicionales: dos mujeres de la familia Santo Domingo con
dos bisnietos de Reyes; una Echavarría con un tataranieto de Julio Arboleda;
otro Echavarría con una hija de Barco; un hijo de Ardila Lulle con una chozna
de José Hilario López; una hija de Luis Carlos Sarmiento con un nieto de Rojas
Pinilla; una hija de Fernando Mazuera con un tataranieto de Marroquín y a su
vez una hija de estos últimos, con el hijo de Belisario Betancur.” (Revista
Semana, 18 de febrero de 1991: “¿Los mismos con las mismas?”).
En conclusión, la aristocracia o el notablato colombiano se constituyen por
familias que han ocupado los principales cargos del Estado (presidencia y
ministerios) durante varias generaciones, sus integrantes tienen un alto nivel
educativo y en la mayoría de casos, combinan el ejercicio profesional de la
política con los negocios en el sector privado. Estas facultades de los
aristócratas los han llevado a considerarse como superiores en términos
raciales, morales e intelectuales (Deas, 1973).
40
2. Tierra y votos: La profesionalización de la política y el auge del
gamonalismo colombiano
Alejandro Reyes (1978) ha sido uno de los primeros académicos colombianos
que han resaltado las diferencias de clase socioeconómica que tienen los
gamonales, los caciques y los políticos de profesión en la provincia colombiana.
En su investigación sobre la pervivencia de la hacienda en Sucre, el autor
analizó el perfil de los 42 políticos más representativos de este departamento
ganadero durante el ciclo electoral 1974-197537.
Para Reyes, la política sucreña de ese entonces estuvo jerarquizada en tres
sectores: los caciques, los gamonales y los profesionales de la política. Los
primeros, eran “agentes dotados de influencia suficiente sobre los organismos
(estatales) que distribuyen bienes o servicios” (Reyes, 1978: 113). Dentro de la
categoría de caciques, están los gamonales quienes tenían “influencia local, a
nivel de veredas y cascos urbanos” (Reyes, 1978: 12) y en su mayoría son
propietarios de tierras (Reyes, 1978: 137).
Por su parte, los políticos profesionales eran “de extracción más baja que los
gamonales…por esa razón están en mayor contacto con el campesinado y las
masas urbanas, y tienen por objetivo asegurar un número amplio de votantes
que le permita al gamonal negociar una mejor posición dentro de las listas de
los candidatos en cada elección” (Reyes, 1978: 128 y 129).
37 La tesis de Alejandro Reyes (1978: 114, 122 y 137), es que la concentración de la propiedad agraria en Sucre está relacionada con la sobrerrepresentación política de los terratenientes en el Senado, la Cámara de Representantes y la Asamblea departamental. Este posicionamiento de la clase propietaria de tierra en la burocracia estatal, le ha permitido desarrollar un tipo de relacionamiento clientelista con campesinos sin tierra: “el mecanismo de dominación clientelista se expresa en la contraprestación de servicios entre el hacendado y el campesino-cliente. El hacendado ofrece trabajo y comida segura; el campesino ofrece lealtad política y servicios personales en la hacienda…la decisión del propietario de conceder una parcela de monte en arriendo constituía un favor o privilegio, al que solo podía acceder los campesinos que se comprometieron con el hacendado en varios aspectos: lealtad política y seguimiento del patrón en las guerras civiles”.
41
En ese sentido, para Reyes (1978) los caciques electorales se definían en
función de su acceso a la burocracia estatal del nivel regional y nacional
(congresistas), para repartir favores y servicios a su base clientelar (puestos,
cupos escolares, becas, servicios públicos, etc.), mientras que los gamonales
eran más localistas y parroquiales (alcaldes y concejales), sirviendo como
enlace de los profesionales de la política quienes asumían la responsabilidad de
movilizar votantes el día de elecciones.
Desde una perspectiva genealógica38, el investigador Jorge Orlando Melo
(1998) diferenció el perfil político de los caudillos y los caciques en la historia
republicana de Colombia: “Mientras los grandes caudillos -desde José María
Obando a Uribe Uribe, Laureano Gómez o Jorge Eliécer Gaitán- seducen con su
imagen y su palabra, los caciques organizan a los electores, gestionan obras,
obtienen recursos externos para las regiones y promueven ideas y gestos de
participación popular. Pero, al mismo tiempo, reparten los cargos públicos
locales, asignan los arrendamientos del cobro de impuestos, manejan las
rentas”.
Para Melo (1998), “los caciques eran de muy diverso estilo: jefes pueblerinos o
grandes caciques regionales, ricos propietarios locales o simples agentes de
grandes propietarios ausentistas, explotadores de los pobres indios o
protectores de la comunidad; su variedad está aún por estudiar: dueños de
vidas y haciendas o simples dueños de votos”. En esa lógica, para Reyes (1978)
y Melo (1998), los caciques pueden tener la doble condición de ser grandes
electores y grandes propietarios de tierra.
38 Es decir, desde el rastreo historiográfico del uso de la palabra “cacique” y “gamonal”. Para Melo (1998), el primero que utilizó la palabra cacique, fue Simón Bolívar en 1830, para referirse de manera despectiva a los neogranadinos que apoyaban el régimen dictatorial de Urdaneta.
42
Por su parte, el historiador Carlos Miguel Ortiz (1985) en su estudio sobre la
Violencia en el Quindío, planteó algunas diferencias en el perfil social y
económico de los gamonales y los profesionales del voto. Para Ortiz (1985: 50),
un gamonal es “un propietario de muchas fincas y casas, proveedor de
mercancías, relacionado permanentemente con el municipio, pero –sobra
decirlo- no necesariamente el más pudiente de todos”.
En cambio, los profesionales del voto son “los integrantes de las corporaciones
electas o las directivas partidistas” (Ortiz, 1985: 68). De su actividad profesional
en la política, estos personajes obtienen reconocimiento social, adquieren
recursos económicos que les permite subir de estrato y son atraídos por el
mundo empresarial gracias a sus vínculos con la burocracia (Ortiz, 1965: 68 y
69).
Por otro lado, en libros clásicos como el de Gonzalo Sánchez y Donney
Meertens (2000), se ha hecho alusión al concepto de “gamonales” para
referirse a los grandes propietarios de tierras que utilizan hombres armados
(bandoleros y cuadrillas) para defender su patrimonio económico de las
invasiones campesinas o de la amenaza electoral que constituyen los partidos
socialistas y comunistas.
Por ejemplo, Sánchez y Meertens (1983: 26) sostuvieron: “la aparición misma
de los bandoleros está determinada por su relación de dependencia respecto a
uno o varios componentes de la estructura dominante de poder como los
gamonales, los partidos políticos o una fracción de la clase gobernante”.
Sin embargo, Sánchez y Meertens (1983) plantean que en las regiones
altamente afectadas por la violencia política, se hace previsible un cambio
43
drástico en la estructura de clases sociales, económicas y políticas39. El caso
más paradigmático que refleja cómo se pueden invertir las relaciones de
dominación en las regiones afectadas por un conflicto armado, lo da el
bandolero Efraín González.
Según los autores, Efraín González pasó a ser un bandolero político a un
bandolero social40. Al inicio de su carrera criminal, estaba fuertemente ligado al
Partido Conservador y a la Iglesia católica. Después, “rompió con la dominación
bipartidista”41, y empezó de manera coercitiva a “transferir la propiedad de
campesinos de un partido a los del opuesto hasta homogeneizar políticamente
las regiones” (Sánchez y Meertens, 1983: 69).
Los vínculos posteriores de Efraín González con la ANAPO, y la adquisición
masiva de tierras que logró en Quindío y Santander, ponen de manifiesto los
fenómenos de ascenso social y transformación de las estructuras políticas
dominantes en la periferia colombiana.
Por ejemplo, además de bandolero social, Efraín González también se convirtió
en un político que le ayudaba a la ANAPO a disputarle los espacios regionales
de poder conquistados históricamente por el bipartidismo (Steiner, 2006: 229-
252).
Así mismo, la relación de Efraín González con cuadrillas, mayordomos y
aparceros para despropiar a los terratenientes de sus predios (Sánchez y
39 Esta misma tesis es defendida por Carlos Miguel Ortiz (1985), quien en mi apreciación, presentó una de las mejores documentaciones que se han hecho en las ciencias sociales colombianas sobre la transformación de las estructuras de clase como producto de la violencia y los cambios productivos en las regiones periféricas del país. En el libro de Ortiz (1985) son claras las diferencias socioeconómicas entre los comerciantes, los aparceros, los terratenientes y los políticos liberales y conservadores en el departamento del Quindío durante los años cincuenta. 40 Para Eric Hobsbawm (1969) el bandolero social es el portador del descontento campesino cuando en las granjas agrícolas se inician las transiciones hacia el capitalismo. 41 Es decir que Efraín González dejó de ser un subordinado de los gamonales afiliados al Partido Conservador, y empezó a disputarles su poder político y económico, afiliándose a la ANAPO (Partido creado por el ex presidente de origen militar, Gustavo Rojas Pinilla).
44
Meertens, 1983: 104), lo pudieron haber convertido en un nuevo gamonal o
terrateniente42.
En ese orden de ideas, los profesionales del voto y los gamonales colombianos
se han caracterizado por:
a. El ethos clientelista de sus miembros (viven gracias al ejercicio profesional de
la política y su reconocimiento social está mediado por la capacidad para
distribuir bienes y servicios públicos, como la seguridad, la vivienda, la salud y
la infraestructura)43.
b. Su relación con la estructura agraria (acumulación de predios, siembra de
productos agrícolas, ganadería extensiva, etc.)
3. Marco conceptual
La anterior revisión bibliográfica señaló las diferencias de clase social que han
tenido históricamente los políticos colombianos. Estas diferencias de clase, se
apartan transitoriamente de las miradas convencionales del marxismo en
cuanto no están relacionadas exclusivamente con el acceso a medios de
producción (Marx, 1986) o con la ubicación de un político en un bloque
hegemónico (Gramsci, 1997).
El concepto de clase social que aquí se trabaja, está interrelacionado con la
proximidad que tiene un agente al “centro político y administrativo del Estado”. 42 Aunque hay que resaltar que Sánchez y Meertens (2000) en las conclusiones del libro, reconocieron “la imposibilidad de encasillar en una sola categoría” a los bandoleros y los gamonales debido a las diferentes trayectorias y condiciones sociopolíticas que siguieron las regiones colombianas durante y después del Frente Nacional. Por eso, los autores plantearon que su trabajo era apenas el inicio de una agenda de investigación sobre la estructura del poder político en las regiones colombianas afectadas por la violencia. En esa lógica, espero con esta tesis de maestría, contribuir a dicha agenda investigativa y continuar con el valioso legado que dejaron Gonzalo Sánchez y Donney Meertens. 43 Por ejemplo, las palabras del ex senador antioqueño Bernardo Guerra Serna, son ilustrativas en ese sentido: “estoy orgulloso de ser cacique y clientelista” (El Tiempo, 7 de marzo de 1998).
45
Es decir, no es únicamente la posición en una escala socioeconómica ni las
identidades revolucionarias o antirrevolucionarias de un político lo que forja su
sentido de clase social, sino su posibilidad de acceso a los medios nacionales
del poder estatal44.
Esa posibilidad de acceso al Estado central está determinado en muchas
ocasiones, por el poder hereditario (Mosca, 1984: 20) que ejercen familias
desde períodos postcoloniales o desde tiempos previos a la apertura
democrática45. Por esa razón, la clase social está interrelacionada con una
posición privilegiada de poder que se mantiene gracias a los vínculos con el
aparato burocrático del Estado (Poulantzas, 1973).
Por ejemplo, la aristocracia urbana (notables) en Colombia ha tendido a ocupar
los principales cargos en el Estado central (presidencia y ministerios) mientras
que los profesionales del voto y los gamonales han sido los intermediarios del
nivel regional, es decir, llegan al Congreso para movilizar votos y apoyar la
agenda legislativa del Ejecutivo en intercambio de puestos, contratos y
negocios (Robinson, 2013; González, 2014).
Por tales motivos, se entenderá la clase social del político en función de su
cercanía con las principales instituciones ejecutivas del Estado central:
presidencia y ministerios46. Así, por “aristócrata” o “notable”, se entenderá el
44 Esta perspectiva es cercana a Barrington Moore (1982), Pierre Bourdieu (2000) y Nico Poulantzas (1973), quienes sostienen que las clases sociales se transforman dependiendo de sus luchas por acceder al poder del Estado central. Cada clase social tiene valores y formas diferentes de movilizar recursos para instrumentalizar las instituciones del Estado a su favor. De ahí que el concepto sociológico de la clase social para estos autores termine siendo un subproducto de las relaciones de poder al interior del Estado central y no al interior de los mercados capitalistas. 45 Robert Michels (1972: 206), por ejemplo, en su estudio sobre las élites políticas alemanas en el período de la post guerra, sostiene que a pesar de los grandes cambios que sobrevienen con los procesos de apertura democrática, la aristocracia como élite en el poder no tiende a desaparecer ni a ser sustituida de manera completa por los nuevos operadores políticos: “El ascenso de los nuevos aspirantes al poder siempre está sembrado de dificultades, cerrado por obstáculos de toda clase…es muy raro que la lucha entre los viejos líderes y los nuevos termine con una derrota completa de los primeros. El resultado del proceso ya no es circulación de las élites, sino reunión de las élites; es decir una amalgama de estos dos elementos” (Michels, 1972: 206) 46 Una mirada a la composición histórica –en términos de clase social- de las Altas Cortes sería deseable. No obstante, esa pretensión escapa a las posibilidades de este trabajo.
46
político que es descendiente de un ex presidente o ex ministro y que tiene un
nivel educativo alto (Carrizosa, 1983; Deas, 1973).
Por “gamonal”, se entenderá el político que no es descendiente de un ex
presidente o ex ministro y que es dueño de grandes extensiones de tierra
(Melo, 1998; Reyes, 1978; Ortiz, 1985). Y por “profesional del voto”, se
entenderá el político que no es descendiente de un ex presidente o ex ministro
y que depende económicamente de las rentas provenientes del Estado (Ortiz,
1965; Reyes, 1978).
4. Un marco teórico sobre la parapolítica: coaliciones de clase,
variedades de capital y conexiones con “el centro”
La clase social y la proximidad del senador y el representante a la cámara con
el “centro político y administrativo del Estado colombiano”, son variables
interrelacionadas que explican las manifestaciones regionales de la parapolítica.
Por ejemplo, las relaciones eran:
a. De cooperación cuando el congresista pertenecía a una clase alta o media
agraria (gamonales) con vínculos débiles con el “centro”
b. De cooptación cuando el congresista pertenecía a una clase media o baja
urbana (profesionales del voto) con vínculos débiles con el “centro”
c. De competencia y oposición cuando el congresista pertenecía a una
clase alta urbana (aristócrata) con vínculos fuertes con el “centro”
La fortaleza o debilidad del vínculo con el “centro”, depende de lo que Pierre
Bourdieu (2000: 131-164), llama la posibilidad de acumulación de diferentes
47
variedades de capital. Para este autor por ejemplo, existen tres variedades del
capital: el económico, el social y el cultural. Cada variedad de capital tiene una
base material y simbólica que lo sustenta (ver tabla 1).
Los notables (la aristocracia) tienen un capital social heredado que los aventaja
de otras fracciones de la clase dominante47 (Bourdieu, 2000: 141). El hecho de
que un político cuente con parientes que hayan sido ex presidentes o ex
ministros, le permite heredar unas redes de contactos en el sector público y
privado, que pueden estar a su plena disposición porque los favores que se
pidan están mediados por un sentido de gratitud y solidaridad de clase48
(Bourdieu, 2000: 162).
Tabla 1. Variedades de capital
Tipo Base material Base simbólica
Económico Dinero y propiedad
inmobiliaria Cuentas bancarias y derechos
de propiedad
Cultural Conocimiento escolar y
universitario Títulos académicos
Social Redes de contactos y
amigos
Títulos nobiliarios (honorabilidad y respetabilidad)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Pierre Bourdieu (2000: 131-164)
En muchas ocasiones, el capital social es convertible en capital cultural y
económico (Bourdieu, 2000: 134-135). Para reproducir su ascendencia, las
familias de notables envían a sus hijos a las mejores escuelas y universidades,
con dos propósitos: primero adquirir los conocimientos especializados que se 47 Por esa razón, se ha sostenido que la clase social del político y la proximidad con el centro, están interrelacionados. 48 La solidaridad de clase que habla Bourdieu (2000: 162) puede ser contrastada con la designación de los parientes de ex presidentes en altos cargos del Ejecutivo durante el gobierno de Juan Manuel Santos (un notable como lo demuestra el estudio genealógico de Carrizosa). Por ejemplo, está Miguel Samper Strouss (hijo de Ernesto Samper Pizano) como Viceministro de Justicia; María Carolina Hoyos Turbay (nieta de Julio César Turbay) como Viceministra de Tecnologías de Información; María Ángela Holguín (bisnieta de Jorge Holguín Mallarino) como Ministra de Relaciones Exteriores, entre otros.
48
requieren para manejar sosteniblemente las empresas o los asuntos de
gobierno; y segundo, para “socializar con compañeros de estudio que pueden
rentabilizarse luego en el mercado matrimonial” (Bourdieu, 2000: 135).
De esa manera, un notable debido al capital social acumulado desde su
nacimiento, y al capital cultural acumulado debido a sus títulos académicos,
puede generar una conexión más fuerte con el centro, lo que lo hace menos
vulnerable frente a la pérdida de elecciones.
Sí por ejemplo un notable se postula a un cargo de elección popular y pierde en
las urnas, éste tiene altas posibilidades de ser reubicado en una agencia estatal
(ministerios, embajadas, organismos de planeación estatal, etc.), ya que su
capital cultural o su capital social le genera redes de protección dentro de una
fracción de la clase gobernante (Bourdieu, 2000: 138).
Al ser menos vulnerables en caso de perder elecciones, los congresistas de
extracción aristocrática tienen menos incentivos para aliarse con los
paramilitares, pues no necesitan de sus servicios de coerción privada para
constreñir votantes o para excluir por la vía de la fuerza a sus competidores
políticos pues al fin al cabo, su futuro no está en riesgo por perder elecciones y
además, debido a su capital social, pueden encontrar mecanismos
institucionales para excluir a sus adversarios del poder49.
Por su parte, los congresistas que han heredado o han adquirido su capital
económico de los negocios en el sector industrial, comercial o de servicios,
49 Un magistrado (que pidió reserva de su nombre), en una entrevista realizada en Bogotá, el mayo 15 de 2014, afirmó: “los políticos de verdadera tradición, utilizan mecanismos jurídicos y legales para sacar de la competencia a sus rivales… para eso tienen la Procuraduría, o amigos e incluso gente de familia en las direcciones seccionales de Fiscalía”. Esta afirmación de un magistrado, da cuenta que los políticos que él denomina de “gran tradición” pueden excluir de la competencia política a sus adversarios sin tener que matarlos o amenazarlos como lo hacían los paramilitares. Con inhabilidades o destituciones de la Procuraduría, o inicio de investigaciones en la Fiscalía, pueden excluir a un rival de la competencia política.
49
tienen menos incentivos para aliarse (sistemáticamente) con señores de la
guerra o mafias pues requieren formas más institucionalizadas e impersonales
–como la Fuerza Pública controlada por un régimen legal- para proteger sus
activos fijos y patrimonios (Winters, 2011).
Para Jeffrey Winters (2011: 208-274), los oligarcas que crean riqueza de
sectores productivos diferentes a la tierra, tienen incentivos para invertir en un
tipo de seguridad institucionalizada, que se rija por el Estado y que pueda ser
controlada civilmente (mediante el derecho) para disminuir el riesgo de que
señores de la guerra (agentes privados de la coerción) o mafiosos los
expropien, secuestren, cobren extorsiones que les reduzca el margen de
rentabilidad a del negocio o alteren los precios en el mercado por paralizar
carreteras, asesinar trabajadores, etc.50
Por otro lado, autores como Acemoglu & Robinson (2006; 2012) y North, Wallis
& Weingast (2009) plantean que en los países agrodependientes (porque la
agricultura y la ganadería representan un porcentaje significativo del PIB), los
políticos nacionales tienen menos incentivos para construir instituciones
estatales fuertes51 porque éstos no están dispuestos a negociar con las élites
agrarias de la periferia, el pago de impuestos a la tenencia de la tierra ya sea
por perjuicio propio o por pérdida de coaliciones de apoyo político y social.
50 Winters (2011: 254-272), pone el ejemplo de Singapur después de su independencia en 1965. Según el autor, un sector de los exportadores e industriales de origen chino (los hombres más ricos del país), para evitar que los contrabandistas y las Tríadas (mafia) de la región de Macao controlaran territorios, y los siguieran extorsionando y secuestrando, pactaron una alianza con el primer ministro Lee Kuan Yee, en el que se comprometieron a invertir una proporción significativa de su patrimonio para financiar un aparato de coerción y represión estatal que fuera controlado por un pequeño número de burócratas. En intercambio, estas élites incidían en “consejos de ministros” y podían orientar la política macroeconómica del país. 51 North, Wallis & Weingast (2009), denominan a las instituciones políticas fuertes como “órdenes de acceso abierto” que se caracterizan por cumplir con cuatro requisitos: i. la sostenibilidad en las tasas de crecimiento económico; ii. la inclusión política bajo reglas de juego impersonales que estimulan la competencia entre élites; iii. el nivel de asociatividad gremial-comunitaria; iv. el tamaño del gobierno y la descentralización (los países más ricos invierten mayor porcentaje de su presupuesto –en relación al PIB- para fortalecer redes institucionales de gobernanza subnacional).
50
En Colombia, por ejemplo, los representantes políticos de los terratenientes en
el Congreso han obstaculizado la implementación de las reformas agrarias de
1936 y 1961, y en especial, han revertido las legislaciones que cobran
impuestos a las tierras inoficiosas (Gutiérrez, 2011; LeGrand, 1988).
Por racionalidad económica, las élites industriales y comerciales tienen más
incentivos de crear formas institucionalizadas en el Estado para proveer
seguridad y protección (Acemoglu & Robinson, 2006; Winters, 2011), para no
delegar esta tarea a privados a los que no pueden controlar o no pueden
sancionar de manera implacable cuando cometen excesos52.
Por esa razón, el tipo de capital económico que tienen los políticos es
fundamental para comprender los incentivos que tienen éstos para tomar la
decisión de aliarse con organizaciones privadas de venta de protección que no
están reguladas por el Estado –ya sea porque operan en su ausencia o porque
florecen en sus márgenes de ingobernabilidad- (Gambetta, 2007).
De esa manera, los políticos que han tenido posibilidades de acumulación de
capital en el sector secundario o terciario de la economía, tienen menos
incentivos de ceder espacios de poder a mafias o grupos paramilitares por la
aversión al riesgo de ser excluidos por éstos del mercado de los votos o de los
negocios (Winters, 2011).
Por ejemplo, Gambetta (2007) y Banfield (1958), plantean que la mafia en
Italia surge en las regiones del Sur (Sicilia y Reggio Calabria) y no en el Norte
(Turín, Milán y Génova) porque el sur tenía estructuras económicas cuasi-
52 Por ejemplo, un congresista puede presionar para que un oficial del Ejército o la Policía que comete excesos pueda ser llamado a calificar servicios. De igual manera, el congresista puede presionar para que oficiales de la Fuerza Pública que no son de su agrado (por diferentes motivos) sean trasladados a otra jurisdicción territorial. Con un mafioso o señor de la guerra, este margen de negociación es muy reducido sí el político no pertenece a la estructura orgánica de la “empresa de coerción”.
51
feudales (dependencia a la agricultura, relaciones serviles y clientelistas,
debilidad del imperio de la ley, etc.) mientras que en el norte había capitalismo
industrial y Estado53.
En ese orden de ideas, los notables que han acumulado capital de su
participación en el sector industrial, comercial o de servicios, tienen
más posibilidades de oponerse a las pretensiones de dominación de
los jefes paramilitares a diferencia de los caciques y los gamonales
que tienen más posibilidades de ser cooptados por éstos.
La tabla 2 expone el mecanismo54 que explica por qué los notables son más
proclives a no aceptar las exigencias de poder de los paramilitares a diferencia
de los profesionales del voto y los gamonales. No obstante, vale la pena
resaltar la sugerencia de Charles Ragin (2011), quien sostiene que cuando se
habla de mecanismos explicativos, se debe especificar las condiciones
necesarias y suficientes que conducen al desenlace causal esperado.
Dicho de otro modo: sí la clase social aristocrática del congresista es una
condición necesaria que se debe presentar para que surjan relaciones de
oposición con los jefes paramilitares, ésta tal vez no sea una condición
suficiente para que efectivamente surjan relaciones de oposición.
Por ejemplo, en el departamento del Cesar, ‘Jorge 40’ benefició en las
elecciones parlamentarias de 2002 a Álvaro Araújo Castro55, un integrante de la
aristocracia vallenata. Por medio de los “distritos electorales” y a través del
53 Eric Hobsbawm (1969) plantea la misma tesis: es en regiones premodernas o precapitalistas donde surgen bandoleros que se constituyen en estructuras de autoridad paralelas al Estado-nación. 54 Los mecanismos son “patrones causales de aparición frecuente y fáciles de reconocer que se ponen en funcionamiento en condiciones generalmente desconocidas o con consecuencias indeterminadas” (Elster, 2010: 52). 55 Álvaro Araújo Casto es hijo de Álvaro Araújo Noguera, quien fue ministro de agricultura durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Además, es primo de María Consuelo Araújo, ex ministra de cultura durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por estas razones de linaje familiar, se clasificó como “notable”.
52
secuestro de su rival Víctor Ochoa Daza (líder del Movimiento Renovación
Liberal), los paramilitares le aseguraron una curul a este político notable (Corte
Suprema de Justicia, Proceso no. 27032, 18 de marzo de 2010).
Sí Álvaro Araújo era un notable, ¿por qué no se opuso a las pretensiones de
dominación de Jorge 40? – En estos casos, Ragin (2011) sugiere examinar el
otro conjunto de condiciones que permiten que un desenlace causal se dé. En
esa lógica, la tabla 2, menciona el mecanismo explicativo y la concatenación de
condiciones necesarias y suficientes que se deben presentar para tener el
desenlace causal esperado.
Tabla 2. Mecanismo que explica las relaciones de oposición entre los
congresistas y los jefes paramilitares
Nombre del mecanismo
Condición necesaria
Condición suficiente
Desenlace causal
Mecanismo de acumulación de capitales
Tener parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros (capital social)
Tener estudios de posgrado (capital cultural)
Tener
negocios en el sector industrial, comercial o de servicios (capital económico)
Congresista que se opone a las pretensiones de dominación de los jefes paramilitares pues no tiene incentivos para cederles espacios de poder ya que tiene redes de protección en el Estado que le sirven ya sea para cuidar su patrimonio o para ocuparse laboralmente en caso de perder elecciones
Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta la teoría de conjuntos de Charles Ragin (2014)
53
Cuando está ausente el mecanismo de acumulación de capitales es probable
que los congresistas sean cooptados por los jefes paramilitares con el propósito
de articularlos a sus proyectos de gobernanza mafiosa. Ese sería el caso del ex
congresista Álvaro Araújo, quien no tenía estudios de posgrado (capital
cultural) y no representaba los intereses de sectores productivos aptos para la
acumulación de capital económico.
En ese sentido, cuando los congresistas no pueden acumular diferentes tipos
de capitales (social, cultural y económico), son más proclives a terminar
coaligados con los paramilitares. Esto se explica por dos razones:
a. Los congresistas que no tienen parientes que hayan sido ex presidentes
o ex ministros, cuentan con menos capital social y cultural. La carencia de este
tipo de capitales los hace más vulnerables en dos situaciones específicas: por
un lado, cuando pierden elecciones, pueden “entrar en desgracia” –
literalmente-. Para reducir la incertidumbre sobre el resultado electoral, pueden
servirse de los servicios de coerción que ofrecen los paramilitares, para
constreñir votantes y excluir a sus competidores políticos de la contienda
electoral.
Por otro lado, al carecer de capital social y cultural, el congresista cuenta con
menos recursos de poder para poder protegerse de las amenazas de muerte
que le puedan propinar los jefes paramilitares para disuadirlo. Es decir, no
tienen el acceso a redes de protección que pueden ofrecer magistrados de altas
cortes, ministros, el fiscal general de la nación o comandantes de la policía o el
ejército.
b. Los congresistas que tienen activos rurales (los gamonales), se pueden
coaligar con los paramilitares por un interés económico o por afinidades de
54
clase social agraria (al respecto, véase Moore, 1982). Por ejemplo, congresistas
ganaderos como Álvaro García Romero, prestaron sus fincas para realizar las
reuniones fundacionales que dieron origen al Bloque Héroes de los Montes de
María (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 32805,
23 de febrero de 2010).
Por otro lado, los gamonales pueden ayudar a los jefes paramilitares y sus
testaferros, a legalizar predios despojados (Gutiérrez, 2014: 294-332). Tal
sería el caso del ex congresista José Gamarra Sierra, quien utilizó sus
contactos políticos para escriturar una propiedad despojada por el Bloque
Norte56 (Verdad Abierta, 26 agosto de 2013: “La despojo-política en
Remolino”).
Tabla 3. Mecanismos que explican las alianzas de los congresistas con
los jefes paramilitares
Nombre del mecanismo
Condición necesaria
Condición suficiente
Desenlace causal
Mecanismo de adaptación
Dependencia económica a la
burocracia estatal (salarios,
puestos y contratos)
No tener parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Congresista se acomoda al statu quo paramilitar porque no tiene las redes de protección estatal y económicas necesarias para oponerse a las exigencias de poder de los jefes paramilitares
56 Velasco (2014b), observó una relación estadística entre los municipios microfocalizados para la restitución de tierras donde se han registrado amenazas contra reclamantes de tierras y voto por herederos de los parapolíticos.
55
Nombre del mecanismo
Condición necesaria
Condición suficiente
Desenlace causal
Mecanismo de alineación de intereses
de clase agraria
Dependencia económica a la agricultura o la
ganadería
No tener parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Congresista colabora con el statu quo paramilitar y lo promueve porque al ser propietario de tierras y empresario del campo, genera afinidades de clase social con los paramilitares, quienes protegen su patrimonio y lo pueden ayudar a expandirlo
Fuente: Elaboración propia
56
Capítulo III
La parapolítica revisada:
Un estudio de caso comparado en Magdalena y Atlántico
En este capítulo se pondrán en funcionamiento los mecanismos de
“acumulación de capitales”, “adaptación” y “alineación de intereses de clase
agraria”. Para ello, en la primera sección, se especifican detalles del diseño
metodológico y se describen las fuentes de información utilizadas.
Posteriormente, en la segunda sección, se comparan los casos de parapolítica
en los departamentos del Magdalena y Atlántico.
1. Diseño metodológico
Para poder contrastar empíricamente la hipótesis, se utilizó la siguiente
metodología:
Primero, se elaboró una lista sobre los congresistas de la región Caribe
electos en los comicios de 2002 y 2006 (se puede consultar en la tabla 5).
La lista diferenció los condenados por parapolítica de los que no han sido
investigados o cuya investigación fue precluida.
¿Por qué se escogió la región Caribe, y no otra región del país? – Por dos
motivos: i. porque en la Costa fueron más frecuentes las relaciones
parapolíticas (dos terceras partes de los condenados por parapolítica están en
departamentos como Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico); ii.
Porque en esta región del país, el autor disponía de mayor acceso a la
información puesto que tenía vínculos de amistad con periodistas que son
expertos en analizar las dinámicas políticas de cada departamento.
57
Segundo, se analizó el perfil de 39 congresistas de la región Caribe electos
entre 2002 y 2006 (14 no fueron judicializados por parapolítica y 25 fueron
condenados). Se examinó el nivel educativo (capital cultural), el patrimonio
líquido, las actividades productivas y el registro de bienes inmuebles en
zonas rurales y urbanas (capital económico), y el linaje familiar de los
congresistas (clase social).
Esta información (que permitió la elaboración de una matriz) se recolectó
mediante derechos de petición enviados a la Superintendencia de Notariado y
Registro; consulta en la página web de la Secretaria del Senado (donde se
reporta “la declaración juramentada de bienes” de los congresistas electos o “la
declaración de renta” avalada por la Dirección Impuestos y Aduanas
Nacionales); consulta al Mapa del Sistema Nacional Catastral del IGAC; y
diligenciamiento de sondeos opinión experta en los departamentos de Cesar,
Magdalena y Córdoba57.
Vale la pena destacar que esta información sustentada en documentos oficiales
y versiones de expertos regionales, facilitó la clasificación de los congresistas
en los tres tipos de clase social señalados en el capítulo II: los aristócratas o
notables, los profesionales del voto y los gamonales58.
Tercero, se implementaron algunos de los lineamientos de la Teoría de
Conjuntos Difusos de Charles Ragin (2011: 17-23) donde se debe replicar el
siguiente procedimiento:
57 Estos sondeos preguntaban por la ubicación geográfica de los bienes inmuebles de los congresistas y sus actividades productivas (diferentes a la política, en caso de que las hubieren). 58 Tradicionalmente, muchos trabajos han catalogado a los políticos regionales como “notables”, “caciques”, gamonales” y “profesionales del voto”, sin tener documentación oficial que permita verificar que efectivamente el político corresponde con dicha clase social. En este trabajo, se supera parcialmente esta dificultad, al poder rastrear los bienes patrimoniales de los congresistas así como sus actividades productivas por fuera de la política.
58
Paso uno: Elaborar una matriz para identificar similitudes y diferencias en
los 39 casos incluidos en la muestra (ver tabla 4), es decir, se buscó detallar
la distribución de los diferentes tipos de capital económico, cultural y social
entre los congresistas condenados y no condenados por parapolítica.
Paso dos: A partir del análisis de las diferencias y similitudes en los 39
casos incluidos en la muestra, se procede a seleccionar pocos casos (n
pequeño) que presenten condiciones iniciales parecidas con desenlaces
causales diferentes 59 (ver tabla 5).
Paso tres: Con la selección de los casos (n pequeño), se elabora una
tipología que sirve para sustentar la “teoría” aquí presentada.
59 Nótese que en la investigación comparativa de Barrington Moore (1982) sobre los tránsitos de los países al mundo moderno (en la versión de democracia capitalista, de fascismo o de comunismo), ya se había utilizado esta metodología. Moore (1982) lo llamaba “puntos de arranque” con “trayectorias diferenciadas”.
59
Tabla 4. Clase social y variedades de capital adquiridos por congresistas de la Costa Atlántica
condenados y no condenados por parapolítica
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Karime Motta y Morad
Atlántico Odontóloga, Universidad Metropolitana
Especialista en Ortopedia Maxila Facial del Centro de Estudios Superiores en Ortodoncia en México.
Propietaria de Instituciones Prestadoras de Salud en Barranquilla. Socia fundadora del colegio IDPHU Campestre Bilingüe Socia fundadora del colegio IDPHU Barranquilla
Reporta un patrimonio líquido de $705.285.000
NO
Fuad Char Abdala
Atlántico Abogado No tiene
Sector comercial y de servicios: Propietario de la cadena de supermercados Olímpica Propietario de la emisora Olímpica Estéreo Propietario del equipo de fútbol Júnior de
La cadena de supermercados Olímpica presentó los siguientes indicadores en el año 2013: Ventas: $3.739.649 millones de pesos Utilidad neta: $93.101 millones de pesos
Sí, fue Ministro de Desarrollo durante la presidencia de
Virgilio Barco
60
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Barranquilla Socio de la Cooperativa Coolechera. Copropietario de la Joyería Chaljub
Patrimonio: $1.116.448 millones de pesos
Roberto Gerlein Atlántico
Abogado, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Especialista en Derecho Laboral de la Javeriana
Sus hermanos son socios de la empresa contratista del Estado, Valorcorn (han ganado contratos de más de 220.000 millones de pesos60) Contratos de obras de infraestructura vial (pavimentación de calzadas, vías terciarias, rehabilitación de malla vial, sistemas de transporte masivo y redes de acueducto)
NO REPORTA
Sí, fue Ministro de Desarrollo durante la presidencia de Belisario Betancur
Efraín Cepeda Sarabia
Atlántico Economista de la Universidad de los Andes
Especialista en Altas Finanzas de los Andes
Propietarios de varias empresas dedicadas al negocio de bienes
Reporta un patrimonio líquido de $1.685.174.000
Sí, por vía materna es pariente del ex
ministro de
60 Véase por ejemplo, RCN Televisión (Valorcorn, empresa de los Gerlein, gran contratista de la Costa Caribe). Disponible en línea: http://www.canalrcnmsn.com/noticias/valorcon_empresa_de_los_gerlein_gran_contratista_en_la_costa_caribe
61
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
inmuebles en Barranquilla (Inmobiliaria Cepeda & CIA) Sector de intermediación inmobiliaria Sector ganadero
educación (durante la presidencia de Ernesto Samper),
Arturo Sarabia Better
Miguel Amín Scaf
Atlántico
Arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana
No tiene Depende de la política
Registra un bien inmueble en el Círculo Registral de Barranquilla, matrícula inmobiliaria: 040-229617. Propietario (patrimonio familiar) de las empresas “Inversiones S.M.D” y “Compañía S en C”
NO
José David Name Cardozo
Atlántico
Administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe
Gerencia, Gobierno y Asuntos públicos en la Columbia University de Nueva York y en la
Depende de la política
Reportó ingresos y rentas en el año gravable 2010 por $284.116.113
Sí, su padre José Name Terán, fue
Ministro de Trabajo durante el gobierno
de Virgilio Barco
62
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Universidad Externado de Colombia
Elías Raad Hernández
Bolívar
Médico Cirujano egresado de la universidad de Cartagena
Magíster en administración de salud de la universidad Javeriana, y especialista en alta gerencia de la universidad de los Andes.
Depende de la política
Registra un bien inmueble en el Círculo registral de Magangué, matrícula inmobiliaria 064-16986
NO
Piedad Zuccardi*
Bolívar
Comunicadora social de la Universidad Autónoma del Caribe
No tiene Ganadería y ejercicio profesional de la política
Reporta tener “negocios de semovientes”
NO
Vicente Blel Saad*
Bolívar Médico Universidad de Cartagena
No tiene Depende del ejercicio profesional de la política
Sin información NO
Pedrito Pereira Bolívar Abogado de la Universidad de Cartagena
Magíster en Gobierno Municipal de la Universidad
Copropietario de la empresa de transporte Pemape, la más grande en Cartagena
Sin información NO
63
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Externado. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre
Miguel Ángel Rangel*
Bolívar Comunicador Social
No tiene Depende de la política Sin información NO
William Montes Medina*
Bolívar Abogado No tiene Depende la política Sin información NO
Javier Cáceres Leal*
Bolívar
Técnico turístico del
Servicio Nacional de
No tiene Depende de la política Sin información NO
64
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Aprendizaje (SENA) y
cursó estudios de francés,
gestión pública y
administración pública.
José María Imbett*
Bolívar Derecho en la Universidad
de Cartagena No tiene Depende de la política Sin información NO
Álvaro Araujo Castro*
Cesar Economista de la Universidad Externado
No tiene
Propietario de la finca ‘Villa Ana María’, ubicada en el municipio de Bosconia (Cesar)
Registra 2 bienes inmuebles en el Círculo Registral de Valledupar, con matrícula inmobiliaria: 190-25262; 190-5098 Matrícula: 190-25262 Destino económico: Comercial Dirección: C 16 6 61 Área terreno: 331m2 Matrícula: 190-50980 Destino económico: Habitacional
Sí, es hijo de Álvaro Araújo Noguera,
quien fue ministro de agricultura
durante el gobierno de Alfonso López
Michelsen
65
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Dirección: C 6 19B1 31 Área terreno: 143m2
Mauricio Pimiento*
Cesar Abogado de la Universidad Libre
No tiene
Su esposa heredó la finca El Blandón, en Valledupar por la curva del Salguero Además, tiene 2 fincas en Valledupar
Registra 4 bienes inmuebles en el Círculo Registral de Valledupar, con matrícula inmobiliaria: 190-85871; 190-85872; 190-85870; 190-85869 Matrícula: 190-85871 Destino económico: Habitacional Dirección: K 12 7D 49 GA 10 Área terreno: 6 m2 Matrícula: 190-85872 Destino económico: Habitacional Dirección: K 12 7D 49 AP 04 Área terreno: 1 m2 Matrícula: 190-85870 Destino económico: Habitacional
NO
66
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Dirección: K 12 7D 49 GA 09 Área terreno: 6 m2 Matrícula: 190-85869 Destino económico: Habitacional Dirección: K 12 7D 49 AP 203 Área terreno: 57 m2
Alfredo Ape Cuello
Cesar Administrador de Empresas
Maestría en Administración de Negocios
Tiene finca en Codazzi Propietario de finca en El Paso Propietario de finca en Astrea Propietario de finca en El Banco (Magdalena) Su negocio es la ganadería y la palma de aceite
NO REPORTA NO
Álvaro Morón Cuello*
Cesar Abogado de la Universidad Externado
Especialización en derecho
privado de la Universidad
Externado y en gerencia
pública de la
Tiene fincas ganaderos en El Paso (Cesar)
- NO
67
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
UDES
Musa Besaile Fayad
Córdoba
Ingeniero civil de la Corporación Universitaria de la Costa
Especialista en gerencia con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana
Es propietario de la hacienda ganadera Nuevo México, en el municipio de Sahagún, criador de toros bravos y caballista. Es propietario de la arrocera Palmira, también en Sahagún. Tiene negocios con cabeza de ganado lechero en Sahagún
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Sahagún, con las siguientes matrículas inmobiliarias: 148-39914, 148-18332, Círculo de San Marcos; matrículas inmobiliarias: 346-6662, 346-530, 346-3125, 346-1750, 346-3241, 346-6144, 346-6659, 346-6661, 346-6660 Matrícula: 148-39914 Destino económico: Agropecuario Dirección: ORO BLANCO Área terreno: 198Ha, 7418m2 Matrícula: 346-5300 Destino económico:
NO
68
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Agropecuario Dirección: LA ESPERANZA Área terreno: 6Ha, 529m2
Bernardo Elías Vidal
Córdoba
Ingeniero Civil en la Universidad de la Salle en Bogotá
Especialista en gerencia de construcciones en la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá.
Depende de la política profesional
No aparecen registros de bienes inmuebles Reporta un patrimonio líquido de $795.637.000 Declara no tener intereses privados
NO
Reginaldo Montes*
Córdoba Derecho en la Universidad del Atlántico
No tiene
Adquirió varios buses de servicio interdepartamental Sus ingresos siempre han estado ligados a la política profesional.
NO REPORTA NO
Juan Manuel López Cabrales*
Córdoba Ingeniero Civil Administración pública
Propietario de la finca El Salvador, con una extensión 6 a 7 hectáreas de tierras, ubicada en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica.
Registra dos bienes inmuebles en el Círculo Registral de Montería con las siguientes matrículas inmobiliarias: 140-14218 y 140-14219
Sí, su tío Edmundo López Gómez, fue
ministro
69
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Su mayor entrada económica ha sido la política a través de la gobernación de Córdoba durante 14 años.
Julio Manzur Abdala*
Córdoba
Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, estudió en la Facultad de Agronomía de la sede de Palmira, Valle del Cauca
No tiene
Heredó la finca Manchego, corregimiento San Anterito, municipio de Montería, entre 300 y 400 hectáreas de tierra. Finca Santa Rosa, vereda León Arriba, jurisdicción de Montería, aproximadamente 300 hectáreas, utilizadas para la ganadería extensiva. En el municipio de Cereté adquirió la Finca Ganadera Casa Brava, de 60 hectáreas aproximadamente para la ganadería. En Cereté, es propietario de la hacienda Panamá,
Registra 10 bienes inmuebles en el Círculo Registral de Montería con las siguientes matrículas inmobiliarias: 140-78517; 140-47918; 140-78519; 140-78520; 140-78516; 140-68321; 140-38773; 140-92826; 140-41418; 140-38772 Código predial: 23-001-000100380264000 Matrícula: 140-78517 Destino económico: Agropecuario Dirección: MONO GONZALEZ LOTE B Área terreno: 7Ha, 8714m2
NO
70
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
con una extensión de 180 hectáreas, que utiliza para la siembre de algodón, con un promedio de 540 toneladas de producción por cosecha.
Matrícula: 140-47918 Destino económico: Agropecuario Dirección: SAN LUIS 2 Área terreno: 40Ha, 7732m2 Matrícula: 140-78519 Destino económico: Agropecuario Dirección: LOS HERNANDEZ LOTE A Área terreno: 21Ha, 7678m2 Matrícula: 140-78520 Destino económico: Agropecuario Dirección: LOS HERNANDEZ LOTE B Área terreno: 3Ha, 6410m2 Matrícula: 140-78516 Destino económico: Agropecuario Dirección: MONO GONZALEZ LOTE A Área terreno: 19Ha,
71
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
3733m2 Matrícula: 140-38773 Destino económico: Habitacional Dirección: C 64 4 29 Lo 2 Área terreno: 511m2 Matrícula: 140-92826 Destino económico: Agropecuario Dirección: Lote Área terreno: 5Ha, 0m2 Matrícula: 140-41418 Destino económico: Habitacional Dirección: C 65 8 48 Área terreno: 236m2 Matrícula: 140-38772 Destino económico: Habitacional Dirección: C 64 4 13 Área terreno: 767m2
72
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Freddy Sánchez Arteaga*
Córdoba
Abogado de la Universidad Gran Colombia
No tiene
Fue propietario de la emisora Radio Progreso y de algunas tierras en el municipio de Lorica las cuales vendió. Posteriormente se radicó en Montería donde adquirió en Bar en el centro comercial Alamedas del Sinú. Depende la política
No aparecen registros de bienes inmuebles con este nombre
NO
Zulema Jattin Corrales*
Córdoba
Comunicadora Social de la Universidad Complutense de Madrid
No tiene
Según habitantes del municipio de Lorica, la ex congresista junto con su hermano heredaron más de 2 mil hectáreas de tierra. Es propietaria de varios apartamentos que tiene en arriendo en el casco urbano de Lorica
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Cartagena, matrícula inmobiliaria: 060-37266 Matrícula: 060-37266 Destino económico: Lote urbanizado no edificado Dirección: K 10 25 189 Área terreno: 52m2
NO
Miguel Alfonso de la Espriella*
Córdoba Abogado de la Universidad Externado
No tiene
Es propietario de pequeña finca ganadera en el municipio de Cereté, de
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Cereté con la matrícula inmobiliaria:
NO
73
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
aproximadamente 10 hectáreas. Actualmente en su condición de abogado se le observa litigando en el Palacio de Justicia en Montería.
143-14619
Salomón de Jesús Saade
Abdala* Magdalena
4 semestres de Ingeniería Agrónoma
No tiene Ganadería extensiva
Registra 9 bienes inmuebles en el círculo registral de Santa Marta con matrículas inmobiliarias: 080-51621; 080-92678; 080-92679; 08092677; 080-92675; 080-92676; 080-62144; 080-62147; 080-26379. Matrícula: 080-51621 Destino económico: Habitacional Dirección: CS Área terreno: 897m2 Matrícula: 080-92678 Destino económico: Habitacional Dirección: C 14 4 36
NO
74
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
GA 4 Área terreno: 14 m2 Matrícula: 080-92679 Destino económico: Habitacional Dirección: C 14 4 36 GA 5 Área terreno: 14 m2 Matrícula: 080-92677 Destino económico: Habitacional Dirección: C 14 4 36 GA 3 Área terreno: 14 m2 Matrícula: 080-92675 Destino económico: Habitacional Dirección: C 14 4 36 GA 1 Área terreno: 14 m2 Matrícula: 080-92676 Destino económico: Habitacional Dirección: C 14 4 36 GA 2 Área terreno: 14 m2
75
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Fuad Rapag Mattar*
Magdalena Administrador de empresas
No tiene
Propietario del restaurante el Banano en el sector del Rodadero y Restaurante Tijeras en la zona turística. Tiene fincas ganaderas en el municipio Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena)
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Ciénaga, matrículas inmobiliarias: 222-5975, 225-5316, 222-6414
NO
Miguel Pinedo Vidal*
Magdalena Abogado Universidad Externado
No tiene Depende de la política profesional
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Santa Marta, matrículas inmobiliarias: 080-34725, 080-27251, 080-34726, 080-2746 Matrícula: 080-2746 Destino económico: Agropecuario Dirección: AVENIDA BOYACA MINCA Área terreno: 0Ha, 7733m2
NO
76
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Alfonso Campo Escobar*
Magdalena
abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Especialización en Derecho Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado
Propiedad de Cabaña en el corregimiento de Taganga, avaluada en 3.000 millones de pesos.
No se encontró registro de bienes inmuebles con este nombre
NO
Luis Eduardo Vives
Lacouture* Magdalena Ingeniero civil No tiene
Propietario de finca ganadera Villa Ester, Ciénaga (Magdalena) Socio de la Empresa FRUPALMA SA. Socio de la empresa TOPACIO (con la Familia Dávila)
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Plato, matrícula inmobiliaria: 222-16734; Círculo de Santa Marta, matrículas inmobiliarias: 080-38843. Matrícula: 080-38843 Destino económico: Habitacional Dirección: K 16D 12 40 PH 402 Área terreno: 110m2
NO
Sergio Díaz Granados
Magdalena Abogado de la Universidad Externado
Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de
Sus familiares en primer y segundo grado de consanguinidad son accionistas de la empresa bananera La
Su familia “tiene actividades privadas dedicadas a la producción y exportación de banano”
Sí, su padre, José Ignacio Diaz Granados fue ministro de salud
77
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Salamanca Palma que opera en Cesar y Magdalena
y además están desarrollando un proyecto de “Marina Internacional”
José Alfredo Escobar Araújo
Magdalena
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana
Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca
Ejercicio de la política
En el año 2006, registró un patrimonio líquido de 1.089 millones de pesos. Tiene escrituradas a su nombre, 34 bienes inmuebles
Su padre fue Hugo Escobar Sierra, quien fue Ministro de Justicia durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala
José Joaquín Vives
Magdalena
Abogado de la Pontificia
Universidad Javeriana
Especialista en Derecho
Constitucional de la
Universidad Externado
Depende de la política Sin información
Su padre Rodrigo Vives Echeverría fue ministro de gobierno
José Gamarra Sierra*
Magdalena
Derecho en la Corporación Universitaria de la Costa
CUC
No tiene Tiene fincas ganaderas en el municipio El Plato,
en Magdalena Sin información NO
Jorge Luis Caballero*
Magdalena Abogado de la Universidad del Norte
Especialización en Alta
gerencia de la Universidad de
Depende del ejercicio profesional de la política
Sin información NO
78
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
los Andes, Cartagena.
Álvaro García Romero*
Sucre No tiene No tiene Ganadería extensiva y ejercicio profesional de la política
Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Bogotá, Zona Norte, matrículas inmobiliarias: 50N-20560741; 50N-20560661; 50N-20212060 Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Valledupar: 190-22489; 190-22488; 190-91066; 190-22491 Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de San Juan del Cesar: 214-4665 Registra bienes inmuebles en el Círculo Registral de Chaparral: 355-16100 Matrícula: 190-22491 Destino económico:
NO
79
Nombre del (ex) congresista
Departamento
Capital cultural Capital económico Capital social
Pregrado Posgrado Actividad productiva Bienes inmuebles
registrados o reporte de patrimonio líquido
¿Es pariente de un ex presidente
o ex ministro?
Habitacional Dirección: K 20 42 11 Área terreno: 331m2
Jairo Merlano Fernández*
Sucre Abogado de la Universidad Externado
No tiene
Tiene fincas en la zona rural de Sincelejo Tiene fincas ganaderas en los Montes de María Sociedad Sincelejo Comercial Ltda Socio de empresa Proinversiones Venta de gasolina Ganadería
Registra un bien inmueble en el Círculo Registral de Sincelejo con matrícula inmobiliaria: 340-13119
NO
Eric Morris Taboada*
Sucre Administrador de empresas
No tiene Ganadería extensiva y ejercicio profesional de
la política - No
*Indica que fueren privados de su libertad por haber sido judicializados por concierto para delinquir agravado (parapolítica)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información aportada por la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto
Geográfico Colombiano Agustín Codazzi, Secretaría del Senado de la República, Corte Suprema de Justicia, La Silla Vacía y Revista Semana
80
Del análisis de los datos contenidos en la anterior matriz (paso 1), se procedió
a escoger los siguientes casos (paso 2):
Tabla 5. Lógica de escogencia de casos
Caso Condiciones iniciales parecidas
Desenlaces causales diferentes
Magdalena Departamento ubicado geográficamente en la Costa Atlántica colombiana
Entre los años 1996 y 2005, operó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia
El comandante del Bloque Norte, era un empresario ganadero y arrocero de Valledupar, llamado Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40)
1. Los notables o aristócratas (clase alta urbana) compitieron los espacios de poder regionales con Jorge 40 (por ejemplo, José Joaquín Vives, Sergio Díaz Granados y José Alfredo Escobar Araújo) 2. Los profesionales del voto y los gamonales (clase agraria), fueron cooptados por el proyecto de gobernanza paramilitar de Jorge 40 llamado “Movimiento Provincia Unida”
Atlántico Departamento ubicado geográficamente en la Costa Atlántica colombiana
Entre los años 1996 y 2005, operó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia
El comandante del Bloque Norte, era un empresario ganadero y arrocero de Valledupar, llamado Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40)
1. Los notables o aristócratas (clase alta urbana) que representaban los intereses de sociedades que acumulaban capital del sector secundario o terciario de la economía, se opusieron a la infiltración de los paramilitares en la Alcaldía de Barranquilla (por ejemplo, Fuad Char Abdala y Efraín Cepeda Sarabia) 2. Los políticos de izquierda que dependían económicamente de la burocracia estatal (profesionales del voto), permitieron la infiltración de los
81
paramilitares en la alcaldía de Barranquilla (por ejemplo, el Movimiento Ciudadano durante la alcaldía de Guillermo Hoenigsberg).
Fuente: Elaboración propia
Como se percibe en la tabla 7, los departamentos de Magdalena y Atlántico,
contaron con congresistas de clase social aristocrática (parientes de ex
presidentes y ex ministros, y tenían un alto nivel educativo) que no fueron
condenados por parapolítica.
En el departamento de Magdalena, todos los congresistas que fueron
judicializados por parapolítica, pertenecían a una clase social agraria
(gamonales) o eran profesionales del voto. Lo mismo ocurrió en Atlántico,
aunque en menor proporción, debido al predominio electoral de los aristócratas
del departamento.
En ese orden de ideas, los departamentos de Atlántico y Magdalena, permiten
contrastar empíricamente la hipótesis del trabajo según la cual, la clase social
del congresista y su cercanía con el “centro político y administrativo del
Estado”61, explican cuando se presentan relaciones de cooperación, cooptación,
competencia u oposición entre los parlamentarios y los jefes paramilitares.
Por último, del análisis comparativo de estos dos casos, se construyó una
tipología que se presenta en la tabla 6 (paso tres) y que será la hoja de ruta
para la demostración analítica de la hipótesis de trabajo.
61 Vale la pena recordar, que la cercanía de un congresista con el “centro político y administrativo del Estado”, depende de lo que Bourdieu llama la posibilidad de acumular diferentes variedades de capital, como el social, económico y cultural.
82
Tabla 6. Tipología de relaciones entre congresistas y jefes
paramilitares
Clase social del congresista
Notables
(aristócratas) Profesionales del voto y gamonales
Acumulación de diferentes
variedades de capital (económico,
social y cultural)
Alta
Oposición (Fuad Char Abdala y Jorge 40 en Barranquilla, Atlántico)
No existe
Baja
Competencia (Sergio Díaz Granados, José Escobar Araújo y José Joaquín Vives, con Jorge 40 en Magdalena)
Cooperación (Salomón Saade, José Gamarra Sierra, Dieb Maloof) y cooptación (Luis Vives Lacouture, Jorge Caballero, Karelly Lara; con Jorge 40 en Magdalena)
Fuente: Elaboración propia
De esa forma, cuando los congresistas de clase social aristocrática tenían una
“acumulación alta de capitales” –por tener riquezas derivadas de las economía
industrial o de servicios-, tendieron a oponerse a las aspiraciones de poder
político de los jefes paramilitares porque contaban con redes de protección a
nivel del Estado central que los blindaba frente el riesgo de morir o frente a las
posibilidades de interrumpir su carrera política en caso de perder elecciones.
Cuando los congresistas de clase social aristocrática tenían una “acumulación
baja de capitales” –porque no tenían riquezas derivadas de la economía
83
industrial y de servicios-, tendieron a competir los espacios de poder político
con los jefes paramilitares, ya que sus vínculos privilegiados con el “centro”, les
permitía continuar con su carrera política en caso de perder elecciones.
Por su parte, cuando los congresistas de clase social alta o media rural
(gamonales) tenían una “acumulación baja de capitales”, tendieron a cooperar
de manera orgánica con los jefes paramilitares, ya que dependían del poder
coercitivo de éstos para iniciar o escalar su carrera política en el Legislativo.
Por último, cuando los profesionales del voto tenían una “acumulación baja de
capitales”, tendieron a ser cooptados por los jefes paramilitares, ya que la
ausencia de linaje familiar y su nivel educativo bajo, los hacía vulnerables
frente a pérdida de elecciones, esto es, su carrera política estaba en juego
porque dependían del poder armado y financiero de los paramilitares para no
ser excluidos de la competencia política.
4. La parapolítica revisada en Magdalena62
Las aspiraciones de poder político de Jorge 40 y su proyecto de
gobernanza paramilitar llamado “Movimiento Provincia Unida”
Durante los años 2000 y 2006, el Bloque Norte de las AUC tuvo injerencia sobre
los asuntos públicos del departamento de Magdalena bajo la sombrilla de un
proyecto político llamado “Movimiento Provincia Unida” (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 27195, 19 de agosto de 2009).
62 La información aquí utilizada proviene de: expedientes y sentencias judiciales, versiones libres de postulados paramilitares, revisión de prensa regional, entrevistas a políticos y expertos locales, cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y datos proveídos por la Superintendencia de Notariado y Registro.
84
El comandante general del Bloque Norte, Jorge 40, tenía un interés especial
para convertir el poder coercitivo del paramilitarismo en poder político. Su
participación directa en política tenía razones subjetivas (erigirse como una élite
emergente) y objetivas (lograr la sostenibilidad financiera del grupo armado
ilegal que comandaba).
En primer lugar, Jorge 40 quería sustituir y reemplazar a la clase política
tradicional por considerar que ésta era excluyente y desconectada del pueblo.
Así lo demuestra en varios testimonios dados a la Fiscalía y la Corte Suprema
de Justicia:
“Era necesario que los dirigentes de los pueblos bajo nuestra influencia,
empezaran a entender que si no se apersonaban de esa dinámica política, otros
se la iban a seguir manejando, es decir, la clase política tradicional.” (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 27195, 19 de agosto
de 2009, pp. 7).
Durante una reunión fundacional del Bloque Norte63, Jorge 40 manifestó tener
cierto recelo hacia lo que él denomina la “clase política tradicional” pues les
atribuyó indiferencia y desdén por los asuntos de seguridad y orden público en
el campo:
“…los que estábamos allí mostrábamos una molestia muy grande contra la clase
política que nos representaba en la capital del país, pues ella habían sido incapaz
de reclamar, a nombre de todos, la presencia del Estado que tenía la obligación de
velar por nuestra defensa, lo que la hacía responsable por nuestro dolor” (Tovar,
inédito: 47).
63 Esta reunión fundacional se realizó en una finca de Carlos Castaño que queda por el valle del río Sinú al sur de Córdoba.
85
En segundo lugar, Jorge 40 encontró en los recursos públicos de alcaldías y
gobernaciones una fuente permanente de financiación (Pedraza & Olaya, 2010:
191-263). A diferencia de otras estructuras paramilitares que se financiaban
principalmente de las rentas del narcotráfico, el Bloque tuvo incentivos para
relacionarse con diferentes sectores políticos para obtener recursos de la
contratación pública64.
Las razones subjetivas y objetivas de Jorge 40 lo llevó a finales de 1999, a
constituir un proyecto de gobernanza territorial llamado “Movimiento Provincia
Unida”. En este proyecto se buscaba articular las bases de apoyo social del
paramilitarismo con políticos aliados que desconocieran una fidelidad partidista. En
sus palabras:
“la gente o la comunidad empezaron a tomar conciencia de que era más
importante unirse para un objetivo común que seguir desunidos por un color
de trapo que era lo que no dejaba ver más allá de los intereses de quienes
lideraban los procesos políticos durante tantos años en esas regiones. Y
entendieron, porque esta fue una construcción mutua basada en ideas, que
ellos eran la fuerza primordial que había sido siempre utilizada para
beneficio de unos pocos, que les compraban la conciencia y que después los
hacían acreedores del derecho al no poder exigir desarrollo para sus
comunidades, pues el que vende la conciencia no tiene derecho a exigir más
nada. Es decir, con la venta del voto, ellos perdían el derecho fundamental
como ciudadanos de tener derecho a una vida con dignidad y empezaron a
entender que si eran la fuerza determinante, era mejor utilizar esa fuerza en
beneficio de ellos mismos, que seguirla poniendo a disposición en beneficio
de otros y que sólo el día que ellos pudieran dirimir sus diferencias no
64 Esto no significa que el Bloque Norte no se haya financiado del narcotráfico. En los municipios de Piojo, Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta en el departamento de Atlántico cobraban un “impuesto al gramaje” a narcotraficantes que transportaban estupefacientes (Versión Libre de Miguel Villarreal Archila-Informe de Policía Judicial No.110016000253200783489 de noviembre de 2009)
86
políticas, porque ahí no había diferencias políticas sino partidistas,
politiqueras que es cosa diferente, jamás iban a poder ser ellos los
constructores de su propio futuro y siempre iban a estar a expensas de que
otros les siguieran construyendo el mismo futuro de miseria y olvido que
hasta ahora habían vivido y empezó a ser muy mentada la frase aquella de
que cada pueblo se merece la historia que es capaz de construir, que si uno
no lucha por hacer algo por sí mismo, nadie va a luchar por otros.”
(Testimonio de Jorge 40, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Proceso no. 32996, 23 de febrero de 2011, pp. 56).
De manera eufemística, Jorge 40 llamaba a las bases sociales del paramilitarismo
como “acumulados de solidaridad comunitaria”65. Estos “acumulados”, debían votar
por los candidatos aliados, y los candidatos aliados debían responder con
proyectos de infraestructura y salud para los “acumulados” sí querían mantenerse
en el ejercicio de la política:
(. . .) que no hay presidente de junta de acción comunal, líderes comunales,
líderes de las juntas administradoras locales, concejales, alcaldes, diputados,
representantes a la cámara, gobernadores…que no haya tenido que ir a hablar
con el acumulado solidario comunitario que eran las bases populares de
nuestro estado de autodefensa y que si querían tener algún beneficio, tenían
que ir a hablar con ese acumulado sobre programas de desarrollo, programas
de oportunidades y sobre futuro regional. El que diga que no habló con ese
acumulado solidario comunitario y que no hizo compromiso con ellos, en las
regiones donde nosotros éramos un estado de hecho le miente al país”
(Testimonio de Jorge 40, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Proceso no. 32996, 23 de febrero de 2011, pp.59).
65 Al mejor estilo de un lenguaje guerrillero maoísta
87
En el marco del proyecto “Movimiento Provincia Unida”, se desarrollaron tres
reuniones que vincularon políticos, candidatos a cargos de elección popular, líderes
comunitarios y personas comunes y corrientes. En estas reuniones de discutieron
candidaturas, se definieron a los políticos aliados de los paramilitares, y se
arreglaron temas de repartición de contratos y cuotas burocráticas (ver tabla 7).
Tabla 7. Acuerdos suscritos entre sectores políticos de Magdalena y
Jorge 40
Fecha Nombre del pacto
Propósito Firmantes o participantes
28 de septiembre
2000
Pacto de Chibolo
Se acuerda la selección de candidato único para la gobernación (que sería José Domingo Dávila Armenta)
Se pacta la escogencia de candidatos para las alcaldías del Plato, Tenerife, Pedraza, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y el Piñón
Participaron 15 candidatos a la alcaldía de dichos municipios
Participaron 410 líderes comunitarios
22 de noviembre de 2001
Pacto de Pivijay (también llamado “Convenio de Santa Marta”)
Se acuerda la asignación del “distrito electoral zona centro” a los candidatos a la Cámara y el Senado en 2002, José Gamarra y Dieb Maloof. Es decir, se sectoriza la votación por estos dos candidatos en los municipios de los
Fue suscrito por los candidatos al Senado Dieb Maloof y Jorge Castro, a la Cámara José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco Jaraba, 8 alcaldes del
88
Fecha Nombre del pacto
Propósito Firmantes o participantes
municipios de Pivijay, Ariguaní, Chivolo, Remolino, San Ángel, Salamina, Zapayán y Algarrobo, para favorecer su votación.
Se acuerda la utilización del dinero proveniente de la “reposición de votos” de Maloof y Gamarra para construir obras de infraestructura en cualquiera de los municipios donde había líderes comunitarios firmanes (se escogía al azar el municipio)
departamento del Magdalena66 y los diputados Jorge Vega Barrios y Fernando Mozo
Septiembre de 2001
Reuniones de Monterrubio
Se acuerda el apoyo del Bloque Norte a la alcaldesa de Fundación, Karelly Lara, quien tenía opositores que “no la dejaban gobernar”
Pactan sobre la contratación del recaudo de impuestos con el consorcio temporal Triam, del que era propietario presuntamente Trino Luna
No hay un documento firmado (fueron reuniones que se dieron de manera informal entre la (ex) alcaldesa Karelly Lara, una asesora de ella y representantes de Jorge 40).
Fuente: Elaboración propia
66 Ellos fueron: Ramón Prieto Jure, de Pivijay; Manuel Mesa Gamarra, de Sabanas de San Ángel; Martha Miranda, de Algarrobo; Franklin Lozano, de Zapayán; Daniel Solano, de Salamina; Arnulfo Borjas, de Remolino; Fernando Orozco, de Chibolo y Carmen Castro, de Ariguaní.
89
El grado de penetración de los paramilitares en un sector de la clase política era
tal, que el periódico “Hoy Diario del Magdalena” dio a conocer dos días después
del “Pacto de Chibolo”, una nota donde se invitaba a la demás personas del
departamento que no asistieron a dicha reunión, para que votaran en las
elecciones de gobernación del año 2000, por José Domingo Dávila:
“La dirigencia política de quince municipios expresaron su confianza en el
programa de Gobierno del abogado liberal José Domingo Dávila Armenta y
auguraron que con sus ejecutorias llegará la redención de la provincia, la que
aspira a tener un justo desarrollo social.” Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Proceso no. 32996, 23 de febrero de 2011, pp. 61).
Justamente, José Domingo Dávila ganó la gobernación en el 2000, y en
retribución a la ayuda financiera y política que le prestó Jorge 40, les entregó
las secretarías de salud, gobierno, planeación, agricultura y el instituto
departamental de tránsito a personas designadas por Jorge 4067.
Después de asegurarse la gobernación en el 2000, y seis alcaldías (Chibolo,
Ariguaní, Sábanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay y Algarrobo), Jorge
40 decide escalar su proyecto político al nivel nacional68. A finales del 2001,
realiza las reuniones de Pivijay y Monterrubio (ver tabla 6), y acuerda con
varios sectores políticos, la sectorización del departamento para ordenar el
grupo de votantes que iban a acompañar a candidatos al Senado y su fórmula
a la Cámara en el departamento.
67 Artículo en Revista Semana (sin fecha), “Los elegidos de los paras”, versión digital: http://m.semana.com/nacion/articulo/los-elegidos-paras/82278-3 68 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (16 de febrero de 2010). “Audiencia pública de control de legalidad Edgar Ignacio Fierro Flórez, Andrés Mauricio Torres León, José Gregorio Mangonez Lugo y Oscar Enrique Martínez Osías.
90
En dichas reuniones se acuerda la constitución de tres distritos electorales, que
dividían el departamento así (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, 28 de junio de 2012, pps. 12-13):
a. Zona centro: se asignó a la fórmula de Dieb Maloof al Senado y José
Gamarra Sierra a la Cámara, y en efecto, en los municipios de Pivijay,
Ariguaní, Chibolo, Remolino, San Ángel, Salamina, Zapayán y Algarrobo,
lograron 37.433 y 40.096 votos
b. Zona ribereña: en la ribera occidental del río Magdalena, a la que
pertenecen los municipios de Plato, El Piñón, Sitio Nuevo, Tenerife,
Concordia, Cerro de San Antonio y Pedraza, asignada por las mismas
autodefensas a la fórmula integrada por Salomón Saade al Senado de la
República y Jorge Luis Caballero a la Cámara de Representantes, éstos
obtuvieron, en ese orden, 37.811 y 41.739 votos.
c. Zona sur: en la región sur del Departamento del Magdalena
comprendida por los municipios de El Banco, Guamal, Nueva Granada,
San Sebastián, Santa Ana, San Zenón, Carmen y Santa Bárbara,
entregada electoralmente por “Jorge 40” a los políticos Luis Eduardo
Vives Lacouture y Alfonso Campo Escobar, estos obtuvieron 32.542 y
38.568 votos respectivamente.
El aparato coercitivo del Bloque Norte no permitía que candidatos diferentes a
los designados por Jorge 40 (Dieb Maloof, José Gamarra, Jorge Luis Caballero,
Salomón Saade, Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar) pudieran hacer
campaña y proselitismo electoral en estos municipios (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 26470, 01 de agosto de 2008).
91
Varios sectores políticos resultaron perjudicados con la constitución de los
distritos electorales. Específicamente, resultaron perjudicados los grupos
políticos que estaban afiliados al Partido Conservador (aquí por ejemplo, de
exhibe ese sesgo antielitista de Jorge 40) y algunas facciones del Partido
Liberal (la facción “oficialista” que era liderada por el ex gobernador Jorge Luis
Caballero fue la única del liberalismo del Magdalena que se coaligó con los
paramilitares).
Los conservadores, representados por José Alfredo Escobar Araujo (quien era
en ese entonces Representante a la Cámara) y los liberales representados en
las diferentes facciones de Sergio Díaz Granados, José Joaquín Vives y Miguel
Pinedo Vidal, resultaron excluidos de los distritos electorales.
Estos grupos políticos presentaron diferentes reacciones frente al statu quo
paramilitar. Algunos protestaron públicamente por el cierre de las “libertades
democráticas” y otros decidieron competir con los candidatos del Bloque Norte.
Por ejemplo, el entonces representante José Alfredo Escobar Araujo, escribió
un comunicado público con copia al Fiscal General de la Nación, que decía:
“…Se han restringido las garantías indispensables para realizar un debate
electoral transparente y en igualdad de condiciones para aspirar a las Cámaras
Legislativas. Lo anterior le ha impedido al Partido Conservador inscribir, como
lo ha hecho siempre, sus candidatos oficiales al Congreso, como si nuestra
colectividad no existiera en aquella sección de la República”69
69 Escobar, José (25 de febrero de 2002), “Declaración Política. Por una conciencia política”, Bogotá: Cámara de Representantes.
92
Después de realizar una denuncia pública, Escobar Araújo decidió retirar su
candidatura a la Cámara de Representantes. Por otro lado, el representante
Joaquín José Vives, decidió competir con los candidatos aliados del Bloque
Norte, por lo que tuvo que “afrontar el hostigamiento y la muerte de varios
líderes que le hacían campaña” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, Proceso no. Proceso no. 26470, 01 de agosto de 2008, pps. 36-37).
Esa misma reacción de competencia a los candidatos aliados del Bloque Norte,
tuvo Sergio Díaz Granados, quién se presentó por una facción disidente del
Partido Liberal, llamada Movimiento de Renovación Acción Laboral (MORAL).
Los resultados electorales del 2002, ratificaron el predominio del “Movimiento
Provincia Unida” sobre la política local y regional ya que todos los candidatos de
los distritos electorales obtuvieron una curul (véase tabla 8). No obstante,
Sergio Díaz Granados y Joaquín José Vives, salieron elegidos a la Cámara,
aunque su caudal electoral fue inferior al obtenido por Jorge Luis Caballero,
Salomón Saade y José Rosario Gamarra.
Tabla 8. Curules asignadas a la Cámara de Representantes en
Magdalena, 2002 – 2006
Nombre del candidato electo
Número de votos
Porcentaje de votación
Aval partidista
Jorge Luis Caballero Caballero
65.170 20,77% Partido Liberal Colombiano
Alfonso Campo Escobar
52.387 16,69% Coalición
José Rosario Gamarra Sierra
49.899 15,90% Cambio Radical
José Joaquín Vives Pérez
31.387 10,00% Partido Liberal Colombiano
Sergio Díaz 27.922 8,9% Movimiento de
93
Nombre del candidato electo
Número de votos
Porcentaje de votación
Aval partidista
Granados Renovación Acción Laboral (MORAL)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información reportada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil
En el Senado, también obtuvieron una curul Luis Eduardo Vives Lacouture (53.759
votos), Salomón Saade (57.526 votos) y Dieb Maloof (67.864 votos). Sobre este
último, la prensa local llamó la atención con cierta dosis de suspicacia, pues se
decía que no era oriundo de la región, y además no se le conocía una trayectoria
política que estuviera ligada al Magdalena:
El candidato barranquillero, Dieb Maloof quién logró una curul gracias a la
importante votación obtenida en Magdalena, se podría decir que debido a sus
compromisos con el Representante a la Cámara José Gamarra Sierra deberá ser
una ficha clave en el Congreso para los intereses del departamento”70
¿Por qué algunos sectores políticos del departamento (Caballero, Saade, Gamarra,
Vives Lacouture y Escobar Campo) se aliaron con los paramilitares mientras que
otros sectores políticos se opusieron a él sin el riesgo de perder la vida71 (Escobar
Araújo, Díaz Granados y Vives Pérez)?
Básicamente, los tres políticos que se opusieron a las pretensiones de dominación
de Jorge 40, tenían mayor cercanía con el centro político y administrativo del
Estado colombiano: eran hijos de ex ministros (capital social) y tenían un alto nivel
educativo (capital cultural).
70 Hoy Diario de Magdalena (22 de marzo de 2002): “Salomón Saade logró la mayor votación al Senado” 71 Varios políticos que se opusieron al proyecto “Movimiento Provincia Unida” fueron asesinados. Por ejemplo, el concejal de Sitio Nuevo, Edgardo Gómez Banquillo, fue asesinado por los paramilitares debido a que no movilizó votantes a favor de Jorge Luis Caballero en los comicios de 2002 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 28 de junio de 2012, pp. 17).
94
El mecanismo de “acumulación de capitales” operó en estos casos. Tanto Díaz
Granados, como Escobar Araújo y Vives Pérez, no tenían aversión al riesgo de
perder elecciones, pues su capital social y cultural los favorecía a la hora de
ocuparse laboralmente en altos cargos del Estado (véase tabla 9). Esto les permitió
mantenerse al margen de alianzas con los grupos paramilitares pues no
necesitaban del poder armado y de la aprobación de Jorge 40 para continuar con
su carrera política.
Tabla 9. Perfil social y económico de los congresistas que compitieron
con el proyecto de gobernanza paramilitar llamado “Movimiento
Provincia Unida”
Nombre del político que se opuso a
Jorge 40
Linaje familiar (capital social)
Nivel educativo (capital económico)
José Alfredo Escobar Araújo
Su padre fue Hugo Escobar Sierra, quien fue Ministro de Justicia durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala
Es doctor en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad de Salamanca, España
Sergio Díaz Granados Su padre fue José Ignacio Díaz Granados Alzamora, ministro de salud
Especialista en Gerencia Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca
José Joaquín Vives Pérez
Su padre Rodrigo Vives Echeverría fue ministro de gobierno y su primo hermano, Juan Carlos Vives Menotti fue viceministro de justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe
Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia
Fuente: Elaboración propia
95
En efecto, para los comicios de 2006, Diaz Granados –que se pasó del
liberalismo al naciente Partido de la U- se postuló para el Senado, pero se
‘quemó’ con algo más de 18.000 votos. Después de su derrota, fue nombrado
como Director de la Campaña Electoral de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia
en el departamento de Magdalena.
Con el triunfo de Uribe, “fue recompensado pues fue nombrado Viceministro de
Desarrollo Empresarial cuando era ministro Luis Guillermo Plata” (La Silla Vacía,
“Quién es quién. Biografía de Sergio Díaz Granados”). En el año 2008, renuncia
al cargo, y pasa posteriormente a ocupar la presidencia de la Asociación
Nacional de Viajes y Turismo (ANATO). Posteriormente, se alineó con el
santismo en el 2010, coordinó la campaña electoral en la Costa Atlántica y por
ende, fue nombrado Ministro de Comercio.
La misma historia ocurrió con José Joaquín Vives Pérez, quién después de
perder las elecciones de Cámara en el 2006, con un total de 20.901 votos, fue
escogido como Magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Igualmente,
ocurrió con José Alfredo Escobar Araújo, quién después de renunciar a sus
aspiraciones de congresista, pasa a la rama judicial, donde es nombrado
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
Tabla 10. Operación del mecanismo de acumulación de capitales en
los casos de Vives Pérez, Escobar Araújo y Díaz Granados
Nombre del político que se opuso a Jorge 40
Cargos que ocupó después de perder elecciones en el contexto del proyecto
“Movimiento Provincia Unida”
José Alfredo Escobar Araújo Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura
96
Nombre del político que se opuso a Jorge 40
Cargos que ocupó después de perder elecciones en el contexto del proyecto
“Movimiento Provincia Unida”
Sergio Díaz Granados
Viceministro de Desarrollo Empresarial
Presidente de la Asociación Nacional de Viajes y Turismo (ANATO)
Ministro de Comercio Exterior
José Joaquín Vives Pérez Magistrado del Consejo Nacional Electoral
(CNE) Fuente: elaboración propia
Por su parte, los otros congresistas que se alinearon con Jorge 40, no tenían un
origen aristocrático (es decir, eran profesionales del voto o gamonales) y
dependían económicamente de la política profesional o de las actividades
agropecuarias. Dadas sus condiciones, estaban más distantes del “centro
político y administrativo del Estado colombiano”. Así, en estos casos operaron
de manera diferente los mecanismos de “adaptación” y de “alineación de
intereses de clase agraria”.
Por ejemplo, el (ex) congresista Miguel Pinedo Vidal, después de una carrera
política consolidada72, perdió las elecciones de Senado del 2002 (con 39.743
votos) porque no estuvo incluido dentro de los elegidos de Jorge 40 para
ocupar un distrito electoral.
Como Pinedo no tiene parientes que hayan sido ex ministros o ex presidentes
(bajo capital social –en ese contexto-) y no tiene títulos de posgrado (bajo
capital cultural) tuvo que acomodarse a las pretensiones de dominación de los
paramilitares para sobrevivir políticamente (pues no tenía redes de protección
estatal que le aseguraran un empleo en caso de perder elecciones).
72 Inició su carrera política como diputado en los años ochenta. Después fue elegido congresista, gobernador del departamento, y terminó como Presidente del Senado en el año 2000.
97
Por esos motivos, Pinedo Vidal terminó aliándose con Hernán Giraldo
(comandante del frente Resistencia Tayrona) para controlar la votación de los
municipios circundantes a la Sierra Nevada de Santa Marta (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 27199, 01 febrero de 2012). En
efecto, tras su alianza con este jefe paramilitar, Pinedo Vidal fue elegido
senador por Cambio Radical en el 2006, con un total de 39.181 votos.
Por otro lado, el mecanismo de “alineación de intereses de clase agraria” operó
con los gamonales como Salomón Saade, quien es un “terrateniente” –tiene
reportado más de 9 bienes inmuebles, que suman más de 1.000 hectáreas de
posesión- con bajo nivel educativo (cursó tan solo 4 semestres de Ingeniería
Agrónoma). Lo mismo ocurrió con grandes propietarios de tierras y ganaderos
como Fuad Rapag73, Luis Eduardo Vives Lacouture74 y José Antonio Gamarra
Sierra75.
Tabla 11. Operación de mecanismos de “alineación de intereses de
clase agraria” y “adaptación”
Nombre del congresista que
se alió con Jorge 40
Linaje familiar (capital social)
Sector productivo del que genera ingresos (capital económico)
Mecanismo que operó
Salomón Saade
No tiene parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Ganadería Alineación de
intereses de clase
Luis Eduardo No tiene Empresa Alineación de
73 Fue elegido en el 2006 representante a la cámara por el Partido de la U con un total de 18.970 votos. Rapag fue condenado por parapolítica. 74 Accionista de una empresa bananera llamada FRUPALMA S.A. 75 Propietario de fincas ganaderas en Remolino
98
Nombre del congresista que
se alió con Jorge 40
Linaje familiar (capital social)
Sector productivo del que genera ingresos (capital económico)
Mecanismo que operó
Vives Lacouture parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
bananera intereses de clase
Fuad Rapag
No tiene parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Ganadería Alineación de
intereses de clase
Miguel Pinedo Vidal
No tiene parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Política profesional
Adaptación
Karelly Lara
No tiene parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Política profesional
Adaptación
José Gamarra Sierra
No tiene parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Ganadero Alineación de
intereses de clase
Jorge Luis Caballero
No tiene parientes que hayan sido ex presidentes o ex ministros
Político profesional
Adaptación
En conclusión, el caso de Magdalena muestra que la proximidad del congresista
con el “centro” condicionó su proclividad a rechazar o aceptar el proyecto de
gobernanza paramilitar de Jorge 40 (el “Movimiento Provincia Unida”). Los tres
políticos que rechazaron este proyecto, y que decidieron competir con los
99
paramilitares los espacios de poder en el departamento, eran notables de clase
alta urbana que tenían en su linaje familiar parientes que fueron ministros.
Por el contrario, los gamonales los y profesionales del voto encontraron ya sea
por afinidad de intereses de clase agraria o por aversión al riesgo de perder
elecciones, incentivos fuertes para aliarse con Jorge 40.
3. La parapolítica revisada en Atlántico: La resistencia del notablato
barranquillero a Jorge 4076
Uno de los objetivos principales de Jorge 40 era infiltrar la alcaldía de
Barranquilla para obtener cuantiosos recursos que le permitieran financiar el
Bloque Norte77. Aunque el interés por cooptar la administración pública de los
municipios del Atlántico (en especial de Barranquilla), era latente, la situación
fue muy distinta sí se compara con el departamento de Magdalena.
En términos generales, se puede afirmar que la influencia de Jorge 40 sobre la
clase política del Atlántico fue menor a la que tenía en otros departamentos,
por tres razones:
a. No se han documentado pactos formales entre políticos, líderes
comunitarios y comandantes de frente paramilitar para designar candidatos
para cargos de elección popular y para definir orientaciones del gasto
público (como si hubo en Magdalena, con los pactos de Chibolo, Pivijay y
76 La información aquí utilizada proviene de: expedientes y sentencias judiciales, versiones libres de postulados paramilitares, revisión de prensa regional, entrevistas a expertos locales, cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y datos proveídos por la Superintendencia de Notariado y Registro. 77 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (16 de febrero de 2010). “Audiencia pública de control de legalidad Edgar Ignacio Fierro Flórez, Andrés Mauricio Torres León, José Gregorio Mangonez Lugo y Oscar Enrique Martínez Osías.
100
Monterrubio donde hubo documentos escritos y publicidad mediática y social
de los acuerdos)78.
b. La mayoría de alcaldías del departamento estuvieron al margen de la
influencia político-burocrática del Bloque Norte. Por ejemplo, en el
computador incautado por la Policía a Edgar Ignacio Fierro Flórez (alias Don
Antonio), comandante del Frente José Pablo Díaz e íntimo amigo de Jorge
40, sólo se registraron en la contabilidad del grupo a dos alcaldías (de 23 en
total) que desviaron recursos públicos para financiar el Bloque: se trata de
la Alcaldía de Malambo y Sabanagrande79.
c. La Corte Suprema de Justicia solo ha judicializado a un congresista por
parapolítica en Atlántico (el Representante a la Cámara, Jaime Cervantes).
Esto rompe el promedio departamental de los demás departamentos de la
Costa, donde 4 o más congresistas elegidos entre 2002 y 2006 fueron
condenados por este delito (ver datos en la tabla 12).
Tabla 12. Congresistas de la Costa Atlántica elegidos en el 2002 que fueron
condenados por parapolítica
Departamento Nombre del congresista
condenado por parapolítica
Corporación a las que aspiró
Partido Político Número de votos
obtenidos
Magdalena
Salomón de Jesús Saade Abdala
Senado Partido Liberal 49.728
Luis Eduardo Vives Lacouture Senado Movimiento de
Integración Popular
47.794
Dieb Maloof Cuse Senado Movimiento de
Integración Popular
40.134
78 Aunque vale la pena destacar que hay varios investigados por parapolítica, pero hasta la fecha, sólo se ha proferido una sola sentencia condenatoria. 79 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz (16 de febrero de 2010). “Audiencia pública de control de legalidad Edgar Ignacio Fierro Flórez, Andrés Mauricio Torres León, José Gregorio Mangonez Lugo y Oscar Enrique Martínez Osías.
101
Departamento Nombre del congresista
condenado por parapolítica
Corporación a las que aspiró
Partido Político Número de votos
obtenidos
Jorge Luis Caballero Cámara de
Representantes Partido Liberal 65.170
Jorge Castro Pacheco Senado Colombia Viva 67.864
Alfonso Campo Escobar Cámara de
Representantes Coalición 52.387
José Gamarra Sierra Cámara de
Representantes Cambio Radical 49.899
Cesar
Álvaro Araujo Castro Senado Movimiento Alas 44.828
Mauricio Pimiento Barrera Senado Movimiento Sí
Colombia 34.120
Atlántico Jaime Cervantes Varelo Cámara de
Representantes Partido Liberal 50.000
Córdoba
Juan Manuel López Cabrales Senado Partido Liberal 101.359
Miguel Alfonso de la Espriella Senado Movimiento
Popular Unido 63.951
Julio Manzur Abdala Senado Partido
Conservador 43.850
Mario Salomón Nader Muskus Senado Movimiento de
Integración Popular
42.109
Eleonora Pineda Arcia Cámara de
Representantes Movimiento
Popular Unido 82.082
Zulema Jattin Corrales Cámara de
Representantes Apertura Liberal 61.522
Freddy Sánchez Arteaga Cámara de
Representantes Partido Liberal 56.573
Raginaldo Montes Álvarez Cámara de
Representantes MIPOL 48.302
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información suministrada por la Corte Suprema de Justicia
Tabla 13. Congresistas de la Costa Atlántica elegidos en el 2006 que fueron
condenados por parapolítica
Departamento Nombre del congresista
condenado por parapolítica
Corporación a las que aspiró
Partido Político Número de votos
obtenidos
Magdalena
Luis Eduardo Vives Lacouture Senado Convergencia
Ciudadana 54.609
Dieb Maloof Cuse Senado Colombia Viva 44.764
Miguel Pinedo Vidal Senado Cambio Radical 39.181
Jorge Luis Caballero Caballero
Cámara de Representantes
Apertura liberal 45.090
102
Departamento Nombre del congresista
condenado por parapolítica
Corporación a las que aspiró
Partido Político Número de votos
obtenidos
Rodrigo Roncallo Faniño Cámara de
Representantes Apertura liberal 11.814
Fuad Rapag Mattar Cámara de
Representantes Partido Social de Unidad Nacional
18.970
Alfonso Campo Escobar Cámara de
Representantes Partido
Conservador 33.602
Kerelly Lara Vence Cámara de
Representantes MORAL 12.002
Cesar
Álvaro Araujo Castro Senado Alas Equipo Colombia
75.068
Mauricio Pimiento Barrera Senado Partido Social de Unidad Nacional
52.485
Álvaro Morón Cuello Cámara de
Representantes Alas Equipo Colombia
62.668 Lista
cerrada
Pedro Muvdi Aranguena Cámara de
Representantes Partido Liberal 25.045
Atlántico Jaime Cervantes Varelo Cámara de
Representantes Partido Social de Unidad Nacional
29.392
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información suministrada por la Corte Suprema de Justicia
¿Por qué las relaciones de los sectores políticos del departamento de Atlántico
con los paramilitares fueron menos sistemáticas sí se les compara con el
departamento de Magdalena?
La respuesta está en la proximidad que tenían la mayoría de congresistas con
el “centro político y administrativo del Estado colombiano”. Por ejemplo, los
parlamentarios que Jorge 40 quería cooptar, tienen una trayectoria política y
empresarial que data desde los años setenta. Esto significa que Jorge 40 no
estaba lidiando con personas “vulnerables” o “desconectadas del centro”.
Las personas con las que tenía que lidiar Jorge 40 y Don Antonio (por ser el
comandante del Frente José Pablo Díaz), tenían el siguiente perfil:
103
Fuad Char Abdala, un ex ministro de desarrollo durante la presidencia de
Virgilio Barco, propietario de la dieciochoava empresa más importante del
país (y la sexta en más generación de empleo), con un promedio de ventas
anuales por más de $3.739.649 millones de pesos80 (Revista Semana,
edición especial; “Las 100 empresas más grandes de Colombia”: página 10)
Roberto Gerlein, un congresista que llevaba más de 30 años en el Congreso
que además fue ministro de desarrollo durante la presidencia de Belisario
Betancur. Su abuelo, fue el primer gobernador del Estado Soberano de
Bolívar, y su grupo familiar es propietario de una empresa contratista
llamada Valorcorn, que tiene múltiples contratos por más de 220 mil
millones de pesos (RCN Televisión, sin fecha, “Valorcorn, empresa de los
Gerlein, gran contratista de la Costa Caribe”, ver anexos).
Efraín Cepeda Sarabia, un empresario exitoso que decide ser congresista en
1991 gracias a la persuasión de su amigo, el ex presidente Andrés Pastrana
Arango. Cepeda, en el sector privado fue presidente de la Cámara de
Comercio de Barranquilla; presidente de la Federación Nacional de Lonjas de
Propiedad Raíz FEDELONJAS y presidente del Comité Intergremial del
Atlántico. En el año 2010, reportó, una renta por más de 1.500 millones de
pesos. Cepeda, es uno de los “gurúes en el negocio inmobiliario de
Barranquilla”81.
Como se puede percibir, Jorge 40 tuvo que enfrentarse con un notablato
bastante adinerado (clase alta urbana) que estaba muy enraizado en “el centro
político y administrativo del Estado colombiano”. En ese orden de ideas, se
80 Fuad Char es propietario de múltiples empresas (ver anexos). No obstante, su empresa más importante es Olímpica. En el año 2013, registró un patrimonio por 1.116.448 millones de pesos (lo que equivaldría a un 0,4% del PIB de Colombia). Véase, Revista Semana (edición no. 1671, página 10). 81 Entrevista con Hernán Pedraza, experto en temas políticos de Barranquilla, realizada el 23 de abril de 2014.
104
podría inferir que la oposición sistemática que presentaron los notables
barranquilleros a Jorge 40 en sus intentos por cooptar la administración
pública, están relacionados con el mecanismo de acumulación de capitales.
¡Todo es asunto de negocios y votos!: Fuad Char y su enfrentamiento
con Jorge 40
Sí hubo un político en la Costa Atlántica (y posiblemente en Colombia), que se
opuso a las pretensiones de dominación de Jorge 40, se llama Fuad Char
Abdala. Los conflictos y la animadversión entre ambos tienen razones políticas
y económicas.
Las razones políticas del conflicto Char-Jorge 40 tienen que ver con la
competencia por la alcaldía de Barranquilla y el uso de los recursos públicos
distritales. Por ejemplo, en la elección de alcalde de 1997, fue elegido el
sacerdote salesiano Bernardo Hoyos Montoya (quién además ya había sido
alcalde, siendo el primero en ocupar el cargo mediante elección popular).
En esas elecciones a la alcaldía de Barranquilla, hubo dos coaliciones
electorales enfrentadas (basado en García & Godoy, 2010):
a. Una coalición de centro-izquierda que apoyaba la candidatura del cura
Bernardo Hoyos por el Movimiento Ciudadano, que además contó con el
apoyo de José Name Terán, Juan Slebi y Emilio Lévolo.
b. Una coalición de derecha que apoyó a Humberto Caiafa. Esta coalición
estaba compuesta por los senadores Fuad Char, Arturo Sarabia Better,
Efraín Cepeda Sarabia y Roberto Gerlein.
105
Esas coaliciones se mantuvieron para la elección del 2003, donde compitieron
Guillermo Hoenigsberg (Movimiento Ciudadano) y Edgar José Perea
(Movimiento Cívico Seriedad por Colombia82). La competencia electoral fue tan
intensa, que meses antes de los comicios, había mucha incertidumbre sobre el
resultado, lo que condujo a Hoenigsberg a recibir presuntamente 2.500
millones de pesos del Bloque Norte para dinamizar su campaña (El Espectador,
26 de noviembre de 2011: “yo lleve a Hoenigsberg a Ralito”).
Cuando Hoenigsberg gana la elección, y comienza su período como alcalde, las
condiciones de gobernabilidad se deterioran, ya que Hoenigsberg les incumplió
unas cuotas burocráticas a varias personas poderosas en el distrito83. La
pérdida de aliados políticos y la deslegitimación del Movimiento Ciudadano en
los sectores populares, llevó a Hoenigsberg a estrechar su vínculo con los
paramilitares, pues necesitaba ampliar su margen de maniobra con el Concejo
y los barrios de estrato bajo donde tenía injerencia el Frente José Pablo Díaz de
las AUC84.
En ese contexto se produce la infiltración del Bloque Norte en la administración
distrital. En períodos anteriores, el cura Hoyos había privatizado el cobro de
impuestos locales (predial, industria y comercio, sobre tasa de la gasolina)
como una medida de saneamiento a las finanzas públicas. Aprovechando la
desregulación estatal en el tema tributario, Jorge 40 infiltró las finanzas de la
alcaldía por medio de la empresa Métodos & Sistemas S.A., quiénes se habían
ganado el contrato para cobrar los impuestos de la ciudad.
82 En esta elección, Roberto Gerlein apoyó al Movimiento Ciudadano, según lo reportado por García & Godoy (2010) 83 Entrevista con Hernán Pedraza (experto en parapolítica en la costa atlántica), realizada en Bogotá el 02 de junio de 2014 84 Entrevista informal con fiscal de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la nación (se reserva el nombre y la fecha).
106
Además de la captura de rentas públicas en el sector tributario, los
paramilitares lograron cooptar la destinación de partidas presupuestales del
Sistema General de Participaciones en el sector salud. Por ejemplo, en el
computador incautado por la Policía a Edgar Ignacio Fierro Flórez (alias Don
Antonio) se encontraron cinco (5) Instituciones Promotoras de Salud que
drenaron recursos de este sector para financiar al Bloque Norte. Las IPS
identificadas fueron: IPS Inmaculada (en Soledad, Atlántico); IPS Línea Vital
(Barranquilla); IPS Prosalud (Barranquilla); IPS San José (Barranquilla); IPS
Unisalud (Barranquilla)85.
De esa manera, el desmoronamiento de una coalición política que había
ayudado al Movimiento Ciudadano a mantenerse en la alcaldía de Barranquilla
durante cuatro períodos (desde que existe la elección popular de alcaldes),
contribuyó a que los paramilitares lograran infiltrar las instituciones distritales
pues éstos fueron “nuevos aliados” que le garantizaron un margen de
gobernabilidad mayor al alcalde Hoenigsberg.
Por ese motivo, tanto la captura de rentas provenientes del sector tributario y
del sector salud, se produjeron durante el gobierno debilitado de Guillermo
Hoenigsberg y no del cura Hoyos (donde sí habían coaliciones políticas robustas
y estables).
Así, la captación de recursos estatales se realizó a través de la privatización del
cobro de impuestos municipales y la desviación de recursos de la salud. Con
respecto a la privatización del cobro de impuestos, parece ser un modus
operandi de Jorge 40, pues hizo lo mismo con la alcaldía de Fundación, durante
el mandato de Karelly Lara (en este caso, el consorcio TRIAM estaba vinculado
85 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (16 de febrero de 2010). “Audiencia pública de control de legalidad Edgar Ignacio Fierro Flórez, Andrés Mauricio Torres León, José Gregorio Mangonez Lugo y Oscar Enrique Martínez Osías.
107
con el ex gobernador del Magdalena condenado por parapolítica, Trino Luna
Correa).
Después de varios escándalos de corrupción86, el Movimiento Ciudadano se
deslegitimó en Barranquilla. Esto le permitió en 2007 a Fuad Char Abdala
(quien se había mantenido en el otro espectro de las coaliciones políticas
dominantes del distrito), nominar como candidato por el partido Cambio
Radical, a su hijo Alejandro Char Chaljub, quien finalmente ganó la elección con
una coalición constituida por los aristócratas de la ciudad: Roberto Gerlein, José
Name Terán y Efraín Cepeda.
El reacomodamiento de las coaliciones políticas en Barranquilla tras el
desmoronamiento del Movimiento Ciudadano87, condujo a que Alejandro Char
obtuviera una victoria contundente sobre su rival de izquierda, Máximo José
Noriega. Según datos de la Registraduría, Char quintuplicó la votación obtenida
por Noriega (la diferencia fue de 179.952 votos).
Siendo alcalde de Barranquilla, Alejandro Char reestructuró la secretaría de
hacienda para volver a estatizar el cobro de impuestos locales. Además, apoyó
a los organismos de control con la entrega de información contable para que se
esclareciera la participación del cura Hoyos y Guillermo Hoenigsberg en varios
delitos contra el erario público.
Por otro lado, los conflictos de Char con Jorge 40 también tenían un trasfondo
económico. La razón era que Jorge 40 para financiar el Bloque Norte, utilizó la
86 Las administraciones del cura Hoyos y de Guillermo Hoenigsberg estuvieron marcadas por varios escándalos de corrupción como los sobrecostos en la remodelación del edificio del Banco de la República para construir la nueva sede de la Alcaldía de Barranquilla; la compra irregular de predios en el municipio de Soledad; y la privatización del cobro de impuestos. Para una descripción de los hechos de corrupción durante los gobiernos del Movimiento Ciudadano, véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación no. 38126, 04 de septiembre de 2012. 87 Nótese que la coalición Char-Cepeda-Gerlein-Name tiene un trasfondo clasista y no partidista. Por ejemplo, Char está afiliado a Cambio Radical, Name al Partido de la U, y Gerlein y Cepeda al Partido Conservador.
108
figura de las cooperativas de trabajo asociado. Estas eran utilizadas para
contratar con el Estado, pero además, se usaban para poder crear monopolios
en la comercialización de productos lácteos, ganaderos y agrícolas en la Costa
Atlántica (Pedraza & Olaya, 2010: 191-263). Por ejemplo, Jorge 40 creó las
cooperativas COOBATLAN, COOLECHERA y COOCOAMA para dichos
propósitos88.
La pelea entre Fuad Char y Jorge 40 se agudiza en 2002 porque el jefe
paramilitar se quería apoderar de la cooperativa COOLECHERA, donde Char
tenía intereses económicos, y donde además, uno de sus amigos, Gustavo
Alexis D’Silvestri, era el presidente de la Junta Directiva (Pedraza & Olaya,
2010: 241). Char y los demás accionistas denunciaron el hecho ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, y utilizaron sus contactos políticos
para evitar que Jorge 40 lograra monopolizar la comercialización de lácteos en
la Costa Atlántica.
Como retaliación contra Char, Jorge 40 ordenó a sus subalternos que
detonaran dos artefactos explosivos (bombas) en una sede del supermercado
Olímpica -del cual Char es dueño- en diciembre de 2003 (Pedraza & Olaya,
2010: 242). A pesar de esos métodos de disuasión, Jorge 40 no pudo someter
a Char, y tuvo que enfrentarse con él en el plano político y económico.
En el caso de Char operó el mecanismo de “acumulación de capitales”. Su
cercanía con el “centro político y administrativo del Estado colombiano”, al ser
un notable adinerado con más de tres décadas de influencia en el Legislativo,
le permitió contar los recursos de poder y las redes de protección estatal
suficientes para oponerse a las aspiraciones de poder político de Jorge 40.
88 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (16 de febrero de 2010). “Audiencia pública de control de legalidad Edgar Ignacio Fierro Flórez, Andrés Mauricio Torres León, José Gregorio Mangonez Lugo y Oscar Enrique Martínez Osías
109
Capítulo IV
Conclusiones
Este trabajo buscó demostrar que las relaciones de los congresistas con los
jefes paramilitares no estuvieron orientadas por “la codicia” (López et al,
2010a; Garay et all, 2008 & 2010) ni tampoco por “el miedo” a perder la vida
(Botero, 2008). En esta reinterpretación, el eje explicativo de la parapolítica, lo
constituyó las identidades de clase social del congresista.
Así, se planteó que la clase social del congresista está interrelacionada con la
proximidad o distancia de éste con respecto al “centro político y administrativo
del Estado colombiano”. Esta proximidad o distancia dependió de tres
elementos: i. Los vínculos de parentesco con ex presidentes o ex ministro; ii. El
nivel educativo; y, iii. Los recursos económicos de los que disponía el
congresista.
En el modelo teórico esbozado, los congresistas de clase social aristocrática
tuvieron más facilidades de acceso a redes de protección desde el “centro” sí se
les compara con los gamonales y profesionales del voto, quienes no habían
cursado estudios de posgrado, no tenían parientes que hayan sido ex
presidentes o ex ministros, y no disponían de los recursos económicos de
sociedades con altos niveles de acumulación de capital. Por tal motivo, los
profesionales del voto y los gamonales estuvieron más distantes al “centro
político y administrativo del Estado colombiano”.
Bajo esa lógica argumentativa, se demostró cómo la aristocracia urbana de
Santa Marta y Barranquilla, al estar plenamente conectada con el “centro”, no
110
tuvo incentivos para aliarse con los grupos paramilitares puesto que no
requirieron de servicios de coerción privada para el constreñimiento de
votantes o para excluir fuerzas políticas rivales, ya que su carrera política no
terminaba en caso de perder elecciones.
En contraste, los gamonales y profesionales del voto en Magdalena y Atlántico,
al estar menos próximos al “centro”, tuvieron más incentivos para aliarse con
grupos paramilitares, pues dependían de ellos para ganar elecciones. De esa
manera, la aversión al riesgo de perder elecciones, condujo a muchos
profesionales del voto y gamonales a coaligarse con los paramilitares, ya que
necesitaban del poder armado de estos ejércitos privados para continuar con su
carrera política.
Por otra parte, el caso de Barranquilla dejó planteada una hipótesis que valdría
la pena desarrollar en próximos trabajos, pues se evidenció cómo la formación
de coaliciones políticas pro-estatistas o anti-estatistas (en las que se vinculan
agentes ilegales como los paramilitares) no dependen directamente de la
ideología o las afiliaciones partidistas, sino de los alineamientos de clase
social de los actores políticos (en la misma sintonía de Barrington Moore,
1993).
Por tal razón fue la derecha aristocrática del departamento de Atlántico la que
trato de obstaculizar la infiltración de los paramilitares en la alcaldía de
Barranquilla, mientras que fue la izquierda popular (representada por el
Movimiento Ciudadano del cura Bernardo Hoyos y Guillermo Hoegnisberg) la
que facilitó la captura de rentas públicas a los paramilitares, por medio de la
privatización del cobro de impuestos locales y la desviación de recursos de la
salud.
111
Por tanto, esta evidencia podría ir en contravía de los discursos de académicos
y líderes políticos latinoamericanos, quienes sostienen que la derecha que
defiende el libre mercado debilita el Estado89 y por el contrario, la izquierda que
representa a los sectores populares, lo fortalece.
Precisamente el caso de Barranquilla muestra que se deben tener en cuenta
factores contextuales -y no generalizaciones abstractas basadas en la ideología
política- para poder analizar qué clase de coaliciones políticas se requieren en
América Latina para construir instituciones estatales fuertes que puedan
contener las amenazas que representan los grupos armados ilegales y el crimen
organizado.
Por último, en futuras investigaciones valdría la pena ampliar el período
histórico de este estudio, para examinar cuáles de los congresistas que se
aliaron y no se aliaron con los paramilitares conservan una posición de poder
dentro de sus departamentos, y cuáles resurgieron después de la extradición
de los jefes paramilitares y la desmovilización colectiva de las AUC. Con este
tipo análisis, considera el autor que se podría construir el mapa de actores
políticos que apoyarían o se opondrían a un eventual acuerdo de paz con la
guerrilla de las Farc.
89 Estos discursos han sido defendidos por presidentes como Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez (y ahora Nicolás Maduro) en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, entre otros.
112
Referencias Bibliográficas
Libros y artículos en revistas académicas
Acemoglu, Daron & Robinson, James (2006), Economic Origins of
Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press
_____________________________ (2012), ¿Por qué fracasan los países? –
El origen del poder, la prosperidad y la pobreza. Editorial Planeta.
Acemoglu, Daron; Robinson, James and Santos, Rafael (2009), “The
Monopoly of Violence: Evidence from Colombia” Working paper. Disponible
en:
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic637140.files/Acemoglu%20Formati
on%20of%20the%20State%20July%2010%202009.pdf
Ávila, Ávila, & Velasco, Juan. (2012). “Democracias en Venta. Partidos,
Corrupción Electoral, Violencia y Crimen en Colombia (2007-2011)”. Bogotá:
Taller de Edición Rocca.
Banfield, Edward (1958): “The moral basic of a backward society”, Estados
Unidos: Chicago Free Press
Barrera, Víctor & Nieto, Camilo (2010), “Parapolítica. Una discusión sobre
sus interpretaciones”. En Revista Controversia No. 195, diciembre de 2010.
Botero, Libardo (2008), “Parapolítica. Verdades y mentiras”, Bogotá:
Editorial Planeta.
Bourdieu, Pierre (2000), “Poder, derecho y clases sociales”, España:
Editorial Desclée de Brouwer
Caicedo, Maylor (2009), “La Influencia del Poder Político de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las Élites Políticas del
departamento de Córdoba, Colombia, 1985-2005”, Tesis de Maestría para
113
optar por el título de Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de
Colombia
Carrasquilla, Tomás (2000), “La marquesa de Yolombó”, Bogotá: El Áncora
Carrizosa, Enrique (1983), “Linajes y bibliografías de nuestros gobernantes,
1830 – 1982”, Bogotá: Banco de la República.
Castro, Américo (1971), “Iberoamérica. Su historia y su cultura”, Estados
Unidos: Holt, Rinchart & Winston, Inc.
Centro de Memoria Histórica (2010), “La Rochela. Memorias de un crimen
contra la Justicia”, Bogotá: Editorial Taurus.
Cramer, Christopher (2002), “Homo Economicus Goes to War:
Methodological Individualism, Rational Choice and the Political Economy of
War.' World Development, 30 (11). pp. 1845-64.
Deas, Malcolm (1983), “Del poder y la gramática. Otros ensayos sobre
historia, política y literaturas colombianas”, artículo “Algunas notas sobre la
historia del caciquismo electoral en Colombia”, Bogotá: Tercer Mundo
Editores.
Elster, Jon (2009), “Explaining social behavior: More nuts and bolts for the
social sciences”. Cambridge: Cambridge University Press
Foro Nacional Por Colombia (2009), “Las otras caras del poder. Territorio,
conflicto y gestión pública en municipios colombianos”, coordinado por Fabio
Velásquez.. Capítulo 6: “Trayectoria y evolución de los mapas políticos
municipales”. Capítulo 7: “Actores armados y procesos político-electorales”.
Capítulo 8: “Las elecciones locales 2007”. Bogotá, D.C.: Panamericana
Formas e Impresos
Gambetta, Diego (2007), “La Mafia Siciliana. El negocio de la protección
privada”. Fondo de Cultura Económica
Garay, Luis Jorge; Salcedo, Eduardo; De León, Isaac (s.f) (2008). “La
reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional
114
de captura económica del Estado”. Bogotá: Corporación Trasparencia por
Colombia. Disponible en
http://www.transparenciacolombia.org.co/CapturadelEstado/tabid/211/Defa
ult.aspx
________________ ____________________________ (2010). “Illicit
networks reconfiguring states. Social network analysis of Colombian and
Mexican Cases”. Bogotá: Método Foundations.
García, Jairo & Godoy, “Partidos, movimientos y facciones en las elecciones
populares de alcalde en Barranquilla (Colombia), 1988 – 2007”, Artículos de
Investigación, Barranquilla: Universidad del Norte. Disponible en línea:
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewFile/8
02/454
González, Fernán (2003), “¿Colapso parcial o presencia diferenciada del
Estado en Colombia?: Una mirada desde la historia”, en Revista Colombia
Internacional, no. 58, Bogotá: Universidad de los Andes
______________ (2014), “Poder y violencia en Colombia”, Bogotá:
ODECOFI –Editorial Javeriana
Guillén, Fernando (1996), “El poder político en Colombia”, Bogotá: Editorial
Planeta
Gutiérrez, Francisco (2014), “El orangután con sacoleva. Cien años de
democracia y represión en Colombia”, Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales (IEPRI), Bogotá: Random House
________________(2010), “Land and Property Rights in Colombia: Change
and Continuity”. Nordic Journal of Humans Rights, volume (28), pp. 230-
261.
________________ (2001), “Historia de democratización anómala. El
Partido Liberal desde el Frente Nacional hasta hoy”. En: en GUTIÉRREZ,
Francisco (compilador). Degradación o cambio: evolución del sistema
político colombiano. Bogotá: Editorial Norma.
115
________________ (2007), “¿Lo que el viento se llevó? Los partidos
políticos y la democracia en Colombia 1958-2006?”. Bogotá: Editorial
Norma.
________________ (2012), “Una relación especial: Privatización de la
seguridad, élites vulnerables y sistema político (1982-2002)”, en Revista de
Estudios Sociojurídicos, vol 14, no. 1, Bogotá: Universidad del Rosario
Hobsbawm, Eric (1969), “Primitive rebels. Studies in Archaic Forms of Social
Movement in the 19th and 20th Centuries.” W. W. Norton & Company.
Hoyos, Diana (2009), “Dinámicas político-electorales en zonas de influencia
paramilitar. Análisis de la competencia y la participación electoral”. En:
Revista Análisis Político, vol .22, No.65
King, G., Keohane, R., Verba, S. (2000), “El diseño de la investigación social.
La inferencia científica en los estudios cualitativos”, España: Alianza Editorial
Leal, Francisco; Dávila, Andrés (1990), “Clientelismo. El sistema político y su
expresión regional”, Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI).
LeGrand, Catherine (1988), “Colonización y protesta campesina, 1850-
1950”, Bogotá, Centro Editorial: Universidad Nacional de Colombia
Lieberman, Steven (2005), “Nested Analysis as Mixed Method Strategy for
Comparative Research”, en Revista American Political Science Review, vol.
99, no. 3, pps. 435-452.
López, Claudia et all (2010), “Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y
políticos reconfiguraron el Estado colombiano”. Bogotá: Random House
Mondadori
López, Claudia (2010b), “Prólogo”, en libro Sáenz, José (2010), “Élites
políticas y construcciones de ciudad. Cali 1958, 1998”, Cali: Universidad
ICESI
116
Melo, Jorge Orlando (1995), “Caciques y gamonales”, en Revista Credencial
Historia, no. 104, Colección: Política y diplomacia en la Historia de Colombia,
Bogotá: Banco de la República de Colombia
Moore, Barrington (1993): “Social Origins of Dictatorship and Democracy:
Lord and Peasant in the Making of the Modern World”, Beacon Press
Mosca, Gaetano (2002), “La clase política”, México: Fondo de Cultura
Económica
North, D. Wallis, J. & Weingast, B. (2009): "Violence and social orders. A
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History",
Cambridge University Press.
Olson, Mancur (1992), “La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la
teoría de grupos”, México: Noriega.
Ortiz, Carlos Miguel (2005), “Urabá. Pulsiones de vida y desafíos de
muerte”, Bogotá: La Carreta Editores
_________________(1985), “Estado y subversión en Colombia. La Violencia
en el Quindío, años 50”, Bogotá: CEREC
Palacios, Marcos; Safford, Frank, “Colombia: país fragmentado, sociedad
dividida”, Bogotá: Editorial Norma
Pedraza, Hernán; Olaya, Ángela (2011), “Regalías, cooperativas y finanzas
paramilitares en la Costa Caribe”, en libro, “La economía de los
paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política”. Bogotá: Editorial
Debate.
Pizarro, Eduardo (2003), “Una democracia asediada. Balance y perspectiva
del conflicto armado en Colombia”. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Poulantzas, Nicos (1987), “Estado, poder y socialismo”, Siglo veintiuno
editores.
Ragin, Charles (2011), “Redesigning Social Inquiry. Fuzzy Sets and Beyond”,
Estados Unidos: The University of Chicago Press
117
Raphael, Sam (2010), “Paramilitarism and State Terror in Colombia”. En:
Richard Jackson, Eamon Murphy, Scott Poynting (eds.): "Contemporary
State Terrorism", Routledge, London.
Reyes, Alejandro (1978), “Latifundio y poder político. La hacienda ganadera
en Sucre”, Bogotá: CINEP
Romero, Mauricio (2003), “Autodefensas y paramilitares 1982 – 2003”,
Bogotá: IEPRI
Sáenz, José (2010), “Élites políticas y construcciones de ciudad. Cali 1958,
1998”, Cali: Universidad ICESI
Sánchez, Fabio y Chacón, Mario (2005), “Conflicto, Estado y
descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control
local”. En: Crisis State Programs, Working Paper No. 1, Edición virtual:
http://eprints.lse.ac.uk/28173/2/wp70sp.pdf
Sánchez, Gonzalo & Meertens, Donney (1983), “Bandoleros, gamonales y
campesinos. El caso de la Violencia en Colombia”, Bogotá, El Áncora
Editores. Slatta, Richard W.
Sartori, Giovanny (1984), “La política. Lógica y métodos en las ciencias
sociales”, México: Fondo de Cultura Económica
Steiner, Claudia (2006), “Un bandolero para el recuerdo: Efraín González,
también conocido como el Siete Colores”, en Revista de Antropología y
Arqueología, no. 2, Bogotá: Universidad de los Andes
Tovar, Rodrigo (inédito), “Mi vida como Autodefensa y mi participación
como BN y BNA”.
Uribe, María Teresa (2011), “Un retrato fragmentado. Ensayos sobre la vida
social, económica y política y del siglo XIX y XX en Colombia”, Bogotá: La
Carreta Editores
Velasco, Juan (2014), “Votando por la tierra: Las elecciones 2014 y el futuro
de la reparación a las víctimas del conflicto armado”, en libro “Mapas y
118
factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2014”, Bogotá: Misión de
Observación Electoral.
Winters, Jeffrey (2011), “Oligarchy”, Estados Unidos: Cambridge University
Press
Versiones libres, expedientes judiciales y sentencias condenatorias
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 27032, 18
de marzo de 2010.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 32805, 23
de febrero de 2010
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 27195, 19
de agosto de 2009
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 32996, 23
de febrero de 2011,
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 28 de junio de 2012
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 26470, 01
de agosto de 2008
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 27199, 01
febrero de 2012
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 26450, 08
de noviembre de 2007.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación no. 38126,
04 de septiembre de 2012.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no. 23802, 26
de enero de 2010
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (16 de febrero de 2010),
“Audiencia pública de control de legalidad Edgar Ignacio Fierro Flórez,
Andrés Mauricio Torres León, José Gregorio Mangonez Lugo y Oscar Enrique
Martínez Osías.
119
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (17 de marzo de 2014),
“Audiencia de control de legalidad contra el postulado Luis Eduardo
Cifuentes Galindo y Narciso Marroquín”.
Versión Libre de Miguel Villarreal Archila - Informe de Policía Judicial No.
110016000253200783489 de noviembre de 2009
Oficio No. 8.665, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia,
Bogotá, 27 de marzo de 2014
Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 26 y 06 adscrita a la Unidad Nacional
contra el Terrorismo, Expediente 2007-0118-8, folios 169 a 176
Versión libre del postulado Mauricio de Jesús Roldán (alias ‘Julián’) ante la
Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación,
Barranquilla, 01 de octubre de 2012
Escobar, José (25 de febrero de 2002), “Declaración Política. Por una
conciencia política”, Bogotá: Cámara de Representantes. *Esta carta se
toma como material probatorio para condenar a los políticos que firmaron
los pactos de Pivijay y Chibolo.
Entrevistas
Entrevista a magistrado (reserva de nombre), realizada en Bogotá, el 15 de
marzo de 2014
Entrevistas a Hernán Pedraza Sarabia (experto en parapolítica en la costa
atlántica), y pariente de Arturo Sarabia Better, ex ministro barranquillero),
realizadas en Bogotá, los días 23 de abril de 2014, mayo 01 de 2014 y junio
02 de 2014.
Entrevista informal con fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación (se reserva el nombre y la fecha de la conversación,
por no contar con la autorización de este funcionario para publicitar la
entrevista)
120
Nota: En los departamentos del Cesar, Atlántico, Magdalena y Córdoba, se
contactaron periodistas para diligenciar un formulario sobre las actividades
económicas y la ubicación geográfica de los bienes inmuebles de congresistas
vinculados con la parapolítica. Por seguridad, no otorgo los nombres de dichos
colaboradores (en anexos, la información recopilada se pone en la casilla
“opinión experta”).
Artículos de prensa y reportajes en medios digitales
El Espectador, 26 de noviembre de 2011, Las confesiones de alias Gonzalo:
“Yo lleve a Hoenigsberg a Ralito”. Disponible en línea:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/yo-lleve-hoenigsberg-ralito-
articulo-313490
El Tiempo, 07 de marzo de 1998, “Bernardo Guerra Serna: “Estor orgulloso
de ser cacique y clientelista”. Disponible en línea:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-748209
Hoy Diario de Magdalena, 22 de marzo de 2002, “Salomón Saade logró la
mayor votación al Senado”
La Silla Vacía, octubre 25 de 2010, “Coacción insuperable: el término que
utiliza estratégicamente el Presidente para justificar a parapolíticos”
La Silla Vacía, “Quién es quién. Biografía de Sergio Díaz Granados”.
Disponible en línea: http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/sergio-
diaz-granados-guida
Revista Semana (sin fecha), “Los elegidos de los paras”, edición virtual.
Disponible en línea (recuperado el 19 de junio de 2014):
http://m.semana.com/nacion/articulo/los-elegidos-paras/82278-3
Revista Semana, 18 de febrero de 1991: “¿Los mismos con las mismas?”
Revista Semana, 01 de agosto de 2004: “Los paras en el Congreso”
121
Revista Semana, edición especial no. 1671, “Las 100 empresas más grandes
de Colombia y las 900 siguientes”.
RCN La Radio (2013), “Informe sobre los senadores que no presentan la
declaración juramentada de bienes”. Disponible en línea:
http://www.rcnradio.com/audios/informe-sobre-los-senadores-que-no-
presentan-declaracion-juramentada-de-bienes-67145
RCN Televisión, sin fecha, “Valorcorn, empresa de los Gerlein, gran
contratista de la Costa Caribe”. Disponible en línea:
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/valorcon_empresa_de_los_gerlein_gr
an_contratista_en_la_costa_caribe
Verdad Abierta, 26 agosto de 2013, “La despojo-política en Remolino”.
