Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“ANÁLISIS DEL COLABORADOR EFICAZ EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO”
TESIS
FLOR DE MARIA GODOY GIL Carné: 12588-05
Guatemala, enero de 2013 Campus Central
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“ANÁLISIS DEL COLABORADOR EFICAZ EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO”
TESIS
Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar
Por:
FLOR DE MARIA GODOY GIL Carné: 12588-05
Al conferírsele el grado académico de:
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Y los títulos profesionales de:
ABOGADA Y NOTARIA
Guatemala, enero de 2013 Campus Central
ASESOR DE TESIS:
Lic. Gabriel Estuardo García Luna
REVISOR DE FORMA Y FONDO:
Lic. Rafael Francisco Dardón Rodríguez
TERNA EXAMINADORA QUE REALIZÓ LA EVALUACION COMPRENSIVA:
ÁREA PÚBLICA:
Licda. Lisbeth Xiomara Carranza Izquierdo
Lic. Juan Pablo Paredes Cano
Licda. Angélica Yolanda Vásquez Girón
Área Privada:
M.A. Otto Leonel García Quinteros
Lic. Cristian Roberto Villatoro Martínez
Lic. Fernando José Figueroa Ovalle
DEDICATORIA
A DIOS Porque sin el nada de esto sería posible, porque todo lo que soy y lo
que tengo es por su gracia. A ti todo el Honor y toda Gloria.
A MI MADRE Olga Marina Gil Castillo, gracias por todos los consejos, el apoyo,
gracias por estar conmigo en todo momento y acompañarme incondicionalmente
para alcanzar esta meta.
A MI PADRE Carlos Alberto Godoy Florián por todo su apoyo, y por impulsarme
siempre a alcanzar mis metas.
A MI ESPOSO Benjamín López por todo tu apoyo, amor, comprensión, paciencia,
por estar conmigo en todo momento.
A MI HIJA María Alejandra, porque es el motor que me da la fuerza para luchar
cada día. Eres lo más valioso que Dios me ha dado. Te Amo.
A MIS HERMANOS Roberto Carlos, Luis Fernando y Herber Arnulfo, por todo su
cariño, por estar siempre a mi lado cuidándome y apoyándome.
A LA FAMILIA DE LEÓN MALDONADO A Tía Carmencita, Raquel, Ana, Luis,
Cesar, porque fueron parte importante en este camino y por el inmenso aprecio y
cariño que les tengo. Gracias!
A MIS AMIGAS Lidia Maribel Castillo, Paola Barrios, gracias por todos esos
momentos tan especiales que vivimos juntas.
A TODA MI FAMILIA Y A LAS PERSONAS QUE HICIERON ESTO POSIBLE
En especial a PGN Coatepeque, Otilio López, Lidia Maldonado, Lic. Gabriel García
Luna.
RESPONSABILIDAD: “La autora es la única responsable del contenido y las
conclusiones de la tesis”.
ÍNDICE
Introducción
CAPÍTULO UNO
EL PROCESO PENAL
1. Definición 1
2. Sistemas del Proceso Penal 2-6
3. Elementos, objeto, fines 7-9
4. Naturaleza Jurídica 10
5. Características 11
6. Garantías Constitucionales del proceso penal 11
6.1. Derecho a un debido proceso 12
6.2. Derecho de defensa 13
6.3. Derecho a un defensor letrado 14
6.4. Derecho de inocencia o no culpabilidad 15
6.5. Improcedencia de la persecución penal 15
6.6. Derecho a no declarar contra sí mismo 16
6.7. La independencia judicial funcional 16
6.8. Garantía de legalidad 17
7. Principios del sistema procesal penal 17
7.1. Principio de oralidad 18
7.2. Principio de inmediación procesal 18
7.3. Principio de concentración 19
7.4. Principio de publicidad 20
7.5. Principio de contradicción 20
7.6. Principio de celeridad procesal 21
8. Estructura del Proceso Penal 22-27
CAPÍTULO DOS
COLABORADOR EFICAZ
1. Pentiti o colaborador con la justicia 28
2. El pentitismo desde otras disciplinas 29
2.1 En el ámbito moral y religioso 29
2.2 La óptica jurídica 29
2.3 El punto de vista ético 30
3. Antecedentes 30
4. Surgimiento del colaborador eficaz 31
5. Reseña histórica 32-35
6. Regulación en el derecho comparado 36
6.1. Estados Unidos 36-38
6.2. Gran Bretaña 39
6.3. Alemania 40
6.4. España 40
6.5. Italia 41
6.6. Argentina 42
6.7. Brasil 43
6.8. Perú 43
6.9. Colombia 44
6.10. Guatemala 45
7. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 46
CAPÍTULO TRES
EL COLABORADOR EFICAZ EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO
1. Marco legal 50
2. Concepto 50-52
3. Principios 53
4. Elementos 54
5. Naturaleza jurídica 54
6. Ventajas y desventajas 56
7. Fines de la colaboración 57
8. Declaración del colaborador y celebración del acuerdo 57
8.1. Elaboración y contenido del acta 59
9. Beneficios 59
9.1 Trámite 60
9.2. Restricciones 61
9.2.1. Criterio de oportunidad 63
9.2.2. Suspensión condicional de la persecución penal 64
9.2.3. Sobreseimiento 65
10. Procedimiento abreviado 65
11. Medidas de protección del colaborador 68
CAPÍTULO CUATRO
1. Análisis de la constitucionalidad y eficacia del colaborador eficaz 69-75
CAPÍTULO CINCO
ANÁLISIS, PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Presentación 76
2. Análisis y discusión 76-83
CONCLUSIONES 84
RECOMENDACIONES 85
REFERENCIAS 86-90
Anexos
1. Modelo de entrevista
2. Gráficas
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo contiene un análisis referente a la figura del Colaborador Eficaz
regulada en el Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala
denominado Ley Contra la Delincuencia Organizada aprobada recientemente por
el Congreso de la República; en él se hace referencia a los antecedentes
históricos y su regulación en el Derecho Comparado para luego analizar los fines,
elementos, características, naturaleza jurídica, beneficios y restricciones que
establece la ley, esta es una investigación jurídico descriptiva ya que se estudia
esta figura desde diversos aspectos, cuyo objetivo es analizar la institución del
colaborador eficaz según el Decreto 21-2006 su incidencia e importancia dentro
del proceso penal.
El colaborador eficaz es aquella persona que ha participado en un hecho
delictivo y presta colaboración para la investigación y persecución de miembros de
un grupo delictivo organizado, esta figura se ha considerado de mucha
importancia en el sistema procesal penal, actualmente a nivel internacional se
están implementando estas nuevas regulaciones y procedimientos cuyo fin es
combatir de manera frontal el crimen organizado y la delincuencia, la colaboración
que sea proporcionada permitirá obtener la información fidedigna y necesaria para
el esclarecimiento de delitos
INTRODUCCIÓN
Guatemala es víctima de una ola de impunidad en la que el crimen organizado es
uno de los principales problemas, las actividades y la estructura de éstos ha
cambiado de manera sustancial y se ha globalizado, muchos grupos delictivos han
aprovechado como garantía de impunidad, la falta de coordinación entre
legislaciones nacionales, por lo que se ha hecho necesario adoptar nuevas
regulaciones y procedimientos adecuados para luchar contra estos problemas. A
nivel internacional varias iniciativas han dado como resultado la puesta en práctica
de nuevos métodos de lucha contra el crimen organizado, ésto desde un enfoque
Penal en el sentido de conocer el núcleo de estos grupos, sus normas internas y
su forma de actuación. De esto deriva la interrogante que da vida a este trabajo,
¿Cuáles son las causas que originan la institución del Colaborador Eficaz en el
proceso penal guatemalteco?.
Recientemente se aprobó la reforma a la Ley contra la Delincuencia
Organizada sobre Colaboración Eficaz cuya figura otorga beneficios a las
personas que han cometido hechos delictivos bajo las condiciones de su
colaboración con la justicia en la persecución penal proporcionando información
interna sobre una red y organización criminal
Según antecedentes, fue en Italia durante la década de los setenta donde
se acuño el término Pentiti, quien es la persona que forma parte de una
organización criminal o terrorista y que luego de ser arrestada este se arrepiente y
decide colaborar con el sistema judicial en las investigaciones que involucran a su
organización dando información acerca del actuar de estas organizaciones, esta
figura es conocida y utilizada internacionalmente como Colaboración Eficaz.
El objetivo general de esta tesis es analizar la institución del Colaborador
Eficaz, su incidencia e importancia dentro del proceso penal. Los objetivos
específicos son identificar la naturaleza, los elementos y las características de esta
figura para poder determinar los efectos de su aplicación.
El Colaborador Eficaz conocido en el derecho comparado como
“arrepentido”, “colaborador con la justicia”, “pentiti”, o “informante”, es aquella
persona que comete un delito y que a cambio de obtener algún beneficio cooperan
con la justicia brindando información para investigar delitos que generalmente son
cometidos en organizaciones criminales.
Los alcances de esta investigación abarcan la ciudad de Guatemala
teniendo en cuenta que actualmente es el único departamento de la república en
que se ha puesto en práctica esta institución. El instrumento utilizado fue por
medio de entrevistas realizadas a veinte profesionales del derecho cuyo campo es
el Derecho Penal. Con esta investigación se pretende aportar un conocimiento
más amplio acerca de la función del Colaborador Eficaz para estudiosos del
derecho y personas en general
Las unidades de análisis se integran por la Constitución Política de la
República de Guatemala; La Ley Contra el Crimen Organizado Decreto 21-2006;
Código Procesal Penal; La Ley de Fortalecimiento a la Persecución Penal Decreto
17-2009; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
1
CAPÍTULO UNO
El Proceso Penal.
1. Definición.
Para Vincenzo Manzini1 el Proceso Penal es el “Conjunto de actos concretos,
regulados en abstracto por el Derecho Procesal Penal para obtener el órgano
jurisdiccional la confirmación de la pretensión punitiva, deducida por el órgano
ejecutivo y eventualmente para realizarla en forma coactiva, lo que constituye la
actividad judicial compleja y progresiva denominado Proceso Penal”.
El derecho procesal penal es aquella disciplina jurídica encargada de
proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para
comprender y aplicar las normas jurídicas-procesales-penales, destinadas a
regular el inicio, desarrollo y culminación de un proceso penal.
Se le denomina también derecho adjetivo, y lo compone el conjunto de
normas jurídicas que regulan el proceso penal en sus diferentes etapas o fases de
substanciación, con el objeto de la averiguación de un hecho señalado como delito
o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Para facilitar su
entendimiento el derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan la
actividad jurisdiccional del Estado, por la aplicación de las leyes de fondo y su
estudio comprende la organización del poder judicial, la determinación de la
competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes
en la sustanciación del proceso.
Rafael De Pina Vara2 define el Proceso Penal como el “Conjunto de actos
regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial
1 Manzini, Vincenzo. Tratado de derecho procesal penal. Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América,
1954. Pág. 20 2 De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. México. Editorial Porrúa, S.A., 1983, Décimo primera
edición, Pág.403
2
del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado
en el caso concreto mediante la decisión del juez competente”.
El proceso penal se considera como el medio ineludible para que la función
jurisdiccional actúe ante la alteración del ordenamiento jurídico en materia
criminal, a lo que el Estado debe intervenir a través de los tribunales, en ejercicio
de la obligación de proporcionar seguridad. El proceso debe ser impulsado
oficialmente de manera insoslayable, pues no cabe la posibilidad de defender
intereses de modo particular, ni restablecer agravios por actividad propia o
personal.
Para Alberto Herrarte3 el Derecho Procesal Penal es la “Rama del Derecho
Procesal que estudia las normas que regulan el proceso penal”.
2. Sistemas del Proceso Penal
Son formas de enjuiciamiento penal que a lo largo de la historia se desarrollaron
en distintas etapas de la humanidad, conforme a teorías y métodos que se ajustan
cada vez más a una política criminal moderna congruente con la realidad jurídico-
social de todo país. Entre estos sistemas se encuentran el sistema inquisitivo,
acusatorio y el mixto.
2.1. Sistema Inquisitivo.
Surgió en el Derecho Romano, por el poder absorbente del Emperador y
quebrantamiento del Senado, y creado por el Derecho Canónico. En este sistema,
todo el poder se concentra en el Emperador que fungía como juez, ejerciendo las
funciones de acusación, defensa y decisión; las tres funciones se concentraban en
una sola persona que era el Emperador, él acusaba, defendía y decidía en el
3 Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal. Centro Editorial Vile. Tercera reimpresión de la primera edición
1993.
3
proceso penal. Este sistema fue duramente criticado en el campo político, de
Derechos Humanos y Jurídico.
El Sistema Inquisitivo fue aplicado en el sistema o forma de gobierno
autoritario. La persona sindicada de haber cometido un delito era tomada dentro
del proceso penal como objeto y no como sujeto de la relación procesal. Este
sistema está en contraposición del Sistema Acusatorio.4
La inquisición es el nombre con el cual se conoce todo sistema judicial
correlativo a ese tipo de organización política. Creado en el antiguo imperio
romano y desarrollado como Derecho Universal (católico) por glosadores y
postglosadores, pasa a ser derecho eclesiástico y, posteriormente, laico, en
Europa continental, a partir del siglo XIII de la era Cristiana.5
La palabra inquisición se deriva de los Quaestores, estos eran ciudadanos
encargados por el Senado Romano de investigar ciertos delitos. En este sistema,
el juez investiga de oficio y en su inicio se caracterizó por la tortura y toda clase de
tormentos contra el imputado.6
Dentro de las características principales de este sistema, se encuentran las
siguientes: a) El proceso penal se inicia de oficio, aceptando para iniciarlo
inclusive, la denuncia anónima; b) En este Sistema Inquisitivo la justicia penal es
única, se concentra en el Estado; c) El proceso penal es escrito y secreto, sin
observarse el principio de contradicción, es decir, el acusador aportando sus
pruebas y el sindicado defendiéndose de esa acusación, las dos partes con los
mismos derechos, como el Sistema Acusatorio; d) La prueba es apreciada
taxativamente, por medio del sistema de prueba tasada; e) Los jueces, en este
sistema, son inamovibles y no pueden ser recusados; f) La confesión del acusado,
4 Albeño Ovando, Gladis Yolanda. El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco. Guatemala 2001.
Pág.28. 5 Par Usen, José Mynor, El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco, Guatemala, Editorial Vile, 2005,
Pág.43. 6 Loc.Cit.
4
en este sistema es fundamental, por lo que para obtenerla se aplican métodos
contrarios a la conservación de los derechos humanos, como lo es el tormento y la
tortura, siendo éstos sus más poderosos y eficaces instrumentos; g) El proceso
penal, deja de ser proceso entre partes, en el Sistema Inquisitivo;
2.2. Sistema acusatorio.
Este sistema prevalece en la República Helénica; en los últimos tiempos de la
República Romana, inspirado en el principio de la acusación popular, mediante la
cual todos los ciudadanos libres estaban facultados para ejercer la acción penal de
los delitos públicos ante el Senado o la Asamblea del Pueblo.
En el Sistema Acusatorio el proceso penal se armoniza con aquellas
estructuras políticas que permiten una amplia intervención del ciudadano en la
vida pública, reconociendo una protección calificada de las personas y sus
derechos en cuanto a sus relaciones con instituciones sociales o bien estatales.
Este sistema tiene aplicación en regímenes democráticos, por los principios en los
que está inspirado, como son: la publicidad, oralidad y la concentración, en el
juicio propiamente dicho, y el contradictorio en el debate.
Este sistema presenta como características principales las siguientes: a) El
procedimiento penal, es a instancia de parte; b) En el procedimiento penal se
plasman los principios de: oralidad, publicidad y concentración, en el juicio
propiamente dicho; c) En este sistema hay igualdad Jurídico-Procesal de las
partes; d) La prueba, en el Sistema Acusatorio se propone con absoluta libertad
por las partes, valorándolas el juez con aplicación del principio predominante de la
sana crítica razonada; e) En este sistema, las funciones de acusar, defender y
decidir, se encuentran plenamente separadas, sin que en un momento
determinado puedan mezclarse; f) La actividad del juez, en el juicio propiamente
dicho, se limita exclusivamente a presidir y encauzar los debates del juicio.
5
Según este sistema, la característica fundamental del enjuiciamiento reside
en la división de los poderes que se ejercen en el proceso, por un lado el
acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el
imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho a defenderse,
y finalmente el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir7. Cuando se
conocen a fondo los principios filosóficos que caracterizan a este sistema, puede
considerarse un proceso legal, justo y autentico, donde las funciones de acusación
defensa y decisión, están legalmente separadas.
Este sistema es el que utiliza la legislación adjetiva penal guatemalteca,
posee entre otras las siguientes características:
1. La función de acusación, le está encomendada al Ministerio Público, por
medio del Fiscal General de la República y su cuerpo de fiscales.
2. La función de defensa, está atribuida, a todos los abogados colegiados
activos.
3. La función de juzgar y controlar el proceso penal, está encomendada a los
jueces de primera instancia y contralores de la investigación.
4. El proceso penal en su fase de juicio, se instituye oral y público, con
algunas excepciones específicas.
5. La fase de juicio penal se desarrolla ante un tribunal de jueces letrados o de
derecho.
6. El juicio penal, se inspira conforme a los principios de inmediación,
concentración, contradictorio, oralidad y publicidad.
7. El imputado recobra su condición de parte, en el proceso penal y deja de
ser objeto de la investigación.
8. La declaración del imputado constituye un derecho de defensa, y su
confesión se valoriza conforme al principio In dubio pro-reo.
9. Las pruebas del proceso se valoran conforme a la sana crítica razonada.
7 Par Usen, José Mynor. Op.Cit. Pág. 140
6
2.3. Sistema Mixto.
Nace en el siglo XIX con la desaparición del sistema inquisitivo, con la Revolución
Francesa, siendo Francia el país pionero de la aplicación de este sistema en el
proceso penal. La Asamblea Constituyente da las bases de una nueva forma, que
divide el proceso penal en dos fases: La primera fase, es denominada instrucción,
realizada por el Juez y aplicando el principio de secretividad; y la segunda, que se
le denomina la fase del juicio propiamente dicho, aplicando los principios de
oralidad, publicidad y el de contradicción de la acusación y la defensa.8
Al Sistema Mixto, se le ha dado ese nombre, en virtud que en él se fusionan
los Sistemas Inquisitivo y Acusatorio; en la primera fase, que es la instrucción, se
observa el Sistema Inquisitivo, tomando en cuenta sus características; y en la
segunda fase, o en el juicio propiamente dicho se observa el Sistema Acusatorio.
Los Sistemas Acusatorio e Inquisitivo, no se dan en forma pura en el Sistema
Mixto, sino que se ha tomado parte de cada uno de ellos con el afán de
modernizar el proceso penal a través de la historia, lo cual en los países
desarrollados ha tomado mucho auge, ya que a través del desarrollo de este
sistema se ha implantado el Juicio Oral, en los países en los cuales la Justicia
Penal, se ha desarrollado históricamente y ha evolucionado a la par de las
instituciones políticas, sociales y culturales que conforman el Estado.
Este sistema ofrece características particulares en cada uno de los países
donde está siendo aplicado, tomando en cuenta la idiosincrasia de cada uno de
ellos y la evolución histórica del proceso penal, mejorando considerablemente este
sistema en su aplicación prevaleciendo el Juicio Oral, logrando con ello una
verdadera evolución en la justicia penal. Guatemala utiliza un sistema mixto o
proacusatorio ya que la etapa de investigación es similar al sistema inquisitivo y la
fase del debate o juicio al sistema acusatorio, además de esto el Juez aún tiene
poderes como por ejemplo las nuevas pruebas de oficio y la reapertura del debate.
8 Albeño Ovando, Gladis Yolanda. Op.Cit. Págs. 28 y 29.
7
3. Elementos.
En cualquiera de los criterios expuestos sobre la naturaleza jurídica del proceso,
se encuentran factores indispensables procesalmente esto es, lo que se conoce
como elementos, divididos en dos, como son: los subjetivos y los objetivos, sin
cuya presencia no puede producirse el proceso, por más que en la época científica
se dio prioridad a los elementos subjetivos, lo que significó el surgimiento de la
teoría de la relación jurídica, puesto que esos elementos consisten las dos
personas, o conjunto de ellas, que intervienen, de un modo u otro, en el
desenvolvimiento del proceso, con las atribuciones que la misma ley procesal les
va señalando, lo que no necesariamente encamina directamente al objeto o fines
del proceso, pues los terceros, por ejemplo, sin estar ligados en forma directa, se
manifiestan de alguna manera en el proceso, dando lugar a actos procesales que
constituyen elementos objetivos.
Los elementos objetivos del proceso penal, entonces, son todos los actos
que los sujetos o partes efectúan en el desenvolvimiento procesal, siendo preciso
señalar que, aunque fraccionados, van integrando la unidad del proceso, de tal
modo que implique avance continuo.
En la legislación comparada, generalmente existe uniformidad de esa
actividad, cuyo fraccionamiento unitario, toma distintas designaciones; de tal
manera que lo mismo se habla de actos que de fases, períodos, etapas, etc., que,
desde luego, tienen su carácter propio, pero todos relacionados entre sí.
En el Código Procesal Penal de Guatemala9, el proceso penal se va
integrando con varias etapas sucesivas, como son: la preparación de la acción
penal; el procedimiento preparatorio o instrucción; el procedimiento intermedio,
que incluye el debate, la sentencia y su ejecución, todas consideradas como
9 Congreso de la República. Decreto 51-92. Código Procesal Penal. Guatemala.
8
escalas fundamentales o esenciales, sobre todo el debate, ya que en esa fase se
produce el contradictorio, de manera oral, bajo la garantía de la igualdad en el
proceso, de modo que las partes coadyuven, con sus actos, a la decisión judicial.
3.1 Objeto.
Al proceso se le atribuye un doble objeto: a) Inmediato, que es el mantenimiento
de la legalidad establecida por el legislador. B) Mediato que consiste en la
protección de los derechos particulares.
Para De Pina Vara10, el objeto del proceso es “la jurisdicción, mediante cuyo
ejercicio los órganos jurisdiccionales aseguran la eficacia de la legalidad. La
protección de los intereses particulares no es el objeto del proceso, sino el
resultado que éste ofrece”.
Para Eugenio Florián, el objeto fundamental del proceso penal es una
determinada relación de derecho penal que surge de un hecho que se considera
como delito y se desarrolla entre el Estado y el individuo al cual se le atribuye el
hecho, con el fin de que sea aplicada a este ultimo la ley penal.11 Continúa
exponiendo Florián, que en el proceso penal al lado del objeto principal y el
accesorio se comprende en estos términos: “puede surgir un objeto accesorio una
vez exista el principal; pero este tiene existencia e impulsa el proceso sin
necesidad de aquel”.12
3.2 Fines.
Los fines del proceso penal tienen como meta, al igual que los fines generales del
Derecho: alcanzar el bien común, la justicia y la seguridad jurídica aplicando la ley
penal al caso concreto.
10
De Pina Vara, Rafael. Op. Cit. Pág. 405 11
Florián, Eugenio. Elementos de Derecho Procesal Penal. España. Casa Editorial BOSCH, 1931. Pág. 48. 12
Florián, Op.Cit. Pág.49
9
Para De Pina Vara13, la finalidad del Proceso Penal, “es alcanzar la
aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés
elemental tutelado en el caso concreto, mediante la decisión del juez competente”.
Los fines del proceso se dividen en generales y específicos, a su vez los
generales los subdivide en mediatos e inmediatos y los específicos en
investigación de la verdad e individualización de la personalidad del justiciable. El
fin general mediato: consiste en alcanzar los fines mismos del Derecho Penal, es
decir, prevención y represión del delito; mientras que el fin general inmediato:
persigue la aplicación de la norma material del Derecho Penal al caso concreto,
investigando a través del Proceso Penal, si el hecho que se considera como delito
ha sido efectivamente cometido por persona determinada, el grado de
participación del sindicado y establecer si el caso denunciado constituye delito; y,
luego en caso de que así sea, declarar la responsabilidad del sindicado y
determinar la pena o medida de seguridad derivadas del mismo y establecidas en
la ley penal.
En cuanto a los fines específicos, al referirse a la ordenación y
desenvolvimiento del proceso y la subdivisión de la verdad histórica o material en
contraposición de la verdad formal y la individualización de la personalidad del
justiciable. La verdad material o histórica, que es una verdad de hecho, se
averigua en el proceso penal, tomando en cuenta que la investigación de los
hechos tipificados como delitos, está encomendada al Estado a través de sus
instituciones preestablecidas.
13
De Pina Vara. Op. Cit. Pág. 405
10
4 Naturaleza Jurídica.
El proceso tiene una función de carácter público y los intereses que persigue son
también de carácter público. De hecho, las teorías de trascendencia del Derecho
Penal, son las de Derecho Público. Entre las principales teorías que explican la
naturaleza jurídica del Proceso Penal, están:
1. Teoría de la Relación Jurídica: Esta teoría sostiene que el proceso se
desarrolla a través de una actividad por el Juez y por las partes regulada
por la ley, teniendo cada una sus propias pretensiones y deberes que dan
lugar a una relación de derecho público. Esta teoría establece los
Presupuestos Procesales, que son requisito indispensable en el proceso
penal; y no es más que la existencia de un órgano jurisdiccional
competente, las partes que intervienen en el proceso penal; y por último la
comisión y el establecimiento de un hecho antijurídico.14
La Teoría de la Relación Jurídica, toma al imputado como verdadero sujeto
de relación procesal, con deberes y derechos, como toda persona, lo que
efectivamente es en el Sistema Acusatorio; en cambio, en el sistema
Inquisitivo el imputado era tomado como un objeto del proceso.
2. Teoría de la Situación Jurídica: Se ha objetado que esta teoría pierde
panorama del conjunto, estudiando el proceso no como lo que debe ser,
sino lo que es corrientemente; no estudia el proceso en una forma
científica, ya que de conformidad con esta teoría, el final de litigio está
determinado por la destreza de las partes, lo cual constituye un fenómeno
extrajudicial, al negar la relación jurídica procesal y los presupuestos
procesales, como una condición de existencia de la misma, afirmando que
son las partes las que inician por concluido el proceso penal y que la
decisión del Juez no cuenta, ya que su obligación de administrar justicia, no
14 Albeño Ovando, Gladis Yolanda. Op.Cit. Pág. 8
11
se desprende de relación procesal alguna, sino se basa en el derecho
público que impone al Estado la obligación por medio del Juez.15
5 Características.
Dentro de las principales características del proceso penal se encuentran las
siguientes:
7.1 Conjunto de actos regulados por la ley procesal para aplicar la ley penal
a casos concretos.
7.2 Tiene una función de carácter público.
7.3 La existencia de los presupuestos procesales, como requisito
indispensable en todo proceso penal, integrado por: un órgano
jurisdiccional competente, las partes que intervienen en el proceso penal
y la comisión y el establecimiento de un hecho antijurídico; trilogía que
es tomada en cuenta por el proceso penal moderno.
6 Garantías constitucionales del proceso penal.
Al hablar de este concepto de inmediato se establece la relación con el Estado de
Derecho, normado por la Constitución, bajo cuyo orden se organiza política y
jurídicamente el Estado guatemalteco. Este ordenamiento legal se fundamenta en
la supremacía de la constitución que emana del poder constituyente, el que
confirma la primacía de la persona humana y reconoce al Estado como único
responsable del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad y paz, en el
contexto jurídico social guatemalteco.
La Constitución como ley suprema también fundamenta los postulados
constitucionales de respeto a los derechos humanos, señala los derechos
15
Ibid. Pág.9
12
individuales y sociales y determina las garantías constitucionales y la defensa del
orden constitucional. Como tal debe ser observada y respetada por la población en
general, es decir, por gobernantes y gobernados, porque representa la fiel y libre
voluntad del pueblo de Guatemala.
Estas garantías, persiguen esencialmente la protección constitucional de los
ciudadanos en general, como un medio jurídico que asegura el respeto a sus
elementales derechos, ante el ejercicio del poder represivo del Estado, a quien
corresponde ejercer la persecución penal a través del Ministerio Público. La
libertad y la convivencia social solo pueden asegurarse mediante un sistema de
garantías constitucionales que aseguren, en todas las etapas del proceso penal, el
derecho a un debido proceso, y a la defensa del imputado, incluyendo todos los
derechos y garantías procésales. Los principios son diferentes a los derechos y
garantías jurídicamente hablando, sin embargo, lo que si existe en los tres
términos, es una familiaridad, por cuanto todos son conceptos procesales.16
6.1 Derecho a un debido proceso.
Esta garantía es llamada también juicio previo, no se puede aplicar el poder penal
del Estado si antes no se ha hecho un juicio, es decir, si al imputado no se le ha
dotado de un defensor, no se ha reconocido como inocente en tanto su presunta
culpabilidad no haya sido demostrada.
La Constitución Política de la República de Guatemala, señala como
principio en su artículo 12 que nadie puede ser “condenado sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante Juez o Tribunal competente y
preestablecido”. En el mismo sentido se pronuncia el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 (artículo 14) y la Convención Americana Sobre Derechos
16
Par Usen, José Mynor, Op. Cit. Pág. 80
13
Humanos o Pacto de San José de 1969 (artículo 8). La existencia de un juicio
previo a cualquier condena es un requisito constitucional.17
El principio del juicio previo, que tiene su origen en la edad media, supone
un límite al poder estatal y una garantía para el imputado. La prohibición de
condenar sin proceso, frena la arbitrariedad del Estado que no puede imponer
sanción si no sigue un proceso preestablecido.
El Código Procesal Penal, contiene y desarrolla la garantía de juicio previo
en su artículo 4 señalando que nadie podrá ser condenado, penado o sometido a
medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un
procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las
normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas
para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La
inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado, no podrá
hacer valer en su contra.18
6.2 Derecho de defensa.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 14 que la persona
tiene derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o
ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y siempre que el interés de la justicia
lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciera de
medios suficientes para pagarlo. Asimismo, le asiste el derecho a estar presente
en el proceso y hacer interrogar los testigos de cargo y descargo, a no declarar
contra uno mismo y a ser asistido por abogado. La Convención Americana de
Derechos Humanos, en su artículo 8, manifiesta que el inculpado tiene derecho a
17 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. 1985. 18
Congreso de la República. Decreto 51-92. Código Procesal Penal. Guatemala.
14
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor.19
El derecho de defensa cumple dentro del sistema de garantías un rol
especial, por una parte actúa como una garantía más, y por otra, es la principal vía
para asegurar la efectiva vigencia del resto de las garantías procesales.
El Código Procesal Penal en su artículo 71, desarrollando la normativa
constitucional del derecho de defensa, le otorga al imputado la facultad e hacer
valer por sí mismo o por medio de abogado defensor sus derechos, desde el
primer acto del procedimiento dirigido en su contra.20
6.3 Derecho a un defensor.
El defensor debe tener el mismo título universitario de quien representa al actor
penal a fin de que pueda responder con eficacia a sus argumentos. El principio
acusatorio de nuestro sistema procesal exige que actor o imputado, debido a su
asistencia técnica, este en el mismo nivel cultural que sea necesario para iluminar
el camino del juzgador; es decir que la posible contradicción previa al
pronunciamiento se realice, por lo menos presumiblemente con armas de igual
eficacia.21
La defensa técnica del imputado es generalmente obligatoria, pues a su
lado actúa un defensor que lo asiste y representa durante la substanciación del
proceso. Este derecho se encuentra contemplado en el artículo 8 de la
Constitución Política de la República de Guatemala.
19
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. 1985. 20
Congreso de la República. Decreto 51-92. Código Procesal Penal. Guatemala. 21
Balsells Tojo, Edgar Alfredo. Principios Constitucionales del Debido Proceso. Revista Jurídica del
Organismo Judicial. No. 1. 2001. Pág.56.
15
6.4 Derecho de inocencia o no culpabilidad.
Si la sentencia es el único mecanismo por el cual el Estado puede declarar la
culpabilidad de una persona, mientras ésta no se produzca en forma condenatoria
y está firme, el imputado tiene jurídicamente el estado de inocencia.
El derecho a ser tratado como inocente o principio de presunción de
inocencia está contenido en la Constitución en el artículo 14, en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, inciso 2, y el Pacto de San José en
el artículo 8, inciso 2.
La inocencia es la presunción de toda persona, que debe respetarse en
todo proceso penal; por cuanto constituye un atributo inherente a la persona
humana, quien al momento de ser detenida es afectada en su dignidad y
honorabilidad.
6.5 Improcedencia de la persecución penal múltiple.
En un Estado de Derecho, en base a los principios de libertad y seguridad jurídica,
no se puede permitir que una persona pueda ser enjuiciada o sancionada
repetidas veces por los mismos hechos.
En la doctrina a este presupuesto jurídico, se le tiene como una garantía
procesal, y es conocido bajo los términos Non Bis In Ídem, lo que significa que
ninguna persona debe ser sometida a un doble proceso, por el mismo hecho
delictivo, del cual haya sido legalmente juzgado ante un Juez competente.22
El Código Procesal Penal, en el artículo 17, señala que habrá persecución
penal múltiple cuando se dé el doble requisito de persecución a la misma persona
22
Morales, Rafael. Garantías Constitucionales. Editores IURE. México 2007. Pág. 128.
16
por los mismos hechos. Frente a la “segunda” persecución se puede plantear
excepción por litispendencia o por cosa juzgada. Sin embargo el artículo citado
autoriza a plantear nueva persecución penal cuando: a) la primera fue intentada
ante un tribunal incompetente. b) Cuando la no persecución proviene de defectos
en la promoción o en el ejercicio de la misma. c) cuando un mismo hecho debe ser
juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados,
según las reglas respectivas.23
6.6 Derecho a no declarar contra sí mismo.
La libertad de declaración del imputado ante el órgano jurisdiccional también
pertenece a los derechos inherentes a la persona humana, los que se encuentran
legalmente reconocidos en el proceso penal moderno. Tiene sus raíces en el
respeto a la dignidad del hombre, protege el derecho a la personalidad del
imputado y es un componente necesario de un juicio justo.
Esta garantía procesal encuentra su fundamento en el artículo 16 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, el que establece: En el
proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma,
contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes
dentro de los grados de ley.
6.7 La independencia judicial funcional.
La independencia del Poder Judicial, significa que todo Juez tiene la libertad de
decidir las cuestiones que tiene ante sí de conformidad con sus convicciones y su
interpretación de la ley, sin ninguna influencia, presión directa o indirecta de
ningún sector por ninguna razón.
23
Congreso de la República. Decreto 51-92. Código Procesal Penal. Guatemala.
17
Los jueces deben de emitir sus sentencias o resoluciones en forma
independiente e imparcial, sin presión de ninguna naturaleza, y siempre dentro
del marco constitucional. De conformidad con la Constitución Política de la
República de Guatemala esta garantía está regulada por el artículo 203.
6.8 La garantía de legalidad.
Esta garantía tiende a frenar el Ius Puniendi del Estado, a través de principios
jurídicos establecidos en la propia ley, los que protegen jurídicamente a la persona
humana.
Esta garantía se manifiesta en el aforismo Nullum crimen Nulla poena sine
lege, que traducido significa que no hay delito ni pena sin ley anterior. Esta
garantía se encuentra regulada en el artículo 17 de la Constitución; y en los
artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal.
7 Principios del sistema procesal penal.
Existen diferentes posturas acerca de los principios que informan el proceso.
Miguel Fenech24 establece como principios generales más característicos, los de
oficialidad, legalidad, inmutabilidad y la verdad material. Este ultimo dividido en
principio de “autodiatur et altera pars”, principio de la libre convicción judicial y
principio de inmediación de la práctica de la prueba. Florián25 se refiere a los
principios generales de la actividad procesal y considera los siguientes: principio
acusatorio y principio inquisitorio, principio de la inmediación, principio de la
concentración procesal y principio de la unidad de los resultados de las diferentes
actividades procesales, sin perjuicio de que al hablar de las formas secundarias
del proceso hace relación a la oralidad, la escritura, la publicidad y al secreto.
24
Fenech Miguel. Derecho Procesal Penal. España. Labor, 1960. 3ra Edición. Pág. 73 25
Florián. Op. Cit. Pág. 100
18
Claria Olmedo26 menciona los principios de oficialidad del imputado, de los cuales
derivan otros principios y corolarios.
7.1 Principio de oralidad.
Es la forma más lógica de comprensión y canalización de ideas y tiende a que el
orden jurídico perturbado logre su restablecimiento de una manera directa y
efectiva, ya que por medio de un proceso oral, los principios básicos de publicidad,
inmediación, concentración y contradicción alcanzan su realización más plena.
La oralidad significa fundamentalmente un medio de comunicación: la
utilización de la palabra hablada, no escrita, como medio de comunicación entre
las partes y el juez, como medio de expresión de los diferentes órganos de la
prueba. Este principio se refiere al debate, debido a que la experiencia ha
demostrado que la escritura provoca que los jueces juzguen escritos y actuaciones
documentadas que no reflejan la realidad, al ser oral el debate el juez presta toda
la atención del caso al proceso, además de hacer más rápida la fase más
importante del proceso: el debate. La escritura permite aplazar el estudio para otra
oportunidad, la oralidad exige inmediación. La oralidad tiene como excepción la
prueba anticipada (articulo 348 Código Procesal Penal).
7.2 Principio de inmediación procesal.
Como consecuencia del principio de oralidad surge el principio de inmediación, al
que no sin razón se le ha denominado compañero de viaje de la oralidad.27 El Juez
debe de estar en contacto directo con las partes y recibir personalmente las
pruebas, prefiriendo entre estas la que se encuentra bajo su acción inmediata.
26
Claria Olmedo, Jorge A. El Proceso Penal. Argentina. 1994. 2da. Edición. Pág. 467 27
Par Usen, José Mynor, Op. Cit. Pág. 106
19
Implica la máxima relación, el más estrecho contacto y la más íntima
comunicación entre el juez, las partes, y los órganos de prueba. Permite recoger
directamente hechos, elementos y evidencias que dan mayor objetividad y
eficiencia a la administración de justicia.
La importancia máxima de este principio es la relación del juez con la
prueba ya que se realiza en su presencia, llevándolo a un convencimiento muy
diferente a que si se basa únicamente en actas y escritos judiciales, y a su vez lo
hace participar en el diligenciamiento de la prueba no como mero espectador, sino
como elemento activo y directo en la relación procesal. La presencia de los jueces
implica el desarrollo de ciertas cualidades de observación, receptividad, reflexión y
análisis. Durante el juicio oral deben estar presentes todas las partes siendo la
condición básica para que pueda realizarse.
7.3 Principio de concentración.
Consiste en que en una sola audiencia se debe efectuar y reunir, la totalidad de
los actos procesales, que interesan al proceso penal; dentro de éstos se
encuentran los actos probatorios, lo cual otorga a las partes el saber jurídico.
El juicio propiamente dicho ocurre en el debate, pues las etapas anteriores
persiguen esencialmente reunir elementos que permitan la acusación por el
Ministerio Público y dictar medidas para asegurar la presencia del inculpado, la
continuidad y las resultas del proceso.
Para que las pruebas, argumentaciones y réplicas de acusación y defensa
no sean descontextualizadas y facilitar su comprensión y percepción por el
tribunal, todos estos actos han de realizarse en una misma audiencia, con marcos
de interrupción y suspensión limitados, lo que permite al juzgador una visión
concentrada capaz de proporcionar elementos para fundar y razonar su decisión.
20
Concentrar es reunir en un sólo acto. En virtud de este principio el debate
se realiza de manera continua y secuencial en una sola audiencia o en una serie
de audiencias consecutivas que no podrán interrumpirse sino excepcionalmente.
Este principio permite que la prueba ingrese al procedimiento en el menor tiempo
posible. Las declaraciones de las partes y todos los medios de prueba son
reunidos en una misma oportunidad, el debate en el que se practica, observa y
escucha las exposiciones, por lo que quienes participan en una audiencia pública
pueden conocer, apreciar y controlar de mejor manera el hecho delictivo que
motiva el proceso.
7.4 Principio de publicidad
Este principio garantiza a la sociedad el grado de pureza y claridad con que los
actos procesales se realizan, en presencia de las partes y del público en general,
a quien, al final de cuentas, va dirigida la justicia.
Por regla general toda actuación judicial debe ser pública. Pero es natural
que sea esencialmente la fase de juicio oral la que interesa a la sociedad, pues la
fase preparatoria e intermedia, buscan esencialmente fundar acusación del
Ministerio Público, por lo que en éstas la publicidad sólo interesa a las partes. La
publicidad del debate puede limitarse total o parcialmente cuando pueda afectar
directamente el pudor, la vida, la integridad de las personas o lesione la seguridad
del Estado o el orden público, etc. Pueden encontrase dos clases de publicidad:
una para las partes y otra para el público en general.
7.5 Principio de contradicción
Las partes tienen amplias facultades para hacer valer sus derechos y garantías en
el proceso penal, pues mientras el Ministerio Público ejerce la persecución penal;
por otro lado el imputado tiene la facultad de defenderse de la imputación que se
le hace.
21
Para asegurar la imparcialidad del juzgador es necesario permitir a las
partes impulsar el proceso bajo la dirección del juez, facilitando la intervención de
las partes mediante la oralidad como forma de comunicación procesal, permitiendo
al imputado hacer valer sus derechos en libertad y ser presunto inocente hasta la
pronunciación de la sentencia pasada por cosa juzgada. El contradictorio empieza
después de agotada la fase de investigación y la intermedia, que precisamente se
orientan a determinar si procede o no la apertura del debate; por tal razón las dos
primeras etapas procesales no generan materia factual para fundamentar la
decisión del tribunal. La sentencia, entonces, depende de la valoración que el
tribunal de sentencia respectivo haga sobre lo hecho y dicho en su presencia
durante el debate.
7.6 Principio de celeridad procesal.
El legislador, al establecer el principio de concentración procesal,
automáticamente introduce el principio de celeridad. Este se traduce en la
obligación que tiene el juez de substanciar el proceso penal, en el menor tiempo
posible.
Los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Guatemala
establecen que las acciones procesales deben practicarse inmediatamente, lo cual
se refuerza con lo contenido en la Constitución que establece el máximo de tiempo
en que una persona detenida puede ser presentada a la autoridad judicial y ésta
indagarlo y resolver su situación jurídica.
22
8 Estructura del Proceso Penal
Previo al desarrollo de la estructura del proceso penal, para Par Usen 28 las etapas
procesales “son las fases en que se agrupan los actos y hechos procesales
reguladas a través de los cuales se concreta y desenvuelve el proceso, de
acuerdo con su finalidad inmediata”. El Proceso Penal guatemalteco, de
conformidad con el procedimiento común se estructura en cinco fases:
a. PRIMERA FASE: PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
b. SEGUNDA FASE: PROCEDIMIENTO INTERMEDIO
c. TERCERA FASE: EL JUICIO ORAL (DEBATE)
d. CUARTA FASE: IMPUGNACIÓN
e. QUINTA FASE: EJECUCIÓN
8.1
8.2 Procedimiento Preparatorio
La primera etapa del proceso penal, tiene por objeto29:
1. En relación al hecho: el Ministerio Público deberá practicar todas las
diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con
todas las circunstancias de importancia para la ley penal.
2. En relación con la participación del hecho: deberá establecer quiénes son
los participes, procurando su identificación y el conocimiento de las
circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o
influyan en su punibilidad.
3. En cuanto al daño causado: verificar el daño causado por el delito, aún
cuando no se haya ejercido la acción civil.
La investigación preliminar o preparatoria, generalmente se inicia mediante
tres formas: a) Prevención Policial: en esta forma, la investigación preliminar está
a cargo de los funcionarios y agentes de la policía que tienen noticia de un hecho
28
Par Usen, José Mynor. Op. Cit. Pág. 209 29
Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo. El Proceso Penal Guatemalteco. Magna Terra Editores. Guatemala 2008.
Pág.153
23
delictivo perseguible de oficio. De esta prevención informaran al Ministerio Publico
en forma detallada y practicaran esa investigación preliminar, para reunir o
asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los
sospechosos; b) Denuncia: es otra de las formas de iniciar la instrucción, en la
cual todo ciudadano puede comunicar en forma verbal o por escrito a la policía, al
Ministerio Publico o a un tribunal, acerca del conocimiento que tuviere de la
comisión de un delito de acción pública, aunque los ciudadanos no están
obligados a denunciar los hechos que se presumen delictivos, lo deseable es que
lo haga, para que el Estado, a través del Ministerio Publico que tienen
conocimiento de hechos presumibles delictivos en ocasión del cumplimiento de
sus funciones, tienen obligación de denunciar tales hechos. En caso de que la
denuncia sea comunicada a la policía o a un tribunal, esta luego de ser elaborada,
deberá remitirse al Ministerio Publico quien dará inicio a la instrucción; c) Querella:
En esta forma de iniciación de la instrucción, la comunicación de un hecho
delictivo, debe realizarse ante juez competente, en forma escrita, esta es la
diferencia que existe entre la denuncia y la querella, la primera puede hacerse en
forma verbal o escrita ante la policía, el Ministerio Publico o un tribunal; mientras
que ésta, deberá hacerse únicamente en forma escrita ante un juez competente.30
8.3 Procedimiento Intermedio
La etapa intermedia tiene su inicio cuando el ente fiscal del Ministerio Público
presenta alguno de los actos conclusivos de la etapa de investigación.31
El procedimiento intermedio, es la fase de transición entre el procedimiento
preparatorio y el juicio propiamente dicho. Desde el punto de vista formal, la fase
intermedia, constituye el conjunto de actos procesales que tienen como fin la
corrección de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación, el control
de esos actos conclusivos de la investigación los realiza el juzgado competente
para ello.
30
Albeño Ovando, Gladis Yolanda. Derecho Procesal Penal. Guatemala, 2001. 2da. Edición. Pág. 99 31
Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo. Op. Cit. Pág. 289
24
La fase intermedia cumple dos funciones: una de discusión o debate
preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación y otra
de decisión judicial, por medio de la cual se admite la acusación. Dentro de este
debate preliminar tanto el imputado como su defensor, tienen oportunidad de
objetar la acusación solicitada por el Ministerio Público, por considerar que la
misma carece de fundamento suficiente y se pretende someter a una persona a
juicio, sin contar con los elementos necesario para probar la acusación. También
pueden objetar en cuanto a la tipicidad del delito; es decir, si el hecho por el cual
se solicita la acusación constituye un delito diferente del considerado en el
requerimiento o bien que el hecho por el cual se solicita dicha acusación, no
constituye delito. En esta discusión preliminar pueden plantearse, también, las
distintas excepciones sobre aspectos sustanciales del ejercicio de la acción.
a. La fase intermedia empieza con la presentación del requerimiento por
parte del Ministerio Público. El fiscal podrá formular tanto la acusación del
procedimiento común como por procedimientos específicos, requerir el
sobreseimiento o la clausura provisional.
b. Una vez recibido el requerimiento, el Juez, al día siguiente, ordenará la
notificación de la solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio,
entregando copia a las partes de la petición, pondrá a disposición las
actuaciones y los medios de investigación recopilados y señalará día y hora
para la audiencia oral, artículos 340 y 345 bis Código Procesal Penal.
c. La notificación se dará a conocer a quien corresponda a más tardar el día
siguiente de emitida la resolución, según el artículo 160 del Código
Procesal Penal.
d. La audiencia oral se celebrará en un plazo no menor de diez días ni mayor
de quince en el caso de que se hubiere presentado acusación, articulo 340
Código Procesal Penal.
e. En las audiencias las partes podrán hacer valer sus pretensiones de
conformidad con los artículos 336, 337, 338 y 339 del Código Procesal
Penal.
25
f. Al concluir la audiencia oral el juez deberá dictar la resolución que
corresponda al caso, artículo 341, Código Procesal Penal.32
8.4 Juicio Oral
Cuando se refiere al Juicio Oral, éste es considerado como aquel juicio que se
sustancia en sus partes principales de viva voz y ante juez o tribunal encargado
del litigio. El juicio oral, debe estar inspirado, principalmente en los principios de
inmediación y publicidad; siendo la oralidad el mecanismo esencial para la
inmediación.
El juicio oral, en materia Procesal Penal, representa una forma esencial
para la recta administración de justicia, al tomar en cuenta el principio de
publicidad del debate en los hechos delictivos que no produzcan escándalo
público, que no afectan el honor de las personas y que no atenten la seguridad de
estado.
En términos generales para De Pina Vara33, Debate: “es la discusión o
controversia entre dos o más personas, generalmente, en asamblea, junta,
parlamento, sala judicial, etc., sobre cuestión propia de su competencia con el
objeto de llegar a una solución sobre ella por aclamación o por votación.
El debate en el Proceso Penal, es el tratamiento del proceso en forma
contradictoria, oral y pública; es el momento culminante del proceso, en el cual las
partes entran en contacto directo, el contenido del proceso se manifiesta con toda
su amplitud, se presentan y ejecutan las pruebas; teniendo el contradictorio su
más fiel expresión en la vivacidad de la prueba hablada.
La preparación del juicio es la primera fase del juicio oral, cuyo cometido
consiste en la preparación de todos los elementos del debate y en la depuración
final de todas aquellas circunstancias que pudieran anularlo o tornarlo inútil.
32
Congreso de la República. Decreto 51-92. Código Procesal Penal. Guatemala. 33
De Pina Vara, Op. Cit.Pág. 204
26
8.5 Impugnación
Impugnación es el derecho que tiene una persona que se considere agraviada por
la resolución pronunciada, ya sea que se trate de un auto o de una sentencia, para
que sea revisada por un tribunal superior dentro de la jerarquía judicial y obtener
un nuevo pronunciamiento sobre dicha resolución.
También es un medio de control de lo resuelto por un juzgado o tribunal
menor, para que conozca de la misma resolución, el tribunal superior, que se
corrijan los posibles errores en el pronunciamiento de la resolución.
Alberto Herrarte34, en su obra, manifiesta: “La justicia humana, como obra
del hombre, está sujeta a errores, y para corregirlos, o al menos para procurarlos,
el Derecho Procesal Penal ha establecido el derecho de impugnación, que
consiste en la posibilidad de combatir las resoluciones judiciales por los medios
que la ley establece”.
8.6 Ejecución
La estructura del Proceso Penal, define la ejecución como la última parte del
procedimiento, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva
del juez o tribunal competente.
En la doctrina moderna y en la práctica, la ejecución debe ser confiada a la
autoridad judicial, mediante la creación de jueces de ejecución. Con respecto a
ésto, Ricardo Levene,35 dice que en la actualidad ya no se admite que el
magistrado se desinterese de la sanción impuesta, porque al aumentar la
influencia de los factores jurídicos en el dominio penitenciario, es menester contar
con la instancia judicial dado que la intima relación entre la sentencia y su
ejecución, es similar a la que existe entre el diagnóstico de un médico y el
tratamiento de la enfermedad.
34
Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal, El Derecho Procesal Guatemalteco. Guatemala, Editorial José de Pineda Ibarra. 1978. Pág. 35 35
Levene Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Argentina. De Palma, 1993, 2da Edición. Pág. 32
27
La función de los jueces termina con el pronunciamiento de los fallos o
sentencias definitivas; para la ejecución de las penas, la persona que ha sido
condenada es entregada a los jueces de ejecución, para que ellos se encarguen
de la ejecución de la sentencia, a efecto del cumplimiento de las penas,
especialmente de las de privación y restricción de libertad.
El Estado en su lucha contra el crimen, ejerce el Ius puniendi, a través de la
ejecución de la pena impuesta, la cual surge como una consecuencia obligada al
quedar establecido el delito y la responsabilidad del inculpado. La imposición de la
pena, en cuanto a su justificación filosófica, estriba en la necesidad de restablecer
el orden perturbado.
28
CAPITULO DOS
El Colaborador Eficaz
1. Pentiti o Colaborador con la justicia.
Para poder abordar de forma profunda la regulación y los antecedentes históricos
del Colaborador Eficaz, se hace necesario precisar qué significados o acepciones
tiene esta palabra a nivel internacional. El colaborador con la justicia, es el término
recogido en los instrumentos internacionales, y es el manejado habitualmente en
el ámbito jurídico, se trata del coimputado que, con el fin de obtener beneficios
sustanciales de reducción de la pena o penitenciarios, de mejora en sus
condiciones de cumplimiento de condena, revela a las autoridades policiales o
judiciales datos relevantes para la obtención de pruebas relacionadas con la
comisión de delitos y su autoría, así como para la evitación de delitos futuros, todo
ello por suponer esta conducta un debilitamiento para la asociación de pertenencia
del colaborador.36
Las expresiones pentito y pentitismo surgieron a finales de los años 70 y
principios de los 80 del siglo XX, durante el periodo de lucha contra las brigadas
rojas y fueron adoptadas inmediatamente no sólo por el lenguaje periodístico sino
también por operadores jurídicos. Esta figura a diferencia del clásico informador
anónimo del colaborador de la policía utilizado en las investigaciones y dejado en
la sombra, plantea problemas nuevos y diversos a la magistratura y a la opinión
pública.
36
Sánchez García de Paz, Isabel. En Revista Electrónica Delincuencia Penal y Criminología. El coimputado que colabora con la justicia penal. Perú, 2005. Disponible en http://criminet.urg.es/recpc. Consulta 20 de
enero de 2011
29
2. El pentitismo desde distintas disciplinas.
El pentitismo o arrepentimiento, ha suscitado desde su surgimiento discusiones,
pues implica problemas de índole moral e incluso religiosa. En el plano individual,
prevalece la dimensión de la persona, en el plano social, prevalecen las
responsabilidades que el individuo asume frente a la sociedad, desde el punto de
vista interior se consideran aspectos interiores y subjetivos y desde el punto de
vista jurídico prevalece la búsqueda del bien común y se consideran sobre todo
aspectos objetivos o exteriores. Finalmente en el plano religioso, se considera la
dimensión trascendental.37
2.1 En el ámbito religioso y moral.
El concepto de arrepentimiento proviene en primer lugar, del ámbito religioso y
moral, la religión católica atribuye un gran valor al arrepentimiento del pecador,
reconociendo en éste un mérito superior incluso al de la persona que no ha
pecado. La reconciliación con Dios pasa por el perdón, por tanto el
arrepentimiento, con la admisión y expiación de las culpas cometidas. En este
sentido, el arrepentimiento supondría un cambio de la personalidad, una especie
de catarsis necesaria y purificadora. El pecador infringe la ley de Dios, el
delincuente las leyes humanas. El arrepentimiento del pecador debe afirmarse por
la penitencia que puede ser intima, pero que siempre ha de tener un carácter
sagrado.38
2.2 La óptica jurídica.
Desde el punto de vista jurídico, no se exige un arrepentimiento en sentido moral,
interno, sino que se considera únicamente el aspecto externo, el legislador de
hecho prevé la obtención de premios o beneficios para crear un incentivo para el
37
Historia del Colaborador con la Justicia. Duartes, Edwin. España, 2009. Disponible en Google. Dspace.uah.es/dspace/bistream. Consulta 20 de enero de 2011. 38
Duartes, Edwin. Op.Cit. Pág.35
30
ingreso a una conducta adecuada y como forma de investigación de delitos y de
condena a los responsables.
2.3 El punto de vista ético.
Desde el punto de vista ético, subyace la idea de afirmación en valores del
arrepentimiento entendido como “evento regenerador”, como hecho que da lugar a
un replanteamiento de la vida pasada y una vuelta a una existencia con valor y
sentido personal y real, y de los testimonios de arrepentidos así se desprende.
3. Antecedentes
La mayoría de los ordenamientos penales contemporáneos contienen
disposiciones que permiten bien prescindir de la persecución penal o de la pena o
bien atenuarla a favor de los coimputados por cualquier delito o por determinados
delitos que colaboran con las autoridades judiciales. Este denominado Derecho
Penal Premial, de origen antiguo suscita un constante debate político-criminal, que
versa tanto sobre su legitimidad como sobre su eficacia.
El origen del Derecho Penal Premial es muy antiguo y se remonta al menos
al Derecho Romano, para pasar después al Derecho Canónico y Común
medieval39. Los filósofos juristas ilustrados se pronunciaron después de sopesar
beneficios e inconvenientes de esta figura, son paradigmáticas las reflexiones de
Beccaria al respecto en Dei deliti e delle pene, en contra de premiar la delación
con beneficios penales, práctica común en el antiguo régimen en los
procedimientos seguidos ante la Inquisición. 40
39
Cuerda Arnau, M.L. Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo. España. 1995. Disponible en www.tdx.cat/TDX-0307108-125005 Consulta 20 de enero de 2011. 40
Loc. Cit.
31
En la literatura encontramos una de las primeras referencias favorables a
este tipo de instituciones en la obra de J. Bentham41, paradigma del pensamiento
utilitarista anglosajón aplicado al ámbito jurídico penal, quien prefiere "la
impunidad de uno de los cómplices que la de todos", se mostraba partidario de las
disposiciones prémiales para el delator. Todo ello siendo consciente de sus
riesgos, al percibir el peligro de que "entre muchos criminales, el más malo no sólo
quedará sin castigo, sino podrá ser también recompensado".
Esta figura corresponde a una creación del Derecho Penal Premial, es una
situación nueva a la cual se enfrenta el Derecho Penal, y por la cual la
consecuencia jurídica del hecho criminal, la pena, se atenúa o desaparece a modo
de premio por el cambio de conducta del sujeto criminal.
4. Surgimiento del Colaborador Eficaz.
La razón principal para su adopción es que el sistema penal ha perdido su eficacia
ante el flagelo de la criminalidad no convencional, que ha tornado insuficientes los
métodos tradicionales de investigación, lo que ha hecho necesario actualizar la
legislación penal a fin de poder contrarrestarla. Para ello se reelabora la política
criminal aceptando figuras jurídicas, que hasta hace un tiempo, eran extrañas.
La inclusión de la figura del colaborador, junto a la del agente encubierto y
de reserva de identidad, fueron en su momento la respuesta a hechos ocasionales
y urgentes mediante la denominada “legislación de emergencia”, pero poco a poco
han ido encontrando un lugar permanente en la legislación penal actual, la que se
endurece pues entra en contradicción con ciertas garantías penales de carácter
constitucional, produciendo a veces falsa sensación de que el Estado responde en
forma efectiva al fenómeno delictivo no convencional. 42
41
Sánchez, Saura S. Utilitarismo. España. 1989. Disponible en www.mercaba.org. Consulta 20 de enero de
2011. 42
Silva Sánchez, Jesús-María, La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las
sociedades postindustriales. España. Ediciones Civitas, 2001, Pág. 41.
32
La figura del colaborador es empleada por las autoridades para obtener
información sobre los integrantes y el funcionamiento de la organización delictiva
desde el corazón mismo de éstas, pues el colaborador es uno de sus integrantes.
Su fundamento se encuentra en razones de Política Criminal, y su uso descansa
sobre valores como el interés de la justicia, la seguridad pública y la imposibilidad
de obtener información de forma diversa, teniendo como fin principal, contener los
nocivos efectos que la delincuencia organizada produce en la sociedad
contemporánea.
Obviamente, y como contrapartida, el colaborador será favorecido de
alguna forma, para lo cual la ley contempla incentivos para que coopere con la
justicia, con beneficios que según la legislación aplicable van desde la reducción
hasta la exención de la pena, teniendo para ello en cuenta también el grado de
participación en el hecho delictivo, y la eficacia de la colaboración prestada. 43
5. Reseña histórica de la colaboración eficaz.
En la historia de la mafia, siempre ha existido la figura del pentitismo, si bien ha
asumido formas diferentes de las que se conocen, los informadores, confidentes,
testigos y algunos verdaderos pentiti que existieron, antes de que se acuñara el
termino, han permitido conocer aspectos secretos de estas asociaciones.
En 1878 se tiene noticia del que fue uno de los primeros pentiti de mafia:
Salvatore D´Amico di Bagheria, condenado por homicidio, afiliado a la secta de
los Stupaghiari, contó todo lo que sabía a la policía y estaba dispuesto a
confirmarlo durante su vista del juicio. Pero en este primer caso, como en muchos
otros fue asesinado por sus antiguos socios, un mes antes del juicio. En muchas
ocasiones, se mataba a quien estaba dispuesto a colaborar como Salvatore.
En el siglo XIX, hubo varios procesos de mafia, que fueron posibles gracias
a la colaboración de confidentes, pero la inexistencia de pentitis que estuvieran
43
Ibid. Pág. 42
33
dispuestos a declarar en el juicio, conllevo que muchos procedimientos se
concluyeran con absoluciones y pocas condenas: desde un principio, los delitos de
tipo asociativo, en los que el tipo viene constituido por la pertenencia a un grupo
no formalmente reconocible, pueden plantear graves problemas de prueba. 44
Tras la II Guerra Mundial, apareció el fenómeno del bandidismo y para
luchar contra él se recurrió mucho a la figura de los confidentes entre los bandidos
pero también entre mafiosos. Pero esto llevó también a que funcionarios de
policía, bandidos y mafiosos tuvieran relaciones de colusión, (en Guatemala el
delito de colusión se encuentra regulado en el artículo 458 del Código Penal, y
establece que quien mediante pacto colusorio o empleando cualquier otra forma
ilícita, evite la citación o comparecencia a juicio a tercero o provoque resoluciones
que perjudique los derechos del mismo, será sancionado con prisión de uno a
cuatro años y con multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales.)45 Finalmente el
Estado se sirvió de la Mafia para acabar con el bandidismo a lo que siguió un gran
periodo denominado de Omertá de Estado. Durante una década
aproximadamente, se tendió a creer que la mafia no existía, o que los mafiosos
actuaban al margen de la criminalidad organizada.
A finales de los 60 y en los años 70 cambia la óptica sobre el fenómeno y
ya se dan casos de pentitismo, en América e Italia. Joe Valachi, el primer
arrepentido de la mafia ítalo-americana se decidió a colaborar con la justicia,
porque pensó que Vito Genovese había decretado su sentencia de muerte, que
también habría decretado con toda probabilidad la justicia contra él por un
homicidio cometido en la cárcel. Desveló ante la Comisión del Congreso cuál era
la estructura orgánica de la denominada allí Cosa Nostra, las zonas territoriales
controladas por cada familia y los nombres y rangos de varios afiliados. Si bien no
se envió a nadie a la cárcel sus declaraciones fueron muy relevantes, y desde su
44
Duartes, Edwin. Op. Cit. Pág. 35 45
Congreso de la República. Decreto Número 17-73. Código Penal.
34
testimonio en adelante, se empezó a legislar sobre la materia del crimen
organizado. 46
Leonardo Vitale puede ser considerado como el primer verdadero
arrepentido de la mafia siciliana, quien lo fue no sólo en el sentido de colaborar
con la justicia aportando información relevante, sino que acudió a las autoridades
movido por un verdadero sentimiento de repudio a la mafia en la que había
entrado de muy joven de manos de su tío, quien le ordenó realizar su primer
homicidio. El 30 de marzo de 1973 se presentó en Comisaria, presa de una
especie de crisis mística, diciendo que quería confesar sus pecados, no fue
creído, sus declaraciones en el proceso no provocaron condenas, antes al
contrario a él se le declaró semiimputable y se le ingresó a un centro mental
penitenciario. Y cuando obtuvo la libertad en el año 1984, fue asesinado al salir de
misa.
Existen varios ejemplos de normas de colaboración, en la República
Romana, pasando por la época medieval, los tribunales de la Inquisición, con el
objeto de combatir la herejía, consideraban lícito prestar atención al testimonio de
excomulgados o de cómplices. 47
En el derecho histórico anterior a la codificación existen ejemplos de su uso
en “Las Partidas”, y en las Pragmáticas de Felipe IV o Carlos III. Se comienza a
hablar posteriormente, en Italia, de un “Derecho Penal Premial”, en virtud del cual
la norma jurídica tiene que tratar de lograr su objeto de protección no solo por la
vía de imposición de castigos, sino además, mediante premios, mejoramientos o
favorecimientos. Esta práctica colisiona, en épocas de formación del derecho
penal moderno, con el espíritu liberal, en plena época de auge del iluminismo, en
que empieza a consolidarse lo que después va a ser el movimiento que conduce a
la revolución francesa y al establecimiento de toda la ideología liberal que
impregna después del absolutismo monárquico, al mundo Occidental.
46 Minna, Rosario. Historia de la Mafia. Traducción de Carlos León Navas. San Lorenzo. Editorial Swan S.A.
1986. Pág. 55 47
Minna, Rosario. Op.Cit. Pág. 57
35
Un punto histórico importante y característico de esta tendencia se produce
cuando se empieza a forjar el pensamiento científico penal, plasmado en el
pensamiento del autor clásico Cesare Beccaria48, quien en 1764 comento la figura
del arrepentido o colaborador en los siguientes términos:
“Ciertos tribunales ofrecen la impunidad al cómplice de grave delito que
denuncie a sus compañeros. Tal recurso tiene sus inconvenientes y sus ventajas.
Los inconvenientes son que la nación autoriza la traición detestable aun entre
criminales; porque el valor no es frecuente; porque no espera más que una fuerza
benéfica y directora que lo haga contribuir al bien público; y la vileza, en cambio,
es más común y contagiosa, y cada vez se concentra más en sí misma. Además,
el tribunal delata su propia incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora la
ayuda de quien le ofende. Las ventajas son el prevenir delitos importantes y que
siendo patentes los efectos y ocultos los autores, atemorizan al público; además,
se contribuye a mostrar que quien no guarda fidelidad a la ley, es decir, al público,
no es probable que la guarde tampoco al particular. Pareceriame que una ley
general que prometiese la impunidad al cómplice delator de algún delito, sería
preferible a una simple declaración en un caso particular, pues de este modo se
prevendrían las uniones con el reciproco temor que cada uno de los cómplices
tendría a no exponerse más que el mismo; el tribunal no haría audaces a los
criminales a quienes en un caso particular se les pide socorro. Una ley tal, sin
embargo, debería acompañar la impunidad con el destierro del delator, pero en
vano me atormento por ahogar en mi el remordimiento que siento al decir que las
sacrosantas leyes, el monumento de la confianza pública, la base de la moral
humana, autoricen la traición y el disimulo. ¿Qué ejemplo no sería luego para la
nación si se faltase a la impunidad prometida y que por doctas cavilaciones se
arrastrase al suplicio, para deshonor de la fe pública, a quien hubiere respondido a
la invitación de las leyes? No son raros en las naciones tales ejemplos, y por lo
mismo no son raros tampoco los que no tiene de una nación otra idea que la de
48
Beccaria, Cesare. OpCit. Pág. 282
36
una maquina complicada cuyos engranajes mueve a su talante el mas diestro o el
más poderoso; fríos e insensibles a todo lo que constituye la delicia de las almas
delicadas y sublimes, suscitan con imperturbable sagacidad los sentimientos más
caros y las pasiones más violentas tan pronto como les resultan útiles para su fin,
tecleando las almas como los músicos sus instrumentos”.49
Beccaria, reconoce la existencia de estas prácticas, pero tiene una posición
quizás ambigua, pues reconoce como imposible el prescindir de esta herramienta
de lucha contra los malhechores, en especial tratándose de delitos que él
denomina importantes, pero a su vez expresa un enorme remordimiento moral,
porque esta consiente de la concesión ética que significa que la ley contemple una
suerte de transacción con el delincuente, favoreciéndolo con un fin utilitarista.
6. Regulación en el Derecho Comparado
6.1 Estados Unidos
En el derecho anglosajón la figura del colaborador es de antigua data, ya en los
siglos XII y XIII los textos recogen la existencia de la figura del “approver”, que es
el testigo que cambia de bando, y que presta testimonio a favor del rey de la
corona; también se lo llamaba la prueba del rey: “King's Evidence", este consistía
en que el delator prestaba testimonio a favor de la Corona, permitiendo con ello la
condena de otros culpables del mismo hecho.
No se otorgaba un perdón que llevara a la eximición de su castigo, pero
aspiraba seguramente a obtener del monarca el otorgamiento de la gracia de por
vida, esta era una práctica que estaba vigente en época en que el juzgamiento de
los delitos tenía lugar por vía de ordalías, o por vía de duelos judiciales. El
49
Ibid. Pág.283
37
“approver”, para aspirar a la gracia de por vida otorgada por el monarca, tenía a
veces que combatir en duelo Judicial no menos de cinco veces y aún así quedaba
a discreción del rey si concedía la gracia o lo ahorcaba igual. 50
En el ordenamiento jurídico estadounidense encontramos el State´s
Evidence cuyo significado es Testigo Fiscal, que es una confesión de culpa propia
y la rebaja o remisión de la pena a cambio de un testimonio que conduzca a
condena de los cómplices del inculpado. Los fiscales pueden ofrecer inmunidad a
aquellos participes en delitos que accedan a entregar información referente a
miembros superiores de las organizaciones criminales.
Esta forma de colaboración con la justicia se ve limitada por los métodos
intimidatorios de que disponen las asociaciones criminales de alto nivel, que
limitan la aparición de eventuales delatores. Desde una perspectiva ética, la
doctrina y jurisprudencia estadounidense no cuestionan la corrección de este tipo
de métodos, primero por un tema de idiosincrasia, pues prima un criterio de mayor
eficiencia, utilitarista, considerado como una cuestión que atañe no al derecho
penal sustancial, sino a normas adjetivas, específicamente en el ámbito de la
admisibilidad de medios probatorios.
En el Derecho Procesal Penal estadounidense, la cuestión transita entre la
concesión de inmunidad y la derogación del privilegio de no autoincriminación,
consagrado en la Sexta Enmienda, cediendo este ultimo frente a la garantía de no
persecución por los hechos declarados. Se discute que grado o que alcance debe
tener la inmunidad para que permita prescindir del resguardo constitucional contra
la autoincriminación, existiendo al respecto dos teorías principales, la de
inmunidad de uso y la de inmunidad de transacción.51
50 Lobos, René Armijo. El arrepentido colaborador con la Justicia. Chile. 2004. Disponible en
www.cybertesis.cl . Consulta 20 de enero de 2011. 51
Hendler, Edmundo. La Justicia Penal. Argentina, Editorial Fabia. 2002. Pág. 114.
38
La primera indica que es suficiente que se le garantice al colaborador que lo
que diga no será usado en su contra para que la autoridad pueda obligarlo a
declarar, porque ya está inmunizado, lo que diga no va a poder ser utilizado.
La inmunidad de transacción tuvo su origen en el siglo XIX, pues ante la
negativa de un acusado de declarar sobre hechos que lo incriminaban, pero cuyo
testimonio era necesario para acusar a otros responsables, un jurado lo sancionó
por el delito de desacato; el caso llegó a la Corte Suprema y allí se establece que
no basta con una inmunidad de uso de su declaración, hay que avanzar más allá
en el campo de las garantías para el declarante, apareciendo el concepto de
inmunidad de transacción. El sujeto, por el hecho al cual se refiere su testimonio,
no va a poder ser perseguido, no sólo en cuanto no se usará en su contra lo por él
declarado, sino que ninguna otra prueba puede incriminarlo, que el proceso deje
de dirigirse en su contra en forma absoluta y definitiva.
En el sistema jurídico norteamericano, para comprender esta figura hay que
tener en cuenta que la Constitución de los Estados Unidos, establece que todo
inculpado tiene derecho a un juicio ante jurado “Jury trial”, pero en la práctica es
imposible llevar cada caso de esa manera, sería demasiado engorroso y costoso
si se considera el gran numero de estos. Frente a esto surge la práctica de entrar
en el juicio con una “declaración negociada” es aquella que se refiere a una
declaración de “culpable”, la que termina el juicio y suspende la defensa, lo cual
implica que el inculpado no resiste los cargos y llega a un acuerdo con el fiscal
sobre los cargos en su contra.
El Derecho Penal y Procesal Penal estadounidense recoge la institución del
“approver” en la forma de la inmunidad del testigo o inmunidad del testimonio. El
sistema de Estados Unidos establece, como singulares formulas de negociación
para la obtención de pruebas en delitos cometidos por el crimen organizado, la
declaración de culpabilidad o plea bargaining y la concesión de inmunidad.
39
La declaración de culpabilidad constituye una negociación entre el fiscal y el
acusado, representado por su abogado, como un camino alternativo para concluir
un proceso sin necesidad de llegar al juicio ante jurado, pudiendo obtener el
declarante una disminución de la condena o su sustitución por medidas
alternativas a la privación de libertad, por medio de una alegación pre acordada
con el fiscal, considerando factores como la naturaleza del delito o la importancia
de la información que pueda aportar para individualizar e incluso capturar a otros
participes.52
6.2 Gran Bretaña
El derecho británico tiene esta figura premial en su llamado “witness crown” cuyo
significado es “Testigo de la corona” que gracias a su declaración en donde
testifica en contra de sus demás coinculpados, obtiene una inmunidad “grant of
inmunity” con la posibilidad de la reducción de la pena, esto dependiendo de la
transacción penal “plea bargaining”.
La “plea negotiation” o la “plea bargaining” poseen un origen histórico
anglosajón, pero notablemente desarrollada en Italia, importando subrayar los
roles judiciales trasladados a sistemas procesales para adecuarse al principio
constitucional; es decir, que es el Fiscal quien realiza la negociación y es el Juez
quien acepta la manifestación del colaborador en el juicio sindicando a sus demás
coinculpados como autores del delito. Este convenio entre el Estado y el
terrorismo es un “juridification”, de negociaciones políticas preparadas fuera del
radio de acción de la autoridad judicial, que asume una acción de legitimación con
posterioridad de tal proceder.53
52
Hendler, Edmundo. Op.Cit. Pág. 122 53 Hendler, Edmundo. Op.Cit. Pág. 124
40
6.3 Alemania
Surge en este país producto de la intranquilidad pública que luego siguió la
perpetración de atentados terroristas de trascendencia nacional en la década de
los setenta. Esto permitió el establecimiento de una Legislación de Emergencia o
Ermittlugsnotstand, que en principio se aplicó en el ámbito de la lucha
antisubversiva, posteriormente se formó un cuerpo normativo para el narcotráfico.
En el derecho alemán se conoció como el Testigo de la Corona
“Kronzeauge” o Reglas del Testigo “principal” o “de la corona” y es quien introduce
el premio al delator del autor y cómplice en la comisión de un delito esto con la Ley
antiterrorista en 1989, y teniendo un parecido a las figuras anglosajonas de Reino
Unido y Estados Unidos.54
6.4 España
El “Terrorista arrepentido”, como se le conoce, toma en cuenta el elemento del
arrepentimiento, siendo este el eje central de la legislación española, ya que en
una política de convivencia practica, se emplea este aspecto de la figura para
poder encontrar verdaderos arrepentidos, en un intento de evitar posibles
atentados y ataques al gobierno español.55
El derecho español, adoptó el modelo alemán de la intervención del
colaborador en la etapa de instrucción para la búsqueda de otras pruebas que
incriminen a los demás coinculpados, pero recogió además, ciertos matices del
modelo italiano. En cuanto a la vigencia de estas normas de colaboración, sigue el
modelo alemán, estableciendo plazos de vigencia para esta figura.
54
Ambos, Kai. Terrorismo y Ley. Análisis comparativo, Alemania, Gran Bretaña, Peru y Colombia. Lima 1989. Disponible en www.buscalibros.cl. Consulta 20 de enero de 2011. 55
Lobos, René Armijo. Op.Cit. Pág. 10
41
6.5 Italia
En el derecho continental europeo, Italia es uno de los países que más ha utilizado
las figuras promocionales. Las reformas iniciadas en el ordenamiento italiano,
produjeron la formación de una legislación de emergencia; esto desde los años
setenta hasta el presente. Estas disposiciones, en un principio, se aplicaron en la
lucha antiterrorista y posteriormente, en ámbitos como el narcotráfico, la mafia y la
corrupción de funcionarios públicos.
Se distinguen tres etapas del desarrollo de esta figura premial en el
Derecho Italiano:
a. Primer periodo (1974-1978). Esta primera etapa se baso en la ampliación
de las facultades investigadoras de la policía, incluyendo el interrogatorio
del imputado.
b. Segundo periodo (1979-1989). Se sancionan leyes que dispusieron la
ampliación del plazo de la prisión preventiva de los imputados por delitos
asociativos, la utilización de la misma como medida casi automática e
ineludible, la inclusión de la finalidad de terrorismo como circunstancia
agravante y del interrogatorio sin la presencia del defensor y la introducción
de normas de conexidad que significa prácticamente la derogación del
principio de autonomía de los procesos y del secreto entre los jueces. El
saldo de este tipo de legislación fue el gigantismo procesal y la introducción
del denominado connubio perverso entre prisión preventiva y colaboración
promocionales. Esto permitió el pago de confesiones y colaboraciones,
además de los beneficios de atenuación contemplados en la propia ley,
negociaciones incompatibles como cancelación de imputaciones,
liberaciones anticipadas mediante operaciones de alquimia en el descuento
de la pena, facilitamiento de fugas al exterior, etc. La carga probatoria se
invirtió y se impuso el método policiaco de presión y complicidad del espía y
del soplón con la recompensa del colaborador.
42
c. Tercer periodo (1988- actualidad). Finalmente se produjo la expansión de
promociones a materias como el narcotráfico, la lucha contra la mafia, y en
la actualidad, con las sucesivas propuestas de consagrar premios en el
segmento de delitos de corrupción de funcionarios públicos.
La experiencia italiana resulta ser la más interesante al respecto, debido a
que tuvo que enfrentar a grupos terroristas y a las mafias del sur del país. Uno de
estos antecedentes de la “pentiti” o “collaboratori della giustizia”, (arrepentimiento
y colaboración en Italia), fue la Ley Consiga No. 625 del 15 de diciembre de 1979,
luego propiamente la Ley de Arrepentidos No.304 del 29 de mayo de 1982.56
Latinoamérica
6.6 Argentina.
El llamado Proyecto Tejedor que fue en realidad el primer Código Penal argentino,
pues rigió en la práctica en casi todo el país, contemplaba una atenuante genérica,
una circunstancia particular de atenuación para el delincuente que colaboraba con
la autoridad, que delataba, permitiendo el descubrimiento de copartícipes en el
delito.
El Código Penal57 actualmente vigente en Argentina no posee ninguna
norma de atenuación genérica para el arrepentido, ni para el colaborador.
Solamente quedan algunos vestigios para casos particulares, como el delito de
traición, que en el artículo 217 del Código Penal prevé una especial exención para
aquél que desiste de la conspiración antes de su consumación, disposición que es
aplicable en casos realmente excepcionales en el delito de conspiración para la
traición a la patria.
56 Lobos, René Armijo. Op. Cit. Pág. 95 57
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Código Penal. Ley 11.179 (T.O. 1984) Argentina.
43
Por lo tanto el Código Penal argentino está bastante al margen de estas
innovaciones que aparecen en leyes especiales, como es la de tráfico de
estupefacientes, y más recientemente en la legislación antiterrorista.58
6.7 Brasil.
Como parte de la constante lucha para combatir la delincuencia se ha ampliado la
figura del cooperador a otros delitos que, generalmente, no se ven vinculados con
esta práctica en el derecho comparado. Esta característica se da debido a los
altos niveles de delincuencia que existen en este país.
La Ley Nº 88.072 de 26 de julio de 1990 sobre los crímenes terribles, en los
términos del Art. 5o, XLIII, de la Constitución Federal establece, la institución de la
colaboración como causa obligatoria de disminución de la pena, a favor del autor,
coautor o partícipe en los crímenes de extorsión mediante secuestro y cuadrilla o
banda, esta última cuando la “societas sceleris” haya sido formada con el objetivo
de practicar crímenes considerados terribles y otros semejantes a ellos.59
En la ley de los crímenes terribles, el legislador fue más explícito y utilizó el
verbo denunciar como sinónimo de delación, mientras que en esta segunda norma
prefirió la expresión colaboración espontánea, para retirar la vergonzosa
presencia, en un texto legal, de la traición premiada.
6.8 Perú
La reiterada comisión de atentados a partir de 1981 en contra de la seguridad y
tranquilidad pública por grupos terroristas como “Sendero luminoso” y “Tupac
Amaru”, así como los perpetrados en agravio de la vida, la salud y el patrimonio de
las personas, motivó la adopción de cambios legales destinados a procurar una
mejor protección de los bienes jurídicos. Es así como en el marco de la revisión de
los decretos leyes promulgados por el gobierno militar, apareció el Decreto
58
Hendler, Edmundo. Op.Cit. Pág. 115-116 59
Constitución Federal. Ley No.88.072. Brasil. 1990
44
Legislativo 046, conocido como “Ley Antiterrorista”. Este decreto otorgó facultades
especiales a la policía para intervenir en la prevención e investigación de los actos
terroristas. Tanto la tipificación como las normas de procedimiento se ajustaban a
una finalidad preventivo-general y sobrecriminalizadora, es decir, con un modelo
de política criminal dirigido a controlar al terrorismo aún a costa de los derechos y
garantías constitucionales.
6.9 Colombia
La legislación de este país trata el tema de la colaboración en los artículos 413 y
siguientes del Código de Procedimiento Penal60, introducido por la ley 600 de 24
de julio de 2000. “El Fiscal General de la Nación o el delegado especial que
designe para tal efecto, podrá acordar uno o varios de los beneficios consagrados
en este artículo con las personas que sean investigadas, juzgadas o condenadas,
en virtud de la colaboración que presten a las autoridades de cualquier orden para
la eficacia de la administración de justicia, sujetándose el acuerdo a la aprobación
del juez competente, previo concepto del Ministerio Público”.
La concesión de beneficios por parte del Fiscal se basa en la evaluación de
las pruebas que proporciona el colaborador y que contribuyen de manera eficaz a:
a. La identificación de dirigentes o cabecillas de organizaciones delictivas y la
demostración de su responsabilidad.
b. La identificación de bienes y fuentes de financiación de organizaciones
delictivas que conlleven a su incautación.
c. La localización del lugar en donde se encuentra el secuestrado o el
desaparecido o suministre prueba que permita deducir responsabilidad
penal del determinador o director, cabecilla, financista o promotor del
concierto para cometer delitos o de asociación organizada para los mismos.
Se tendrá como eficaz la colaboración cuando al menos haya sido soporte
de resolución de acusación, incautación de bienes y establecimiento de las
60
Congreso de la República de Colombia. Código de Procedimiento Penal. Ley 906
45
fuentes de financiación o localización del secuestrado, salvo que por negligencia
del funcionario no hubiese sido posible establecerlo.61
6.10 Guatemala
En Guatemala, el Congreso aprobó la reforma a la Ley contra la Delincuencia
Organizada propuesta por la CICIG (Comisión Internacional contra la impunidad
en Guatemala) sobre colaboración eficaz en el proceso penal con el cual se
busca favorecer la investigación penal contra la delincuencia organizada mediante
esta figura, la cual otorga ciertos beneficios a las personas que han cometido
hechos delictivos bajo las condiciones de su colaboración con la justicia en la
persecución penal.
Esta figura no ha sido comprendida en su dimensión, pese a que se
encuentra vigente desde el año 2006, no fue utilizada por la justicia guatemalteca
por diferentes razones: falta de conocimiento, temor, pocas habilidades de
negociación y falta de nuevas herramientas que fueron introducidas por reformas
legales para su aplicación.
La categoría judicial del colaborador eficaz se creó con el fin de combatir el
terrorismo. Estos buscan rebajas a su pena, la libertad y en algunos casos
protección, cambio de identidad y, donde exista la posibilidad de ingresar a un
programa de protección de testigos.
A pesar de que la figura del colaborador eficaz ayudará en las
investigaciones, tiene restricciones específicas pues hay delitos como genocidio,
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, delitos contra deberes
de humanidad, que por su calidad de delito atroz no se consideran para general
beneficios. De igual forma, tampoco se otorgan beneficios de criterio de
61
Lobos, René Armijo. Op. Cit. Pág. 99
46
oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, a
los jefes, cabecillas o dirigentes de organización criminales.62
7. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
La Convención se firmó en Palermo (Italia) entre los días 12 y 15 de Diciembre de
2000 y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en New York, y
está sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por parte de otros Estados
cuyos instrumentos se depositarán en poder del Secretario General.
La Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, designó
un comité especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia
organizada transnacional el cual estuvo integrado por Luigi Louriola (Italia) como
Presidente y por ciudadanos representantes de Japón, Túnez, Venezuela,
Eslovaquia, Francia, México, Ecuador, Polonia, Pakistán y Sudáfrica, quienes
sostuvieron once períodos de sesiones a partir del veintinueve de enero de mil
novecientos noventa y nueve. Luego de muchas discusiones en las que
participaban observadores y representantes de diferentes países culminaron su
trabajo en octubre del 2002, recomendándole a la Asamblea General que
aprobara el proyecto de resolución para la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los protocolos que la
complementaron.63
La Convención (Palermo) tiene dos objetivos principales. Uno es eliminar
diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales, que en el pasado han
bloqueado la asistencia mutua. El segundo es establecer normas para las leyes
internas de manera que puedan combatir la delincuencia organizada.
62
Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Pentito o Colaborador Eficaz. Guatemala,
2010. Disponible en www.cicig.org. Consulta 22 de enero de 2011. 63
Rubio Pardo, Mauricio. Consideraciones Previas Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. 2009. Disponible en Dialnet.unirioja.es/servlet. Consulta 22 de enero de 2011.
47
7.1 Antecedentes
La resistencia para que pudieran establecerse diversos controles la criminalidad
que viola los Derechos Humanos y que ignora y desconoce la acción de la ley, se
fue profundizando con todas las facilidades que brinda la mundialización, a tal
punto que se ha servido de ella para lograr sus fines. Es por ello, que la
aprobación de la Convención, da la base legal, para abordar el problema en toda
dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al
mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado
de terror, que socava cualquier intención de establecer una democracia sana ,
con fronteras abiertas, mercados libres, con avances tecnológicos que benefician
a la humanidad, en donde la sociedad cumpla su rol de desarrollo y crecimiento
de sus miembros. Una sociedad, tal como lo indicara el Secretario General de las
Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan en donde “los hombres y las mujeres tienen
derecho a vivir y a criar sus hijos con dignidad y libres de hambre y del temor a la
violencia, la opresión o la injusticia”.64
De aquí el papel importante que debe asumir la comunidad internacional, de
no permitir que estos grupos criminales, traficantes de drogas, tratante de
personas y otros empeñados en destruir las bases de la sociedad civil, utilicen las
ventajas que ha proporcionado la globalización para arremeter contra las
sociedades, arrinconándolas a través de la intimidación y la violencia para
conseguir sus fines a veces económicas y a veces políticos.
Los Estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser
blindado con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una
nueva estructura, en donde la delincuencia organizada no tenga futuro, y no
pueda seguir echando raíces; una nueva visión de país, en donde el imperio de la
ley, esté por encima del temor y la miseria, del sufrimiento humano, de la
explotación sexual y del soborno y de la corrupción. Donde se respete la dignidad
del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo en donde se
64
Loc. Cit.
48
dignifique la voluntad como Estado y su papel represor opere en pro de la
seguridad y bienestar de toda la colectividad.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, es un instrumento que busca facilitar a los países hacer frente al
problema de la delincuencia mundial. Así mismo va a fortalecer la cooperación
internacional, como un medio capaz de contrarrestar a la delincuencia de algunos
grupos nacionales.
La Convención de Palermo consta de 41 artículos referidos a: En primer
lugar se señala el propósito de la convención indicando que es promover la
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada
transnacional. Se define lo que debe entenderse por grupo delictivo organizado,
delito grave, grupo estructurado, bienes producto del delito, embargo preventivo
o incautación, decomiso, entrega vigilada y organización regional de integración
económica, con ello se unifican las definiciones sobre los puntos antes citados. Se
establece el ámbito de aplicación de la misma, determinándose que se
circunscribe a la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos
tipificados en la Convención. Se puntualiza lo relativo a la protección de la
soberanía de los Estado parte, la penalización de la participación de un grupo
delictivo organizado, penalización del blanqueo del producto del delito, las
medidas para combatir el blanqueo del dinero, la penalización de la corrupción y
las medidas contra ésta.65
En otro orden de ideas se incluyó en la Convención de Palermo la
responsabilidad de las personas jurídicas; el decomiso y la incautación del
producto de los delitos comprendidos en la Convención y de los bienes, equipo u
otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de
delitos. Especial mención merece lo relativo a la cooperación internacional para
fines de decomiso; la disposición del producto del delito o de los bienes
65
Granadillo, Nancy. Marco Legal Internacional Contra la Delincuencia Organizada. Venezuela.
Disponible en www.academiapenal.com. Consulta 22 de enero del 2011.
49
decomisados por parte de los Estados parte, de conformidad con su derecho
interno y sus procedimientos administrativos.
Se incluyó la extradición en base a los delitos comprendidos en la misma,
así como cuando se base en delitos graves distintos no comprendidos en la
Convención, estableciéndose las pautas a seguir en uno u otro caso. El traslado
de un país a otro de personas condenadas a cumplir una pena y la asistencia
judicial reciproca que deben prestarse los Estados, estableciéndose los fines de la
misma.
En cuanto a las investigaciones conjuntas se establece la posibilidad de
contar con órganos mixtos de investigación, utilizando técnicas especiales de
investigación como lo son: Vigilancia electrónica y las operaciones especiales
encubiertas.
Se penaliza la obstrucción de la justicia cuando esta se cometa
intencionalmente usando la fuerza física, amenazas o intimidación o la promesa,
ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u
obstaculizar la prestación del mismo.66
Se brinda a través de la Convención de Palermo protección a los testigos y
víctimas, así como para las personas que participen o hayan participado en grupos
delictivos organizados y proporcionen información a las autoridades acerca de
dichos grupos. Se citan otras medidas como lo son el desarrollo económico, la
asistencia técnica y la prevención. Anexo a la Convención fueron aprobados dos
Protocolos estos son: “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, y el “Protocolo Contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes por tierra, mar y aire”, ambos complementa la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
66
Rubio Pardo, Mauricio. Op. Cit. Pág. 98
50
CAPITULO TRES
El Colaborador Eficaz en el Proceso Penal Guatemalteco
1. Marco Legal.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de Palermo) suscrita por Guatemala con fecha 12 de
diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Número 36-2003, tiene como
propósito promover la cooperación para prevenir y combatir de manera eficaz la
delincuencia organizada transnacional. Esta normativa internacional forma parte
del Derecho Penal Internacional, en la que se unifican definiciones de las figuras
delictivas y establecen tipos penales en común para todos los Estados partes de
las Naciones Unidas.
En el Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Contra la Delincuencia Organizada esta introduce la figura del Colaborador Eficaz
en la que regula los presupuestos de su utilización y los límites a los que su
actividad se encuentra sujeta.
2. Concepto.
El Diccionario de la Real Academia Española define el término colaborador como
sinónimo de contribuir, es decir, “ayudar con otros al logro de algún fin”. 67 A priori,
y a fin de proceder al análisis de sus elementos, se define la colaboración o
arrepentimiento eficaz como “aquella conducta del sujeto incurso en un delito que,
obrando conjuntamente con la autoridad, entrega antecedentes precisos, verídicos
y comprobables que permiten disminuir o reparar el daño causado, determinar el
cuerpo del delito o sus autores, cómplices o encubridores, facilitar su castigo,
impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad,
el secuestro o la incautación de los bienes producto del delito, y por lo cual se le
beneficia, por razones de política criminal con la reducción o exención de la pena”.
67
Colaborador. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Editorial Espasa Calpe. España. 2001. Pág. 584.
51
Al crear esta figura el legislador llama solapadamente “arrepentido” a quien
es en verdad un delator. Delación viene del latín “delatio” y significa acusación o
denuncia. El Diccionario de la Real Academia Española define “delatar como el
revelar a la autoridad un delito, designando al autor para que sea castigado, y sin
ser parte obligada del juicio el denunciador, sino por su voluntad”.68
El legislador sabe que el término delatar o delator resulta poco atrayente y
hasta despectivo para quien desea acogerse a los beneficios propuestos, de ahí
que prefiere muchas veces llamarle “arrepentido”. El sujeto colabora con la justicia
más allá de estar efectivamente arrepentido o no de lo que ha hecho. Por ello la
denominación “colaborador” refleja mejor la naturaleza de esta figura y resulta
neutra en cuanto a la mayor o menor atracción que presenta para quienes se
encuentran en posición de aprovechar sus beneficios.
La Ley contra la Delincuencia Organizada en su artículo 90 define al
colaborador como “La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no
integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración
eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo
organizado”.69
Colaborador expresa Isabel Sánchez García de Paz70 “es una palabra que
proviene de la locución italiana pentiti y se relaciona con las prerrogativas
dispersadas para quienes cooperan con la justicia en la indagación de algunos
delitos, se trata de cooperadores que a cambio de obtener algún trato coadyuvan
con la justicia brindan información para investigar delitos generalmente cometidos
en organizaciones criminales”.
Para Susana Marina71 colaborador es “figura conocida como arrepentido
siendo aquella persona incursa en delito que antes o durante un proceso penal
68
Real Academia Española, Op.Cit. Pág.741. 69
Congreso de la República. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada. 70
Sánchez García de Paz, Isabel. El coimputado que colabora con la justicia penal. 2005. Disponible en
www.biblioteca.universia.net Consulta 15 de junio de 2010. 71
Marina, Susana- Claudia Schneider. La Crisis del Derecho Penal frente a la creciente legislación de emergencia. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Penal en el 75 aniversario del
Código Penal. Argentina. 1997. Pág. 30
52
aporta información que permite llevar a procesamiento a otra sindicada o a un
significativo progreso de la investigación o al secuestro de sustancias provenientes
de los delitos previstos en la ley, recibirá una atenuación a la sanción privativa de
libertad que puede llegar a la eximición total”.
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada72
define grupo delictivo organizado como: “Un grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico y otro beneficio material”.
El Dr. Bayardo Ramírez Monagas73 define la delincuencia organizada como
la “asociación o pertenencia de un grupo de tres o más personas vinculadas con la
finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener
beneficios económicos y de otro orden, en forma constante.”
En base a las definiciones anteriores se entiende que delincuencia
organizada es, todo grupo de más de tres personas, dedicado permanentemente a
violentar la ley, para un provecho económico, estando estructurados y
jerarquizados durante un tiempo, con el fin de cometer delitos graves los cuales
influyen en los mercados, y que colaborador eficaz es aquella persona que ha
participado de forma directa en un hecho delictivo y presta colaboración para el
esclarecimiento de algún delito cometido por miembros de un grupo delictivo
organizado.
72
Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 73
Ramírez Monarga, Bayardo. Cuestión de drogas en América Latina. Una visión global. Venezuela. Monte
Avila Editores. 1990. Pág. 10.
53
3. Principios.
Según lo establecido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la doctrina se
pueden establecer algunos principios acerca de la institución del colaborador
eficaz:
3.1. Eficacia. La información que brinde el colaborar eficaz debe ser
suficiente e idónea, por suficiente debemos entender que la sola
información y elementos proporcionados por el sujeto permiten cumplir
con los fines de la figura.
3.2. Oportunidad. La colaboración debe ser obtenida de manera oportuna.
3.3. Proporcionalidad. Esto se refiere a que el beneficio que se le ofrece al
colaborador debe ser proporcional a la información que se proporcione.
3.4. Comprobación. Esto obliga al ente investigador a que no es suficiente la
declaración del colaborador sino que él mismo debería cotejar la
información con otros medios de investigación como escuchas
telefónicas, análisis de cámaras de video, etc. 74
3.5. Formalidad. Es menester suscribir un acuerdo de colaboración eficaz,
entre el Agente Fiscal que conoce del proceso, el sindicado y su
abogado defensor, lo anterior para que las reglas en que se realice el
acuerdo sean claras y efectivas.
3.6. Control Judicial. Basado en el principio de independencia judicial el juez
controlador de garantías debe aprobar el acuerdo.
3.7. Revocabilidad. Los beneficios para el colaborador podrían ser
revocados según los presupuestos del artículo 102 BIS Ley Contra la
Delincuencia Organizada, siendo los presupuestos para que ello ocurra:
a) haber cometido delito doloso en el transcurso de un periodo interior al
doble del tiempo de la pena máxima. b) haber sido declarada falsa por
sentencia ejecutoriada, la información entregada por el colaborador
eficaz; c) por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y
74 Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala. Pentito o colaborador eficaz. Guatemala
2010. Disponible en cicig.org/index.php?page=la-colaboracion-eficaz. Consulta 22 de enero de 2011.
54
obligaciones del acta donde conste el acuerdo de colaboración por parte
del beneficiario.75
4. Elementos.
Entre los elementos importantes que se deducen de la Ley Contra la Delincuencia
Organizada acerca de esta figura se encuentran los siguientes:
4.1. El colaborador es partícipe en un delito que es generalmente de carácter
asociativo;
4.2. Debe brindar información;
4.3. La información que proporcione debe ser significativa;
4.4. Esa información tiene una finalidad de identificación personal o de
secuestro de cosas relacionadas con dicho delito, y;
4.5. El colaborador se verá beneficiado en el momento de la sentencia.76
5. Naturaleza Jurídica.
Existen casos en los que un hecho contiene ciertos caracteres de delito, puede,
respecto de uno o más de sus partícipes, llegar a quedar impune, exento de
castigo, sin estar frente a un hecho que sea atípico, ni que esté amparado por
causal de justificación o exculpación. A este tipo de exenciones en general se les
suele encasillar bajo la denominación de “excusas absolutorias” (se les puede
considerar de circunstancias personales que por ciertas razones determinan la
exclusión de la pena derivado de un comportamiento antijurídico y culpable), que
es una especie de cajón de sastre donde caen todas las exenciones que no
encajan dentro de las categorías más propias de causas de inculpabilidad o
causas de justificación, si bien con el correr de los años las que un día aparecieron
con aquella denominación pasaron al campo de las causales de exclusión de la
anti juridicidad y culpabilidad.
75
Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala. Pentito o colaborador eficaz. Guatemala 2010. Disponible en cicig.org/index.php?page=la-colaboracion-eficaz. Consulta 22 de enero de 2011. 76
Congreso de la República. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada.
55
El profesor Enrique Cury,77 define dichas excusas como “situaciones en las
cuales el derecho renuncia a la punibilidad de una conducta típica, antijurídica y
culpable, por razones de utilidad social”. La doctrina clásica respecto de figuras
como el desistimiento o el arrepentimiento le atribuye el carácter de una excusa
legal absolutoria.
Al analizar la colaboración desde el marco de la Teoría del Delito se
concluye que la figura del arrepentido o colaborador si se inscribe dentro de las
llamadas condiciones objetivas de punibilidad negativas, más conocidas como
excusas absolutorias, desde que permiten la exención de pena aún mediando un
delito consumado, y se le excusa por razones que el legislador ha creído loables
desde un punto de vista político criminal.
Las excusas absolutorias tienen caracteres comunes que las alejan de las
causas de justificación y de las de inculpabilidad, pero presentan variadas
fisonomías y se debe evitar una teorización general, porque ello puede conducir a
identificar los efectos de todas ellas cuando en realidad responden a muy distintas
razones y fundamentos. No obstante ello, Zaffaroni, que plantea que las excusas
absolutorias no existen como tales, diferencia las causas que excluyen la
penalidad de las que la cancelan. Así, la colaboración podría inscribirse dentro de
las causas que cancelan la penalidad, dado que opera impidiendo la aplicación de
una pena con motivo de circunstancias posteriores a la comisión del hecho
delictivo, a diferencia de las causas que excluyen la penalidad ya que en estos
casos las circunstancias preexisten y deben encontrarse presentes al momento
del hecho. 78
La naturaleza de la excusa absolutoria es impedir la aplicación de una pena
en atención a intereses considerados preponderantes para el Estado que la
actuación de la ley penal pondría en jaque. Ninguna pena debería aplicarse, sea
privativa de libertad, multa o inhabilitación, pues si así se hiciera la finalidad
77
Cury, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Tomo II, Chile. Editorial Enrique. 1997, 2ª edición, Pág. 97. 78 Zaffaroni, Eugenio Raúl. Estructura Básica del Derecho Penal. Argentina. Ediar. 2009. 1ra. Edición, Pág.
57
56
perseguida por la excusa absolutoria quedaría burlada. Al colaborador no se le
plantea ese panorama pues las penas accesorias como la inhabilitación no
pueden ser evitadas y la pena privativa de libertad será reducida o eximida a
criterio del juez.
6. Ventajas y desventajas.
6.1. Ventajas.
6.1.1. Instrumento para desarticular organizaciones
criminales.
6.1.2. Se conoce como operan estructuras criminales.
6.1.3. Se establecen fuentes de financiamiento
6.1.4. Se conocen como se planificó y ejecutó el crimen
6.1.5. Combate el crimen organizado.
6.2. Desventajas.
6.2.1. El delincuente no colabora declarando la verdad que
conoce, puede ocultar hechos y participaciones
relevantes, e inculpar o exculpar a personas.
6.2.2. Abuso en la utilización.
6.2.3. En Guatemala solo se ha utilizado para conocer la
planificación y ejecución de delitos.
6.2.4. La sociedad no acepta que se les otorgue beneficios a
delincuentes.
6.2.5. Desconocimiento del trámite.
6.2.6. Algunos jueces consideran que no es un medio de
prueba.
En Italia, los colaboradores también conocidos como pentiti, han sido
sometidos a critica por los favores que reciben, así como también porque se dice
que estos se valen de mentiras es decir, inventan historias para recibir beneficios
57
procesales o para que sus enemigos sean perseguidos, estos son mal vistos
porque reciben recompensa en vez de castigo y no son confiables dado que
provienen de una organización criminal.
7. Fines de la colaboración.
Surge esta figura de la necesidad de desentrañar a la organización delictiva. Es
decir, llegar a conocer cómo es que se realizan o se realizaron una serie de
hechos delictivos, como intervinieron determinadas personas, de qué medios se
valieron en su ejecución, si mediaron autoridades, de qué modo se trató de
mantener la clandestinidad de los delitos y del grupo, y si existen bienes. Esta
figura ocupa un sitio importante en el ámbito de los fines de la justicia penal sobre
todo teniendo en cuenta que los métodos tradicionales de investigación son
insuficientes para contrarrestar la criminalidad.
La finalidad de la colaboración es que el resultado de esta sea eficaz
siempre y cuando permita:
1. Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud.
2. Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito, o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
3. Identificar a los autores o participes de un delito cometido o por cometerse;
a los jefes, cabecillas o directores de la organización criminal.(Articulo 91
Ley Contra la Delincuencia Organizada)79
8. Declaración del colaborador y celebración del Acuerdo.
Acuerdo para Guillermo Cabanellas 80 es “Resolución tomada por unanimidad o
por mayoría de votos sobre cualquier asunto por tribunales, corporaciones o
juntas”. Además de significar resolución, el acuerdo es el concierto de dos
voluntades o inteligencia de personas que llevan a un mismo fin.
79
Congreso de la República. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada. 80
Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta, Pág.24
58
El procedimiento se inicia por un acuerdo de colaboración solicitado por el
Ministerio Público al juez competente, este acuerdo está sujeto a resultados, el
colaborador se obliga a: presentarse periódicamente a la autoridad; reparar daños;
se le restringe acudir a determinados lugares; devolver los bienes producto de la
actividad ilícita (Articulo 93 Ley Contra la Delincuencia Organizada).
Previo a la celebración de este acuerdo el Fiscal debe disponer de los actos
de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada,
pudiendo ordenar a la Policía Nacional Civil que realice las pesquisas previas y de
un informe al fiscal que la ordenó. Mientras se corrobore la información que ha
sido proporcionada, el fiscal deberá tomar las medidas necesarias para garantizar
la seguridad personal del colaborador. Si de la información proporcionada se
establecen indicios razonables de participación delictiva de las personas
señaladas por el colaborador, el fiscal deberá proceder conforme a un plan
previamente diseñado a iniciar la persecución penal en contra de las mismas
(Articulo 97 Ley Contra la Delincuencia Organizada).
Existen reparos en cuanto a la utilización de este recurso en la persecución
de los delitos, sobre todo, al momento de valorar su intervención en el proceso
penal. En su apreciación el tribunal debe tener especiales recaudos. Florián81,
señala que el testimonio del coacusado es en extremo sospechoso. No basta pues
su sola declaración para tener por demostrado el hecho delictivo, pues es siempre
vista con desconfianza.
Luigi Ferrajoli82, señala que: “Ninguna confianza merece el reo que,
alentado por la impunidad, señala a sus compañeros. Porque cuando se compra la
impunidad al precio de la denuncia de los delitos y de los cómplices, el reo busca
a menudo su salvación fingiendo delitos e imaginando cómplices: del mismo modo
que él para procurarse el sustento expende moneda falsa si no tiene de la
verdadera”.
81
Florián, Op.Cit. Pág. 60 82
Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. España. Editorial Trotta. 2001, Pág. 609
59
En caso de no corroborarse la información que fue proporcionada por el
colaborador, el fiscal negara el beneficio y el acuerdo, sin perjuicio de continuar
con la investigación respectiva (Articulo 99 Ley Contra la Delincuencia
Organizada).
8.1. Elaboración y contenido del Acta del Acuerdo de Colaboración.
Acta según Cabanellas es “La relación escrita donde se consigna el resultado de
las deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones de cualquier junta,
cuerpo o reunión.”83
Culminados los actos de investigación que corroboren la información
proporcionada, el fiscal, en caso que considere procedente, solicitará al juez
competente, la concesión de algún beneficio previsto en el Decreto 21-2006 Ley
Contra la Delincuencia Organizada artículo 96, el cual deberá contener lo
siguiente:
1. El beneficio otorgado;
2. La información proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o
pesquisas que hayan corroborado dicha información;
3. En caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la
seguridad del colaborador;
4. El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo
del proceso penal; en el entendido que ello no implica una disminución a su
derecho de no declarar contra el mismo; y,
5. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.
9. Beneficios.
A cambio de la información que proveen, los colaboradores reciben sentencias
más cortas por sus crímenes, y en algunos casos incluso la libertad. En el sistema
judicial italiano, los pentiti o colaboradores pueden obtener protección personal, un
nuevo nombre y algo de dinero para comenzar una nueva vida en otro lugar,
83
Diccionario Jurídico Elemental. Op. Cit. Pág. 21
60
normalmente en el extranjero. Guatemala en la Ley Contra la Delincuencia
Organizada establece los beneficios que les pueden ser otorgados a estos
colaboradores así como también las medidas de protección que en su caso se
necesiten.
Beneficio para Guillermo Cabanellas84, es “El bien que se hace o se recibe.
Favorecimiento o mejora”.
Entre los beneficios que otorga esta ley en su artículo 92 están los siguientes:
1. El criterio de oportunidad o la suspensión condicional o la persecución
penal;
2. Durante el debate oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el
sobreseimiento para los cómplices, o la rebaja de la pena hasta en dos
terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
3. La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre
cumpliendo condena;
Estos beneficios tienen ciertos parámetros que la ley contempla para poder
otorgarlos en el artículo 92 Bis están:
1. El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el esclarecimiento
de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables;
2. La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz;
3. El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador
eficaz; y,
4. La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le
atribuye.
El trámite para los beneficios es el siguiente:
1. Los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la
persecución penal y sobreseimiento, se tramitarán ante juez o tribunal que
84
Diccionario Jurídico Elemental. Op. Cit. Pág. 353
61
está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de
sospechoso, imputado o acusado.
2. Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se
encuentre cumpliendo condena, serán tramitados ante el juez de ejecución.
3. Para la aplicación del criterio de oportunidad, se seguirá el procedimiento
establecido en el Código Procesal Penal para los cómplices o autores del
delito de encubrimiento.
4. El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias y
productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad ilícita
en la organización criminal.85
9.2. Restricciones.
Restricción para Guillermo Cabanellas86 es “limitación o disminución de facultades
o derechos”.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada especifica en su artículo 92 que
no se podrán obtener los beneficios que con anterioridad fueron mencionados en
los siguientes casos:
1. Genocidio, comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir
total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuares
cualquiera de los siguientes hechos: 1. Muerte de miembros del grupo. 2.
Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del
grupo. 3. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones
de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. 4.
Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo. 5.
Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra
manera impedir su reproducción. El responsable de genocidio será
sancionado con prisión de 30 a 50 años. Articulo 376 Código Penal;87
85
Congreso de la República. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada. 86
Diccionario Jurídico Elemental, Op.Cit. Pág.49 87
Congreso de la República. Decreto Número 17-73 Código Penal.
62
2. Desaparición forzada, comete el delito de desaparición forzada quien, por
orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en
cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos,
ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su
detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a
los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la
aquiescencia para tales acciones. Articulo 201 TER Código Penal;
3. Ejecución extrajudicial, comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por
orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado,
privare en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos
políticos; en igual forma comete dicho delito el funcionario o emplea*do
público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que
ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales
acciones. Artículo 132 Bis, Código Penal;
4. Tortura, comete el delito de tortura, quien por orden, con la autorización, el
apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un
acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que
persiga intimidar a una persona o, por ese medio, a otras personas. Artículo
201 Bis, Código Penal;
5. Delitos contra los deberes de humanidad, quien violare o infringiere deberes
humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de
guerra, heridos durante acciones bélicas, o quien cometiere cualquier acto
inhumano contra la población civil, o contra hospitales o lugares destinados
a heridos, será sancionado con prisión de veinte a treinta años. Articulo 378
Código Penal;88
Existen beneficios de aplicación restringida que establece la ley para los casos
antes mencionados. Éstos pueden ser:
88
Congreso de la República. Decreto Número 17-73 Código Penal
63
1. La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse
sentencia; o
2. La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre
cumpliendo condena.
No se podrán otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión
condicional de la persecución penal o sobreseimiento a los jefes, cabecillas o
dirigentes de organizaciones criminales (Artículo 92 Bis Ley Contra la Delincuencia
Organizada)
Es importante conocer la finalidad de los beneficios otorgados al
colaborador, por lo que a continuación se detalla de manera breve a que se refiere
cada uno de ellos.
9.2.1. Criterio de oportunidad
El criterio de oportunidad es la facultad que tienen el Ministerio Público, bajo el
control del juez, de no ejercer la acción penal debido a su escasa trascendencia
social o mínima afección al bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales
en la responsabilidad del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias
de un delito culposo.89
También se podrá aplicar el criterio de oportunidad a favor de cómplices y
encubridores cuando declaren en el proceso encubriendo a los autores.
Objetivo
Tal y como está diseñado en la ley procesal penal, este es doble: por un lado la
descarga de trabajo para el Ministerio Público y por otro la intervención mínima del
Estado, en problemas que pueden resolverse a través de la conciliación entre
89
Unidad Conjunta MINUGA/PNUD. Manuel del Fiscal. Ministerio Público. Guatemala. Pág.222
64
partes, recogiéndose de esta manera los principios humanizadores y
racionalizadores del derecho penal moderno.90
El criterio de oportunidad podrá aplicarse en aquellos casos en los que: 1)
Se trate de delitos no sancionados con pena de prisión. 2) Si se tratare de delitos
perseguibles por instancia particular. 3) En los delitos de acción pública, cuya
pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años con excepción de los
delitos tipificados en la Ley contra la Narcoactividad. 4) Que la responsabilidad del
sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5) Que el
imputado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un
delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6) El criterio de oportunidad se
aplicara por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o
autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz.
9.2.2. Suspensión condicional de la persecución penal.
La suspensión condicional de la persecución penal, es el mecanismo a través del
cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al imputado a una serie de
condiciones durante un tiempo determinado, que si se cumplen, producen la
extinción de la persecución penal. En caso contrario, se reanudará el
procedimiento penal.91
Objetivo.
El objetivo principal de esta figura es evitarle al imputado el desarrollo de todo un
proceso en su contra, cuando la consecuencia del mismo posiblemente va a ser la
suspensión de la ejecución de la condena. Asimismo se evita la estigmatización
que supone tener una condena y antecedentes penales.
La suspensión condicional de la pena podrá aplicarse en aquellos delitos
cuya pena máxima no exceda de los cinco años y en los delitos culposos.
90
Loc.Cit 91
Manuel del Fiscal. Op.Cit. Pág.224
65
9.2.3. El sobreseimiento.
El sobreseimiento es un auto, que se dicta en la fase intermedia o durante la
preparación al debate, mediante el cual se absuelve a un imputado. El
sobreseimiento cierra el proceso de forma definitiva e irrevocable respecto a esa
persona.92 El sobreseimiento produce los mismos efectos que una sentencia
absolutoria, está regulado en el artículo 328 del Código Procesal Penal.93
Objetivo
Con el sobreseimiento se busca evitar llegar hasta el juicio cuando de la
investigación realizada se deduce que el resultado final va a ser la absolución.
Asimismo, el hecho de producir el efecto de cosa juzgada, evita que una persona
esté permanentemente amenazada por la existencia de un proceso abierto en su
contra.
10. Procedimiento Abreviado
Como su nombre lo indica es un procedimiento corto. El Estado dentro de su
política criminal lo establece dentro de nuestro sistema de justicia penal; por la
celeridad de su trámite tiene relación con la institución de desjudicialización,
porque tiene como objeto agilizar la administración de justicia, mediante formas
que permitan una resolución rápida del conflicto penal sin tomar en cuenta las
formalidades del procedimiento común; con la aplicación de este procedimiento se
persigue dar cumplimiento al principio de economía procesal para el esfuerzo de
los tribunales de justicia se concentre en delitos graves y de impacto social.94
10.2. Características
1. Es una figura de naturaleza de desjudicialización; es decir, simplificadora
del procedimiento penal.
2. Procede ante la aceptación de hechos por parte del imputado.
92 Manuel del Fiscal. Op. Cit. Pág.351 93
Ibid. Pág.261 94
Congreso de la República. Decreto 51-92. Código Procesal Penal. Guatemala.
66
3. Es requerido por el Ministerio Público en la fase intermedia ante el juez de
primera instancia que controla la investigación.
4. Procede cuando se estima suficiente la imposición de una pena no mayor
de cinco años de privación de libertad o una sanción pecuniaria, o bien las
dos.
5. Debe haber aceptación por parte del imputado y su defensor a que el
Ministerio Público requiera esta vía.
6. En la fase intermedia se dicta sentencia eliminando la fase del juicio oral o
debate.
10.3. Estructura
En cuanto a la estructura de este procedimiento o por ser el mismo simplificador
no precisa integrar totalmente la fase de preparación o investigación, hasta el
punto que lo exige el debate; pues desde el momento que el imputado acepta el
hecho delictivo por el cual se le sindica, la investigación deja de tener importancia;
el objeto de la investigación es determinar la existencia de un hecho constitutivo
de delito y la individualización del autor responsable. La fase intermedia se realiza
con menos esfuerzo que en el procedimiento común, ya que el contradictorio
queda excluido al obviar la fase del juicio; ya que es en la fase intermedia en la
cual el juez de primera instancia dicta sentencia condenando o absolviendo al
imputado. Las impugnaciones suelen quedar disminuidas en cuanto a quienes
tienen motivos para interponer recursos. En cuanto a la fase de ejecución
normalmente en este procedimiento requiere menos esfuerzo ya que la posibilidad
de cumplimiento efectivo de condena de prisión no es la norma, por la
concurrencia del beneficio de la suspensión condicional de la pena o el perdón
judicial.
El artículo 93 bis de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, establece
que conjuntamente con la aplicación del beneficio de criterio de oportunidad o la
suspensión condicional de la pena, durante la etapa preparatoria y hasta la
finalización del procedimiento intermedio, el Ministerio Público podrá requerir al
67
juez que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de
sospechoso o imputado, que se aplique el procedimiento abreviado de
conformidad con las siguientes reglas95:
1. El Ministerio Público concretará su requerimiento ante el juez de primera
instancia, debiendo contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el
que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su
participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta.
2. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más
trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar
la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán, en lo pertinente,
las reglas de la sentencia.
3. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el
imputado, sin perjuicio de incorporar otros hechos favorables a él, cuya
prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al
hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación.
4. Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación.
5. La acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el
tribunal competente de orden civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos
como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación, con las
limitaciones establecidas y solo en la medida en que la sentencia influya
sobre el resultado de una reclamación civil posterior.
6. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la
aplicación de estas reglas a alguno de ellos.
7. El procedimiento abreviado descrito es independiente del acuerdo de
colaboración eficaz. Por ende las resoluciones que se emitan en el mismo,
no afectará la validez del acuerdo de colaboración eficaz ni las obligaciones
derivadas de éste.96
95
Congreso de la República. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada. 96
Loc. Cit.
68
11. Medidas de protección al colaborador.
Las medidas de protección se dan desde el inicio del proceso penal hasta la
finalización del juicio, según el artículo 104 Ley Contra la Delincuencia Organizada
estas medidas podrán consistir en97:
a. Protección policial, así como la de sus familiares. Esta medida puede
abarcar el cambio de residencia y ocultación de su paradero.
b. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares
c. Preservar u ocultar la identidad, los datos personales
d. Se puede otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país.
En muchas ocasiones, los testigos, pentitis o colaboradores, pueden
mostrarse reticentes a declarar ante la autoridad. Esto puede deberse a muchas
razones, pasando desde el temor a sufrir represalias por parte de los imputados o
de personas y organizaciones afines a ellos, hasta el soborno por parte de los
mismos.
El Estado adopta medidas con las que protege la eficacia de la prueba en
situación de riesgo, tratando de realizar así el objeto del proceso penal, que es la
búsqueda de la verdad.
Con estas medidas se busca poner a salvo a testigos, colaboradores o
agraviados ante un peligro considerable. Este peligro grave recae sobre la
persona, la libertad o bienes de quien se pretenda amparar en ellas, su cónyuge o
su conviviente o sus ascendientes, descendientes o hermanos.
97
Congreso de la República. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada.
69
CAPÍTULO CUATRO
Análisis de la Constitucionalidad y Eficacia del Colaborador Eficaz.
Luego de haber abordado el tema del proceso penal, los antecedentes
históricos y el derecho comparado de esta figura así como la normativa legal de
Guatemala, es necesario hacer un análisis de la eficiencia de esta figura.
Actualmente han surgido discrepancias en cuanto a su aplicación en un Estado de
derecho en donde se busca sancionar a los culpables por los delitos que cometan,
respetando su derecho al debido proceso y defensa.
Se entiende que al estar frente a una figura excepcional que trata de
eliminar un mal del mismo modo, existen cuestiones de interés público que
justifican la misma; dicha norma podría resultar violatoria del debido proceso
(Artículos 6 al 17 Constitución Política de la República de Guatemala) por cuanto
implican la perturbación del principio de inocencia. Garantía de igualdad ante la
ley, del derecho a no declarar contra sí mismo y del principio de legalidad, razón
por la cual no puede ser tolerada bajo ningún pretexto utilitario.
“…la garantía del debido proceso no sólo se cumple cuando en un proceso
se desarrollan los requisitos procedimentales que prevé la ley y se le da
oportunidad de defensa a ambas partes de esa relación procesal sino que también
implica que toda cuestión litigiosa debe dirimirse conforme disposiciones
normativas aplicables al caso concreto con estricto apego a lo que dispone el
artículo 204 de la Constitución y que se viola el debido proceso si a pesar de
haberse observado meticulosamente el procedimiento en la sentencia se
infringen principios que le son propios a esta garantía constitucional…”(Gaceta
No.61, expediente No.712-01, sentencia:19-09-01)
Derecho a no declararse culpable, como una esencial derivación lógica
del derecho de defensa, se destaca el derecho del sindicado a no declarar contra
sí mismo ni ser obligado a ello. Los derechos a no declarar contra sí mismo y a no
confesarse culpable son garantías o derechos instrumentales que se derivan
70
derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es,
la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o
puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar, por
defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente a sus
intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o incluido, bajo constricción o
cumpulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable.98
Respecto a la figura del colaborador eficaz se ha señalado que dado que se
ofrece un beneficio a cambio de una declaración es notorio que tiene un contenido
coactivo respecto del imputado ya que la norma lo está obligando a hacer algo que
en sí mismo puede ser lícito, como impedir o disminuir un peligro o aportar
pruebas para el descubrimiento de un hecho, pero cuya licitud reside en la misma
exigencia por parte de la norma. No siempre habrá una autoinculpación, no se
exige una declaración de culpabilidad, claro que ello, en la mayoría de los casos
será inevitable pues, no sólo debe dar razón de lo que diga, sino que de los
mismos surgirán los elementos que lo incriminen, es necesario hacer un análisis
en cada caso.
Igualdad ante la ley, podría en determinado caso violentar el principio de
igualdad regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala en el
artículo 499
, por cuanto el tipo de estructura organizacional de este delito, que hace
que quienes más datos posean sean quienes mayor responsabilidad tengan,
genera que quienes se encuentre en la base de dicha estructura organizacional,
en cuanto carecen de información que suministrar, se vean impedidos de obtener
los beneficios establecidos por la norma.
Este principio se vería afectado ya que dos personas recibirían penas
sustancialmente dispares por igual delito y grado de culpabilidad teniendo como
único instrumento la declaración de un cómplice, podría también darse el caso que
la ley sólo beneficie al que colabora primero, pues cuando los demás se decidan a
98
Mendoza G, Lissette Beatriz. Constitución Política de la República de Guatemala Explicada. Tercera edición. Guatemala. 2010. 99
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. 1985.
71
hacerlo es posible que la cooperación de ellos ya no sea necesaria. La igualdad
ante la ley requiere ser procesada en el sentido que la igualdad rige para iguales
situaciones, es decir, todo sujeto que colabora está en posición de obtener una
pena reducida. Al mismo tiempo es necesario puntualizar que el primero que
colabora se beneficia y el siguiente quizás no tenga esa posibilidad, pero si éste
hubiera llegado primero y hubiera colaborado otra sería la situación.
Ferrajoli100, se refiere a esto estableciendo que “…solo pueden colaborar,
tratar y lucrarse los culpables y tanto más si lo son gravemente, mientras que no
podría hacer otro tanto los inocentes o los que tienen responsabilidades
marginales y que, por no saber nada del delito y al no poder aportar ninguna
contribución acusatoria, resultan doblemente penalizados”.
Principio de inocencia, del mismo modo se ha establecido que en
determinado caso violenta el principio de inocencia (Articulo 14 Constitución
Política de la República de Guatemala) y el derecho a no declarar contra uno
mismo (Articulo 16 Constitución Política de la República de Guatemala), por
cuanto el único modo de acceder a la posibilidad de beneficio es confesando, lisa
y llanamente, la propia intervención en los hechos. Es decir, existe cierta coacción
contra el imputado a que declare y confiese, ya que en estas situaciones el
imputado que hace uso de su derecho a guardar silencio es penado, y quien se
autoinculpa, es beneficiado. En contra de ello se ha dicho que la norma solo da la
opción al imputado de decir lo que sabe a cambio de una reducción de la pena.
Se sostiene que este tipo de pactos entre el Estado y el imputado que
tengan por objeto la prueba y la pena a aplicar, violenta el principio de legalidad,
Ferrajoli101, establece “... el carácter totalmente indeterminado y opinable del grado
de fiabilidad y de relevancia de la colaboración prestada y, por ello, de los
presupuestos de la bonificación de la pena…”.
100
Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. Pág. 670. 101
Loc. Cit.
72
Finalmente, la eficacia de esta figura para obtener a través de ella los fines
para los cuales fue creada, ha sido criticada, ya que se ha dicho que si se parte de
la infidelidad del imputado no puede luego esperarse que se cuente con un testigo
leal. Es decir, no puede esperarse lealtad de quien se ha reconocido y hasta
premiado su traición. Sin embargo es importante mencionar que en otros países
esta figura ha sido beneficiosa.
La figura del Colaborador Eficaz se ha utilizado en varios países dando
resultados positivos a la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo,
narcotráfico, delincuencia, etc. En el caso de Estados Unidos se tiene referencia
del llamado maxiproceso en los años 1986 y 1987 utilizado para desmantelar la
mafia siciliana que logró la aprehensión de 474 mafiosos sicilianos esto gracias
a la colaboración de un pentiti. La efectividad de este instrumento fue tal, que logro
la asociación con miembros de la mafia siciliana que aceptaron colaborar con la
justicia obteniendo beneficios a cambio de su cooperación. Sin embargo esta
herramienta no es del todo perfecta ni confiable por las constantes críticas acerca
de que los pentitis o colaboradores tienden a inventar historias a cambio de recibir
beneficios procesales o de alguna manera provocar que sean perseguidos por sus
enemigos, no todos los testimonios pueden considerarse confiables dado que
estos provienen de elementos que han estado vinculados a organizaciones
criminales.
Juan Bustos y Hernan Hormazábal establecen que: “Terminos como
“inseguridad ciudadana”, “crimen organizado”, “fundamentalismo religioso y
“terrorismo”, que los ciudadanos han incorporado a su lenguaje cotidiano
haciéndose eco de la insistencia con que son repetidos por los medios de
comunicación con el apoyo de intelectuales organicos del autoritarismo penal, han
terminado por construir una situación en la que se vaextendiendo la opinión de
que el sistema penal y sus garantías no sirven para luchar contra estas formas de
delincuencia”. Ante esto, identifican dos caminos. Uno es la alternativa irracional,
real, de una profusión de leyes especiales cuyo objetivo no es la determinación de
conductas sino la diferenciación de personas en la sociedad, constituyendo un
73
nuevo planteamiento del derecho penal autoritario, el derecho penal para el
enemigo. Otra es la respuesta democrática, que parte del reconocimiento de que
para hacer política criminal hay limites que vienen dados para un Estado social y
democrático de derecho no cualquier alternativa es valida, sino que aquellos
vienen impuestos por la ética, los derechos fundamentales y los principios qu
dieron nacimiento al Estado moderno. Por eso, en definitica postulan, un
reforzamiento de las instituciones de control y también del sistema de derecho
penal, pero manteniendo los principios garantistas”.102
Como señala Gómez de Liaño Fonseca-Herrera, hoy dia, los medios
extraordinarios de investigacion encuentran su fundamento ultimo y legitimidad de
uso por el Estado en lo pernicioso que para la sociedad entera es el crimen
organizado, asi como las dificultades inherentes a su lucha, llegando a representar
un “modelo diferenciado de represión del delito”, que entiende, permite hablar de
un Derecho Procesal de dos velocidades según estemos ante la tradicional
delincuencia individual o ante los fenómenos delictivos organizados.
Guatemala actualmente está en una etapa inicial con esta figura y si se
tiene una aplicación adecuada conforme al propósito y siguiendo los lineamientos
que establece el Decreto 21-2006 Ley Contra la Delincuencia Organizada, los
resultados pueden ser favorables y útiles para la resolución de casos nuevos o
casos que han quedado inconclusos tomando en cuenta evidencias que permitan
condenar a los sujetos que hayan participado en estos delitos, es una figura
bastante controversial actualmente ya que existen diferentes posturas en cuando a
su eficacia. Es necesario analizar las ventajas y desventajas y verificar si
verdaderamente puede ser un instrumento útil para combatir el crimen organizado,
o por el contrario puede resultar ser ineficaz y permitir a las personas sindicadas
sustraerse de la investigación generando así otra forma más de evadir la justicia.
Las autoridades aseguran que la figura del colaborador eficaz, que empezó
a usarse en el país desde el año 2009, ha permitido desmantelar organizaciones
102 Bustos RAmirez, Juan J-Hormazabal Hernán. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Editorial Trotta. España. Segunda edición. 2006.
74
criminales, incluida la captura de sus cabecillas. Jueces, fiscales e investigadores
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguran
que la figura de colaboración eficaz aun tiene aspectos que deben mejorarse, pero
ha permitido que por primera vez se juzgue a los líderes de bandas criminales.
Entre los casos en que se ha usado están: la narco balacera en Amatitlán, los
crímenes contra Rodrigo Rosenberg y Khail y Marjorie Musa, el asesinato de 15
nicaragüenses y las muertes extrajudiciales de varios reos.103
Hay otros procesos en que aún se define si es factible la aplicación de esta
figura, entre los que destaca el desfalco en el Ministerio de Defensa durante el
gobierno de Alfonso Portillo, la mala construcción de la cárcel Fraijanes 2 y el
lavado de fondos del Ministerio de Gobernación destinados para combustibles.
Las pesquisas de cada caso han identificado de 10 a 15 integrantes por cada
banda destinada.104
El éxito o el fracaso del colaborador eficaz en nuestra legislación como
arma para combatir el crimen organizado aun está pendiente, y va a depender en
gran medida de la eficacia del sistema utilizado, este contiene graves y muy
variados riesgos pero no deja de ser nevesario, y útil. Hasta el momento ningún
colaborador ha logrado desbaratar ninguna organización criminal. Las causas
que han motivado la insecion de esta figura a nuestro sistema penal es
básicamente la misma que afecta a la mayoría de países que la utilizan, el crimen
organizado, este tiene una enorme base de operarios o empleados es allí donde
se busca atacar y desintegrar por completo estas organizaciones.
Noticias publicadas señalan que los jueces establecen que existe abuso de
la figura y que esto podría ocasionar falta de credibilidad, por su mala aplicación.
Se debe estudiar a cabalidad los datos que el criminal esta proporcionando ya que
esto debe ayudar al desmantelamiento de la banda y no solo buscar beneficios
para el detenido, si esto no se tiene presente la figura del Colaborador incurrirá en
desgastes cuando es una figura que esta en inicio. Se hace referencia que el
103
Orantes, Coralia. Los Colaboradores llevan a cabecillas. Prensa Libre Guatemala 05 de octubre del año 2010. Pág. 7 104
Loc.Cit.
75
Ministerio Publico busca mecanismos que permitan elegir a los colaboradores de
una mejor manera y asimismo reconocen que existen deficiencias en los casos
judiciales con las personas que han formado parte de este método.
76
CAPITULO CINCO
Presentación, análisis, y discusión de resultados.
1. Presentación
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación de
campo realizada para la elaboración del presente trabajo, misma que se llevó a
cabo con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos fijados.
La investigación de campo consistió en realizar entrevistas a veinte
Profesionales de Derecho de la Ciudad de Guatemala cuyo campo es el Derecho
Penal y así conocer el punto de vista que estos tienen acerca de la figura del
Colaborador Eficaz y el nivel de conocimiento de la misma.
En cuanto a las respuestas obtenidas hay diferentes posturas, algunos
creen que la introducción de esta figura en los procesos penales puede ser
beneficiosa y contribuir con el esclarecimiento de la verdad y así obtener justicia,
por otro lado hay quienes creen que es una figura ineficaz y otra forma de evadir
la justicia. Los entrevistados consideran necesario tener un conocimiento más
amplio de este tema ya que es poca la información y no han tenido el acceso a los
casos en los que se ha utilizado esta figura para poder profundizar el tema. Otro
punto importante en las respuestas es que esta figura puede ser bastante útil
sabiendo utilizarse y cumpliendo con el procedimiento establecido por la ley ya
que en muchos casos sin esta información sería muy difícil llegar hasta los jefes o
cabecillas de estas organizaciones criminales, pero para esto es necesario que
exista un estudio profundo del tema.
A continuación se detallan las preguntas y las respuestas que fueron
proporcionadas por los entrevistados.
2. Análisis y discusión de resultados
Primera pregunta, ¿Está usted de acuerdo con la introducción de la
institución del Colaborador Eficaz al Proceso Penal Guatemalteco?
77
A esta respuesta el 60% de los entrevistados respondió No, y el 40% respondió Si.
Entre las respuestas proporcionadas por los entrevistados se incluyen las
siguientes:
a. Es una figura completamente falsa e ineficaz.
b. Es una figura considerada de mucha importancia en el Sistema Procesal
Penal, con el propósito de combatir de manera frontal el crimen organizado,
y la delincuencia.
c. Es una figura novedosa que si se aprovecha con honestidad puede
contribuir a que haya una cumplida y justa administración de justicia.
Existen diferentes posturas en cuanto a las opiniones de los entrevistados,
algunos están de acuerdo con la introducción de esta nueva figura a los procesos
penales y creen que podría ser beneficiosa su aplicación. Por otro lado hay
quienes opinan que es una forma más de evadir la justicia y seguir creando
impunidad. Es necesario verificar si realmente contribuye esta figura al
esclarecimiento de la verdad y si es aplicada de forma transparente y conforme a
lo que el Decreto 21-2006 Ley Contra la Delincuencia Organizada establece.
Segunda pregunta: ¿Conoce cuáles son las causas que originan la
introducción de la figura del Colaborador Eficaz en el Proceso Penal
Guatemalteco?
A esta pregunta el 100% de los entrevistados respondió que SI. Entre las
respuestas están las siguientes:
a. Que se origina cuando alguno de los sujetos procesales desea
voluntariamente brindar información conjuntamente con el ente
investigador a cambio de determinados beneficios.
b. Se introdujo como mecanismo para la verdadera averiguación de la
verdad y por lo mismo para combatir la impunidad y sancionar a
quien verdaderamente debe sancionarse.
78
c. Para que los procesos que se inicien y exista una persona acusada o
procesada, disponer de los medios de pruebas necesarias para
obtener una sentencia condenatoria
La vigencia de esta ley es reciente y aún no ha sido profundizado este
tema. La violencia, la delincuencia organiza y otros factores son las principales
causas de la introducción de esta figura en el proceso penal guatemalteco, el
colaborador eficaz es una herramienta por medio de la cual se busca dar con los
autores materiales e intelectuales de las organizaciones con el objeto de
desmantelarlas. Los entrevistados tienen diferentes puntos de vista en cuanto al
porque fue introducida esta figura en Guatemala, pero por la escaza información
que se ha tenido del tema no hay una respuesta acertada.
Tercera pregunta: ¿Considera usted que la aplicación de esta figura
contribuye a la investigación penal?
A esta pregunta el 60% respondió que No y el 40% que Si.
Entre las respuestas de quienes contestaron “no” se mencionan las siguientes:
a. No porque lo que se les ofrece a los colaboradores eficaces se hace
efectivo, y después de concluido el proceso quedan completamente
desprotegidos.
b. No existen los recursos adecuados para darle continuidad.
Los que contestaron “si” consideran lo siguiente:
c. Si se utiliza de forma correcta, conforme el propósito o el espíritu de esta
figura, los resultados deben ser favorables, evidencias que permitan
condenar a los sujetos que hayan participado en el delito.
d. Se aprovecha a personas que por cualquier razón hayan tenido
participación en un hecho delictivo pero que su participación no fue grave o
porque hubo algún arrepentimiento de su participación.
79
Esta figura podría resultar bastante beneficiosa dando resultados positivos
en casos de alto impacto que aún no han sido resueltos, lamentablemente no se
cuenta con una investigación adecuada ni se tienen los recursos necesarios para
cumplir el objetivo.
Cuarta pregunta: ¿A su juicio la exigencia de eficacia comprobada de la
colaboración constituye un control adecuado para impedir la utilización
maliciosa de esta figura?
A esta pregunta el 30% respondió que Si mientras que el 70% respondió que No.
Entre las respuestas de quienes contestaron “si” se encuentran las siguientes:
a. Debe existir certeza en la participación del sujeto en el hecho
delictivo.
b. Como en cualquier sistema los resultados, deben ser positivos, para
que se mantenga la credibilidad del sistema.
c. Si existiera la participación ciudadana para denunciar los hechos
delictivos de justicia y declarar lo que les conste de estos, se
tendrían resultados positivos en la administración de justicia.
Los que contestaron “no” consideran lo siguiente:
a. Mientras no exista un control efectivo en donde el ente investigador este tan
corrompido como lo está, esta figura seguirá siendo utilizada a su antojo.
b. Esta figura debe ser efectiva para una administración de justicia positiva.
El Ministerio Público está obligado a verificar la veracidad de la información
aportada por el colaborador, para evitar casos como el de Rosenberg en el que
luego de haberle otorgado la libertad al colaborador eficaz de nuevo es detenido
por la confesión de otro sindicado quien declara que este fue un autor material en
el delito, es por ello la importancia de recursos adecuados para la corroboración
de la declaración. Las respuestas de los entrevistados son bastante claras y hacen
pensar si realmente existe un control adecuado por parte del ente investigador.
80
Quinta pregunta: ¿Conoce cuales son los efectos que se persiguen con la
introducción del Colaborador Eficaz?
A esta pegunta el 50% respondió Si, y 50% que No.
Entre las respuestas de quienes contestaron “si” se encuentran las siguientes:
a. Obtener fundamentalmente, con la participación de un sujeto como
colaborador eficaz, información fidedigna en cuanto a los hechos o
acciones que realizan los sujetos para cometer el hecho delictivo,
contrarrestando el crimen organizado, el narcotráfico, etc.
b. Mediante esta figura se puede realizar con efectividad y responsabilidad la
investigación y de esta manera responsabilizar efectivamente a todos
aquellos responsables en la comisión de los delitos que se les imputan.
c. Combatir el crimen organizado, con este nuevo método.
Se puede establecer que es muy poco el conocimiento que los
Profesionales del Derecho especializados en materia penal, tienen acerca de esta
figura, es necesario que exista una investigación más profunda acerca de este
tema para que pueda utilizarse adecuadamente y sea beneficioso.
Sexta pregunta: ¿Conoce casos en los que el Colaborador Eficaz se ha
aplicado en un Proceso Penal?
A esta pregunta el 20% respondió que Si, y el 80% que No.
a. Los entrevistados que manifestaron Si, únicamente mencionaron que
por ética profesional no podían mencionar el caso, pero que se trato al
Colaborador Eficaz como un sujeto procesal casi responsable de todo lo
que sucedió.
b. Mientras que los que manifestaron No conocer ningún caso, indicaron
que no han tenido acceso a estos procesos penales y que la única
información recibida fue la que los medios de comunicación social
emitían.
81
Los medios de comunicación han proporcionado notas con respecto al uso
de esta figura y de los casos en los que se ha aplicado, esto ha permitido que la
población en general tenga un pequeño conocimiento acerca de la aplicación del
colaborador eficaz en diferentes procesos y de la evolución de la misma, pero no
existe un estudio profundo de la contribución que esta ha tenido en los mismos.
Séptima pregunta: ¿Contribuye esta institución al esclarecimiento de hechos
ilícitos?
A esta pregunta el 60% respondió que Si, y el 40% que No.
Entre las respuestas de quienes contestaron “si” se encuentran las siguientes:
a. Si se esclarece el hecho ilícito en cuanto a la participación de los sujetos, la
forma, etc. Puede reconocerse como contribución a la figura del
colaborador eficaz. En caso contrario, si no hay contribución de esa
naturaleza ningún sujeto podría calificar como colaborador eficaz.
b. Esto porque la fuente de información ha tenido participación en el hecho.
c. Existe el conocimiento de los autores o cómplices ya que quien da la
información es uno de ellos.
Entre los que contestaron “no”:
a. No es posible creer lo que un delincuente dice, si este ha participado en
estos hechos.
b. La información puede ser manejada a conveniencia de este, por lo que no
es del todo efectiva.
El fin primordial de esta institución es el esclarecimiento de hechos ilícitos
cuyo objetivo es combatir la delincuencia organizada, hay quienes consideran que
no es posible que una persona que ha cometido un delito pueda decir la verdad y
al mismo tiempo pueda ser beneficiada por algo que posiblemente no es cierto,
pero hay quienes creen que la participación de uno puede ayudar a que se
desarticule toda una banda y así impedir que esta siga operando. Es aquí donde
82
el ente investigador tiene la tarea de verificar la veracidad de la información y
lograr una efectiva aplicación de esta figura.
Octava pregunta: ¿Considera que todas las personas participantes de un
hecho delictivo pueden verse favorecidas con este beneficio?
A esta pregunta el 100% manifestó que No.
a. Los entrevistados coincidieron en su respuesta al manifestar que no
pueden verse favorecidas todas las personas participantes del hecho
delictivo por el grado de participación del sujeto en la actividad.
La ley claramente establece que este beneficio se le otorga a un sindicado
que reconoce su culpabilidad y que informa sobre actividades de la organización,
pero no pueden participar los autores materiales e intelectuales como lo son los
jefes o cabecillas de estos grupos delictivos.
Novena pregunta: ¿Considera que la figura de la Colaboración Eficaz
contribuye a fortalecer la eficacia de la persecución Penal?
A esta pregunta, el 80% respondió que No, y el 20% que Si.
Entre las respuestas de quienes contestaron “si” se encuentran las siguientes:
a. La información es de fuente que tuvo participación en el hecho.
b. El propósito es disponer de evidencias para obtener sentencias
condenatorias en los procesos penales de alto impacto, y desarticular las
bandas, el crimen organizado, narcotráfico o el problema de maras.
c. Existe conocimiento de los móviles y forma de delinquir de los grupos
organizados.
Puede ser una figura bastante útil sabiendo utilizarse y cumpliendo con el
procedimiento adecuado establecido por la ley pero es necesario un estudio
profundo del tema, en muchos casos sin esta información sería muy difícil llegar
hasta los jefes o cabecillas de estas organizaciones.
83
Decima pregunta: ¿Cree usted necesario que la institución del colaborador
eficaz sea difundida para su conocimiento?
A esta pregunta el 100% respondió SI.
Entre las respuestas se encuentran las siguientes:
a. Es necesario que la población tenga conocimiento de lo que es esta
figura y para qué sirve.
b. Lamentablemente no todas las personas tienen acceso a la
información por motivos diferentes, pero es obligación de todos tener
conocimiento de lo que la ley establece y de su aplicación.
c. Realizar un estudio internacional en los países en los que el uso de
esta figura ha tenido resultados positivos para aplicar este método en
Guatemala.
En varios países esta institución ha sido bastante beneficiosa y a
contribuido con la justicia, en Italia y Estados Unidos han logrado la captura de
jefes de organizaciones criminales por medio del uso del colaborador eficaz
también conocido como informante, Guatemala podría ser beneficiado siempre y
cuando la aplicación de esta figura no se vea viciada es decir que el procedimiento
sea el correcto y que todos los pasos posteriores se cumplan de acuerdo a lo
establecido.
Luego de haber analizado las respuestas a las interrogantes planteadas a
profesionales del derecho se establece que es muy escasa la información que se
tiene acerca de la institución del Colaborador Eficaz y por lo mismo a la mayoría
les parece una figura ineficaz, es necesario el estudio de esta figura para poder
aplicarla de manera que resulte beneficiosa para el sistema judicial. Es una figura
nueva que sabiéndose aplicar podría contribuir al esclarecimiento de la verdad en
busca de la justicia y el desmantelamiento de organizaciones delictivas en el país.
84
CONCLUSIONES
1. La figura del Colaborador Eficaz tiene una gran importancia en el sistema de
justicia e investigación penal, pues constituye un medio probatorio que evita o trata
de prevenir la comisión y continuidad de ilícitos penales, mediante un beneficio.
2. Los niveles de criminalidad han aumentado por lo que el Estado ha
implementado nuevas medidas como el Colaborador Eficaz con el fin de combatir
el crimen organizado, la delincuencia y el terrorismo pero al ser una figura nueva
es poco conocida en Guatemala y en ocasiones de difícil interpretación.
3. La figura del Colaborador Eficaz proviene de una corriente moderna que ofrece
beneficios o premios a los integrantes de grupos criminales, a cambio de la
información brindada.
4. El beneficio otorgado no debe considerarse como un premio por la colaboración
misma sino debe evaluarse seriamente si la información que aporte el colaborador
es útil para llegar a los fines del proceso que sería la averiguación de la verdad.
5. Esta figura es una evolución del Estado que se ve amenazado, se fundamenta
en razones de Política Criminal y su fin primordial es el interés por la justicia, la
seguridad pública y la lucha contra la delincuencia organizada, y haciendo un uso
adecuado a esta figura puede contribuir a una justa administración de justicia.
85
RECOMENDACIONES
1. Reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006
del Congreso de la República, para que su interpretación sea más clara y no
cause confusión con respecto a cuándo se debe otorgar el beneficio luego de la
verificación de la información que este entrega.
2. Difundir cual es el beneficio y la contribución que trae esta figura para la
legislación Guatemalteca y reforzar la figura del testigo protegido creando una
oficina específica para los colaboradores con el fin de ser reinsertados
nuevamente a la sociedad.
3. Cotejar la información con otros medios de investigación por parte del ente
investigador, previo a que le sea otorgado el beneficio al colaborador, esto por
dudarse la fiabilidad para calificarla como idónea.
4. No vulnerar el debido proceso con la aplicación de esta figura en el Proceso
Penal, por esto es deber de las autoridades que componen la administración de
justicia darle una aplicación adecuada a esta herramienta y así obtener mayores
beneficios.
5. Realizar análisis psicológicos a la persona que actuará como colaborador ya
que con frecuencia estos son desleales, manipuladores de la verdad, simuladores
y buscan únicamente vengarse, aprovechándose del conocimiento del mundo
criminal que les rodea.
86
REFERENCIAS
Bibliográficas:
1. Beccaria, Cesare. De los delitos y las penas. Ediciones Eurpa-America.
Argentina. 1974.
2. Carrara, Francesco. Programa de Derecho Penal Español. Colombia,
Editorial Temis, 1988.
3. Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I
y II. 12ª. Editorial Eliasta. Argentina. 1979.
4. Caferrata Nores, José I. La prueba en el Proceso Penal. Argentina; 2003.
5ta. Edición.
5. Claria Olmedo. Jorge A. El Proceso Penal. Argentina. 1994. Segunda
Edición.
6. De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. México. Editorial Porrúa,
S.A. 1983 Décimo primera edición.
7. Fenech, M. Derecho Procesal Penal. Volumen I. 3ª. Editorial Labor.
España. Labor, 1960.
8. Florián, Eugenio. Elementos del Derecho Procesal Penal. España. Casa
Editorial Bosch. 1931.
9. Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal: El proceso penal
Guatemalteco. Guatemala. Vile 1993.
10. Hendler, Edmundo. La Justicia Penal. Argentina, Editorial Fabia. 2002.
87
11. Higüeros, Rubén. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. 2005
12. Levene, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Argentina. De
Palma. 1993. Segunda Edición.
13. Manzini, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Argentina.
Ediciones Jurídicas Europa-América. 1954.
14. Marina, Susana - Neira, Claudia - SCHENEIDER, Mariel. La crisis del
Derecho Penal frente a la creciente legislación de emergencia. Ponencia
presentado en el Congreso Internacional de Derecho Penal por el 75º
Aniversario del Código Penal, Buenos Aires, 1997.
15. Miranda Estrampes, Manuel. La mínima actividad probatoria en el
proceso penal. J.M. Bosch Editor. España, 1997.
16. Monzón García, S. Introducción al Proceso de la investigación
científica. Guatemala: TUCUR, 1993.
17. Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.
Argentina. Editorial Heliasta. 1996.
18. Par Usen, Mynor. El Juicio en el Proceso Penal Guatemalteco.
Guatemala. Editorial Vile 2005.
19. Villalta, Ludwin. Principios, Derechos y Garantías estructurales en el
proceso penal. Guatemala. 2007.
20. Zaffaroni, Eugenio Raúl. Estructura básica del Derecho Penal. Argentina.
Primera edición. Editorial Ediar. 2009.
88
Normativas:
1. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de
Guatemala.
2. Congreso de la República de Guatemala. Código Penal. Decreto 17-73.
3. Congreso de la República de Guatemala. Código Procesal Penal. Decreto
51–92 y sus reformas.
4. Congreso de la República de Guatemala. Ley contra la Delincuencia
Organizada. Decreto número 21-2006 y sus reformas
5. Congreso de la República de Guatemala. Ley de Fortalecimiento de la
Persecución Penal. Decreto 17–2009.
6. Congreso de la República de Guatemala. Decreto 23–2009. Reformas al
Decreto 17–2009
7. Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Judicial y sus
reformas. Decreto 2-89.
Electrónicas:
1. Acerca del Ministerio Público. Ministerio Público. Guatemala, 2007. Disponible,
Google. http: //www.mp.lex.gob.gt/Acerca_mp/acerca-index.php, fecha de
consulta: 25-05-2010
2. Colaborador Eficaz delata Red de Espionaje, Periódico Global,
Guatemala,2009,Disponible, periodicoglobal.blogspot.com/.../colaborador-
eficaz-destapa-red de.html, fecha de consulta, 26-05-2010
89
3. Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Pentito o
Colaborador Eficaz. Guatemala, 2010. Disponible en Google, www.cicig.org.
Consulta 22 de enero de 2011.
4. Cuerda Arnau, M.L. Atenuación y remisión de la pena en los delitos de
terrorismo. Madrid 1995. Disponible en Google. www.tdx.cat/TDX. Consulta 20
de enero de 2011.
5. Legislación federal. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México,
2007.Disponible,http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/108.htm?s, fecha de
consulta: 25-05-2010.
6. Liberan a primer colaborador eficaz en caso Rosenberg. CERIGUA, Centro de
reportes informativos sobre Guatemala. Guatemala, 2010.
Disponible,http://cerigua.info/portal/index.php?option=com_content&task=view
&id=20501&Itemid=2, fecha de consulta: 26-05-2010.
7. Lobos, René Armijo. EL arrepentido colaborador con la Justicia. Santiago,
Chile 2004, Disponible en Google. www.cybertesis.cl . Consulta 20 de enero
de 2011.
8. Pentiti o Colaborador Eficaz. CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala. Guatemala, 2010. Disponible,
http://cicig.org/index.php?page=pentito, fecha de consulta: 25-05-2010.
9. Sánchez García de Paz, Isabel. La coimputado que colabora con la justicia
penal. Revista electrónica de Derecho Penal y Criminología. Numero 7. Año
2005. Disponible en Google, www.biblioteca.universia.net. Consulta 15 de
junio de 2010.
90
Otras Referencias:
1. Godoy Castillo, María Virginia. La investigación criminal y la función de
la Policía Nacional Civil. Guatemala, 2002, Tesis de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala.
2. González Ordóñez, Gustavo Adolfo. La persecución penal por el ente
acusador en el Derecho Procesal Guatemalteco. Guatemala, 2002, Tesis
de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San
Carlos de Guatemala.
91
ANEXOS
92
Anexo a. UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
ENTREVISTA
Como aspecto necesario para la elaboración de trabajo de investigación de tesis
se necesita tener la opinión como operador del sistema de justicia de
profesionales del derecho sobre los cuestionamientos que se plantearan a
continuación y cuyos resultados se emplearan con fines académicos y se guardara
la discrecionalidad del caso:
1. ¿Está usted de acuerdo con la introducción de la institución del
Colaborador Eficaz al Proceso Penal Guatemalteco?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Conoce cuales son las causas que originan la introducción de la figura del
Colaborador Eficaz en el Proceso Penal Guatemalteco?
SI NO ¿Cuál (es)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Considera usted que la aplicación de esta figura contribuye a la
investigación penal?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
93
4. ¿A su juicio la exigencia de eficacia comprobada de la colaboración,
constituye un control adecuado para impedir la utilización maliciosa de esta
figura?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Conoce cuales son los efectos que se persiguen con la introducción del
Colaborador Eficaz?
SI NO ¿Cuál (es)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Conoce casos en los que el Colaborador Eficaz se ha aplicado en un
Proceso Penal?
SI NO ¿Cuál (es)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Contribuye esta institución al esclarecimiento de hechos ilícitos?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
94
8. ¿Considera que todas las personas participantes de un hecho delictivo
pueden verse favorecidas con este beneficio?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ¿Considera que la figura de la colaboración eficaz contribuye a fortalecer la
eficacia de la persecución penal?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. ¿Cree usted necesario que la institución del colaborador eficaz sea
difundida para su conocimiento?
SI NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
95
Anexo b:
Graficas de datos obtenidos mediante la entrevista dirigida a Profesionales
del Derecho.
SI100%
No0%0%0%
Segunda pregunta:¿Conoce cuales son las causas que originan la Introduccion de la figura del Colaborador Eficaz en el Proceso Penal Guatemalteco?.
96
97
98
99
![Godoy [Final Web]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/563dbbb9550346aa9aafb8fc/godoy-final-web.jpg)
