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V. Composición y forma del núcleo común de la ciudadanía multicultural Titulo Tapia Mealla, Luis - Autor/a; Autor(es) La invención del núcleo común : ciudadanía y gobierno multisocietal En: Lugar Muela del Diablo Editores Editorial/Editor 2006 Fecha Colección Autodeterminación Colección Historia; Sociedad; Democracia; Política; Ciudadanía; Diversidad Cultural; Poder ejecutivo; Bolivia; Temas Capítulo de Libro Tipo de documento http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120903094930/5tapia.pdf URL Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es Licencia Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) www.clacso.edu.ar

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V. Composición y forma del núcleo común de la ciudadanía multicultural Titulo

Tapia Mealla, Luis - Autor/a; Autor(es)

La invención del núcleo común : ciudadanía y gobierno multisocietal En:

Lugar

Muela del Diablo Editores Editorial/Editor

2006 Fecha

Colección Autodeterminación Colección

Historia; Sociedad; Democracia; Política; Ciudadanía; Diversidad Cultural; Poder

ejecutivo; Bolivia;

Temas

Capítulo de Libro Tipo de documento

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120903094930/5tapia.pdf URL

Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica

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Articulo la propuesta de composición de la ciudadanía encondiciones multiculturales y multisocietales en torno a trescírculos concéntricos. Al primero y principal llamaré núcleocomún intercultural; al segundo regímenes de autodetermi-nación cultural y un tercero que sería las formas de articula-ción.

En el núcleo común intercultural el objetivo es producir yreconocer igualdad entre pueblos y culturas, y entre miem-bros de cada una de las culturas y los pueblos existentes en elpaís. En este sentido, no se puede razonar de manera exclusi-va y principal en torno a individuos sino, más bien, en torno acolectividades y, sobre todo, en torno a sus formas políticasglobales. Este es un primer núcleo de revisión de lasformulaciones hasta ahora elaboradas sobre los derechos hu-manos y ciudadanos que han tomado como eje al individuo,es decir, son formas de concebir la ciudadanía de manera, porasí decirlo, intrasocietal, al interior de un tipo de sociedad y,por lo tanto formas de pensar y reconocer derechos a los indi-viduos miembros de ese tipo de sociedad.

Hasta ahora la mayor parte de las formas de enfrentar lacondición multicultural y la ciudadanía en paísesmulticulturales, ha seguido utilizando el mismo marco doc-trinario que corresponde a la historia de la sociedad y culturadominante, es decir, se ha avanzado en extender el reconoci-miento de derechos a lo que de manera genérica se llama losindígenas en la mayor parte de los países; pero el reconoci-

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miento se ha hecho principalmente en torno a individuos. Apersonas que hablan otra lengua, provienen de otra matrizcultural, se les ha ido reconociendo los derechos que las cons-tituciones moderna más o menos liberales contienen como for-ma de integración, de derechos y deberes, en el seno de losestados modernos. El eje del razonamiento para enfrentar lacuestión de la igualdad y, en consecuencia la de la ciudadanía,ha sido el individuo, pensar la igualdad de individuos ante laley, pero ante una ley formulada en torno a una matriz cultu-ral y jurídica diferente a la de la cultura que proviene y quecorresponde a la historia constitucional e historia política deluchas y conquista de derechos realizada y, sobre todo, sinteti-zada en el seno de la cultura dominante.

De manera complementaría, en algunos lados se ha reco-nocido regímenes de autonomía para algunos pueblos y cul-turas de tal manera que éstos dentro de territorios delimitadospor el predominio de población de otro origen y matriz cultu-ral, puedan tener la posibilidad de regirse por lo que se hallamado sus usos y costumbres o su propia normatividad. Enalgunos casos esto implica que la autonomía se da como ungobierno regional y local, con un sistema jurídico y de institu-ciones que es respetado mientras no contravenga el régimenconstitucional, que define el núcleo jurídico para todo el país.Este es el modo liberal como se ha enfrentado hasta hoy demanera más amplia el problema multicultural.14 El otro modode enfrentar el asunto, ha sido reconocer usos y costumbres ola práctica de justicia comunitaria en algunos ámbitos en losque este tipo de relación social predomina.

Pero en todos los casos donde se ha incorporado elemen-tos de reconocimiento jurídico de lo multicultural, que ya nosea el apartheid o la república de indios y la república de espa-ñoles o sus equivalentes que también son formas de reconoci-miento no igualitario de la condición multicultural, la pautaha sido que no se ha tocado el núcleo central de la definiciónde la forma de gobierno central y común para todo el país;tampoco el núcleo de concepción de derechos que sigue te-niendo como eje al individuo.

14. Cfr. Kymlicka, Will. Ciudadanía multicultural, Paidos, 1996.

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mún La idea de usos y costumbres es un modo de mantener la

desigualdad entre órdenes jurídico-normativos de diferentesculturas y sociedades. Por un lado, en el seno de la culturadominante se habla de constitución y de sus respectivos con-juntos de derechos y de códigos y, por el otro lado, se habla deusos y costumbres que tendrían inferior rango, por lo tanto,sólo podrían ser complementarios. La idea de usos y costum-bres implica el reconocimiento de sólo una parte de las estruc-turas tradicionales de otras sociedades y culturas. Por logeneral, se reconoce los procesos de administración de justi-cia, que es lo que se ha incorporado a las reformas legales en elpaís, pero ya no se reconoce la otra dimensión política norma-tiva y, por lo tanto, de derechos de esas otras culturas y pue-blos, que tiene que ver precisamente con la dimensión másmacro que es la de su forma de autogobierno. Por lo general,las nociones o el modo en que se conciben usos y costumbresrecorta el reconocimiento a una parte de las prácticas, en par-ticular, a la gestión, o administración de justicia, desconocien-do la forma de autogobierno.

Mientras razonemos políticamente en términos de indivi-duos para pensar la igualdad y, por lo tanto, los derechos y laigualdad ante la ley como individuos, no podremos superar eltipo de dominio cultural hasta hoy existente; mientras lo quese plantee sea la igualdad de individuos provenientes de dife-rentes culturas ante la ley generada en el seno de las institu-ciones de la cultura dominante, y según sus patrones deproducción de las normas jurídicas.

Para pensar la igualdad entre pueblos y culturas no se debepartir de lo individual sino partir de lo macro social y políti-co.

Considero que el principal criterio para pensar la igual-dad a este nivel, es reconocer la igualdad entre las diferentesformas de gobierno de cada una de las culturas que confor-man un país, y así reconocer igualdad entre las diferentes for-mas políticas de sus sociedades. La cuestión es cómo sereconoce igualdad entre diferentes formas de gobierno. A miparecer, esto sólo se logra incorporando estas diferentes for-mas de gobierno en el modo en que se define el régimen polí-tico como una forma de gobierno del conjunto de un país. Estoimplica que no sólo se trata de delimitar en que ámbitos fun-

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cionarían las formas políticas de las culturas subalternas, ge-neralmente secundarios y periféricos, y definir el núcleo enbase a la cultura históricamente dominante. Se trata de com-poner una forma de gobierno que se vuelva una forma decogobierno multicultural.

En este sentido, producir la igualdad política entre cultu-ras implica pensar la configuración de un nuevo núcleo co-mún, que tiene que ser deliberado, decidido, por los diferentespueblos y culturas. Si se trata de pensar la igualdadmulticultural, creo que no se puede empezar por el individuoy su condición de igualdad frente a la ley porque esto estásuponiendo que ya hay un estado, una constitución frente a lacual se iguala, se iguala con otros individuos, a través de lamediación política estatal. Considero que mientras no se esta-blezca igualdad macro entre las formas de autogobierno dediferentes pueblos y culturas, las personas e individuos quepertenecen a las culturas históricamente subalternas por laconquista, seguirán siendo discriminados, ya que se conside-rara que provienen de una cultura que es incapaz deautogobierno, de autodirección y autodesarrollo. En ese senti-do, tampoco se los valora por lo que contienen como expe-riencia y cultura política, a partir de sus matrices culturales,sino por lo que hayan aprendido en el seno de las institucio-nes de la cultura moderna dominante.

Mientras se piense la ciudadanía en condicionesmulticulturales a partir de la igualdad entre individuos, semantiene intacta la dominación del marco estatal y jurídico deuna de las culturas, la dominante. Por eso creo que la estructu-ra de las declaraciones universales de los derechos del hom-bre y del ciudadano, desde las primeras del siglo XVIII hastalas últimas versiones remendadas de la noción de derechoshumanos que están vigentes hoy, no son suficientes para en-frentar el problema de la igualdad intercultural. La concep-ción de humano y, sobre todo, del individuo, o de manera másamplia el modo de concebir derechos a partir de lo individualsin discutir la forma especifica que debe adoptar la forma po-lítica de gobierno, sigue siendo eurocéntrica; aunque desdealgunas tradiciones críticas del mismo pensamiento modernose puede hacer una crítica de los fundamentos metodológicose históricos de ese modo de pensar individualista los dere-chos humanos.

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formas de gobiernos de diferentes pueblos y culturas no im-plica que éstas permanezcan intocadas y se las esencialice, yaque esto no lleva a la construcción democrática. Si recorda-mos el modo en que se introdujo antiguamente el principio dela igualdad política, cuando se inventa la democracia en Gre-cia, vemos que ésta sirve para pensar y hacer posible la parti-cipación de las personas en un ámbito público en el que elejercicio de su libertad en los procesos de deliberación lleva adecidir, a través de la discusión colectiva, la dirección que hade tener la ciudad, no de manera definitiva sino como un pro-ceso abierto a revisión. En este sentido, para pensar la cues-tión de la ciudadanía igualitaria y democrática entre culturashabría que pensar que el reconocimiento de igualdad políticaentre las formas de autogobierno de los diferentes pueblos yculturas debe ser procesual.

Primero, se necesita la institución del principio del reco-nocimiento igualitario, lo cual habilita a cada una de las cultu-ras a sostener que su forma de autogobierno no sólo es buenao pertinente para dirigir los asuntos colectivos en el seno desu pueblo sino también para procesar la dirección del país. Sise da la situación de que uno de los pueblos y culturas postuleque su forma política de gobierno es superior y puede servirpara gobernar por si sola el resto de los otros pueblos y cultu-ras, pasamos a una nueva forma de etnocentrismo y se anulala posibilidad de la igualdad política. No se trata de que otraforma política nos haga más iguales, sino que lleguemos a seriguales a partir de nuestra propia historia, transformándola siésta ha producido predominantemente desigualdad en su his-toria.

El siguiente paso es lo que he llamado transcrítica, que esun proceso complejo que pasa por el conocimiento de las otrasculturas y pueblos, en este caso específicamente de sus formasde gobierno, pero sólo se puede entender la consistencia y elcarácter de estas formas de gobierno, entendiendo el conjuntode las sociedades que dirigen. Pasa también por el proceso deutilización de ese conocimiento para hacer la autocrítica delas instituciones, normas y estructuras sociales que producendesigualdad en el seno de cada una de las culturas del resto delos potenciales ciudadanos de la unidad política que se pre-tende construir. Pasa también por la crítica de las estructuras

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civiles se plasmaron en aquellas leyes que han organizado elrégimen de propiedad privada, sobre todo, y también en aque-llas leyes que protegerían la vida individual. Estos son los fi-nes con los cuales se legitima el grado de monopolio que elestado establece sobre la vida política. Los derechos configu-ran las condiciones de la vida en el ámbito de lo privado.

Mucho más tarde -siglo XIX para Europa y mediados delsiglo XX para América latina- se reconocen los derechos polí-ticos, para elegir a aquellos que se encargarían de legislar, porun lado, sobre estas dimensiones del régimen de propiedadprivada y de la seguridad, y de ejercer el gobierno en conjuntode la sociedad, que implica también, paulatinamente, el reco-nocimiento del derecho a ser elegido para cumplir esas fun-ciones. Esta histórica distinción, que hace que los derechos enprincipio se refieran sobre todo a la configuración del ámbitode lo privado, y sólo, luego, tardíamente, al derecho a partici-par en la configuración del gobierno, hace que, también, elmodo de concebir los deberes sea básicamente económico. Enprincipio, el principal deber de los cuidadanos, y de la formade súbdito que la precede, es la contribución fiscal, impues-tos. En este sentido, el deber del ciudadano consiste en finan-ciar y sostener económicamente al gobierno, y no en participaractivamente del proceso de gobierno.

Esta es la principal diferencia entre las formas modernasen general, y en particular entre las versiones liberales quepredominan en este tipo de cultura, y las formas más o menoscomunitarias de organización de la vida social, en la que nohay este tipo de distinción y distribución de diferentes nivelesrespecto de los derechos y los deberes. En las formas no mo-dernas de organización social, que no se han convertido ya enun tipo de imperio y, por lo tanto, de formación socialtributaria15 , los derechos tienden a plantearse en el mismoámbito y nivel de los deberes.

Pensemos en la organización de las comunidades en el te-rritorio quechua y aymara hoy, sobre todo en aquellos ámbi-tos que no han sido transformados ya, en parte, por la

15. Samir Amin sugiere el concepto de formación social tributaria en su libro Clases ynaciones en el materialismo histórico, El viejo topo, 1979.

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conversión en haciendas en épocas de expansión del latifun-dio a fines del siglo XIX, y primera mitad del siglo XX, vemosque el acceso a derechos - que implica desde acceso a la tierra,como el ámbito primordial de trabajo y fuente de los bienespara la reproducción de la vida, individual, familiar y colecti-va, hasta el trabajo de otros para estos mismos fines- es algoque va acompañado del deber de participar en la dimensiónpolítica de la misma comunidad. El acceso a la tierra en parti-cular está ligado a la participación en el sistema y la estructurade cargos. Hay una fuerte relación entre derechos y responsa-bilidades o deberes políticos, que son, también, sociales.

Hay un tipo de organización comunitaria, en la que loque podemos llamar derechos civiles y sociales implican res-ponsabilidades políticas. Dicho de otro modo, las formas co-munitarias, que son bastante extendidas en varias regionesdel país, el tener derechos civiles y sociales –lo que es ya unatraducción-, implica responsabilidades y deberes políticos, quepasan por la participación en las asambleas comunitarias, paradeliberación sobre los problemas colectivos y la dirección quehay que tomar; también por la participación en el sistema decargos, organizado en un grado de complejidad y responsabi-lidad creciente. En el seno de la forma comunitaria, en rigor,más que hablar de derechos políticos en principio lo que hayson deberes políticos, de participación en las responsabilida-des colectivas de la comunidad, asumiendo los cargos de au-toridad que están establecidos para regular su relación con lanaturaleza, y también a nivel social. Es esta participación polí-tica, en términos de nuestra cultura, lo que habilita a tenerderechos civiles y sociales, aunque esta última relación obvia-mente es una traducción que no corresponde precisamente ala distinción moderna.

La práctica de reciprocidad que acompaña estas formascomunitarias, en tanto proceso de regulación interna y decomplementación, implica que el ámbito de despliegue dederechos y deberes se da a través del conjunto de las relacio-nes o interacciones entre miembros de la comunidad en susdiversos ámbitos de práctica económica y cultural , y no así demanera privilegiada entre individuos, familias , y en una ins-tancia de poder político que sería la que les garantizaría la pro-piedad y la seguridad individual. En la forma comunitaria devida social el derecho no está pensado en tanto posibilidades

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bertad, y la propiedad de otros, sino la salud de la comuni-dad. Es decir, el derecho no está pensado en términos derelación entre libertades individuales, y los límites que se plan-tearían en esta dinámica, sino entre la acción individual, fami-liar, colectiva, y la forma de la comunidad como tal, su destinoy la preservación y bienestar de la misma.

En el estado moderno, y en el liberal en particular, se con-cibe los derechos a partir del reconocimiento de las libertadesindividuales, como un núcleo en torno a la propiedad, que sedespliega en términos de relaciones entre individuos, que ten-drían como mediación el poder estatal, que es el que pondríalos límites a través de las leyes, y de la amenaza de usar lafuerza concentrada cuando se considere que éstos han sidotraspasados. Pero los derechos, su núcleo doctrinal sobre todo,privilegian la finalidad individual, y no así la finalidad colec-tiva, es decir, la preservación, el cuidado, inclusive el desarro-llo, de la forma global de relación social.

Luego de comparar, se puede plantear la diferencia delsiguiente modo. En el seno de las formas comunitarias de vidasocial, los derechos individuales están pensados al interior ycomo parte de los fines colectivos; en cambio en las formasmodernas, en particular en la modalidad liberal, los derechosestán pensados en términos individuales, y de una maneraseparada de la finalidad colectiva. De hecho, los liberales enparticular, sostienen que el estado debería abstenerse de serun espacio político en el que deberían producirse fines colecti-vos, ya que consideran que de darse esto, o cuando se ha dado,esto acaba siendo una forma de coerción y de limitación enrelación a la libertad de los individuos.

En torno a esta relación entre individuos y fines colectivoscabe de distinguir dos momentos o facetas. Primero, la másgeneral, que consiste en que en las formas comunitarias devida social lo que se plantea o configura es el que los derechosindividuales y familiares se piensan y son posibles y legítimosdentro de los fines de la comunidad, y en particular de su pre-servación en el tiempo. Por el otro lado, en concepciones mo-dernas, en particular las liberales individualistas, se sostieneque hay una primacía de los derechos individuales por sobrefines colectivos, el estado debería abstenerse de determinar

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fines colectivos. Se ve, sin embargo, que en tanto los estadosmodernos han sido gobernados, por lo general, por represen-tantes o miembros de las clases dominantes, los fines que hapromovido el estado se acaban identificando primordialmen-te con aquellos que responden a los intereses y fines del blo-que económico-político dominante. Sólo la historia dedemocratización de los estados ha hecho que estos resultadosa veces sean compuestos, que contengan, en tanto reforma ypolítica del estado también, inclusión de derechos, intereses ydemandas de sectores subalternos en la estructura económicay en las estructuras políticas de gobierno, y de participaciónpolítica.

Lo que se puede ver, entonces, es que la negativa liberal aestablecer fines colectivos o pensar en el bien común, en reali-dad es una negativa a que este proceso ineludible por el quetodo estado o forma de gobierno tiene que dirigir el país y susociedad en algún sentido sea hecho con la participación, laopinión, y el peso de la participación política de todos los ciu-dadanos. Por eso la forma predominante de la política moder-na es la delegativa.

En el ámbito comunitario cabe pensar, también, las cosasen términos procesuales. Si bien hay un predominio de la for-ma comunicaría o lo global como horizonte dentro del cual esposible pensar los derechos individuales, esta no es una defi-nición permanente de los fines colectivos, ya que si bien hayuno que se puede sostener de manera regular, que consistiójustamente en la preservación de una forma de vida, una cul-tura, un pueblo, esto es algo que debe discutirse de maneraconstante, en términos de proceso de toma de decisiones paraenfrentar los cambios, tanto en las condiciones naturales, eco-nómicas y las relaciones políticas que la comunidad establececon otras, así como el movimiento y los cambios en la vidasocial en el seno de cada comunidad, tanto a nivel local comoen las redes ampliadas, como es el caso de la estructura deayllus.

Un fin colectivo es preservar la comunidad, entonces esun deber participar en la toma de decisiones y las tareas nece-sarias para lograr ese objetivo, algunas de ellas ya organiza-das como un estructura regular en el tiempo, que para el casoimplica asumir algunas posiciones de autoridad temporalmen-

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coyuntura y cada caso en particular. Los fines colectivos noestán dados ya de una vez y para siempre, en todo caso, ladimensión política de una sociedad consiste en un conjuntode espacios y procesos por medio de los cuales los miembrosde una sociedad o comunidad enfrentan el movimiento de lamisma y, por lo tanto, la constante necesidad de ir evaluandoalternativas de dirección para tomar decisiones que en algu-nos casos implica legislar, es decir, establecer normas perma-nentes y ordenamiento social y político; en algunos otros casossólo políticas de acción, o de manera más específica, accionesdeterminadas.

En el seno de los estados modernos que no se han demo-cratizado en alguna medida, los fines colectivos son definidospor la clase dominante. En aquellos estados en los que, a tra-vés de espacios llamados de representación, han incluido lapresencia de más sectores sociales en la vida política, los finescolectivos, por lo general, resultan de un proceso de legisla-ción atravesado por la negociación, que corresponde al pesoque han logrado tener aquellos grupos organizados que, deacuerdo a la ley electoral, incluye o excluye minorías.

En el caso de las situaciones coloniales y de abigarramien-to, los fines colectivos o los fines políticos al nivel del gobiernode los Estados responde, por lo general, a la cultura dominan-te y, dentro de ella, al polo dominante dentro de la culturadominante.

El asunto, entonces, es cómo democratizar la cuestión delos derechos en la relación entre culturas que históricamentehan mantenido relaciones de desigualdad y de dominación,de discriminación y relativa exclusión. Al avanzar en esto,aunque sea la prefiguración de una núcleo intercultural de-mocrático, primero sugiero un par de categorías para comple-mentar algunas consideraciones más que sirvan de pasointermedio en este proceso de elaboración: una de ellas es lade horizonte de inclusión y la otra, complementaria, la de cie-rre político.

Históricamente, las modernas formas de ciudadanía se hanrelacionado fuertemente a los procesos de invención y cons-trucción de los estados – nación. En este sentido, la idea de

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nación ha funcionado como el horizonte cultural de inclusión,es decir, aquellos que forman parte de la misma nación ten-drían el mismo tipo de derechos. La nación es pensada comoel horizonte de la igualdad política posible y organizable. Entanto la mayor parte de los estado-nación, incluido Bolivia,han sido construidos sobre territorios multiculturales, el hori-zonte político de la nación, como un horizonte de inclusión,implicaba la configuración de un nuevo tipo de identidad yde espacio político en el que no se estaba integrando a puebloscon identidades y conjuntos de derechos y formas políticaspreviamente existentes, sino en una nueva configuración, locual implicaba cierta transformación o, por lo menos, un do-blaje, es decir, la existencia política en un otro nivel nuevo deconfiguración estatal.

La nación, a la vez que funciona como un horizonte deinclusión, también es una forma de cierre político. El cierrepolítico es una configuración de dos cosas: por un lado, unconjunto de criterios y de prácticas por medio de las cuales seorganiza la pertenencia y participación en un determinado tipode espacio social de relaciones sociales, que implica, por lotanto, también el acceso y control sobre un conjunto de recur-sos y de bienes. La noción de cierre social, que está presente enWeber16 , la quiero utilizar para pensar la nación, y luego laciudadanía, en la misma perspectiva. Se suele decir que perte-necen a la misma nación a aquellos que tiene un mismo origencultural, lengua, historia; por lo tanto, una misma concepciónde mundo, creencias y que comparten un mismo territorio,conjunto de leyes y forma de gobierno. Si fuera así, el criteriode inclusión o pertenencia a la nación, es el tener un mismoorigen étnico, en consecuencia, también compartir la lengua,lo cual va acompañado, hacia atrás, del hecho de compartirun mismo sistema de relaciones sociales. Esto se va modifi-cando en la medida en que hay mayor integración entre cultu-ras y miembros de diferentes culturas.

De otro modo, el cierre político estaría establecido en tor-no al origen étnico de una comunidad lingüística, pero histó-ricamente vemos que, a través de la historia, la mayor partede los estados nacionales establecen el cierre político de inclu-

16. Weber, Max. Estructuras políticas, La pléyade, 1971.

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en principio, está definido por el nacimiento, por el lugar denacimiento o también por el origen y ciudadanía de los pa-dres. Las naciones, en este sentido, son más identidades esta-tales que culturales, lingüísticas y étnicas. Esto sigue pesandoen las capacidades de éxito de articular alguna nación para losestados modernos.

La condición de ciudadanía es la que, de manera más cla-ra, establece el cierre político, los límites de la inclusión entorno a un territorio legal o estatal. La ciudadanía es una con-dición de inclusión o pertenencia a un estado que tiene fronte-ras delimitadas. La nación es algo complementario en el sentidode que no basta una identificación abstracta ante un estadoque sólo sería un estado de leyes, sino que también se hacenecesario identificarse con un determinado tipo de pasadohistórico, de sentidos compartidos, que son las cosas que que-dan articuladas en otras dimensiones de la cultura y, sobre todo,la lengua. Se necesita la nación para darle carne y hueso a laabstracta pertenencia legal a un estado como sistema de leyes,de instituciones de gobierno y administración del poder polí-tico.

Los regímenes de ciudadanía son formas de establecer uncierre político para marcar las fronteras de un estado, en tér-minos ya no sólo de territorio sino también de población in-cluida. En este sentido, sirve para diferenciarse y marcar lasfronteras en relación a otros estados, otras comunidades, so-ciedades y países. Las formas de ciudadanía son, así, comohorizontes e identidades de inclusión y de demarcación de lasfronteras respecto de otros estados y sus poblaciones.

Ahora bien, en países que han pasado por la experienciacolonial, la cosa se complica. Durante mucho tiempo, en la his-toria boliviana la nación que correspondía al estado no incluíaa la población y a los pueblos que históricamente fueron con-quistados y luego incluidos de manera subordinada como súb-ditos en la república post independencia. En este sentido,teníamos una nación boliviana que no incluía simbólica ni le-galmente a toda la población en términos de igualdad. A estova ligado también el rasgo del segundo aspecto: ciudadanía,no se les reconocía condición ciudadana, es decir, derechosiguales frente y dentro del estado boliviano. En este sentido, y

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durante largo tiempo, tenemos un estado que no incluye comonación a los pueblos originarios, en consecuencia, tampoco lesreconoce ciudadanía. A esto, algunos le han llamado colonia-lismo interno. Se trata de un estado sin nación ampliada niciudadanos, que tiene básicamente una población en condi-ción de súbditos.

En este sentido, se puede pensar que la articulación deldiscurso del nacionalismo revolucionario, en la primera mi-tad del siglo XX, prepara las condiciones político-ideológicas,simbólicas también, para modificar la noción de nación y am-pliarla de tal modo que incluya a estos pueblos, sólo que lanación no era un tipo de unidad político – cultural ya existen-te, sino un proyecto político de unificación, como base social,de un nuevo estado definido en términos modernos.

La nación, en tanto construcción histórica, es un tipo deunidad política definida en torno al hecho de compartir unamisma cultura política, un mismo conjunto de institucionesde gobierno, de leyes y de espacios políticos de participación,lo cual implica también una historia. Cuando no se reconocederechos a todos da lugar a que se desarrollen historias para-lelas. En este sentido, veamos en la historia boliviana cuáleshan sido los núcleos y las formas de producción de lo común,para pensar a partir de eso la ampliación que implique unademocratización en las condiciones actuales.

La primera forma es el proyecto nacionalista. El proyectonacionalista revolucionario incluye a toda la población exis-tente en territorio boliviano, pero en términos de su diferen-ciación social y no tanto en términos de diferenciación depueblos y culturas; los integra como campesinos, obreros, cla-ses medias, artesanos, es decir, en base a las formas de dife-renciación producidas ya en el seno de las sociedades modernasy en los procesos que inducen a la expansión del capitalismosobre otras formas de organización social. La nación del na-cionalismo es una nación moderna, popular, que no tiene unaidentidad étnica específica. La identidad se produce en tornoa una historia común y el proyecto de democratizar el controlsobre los recursos naturales en el país a través de unaredistribución más amplia de los productos de los procesosproductivos.

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mún La condición de ciudadanía que se instaura después del

52 corresponde a esa idea de nación, a una nueva forma deunidad política, que sería la base social del nuevo estado. Porlo tanto, el reconocimiento que se hace en términos de sufra-gio universal y de reforma agraria corresponde a los princi-pios organizadores de un estado nacional moderno, quellegaría ser una unidad una vez que se controlen los recursosnaturales. No se trata de una igualdad entre lo existente, esdecir, entre los pueblos históricamente existentes y diversosculturalmente. Como estos pueblos persisten, siguen existien-do, y la reorganización del estado se hace en base a uno de losmodelos de organización moderna que es el estado nación, enel caso boliviano en torno a un capitalismo de estado y la ra-cionalidad que lo acompaña, la desigualdad cultural persiste,sobre todo persiste allá donde no ha penetrado la reforma agra-ria. Se podría pensar que la reforma agraria es un criterio yuna práctica de igualación en el seno de las instituciones delproyecto nacionalista moderno y, por lo tanto, ésta se extiendehasta allá donde la reforma agraria se ha realizado.

Tiempo después, sobre todo en el altiplano se articula elproyecto de la nación aymara, es decir, un proceso de unifica-ción, articulación política, articulación de una identidad co-mún en bastos territorios que comparten un mismo origenétnico, una misma lengua, una concepción del mundo, unaforma de producción, es decir, un tipo de civilización agraria,pero que no formaban una unidad política. Según los investi-gadores, no la formaron antes del dominio quechua impuestoy organizado por el imperio incaico, ni después de la indepen-dencia. En este sentido, la nación aymara es un proyecto polí-tico básicamente articulado por el discurso katarista. En estesentido, tenemos la emergencia de un proyecto nacional des-de el seno de uno de los pueblos y una de las culturas históri-camente subordinadas por la colonización. Se trata de unpueblo, de una cultura que ha persistido por siglos. Para cues-tionar las relaciones de subordinación y discriminación en elseno del estado boliviano, articulan políticamente su historia,su identidad y sus fuerzas políticas.

Esto no ocurre de una manera homogénea y sin conflictos.Hay varias versiones de la nación aymara, sobre todo en tér-minos del proyecto político. Una de ellas se lega al proyectode una refundación del Kollasuyo, que implicaría, entre otras

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cosas, reformar también el resto del territorio boliviano segúnel modelo de organización comunitario aymara. En otra ver-tiente, se trata del desarrollo político de lo aymara para pro-ducir una reforma en el seno del estado boliviano que impliqueuna democratización que introduzca mayor igualdad, lo cualimplicaría promover una ampliación de la ciudadanía sobretodo en el seno de las organizaciones de la cultura y la socie-dad dominantes hasta ahora, a través de la inclusión, en tér-minos de igualdad, de la participación política y de la culturay la lengua de otros pueblos; sobre todo en los procesos edu-cativos, en los servicios de salud y en otras instancias de laadministración pública y de la administración de la justicia.

El desarrollo del katarismo produjo que, en la segundamitad de los años 80 e inicios de los 90, se produzca una refor-ma de los discursos políticos, sobre todo en el campo de laizquierda y de las organizaciones sindicales campesinas, queimplicaba considerar la reforma del Estado boliviano en tér-minos de un Estado multinacional. Esta fue la manera que,durante este tiempo, se estaba pensando el reconocimiento delcarácter multicultural del país al nivel de reforma y forma deEstado. La idea de estado multinacional implica que las de-mandas y las formas de pensar la igualdad pasan del ámbitode lo socioeconómico, al ámbito de las culturas y las identida-des. Esto siempre es un medio para llegar o para desplegar ladisputa por el control de los recursos naturales y económicosen el país y, también, los espacios políticos de gobierno. Laidea de lo multinacional estuvo presente en el discurso y pro-yecto de varias organizaciones campesinas, sindicales y polí-ticas de estos años, inclusive en el primer intento deorganización y legalización del actual MAS, que en principiopretendía llamarse Asamblea por la Soberanía de los Pueblos.

Lo que se sigue perfilando, después, es una reconfiguraciónde lo nacional popular producto del desarrollo del katarismo,del debilitamiento del proletariado minero y también del pro-ceso de formación de las varias organizaciones de los pueblosde la Amazonía, el Chaco y el Oriente del país. En este senti-do, se pondría hablar de algo que se puede llamar lo nacional-popular en Bolivia o la nación, se ha desplazado hacia unnúcleo más campesino e indio, complementado o compuesto,también, por lo obrero, lo urbano popular. Esto es una compo-sición de diferenciación social con identidades culturales, y

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mún todo unificado en torno al proyecto de nacionalización de los

recursos naturales. Lo que une a las diversas organizacionessindicales campesinas, organizaciones de pueblos indígenas,y también movimientos sociales contra la privatización delagua, el gas y la tierra, no es una identidad cultural en la quese comparte un mismo origen étnico, sino lo que los une es elproyecto de nacionalización, de control sobre los recursos na-turales del país, como condición para poder financiar una re-forma y redirección de estado, que recomponga de maneramulticultural la presencia más igualitaria de todos estos sec-tores y pueblos en el seno de la forma de gobierno del país.

En este sentido, como el núcleo tiene que ver con el régi-men de propiedad y el tipo de control sobre los recursos natu-rales, cuándo se habla de ciudadanía no sólo se trata de unalucha por creciente participación en los procesos electorales, opor la elegibilidad de más cargos a más niveles de descentrali-zación de estado –cosa que también está en curso-, sino, sobretodo, sobre el régimen de propiedad. Esto implica que unaredefinición más democrática de la ciudadanía en el país, nopuede abordar de manera totalmente separada los derechosciviles, los políticos, y los sociales; a nivel macro se necesita dealgunas definiciones combinadas que coordinen los tres as-pectos.

Lo que se está prefigurando en la historia reciente del países que la condición material que puede hacer posible un tipode unidad política, que se pueda llamar nación boliviana oestado boliviano con rasgos multiculturales, es la nacionaliza-ción de los recursos naturales. La nación tiene una base econó-mica que a su vez tiene una base política, es decir, el controlque tendría el estado o el gobierno del país sobre las condicio-nes naturales de los procesos de producción y reproducciónde la vida social. Esto implica que avances en la igualdad, quesería uno de los objetivos de ampliar la ciudadanía en térmi-nos democráticos, en Bolivia pasa por un proceso extensivode nacionalización completa de la tierra y el conjunto de susrecursos naturales. Parece que la igualdad entre pueblos y cul-turas no se va poder lograr si es que no se realizan estos proce-sos de nacionalización. La nacionalización no es sólo unacondición político legal de inicio, tiene que ser complementa-da por los procesos de organización de los procesos producti-vos, a partir de esa reforma.

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Lo que hoy está planteando la historia reciente del país, esque para poder instaurar igualdad política al nivel de los es-pacios de participación política y toma de decisiones, sobretodo en las relaciones entre pueblos y culturas, primero es ne-cesaria una condición de igualdad en relación a la propiedadde la tierra y los recursos naturales. Esto implica, si vamosmás allá, de que no es suficiente una nacionalización en el sen-tido de estatización, como se practicó el 52, que bien pudo con-vivir durante mucho tiempo, en aquellos márgenes donde serealizó nacionalización y reforma agraria, con el desarrollo deestructuras económicas que mantenían la desigualdad entremiembros de diferentes culturas, y entre estructuras socialescorrespondientes a diferentes pueblos y culturas. Las formascontemporáneas de cuestionamiento de las desigualdades eco-nómico sociales, que tienen que ver con el monopolio de latierra, los latifundios, la entrega a transnacionales del mono-polio de explotación de los recursos naturales, y de los servi-cios públicos del agua en particular, hacen pensar o planteanque no basta el reconocimiento de la igualdad ante la ley, quereconoce la posibilidad del derecho a la propiedad privadacuando esta funciona, sobre todo, para concentrarla, sino quees necesario avanzar en formas más institucionales y prácticasde producir no sólo la igualdad formal sino, también, mayorigualdad en los resultados, a través de reformar las estructu-ras socioeconómicas, en particular el régimen de propiedadpara producir mayor igualdad política. Aunque, es el recono-cimiento de mayor igualdad política el que va produciendolas redistribuciones progresivas de la riqueza social, si se venlos resultados históricos de manera comparada. Vuelvo sobreesto con más argumentos.

Quiero dar un rodeo, por el análisis de la composición yestructura moderna en la concepción de los derechos y la ciu-dadanía. En uno de sus núcleos, concebido como derechos ci-viles, se tiene que uno de los principales derechos es el de lapropiedad privada. Éste, por lo general, no ha servido paraproducir la igualdad y la libertad individual sino, más bien,para expandir la desigualdad y la explotación; por lo tanto,para recortar las libertades y los poderes de individuos parapoder participar en la vida política e influir en el gobierno desus países. En este sentido, en el núcleo de la estructura y com-

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mún posición de las ciudadanías, tal cual se conciben hasta hoy,

está el reconocimiento legal de la desigualdad, y la estabiliza-ción del núcleo de producción de la misma a través de la ley.Por esto, creo que el principal núcleo que hay que revisar parademocratizar las sociedades modernas, y la relación de éstascon otro tipo de culturas, es justamente este ámbito de los de-rechos civiles que tiene que ver con la propiedad privada, quetiende a legalizar procesos de concentración de la propiedady, por lo tanto, de la riqueza o el producto del trabajo de unpaís.

A través del dominio colonial los conquistadores se apro-piaron de tierras y territorios que formaban parte del hábitatproductivo y social de las culturas locales. Esto ha continuadodespués a través de la independencia con la haciendas y loslatifundios, que se han expandido por todo el oriente y el surboliviano, durante mucho tiempo también por la parte andinadel país.

Tomando en cuenta el dato central, que la mayor parte delos pueblos y culturas existentes en el país no corresponden auna matriz capitalista y moderna, que tienen un tipo de cul-tura agraria y que ésta se basa en el modo en que uno se rela-ciona con la tierra y utiliza los recursos naturales de maneracolectiva, cabría pensar que la principal reforma al nivel delos derechos en el país tendría que ver con la propiedad de latierra y la utilización del conjunto de los derechos naturales.

Dicho en breve, la igualdad política en el país, o la igual-dad de derechos, pasa en principio por la colectivización de latierra y el conjunto de los derechos naturales, consideradoscomo un bien público general. El conjunto de estos recursostiene que ser de propiedad colectiva. Este derecho se podríaformular en principio del siguiente modo: todos tenemos de-recho a la propiedad colectiva del conjunto de los territorios ysus recursos en el país. Lo digo así porque el derecho a la pro-piedad colectiva se convierte en la posibilidad de que cadapersona y familia también pueda acceder a la utilización delos mismos, en términos tanto de usufructo como de contribu-ción a los bienes sociales, producidos por el conjunto de losprocesos de trabajo. En este sentido, este criterio tiene que sercomplementado, no por la idea de que cada quien se apropiade lo que existe en el territorio que ocupa. Retomando expe-

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riencias históricas, una de origen prehispánico y otra del ladomás democrático de la historia moderna, cabe pensar en elprincipio de redistribución de los bienes y el producto social,de tal manera que se pueda producir igualdad a través de te-rritorios y poblaciones, que siempre van a tener un desigualacceso a recursos, por la fertilidad, la productividad de la tie-rra, y por la existencia o no de recursos naturales, en unas zo-nas sí y en otras no. En este sentido la demanda de autonomía,con la finalidad de control sobre los recursos naturales y eco-nómicos de una región, que no sería por toda la población detoda la región sino por las elites locales, es altamenteantidemocrática.

Creo que una ampliación democrática de la ciudadanía enel país pasa por una combinación de un principio de colectivi-zación general de todos los espacios, territorios productivos ylos recursos naturales, con un principio de redistribución jus-ta, que produzca la igualdad y el equilibrio en el acceso a re-cursos y bienes en el conjunto de la economía y las institucionesde producción, de administración y gestión de los bienes pú-blicos. La propuesta de autonomía, tal cual está siendo plan-teada hoy, lleva a reforzar el criterio de la propiedad privada yel control monopólico a nivel regional. Por el tipo de estructu-ras que existen de manera predominante en las regiones quelas están demandando, implica reforzar el patrimonialismo yla desigualdad en términos de integración interregional en elpaís.

Se podría argumentar que esto, el unir socialización, na-cionalización generalizada, con mecanismos de redistribucióninterregional, no respetaría la especificidad de las culturas delpaís. Sobre esto dos cosas. Primero, quienes están demandan-do autonomías no son pueblos ni otras culturas diferentes a lacultura dominante, sino el sector más patrimonialista del polodominante, de la cultura dominante; por lo cual no se justificade ninguna manera la autonomía en términos de que esto nollevaría a una mayor democracia entre pueblos y culturas. Porel otro lado, para respetar o enfrentar la democratización en larelación entre culturas existentes en el país, lo que sí se puedehacer es complementar los dos criterios previos: el derecho ala propiedad colectiva y a la redistribución justa del conjuntode los productos del trabajo en el país, con el principio de quelos diferentes nichos ecológicos y estructuras económicas re-

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mún gionales puedan ser gestionados de acuerdo a las tradiciones,

estructuras, y saberes propios de las culturas que histórica-mente han habitado esos territorios y a partir de eso tienen unmayor conocimiento sobre la gestión productiva y social enesos espacios. Voy a llamar a esto una dimensión de autode-terminación productiva, que tendría que complementarse conel criterio de la complementariedad o subsidiaridad a niveldel conjunto del país. Esto implica, por un lado, el derecho arecibir a la contribución de los mejores adelantos en tecnolo-gía, saber productivo, y diversos tipos de conocimiento nece-sarios para mejorar los procesos de trabajo y el equilibrioecológico en cada región económica; el derecho a recibir losinsumos económicos, sociales y políticos del resto del país y,en particular del gobierno central, para llevar adelante estosprocesos en las mejores condiciones posibles, que permitanno sólo la reproducción ampliada y democratizante en el senola población encargada de gestionar cada territorio, sino tam-bién –y con esto pasamos al nivel de la responsabilidad y eldeber- esto habría que ligarlo a que el derecho a estas contri-buciones recibidas implica el deber de contribuir en la mismamedida con recursos económicos, sociales, tecnológicos,cognitivos, a los procesos de trabajo y gestión local, munici-pal, regional, y nacional, es decir, con el resto de las regiones,pueblos y culturas, y también con el gobierno nacional, quetiene que ser financiado por el conjunto de los pueblos y cul-turas, para poder establecer la coordinación necesaria que per-mita ir produciendo creciente igualdad en el conjunto de losterritorios, poblaciones, pueblos y culturas en el país.

Este cambio al nivel del régimen de propiedad y controlsocial en el conjunto del país, me parece que sería el primercomponente en lo que llamo núcleo común intercultural. Ahorabien, este tipo de reforma implica el que el conjunto de pue-blos y culturas, incluida la dominante, reduzcan o desarmensu etnocentrismo en lo que concierne al control del territorio.Me explico, lo que he comentado o propuesto como criterio esuna posibilidad de reorganización económica, social y políti-ca, pero que tendría como condición de posibilidad el hechode que el conjunto de las culturas, a través de sus formas polí-ticas de toma de decisiones hayan resuelto pensar a Bolivia ( oel nombre que se le quiera dar) como el espacio común. Estoimplica pensar que el conjunto de los territorios y recursos

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naturales pertenecen a todos los pueblos y culturas, y que ha-bría una propiedad colectiva de todos sobre todos los territo-rios, que luego estarían gestionados de acuerdo a las diferentesculturas que históricamente ya han organizado la vida pro-ductiva y social en diferentes espacios.

Esta alternativa que estoy sugiriendo consiste en que laigualdad entre pueblos y culturas no pasaría por reconocer lapropiedad sobre ciertos territorios a una determinada cultura,en otra parte a otra, y el resto ser objeto de repartición según elcriterio de la propiedad privada, en los que, además, hoy hayun creciente transnacional de los núcleos económicos más va-liosos. Considero que la posibilidad de una mayor democrati-zación en Bolivia, implicaría una decisión colectiva ygeneralizada de todas las culturas y pueblos que implica con-cebir que la propiedad de todos los territorios y espacios es detodos los pueblos y culturas. Se trataría de una propiedadintercultural, ya no de propiedad de determinados territorioscorrespondientes a determinados pueblos o sólo a un puebloy cultura.

Obviamente, éste es un paso nuevo, pensando que lo quese hace es construir sobre territorios donde históricamente haexistido la desigualdad y, por lo tanto, no sólo basta reconocerderechos previos a la colonización, que es la otra alternativa,sino lanzarse hacia delante, estableciendo criterios mucho másamplios de configuración de lo común. En breve: propiedadde todo por todos.

Considero pertinente incluir un criterio de control mutuoentre diferentes pueblos y culturas sobre la gestión de los otrosterritorios. En la experiencia moderna de democratización lla-mada consociacional17 , hay un criterio que se incluye que es elde veto de minorías, que tiene que ver justamente con un me-canismo para integrar minorías culturales, a las cuales se lesreconoce cierto control federal de territorios que correspon-den a sus universos lingüísticos y de historia y tradición, pormedio del cual tendrían la posibilidad a nivel del gobiernonacional de vetar leyes y políticas que consideran que van con-tra el respeto o los intereses de su cultura. Aquí el veto funcio-

17. La sistematización teórica de esta experiencia se encuentra en la obra de ArendtLijphart

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mún na a partir de uno de los territorios y pueblos que vetan una

política o ley nacional, que iría a afectar a su cultura y su po-blación. Recordaba este criterio para adecuarlo de una mane-ra transformada a lo que se está sugiriendo. Si se concibe quela propiedad debiera ser de todos los pueblos sobre el conjun-to de los territorios y recursos existentes en el país, se puedepensar que como parte de este núcleo intercultural comúnhabría que concebir el derecho al veto de una minoría, es de-cir, que aquel pueblo que ocupa históricamente determinadoterritorio socioeconómico podría vetar una política nacionalque bajo el objetivo del interés común global, afectaría núcleossustanciales en la organización, reproducción de un determi-nado pueblo y cultura por no conocerlos suficientemente opor sobreponer de manera exagerada beneficios para el go-bierno central u otras regiones por sobre la calidad y buenavida de determinado pueblo y cultura.

Bajo el supuesto de que habría propiedad de todos lospueblos sobre el conjunto de los territorios y recursos del país,cabría pensar también en un veto que podrían establecer elresto de los pueblos sobre la explotación exagerada o el tipode desequilibrio ecológico o de reforma que en una determi-nada región acabe afectando negativamente la articulación ycoordinación del conjunto del país; por ejemplo, procesos deconcentración de la riqueza, corrupción, autoritarismo, o undesequilibrio entre las contribuciones que una región y unpueblo recibe y aquellas que podría aportar también a la diná-mica económica y política de otros pueblos, regiones, y al go-bierno central. Esto es, cabría un doble veto en los dos sentidos,la posibilidad de dos tipos de vetos: uno de cada pueblo sobrelas decisiones que el resto tomaría y que inmiscuyen a su po-blación y su territorio, cuando estos afectan núcleos sustantivosde su vida social y política; y también al revés: sobre las deci-siones locales o de un solo pueblo y cultura que acaban afec-tando el tipo de articulación democrática al resto de los pueblosy al núcleo común de gobierno del país.

En el aspecto más político de este núcleo comúnintercultural, la idea básica sobre la que se trabaja esta pro-puesta es que la igualdad intercultural y multicultural que sebusca y logra ampliando la participación de miembros de lasculturas subalternas en las instituciones de la cultura domi-nante, que en el caso del país se han organizado de acuerdo a

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una de las tradiciones, es decir, sólo una de las alternativasmodernas que es doctrinalmente de tipo liberal, no es la másadecuada dentro de las alternativas existentes en la historiadel mundo moderno. En este sentido, no basta declarar igual-dad ante la ley, que por lo pronto es la ley de la cultura domi-nante, y en el seno del diseño institucional que corresponde ala versión predominante de estos tiempos.

Hay que avanzar en el reconocimiento de varios derechos,que enuncio de forma sucesiva, y también en un diseño deforma de gobierno que permita sostenerlos. Primero, creo quepara lograr igualdad entre diferentes pueblos y culturas nobasta una creciente integración en torno al núcleo institucionalhistóricamente dominante, sino establecer la igualdad entrelas diferentes formas de autogobierno. La igualdad políticaimplica pensar primero a nivel macro, la igualdad entre lasdiferentes formas de autogobierno de esas culturas. La mayorparte de los pueblos existentes en el país tienen una sola es-tructura de autogobierno en el seno de cada pueblo. En el casodel ámbito moderno no existe sólo la alternativa que actual-mente se encuentra institucionalizando y organizando el esta-do boliviano; hay también otras, que se caracterizan más bienpor haber diversificado las alternativas de organización. Nose trata de establecer la igualdad de las formas de autogobiernode todos los pueblos en relación a la de la cultura dominante,que sería algo así como el mediador universal y, por lo tanto,seguiría manteniendo su centralidad, sino de establecer unahorizontalidad entre todas. Esto implica no darle unacentralidad de entrada a una de ellas.

Ahora bien, obviamente no basta reconocer la igualdadentre todas, eso implicaría –en términos de resolución políti-ca-, una separación de todos esos pueblos y culturas, que con-trolen cada uno su territorio y se autogobiernen según susnormas, que es una alternativa, pero ya complicada por todala historia de entrecruzamiento, composición y mestizaje quese han dado durante siglos. En todo caso hay que trabajar so-bre la alternativa de cómo democratizar la coexistencia, y notanto así la de la separación. En este sentido no basta recono-cer la igualdad, sino pasar a componer esa igualdad en térmi-nos de un gobierno común, de una forma de gobierno común.Esto implica que esta forma de gobierno tendría que ser com-puesta con los elementos provenientes de cada una de las for-

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mún mas de autogobierno. En esto sugiero el siguiente criterio de

selección de los aspectos de estructura política, procesos y es-pacios políticos que permiten prefigurar una reformamulticultural democrática. Se debe seleccionar e incluir a aque-llos que históricamente han producido mayor igualdad, ma-yor participación, dignidad a nivel colectivo y personal. Habríaque ir desechando aquellos que han funcionados como estruc-turas, prácticas y normas que han perpetuado formas de des-igualdad, de explotación, de humillación, discriminación enel seno de cada una de esas culturas.

Si se logra una decisión colectiva de diferentes pueblosy culturas de entrar a componer una forma de gobiernocomún, es decir, una decisión libre de componer una for-ma democrática de convivencia inter y multicultural, quedaría lugar al derecho de que su forma de autogobiernosea parte de las estructuras de gobierno que se van a orga-nizar y componer, a la vez se adquiriría el derecho a criti-car las otras formas de autogobierno o componentespolíticos de las otras culturas, en el sentido de que eso for-ma parte del proceso de selección, que es lo que permitiríademocratizar la relación entre pueblos y culturas, y llegaráa formar parte de la nueva estructura de gobierno y la for-ma de dirección y de organización de la vida política co-mún. Esto es, que a la vez adquiero el derecho de que seincluya mi forma de autogobierno, también adquiero elderecho a criticar las otras formas de autogobierno, Tienecomo contraparte el hecho de que también otros criticaríanla forma política propia o mi historia y cultura política.

La igualdad inter y multicultural no se logra sólo levan-tando los obstáculos coloniales, y las formas de discrimina-ción, dominación que han impuesto, y restituyendo estructuraspolíticas previas ( lo que podría llevar a la simple separación)sino que también hay que inventar de manera dialógica, y crí-tica, a través de la crítica a las formas políticas de unos y otros,aquello que nos pueda permitir reorganizar el país, de unmodo en que podamos pensar que hay un espacio o un con-junto de espacios políticos coordinados que llamamos comu-nes, y que éstos estén organizados en torno a principios ynormas que producen más áreas de igualdad.

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Formulados estos criterios en términos de derechos, hagoalgunas consideraciones al nivel del diseño de la forma degobierno común, o lo que se considera la cabeza del estado, laorganización del ejecutivo, para luego pasar al legislativo yvolver a pensar una rearticulación global con componentesprovenientes de diferentes culturas.

Empiezo por aquellas cosas que aparecen totalmente in-adecuadas para la democratización inter y multicultural, laprimera es la figura del presidencialismo. Bolivia o la consti-tución boliviana actualmente define el régimen político exis-tente como presidencialista. La cabeza del ejecutivo, elpresidente, se elige a través de procesos de competencia elec-toral a través de partidos, según la última reforma tambiénpor asociaciones ciudadanas y pueblos indígenas. El criterio yel proceso de selección es de corte liberal, pasa por la compe-tencia. Se ha visto históricamente que los procesos de compe-tencia en sociedades organizadas por estructuras dedesigualdad económica bastante amplias, básicamente favo-recen a que los puedan organizarse con más recursos para com-petir, que son aquellos que tienen algún tipo de monopoliosobre la propiedad de la tierra o otros ámbitos de la economíao del estado existente; por lo tanto, se convierte en una com-petencia entre oligarquías económicas y políticas. Se suponeque esto debería representar al conjunto del país, a través dellegislativo, pero básicamente lo que tenemos es representa-ción de oligarquías organizadas y competitivas. En algunasépocas, producto de largos procesos de organización social,tenemos también organizaciones de trabajadores que han lo-grado introducir sus formas de organización para competir enel seno de las instituciones liberales existentes, como es el casodel MAS y del MIP en los últimos tiempos.

En todo caso, lo que tenemos como resultado es un presi-dente que representa, más bien simboliza, el predominio de lacultura moderna dominante, el predominio de un bloque máso menos oligárquico predominante en la sociedad civil y en elestado boliviano a través de estos procesos competitivos. Elpresidente no representa la composición cultural del país. Lomás importante no es el hecho de la representación, sino elproceso de gobierno mismo. Bajo un régimen presidencialista-tal cual existe en Bolivia-, el proceso de gobierno no esmulticultural, ya que inclusive la inclusión eventual de minis-

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mún tros de origen obrero campesino, o de uno de los pueblos

(aymara, quechua o del oriente boliviano) en direcciones deejecutivo no implica la presencia de toda su cultura o pueblo;ya que están participando en procesos políticos de toma dedecisiones que corresponden a las instituciones de otra cultu-ra, por lo cual se reproduce la desigualdad en el seno de esasmismas formas de integración.

Considero que el primer cambio al nivel de la forma degobierno y de definición del régimen político en el país, debeser la eliminación del presidencialismo, hacia una forma cole-giada de gobierno. En países multiculturales el ejecutivo, o loque equivalga a lo que llamamos ejecutivo en el seno de lasinstituciones modernas, debe ser también compuesto pormiembros de las diferentes culturas y, por lo tanto, dado elgrado de diversidad cultural existente en el país, esta direc-ción debe ser colegiada o colectiva. Mientras sigamos tenien-do un presidente va a quedar claro que la vida política en elpaís no consta de una ciudadanía democrática igualitaria. Sesuele decir que un gobierno colegiado es más complicado ylento, pero es más democrático y podría decidir en la perspec-tiva del tiempo con mayor sensatez. La función representativapodría ser ocupada rotativamente por los diferentes miembrosdel ejecutivo en los plazos de tiempo establecidos. El núcleomás complicado de reforma es el ámbito de lo que llamamospoder legislativo. Cabe recordar que esta distinción entre po-der ejecutivo, legislativo y judicial es propia de una de lasculturas existentes en el país, la dominante.

En condiciones multiculturales es necesario pensar el de-recho al cogobierno, que anteriormente fue formulado comoel derecho a que la forma de autogobierno de cada pueblo seaincluido en la organización de la forma de gobierno común atodo el país.

Cogobernar implica compartir el ejercicio del poder y pue-de implicar también la división del mismo. Parece que la divi-sión de poderes es una medida que puede democratizar elpoder político o controlar el abuso del mismo sobre todo ensociedades que ya no están organizadas de manera comunita-ria o existen mas allá de la dimensión de ciudad – estado.

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Cabe pensar en qué medida es pertinente la división depoderes, tal como la conocemos en el ámbito de la historiamoderna, para organizar una forma de gobierno democráticamulticultural. Primero algunas consideraciones históricas com-parativas antes de pasar al nivel de la propuesta.

En las formas comunitarias de la vida social no hay unaestricta diferenciación entre poder ejecutivo, legislativo y ju-dicial. El momento asambleístico de la comunidad es el quetoma las decisiones, producto de su deliberación, tanto en tér-minos de líneas de acción como en términos de administra-ción de la justicia. En la medida en que las formas comunitariasno tienen una constitución escrita, para tomar decisiones pro-ceden en base a un conjunto de normas que estarían conteni-das en su concepción del mundo y transmitidas por vía detradición de una generación a otra. En la medida que no hayuna constitución escrita tiende a prevalecer la práctica de lareproducción de las normas por sobre la práctica de la revi-sión crítica y autocrítica en los mismos momentos asambleístas.

El tipo de práctica y vida política en el seno de la organi-zación comunitaria, por ejemplo, en las culturas agrarias tan-to de origen aymara y quechua como las de las culturas deloriente del país, se caracteriza por no tener una constituciónescrita y, por lo tanto, el momento político de su vida socialreproduce la normatividad tradicionalmente transmitida comomodo de dirigirse en el tiempo. Esto obviamente es presiona-do y modificado más puntualmente por la necesidad de adap-taciones que se tienen que hacer producto de las relacionescon otros pueblos, en particular con la estructura institucionaldel estado Boliviano, y también de los procesos económicosde expansión capitalista y comercial en el país.

Es diferente, por ejemplo, de la experiencia de la inven-ción de la democracia en Grecia, que tiene como uno de susrasgos la existencia de una constitución escrita, que va muyligada a la idea que las leyes son algo que constantementepuede ser revisado, en el ámbito de lo público, en el ámbito dela asamblea. Eso combina la reproducción de las creencias re-ligiosas y algunos criterios generales de organización socialcon la práctica de una constante deliberación sobre los princi-

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mún pios de organización social y política, que se realizan junto a

la toma de decisiones sobre los asuntos y problemas cotidia-nos.

En esta primera experiencia de democracia es del ámbitoasambleístico, que tiene como eje la legislación, del que se de-riva la dimensión ejecutiva, como una delegación de tareasestablecida por el espacio público de la deliberación. En estaexperiencia también hay una división de la administración dela justicia que está encargada a ciudadanos, que acceden a estaresponsabilidad por lo general por la vía del sorteo y de unamanera en que no lo hacen de manera permanente sino a ve-ces sola una vez en toda su vida.

La democracia en sus primeras formas implicó cogobierno.Por un lado, participación en el momento de la deliberaciónpública, de la legislación y toma de decisiones, y por el otrolado, también en la administración de la justicia; pero estoimplicaba que cogobernar, sobre todo en las tareas delegadascomo son la administración de justicia y ejecución de decisio-nes, es algo que se hacía por rotación aleatoria, por lo generalsólo una vez en la vida. Cogobernar implica realizar estas res-ponsabilidades ejecutivas en algún momento de la vida y quelo hagan todos los ciudadanos. Algo similar ocurre tambiénen las estructuras comunitarias existentes en el país, por ejem-plo en un trabajo reciente de Máximo Quisbert, FlorenciaCallisaya y Pedro Velasco18 se sostiene que el Thakhi o el ca-mino por el cual las personas acceden a un sistema de cargoscon responsabilidad ascendente en las comunidades andinas,es una forma de producción de igualdad, es decir, tener uncargo político por turno es lo que iguala a las personas. Dichode otro modo, el asumir responsabilidades es lo que iguala.No es el ser iguales ante la ley sino la asunción de responsabi-lidades lo que produce igualdad.

En este sentido, si se piensa que el núcleo de composiciónde la ciudadanía gira en torno a la ampliación de áreas de igual-dad en la vida social y política, habría que desplazarse de uncentro organizado en torno a lo privado, como se da hoy en elderecho predominante, hacia un núcleo mas bien definido en

18. Quisbert, Calisaya y Velasco. Jóvenes autoridades: percepciones y prácticas políticas entorno al ejercicio de los cargos en las comunidades sindicales y originarias, PIEB, 2005.

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términos políticos de participación y de responsabilidades enla producción de igualdad a partir de la presencia política decada uno; ya que ahora la idea de la igualdad de derechos estáligada a la responsabilidad asumida.

Hago estas consideraciones para llegar a pensar cómo en-frentar la dimensión legislativa y la división de poderes. Ladivisión entre ejecutivo y legislativo, en particular en un régi-men presidencialista como el que existe en Bolivia, ha impli-cado sobre todo entregarle la dirección del gobierno y delestado a una mayoría , que en el caso boliviano es una mayo-ría relativa y negociada entre elites partidarias, dado el gradode fragmentación del apoyo electoral al conjunto de los parti-dos existentes. Es así que es el ejecutivo el que ha decidido el85 el cambio de la articulación entre estado y sociedad civil yha llevado adelante la política de privatización de los recursosnaturales en el país, sin haber pasado por un proceso de con-sulta con el conjunto de la sociedad y de los pueblos existentesen el país.

Este hecho que consiste en que a partir del ejecutivo ungrupo predominante lleve adelante transformaciones y esta-blezca compromisos interestatales contra la opinión y los inte-reses de la mayor parte de la población boliviana, hacenecesaria una reforma en el diseño de las instituciones políti-cas. Pareciera más conveniente y sensato una mayor subordi-nación de la dimensión ejecutiva a la dimensión legislativadel gobierno o del conjunto de instituciones del gobierno. Eneste sentido dentro de una tradición de la historia de las insti-tuciones políticas modernas, es conveniente reformular la or-ganización en términos parlamentaristas que a su vez tienenque ser modificados al enfrentar la dimensión de la igualdadmulticultural.

Desde el lado de la historia de las tradiciones comunita-rias del país, en las que el centro de la toma de decisiones es laasamblea del pueblo, de la comunidad y del conjunto de co-munidades que constituyen una cultura, también está plan-teada la centralidad del momento asambleístico. En estesentido, creo que se puede fusionar aspectos de ambas histo-rias, en términos de pensar un territorio común, y centrar laarticulación de la forma de gobierno en el espacio de la asam-blea parlamentaria, de la cual tendría que depender la dimen-

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mún sión ejecutiva del gobierno, incluso de una manera mucho más

fuerte que en las actuales experiencias parlamentarias euro-peas, en las que el ejecutivo ha ido ganando mayor autonomíay preeminencia sobre la dinámica legislativa.

La gran diferencia, el problema a enfrentar, es el hecho delcriterio cualitativo con el cual se conforman los dos tipos deasamblea. Los parlamentos modernos se organizan en base alprincipio de la representación, se trata de un conjunto de re-presentantes que llegarían a conformar el poder legislativocomo resultado de una competencia electoral. Es cuestionableel hecho de que el resultado de este proceso de selección sea larepresentación. En todo caso lo que sí puede quedar más claroes que se representa intereses, líneas y proyectos políticos delos miembros de los partidos que han logrado ingresar a losparlamentos, en algunos casos cuando hay vínculos más or-gánicos, sobre todo con clases sociales vía sindicatos por unlado, o por el lado empresarial con núcleos de esta clase, sepodría decir que también hay un grado de representación so-cial. En todo caso bajo esta modalidad de selección de gober-nantes lo que tenemos es un parlamento con representantesde aquellos que tienen capacidad de organización y, por logeneral, aquellos que tienen capacidad de organización se debea que tienen recursos económicos para sostener organizacio-nes y para poder financiar campañas electorales y la compe-tencia política.

Uno de los resultados de este mecanismo de selección esla generación de oligarquías políticas, producto del hecho deque por esta vía tienden a permanecer en el ejercicio de loscargos públicos y a través de esto se promueve un proceso porel cual entre elites políticas de los diferentes partidos se cu-bren en el uso privado de los bienes públicos, dificultando laactividad de fiscalización o control ciudadano, en el cual incu-rren sobre todo para atacar a los partidos competidores y estocomo un mecanismo para negociar cuotas de poder en cargospúblicos.

El otro principio y forma de composición del momentoasambleístico en la toma de decisiones políticas comunes, esla participación de todos los miembros de la comunidad eneste momento de deliberación colectiva. Obviamente, estoimplica un problema de escala o tamaño. Esto es posible en el

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nivel local. incluso no es posible como tal en el seno de lasestructuras de ayllus que implica la articulación de varias co-munidades, para lo cual ya se incorpora algunas dimensionesde representación en las que las autoridades de cada comuni-dad que están pasando por turno esa responsabilidad repre-sentan a la comunidad en los momentos de toma de decisionesmás generales o comunes a varias comunidades.

Las funciones de representación, que van ligadas al hechode estar ocupando las posiciones de autoridad por turno en elseno de cada comunidad, son rotativas. Esto impide el que segeneren oligarquías políticas locales, que se mantengan en es-tos cargos de manera permanente. Esto tiende a ocurrir cuan-do algunas personas que salen de una matriz comunitaria y seconvierten en líderes sindicales, por lo general primero, y lue-go a partir de eso también se vuelven en candidatos promovi-dos por los partidos políticos, tienden a convertirse y se hanconvertido muchos en políticos profesionales, que se han in-corporado de manera permanente, pero todavía de manerasubordinada por su origen étnico y cultural, a las elites políti-cas, regionales y nacionales.

La selección de legisladores y autoridades ejecutivas porla vía de la competencia electoral crea oligarquías políticas, yéstas a su vez son las que organizan los procesos de corrup-ción en el seno del estado. Hoy ese reclutamiento por lo gene-ral está regido por un principio plutocrático, es decir, que sonaquellos que tienen más poder económico y recursos para com-petir en elecciones los que se vuelven legisladores y ejecutivosa nivel del gobierno nacional; y a través de esas posicionespolíticas continúan reproduciendo el control monopólico quetienen sobre la tierra y los bienes públicos o la riqueza social.

En este sentido, parece pertinente pensar que la confor-mación del espacio legislativo no debe hacerse según criteriosde competencia. Cabe recordar que para los teóricos de la de-mocracia antigua, la votación era el principio aristocrático noasí el democrático; ya que por la vía de la elección se postulanlos aristócratas, aquellos que tienen educación y propiedad,recursos económicos, está acompañado de un criteriomeritocrático.

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mún Considero que es posible introducir el criterio meritocrático

de un otro modo, retomando la concepción practicada en elseno de las formas comunitarias de vida social, por ejemploen la idea del thakhi del mundo quechua aymara o de maneraparecida o similar en los pueblos del oriente, que implica queuno va asumiendo posiciones de autoridad, en escala de cre-ciente complejidad y responsabilidad, después de haber cum-plido tareas más simples y de menor responsabilidad, o másparcial. Esto implica que habría que habría que pensar la ciu-dadanía como un proceso o una educación procesual en la quevamos asumiendo responsabilidades en los niveles locales deorganización de la vida social y eso nos habilitaría para hacer-nos responsables en los niveles de la representación y de ladeliberación en ámbitos de coordinación de varios niveles lo-cales, comunidades inclusive el general o nacional o del con-junto del país. Esto es, que nadie puede llegar a ser miembrodel nivel legislativo global y su instancia ejecutivo sin haberpasado antes por las responsabilidades y posiciones de auto-ridad en la escala regional y al nivel local de la vida política desu comunidad. En el ámbito urbano de manera similar, quepara aspirar a los cargos de nivel nacional habría que haberpasado por las tareas a nivel vecinal, de ciudad, de región parapasar a lo nacional, esto es, no sólo méritos sino que esto im-plica también un proceso de formación y educación política,que permita poder enfrentar las tareas de toma de decisionesa nivel global.

Por las dimensiones de la población y el país no todospueden o podrían llegar a ser miembros de la asamblea legis-lativa y su brazo ejecutivo. En este sentido, tiene que operaralgún principio de selección. Considero creo que lo más con-veniente no es la competencia electoral, sino algunos meca-nismos de selección ligados al nivel de asamblea, comunidad,de barrio o de ciudad que seleccione a sus representantes parainstancias superiores de acuerdo al desempeño en sus gestio-nes, en posiciones de autoridad previamente realizadas.

Para evitar la formación de oligarquías políticas, reducirel grado de corrupción y a la vez introducir un criterio de con-trol del poder político, creo que es importante introducir elcriterio de rotación en los cargos o en las posiciones de autori-dad, esto es lo propio de las formas comunitarias de vida, tam-bién era lo propio de la primera forma de democracia inventada

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por los griegos, y creo que también sería muy útil en el modode componer una ciudadanía multicultural democrática en elpaís; esto es, que sólo por una vez en la vida ocupemos lasposiciones de autoridad en los diferentes niveles y en particu-lar en los niveles nacionales. Esto implica modificar el modode concebir la ciudadanía en su dimensión política en particu-lar.

Actualmente en la constitución política boliviana sólo sehabla de ciudadanía cuando se reconoce el derecho a partici-par en elecciones para elegir gobernantes y también parapostularse a los cargos electivos. En este sentido, la actual cons-titución política boliviana sólo reconoce una ciudadanía elec-toral. Es una concepción bastante restringida de ciudadanía.La constitución no está redactada en el horizonte de la ciuda-danía como una idea y condición que agrupe un conjunto dederechos históricamente desarrollados y reconocidos en dife-rentes momentos en la institucionalidad y en la constituciónboliviana. Según la constitución boliviana uno es ciudadanosólo cuando vota o compite en elecciones para los cargos elec-tivos. Uno es ciudadano cuando compite o cuando es compe-tidor o da un apoyo plebiscitario a los candidatos a autoridadpública.

Considero que hay que desplazarse hacia una concepciónde ciudadanía centrada más bien en la participación en losprocesos públicos de toma de decisiones a nivel legislativo, dejusticia, y de control sobre las instancias de gobierno y podercolectivo. Dicho de otro modo, habría que desplazarse de lafigura del ciudadano como competidor político hacia la delciudadano como cogobernante, en términos de participación,fiscalización y de responsabilidades de contribución, así comodemanda de derechos legales.

El asunto es, entonces, cómo se elige a las autoridades, queocupen de manera temporal y rotativa las posiciones necesa-rias para producir la articulación a nivel de todo el país y, porlo tanto, la toma de decisiones comunes. Considero que aquítambién hay que componer criterios, Una alternativa, y es sólouna alternativa, consistiría en combinar, por un lado, un pro-ceso ascendente de promoción para los puestos de autoridad,de acuerdo a los mecanismos de los sistema de autoridades yde rotación ascendente que son practicadas en el seno de co-

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mún munidades de diverso tipo en el país, a lo cual ahora se añadi-

ría una escala mayor, no sólo habría un camino, por así decir,interno al sistema de cargos propio de su cultura y su pueblosino que luego tendrían que pasar a ocupar también posicio-nes de autoridad en los niveles de articulación y gobiernopluricultural.

En el otro ámbito urbano moderno, donde no hay estasprácticas, se podría combinar dos criterios. Uno, que es unaderivación del anterior, implicaría también empezar a organi-zar una especie de camino político de aprendizaje y de res-ponsabilidad creciente en la que vayamos asumiendoresponsabilidades desde el nivel del barrio, la ciudad, la re-gión para poder llegar al nivel nacional. Esto tendría que sercombinado con una elección aleatoria de aquellos que tendríanque ocupar las posiciones legislativas y de administración dela justicia, de tal modo que sólo por una vez se ocupen esasposiciones de autoridad. Estoy hablando en particular del le-gislativo y del ejecutivo. Esta es una tarea que tendría que cum-plir la Corte Electoral.

Se puede observar con sentido crítico que este modo depensar la selección de autoridades tiende a mantener un pre-dominio de gente de edad intermedia y madura por sobre losjóvenes en los niveles de toma de decisiones a nivel global,nacional o macro; pero por el otro lado se podría decir si estoestá bien organizado, los jóvenes hombres y mujeres, tendríanque integrarse de manera amplia en los niveles más simples ylocales de gobierno y hacer el camino político de la responsa-bilidad ciudadana ascendente.

Otro modo de garantizar un mayor equilibrio entre gene-raciones y género es pasar a un sorteo irrestricto, a partir delcual se elijan los legisladores, también por un periodo; peroeste criterio implicaría, si se lo aplica de manera generalizada,no respetar aquel camino practicado por las estructuras co-munitarias en las que la responsabilidad creciente va ligada ala madurez. En este sentido, una alternativa es respetar el cri-terio de posiciones de autoridad de acuerdo a un grado cre-ciente de responsabilidad como ocurre en el ámbitocomunitario, en esos espacios donde hay culturas que practi-

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can ese tipo de vida política, y en los ámbitos modernos apli-car el criterio del sorteo aleatorio que posibilitaría el que acce-dan tanto mujeres como jóvenes y gente madura a lasposiciones de autoridad legislativa, de una manera equilibra-da de antemano.

El principio democrático básico es el que todos somos igua-les, y que por lo tanto cualquiera es capaz de participar en losprocesos de gobierno de su país o su comunidad.

Tal vez habría que introducirle un criterio de proceso o dehistoria en el sentido de que si bien todos tenemos derecho ysomos capaces de participar en los procesos de gobierno, tam-bién necesitamos de un proceso de aprendizaje y de madura-ción para asumir aquellos cargos de mayor responsabilidadque necesitan de cierto tipo de conocimiento y de haber pasa-do positivamente por responsabilidades de gestión y legisla-ción política previamente. Este es el criterio que está presenteen el ámbito de lo comunitario, para asumir posiciones deautoridad con mayor responsabilidad hay que haber pasadopor tareas más simples que son las que nos permiten el apren-dizaje, la sensatez necesaria para tomar decisiones más globalesy de mayor responsabilidad. Me inclino por la primera ver-sión expuesta sobre la articulación de estos criterios de selec-ción de las autoridades legislativas en particular.

Cuando se trata de pensar la democratización de las rela-ciones interculturales o de la condición multicultural del país,no es pertinente confiar la selección de autoridades al sistemade partidos. La organización en partidos es propia de solauna de las culturas existentes en el país, aunque ha sido sien-do asumida por la necesidad por otros pueblos y culturas, quetambién han ido generando sus partidos para participar de lavida política nacional, dado que las leyes establecen esos es-pacios y límites. Los partidos durante un buen tiempo funcio-naron como estructuras de inclusión, sobre todo de inclusiónde trabajadores o de sectores sociales que estaban excluidospor el criterio de la propiedad y la educación, En la medida enque lograron organizar sus propias formas de participación yde organización política, sus partidos, en particular las clasesobreras utilizaron esta modalidad para ampliar su grado depresión por ampliación de la ciudadanía en los estados mo-dernos y son responsables de los principales procesos de de-

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mún mocratización de los mismos; pero ya hace mucho tiempo los

partidos se han vuelto estructuras de exclusión. Esto se ha vis-to de manera mucho más clara y nítida durante los años 80 y90 en el país. Para acceder a cargos públicos, incluso para po-der acceder a la administración de justicia y varias instanciaspúblicas uno tenía que ser miembro de un partido, y dentrodel partido formar parte de la fracción predominante y de loslíderes que manejaban el reparto de cargos en particular. Aquelque no estaba vinculado a partidos en realidad tenía menosderechos, en el sentido de poder acceder a cargos y bienespúblicos y al control ciudadano también.

La emergencia y crecimiento del MAS y del MIP en losúltimos años matiza un poco esta idea. También se han orga-nizado partidos a partir de núcleos de trabajadores campesi-nos en particular, para disputar el monopolio de larepresentación política en el parlamento y también los nivelesejecutivos en los municipios, primero, y a nivel nacional, tam-bién. En todo caso es una forma moderna de organización ycompetencia política que están produciendo efectos de demo-cratización en el seno del estado boliviano, por ejemplo, intro-duciendo mayor grado de representatividad en el parlamentoque casi ya no tenía ninguno durante la década de los noven-ta; pero que en relación a otros pueblos y culturas sigue sien-do una forma de organización política extraña, y que producemodificaciones y procesos de desestructuración interna.

Los liberales, por lo general, demandarían que pueblosindígenas o individuos miembros de otras culturas organicensus partidos y compitan para estar representados en el parla-mento nacional. Cuando esto ocurre como se está dando a tra-vés del MAS, ya dudan de sus propias ideas.

Para enfrentar la democratización entre culturas, creo quehay que eliminar el monopolio otorgado a los partidos y alsistema de partidos, para gestionar la representación y la le-gislación global. Tampoco creo que haya que prohibirlos, peroen todo caso no convertirlos en el mecanismo de promoción yselección de las autoridades. Creo que los partidos puedenpersistir como formas de organización en las que se articulanproyectos políticos, visiones de país que pueden ser difundi-dos a lo largo de los territorios, pueblos y culturas para in-fluenciar en la toma de decisiones a nivel global.

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Mantener el sistema de partidos tal cual ahora existe, comoel mecanismo de conformación del poder legislativo, implicaseguir dándole centralidad y superioridad a una de las cultu-ras, a la cultura que produce mayor desigualdad y que elige asus gobernantes y legisladores en base a principios que favo-recen a aquellos que tienen poder económico.

El parlamento, si es una instancia de articulación de todoel país y por lo tanto de la multiculturalidad existente, tieneque ser representativo; pero algo sólo es representativo en sen-tido político si es que hay instancias en las que hay presenciapolítica directa. Algo sólo puede ser representativo y alguiensólo puede ser representativo si es que proviene como unaautoridad delegada desde un espacio en el que hay y hubo unmomento asambleístico de deliberación colectiva. Dado quelas formas comunitarias de vida social se configuran en tornoa estos espacios públicos de deliberación, se puede pensar quees a partir de ellos que se seleccionan y promueven las autori-dades que tendrían que estar presentes en el parlamento delpaís. En los ámbitos urbano modernos o no comunitarios larepresentación al parlamento podría ser seleccionada combi-nando los dos criterios previamente expuestos; esto es, por lasresponsabilidades políticas previas evaluadas positivamentepor sus respectivas comunidades o ámbitos de vida política,local, regional, esto complementado por un criterio de sorteoaleatorio que habilitaría de manera rotativa a algunos ciuda-danos para asumir la responsabilidad de la legislación nacio-nal entre aquellos que cumplen las condiciones deresponsabilidad asumida previamente.

Si adoptamos este criterio de camino político o de respon-sabilidad política creciente para pensar también la división depoderes y la selección de autoridades que se hacen cargo de lagestión de cada uno de ellos, se podría pensar que el ejecutivoo gobierno colegiado necesario para superar elpresidencialismo monocultural existente podría también se-guir este mismo criterio, es decir los miembros del ejecutivotendrían que elegirse entre aquellos que han pasado en unagestión anterior por la tarea del trabajo legislativo, lo cual loshabría formado a través del trabajo de comisiones, de la deli-beración, en el conocimiento y tratamiento de los problemas anivel nacional. Este criterio de la experiencia y la responsabili-dad política creciente tendría que ser complementado por el

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mún carácter de la inclusión multicultural, es decir que ese ejecuti-

vo siempre sea una colectividad colegiada en la que estén pre-sentes miembros de los diferentes pueblos y culturas, queeviten el que la toma de decisiones a ese nivel produzcan unnuevo desequilibrio o mantengan la desigualdad históricamen-te existente.

Este sería un nuevo modo de concebir el parlamentaris-mo, reformado por criterios de organización y de vida políticade otras culturas existentes en el país, es decir, que se habilitanpara ser ministros y miembros del ejecutivo del gobierno na-cional, aquellos que ya han cumplido la experiencia de la ta-rea y la responsabilidad legislativa previamente y habríanpasado por un proceso de fiscalización o evaluación positivapor los miembros de la comunidad de la cual provienen y porel conjunto del país en el desempeño de sus tareas previas.

El ejecutivo también debería también organizarse con elcriterio de la rotación. Una de las dificultades planteadas a lossistemas rotativos es el hecho que dificulta la acumulación deexperiencia en la toma de decisiones en la gestión pública. Yeste es un criterio con el cual se defendería la profesionalizaciónde los políticos. Considero que se puede organizar la presen-cia de la experiencia política de otro modo, siguiendo algunoscriterios de las tradiciones comunitarias. En éstas existen con-sejos de amautas, consejos de ancianos, es decir que aquellosque han pasado por los cargos se convierten en los asesores deaquellos que están ocupando sucesivamente las posiciones deautoridad. Este criterio también me parece bastante convenien-te para articular en los dos niveles, el legislativo y el ejecutivo,los niveles de consejos de asesoría, de asesoramiento a las au-toridades en turno; ya que no puede ser muy práctico que to-dos lo que han pasado por el cargo sean los asesores de losactuales legisladores y miembros del ejecutivo colegiado, tam-bién se podría conformar ese nivel consultivo combinando elcriterio de la experiencia y la responsabilidad ya experimen-tada con el sorteo aleatorio que implicaría que también pordeterminados tiempos, un determinado grupo de la gente ex-perimentada asuma la responsabilidad de asesorar con su ex-periencia a las autoridades que ejercen el cargo.

Algunos de los criterios expuestos son una forma de ejer-cer transcrítica, es decir, de pensar la reforma de las institucio-

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nes políticas utilizando criterios de organización de la vidapolítica provenientes de las diferentes culturas existentes, nosólo para reformar las instituciones de las culturas por separa-do sino sobre todo para producir nuevas instituciones quepermitan la coexistencia democrática entre ellas.

Al pensar estos criterios expuestos se ha utilizado sobretodo algunos principios de organización de origen comunita-rio para pensar un núcleo común intercultural, y también paraplantear algunas necesarias críticas y principios de reformaen el seno de los espacios de tradición comunitaria que hanmantenido a lo largo del tiempo estructuras patriarcales, esdecir, el predominio de los varones u hombres en la vida coti-diana y sobre todo en los espacios públicos de toma de deci-siones.

Hay condiciones y relaciones de desigualdad entre hom-bres y mujeres. Las mujeres, por lo general, asumen los cargosde autoridad en ausencia de los varones, sobre todo del padreo jefe de familia, de igual manera lo hacen los hijos. Para elcaso de las comunidades aymaras y quechuas, se introducencriterios de organización provenientes de estas comunidadesen la organización de la forma global común de gobierno, delpaís. También cabe, si se asume el derecho a criticar las formasde organización política de otros pueblos porque estamos com-partiendo el conjunto de la propiedad, de los recursos y tam-bién la forma de gobierno a establecer, promover la reformade aquellas relaciones que contienen desigualdad. En este sen-tido, de manera muy simple habría que extender el derecho aque cualquier persona, hombre o mujer ocupe de manera ro-tativa esos cargos de autoridad, y no en representación de lafamilia en ausencia del varón sino también en este caso conigualdad de derechos y de responsabilidades.

La idea de que la mujer puede sustituir al varón implicacierto tipo de jerarquía y de desigualdad que puede y debe sercriticada. Obviamente la desigualdad entre hombres y muje-res no existe solo ahí o predominante ahí, sino que tambiénocurre en el ámbito de las ciudades organizadas con criteriosculturales más modernos, y uno de los principales tiene quever también con el carácter patriarcal de la propiedad. Unareforma, en el sentido de una distribución equitativa de la mis-ma, obviamente no resuelve toda una historia de una cultura

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mún que asume la desigualdad entre hombres y mujeres todavía

de manera muy fuerte. En este sentido, creo que no basta sóloun sistema de cuotas para avanzar hacia la igualdad. Se nece-sita de una transformación también del régimen de propiedadsobre todo a nivel de los códigos de derecho civil, en la quesigue apareciendo de manera muy clara el predominio mas-culino.

Si pensamos la igualdad y la ciudadanía en términos deproceso, parece conveniente garantizar más la presencia demitad de hombres y mujeres tanto en el ámbito de la organiza-ción comunitaria como en el ámbito de los espacios moder-nos, en el ámbito comunitario siguiendo los caminos deasunción de autoridad tradicionales reformados por la intro-ducción de la titularidad igualitaria de la presencia política enlas posiciones de autoridad, de modo que logre componer unapresencia de un 50 % combinado con un principio de selec-ción aleatoria en los ámbitos de cultura moderna. Obviamen-te estos criterios no garantizan pero si ayudan a producir mayorigualdad en el tiempo, es más eficaz si es que la finalidad esproducir igualdad y no necesariamente de manera privilegia-da crecimiento económico o algún otro tipo de fin más instru-mental.

Si no se utilizan mecanismos de competencia para confi-gurar el parlamento y el ejecutivo, los criterios de mayoría yproporcionalidad no son los principios organizadores másadecuados. Si se trata de configurar una forma de gobiernomulticultural, el primer criterio organizador es que estén pre-sentes representantes de todas las culturas existentes en el país;por lo tanto, el criterio no es numérico en términos de canti-dad sino cualitativo: la presencia de todas las culturas existen-tes, Esto creo que es válido para el momento de una asambleaconstituyente que tendría que enfrentar el rediseño del estadopara el país, como para el tipo de parlamento que tendría quefuncionar después del momento constituyente, aunque obvia-mente es éste el que definirá qué forma ha de adoptar.

Lo multicultural no es el único criterio que se debe utilizarpara configurar las instancias de gobierno, ya que no es el únicoque tiene que ver con la igualdad y libertad de cada uno comoindividuo y como colectividad. Hay un otro aspecto impor-tante que tiene que ver con el respeto a la diversidad de opi-

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niones y alternativas que se piensan y se despliegan en el senode los espacios públicos sobre los asuntos comunes, como tam-bién sobre intereses particulares de grupos, regiones y cultu-ras. En este sentido, es necesario tomar en cuenta también confuerza el criterio del pluralismo, en términos de ciudadaníademocrática.

Por un tiempo el pluralismo fue encarnado e introducidode manera organizada en el seno de los parlamentos moder-nos a través del sistema de partidos. Los partidos eran la plu-ralidad de visiones, posiciones, intereses y proyectos generadosen el seno de los países modernos. Con el tiempo los sistemasde partidos se han constituido en espacios mucho más homo-géneos donde los partidos más que encarnar y representar plu-ralidad de opiniones, posiciones y sobre todo proyectos oalternativas de dirección para el país, se han vuelto organiza-ciones o máquinas electorales que compiten por el reparto decargos, y comparten más o menos el mismo modelosocioeconómico y político, que es lo que ha ocurrido en el paísdurante los años 80 y 90.

Los partidos pueden seguir funcionando como estructu-ras que generan proyecto político, pero sin ser los mecanis-mos institucionales privilegiados para promover autoridadespúblicas.

El problema del pluralismo en relación a lamulticulturalidad nos lleva a pensar, mas bien, que la demo-cracia no es primordialmente gobierno de mayorías, lo cual sepuede volver la tiranía permanente de un grupopoblacionalmente mayoritario, sobre todo en términos de cul-tura más que de ideología u proyecto político. Es más perti-nente pensar que democracia implica cogobierno entre variospueblos y, una composición de posiciones de mayoría y mi-noría que pueden atravesar los diferentes pueblos y culturasde acuerdo a los temas que se vayan a tratar.

En este sentido parece pertinente el modo en que los mo-delos consociativos aplican el criterio de proporcionalidad enel vinculo entre el legislativo y ejecutivo, también teniendocomo fuente el electorado, es decir, que están presentes en elejecutivo representantes de los partidos de acuerdo al voto

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mún que han obtenido el cual se transforma no sólo en un porcen-

taje similar de diputados o parlamentarios sino también demiembros del ejecutivo.

Ahora bien, si lo que se sugiere es que no se utilice el me-canismo de la competencia partidaria para seleccionar a losmiembros del legislativo, lo que sí se podría hacer es compo-ner el ejecutivo colegiado de una manera proporcional a lapluralidad de posiciones políticas que se generen en un legis-lativo compuesto, por un lado, en base a criterios de represen-tación por medio de autoridades de origen comunitario y, porel otro lado, por elección aleatoria de creciente responsabili-dad política, en los ámbitos de organización moderna.

El ejecutivo tendría que combinar los dos criterios: la pre-sencia de todas las culturas existentes en el país, que de mane-ra rotativa pueden ir ocupando los cargos de principalresponsabilidad y, por el otro lado, contener la pluralidad deposiciones que se van generando en el ámbito del legislativo,que tienen como fondo histórico, las diferencias que genera ladinámica de diversificación política en el conjunto de los pue-blos y la población del país, de tal modo que tengamos unejecutivo que incorpore mayorías y minorías no sólo cultura-les, sino también político ideológicas.

Esta serie de consideraciones se han hecho bajo el supues-to o la idea de que para pensar la igualdad en condicionesmulticulturales y el desarrollo y organización de la ciudada-nía democrática entre diferentes pueblos y culturas, no es per-tinente partir desde el reconocimiento de derechos individualesfrente a un estado que se supone común y dentro el cual ha-bría que realizar las reformas; porque este estado sólo corres-ponde a la historia de una de las culturas y pueblos existentes,organizado según una modalidad que no es la más democrá-tica ni la más pertinente para enfrentar la heterogeneidad cul-tural, como se da ahora en el país.

Resumo este conjunto de criterios explicitados para pen-sar el núcleo común intercultural en una clave de lenguaje dederechos:

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el núcleo común

El primer principio se podría formular como el derecho ala igualdad intercultural o la igualdad entre personas y cultu-ras. El segundo principio podría formularse como el derechoa cogobernar como persona y como pueblo y cultura, que im-plica que hay que componer la forma de gobierno común a losvarios pueblos y culturas incorporando la forma deautogobierno de cada una de ellas, que sería el primer meca-nismo macro de instauración de igualdad política entre cultu-ras.

La producción de igualdad, la institución de igualdadintercultural, no empieza a partir de la igualdad entre in-dividuos ante la ley; ya que esa ley por lo pronto es la leyde una cultura, la dominante. Hay que partir por lo gene-ral, establecer la igualdad entre las formas de autogobiernode cada pueblo. Ahora bien, esto no implica estabilizar yreconocer formas políticas que no se pueden ni deben trans-formar, sino que es una primera condición de posibilidadpara pasar a una construcción política compuesta que ne-cesariamente implica revisar, criticar cada una de ellas paraestablecer la selección que permita componer la forma degobierno común.

La política no se logra con el reconocimiento formal deigualdad ante las normas de uno de los poderes políticos exis-tente o de una cultura, sino frente al nuevo conjunto de insti-tuciones y de normas políticas, que resultan de los procesosde deliberación, legislación, institucionalización política quehan resultado de una participación de las varias culturas en laproducción de su forma de gobierno común.

La ciudadanía multicultural, democrática, igualitaria,es algo que tiene que ser construido en términos de sus con-diciones institucionales, normativas y valorativas, no esalgo que se realice simplemente en tanto reconocimientoen el seno de instituciones ya existentes, que son incapacesde producir ese tipo de resultado. La ciudadanía implicano sólo derechos exigibles al estado en términos de garan-tías y acceso a bienes públicos, también implica sercorresponsable del gobierno, de la sociedad y la gestiónpública de los bienes comunes.

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o co

mún Para que sea posible el cogobierno intercultural democrá-

tico, También es necesario el reconocimiento de la igualdad delas lenguas de cada una de las culturas existentes en los proce-sos colectivos de toma de decisiones. La igualdad linguísticapasa también por la incorporación de todas las lenguas en losprocesos de gobierno y de gestión pública. Esto implica unproceso de preparación de las condiciones históricas que lohagan posible. Se necesita ampliar la educación interculturaly plurilingüe, por lo pronto se ha enfrentado esto en el ámbitorural y de manera paralela , incluso fuera de los procesos edu-cativos formales, ya que tienden a convertirse de facto en ám-bitos plurilingües pues ya que la interacción a través delmercado y también por la vía política con las instituciones eco-nómicas y políticas del gobierno nacional, produce la necesi-dad de aprender el castellano, además de la lengua de la propiacultura.

Para avanzar en la producción de igualdad se necesita quetambién en los núcleos urbanos del país la educación seorganice en términos plurilingües; ya que tal vez es difícilaprender todas las lenguas que se habla en el país por lomenos tendríamos el derecho a aprender las principaleslenguas o la principal lengua hablada en la región. Esto endoble sentido: todos tienen derecho a aprender la lenguaque sirve de comunicación general en el país además deser educados en su propia lengua; pero a la vez tambiénaquellos que nacen en una matriz lingüística castellanatambién tendrían el derecho y el deber de aprender unaotra lengua o varias habladas en la región Esta es una res-ponsabilidad del gobierno nacional, crear las condicionespara promover la igualdad política y cultural a través de laeducación plurilingüe; ya que a través del aprendizaje dela lengua no sólo aprendemos un idioma, un diferente modode nombrar lo mismo sino otras concepciones del mundoque nos permiten comprender la organización, la forma devida, los valores de otros pueblos y culturas.

Resumo este punto sobre el núcleo intercultural común enbase a la idea del derecho al cogobierno multicultural, en tér-minos de igualdad y en proceso de democratización.