MECALASIGNATURA DE REFORMA DEL ESTADO

VENEZUELA: DE LA REFORMA NEOLIBERAL AL NEO-ESTATISMO BOLIVARIANO.

INTRODUCCION

En términos de políticas de reforma estatal en América Latina, la “tercera ola de la democratización”, que marca la transición de la mayoría de los países de la Región de un régimen autoritario a otro democrático, se caracteriza por el debilitamiento y “demonización” del papel del Estado en todos los ámbitos, especialmente en el de la actividad económica. En este sentido "la radical y dogmática demonización del Estado que se impuso en buena parte de la región y que desmanteló instituciones, las desproveyó de algunos de sus mejores cuadros y debilitó la relación del Estado con la democracia, reduciendo la condición de ciudadanía a la esfera del voto y el consumo" (Mariani, 2008: 3). Sin embargo, durante los últimos años, asistimos a una nueva ola de reformas que, en muchos países de la Región, pareciera apuntar en el sentido contrario, superando el mito, bien implantado por el pensamiento neoliberal de fin de siglo, sobre “la idea de que existe un único modelo de desarrollo, de relación entre el Estado y el mercado, que se puede aplicar por igual a todos los países en todas las circunstancias, modelo que se caracteriza por establecer una visión de la economía del mercado como antagónica del intervencionismo estatal” (Gómez Buendía, Et al, 2008: 3). El caso de Venezuela ejemplifica muy bien este movimiento pendular, aunque quizá con la particularidad de que la alta dependencia del país con respecto a la industria petrolera, obliga a que se mantenga siempre, por encima de cualquier modelo, una notable presencia y peso de lo estatal en la vida nacional.

EL CASO VENEZOLANO

En Venezuela, durante los años 80s y 90s, se aplicaron de manera estricta, aunque no plena, (Cavarozzi y Casullo, 2002) las recetas neoliberales del “Consenso de Washington”. Dichas medidas se concretaron en una serie de políticas caracterizadas, como en el resto de la Región, por la búsqueda de la disciplina fiscal, la aplicación de políticas comerciales liberales, la priorización del gasto público en educación y salud, la apertura a la inversión extranjera, la reforma tributaria, las privatizaciones, las tasas de interés positivas determinadas por el mercado, la desregulación, la aplicación de tipos de cambio competitivos y la protección a la propiedad privada (Del Campo 2009: 2).

Como ocurrió en la práctica totalidad de los países latinoamericanos, la aplicación de las medidas del Consenso de Washington actuó como respuesta, y a su vez consecuencia, a la crisis de endeudamiento derivada del "Boom” de precios del petróleo experimentado durante los años 70s. En el caso Venezolano ambas circunstancias llevaron al colapso de todo el modelo económico y político venezolano, base sobre la que, desde 1958, operaba una de las democracias más sólidas de América Latina. El punto de inflexión de la crisis se ubica, sin duda, en los violentos acontecimientos del "Caracazo" (1989) que desembocaron en dos intentos del golpe de Estado (1992), uno de ellos protagonizado por Hugo Chávez, y el ascenso al poder de éste último en las elecciones del año 1998.

Como resultado del cambio en el escenario político y social se convoca, en el año 1999, la Asamblea Nacional Constituyente y en ese mismo año se promulga la nueva Constitución de la República. A partir de este momento se propone la aplicación de un nuevo modelo de Estado que, si bien no abandona, en general, los postulados del modelo liberal de mercado, si introduce importantes cambios en la dirección contraria a las recetas neoliberales que se habían venido aplicando.

En los años siguientes, la propia deriva del “Movimiento Bolivariano”, así como la sucesión de los acontecimientos, con el golpe de estado contra Chávez en el año 2002 y el paro petrolero del 2003, profundizan la transición del modelo hacia el "Estatismo" de corte “Socialista” en el que la presencia de lo público invade todas las esferas de la vida del país. Como dicha tendencia produce notables incoherencias con el modelo propuesto por la Constitución del año 1999, se producirá un tercer momento de Reforma del Modelo de Estado, con el fracasado intento de modificar la Constitución durante el 2007 y los nuevos intentos de imponer el “Sistema Socialista”, contenido en la Reforma Constitucional, por la vía legislativa, aprovechando la aplastante mayoría del Oficialismo en la Asamblea Nacional.

BREVE RESEÑA DE LAS PRINCIPALES REFORMAS.

El paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez y la “Agenda Venezuela” de Rafael Caldera.

Cuando Carlos Andrés Pérez asume la presidencia en su segundo mandato (1989-1994), ya se habían dado algunos intentos menores de reforma neoliberal de la mano de los presidentes Herrera Campins (1979-1984) y Lusinchi (1984-1989). Sin embargo la grave situación económica que atraviesa Venezuela obliga a Pérez a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que Venezuela obtiene financiamiento a cambio de aplicar un programa de ajuste que supuso la congelación de salarios, liberación de importaciones, privatización de las empresas estatales no estratégicas, aumento del precio de la

gasolina, reducción del gasto público y del tamaño del Estado así como la eliminación de los controles de precios. Una versión ampliada de este programa de reformas fue la “Agenda Venezuela” del presidente Rafael Caldera (1994-1999).

La grave crisis financiera que experimentó Venezuela el año 1994 obligó a Caldera a acudir nuevamente al FMI. En ésta ocasión devaluó de manera radical la moneda nacional, aumentaron los precios de los combustibles en más de un ochocientos por cien, se continuó la privatización de activos del Estado, se liberalizaron los tipos de interés, se eliminó el control de cambios y se planteó un programa de disciplina en el gasto. Al mismo tiempo se inició un proceso de “Apertura Petrolera” que presagiaba la privatización del sector, aunque no se llevó a cabo de manera abierta, sino mediante concesiones a empresas petroleras extranjeras. Un elemento muy importante de este proceso de reforma fue la revisión del sistema de prestaciones sociales en el año 1997. En dicha revisión se aprobó el pago anual de las mismas y no al cese de la actividad laboral.

En todo este período, para compensar los efectos negativos de las medidas de ajuste sobre los sectores populares, se aplicaron programas sociales de corte compensatorio, que se concentraron en los sectores más vulnerables, pero que no lograron detener el deterioro social.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los primeros años del Gobierno “Chavista”: ¿Nuevo Modelo de Estado?.

A nivel institucional, el aspecto más novedoso y polémico de la nueva Constitución es el relativo a la división de poderes, pues se añaden dos poderes nuevos, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, a los ya tradicionales. Al mismo tiempo se incrementa la concentración de poder en manos presidenciales. En relación a los mecanismos de participación destacan las nuevas figuras de consulta popular, referendo, revocación del mandato presidencial e iniciativa legislativa.

A nivel de política social y económica, si bien el nuevo texto constitucional no supone una ruptura con el modelo liberal de mercado, sí consolida el papel intervencionista del Estado y la propiedad pública de los principales recursos venezolanos: el gas, el petróleo y los minerales, así como una agresiva campaña de nacionalizaciones y de asistencia social a los más desfavorecidos.

Durante los primeros años en el Gobierno, Chávez aprueba un conjunto de 49 leyes, gracias a las facultades que le otorga la Asamblea Nacional, en el marco de una Ley Habilitante, entre las que destacan la Ley de Hidrocarburos que blinda la propiedad pública sobre el recurso y la Ley de Tierras, sobre la que se pondrá en marcha, a partir del 2005, a un polémico proceso de expropiaciones que todavía

no ha concluido. Desde el año 2003, Chávez iniciará la aplicación de una política de programas sociales denominados “Misiones Bolivarianas” principalmente orientadas a mejorar la salud, alimentación y educación de los Venezolanos más pobres. También frenará la tendencia a privatizar el Seguro Social.

A partir del 2005 Chávez asume por primera vez una posición claramente anticapitalista al proponer un nuevo sistema político, económico y social para Venezuela orientado al Socialismo. Durante el 2005 se inicia el proceso de creación de los Consejos Comunales.

La fallida Reforma Constitucional del 2007 y la transición desde un nuevo modelo de Estado hacia un nuevo “sistema” de corte socialista.

Tras la reelección presidencial, en enero de 2007, Chávez propuso la conformación de “cinco motores constituyentes para avanzar hacia el Socialismo del Siglo XXI”: aplicación de una Ley Habilitante para adelantar los cambios al socialismo; reforma constitucional para adaptarla a una nueva sociedad socialista; campaña de educación en valores anticapitalistas; reestructuración de la división político-territorial del país; y la expansión y fortalecimiento de los “consejos comunales” (En Huarte Pozas, 2008; Harnecker, 2007). Si bien la reforma Constitucional fracasó, se están intentado aplicar sus contenidos en sucesivas fases y por la vía legislativa. Esta propuesta tiene también su reflejo en el modelo económico en el que se plantean el impulso a las Empresas de Producción Social (EPS), el desarrollo de la cogestión obrero-estatal, recuperación por los trabajadores de empresas abandonadas, y reactivación de la industria privada nacionalista.(En Huarte Pozas 2008, Lebowitz (2006). Destaca también la nueva ola de nacionalizaciones de empresas como la (CANTV), la mayor telefónica del país y su filial de telefonía celular Digicel. Además, también nacionalizó la Electricidad de Caracas y el Banco de Venezuela entre otras. Destaca también la aprobación durante el año 2009 de la “Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público”, que limita el poder de los Gobiernos Estadales y Municipales en importantes competencias como, entre otras, la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, puertos y aeropuertos comerciales.

ANALISIS Y CONCLUSIONES.

En Venezuela, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos durante el final de los 70s y principios de los 80s, no se experimenta la transición de un régimen autoritario a uno democrático; antes bien al contrario , el país vive el cambio de una democracia "aparentemente" consolidada a otra que sufre sucesivas crisis y reformas todavía no concluidas y cuya orientación ideológica deriva del liberalismo más acentuado a la defensa de un "nuevo" socialismo.

Como se ha expuesto brevemente, el transito se produce en tres etapas bien marcadas y que tuvieron, en general, efectos muy negativos para la estabilidad del "sistema democrático venezolano".

La primera ola de reformas, basada en los postulados neoliberales, "agravaron dos problemas provenientes del pasado: la crisis socioeconómica con el progresivo deterioro de los indicadores básicos, y la crisis del sistema político, con el descrédito de sus instituciones (partidos, Congreso, Poder Judicial...)” (Ugalde Perez, 2008: 134). El agravamiento de la crisis no resulta sorprendente, pues es similar al que sufren otros países de América Latina, pero sí su desenlace, con el colapso definitivo de una de las democracias más solidas de la Región desde los años 50s. A lo anterior se añade además que Venezuela fue uno de los países de América Latina donde las reformas estructurales tuvieron un menor avance, si lo vemos desde un punto de vista comparativo, pues según el “Índice de Reforma Estructural” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Venezuela fue, después de Uruguay y México, el tercer país donde las reformas tuvieron una menor incidencia (Lora 2001: 23). En este sentido también es importante destacar que “en ninguno de los países con (fuerte) sistemas de partidos se llevó a adelante una reforma económica estructural plena con participación de los partidos. Ni en Uruguay, Colombia, Venezuela, o Costa Rica se impusieron matrices de definido estilo neoliberal” (Cavarozzi y Casullo, 2002). Siendo esto así, la pregunta que se impone es porqué se produjo el colapso total del pacto político y social surgido de los Acuerdos de Punto Fijo del año 1958, especialmente su muy sólido sistema de partidos, que había dado una larga estabilidad y prosperidad a Venezuela. Si bien es claro que la crisis y los efectos de las reformas neoliberales para contrarrestarla, son las principales causas del colapso, hay dos factores que "magnificaron" la percepción que la sociedad venezolana tenía sobre los problemas llevándola a buscar soluciones extremas, fuera del tradicional sistema de partidos. Esas dos variables fueron "el diseño de sus instituciones políticas", muy sólidas pero poco flexibles para adaptarse a un contexto cambiante como el generado por la crisis y "el impacto del petróleo en el desarrollo económico del país, su cultura política y en los patrones de la representación política" (Roberts 2001: 186). En este sentido, la fuerte dependencia venezolana de la renta petrolera hizo que "el sistema político venezolano, más que ningún otro del continente", se adaptara al modelo de desarrollo de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) "modelo de desarrollo, impulsado por el Estado; y el agotamiento de ese modelo transformó las bases sociales y económicas de esa matriz de representación" (Roberts 2001: 197) y produjo una fuerte oposición social a la introducción de reformas que limitaran los beneficios sociales generados por la redistribución de la renta petrolera. Dichos beneficios habían sido canalizada a través de los lazos corporativistas y clientelares generados entre los partidos políticos tradicionales y

la sociedad venezolana. Como afirma Roberts, "a la altura de mediados de los años 90, habían fracasado todos los programas, tanto ortodoxos como heterodoxos, para contrarrestar el declive económico, y el electorado optó por un populista insurgente que prometía barrer a la partidocracia y refundar la República" (2001: 197).

La siguiente ola de reformas, tras el "Proceso Constituyente", retoma la senda del tradicional “estatismo venezolano” caracterizado por la recuperación del protagonismo del Estado y el reparto social de la renta petrolera, lo que contribuye inicialmente al éxito social del modelo chavista. Evidentemente la recuperación de los precios internacionales del petróleo son un factor determinante a favor de las nuevas reformas, que no implican un cambio de sistema, sino de modelo dentro del sistema capitalista. En este sentido se aplica la hipótesis más pesimista sobre las reformas neoliberales que considera que éstas no habían modificado el funcionamiento de la economía en la dirección deseada y que, por consiguiente, habían sido simplemente la receta equivocada de políticas económicas (Del Campo 2009: 9).

Sin embargo la tercera ola de reformas sí supone, al menos teóricamente, la intención de aplicar un sistema distinto al capitalista, basado en los postulados de lo que se ha dado en llamar el "Socialismo del Siglo XXI" (SSXXI), lo que genera una fuerte oposición y polarización de la sociedad venezolana a medida que se aplican las distintas reformas expuestas brevemente en este ensayo. Sin embargo un análisis más profundo de las medidas de reforma aplicadas en esta última etapa plantea dudas razonables sobre la efectiva construcción de un nuevo sistema económico y estatal en Venezuela. Sin duda el profundo proceso de expropiaciones y nacionalizaciones así como el control de precios y el fomento de la economía social no parece indicar "nada nuevo bajo el sol", más allá de una combinación entre las tradicionales y fracasadas fórmulas del socialismo histórico y el tradicional estatismo venezolano. En ese sentido las críticas más fuertes al último proceso de reformas vienen del propio campo teórico del SSXXI pues para autores como Dieterich (2008), las medidas aplicadas en Venezuela han sido claramente erróneas y voluntaristas y no han logrado resolver los problemas estructurales de la economía venezolana, tales como la inflación, la falta de incentivo a la producción nacional y el desabastecimiento. En cuanto a la aplicación de un nuevo sistema económico "el Presidente (Chavez) no ha creado ni una sola institución económica cualitativamente diferente a la de la economía de mercado, es decir, postcapitalista" (Dieterich 2008), por lo que su afiliación a los postulados económicos del SSXXI es más teórica que real.

En definitiva, una visión global de todo el período de reformas analizado nos anima a pensar que Venezuela responde bien a la metáfora de las “fugas” propuesta por Cavarozzi y Casullo (2002), en el que el “patrón predominante” para resolver los “dilemas y cuellos de botella a los que se enfrentan las sociedades

estado-centricas” opera “a través del abandono de la formula vigente y su reemplazo por una radicalmente diferente”. Sin duda, estas “fugas”, en un país con enormes riquezas como Venezuela, tienen su razón de ser, como afirma Hugo Quiroga en la “superación del umbral de desigualdad social que es capaz de tolerar un sistema” y que están en la base de “las decepciones colectivas” que acaban destruyendo la “legitimidad del sistema” (En Cheresky, Pousadela, 2001: 53).

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