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Introduccin
En estos mecanismos de defensa sustentada tal igual a los hechos
de
fenmenos de la representacin de la poltica.
La aparicin de los partidos polticos y sus correlatos en la sede
legislativa, los
grupos parlamentarios, razn suficiente como para comenzar a
discutir los,
aparentemente, inconmovibles fundamentos de la vida
parlamentaria.
El estudio de la constitucionalizacin de los partidos polticos
nos permite
apreciar como stos logran insertarse dentro de la estructura
constitucional,
superando la oposicin inicial que, por ejemplo, enfrent luego de
la evolucin
!rancesa y su rechazo ante el fenmeno del asociacionismo, la
constitucionalidad de la actividad de los partidos polticos nos
permitir" apreciar
si cada concreto acto de los partidos polticos, una vez insertos
dentro del
esquema parlamentario es, o no, conforme con los mandatos
constitucionales.
Captulo I
ACTOS PARLAMENTARIOS Y CONTROL JURISDICCIONAL
La actividad parlamentaria requiere de una apro#imacin histrica
de actos
internos lo que nos permitir" comprender el surgimiento de la
institucin
parlamentaria as como la funcionalidad atribuida a sus
instituciones.
La fecha de surgimiento de la moderna institucin parlamentaria
dejando de
lado sus precedentes medievales debemos ubicarla en el a$o de
%&''.
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El modelo poltico basado en el derecho divino de los monarcas de
lo que
ocurra en el continente. (in embargo, las c"maras parlamentarias
lograron
evitarlo, al movilizar ejrcitos y luchar contra estas
pretensiones se logra la
derrota definitiva de estos esfuerzos mon"rquicos, las c"maras
parlamentarias
impondr"n muchos de estos reglamentos dados.
)or otro lado se piensa que un juez slo poda analizar la validez
formal de una
ley, respecto de* aquellas fases del procedimiento legislativo
con relevancia ad
e#tra.
)or el contrario, aquellas fases del procedimiento legislativo
que se desarrollen
completamente al interior del )arlamento y que carezcan de
relevancia e#terna,
no podan ser objeto de control jurisdiccional alguno.
La e#istencia de determinados actos que, realizados por el
)arlamento, gozan
de un rgimen de inmunidad jurisdiccional surgieron en un
conte#to poltico
determinado por la inestabilidad de la institucin parlamentaria
y un
permanente conflicto con otros centros de poder, destacadamente,
los
monarcas con pretensiones de gobierno absoluto. (i ello
condicion su origen
histrico, tal situacin debe servir, actualmente, para replantear
el enfoque
terico que debe efectuarse sobre tales actos.
La organizacin de los debates y el procedimiento parlamentario
es cuestin
remitida por la
+onstitucin, como se desprende de su artculo -, a la regulacin y
actuacin
independiente de las +"maras legislativas y los actos puramente
internos que
adopten las mismas no podran ser enjuiciados por este ribunal,
en cuanto
presuntamente lesivos de los eglamentos.
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El dogma de la soberana parlamentaria bien se encuentra
ntimamente
vinculado a la doctrina de los interna corporis acta, su
desarrollo merece un
tratamiento diferenciado por sus particulares implicancias.
La posibilidad de someter a control jurisdiccional la actividad
parlamentaria
cabe entonces preguntarse en tomo al concepto mismo que es el
sustento de
la crtica contra esas posiciones, el derecho a la tutela
jurisdiccional.
El derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho de
conformacin compleja
que comprende /seg0n la jurisprudencia constitucional espa$ola
tres derechos,
a saber* el derecho de accin, el derecho a un debido proceso
legal y el
derecho a la ejecucin de las sentencias. )ara los propsitos del
presente
estudio, nos concentraremos en el derecho de accin.
En este conte#to, cuando todava se encontraba en funciones el
denominado
+ongreso +onstituyente 1emocr"tico empez la discusin en tomo a
la
configuracin del mencionado rgano de control constitucional
llegando a la
+omisin de +onstitucin y eglamento un proyecto de Ley 2rg"nica
sin que
dicha comisin cumpliera lo dispuesto por el
eglamento del +ongreso +onstituyente 1emocr"tico, en el sentido
de
dictaminar dicho proyecto dentro del plazo de treinta das.
CAPITULO II
Aleato del doctor !alentn Paniaua Cora"ao en la #e#in $atinal
del
$i%rcole# &' de $a(o de )**+
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El recurrente interpone accin h"beas data contra el e#
presidente de la
ep0blica 3alentn con objeto de que se le proporcione la
informacin
denegada mediante la carta notarial de fecha %- de diciembre del
-444, a
manifestado que no se le ha brindado la informacin solicitada
respecto de los
gastos efectuados por el e# presidente 5lberto !ujimori y su
comitiva. En
consecuencia, solicita que la informacin requerida se
especifique como sigue*
a6 monto asignado por concepto de vi"ticosb6 monto asignado por
concepto de gastos de representacinc6 costos de los pasajes areos,
por cada uno de los viajes realizados
d6 gastos de combustible y operacin del avin presidencial.e6
monto asignado para gastos de la comitiva presidencial, entre
otros.
5lega que se vulnera su derecho de acceso a la informacin, ya
que la
informacin requerida no atenta contra la seguridad nacional, ni
afecta la
intimidad personal, ni est" e#ceptuada por ley.
El +ongreso teniendo en cuenta la forma y circunstancias cmo se
ha originado
este singular proceso en el que una +omisin de 7nvestigacin,
desviando el
objeto preciso de sus investigaciones, ha terminado convirtiendo
en
acusadores a los denunciados a los que deba investigar. (era por
cierto
particularmente grave que el +ongreso acogiera la 5cusacin
constitucional
formulada.
!ujimori convoc a nuevos comicios sin su participacin y desactiv
el (ervicio
de 7nteligencia 8acional 9(786, inhabilitando parcialmente a
3ladimiro
:ontesinos, quien poco despus fug del pas.
Luego, el entonces presidente viaj a ;runi, en el sudeste
asi"tico, con motivo
de celebrarse la cumbre de 5)E+. 1as despus se desplaz a
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contribuira a =abrir paso a una etapa de definitiva distensin
poltica que
permita una transicin ordenada y, algo no menos importante,
preservar la
solidez de nuestra economa> 9%? de noviembre del -4446.
5s, sin m"s, el )er0 se qued en el aire. (olo un oportuno
consenso en el
)arlamento permiti que el pas recobrara la estabilidad dando
paso a la figura
intachable de 3alentn )aniagua, quien fue elegido, primero,
presidente del
+ongreso.
Este valiente peruano haba empezado su carrera poltica con tan
solo - a$os,
cuando fue elegido diputado cusque$o por la alianza electoral
5ccin )opular/
1emocracia +ristiana. En %?&@, se convertira en ministro
de
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+onstitucional, quienes fueron defenestrados de sus cargos el -'
de mayo de
%?? por declarar inconstitucional la tercera postulacin de
!ujimori a la
presidencia.
El -- de noviembre de -444 se llev a cabo la ceremonia de
juramentacin y
se le hizo entrega de la banda presidencial de manos de la e#
congresista
oficialista Luz (algado. (e haba convertido en el )residente
n0mero B del
)er0.
1urante su gobierno )aniagua se encarg de restituirle al pas la
credibilidad
internacional perdida. Liber a presos polticos como el lder
izquierdista
Cehude (imon.
etom el ne#o con la +orte 7nteramericana de 1erechos Dumanos
9+71D6, y
cre la +omisin de la 3erdad y econciliacin 9+36 para la
investigacin de
crmenes durante la poca del terrorismo.
El )residente del +onsejo de :inistros
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5ntonio Fetn 3idal en la cartera del 7nterior, logr la captura
de 3ladimiro
:ontesinos orres, el -G de junio de -44%.
=1eclaro haber cumplido y hecho cumplir la +onstitucin y la ley
y que me he
esforzado en todos los instantes de mi gestin por ser digno del
encargo de
presidente del +ongreso, primeroH y de presidente de la
ep0blica, despus>,
fueron las palabras de 3alentn )aniagua el -' de julio de -44%,
0ltimo da de
su gobierno.
CAPITULO III
CASO TRI,ULAN CONSTITUCIONAL
El tribunal constitucional siendo el rgano en que ejerce el
control de la
constitucionalidad considerando la Ley -&BG@ constitucional
ejerciendo,
teniendo conocimiento de los conglicyos de competencia o de
atribuciones
asignadas por la constitucin al te la ley.
Los aspectos de funcionamiento del tribunal constitucional.
Isando el artculo BJ de la ley 2rg"nica del ribunal
+onstitucional mas
polmicos del funcionamiento tributario, distinguiendo para
resolver y adoptar
acuerdos, entre en mayora simple de votos emitidos, resolviendo
las
inadmisibilidades de la demanda de inconstitucionalidad o para
dictar
sentencias que declaran inconstitucional una norma de rango del
ley.
La esolucin acusatoria aprobada por la +omisin )ermanente y
los
fundamentos esgrimidos por la +omisin 5cusadora que, incluso, ha
propuesto
una sancin que la +omisin )ermanente, hasta donde se conoce, no
aprob.
Day, en segundo lugar, aparente contradiccin tambin entre los
dos miembros
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de la +omisin acusadora. Ino de ellos se ha empe$ado en probar
que la
sancin del +ongreso nada tiene que hacer con la (entencia de
inaplicabilidad
de la ley de reeleccinH el otro, considera que la infraccin
constitucional radica,
precisamente en esa esolucin, m"s que en la esolucin aclaratoria
de la
(entencia, como se vino sosteniendo a lo largo de todo el
proceso. )ara uno
de ellos, la infraccin constitucional implica el juzgamiento de
los votos y
opiniones de los miembros del ribunal en la (entencia de
inaplicabilidad
mientras que, para el otro, el +ongreso no puede invadir esa
esfera protegida
por la inviolabilidad de que goza el ribunal. Ino sostiene, por
fin, que el
pretendido juicio poltico instaurado, perseguira hacer efectiva,
nada menos
que una responsabilidad jurdica derivada de una infraccin de la
+onstitucin,
desde luego no tipificada y no una infraccin poltica.
CAPITULO I!
La# in-raccione# del procedi$iento lei#lati.o
5l estudiar la eficacia que para la validez de las Leyes ha de
tener la
observancia de los tr"mites del procedimiento legislativo, hemos
de prescindir,
por obvias razones de tiempo y lugar, de la plena consideracin
de la
naturaleza jurdica de los eglamentos parlamentarios, por m"s que
la solucin
que haya de darse a aquel problema depende tambin de la opinin
que se
adopte sobre la propia naturaleza jurdica de los eglamentos de
las +"maras,
ya que seg0n stos sean tenidos como autnticas normas de eficacia
jurdica
e#terna al "mbito cameral estricto o, en cambio, como meros
compiladores de
interna corporis, los eglamentos parlamentarios podr"n ser
tomados o no
como par"metros de la constitucionalidad formal de las Leyes. 1e
todas
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formas, la interrelacin e#istente entre ambas clases de
cuestiones permitir", a
partir del an"lisis de la trascendencia jurdica que se otorgue a
la infraccin de
los eglamentos, llegar a conocer la posicin que se sustente en
punto a la
naturaleza de los mismos.
En primer trmino, puede decirse que para la doctrina espa$ola
el
procedimiento parlamentario de elaboracin de las leyes tiene el
significado no
slo de ser ordenacin interna de la actividad de las +"maras,
sino tambin
criterio adecuado para determinar la constitucionalidad de las
Leyes o, mejor,
en sentido negativo, su eventual inconstitucionalidad formal o
por motivos
formales, contraponindose sta a la inconstitucionalidad material
o sustantiva,
por razn del contenido de la Ley respecto al de la +onstitucin.
+on ello la
doctrina, con los oportunos matices, pone de relieve la
importancia que estos
aspectos de forma tienen para la plena validez jurdica de las
Leyes,
importancia que es inequvocamente tributaria del propio
reconocimiento
constitucional de los diferentes rganos que intervienen en el
procedimiento
legislativo y, en particular, entre aqullos, de la prevalente
posicin de las
+ortes Aenerales.
)ero una vez destacada esa directa relacin e#istente entre el
respeto al
procedimiento legislativo y la constitucionalidad de la Ley
resultante, la doctrina
ha seguido luego diferentes vas para medir dicha
inconstitucionalidad formal,
lo que revela en s la dificultad misma del tr"nsito por esta
materia, y ha llegado
igualmente a resultados diversos en cuanto a la definicin de los
motivos de la
infraccin procedimental y de su virtualidad invalidante de la
Ley.
CAPITULO !
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!einticinco a/o# de control 0uri#diccional de la acti.idad
parla$entaria
En definitiva, nuestro ribunal +onstitucional reconoce la
e#istencia de los
denominados interna corporKs y su e#encin de cualquier tipo de
control
jurisdiccional, pero admite dicho control respecto de los actos
parlamentarios
sin valor de ley, bien de car"cter general bien singular, que
afecten a las
relaciones e#ternas del rgano o supongan la vulneracin de
derechos o
libertades fundamentales.
En conclusin el artculo -G de la +onstitucin, dada la amplitud
de su
significado en atencin a la interpretacin que de l ha efectuado
el ribunal
+onstitucional al objeto de otorgar cobertura legal al control
de los actos
parlamentarios todava inmunes, deviene en el cauce que hace
posible, hoy por
hoy, la justiciabilidad del actuar del )arlamento en la mayor
parte de los casos,
y ello a travs de la va del amparo directo prevista en el
artculo B- de su Ley
2rg"nica.
CONCLUSIONES
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El tribunal constitucional no puede realizar sus labores con
normalidad, por lo
que los dem"s magistrados optan la b0squeda de otra salida
resolver" la
demanda presentada en contra la ley de las relaciones
presidenciales.
La ley de relacin a la demanda de constitucionalidad contra la
ley de
reeleccin presidencial, el presidente del tribunal aclar que la
sentencia 0nica
y verdadera era la de la inaplicabilidad.
Las consecuencias jurdicas que deban desprenderse de cuanto
aqu
sostenemos no habr"n de ofrecer mayores dificultades. El
principio de
seguridad jurdica y conservacin de actos al que reiteradamente
hemos venido
aludiendo permitira el mantenimiento de la eficacia jurdica
material del acto
distributivo realizado, pese a haber revestido el mismo la
indebida forma de
Ley. )or el contrario, en todo aquello en que esta Ley
aprobatoria se hubo
e#cedido de la finalidad distributiva concreta del !ondo, la Ley
se habra de
reputar inv"lida e ineficaz, puesto que, depurada de lo que
significara
distribucin autntica del !+7, no podra ampararse ya en ning0n
caso en el
peculiar procedimiento invertido del artculo B.- de la
+onstitucinH o, lo que
es lo mismo, la Ley residual se habra promulgado con una
alteracin
sustancial en el procedimiento parlamentario de elaboracin, lo
que no puede
pervivir al amparo de principio jurdico alguno.
)ues bien, este ha sido, precisamente, el propsito de mi
refle#in, en el
sentido de considerar a la teora del acto poltico o de gobierno
como ese
peque$o principio que sirve para justificar la pr"cticamente
ine#istencia de los
denominados acta interna corporativos, pues entiendo que, a
pesar de que
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nuestro ordenamiento jurdico otorgue un amplio margen de
maniobra tanto al
)arlamento como ai Aobierno, al objeto de adoptar determinadas
decisiones,
en tanto decisiones discrecionales, dicha discrecionalidad no
debe traducirse,
en ning0n caso, en mera arbitrariedad, pues es este el gran fin,
o la finalidad
0ltima que persigue todo Estado de 1erecho.
