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Santiago, tres de marzo de dos mil dieciséis.
Vistos:
En estos autos Rol 208-2007, acumulados a los Roles N°
494-2007 y N° 495-2007, seguidos ante el Segundo Juzgado de
Viña del Mar sobre indemnización de perjuicios por provecho
del dolo ajeno, en sentencia de 16 de diciembre de 2013,
escrita a fojas 3006 del Tomo VII, se acogió la demanda
deducida por la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), dirigida en contra de la Municipalidad de Viña del
Mar e Inversiones e Inmobiliaria ―Molin‖ Limitada,
ordenándose a las demandadas restituir a la parte demandante
las sumas de $1.840.784.895, la primera y $669.134.885, la
segunda, montos que se ordenó pagar con los reajustes de
acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor,
en el período comprendido entre la notificación de la
sentencia de primer grado y el pago efectivo, más intereses
en igual periodo de tiempo. En el mismo fallo se rechazó la
demanda interpuesta en contra de GASVALPO S.A., sin costas.
En cuanto a las demandas reconvencionales dirigidas en contra
de la actora principal, Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), se acogió la excepción de prescripción
opuesta por ésta, por haber transcurrido el plazo establecido
en la ley, por lo cual se negó lugar a las demandas
reconvencionales principal y subsidiaria, con costas.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, por sentencia de
06 de abril de 2015, escrita a fojas 3.321 y su rectificación
de diecisiete del mismo mes y año, escrita a fojas 3.333,
rechazó los recursos de casación en la forma deducidos por
Corporación de Fomento de la Producción y por la
Municipalidad de Viña del Mar y confirmó el fallo de primer
grado, sin costas.
En contra de dicha sentencia la parte Inversiones e
Inmobiliaria ―Molin‖ Limitada dedujo recursos de casación en
la forma y en el fondo, en tanto que la Municipalidad de Viña
del Mar interpuso recurso de casación en el fondo y, por su
parte, la Corporación de Fomento de la Producción, entabló
recursos de casación en la forma y en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando.
Primero: Que antes de entrar a exponer lo señalado en
los recursos de casación en la forma y en el fondo
interpuestos en el proceso y a que se ha hecho mención en lo
expositivo de este fallo, resulta necesario mencionar desde
ya los hechos que los jueces de la instancia dejaron
establecidos, siendo éstos los siguientes (considerando 69°
del fallo de primer grado, reproducido por el de segunda
instancia):
a) Que existió una actuación dolosa atribuible al Grupo
Inverlink en contra de CORFO;
b) Que producto de ese acto doloso, la Municipalidad de
Viña del Mar, Inversiones e Inmobiliaria Molin Ltda.,
recibió, de parte de Administradora de Fondos Mutuos
Inverlink S.A., el pago del rescate de sus inversiones
ascendente a la suma total $2.496.579.342;
c) Que tal suma fue íntegramente pagada a las demandadas
con dineros obtenidos mediante actuaciones financieras
fraudulentas cometidas en perjuicio de la demandante,
Corporación de Fomento de la Producción, consistentes en la
sustracción y venta de instrumentos financieros
pertenecientes a esta última;
d) Que dicho pago no se habría verificado de no mediar
la descrita actuación delictiva, pues la Administradora de
Fondos Mutuos Inverlink S.A., no contaba con recursos propios
para responder de sus obligaciones;
e) Que el rescate realizado por Gasvalpo, se efectuó en
un momento en que existía liquidez por parte de Inverlink;
f) Que por lo expuesto, la acción impetrada es del todo
procedente en los términos señalados por la actora.
I.-En cuanto al recurso de casación en la forma
interpuesto por Inversiones e Inmobiliaria Molin Limitada.
Segundo: Que el recurrente señala que la sentencia
recurrida resulta viciosa en dos aspectos, por un lado, alega
que ésta habría incurrido en el vicio de "ultra petita", en
los términos del Art. 768 N° 4 del Código de Procedimiento
Civil; y por otro lado, refiere que omitió pronunciarse sobre
algunas de las defensas presentadas, por lo que incurriría en
el vicio recogido en el artículo 768 N° 5 del mismo cuerpo
legal, al incumplirse con los requisitos de la sentencia
definitiva, contenidos en el artículo 170 del mismo Código.
Tercero: Que, en relación a la causal del artículo 768
N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber
sido dada ―ultra petita‖, afirma que la sentencia impugnada
incurriría en ese vicio, toda vez que el fallo de primera
instancia, ratificado por el de segunda, habría otorgado una
"restitución" a CORFO, que no había solicitado en su demanda,
pues la actora pidió una "indemnización" tal como se señaló
en el libelo pretensor, lo que volvió a repetir a fojas 46
del proceso, intentando obtener de su parte una indemnización
de $ 669.134.885, basando su acción en los artículos 1458
inc. 2o y 2316 inc. 2
o, ambos del Código Civil, preceptos que
se encuentran insertos en el régimen de las obligaciones en
general y de los contratos, concretamente dentro de las
normas que regulan los actos y declaraciones de voluntad, no
obstante que no ha existido un acuerdo de voluntades, un
contrato o un convenio, entre su parte y la Corporación de
Fomento de la Producción, por lo cual, en su parecer, no
resulta aplicable a este caso el artículo 1.458 del Código
Civil. A lo anterior agregó que, descartada la norma
anterior, la otra disposición legal citada en la demanda, es
la del artículo 2316 inc. 2o del Código Civil, disposición que
también establece una acción indemnizatoria.
Agrega que en esta causa la actora, Corporación de
Fomento de la Producción, pretende cobrar indemnización y un
supuesto lucro cesante (intereses), características que son
propias de la acción de indemnización. Por el contrario, en
las acciones restitutorias se debe solicitar la devolución de
una cosa que es del demandante.
Indica que aclarado que la acción principal y única que
interpuso CORFO en esta causa fue una de carácter
indemnizatoria, no puede pretender, en la réplica, cambiar
sustancialmente la naturaleza de la misma, indicando que es
una acción "restitutoria". Sin embargo, tanto el sentenciador
de primer grado, ratificado por el de segunda instancia, para
fundamentar su sentencia y desechar alguna de las defensas
sostenidas por su parte, señalaron que la acción interpuesta
por CORFO es una "acción restitutoria", como indicó
expresamente en el considerando 58° del fallo de primera
instancia, que señala, en lo pertinente: "sobre la naturaleza
de la acción incoada, a criterio de esta magistrado, la
acción no tiene la naturaleza de una acción indemnizatoria,
..." y, en la parte resolutiva, indica que su representada,
deberá "restituir a la parte demandante las sumas
demandadas", que en este caso ascienden a $669.134.885, lo
que fue ratificado por la sentencia de segunda instancia, que
en su considerando 23° señaló que "a pesar de haberse
señalado por el actor en su libelo de demanda que lo que se
deducía era una acción indemnizatoria, en circunstancias que
la acción que contiene el artículo 2316 inciso segundo del
Código Civil constituye una acción restitutoria, ya que ella
no se dirige en contra del autor del daño, sino de quien ha
obtenido provecho de éste y hasta el monto de dicho
provecho". Así las cosas, en opinión del recurrente, al
resolver de esta manera se incurrió en "ultra petita" por
extenderse a puntos no sometidos a su decisión.
Dice que la doctrina ha señalado que una de las formas
de incurrir en "ultra petita", es que la sentencia se aparte
de los términos en los cuales los litigantes plantearon la
discusión en sus respectivos escritos de demanda y
contestación, alterando el contenido de estas, cambiando de
objeto o modificando su causa de pedir, que es precisamente
lo ocurrido en estos autos.
Cuarto: Que, asimismo, señala que la sentencia recurrida
incurre en la causal del artículo 768 N° 5 del Código de
Procedimiento Civil, puesto que habría sido pronunciada con
omisión de los requisitos enumerados en el artículo 170 del
mismo Código, toda vez que no se pronunció sobre una de las
materias solicitada en la contestación de la demanda y en la
apelación, no resolviendo así todas las acciones y
excepciones hechas valer, tal como lo exige el artículo 170
del Código de Procedimiento Civil, afirmando que su parte, en
el escrito de contestación a la demanda opuso diversas
excepciones y defensas, las que menciona. Sin embargo,
reclama que el fallo nada diría respecto de sus alegaciones
de "no haber constancia de la efectividad de un delito en
contra de CORFO"; "no haber relación de causa a efecto,
necesaria para la procedencia de la responsabilidad
extracontractual"; "inexistencia de norma legal que ampare la
acción deducida"; "inexistencia del dolo por parte de la
demandada"; e "independencia de los pagarés o títulos de
crédito", omisiones éstas que el sentenciador de segundo
grado no habría subsanado, indicándose en el considerando 25°
de la sentencia de segunda instancia que: "en cuanto a las
demás alegaciones efectuadas en la apelación, constituyendo
éstas una reiteración de aquellas formuladas al contestar la
demanda, de las cuales el tribunal a quo se ha hecho cargo,
no existiendo antecedentes que permitan a esta Corte disentir
de lo resuelto, ha de estarse a las consideraciones allí
vertidas", pese a que, en su parecer, no hay pronunciamiento
en la sentencia de primer grado como tampoco en la de segunda
instancia sobre dicha defensa planteada por su parte.
Quinto: Que en cuanto a la alegación de ―ultra petita‖
efectuada por el recurrente, preciso es reiterar que ésta no
se funda en que la sentencia se haya pronunciado sobre hechos
o pretensiones ajenas a la litis, sino única y exclusivamente
en que al demandar la Corporación de Fomento de la
Producción, en su libelo calificó como de indemnizatoria la
acción intentada con base a lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 2316 del Código Civil, en circuntancias que tal
acción sería de carácter restitutorio, tal como en su escrito
de réplica ha manifestado la actora y en definitiva se ha
fallado.
Sexto: Que no siendo discutida la invocación en el libelo
de autos de la acción contemplada en el inciso segundo del
artículo 2316 del Código de Bello, resulta inconcuso que al
precisar su calificación en la réplica respectiva, la actora
no ha alterado las acciones objeto principal del pleito, de
modo que no se infringe lo dispuesto en el artículo 312 del
Código Procedimiental ni concurre la causal de su artículo
768 N° l4, encontrándose los tribunales del grado en
condiciones de ajustar la pretensión deducida a su verdadera
naturaleza jurídica, de conformidad con la legislación
invocada para ello, tal como se precisa en el escrito de
réplica correspondiente.
Séptimo: Que de este modo los jueces del grado no han
incurrido en el vicio de ―ultra petita‖ que se les imputa,
correspondiendo desestimar la nulidad que en él se pretendía.
Octavo: Que en relación a la alegación de falta de
consideraciones o fundamentos del fallo efectuada por
Inversiones ―Molin‖, debe decirse que el recurso de nulidad
formal no podrá ser acogido, puesto que los hechos por los
cuales se construye el argumento relativo a esta causal, no
constituyen el vicio denunciado. En efecto, éste concurre
cuando la sentencia carece de consideraciones o
fundamentación respecto de las acciones o excepciones
opuestas, pero no se encuentra presente en el evento que
éstas existan, sea porque no esté de acuerdo con la
valoración de la prueba hecha en el juicio o porque discrepe
de su calificación jurídica o de las consecuencias que de una
y otra extraiga el tribunal. Y es el caso que las alegaciones
en que se funda este capítulo de la nulidad formal deducida
representan básicamente una discrepancia referida a la
ponderación probatoria efectuada por los magistrados de
fondo, lo que difiere del error jurídico que se denuncia.
Por lo demás, las omisiones que detalla en su recurso se
refieren a defensas respecto de las cuales existe
consideración expresa en el considerando 25° del fallo de
segundo grado, aunque en sentido diverso al pretendido por el
recurrente, quien, en realidad, lo que reprocha es el
análisis de defensas efectuadas por él en el sentido indicado
por su parte, así como la obtención de una conclusión que sea
de su agrado, materia ajena a esta clase de recursos.
II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo
interpuesto por Inversiones e Inmobiliaria “Molin” Limitada.
Noveno: Que este recurrente denuncia como infringidos, en
primer término, los artículos 2332 y 2316 del Código Civil,
las cuales transcribe, señalando que estas disposiciones
habrían sido aplicadas erróneamente por los sentenciadores,
exponiendo que sería un hecho de la causa que la acción
entablada en autos, es de aquellas a que se refiere el
artículo 2316 inciso 2° del Código Civil, disposición ubicada
dentro del Título XXXV de dicho Código, denominado "De los
Delitos y Cuasidelitos". Es decir, en la especie se está en
presencia de una acción de responsabilidad aquiliana o
delictual civil, que es aquella que otorga la ley a una
víctima de un delito civil; en el presente caso, en contra de
una persona que, sin ser cómplice, recibe provecho del dolo
cometido por otro, pero sólo hasta la concurrencia de lo que
valga el provecho.
Agrega que el artículo 2332 del Código Civil, establece
el plazo de prescripción de estas acciones, el cual es de
cuatro años contados desde la perpetración del acto. Sobre
este aspecto señala que en la demanda de autos, se indicó que
los hechos sobre los cuales se basa la demanda, habrían
ocurrido en los meses de enero y febrero de 2003, por lo que,
considerando que la notificación de esta demanda se practicó
el día 1o de marzo de 2007, como consta en el expediente, a
esa fecha había operado la prescripción extintiva del derecho
que se pretende cobrar. Agrega que en el considerando 55° de
la sentencia de primer grado, lo cual es confirmado y
compartido por la sentencia de segunda instancia en sus
considerandos 20° y 21°, se indica que su parte fue
notificada el día 1° de marzo de 2007 y que el rescate de sus
fondos habría ocurrido el día 4 de marzo de 2003, por lo cual
no habría transcurrido el plazo de prescripción. Sin embargo,
en opinión del recurrente, este considerando 55°, que el
fallo recurrido hace suyo, incurre en dos errores. Por un
lado, el plazo debe computarse desde que habría ocurrido el
supuesto ilícito, esto es, el robo de documentos de CORFO, lo
cual, según la propia actora, ocurrió en los meses de enero y
febrero de 2003 o antes. Por ello, al 1 de marzo de 2007,
fecha de notificación de la demanda a su representada, el
plazo de 4 años estaba vencido. Al efecto, cita a don Arturo
Alessandri Rodríguez, en su obra "De la Responsabilidad
Extracontractual en el Derecho Civil Chile". Expone que es
claro que para este autor el plazo de 4 años se comienza a
contar desde que se cometió el hecho doloso, que como lo
señala la propia demanda, fue el robo o sustracción de
documentos de CORFO, lo cual había ocurrido entre los meses
de diciembre de 2002, enero y febrero 2003. Dice que distinta
es la opinión de don Enrique Barros Bourie quien sostiene que
éste plazo de prescripción de 4 años, debe comenzar a
computarse desde la manifestación del daño. (―Tratado de
Responsabilidad Extracontractual").
Añade que cualquiera que sea la postura que se escoja,
necesariamente se debe llegar a la conclusión que este plazo
de cuatro años comienza a computarse desde que se cometió el
hecho doloso, o desde que existe manifestación del daño, que
en el caso de autos el daño alegado por CORFO se produjo por
la sustracción de documentos y su posterior comercialización
en el mercado, hechos que de acuerdo a toda la prueba del
proceso, necesariamente ocurrieron en el mes de diciembre de
2002 o en enero de 2003, toda vez que a principios de febrero
los dineros de estos "papeles" estaban en la cuenta corriente
de Inverlink, es decir el hecho doloso o la manifestación del
daño para CORFO ocurrió en diciembre del 2002 o en enero del
2003. Por tanto, al haberse notificado la demanda a su
representada, Inversiones e Inmobiliaria ―Molin‖ Ltda., el
día 1 de marzo del 2007, el plazo de prescripción de ésta
acción ya estaba vencido.
En consecuencia, estima que al no haber aplicado de esta
forma la norma legal, el sentenciador habría infringido el
artículo 2332 del Código Civil al no computarse correctamente
el plazo de prescripción.
Explicando la influencia del vicio en lo dispositivo del
fallo, señala que de haber aplicado correctamente dicha norma
en relación del artículo 2316 inciso 2° del mismo texto
legal, el sentenciador debió haber declarado la prescripción
y, al no haberlo hecho, infringió estas normas al señalar un
inicio distinto del plazo de prescripción que indica la
norma, por lo cual, de haberse computado correctamente el
plazo, se debió llegar a la conclusión que la acción de
autos, a la fecha de la notificación de la demanda, se
encontraba prescrita como oportunamente alegó su parte y, por
ende, debió rechazarse la demanda.
Décimo: Que la acción deducida en autos es aquella
establecida en el inciso 2º del artículo 2316 del Código
Civil, norma que en su inciso primero dispone en términos
generales que es obligado a la indemnización el que hizo el
daño y sus herederos, señalando expresamente en su inciso 2º:
"El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en
él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el
provecho". Por su parte, el artículo 2332 de dicho cuerpo
legal establece que ―las acciones que concede este título por
daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la
perpetración del acto”.
Que, en consecuencia, para resolver la impugnación
planteada es necesario determinar cuál es el acto por cuya
perpetración se concede la acción invocada por la demandante.
Y de la literalidad del texto del artículo 2316 del
Código de Derecho Común sólo puede desprenderse que el acto a
que se hace referencia no es otro que recibir provecho del
dolo ajeno, hecho que hace nacer la obligación de restitución
allí establecida.
De este modo, siendo claro el sentido de la norma que
concede la acción cuya prescripción se alega, no es posible -
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código
de Bello- desatender su tenor literal en su interpretación y
aplicación.
Undécimo: Que siendo un hecho inamovible para estos
sentenciadores que entre la fecha en que la demandada recibió
el provecho que fundamenta la acción invocada y aquella en
que se notificó la demanda de autos no habían transcurrido
los cuatro años que para la prescripción de la acción
deducida establece el artículo 2332 del Código Civil, no
podrá acogerse el recurso entablado contra los sentenciadores
del grado por haber desestimado la excepción de prescripción
interpuesta por la recurrente.
Duodécimo: Que este mismo recurrente, como segundo grupo
de disposiciones infringidas, señaló los artículos 2316
inciso 2°; 1458, 1683, 44, y 2330, todos del Código Civil y
312 del Código de Procedimiento Civil, los cuales transcribe.
Afirma que estas disposiciones son aplicadas
erróneamente por los sentenciadores, indicando que es un
hecho que la parte demandante presentó una acción
indemnizatoria por aprovechamiento del dolo ajeno, tal como
se desprende de la suma de la demanda, al decir que se
demanda en juicio ordinario indemnización por provecho del
dolo ajeno y luego, en el mismo escrito de demanda se lee:
"2. En la representación que invisto, deduzco demanda en
juicio ordinario de indemnización de perjuicio por provecho
del dolo ajeno en contra de Inversiones e Inmobiliaria Molín
Limitada,...‖. Luego, repite que en el escrito de fojas 46 de
autos, de 29 de marzo de 2007, la parte demandante (CORFO) al
especificar el juicio, textualmente señala: "... en los autos
sobre indemnización por provecho de dolo ajeno, caratulados
"Corporación de Fomento de la Producción con Inversiones e
Inmobiliaria Molín Ltda. ...".
Añade que la acción de CORFO buscaba obtener de su
parte, una indemnización de $ 669.134.885, basando su acción
en los artículos 1458 inciso 2o y 2316 inciso 2
o, ambos del
Código Civil.
El primero de estos preceptos está inserto en el régimen
de las obligaciones en general y de los contratos (Libro IV
del Código Civil), más concretamente, el artículo 1458 está
dentro de las normas que regulan los actos y declaraciones de
voluntad. Por ello, para que esta norma tenga aplicación,
debe existir un acuerdo de voluntades, es decir un contrato o
convenio. Sin embargo, entre su parte y CORFO nunca existió
un contrato o convenio, por lo cual no es posible aplicar el
artículo 1458 del Código Civil. Sin perjuicio de lo anterior,
y aún considerándose que esta norma podría aplicarse, se
habla de "perjuicios", concepto que lleva implícito que se
está en presencia de una acción indemnizatoria y no
restitutoria como pretende posteriormente la parte contraria,
pues de lo contrario el legislador habría hablado de
"restituir". Dice que descartada esta norma, la otra
disposición legal señalada es el artículo 2316 inciso 2o,
norma que expresamente establece una acción indemnizatoria.
Explica que de lo anterior queda claramente establecido
que la demanda de autos es una acción indemnizatoria, y si
bien en el escrito de réplica CORFO cambió su acción de
indemnizatoria a restitutoria, este cambio no guarda relación
con los fundamentos de derecho de su demanda, como ya se
explicó. Además de lo anterior, el artículo 312 del Código de
Procedimiento Civil, señala que si bien las partes en sus
escritos de dúplica y réplica podrán ampliar, adicionar o
modificar sus acciones y excepciones, éstas no pueden alterar
de manera alguna el objeto principal del pleito, cual es, en
el presente caso, la indemnización que pretende CORFO porque
su representada se habría aprovechado del dolo ajeno.
Añade que si realmente lo que pretendía finalmente CORFO
es una restitución, indudablemente estaría cambiando o
alterando el objeto principal del pleito, pues los supuestos
de esta acción difieren sustancial y diametralmente de
aquella, situación que se encuentra expresamente prohibida
por el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, de
modo que al dar lugar a esta interpretación, los
sentenciadores atentaron derechamente contra texto expreso de
ley, toda vez que la norma señalada prohíbe ésta alteración
respecto de lo que se había alegado y pedido en la demanda.
Insiste el recurrente en que las normas base citadas por
CORFO en su demanda hablan de una acción indemnizatoria, tal
como lo indicó expresamente en su libelo, por tanto, cuando
el fallo de primer grado en el considerando 68°, confirmado
por el de segunda instancia (considerando vigésimo tercero),
señala que la acción intentada por CORFO es restitutoria, se
aparta del texto expreso de la ley y de la demanda de autos,
con lo cual vulneró derechamente, en primer lugar los
artículos 1458 y 2316 del Código Civil los cuales, el primero
de ellos habla de "perjuicios", noción que alude directamente
a una acción indemnizatoria y no una restitutoria, por lo
cual no se ve razón alguna, para señalar que esta norma alude
a una acción restitutoria, y el segundo artículo es más claro
aún pues expresamente habla en su inciso primero de una
indemnización, por lo cual al pretender que se trata de una
acción restitutoria se infringe esta norma, la que no admite
interpretación alguna ya que el legislador de forma expresa,
clara y categórica señala que se está en presencia de una
indemnización.
Agrega que dejando establecido lo anterior, y en el
marco de una acción de responsabilidad, el sentenciador
vulneró los artículos 1683 y 2330, ambos en relación con el
artículo 44, todos del Código Civil.En efecto, si los hechos
ocurrieron como se indica en la demanda, CORFO se estaría
aprovechando de su propio dolo para tratar de obtener
beneficios, ello pues se indica en la demanda que los
ejecutivos de Inverlink, por decisión propia, habrían
sustraído o robados "papeles" de CORFO por la suma de
$84.000.000.000, sin que CORFO se percatara de la ausencia de
ello; sin embargo, tal omisión, descrita y reconocida
expresamente, no puede sino deberse a una falta de control de
CORFO respecto de la utilización de los instrumentos que dan
cuenta de sus colocaciones, existiendo una doble negligencia
al no existir controles para evitar la "sustracción" de
papeles y además porque éstos lograron ser cobrados,
habiéndose acreditado entonces culpa grave por parte de
CORFO, la que se asemeja al dolo, según el artículo 44 del
Código Civil, pues es obvio que la actora no puede pretender
aprovecharse de su torpeza.
Añade que el artículo 1683 del Código Civil indica que
la nulidad absoluta sólo puede ser alegada, entre otros
requisitos, por todo aquel que tenga interés en ello, excepto
el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo
y debiendo saber el vicio. Es decir, se establece
positivamente que no se puede aprovechar del propio dolo
quien lo ocasionó o debía saber de su existencia y, en este
caso, CORFO se está aprovechando de su propio dolo para
pretender cobrar dineros a terceras personas.
Para rechazar este argumento, en el considerando 58° de
la sentencia de primer grado y en los fundamentos 22° y 23°
del fallo de segunda instancia, se señaló que se está en
presencia de una acción de naturaleza "restitutoria". Sin
embargo, según la recurrente, lo anterior no guardaría
relación con el mérito del proceso, como se indicó
anteriormente. En consecuencia, para quien entabla este
recurso, el hecho indiscutido sería que CORFO actuó con culpa
grave, que se asimila al dolo, y pretender resarcirse de los
daños alegando su propio dolo es contrario al ordenamiento
jurídico, por lo que al no fallar de esta forma, en opinión
del recurrente, se vulneró el ordenamiento legal,
especialmente los artículos 44 y 1683 del Código Civil.
Expresa que además de lo anterior, también se vulneró el
artículo 2330 del Código Civil, norma que establece la regla
de compensación de culpa, al señalar que "la apreciación del
daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se
expuso a él imprudentemente". Señala que en esta causa CORFO
actuó negligentemente, por lo cual, correspondía haber
aplicado esta norma, la cual no fue considerada por el
sentenciador, toda vez no señala ningún tipo de compensación.
Al señalar cómo habría influido la vulneración de este
grupo de disposiciones substancialmente en lo dispositivo del
fallo, señala que de haberse aplicado correctamente los
artículos 1458 y 2316 del Código Civil y 312 del Código de
Procedimiento Civil, el sentenciador debió haber señalado que
se estaba en presencia de una acción indemnizatoria y, en
consecuencia, haber aplicado todos los requisitos de ésta, y
no como lo señaló, erróneamente, que se trata de una acción
restitutoria, con lo cual se permitió acoger la demanda de
autos rechazando las defensas alegadas por su parte, todo lo
cual se debe a este manifiesto error de derecho al calificar
erróneamente la acción interpuesta, fallando incluso contra
el texto expreso del libelo de autos, el cual dice que se
trata de una acción indemnizatoria. Asimismo, al haber
calificado erróneamente la acción como restitutoria, dejó de
aplicar el principio del "Nemo Auditor", esto es que nadie
puede aprovecharse de su propio dolo, el que se encuentra
consagrado en el artículo 1683, ya que como se acreditó, y
fue punto de prueba, la negligencia de CORFO ha permitido que
CORFO se aproveche de su propio dolo, y no se ha aplicado lo
preceptuado en el artículo 2330 sobre compensación de culpa
que, de haberse aplicado correctamente, se habría acogido esa
defensa y se habría rechazado la demanda.
Décimo tercero: Que el cuerpo principal de las
alegaciones transcritas no es más que una reformulación del
recurso de casación formal ya rechazado, basado en el vicio
de ―ultra petita‖, y en consecuencia no cabría sino
rechazarlo por las mismas consideraciones antes vertidas, a
lo que se debe agregar que encontrándonos en la especie ante
una acción restitutoria no cabe alegar en su contra
argumentos propios de una defensa que enfrenta una demanda de
indemnización de perjuicios.
Sin embargo, entrando al fondo del asunto debatido, no
es cierto que los sentenciadores del grado hayan hecho una
falsa aplicación del artículo 2316 del Código Civil, dejando
de aplicar las disposiciones invocadas por la recurrente,
pues la acción entablada y los hechos de la causa encajan
perfectamente con la disposición decisoria de la litis:
i) Se ha tenido por establecido en
autos que un tercero actuó dolosamente contra la
demandante; y
ii) Se encuentra igualmente establecido
que la recurrente, sin ser cómplice en el dolo
de dicho tercero, obtuvo un provecho del mismo.
En la especie, el provecho necesario para interponer la
acción de autos se manifiesta en que Inversiones ―Molin‖,
gracias a la sustracción y venta de instrumentos financieros
de CORFO, logró obtener el rescate de los fondos que había
confiado al Grupo Inverlink, pues por la insolvencia de esta
última al mes de febrero de 2003 no existía posibilidad
alguna de que los inversionistas pudiesen recuperar sus
fondos.
Décimo cuarto: Que la demandada ha sostenido también que
ostentaba un título -crédito- para retirar la inversión, de
modo que no ha existido un enriquecimiento sin causa. Sin
embargo, la acción de restitución deducida no dice relación
con la causa de recibir sino con el provecho del dolo ajeno
al recibir, hecho que encontrándose acreditado en la
instancia, la recurrente no puede desvirtuar por esta vía.
Décimo quinto: Que, como se ha dicho reiteradamente,
tratándose la acción deducida de una especialísima de
carácter restitutorio, no yerran tampoco los sentenciadores
al no dar aplicación a su respecto del artículo 2330 del
Código Civil, en razón de encontrarse acreditado que un
funcionario dependiente de la demandante -Javier Moya
Cucurella- habría sido sobornado y se coludió con personeros
del Grupo Inverlink para sustraer los documentos financieros,
verificándose por ende negligencia de los diferentes niveles
ejecutivos de la Corporación de Fomento de la Producción,
como encargados de la custodia y control del patrimonio de la
institución.
En efecto, el artículo 2330 del Código de Bello
establece que ―la apreciación del daño está sujeta a
reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él
imprudentemente‖, refiriéndose a la disposición que lo
precede donde se precribe que ―por regla general todo daño
que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona,
debe ser reparado por ésta‖. La literalidad de las palabras
empleadas por el legislador, en el contexto que la emplea y
guardando la debida correspondencia y armonía entre las
partes involucradas, no permiten sino concluir que el daño a
que hace referencia el artículo 2330 (y cuya indemnización
puede reducirse por negligencia de quien lo padece), no es
otro que ―todo‖ el ―daño‖ ―imputable a dolo o malicia‖ de la
persona que lo ha causado y es, por tanto, obligada a su
reparación.
Pero en la especie no acciona la demandante contra quien
le ha causado un daño imputable a dolo o malicia ni puede
pretender la indemnización que eventualmente se reduciría por
su propio actuar negligente, sino que ejerce una que no tiene
por objeto indemizar un daño sino la restitución del provecho
que un tercero recibe del dolo ajeno, acción especialísima a
la que no alcanzan las disposiciones cuya falta de aplicación
se alega sino, al contrario, perfectamente regulada por
aquella disposición (el inciso segundo del artículo 2316 del
Código Civil) que el recurrente —sin razón— entiende falsa y
erróneamente aplicada.
Décimo sexto: Que como un tercer grupo de disposiciones
infringidas, indica la recurrente los artículos 147 de la Ley
de Quiebras y 2469 del Código Civil, los cuales transcribe,
señalando que estas normas habrían sido aplicadas
erróneamente por los sentenciadores del fondo, puesto que el
fallo definitivo dictada en segunda instancia en este juicio,
importaría una violación de las normas concursales
establecidas en el ordenamiento jurídico, especialmente en
cuanto ordena a su parte obrar en contra del principio
denominado ―par condictio creditorum‖. Explica que este
principio fue obviado tanto por el sentenciador de primera
como el de segunda instancia al no decir nada al respecto, y
de no considerarse se podría producir un doble pago, en
primer lugar a CORFO y luego al síndico respectivo, lo
cual repugna al ordenamiento legal. Agrega que en virtud del
principio de la ―par condictio creditorum‖, los acreedores de
un deudor determinado deben ser tratados en igualdad de
condiciones al interior de un procedimiento concursal. Lo
anterior, claro está, respetando en todo caso las normas
sobre prelación de créditos establecidos en los artículos
2465 y siguientes del Código Civil. Agrega que las normas
sobre la ―par condictio creditorum‖ son, evidentemente, de
orden público, razón por la cual no pueden ser renunciadas
por partes ni tampoco violadas por persona o autoridad
alguna, menos aún por los Tribunales de Justicia.
En consecuencia, según el recurrente, se viola el
principio recién señalado, específicamente los citados
artículos 147 de la antigua Ley de Quiebras y 2469 del Código
Civil, pues la sentencia al ordenar el pago a un acreedor
valista fuera del juicio que se ha abierto precisamente para
obtener el pago de su acreencia, importa un evidente
perjuicio a los demás acreedores valistas de dicho
procedimiento concursal que no han obtenido semejante pago,
como es el caso de la sentencia recurrida. En efecto, dice
que es un hecho de la causa, que además fue expresamente
reconocido de contrario, que la demandante CORFO verificó su
crédito en el juicio sobre quiebra de la sociedad Inverlink
Corredores de Bolsa S.A., que se tramita bajo el Rol N° 9095-
2003 ante el 6o Juzgado Civil de Santiago. La demandante
CORFO, en su calidad de acreedor valista de dicha fallida, el
12 de Marzo de 2004, mediante escrito que rola a fojas 416 de
esos autos sobre quiebra, verificó un crédito por la suma de
$ 84.323.173.177, entre los que se encuentran incluidos los
$669.134.885 demandados por la propia CORFO en este juicio,
respecto de su representada. Agrega que puede observarse de
la lectura de los hechos relatados en la demanda, que la
contraria verificó en la quiebra de Inverlink Corredores de
Bolsa S.A., entre otros créditos, la misma suma de dinero
cuyo cobro ha demandado en este juicio. En consecuencia, es
un hecho de la causa que la demandante CORFO ha interpuesto
la presente acción sobre indemnización del supuesto provecho
reportado en virtud del dolo ajeno, a pesar que también
verificó en la quiebra de Inverlink Corredores de Bolsa S.A.
la suma $84.323.173.177 en los que se encuentran
necesariamente incluidos los $669.134.885 demandados por la
propia CORFO en este juicio.
Expresa que está acreditado que el verdadero deudor de
las millonarias sumas que CORFO pretende que se le paguen, es
la referida fallida Inverlink Corredores de Bolsa S.A., y no
su representada como erradamente ha resuelto el tribunal de
segunda instancia.
Explicando la forma en que los errores de derecho
habrían influido en lo dispositivo de la sentencia, indica
que de haberse aplicado correctamente el artículo 147 de la
antigua Ley de Quiebras y el artículo 2469 del Código Civil
como se ha señalado, el sentenciador debió llegar a la
conclusión que no es posible dar lugar a la demanda de autos
toda vez que, siguiendo esta doctrina se llegaría al absurdo
que CORFO, a pesar de haber actuado negligentemente, se verá
doblemente favorecida; por un lado de recibir el pago injusto
de la demanda interpuesta por la suma de $669.134.885 y, en
segundo lugar, porque CORFO recibirá también en el juicio
concursal de quiebra del Grupo Inverlink la parte
proporcional a este crédito, con lo cual percibirá en el
juicio mencionado la misma cantidad de dinero.
Décimo séptimo: Que el principio de ―par condictio
creditoruom‖ o de igualdad de todos los acreedores, responde
a la eliminación del principio "prior in tempore potior
iure", que significa que el acreedor que llega primero cobra
primero. Así, conforme al principio invocado por la
recurrente, todos los acreedores del fallido satisfacen sus
acreencias dentro de la quiebra en un pie de igualdad. Como
se observa, no es posible que los sentenciadores hayan
vulnerado el mencionado principio, ello por cuanto éste sólo
rige dentro de la quiebra siendo obligatorio para el juez que
sustancia tal proceso, no correspondiendo que se invoque
fuera del procedimiento concursal.
Además se debe señalar que atendida la naturaleza de la
acción ejercida tampoco es factible que se vulnere el
principio de la ―par condictio‖, puesto que la acción por
provecho de dolo ajeno tiene un carácter especialísimo. A
través de ella la demandante pretende recuperar las sumas de
dinero que representaban los instrumentos financieros que le
fueron sustraídos. Así, sólo la CORFO puede ejercer esta
acción y no otros acreedores de la fallida. En el caso
concreto, no puede sostenerse que la demandante deba
concurrir en pie de igualdad con otros acreedores de la
fallida, toda vez que esta acción ha sido creada por el
legislador para que la víctima del hecho ilícito pueda
recuperar lo que le fuera sustraído de manos de un tercero
que ha obtenido un provecho de aquello, siendo éste
justamente un acreedor de la fallida. En otras palabras, si
fuera efectiva la hipótesis esgrimida por la recurrente, cabe
preguntarse, cuál de los acreedores valistas ha vulnerado el
principio de igualdad que rige entre ellos, ya que es
evidente que a pesar de que Inverlink se encontraba en una
situación de insolvencia, ―Inversiones Molin Limitada‖
recibió el pago correspondiente, cuestión que sólo pudo
realizarse con los dineros que representaban los instrumentos
financieros indebidamente sustraídos a la demandante.
Por otro lado existe otra falencia insalvable en el
argumento de la demandada, puesto que ella al recibir su pago
dejó de tener acreencia en la quiebra -al menos se desconoce
que tenga otros créditos contra la fallida- y en tal calidad
no tiene interés, por lo que para ella debiera ser
indiferente que se le pague a uno u otro acreedor.
Décimo octavo: Que el recurrente menciona como un cuarto
grupo de normas infringidas, los artículos 7, 8, 12, y 28 de
la Ley N° 18.092 sobre Letras de Cambio y Pagaré (en relación
a los títulos de crédito), normas que transcribe.
Señala que en virtud de los antecedentes descritos
anteriormente, el fallo dictado por la Corte de Apelaciones
ha cometido infracción a la ley, por no regirse en su
sentencia al principio de autonomía o independencia de los
títulos de crédito establecidos en la ley, pues CORFO, que es
una institución del Estado, maneja importantes recursos
económicos, los cuales mientras no son utilizados en sus
distintos programas de fomento, los mantiene en algún tipo de
depósito o instrumento de crédito que generan intereses para
ella, documentos que son títulos de crédito, cualquiera sea
la forma en cómo se hayan denominado (deposito a plazos,
pagarés u otros).
Estos títulos, de crédito según la doctrina y la ley,
son independientes de las relaciones comerciales o jurídicas
que las generan. Así por ejemplo, si se paga el precio de una
compraventa con un pagaré, la obligación de pagar el precio
se dará por cumplida y nacerá la obligación del suscriptor de
pagar éste, independiente de la relación jurídica anterior, y
deberá pagar el pagaré aun cuando eventualmente la
compraventa se declare nula. Esto se debe a que existe lo que
se denomina el principio de la "Independencia o Autonomía de
los Títulos de Crédito". Este principio rector en materia de
títulos de créditos, está consagrado en los artículos 7 y 8
de la Ley N° 18.092, al señalar que el portador del título
puede exigir el pago de cualesquiera de los firmantes
obligados, a pesar de que las firmas intermedias hayan sido
efectuadas por incapaces, personas inexistentes o bien
mandatarios que actuaren sin poder, o excediendo de sus
facultades. En definitiva, el adquirente del título puede
exigir sus derechos a los restantes obligados, cuyas firmas
son válidas. Lo propio expresa el artículo 12 de la Ley N°
18.092, al señalar que el pago de dicho título no origina una
novación respecto a la relación jurídica que le dio origen;
esto significa que el nacimiento del documento, a pesar de
que el origen se base en una relación jurídica previa, al
momento de constituirse adquiere vida propia y se basta por
sí mismo en base a la ley de circulación que rige las normas
del Derecho Comercial en general.
Explicando la forma en que estos errores de derecho han
influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, señala
que de haberse aplicado correctamente los artículos 7, 8, 12,
y 28 de la Ley N° 18.092 sobre Letras de Cambio y Pagaré, el
sentenciador debió llegar a la conclusión que no es posible
dar lugar a la demanda de autos, toda vez que la relación
personal entre CORFO e Inverlink es totalmente independiente
a los títulos de crédito que se emitieron a favor de
Inverlink, ya que consiste en documentos que se bastan por sí
mismos, por ende, su transferencia importa al portador, pues
en él nace el derecho.
Décimo noveno: Que el carácter abstracto de los títulos
de crédito o abstracción cambiaria, es el principio jurídico
que impone al deudor cambiario una prescindencia objetiva de
las relaciones extra cambiarias frente al portador del título
que sea un tercero de buena fe, de modo que no puede oponer a
éste excepciones o defensas fundadas en el negocio jurídico
en virtud del cual se emitió el documento. Lo acotado
demuestra que la abstracción del título sólo cobra relevancia
en tanto el documento haya circulado de acuerdo a su ley, más
si el portador legítimo es la misma persona con quien el
deudor llevó a cabo el acto que motivó la emisión del título,
la abstracción mencionada pierde trascendencia.
Por esto la doctrina mercantil, cuando indica entre las
excepciones inoponibles al portador las de falta de causa,
falsa causa o causa ilícita, agrega que "no obstante que el
acreedor de la obligación subyacente que adoleciera de estos
vicios no podría normalmente exigir su cumplimiento de su
contraparte en el negocio causal, cuando la letra de cambio
se encuentra en manos de un endosatario este último tiene
derecho a obtener el pago" (Manuel Vargas Vargas, Nueva
Legislación sobre Letras de Cambio y Pagarés, Editorial
Jurídica de Chile, Segunda Edición Actualizada, 1988, página
62).
Vigésimo: Que, dicho modo de otro modo, el pagaré o los
depósitos a plazo efectivamente pertenecen a la categoría de
los actos abstractos, es decir, de aquellos cuya estructura
no revela su causa y que producen sus efectos con abstracción
o prescindencia de la misma, esto es, existe y vale por sí
mismo y funciona desvinculado de su causa, pero lo que se
anota, sólo frente a los terceros o extraños de la relación
de la relación fundamental.
Que, sin embargo, siendo un hecho de la causa que los
títulos de crédito no circularon, no cobra aplicación el
principio de la autonomía de los títulos de crédito, pues el
carácter abstracto de la obligación que expresan no se se
extiende a las partes vinculadas directamente en el documento
mientras éste no circule.
Vigésimo primero: Que en quinto lugar denuncia la
impugnante como infringido el artículo 2316 del Código Civil,
que establece que es obligado a la indemnización el que hizo
el daño y sus herederos, agregando que el que recibe provecho
del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado
hasta concurrencia de lo que valga el provecho.
Explicando la forma en que los errores de derecho de este
quinto grupo de disposiciones infringidas influyen en lo
dispositivo del fallo, señala que en virtud de los
antecedentes del juicio, se demanda a su representada en base
al inciso 2° del artículo 2316 del Código Civil que regula la
acción de indemnización por aprovechamiento de dolo ajeno.
Explica que para que proceda dicha acción en contra de un
tercero que ha obtenido un "beneficio" a raíz de dolo ajeno,
es necesario que efectivamente se haya probado el dolo ajeno
por parte del autor principal del daño, y que exista un
beneficio a favor de su representada.
Explica que en la especie no se cumple el primer
requisito, toda vez que no hay constancia de que
efectivamente hubo dolo por parte de empresas Inverlink, pues
la actora en su demanda mencionó que CORFO había sido víctima
de un delito por medio del cual se sustrajeron los dineros,
pero no hay sentencia firme y ejecutoriada que acredite lo
anterior.
Agrega, en segundo lugar, otro requisito básico que debe
proceder para que la acción de indemnización sea admisible,
es que efectivamente exista un beneficio a favor de su
representada (quien ha tenido un provecho de dolo ajeno).
Respecto a esto, el recurrente dice que se debe tener
presente que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, se entiende por provecho el "Beneficio
o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún
medio" y por beneficio: "Ganancia económica que se obtiene de
un negocio, inversión u otra actividad mercantil". Es decir,
para que exista un beneficio o utilidad, en términos legales
y financieros, es necesario que no sólo se recupere el
capital invertido, sino también que se obtenga algo por sobre
el monto de lo que se invirtió, siendo precisamente dicho
exceso el beneficio o utilidad.
En opinión del recurrente, en el presente caso, según se
desprende de la demanda, su representada habría efectuado
depósitos de dineros en fondos mutuos administrados por el
grupo Inverlink y posteriormente habría retirado (efectuado
un "rescate") las sumas invertidas, lo cual habría producido
un beneficio de $669.134.885, que es la suma demandada en
autos. Explica que para rechazar esta argumentación, en los
considerados 23° y 24° de la sentencia de segunda instancia,
se indica que el "provecho" que obtuvo su representada está
dado por la situación de haber recibido su dinero, pues de no
haber existido el dolo ajeno, nada habría recibido. Dice que
lo anterior es contrario al texto de la ley, pues se demandó
y condenó a su representada a la "restitución" de la suma de
$669.134.885, que correspondería al total de lo obtenido de
Inverlink y que al no existir beneficio para la actora, la
institución jurídica del "aprovechamiento del dolo ajeno" no
es aplicable, pues se exige perentoriamente en la ley que
exista un provecho. En consecuencia, no es posible condenar a
su representada por la suma de $ 669.134.885, pues no ha
existido provecho o utilidad y que al no existir esto, no es
posible condenar a su representada, pues es requisito básico
de procedencia de la acción entablada, el que se haya
acreditado una utilidad o provecho del dolo ajeno, que es
precisamente la cantidad que podría indemnizarse. Al no
existir aquella, no es posible que prospere esta acción,
debiendo ser rechazada también por este motivo.
Explicando la forma como estos errores de derecho han
influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, dice
que de haberse aplicado correctamente la acción de
indemnización por aprovechamiento de dolo ajeno establecido
en el inciso segundo del artículo 2316 del Código Civil, ésta
no hubiese prosperado, por no haberse acreditado durante el
procedimiento el dolo por parte de empresas Grupo Inverlink,
y por no probarse uno de los requisitos básicos para que sea
procedente la acción de indemnización, la cual se basa el
artículo 2316 inciso 2° del Código Civil, esto es, que exista
un provecho por parte de su representada, que en definitiva
se refiere a una ganancia.
Vigésimo segundo: Que, sin entrar a detallar el carácter
contradictorio de estas alegaciones con aquellas ya
desestimadas, a su respecto cabe señalar que a la expresión
provecho sólo cabe otorgarle el sentido que naturalmente le
corresponde, esto es, como un beneficio y no restringido
exclusivamente a una ganancia, como lo quiere el recurrente.
Tal conclusión se ve reforzada por el antecedente de hecho
que, no obstante tratarse de dinero, especies fungibles, los
sentenciadores de la instancia establecen expresamente que el
rescate de la inversión por la demandada fue íntegramente
pagado, precisamente, con los dineros obtenidos mediante
actuaciones financieras fraudulentas cometidas en perjuicio
de la demandante.
En consecuencia, en la especie no se configuran los
yerros jurídicos imputados a los sentenciadores, por lo que
el recurso de casación no podrá ser acogido en este extremo.
Vigésimo tercero: Que al mencionar un sexto grupo de
disposiciones infringidas, cita los artículos 2314 y 2316 del
Código Civil; artículos 5° del Código de Procedimiento Penal
y 167 del Código de Procedimiento Civil, los que transcribe.
Al explicar la forma como se habrían producido los
errores de derecho en este sexto grupo de disposiciones
infringidas, señala que en el presente caso, según la acción
interpuesta, CORFO habría sido víctima de un delito penal,
consistente en la sustracción o robo de títulos de créditos,
efectuada supuestamente por personas vinculadas a las
empresas Inverlink, por lo cual, es un hecho esencial, para
acoger la demanda, que CORFO acredite el delito penal de robo
o sustracción, que fue víctima, lo cual no ha ocurrido en la
especie, pues el hecho fáctico básico de la demanda de autos
es la presunta existencia de un ilícito penal cometido en
contra de CORFO por Eduardo Monasterio Lara; Orlando Patricio
Coliarte López; Eduardo Tapia Donoso, Javier Moya Cucurella,
Enzo Bertinelli Villagra, Luis Hernández Palma y otros
terceros, consistente en la sustracción de depósitos a plazo,
que posteriormente habrían sido vendidos, entregando dichos
dineros al FMIQ, el cual, con dichos recursos, habría pagado
a sus inversionistas.
En el considerando 59° del fallo de primer grado, que
hace suyo la Corte de Apelaciones, la jueza da por acreditada
la existencia de este ilícito penal, señalando que la
sustracción por parte del Grupo Inverlink de instrumentos
financieros de CORFO y su posterior venta se prueba con los
instrumentos y medios de prueba ahí señalados. En concepto
del recurrente, lo anterior es contrario a nuestro
ordenamiento jurídico, pues lo que se pretende acreditar es
la existencia de un delito penal, ya sea robo, hurto,
apropiación indebida u otra figura penal, para lo cual es
necesario que haya un proceso penal en el que se acredite la
existencia del delito. Lo anterior no ha sucedido, ya que no
existe constancia de alguna sentencia final firme que condene
a las personas nombradas en la demanda o en la sentencia,
como autores de algún ilícito penal, como exige expresamente
el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal. Más aún, no
sólo se necesitaría una condena firme, hasta ahora
inexistente, sino que se requeriría que se determinara clara
y fehacientemente, que con los dineros correspondientes a los
depósitos endosados por CORFO y colocados en Inverlink,
sustraídos ilícitamente, que tales "papeles" se hicieron
efectivos y con el producto de ellos se pagó específica y
precisamente a su representado.
Agrega que si la acción de CORFO es restitutoria, ésta
se debe interponer en el proceso penal, según mandato legal
indicado en el artículo 5° del Código de Procedimiento Penal,
por lo cual, no puede ser ésta la sede jurisdiccional para
solicitar la "restitución". Por último, dice que como
expresamente señala la ley (Art. 167 CPC), si la existencia
de un delito es fundamento de la sentencia civil, como es el
presente caso, se exige que exista la sentencia penal
condenatoria, lo cual, como se ha señalado, no hay, por lo
cual no se puede dar lugar a la acción de autos.
Explicando la forma como estos errores de derecho han
influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, dice
que de haberse aplicado correctamente los artículos 2314 y
2316 del Código Civil, en relación con los artículos 5° del
Código de Procedimiento Penal y 167 del Código de
Procedimiento Civil, el sentenciador debió haber rechazado la
demanda, porque no existe una sentencia condenatoria del
delito penal (robo, hurto, sustracción u otro) en el cual la
demandante base su acción civil, como perentoriamente exige
esta última norma legal. Más aún, si fuere una acción
restitutoria, como pretende CORFO en su réplica, esta debió
haberse interpuesto en el proceso penal, como manda
expresamente el artículo 5° inciso 1° del Código de
Procedimiento Penal.
Vigésimo cuarto: Que en relación a la alegación
precedente, que consiste básicamente en que no se encontraría
debidamente acreditado que el dinero rescatado por su
representada haya procedido de fondos sustraídos a CORFO,
cabe señalar, en primer lugar, que en cuanto a esta última
aseveración la casación de fondo se construye contra los
hechos del proceso, transcritos en el motivo primero de este
fallo (pues los sentenciadores dieron por probado que el
dinero pagado al Municipio demandado provino precisamente de
la liquidación de los instrumentos financieros substraídos a
CORFO), e intenta variarlos, proponiendo otros que no se
encuentran acreditados. Dicha finalidad, por cierto, es ajena
a este recurso que tiene por objeto invalidar una sentencia
en los casos expresamente establecidos por la ley, lo que
significa que se realiza un escrutinio respecto de la
aplicación correcta de la ley y el derecho a los hechos
soberanamente asentados por el fallo de instancia.
Que esta materia ya ha sido objeto de numerosos
pronunciamientos de esta Corte de Casación, la que ha venido
sosteniendo de manera invariable que no puede modificar los
hechos que han fijado los magistrados del fondo, en uso de
sus atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y
comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del
valor legal de la prueba, lo que en este caso no ha ocurrido,
pues ninguna de ellas fue denunciada como quebrantada.
Que, en consecuencia, el recurso no podrá ser acogido en
este extremo.
Vigésimo quinto: Que un séptimo grupo de disposiciones
infringidas, estaría constituido, según la recurrente, por
las normas de interpretación de la ley, que corresponde en
este caso los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil.
Aduce que el sentenciador cometió un grave error de
derecho al interpretar y aplicar indebidamente normas de
orden público, como son las señaladas en los grupos
anteriores, no debiendo dar lugar a la demanda, toda vez que:
a) la acción está prescrita; b) se está en presencia de una
acción de indemnización y por tanto opera el principio "Nemo
Auditor" y la compensación de culpa; c) se vulnera el
principio de la "par condictio creditorum"; d) se vulnera el
principio de la independencia o autonomía de los títulos de
créditos; e) no existe provecho por su parte; f) inexistencia
de delito base de la acción (no hay sentencia penal), y en
caso, como pretende la actora, que se esté en presencia de una
acción restitutoria, éste debe ser intentada en el proceso
penal, por expreso mandato de la ley, todo conforme a las
normas legales citadas en los grupos anteriores.
Al explicar la forma como estos errores de derecho han
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, indica
que si los sentenciadores hubiesen observado las disposiciones
legales citadas en la forma como se ha indicado, la sentencia
debió rechazar la demanda, atendido el sentido de las
disposiciones citadas y el contexto de dichas leyes, y revocar
la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda de
autos.
Vigésimo sexto: Que en este capítulo del recurso, el
recurrente denuncia los mismos errores de derecho que había
señalado anteriormente, esta vez invocándolos en la óptica de
infracciones a las normas de interpretación de la ley.
Que en opinión de estos sentenciadores, los argumentos
vertidos con anterioridad para el rechazo de cada una de la
infracciones denunciadas son suficientes para rechazar
también este último capítulo de nulidad, teniendo presente
que no se infringieron las normas sobre interpretación de
ley.
III.- En cuanto al recurso de casación en el fondo
interpuesto por la Municipalidad de Viña del Mar:
Vigésimo séptimo: Que el recurrente denuncia la
vulneración de cinco grupos de normas infringidas,
desistiéndose a fojas 3.518 del quinto grupo de errores de
derecho, sección iii), relativo al rechazo de la demanda
reconvencional interpuesta por dicha Municipalidad en contra
de Corporación de Fomento de la Producción, titulada ―Acción
reconvencional de perjuicios fundada en la responsabilidad
por el hecho ajeno‖, solicitando tener a su parte por
desistida de la causal de casación en el fondo referida y de
las peticiones que a su respecto se efectuaron.
Vigésimo octavo: Que en relación al primer grupo de
normas, señala que son las relativas a la forma en que se
interpretó el artículo 2316 inciso 2° del Código Civil, esto
es, delito civil cuya fuente es la existencia de un delito de
naturaleza penal.
Señala que el delito que sirve de fundamento fáctico
para acoger la demanda importa no solo un delito civil, sino
que fundamentalmente un delito de naturaleza penal, en este
caso una malversación de fondos públicos, cuyo origen se
encuentra en la sustracción de depósitos de propiedad de
Corporación de Fomento de la Producción. Agrega, que no hay
controversia entre las partes respecto de que el dolo del
cual la Municipalidad de Viña del Mar obtuvo provecho ajeno,
está vinculado con un delito de que fue víctima CORFO como
consecuencia de la sustracción ya referida, hecho delictivo
que sustancia un Ministro en visita; por lo tanto, la calidad
de delito civil que a tales hechos se le atribuyen en el
fallo impugnado depende de la calificación final que se le
confiere en sede penal, de tal forma que si en dicha sede no
se le asigna mérito delictuoso al hecho investigado, mal
puede adquirir una dimensión civil.
Señala que sólo en virtud de una errónea interpretación
de los artículos 2316 inciso 2° del Código Civil, en relación
a los artículos 167, 178 y 179 del Código de Procedimiento
Civil, fue posible concluir que en el caso sujeto a
juzgamiento bastaba con acreditar la existencia del ilícito
civil, no obstante que el provecho del dolo que se pretende
hacer recaer en su parte, tiene su fuente en el delito
cometido por los funcionarios de la Corporación de Fomento de
la Producción y del Grupo Inverlink, acción que permitió la
sustracción de los depósitos y su posterior liquidación en el
mercado secundario.
Vigésimo noveno: Que en relación a lo anterior, debe
decirse que, tal como se señaló anteriormente, en cuanto a
esta última aseveración, la casación de fondo se construye
contra los hechos del proceso (pues los sentenciadores dieron
por probado que el dinero pagado al Municipio demandado
provino precisamente de la liquidación de los instrumentos
financieros substraídos a CORFO) e intenta variarlos,
proponiendo otros que no se encuentran acreditados. Dicha
finalidad, por cierto, es ajena a este recurso que tiene por
objeto invalidar una sentencia en los casos expresamente
establecidos por la ley, lo que significa que se realiza un
escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el
derecho a los hechos soberanamente asentados por el fallo de
instancia.
Que tal como se ha fallado reiteradamente por esta Corte
de Casación, este Tribunal no puede modificar los hechos que
han fijado los magistrados del fondo, en uso de sus
atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y
comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del
valor legal de la prueba, lo que en este caso no ha ocurrido,
pues ninguna de ellas fue denunciada como quebrantada.
Que, en razón de lo anterior, el recurso no podrá ser
acogido en este extremo.
Trigésimo: Que en el segundo grupo de normas infringidas
se encuentran los artículos 2316 inciso 2° del Código Civil,
en relación a los artículos 44, 1702 y 1706 del mismo Código.
Al respecto señala que la sustracción de los depósitos e
instrumentos financieros -que es el hecho ilícito en que la
Corporación de Fomento de la Producción sustenta su demanda-
tuvo su causa directa en el propio actuar negligente de
CORFO, lo que afecta la concurrencia de causalidad, que es
requisito para que se verifique el provecho del dolo ajeno.
Agrega que la Municipalidad de Viña del Mar estaba
contractualmente ligada con Inverlink Corredora de Bolsa a
consecuencia de las inversiones que ésta mantenía en dicha
entidad, que por lo demás estaba autorizada por la
Superintendencia de Valores y Seguros, mediante un contrato
oneroso, según explicó, por lo que sólo con error su parte
puede verse alcanzada por las consecuencias de un delito en
el que la culpa o hecho de CORFO ha sido determinante en su
producción y generación, lo que elimina toda causalidad.
Expuso que CORFO contribuyó a la producción de su propio
daño, puesto que con su actuar negligente, grave e
inexcusable permitió y facilitó que su ex funcionario (Javier
Moya Cucurella) sustrajera instrumentos financieros de
propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción, ello
por falta de fiscalización, los que además endosó y cobró
para entregar el producto de la liquidación a Inverlink y,
pese a ello, la sentencia negó todo mérito probatorio a la
prueba que rindió su parte para acreditarlo y, en la especie,
la prueba documental legalmente aportada no fue ponderada
infringiéndose con ello los artículos 1702 y 1706 del Código
Civil, faltando la ponderación, por ejemplo, del informe de
la Cámara de Diputados agregado a fojas 1.729, antecedentes
probatorios que dejarían en evidencia el actuar negligente
grave e inexcusable de la demandante CORFO, añadiendo que
nada de ello fue establecido en el fallo impugnado,
infringiendo así las normas reguladoras de la prueba,
vulnerando el artículo 1702 del Código Civil, dado que los
instrumentos privados reconocidos en juicio tienen valor de
escritura pública y hacen plena fe entre las partes, aún en
lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa
con lo dispositivo del acto o contrato.
Añade que además, se restó valor a la prueba legalmente
ofrecida en el juicio, lo que ocurrió sin justificación
alguna, circunstancia que habría permitido concluir que sin
la culpa de CORFO nada se habría producido, puesto que fue su
actuar culposo el que causó el perjuicio, lo que impide dar
lugar a su pretensión restitutoria.
Trigésimo primero: Que la alegación del recurrente en
cuanto a que el fallo impugnado no habría ponderado la prueba
documental, infringiéndose con ello los artículos 1702 y 1706
del Código Civil, debe ser desechada desde ya, pues tales
omisiones, de existir, no correspondía plantearlas por la vía
del recurso de casación en el fondo, sino a través del
recurso de nulidad formal.
Trigésimo segundo: Que sin perjuicio de lo concluido
precedentemente, cabe señalar que deberá ser desestimada la
denuncia de trasgresión al artículo 1702 del Código Civil,
toda vez que del análisis del fallo recurrido se colige que
los jueces del fondo en ningún momento negaron el carácter de
escritura pública a los documentos privados reconocidos por
la parte a quien se oponen, o que se ha mandado tener por
reconocidos en los casos y con los requisitos prevenidos por
la ley, ni tampoco han desconocido el valor probatorio que
ellos pudieran tener, debiendo considerarse, además, que el
propósito final de las argumentaciones que vierte el
recurrente a ese respecto para expresar el error de derecho
que atribuye a la sentencia recurrida, consiste en promover
que se lleve a cabo por esta Corte una nueva valoración de
las probanzas, distinta de la ya efectuada por los jueces del
mérito, actividad que resulta extraña a los fines de la
casación en el fondo.
Que, asimismo, deberá ser rechazada la denuncia de
trasgresión al artículo 1706 del Código Civil, toda vez que
del análisis del fallo recurrido se colige que los
magistrados de alzada en modo alguno incurrieron en
infracción.
Que establecida la inexistencia de infracción de leyes
reguladoras de la prueba, resulta que la transgresión que el
recurrente estima se ha cometido por los jueces del fondo
persigue desvirtuar -mediante el establecimiento de nuevos
hechos- los supuestos fácticos fundamentales asentados por
aquéllos, esto es, los contenidos en el considerando primero
de este fallo.
En todo caso, en vinculación con la alegación relativa a
la errada aplicación del artículo 1706 del código sustantivo,
tampoco se divisa en el caso sub judice la existencia del
yerro denunciado, desde que, al contrario de lo sostenido por
la recurrente, los documentos aportados por las partes fueron
debidamente ponderados por los sentenciadores, debiendo
además consignarse que del contexto de la fundamentación
esgrimida por el recurrente aparece que ésta no objeta
propiamente la valoración que de tales instrumentos se haya
hecho por los jueces del mérito, sino que ataca la
consecuencia jurídica a la que aquéllos arribaron a partir de
los antecedentes allí contenidos, esto es, luego de haber
realizado, en forma legal, el proceso de valoración exigible,
situación esta última que no importa, de manera alguna, una
conculcación al precepto aludido.
Trigésimo tercero: Que en un tercer grupo de normas
infringidas se encuentra el artículo 2316 inciso 2° del
Código Civil, señalando que para que opere la restitución
contemplada en dicha norma legal es necesario que el tercero
haya obtenido un provecho. Agrega que la sentencia ―da por
bueno‖ que, en la situación concreta, el provecho o ganancia
de la Municipalidad de Viña del Mar alcanza a la suma
original invertida en Inverlink Corredora de Bolsa más los
intereses percibidos a la fecha del vencimiento del pacto
correspondiente, agregando que la sentencia entiende que de
no haber mediado dolo, su parte no hubiera podido ser
restituida de su inversión, puesto que la Corredora de Bolsa
Inverlink carecía de fondos para pagar y que los obtenidos
con esos fines, fueron el resultado de la sustracción de los
depósitos de la Corporación de Fomento de la Producción y de
la posterior liquidación, por lo que debe operar la
restitución según el fallo.
Señala que el artículo 2.316 inciso 2° del Código Civil
exige que el provecho sea consecuencia del dolo, es decir,
que toda utilidad o ganancia que se obtenga o provenga de él,
sin que intervenga una causa de justificación diversa del
dolo cometido por un tercero.
Concluye señalando que tratándose de un tercero a quien
se le paga una deuda, incluso con dinero o especies
provenientes de un ilícito civil, éste sólo debe restituir
aquella parte que efectivamente haya enriquecido su
patrimonio. Es decir, en su concepto, en el mejor de los
casos, serían los intereses, pero en ningún caso el capital.
Trigésimo cuarto: Que como ya se dijo, no existe
antecedente alguno que permita reconocer la validez de la
tesis del recurrente en cuanto reducir la expresión de
provecho a los intereses que generaron los instrumentos
financieros entre las fechas que señala, pues la restricción
que pretende no se basa en argumentos objetivos, resultando
forzoso concluir que a la expresión provecho sólo cabe
otorgarle el sentido que naturalmente le corresponde, esto
es, como un beneficio y no restringido exclusivamente a una
ganancia, como lo pretende el recurrente. Tal conclusión se
ve reforzada por el antecedente de hecho que, no obstante
tratarse de dinero, especies fungibles, los sentenciadores de
la instancia establecen expresamente que el rescate de la
inversión por la demandada fue íntegramente pagado,
precisamente, con los dineros obtenidos mediante actuaciones
financieras fraudulentas cometidas en perjuicio de la
demandante.
La demandada es obligada a restituir únicamente el monto
de su provecho y no a reparar todo el perjuicio sufrido por
la víctima de parte del autor de la acción dolosa, que por lo
mismo se ve limitada o restringida por su buena fe, puesto
que de lo contrario se le hace responsable y de manera
solidaria (artículo 2317 del Código Civil), caso en el cual
se estará ante una acción indemnizatoria y no restitutoria
como la de la especie.
Trigésimo quinto: Que en un cuarto grupo de normas
infringidas, el recurrente señala que se encuentra el
artículo 1559 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis que
la sentencia condenó a pagar $1.840.784.895, con reajuste del
Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de
notificación de la sentencia y su pago, más el interés por
igual período, en circunstancias que por mandato expreso de
la ley los intereses se deben desde que el deudor se
constituye en mora, tal como lo indica el considerando 33°
del fallo de segunda instancia, citando al efecto el fallo
rol 4847-2012 de esta Corte Suprema, ―CORFO con ENERGAS
S.A.‖.
Trigésimo sexto: Que en esta materia cabe consignar que
la acción de autos es una de carácter excepcional, limitada,
según el tenor literal del artículo 2316 inciso segundo a la
restitución de lo que se ha recibido con provecho del dolo
ajeno, no extendiéndose a su restitución reajustada (pues
bien puede ser que lo recibido sea una especie o cuerpo
cierto sin posiblidad de aplicar reajuste alguno) ni tampoco
a sus frutos, civiles o naturales, ni, en fin, a todo el daño
que de dicho provecho se siga, características que la ley
reserva expresamente a otras acciones restitutorias, como las
que se deben según los artículos 907 y 974, o la propia
indemnización de perjuicios a que hace referencia el artículo
2329, todos del Código Civil. Por otra parte, el mencionado
Código establece claramente en su artículo 1559 que los
intereses sólo se deben una vez que el deudor se constituye
en mora, lo que en la especie sólo puede ocurrir una vez que
el demandado se encuentre en dicha situación, pues para el
tiempo anterior no hay –como se dijo- disposición legal que
habilite al demandante a percibirlos.
De este modo, al conceder reajustes e intereses desde el
momento de la notificación de la sentencia de primera
instancia, no contemplados por la ley, los falladores han
incurrido en sendos errores de derecho que deben ser
reparados acogiendo la nulidad interpuesta por este capítulo,
puesto que han influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo, desde que de no haberse incurrido en ellos se habría
consignado que los reajustes se devengarían desde que la
sentencia definitva de autos se encuentre firme o
ejecutoriada, mientras que los intereses desde que el
demandado incurra en mora, por lo que el recurso será
acogido, en este extremo, como se dirá más adelante.
Trigésimo séptimo: Que en relación al quinto grupo de
errores de derecho, el recurrente denunció la infracción de
los artículos 2316 inciso 2° y 2332 del Código Civil;
artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la
República; 4 y 42 inciso 1° de la Ley N° 18.575, en relación
con los artículos 25 literal a) de la Ley N°6.334, cuyo texto
fundido se encuentra fijado en el Decreto N° 2800 de 30 de
agosto de 1940; artículo 32 del Reglamento General de la
Corporación de Fomento de la Producción, Decreto Supremo N°
360 de 07 de marzo de 1945 del Ministerio de Economía;
artículos 1702 y 1706 del Código Civil y artículos 2314 y
2320 del mismo texto legal.
Señala que su parte dedujo demanda reconvencional en
contra de CORFO, para el evento en que la Municipalidad de
Viña del Mar fuere condenada, cuyo es el caso y, al respecto
la sentencia incurriría en un error de derecho al declarar y
acoger la prescripción de la acción de perjuicios deducida
por su parte en contra de la demanda reconvencional.
Indica que la sentencia establece que los rescates
efectuados por la Municipalidad de Viña del Mar fueron hechos
en febrero de 2003, y los hechos que se imputan a CORFO se
gestaron con anterioridad al rescate, por lo que entre la
afectación del erario público realizado por medio de hechos
ilícitos, provocados por personas naturales y la presentación
de la demanda reconvencional, transcurrieron cuatro años, por
lo que declaró que la acción indemnizatoria estaba prescrita.
Dice que el plazo de prescripción debe contarse desde
que el perjuicio se manifestó para su parte, esto es, desde
que fue condenado por fallo firme a restituir el producto de
su inversión. De esta manera, agrega que su acción
reconvencional no puede estar prescrita, señalando luego la
influencia sustancial del error cometido en lo dispositivo de
la sentencia. Pidió acoger el recurso, invalidar el fallo y
dictar sentencia de reemplazo que niegue lugar a la demanda
o, en subsidio, de no estimarse anulable el fallo por los
errores de derecho consignados, pidió revocar en aquella
parte que condena al pago del reajuste e intereses, ordenando
que éstos sean pagados desde que la sentencia quede firme o
ejecutoriada y el deudor se constituya en mora, con costas.
Que posteriormente, estando esta causa en la Corte, el
recurrente se desistió del recurso, en lo que dice relación
con lo que él denominó bajo el rótulo de ―Quinto grupo de
errores de derecho referidos al rechazo de la demanda
reconvencional interpuesta por la Municipalidad en contra de
CORFO", sección iii) titulada ―Acción reconvencional de
perjuicios fundada en la responsabilidad por el hecho ajeno‖.
Trigésimo octavo: Que en atención al desistimiento
referido en el motivo precedente, no se emitirá
pronunciamiento respecto de este quinto grupo de errores de
derecho.
IV.- En cuanto al recurso de casación en la forma
interpuesto por la Corporación de Fomento de la Producción:
Trigésimo noveno: Que este recurrente denunció que la
sentencia incurrió en la causal de nulidad formal prevista en
el artículo 768 N° 5 en relación a lo dispuesto en el
artículo 170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil,
esto es, haber sido pronunciada la sentencia definitiva con
omisión de las consideraciones de hecho o de derecho que
sirven de fundamento a la sentencia.
Explica que el fallo de segundo grado, para rechazar el
recurso de apelación deducido por CORFO, hace un análisis
respecto de cuáles son los requisitos de la acción
restitutoria del artículo 2316 del Código Civil y si ellos se
encuentran o no cumplidos respecto de la demandada GASVALPO
S.A. ("GASVALPO"), señalando en último término que si bien
existió una actuación dolosa y GASVALPO obtuvo un provecho,
no logró quedar acreditada en el proceso la relación de
causalidad entre dicho acto ilícito y el provecho obtenido.
Agrega que la sentencia recurrida establece que en autos
existen dos pruebas que son contradictorias -el informe
pericial privado emanado de los señores Sergio Castro y
Leonardo Quintanilla (en adelante el "Informe Pericial
Privado"), y el informe pericial decretado por el tribunal,
el que fue elaborado por el señor Francisco Alvarado (en
adelante el "Informe Pericial Oficial"), prefiriendo este
último informe por sobre el primero, como queda establecido
en el considerando 18°. Sin embargo, no existe fundamentación
de hecho ni de derecho que dé razón de la elección del
sentenciador en el sentido de otorgar mayor valor probatorio
al informe del perito designado por el tribunal por sobre el
informe pericial privado.
Expone que del análisis de las páginas 31 y 32 del
informe pericial oficial, se desprende que éste no contiene
una conclusión respecto a la procedencia de los fondos con
los que se habría pagado el rescate a GASVALPO, por lo que en
su concepto, éste sólo ofrece una hipótesis. El informe
pericial privado señala que no es posible determinar el
origen de los dineros con los cuales se le pagó a GASVALPO,
lo que es suficiente para descartar su validez como prueba
conclusiva sobre el punto debatido.
Agrega que entre los documentos tenidos a la vista por
el perito judicial o entre los antecedentes que obran en
autos, no existe ningún comprobante de depósito que dé cuenta
de ingresos efectuados en las cuentas corrientes de la
Administradora de Fondos Mutuos Inverlink S.A., que acredite
el abono en dichas cuentas de las sumas $1.500.000.000 por la
Municipalidad de Viña del Mar, de $2.013.890.960 por
Capredena, y de $917.785.974 por Connors S.A, como tampoco
respecto de las fechas en que se hubieren realizado las
inversiones.
Dice que el sentenciador, al constatar esta metodología,
a lo menos dudosa, ocupada por el informe pericial contable
del perito Francisco Alvarado, se encontraba obligado a
garantizar a esta parte un análisis razonado dentro de su
sentencia, capaz de justificar lógicamente por qué a pesar de
estas inconsistencias, privilegió esta pieza probatoria por
sobre la prueba rendida por CORFO que acreditaba
fehacientemente la causalidad del pago efectuado a GASVALPO,
pero no lo hizo.
Explica que el perjuicio consiste en que se ha privado a
su parte del acogimiento de la acción de provecho de dolo
ajeno respecto de GASVALPO, así como también lo logró
respecto de los otros dos demandados de autos.
Cuadragésimo: Que al respecto cabe señalar que los
argumentos vertidos por el recurrente no tienen asidero,
desde que no se reprocha la omisión de análisis de los
distintos elementos de convicción, sino únicamente la
apreciación y ponderación que hicieron los jueces del grado,
materia distinta a la que podría autorizar la nulidad
pretendida, por cuanto el fallo recurrido contiene las
reflexiones que se dicen omitidas, solo que no son del agrado
o de la profundidad que el recurrente desea.
V.-En cuanto al recurso de casación en el fondo
interpuesto por Corporación de Fomento de la Producción:
Cuadragésimo primero: Que este recurrente señala que una
correcta apreciación de las normas reguladoras de la prueba y
de lo dispuesto en los artículos 1551 y 1559 del Código
Civil, habrían llevado al Tribunal ―ad quem‖ a revocar el
fallo de primera instancia, en aquella parte que rechazó la
demanda interpuesta en contra de GASVALPO y en cuanto
concedió los reajustes e intereses respecto de las acciones
deducidas en contra de Inversiones ―Molin‖ y Municipalidad de
Viña del Mar, sólo desde la notificación de la sentencia.
Al señalar los errores de derecho en los que incurre la
sentencia recurrida, expresó que los sentenciadores rechazaron
en forma indebida la demanda, fundándose para ello en lo
expresado en los considerandos 17°, 18° y 33°, los que
reproduce. Explica luego que el sentenciador fundó el rechazo
del recurso de apelación en el análisis de los dos informes
periciales que obran en autos, sin realizar un
análisis circunstanciado de la restante prueba allegada al
proceso y específicamente mencionada en el recurso de
apelación, la cual – en su concepto- habría bastado para que
la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegara a la convicción
de la ocurrencia de los ilícitos denunciados en contra de
CORFO (sustracción y liquidación de papeles financieros), y
de cómo dichos ilícitos permitieron que GASVALPO obtuviera
―un recupero‖ de ciertas inversiones que habían perdido todo
valor económico desde el momento en que el Grupo Inverlink
había caído en estado de insolvencia producto de la corrida
financiera que le afectó a principios del año 2003.
A continuación, el recurrente realiza un análisis de la
prueba que fue rendida en el proceso, afirmando que su
valoración conforme a las normas reguladoras de la prueba,
conducía a acoger la acción intentada contra GASVALPO, al
igual que respecto de las otras dos demandadas,
independientemente de las conclusiones aportadas por el
informe pericial ya referido, por tratarse de pruebas
suficientes para tener por acreditada la causalidad.
Dice que respecto de la obtención del provecho, acompañó
los documentos que acreditan la realización de las
inversiones de las demandadas en Inverlink (folios y
contratos de inversión), y los antecedentes que acreditaron
su rescate posterior (cheques y cartolas de cuentas
corrientes). Agrega que sin perjuicio de lo anterior, el
fallo no hace un análisis acabado de esta prueba, puesto que
en cada uno de los casos, los demandados confesaron
espontáneamente durante el proceso la obtención del provecho
alegado. Añade que tanto Inversiones ―Molin‖ como la
Municipalidad de Viña del Mar reconocieron en sus escritos de
contestación a la demanda cómo recibieron el rescate de
fondos por ellas invertidos.
En cuanto al tercer requisito de la acción, esto es, el
vínculo causal entre hecho ilícito y provecho, el fallo
recurrido descarta que éste último haya provenido del actuar
doloso del Grupo Inverlink, pues considera que existen dos
pruebas contradictorias entre sí que impiden darlo
por acreditado. En efecto, el considerando 17° expresa que la
discusión se produce respecto del segundo de los supuestos
necesarios para la concurrencia de la hipótesis establecida
en el numeral 2o) del considerando décimo quinto, en cuanto
la demandante alega haber acreditado que el dinero con el
cual GASVALPO obtuvo la restitución de su inversión, provenía
de los dineros sustraídos desde CORFO y, por el contrario, la
demandada mencionada sostiene que ello no es efectivo porque
al momento de su rescate Inverlink contaba con liquidez
suficiente y, porque atendida la naturaleza fungible del
dinero, no es posible acreditar que aquél con el cual se pagó
su inversión provengan, precisamente, de los dineros
defraudados a la actora.
Afirma el recurrente que el primer vicio se produjo al
no considerar la prueba rendida en autos y al preferir, por
sobre ésta, el informe pericial del perito designado por el
tribunal y para fundar esa decisión– diametralmente opuesta
respecto de los otros dos demandados- el fallo sólo hace una
escueta referencia en el considerando 18° de su sentencia,
señalando que preferirá el informe pericial oficial por sobre
el informe pericial privado, cuyas conclusiones estarían
ratificadas por los documentos acompañados por GASVALPO y no
objetados de contrario.
Cuadragésimo segundo: Que, asimismo, dice que la
sentencia recurrida incurre en infracción de los artículos
384, 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil, al omitir
pronunciamiento sobre la valoración de la prueba rendida por
CORFO para acreditar el vínculo causal y al otorgar valor de
plena prueba al informe pericial.
Insiste en que de manera inexplicable la sentencia
recurrida opta por otorgarle valor de plena prueba al informe
pericial oficial, sin siquiera valorar las demás probanzas
aportadas por CORFO al proceso, vulnerando de esta forma los
artículos 384, 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil,
que regulan la prueba en nuestro ordenamiento jurídico.
Agrega que su parte se valió de un informe contable
privado elaborado por los dos peritos judiciales contables
que estuvieron a cargo de toda la investigación criminal
relativa a los fraudes y delitos respecto de la Ley de
Mercado de Valores cometidos por los diversos personeros del
Grupo Inverlink, investigación iniciada en el año 2003.
Detalla luego toda la prueba rendida por su parte para probar
sus asertos y expone que las pruebas que describe en su
recurso, valoradas conforme a la sana crítica-, resultan
suficientes para establecer el vínculo causal entre ilícito y
provecho, dando por acreditada la procedencia de la acción,
no obstante lo cual esa prueba no fue mencionada en el fallo
recurrido.
Expresa que el perito plantea como hipótesis que no es
posible determinar el origen de los dineros con los cuales se
le pagó a GASVALPO, debido a que Inverlink habría recibido
"recursos frescos" y propios de las inversiones supuestamente
realizadas por la Municipalidad de Viña del Mar, CAPREDENA y
Connors S.A., por lo que sería imposible saber si se pagó a
GASVALPO con dichos "nuevos" fondos o con los sustraídos a
CORFO, sin aludir a antecedente o anexo alguno que permita
sustentar o brindar algún grado de verosimilitud al supuesto
de hecho esencial sobre el cual el perito construye su errado
dictamen, esto es, la inyección de recursos provenientes de
otras fuentes diversos de CORFO.
Añade que la sentencia recurrida incurre asimismo en
infracción de los artículos 1551 y 1559 del código civil al
conceder la acción en contra de Inmobiliaria ―Molin‖ y en
contra de la Municipalidad de Viña, por el monto demandado
con intereses y reajustes desde la fecha de la notificación
de la sentencia, lo que ha generado un perjuicio a CORFO,
puesto que los valores que deberán restituir las demandadas
no guardan ninguna relación con el valor del dinero del que
fue privado CORFO en el año 2003, lo que constituye un
evidente perjuicio para la parte demandante, solicitando su
parte que el monto a restituir fuera reajustado conforme la
variación del IPC e incrementado conforme los intereses
corrientes para operaciones reajustables devengados desde la
fecha en que se obtuvo el provecho, es decir, en el caso de
la Municipalidad de Viña del Mar desde el 19 de febrero de
2003 y, en el caso de Inmobiliaria ―Molín‖, desde el 4 de
marzo de 2003, puesto que fue en ese momento -con la
obtención del provecho- que se generó la obligación
de restituir y el deudor incurrió en mora de dicha
obligación, toda vez que los rescates habían sido enterados
con fondos provenientes de la comisión de un ilícito,
naciendo por tanto la obligación de restituir el valor
nominal entregado más los debidos intereses corrientes, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1551 N° 1 y
1559 del Código Civil. Refiere que lo mismo puede decirse
respecto del reajuste, pues resulta de toda justicia que la
víctima del ilícito, en este caso CORFO, pueda percibir el
monto por el cual fue defraudado reajustado desde la fecha de
la constitución en mora del deudor -requerimiento judicial-,
luego de más de 10 años de intensa litigación con el sólo
objetivo de recuperar estos dineros pertenecientes al erario
fiscal.
Termina solicitando acoger el recurso de casación,
invalidar el fallo impugnado, dictar sentencia de reemplazo,
que haga lugar en todas sus partes a la demanda deducida por
CORFO en contra de GASVALPO y conceda reajustes e intereses
de los monto condenados a pagar a la Municipalidad de Viña y
a la Inmobiliaria ―Molin‖ desde la fecha de la notificación
de la demanda, con costas.
Cuadragésimo tercero: Que en un primer aspecto se acusa
la infracción del artículo 425 del Código de Procedimiento
Civil, por cuanto se señala, en general, que conforme al
informe pericial que indica, éste concluyó que no era posible
que los sentenciadores establecieran que los dineros con que
Inverlink pagó a GASVALPO provenían de aquellos sustraídos a
la demandante.
Cuadragésimo cuarto: Que el artículo 425 del Código de
Procedimiento Civil dispone que los tribunales apreciarán la
fuerza probatoria del dictamen de peritos de acuerdo a las
reglas de la sana crítica, lo cual importa tener en
consideración las razones jurídicas, asociadas a las
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia
en cuya virtud se le asigne o se le reste valor, teniendo
presente la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia
y conexión de las demás pruebas o antecedentes del proceso,
de manera que conduzcan a la conclusión que convence al
sentenciador.
La sana crítica está referida a la valoración y
ponderación de la prueba, esto es, la actividad encaminada a
considerar los medios probatorios tanto aisladamente como
mediante una valoración de conjunto para extraer las
conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la
forma en que éstos sucedieron. En la consideración de ambos
aspectos se debe tener presente las leyes de la lógica, la
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en
la comunidad en un momento determinado, por lo que son
variables en el tiempo y en el espacio, pero estables en el
pensamiento humano y la razón. Este es el contenido de la
sana crítica o su núcleo medular; son los aspectos que no
pueden ser desatendidos.
La explicitación en la aplicación de estos parámetros de
la sana crítica permite tanto el examen de las partes y los
ciudadanos en general como el control que eventualmente
pudieran llegar a efectuar los tribunales superiores a través
del sistema recursivo que el procedimiento contemple. Por lo
mismo, la inobservancia o transgresión de aquéllos puede dar
origen a la interposición de los recursos que prevé el
legislador y controlable mediante el recurso de casación,
puesto que al no cumplir con las reglas de la sana crítica se
vulnera la ley.
Cuadragésimo quinto: Que por un lado, el recurso se
construye denunciando la infracción del artículo 425 del
Código de Procedimiento Civil atribuyendo la calidad de
informe de peritos a un documento que ha sido acompañado por
la parte demandante denominado "Informe Pericial Contable"
emanado del perito judicial Sergio Castro Rivero. Este
documento en estos autos sólo puede ser valorado como prueba
instrumental, desde que en su elaboración no se han seguido
las reglas establecidas en los artículos 409 y siguientes del
citado Código para la generación de este medio probatorio.
Por otra parte, se estima que se infringe el mencionado
artículo 425, por cuanto no se valora el peritaje acompañado
por su representada.
Como se observa en las alegaciones del recurrente,
transcritas con anterioridad, no se señala la forma en que el
razonamiento de los sentenciadores ha desatendido las normas
científicas, simplemente lógicas o de la experiencia que la
sana crítica ordena respetar. Su planteamiento más bien
esgrime una discrepancia con el proceso valorativo de este
medio de convicción y con las conclusiones que, como
consecuencia de dicho ejercicio, han extraído los jueces del
fondo en orden a establecer la inexistencia de relación de
causalidad.
Cuadragésimo sexto: Que sin perjuicio de que lo anterior
es suficiente para descartar la infracción al artículo 425
del Código de Procedimiento Civil, cabe consignar, además,
que el recurso se construye sobre la base de alegaciones no
reales, puesto que tanto en el informe pericial emitido en
los presentes autos, como en aquellos que se producen fuera
de ellos y que se acompañan como prueba instrumental, se
establece un hecho inequívoco, cual es que el grupo Inverlink
se apropió de instrumentos que pertenecían a CORFO, los
cuales fueron realizados en el mercado financiero, lo que
significó que a las cuentas contables de Inverlink
Consultores, Administradora de Fondos Mutuos Inverlink S.A.,
e Inverlink Corredores de Bolsa S.A., ingresara la cantidad
total que se señala en los informes.
También se establece en los mencionados informes que el
pago efectuado por Inverlink Corredores de Bolsa S.A., a las
demandadas, salvo GASVALPO por las razones que se señalan a
su respecto, se realizó con los fondos obtenidos con la venta
de los instrumentos financieros pertenecientes a la CORFO.
Cuadragésimo séptimo: Que también se denuncia dentro de
este capítulo, la infracción del artículo 384 del Código de
Procedimiento Civil, por las razones que se señalan en el
recurso, las que han sido sintetizadas precedentemente.
En relación al citado artículo 384 esta Corte Suprema ha
sostenido invariablemente que éste no es una norma reguladora
de la prueba, por cuanto consagra reglas que no disponen
parámetros fijos de apreciación que obliguen en uno u otro
sentido a los jueces de la instancia, siendo éstos soberanos
en la valoración de la prueba testimonial, proceso racional
que no puede quedar sujeto al control de este recurso de
derecho estricto. En tal sentido, de la sola lectura del
recurso resulta evidente que el propósito del recurrente es
que se lleve a cabo por la Corte una nueva valoración de la
prueba testimonial, actividad que resulta extraña a los fines
de la casación en el fondo.
Cuadragésimo octavo: Que conforme al análisis realizado
en los motivos precedentes, sólo cabe concluir que no ha
existido en el caso sub-judice vulneración a las leyes
reguladoras de la prueba, motivo por el cual los presupuestos
fácticos que han sido establecidos por los jueces del fondo
con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas
aportadas por las partes, interpretación y aplicación de
normas atinentes al caso en estudio, resultan inamovibles.
Cuadragésimo noveno: Que en relación a la alegación que
se efectúa respecto a los reajustes e intereses que
supuestamente se deberían al haberse acogido las demandas en
contra de Inversiones ―Molin‖ Ltda., y la Municipalidad de
Viña del Mar, que la demandante solicita se fijen desde el
momento de recibido el provecho por las condenadas o, al
menos, desde la notificación de la demanda, ha de estarse a
lo dicho en el considerando trigésimo sexto anterior, por lo
que, siendo cierto que la sentencia ha errado en esta
materia, no lo ha hecho en el sentido que expresa el recurso,
razón por la cual se acogerá en esta parte, pero con
consecuencias diferentes a las esperadas por el recurrente,
como se dirá en la sentencia de reemplazo correspondientes.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas
y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos
764, 765, 766, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento
Civil, se declara:
I.- Que se rechazan los recursos de casación en la forma
y en el fondo interpuestos a fojas 3334 por Inversiones
―Molin‖ Limitada en contra de la sentencia de seis de abril
de dos mil quince, escrita a fojas 3324;
II.- Que se acogen los recursos de casación en el fondo
interpuestos a fojas 3383 por la I. Municipalidad de Viña del
Mar y a fojas 3421 por la Corporación de Fomento de la
Producción en contra de la referida sentencia, la que por
consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a
continuación.
Se previene que la Ministra señora Egnem no comparte el
contenido del fundamento décimo séptimo del fallo, y concurre
a desestimar la alegación relativa a la vulneración del
principio de ―par conditio creditorum‖ teniendo únicamente
presente que no se divisa de qué manera la alegación
formulada sobre el punto, que se hizo consistir en la
infracción de los artículos 147 de la Ley de Quiebras y 2469
del Código Civil ocasiona algún agravio o perjuicio al
recurrente.
Acordada con el voto en contra del Ministro suplente Sr.
Pfeiffer, quien fue de opinión de acoger el recurso de
casación en el fondo interpuesto por Inversiones e
Inmobiliaria ―Molin‖ Limitada, en la parte que denuncia una
errada interpretación de los artículos 2316 y 2332 del Código
Civil y, dictando una sentencia de reemplazo, desechar la
demanda por estimarse prescrita la acción intentada, por las
razones siguientes:
1.- El artículo 2316 del Código Civil regula quienes son
los obligados a la indemnización, entre los que incluye no
sólo a quien causó personalmente el daño y a sus herederos,
sino también, conforme se lee en el inciso segundo, a quien
"recibe provecho del dolo ajeno", pero sólo "hasta
concurrencia de lo que valga el provecho".
2.- De esta disposición se deduce, con toda claridad,
que contra el que se aprovecha del dolo ajeno, la ley le
impone la obligación de indemnizar a favor del afectado,
regulada en todo por lo dispuesto en el Título XXXV del Libro
IV del Código Civil, y bajo el presupuesto que exista un
principal responsable que haya actuado dolosamente, a quien
también se hace responsable. Es cimiento de la primera
acción, que exista legitimación para actuar contra el autor
doloso.
3.- Un segundo corolario que de allí se extrae, es que
contra quien ha obtenido provecho del dolo ajeno, no puede
perseguirse su responsabilidad por un monto indemnizatorio
mayor al daño experimentado por la víctima. Ello lleva a
sostener que, en este caso, la indemnización está sujeta a
una doble limitación. Por una parte, no puede cobrarse un
monto mayor al daño que se ha sufrido y, por otra, no puede
exigirse una reparación mayor al provecho que efectivamente
haya obtenido el demandado.
4.- Que, en consecuencia, no puede aceptarse la doctrina
que estima que en este caso estemos frente a una acción
restitutoria, pues la norma recién citada, es decir el
artículo 2316 del Código Civil, se refiere con toda claridad
a los que están obligados a la indemnización, con lo cual es
patente que lo que se busca es la reparación del daño. Por
ello, la norma debe entenderse como limitativa de la
indemnización, pero no que esté generando una acción
propiamente restitutoria.
5.- Que así entendidas las cosas, a la acción deducida
en estos autos por ―Inversiones e Inmobiliaria Molin
Limitada‖ le es aplicable, con plena propiedad, la
disposición contenida en el artículo 2332 del Código Civil,
la cual dispone que "las acciones que concede este título por
daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la
perpetración del acto". La distinción que hace esta norma
tiene como base, muy principalmente, el propio artículo 2316
ya citado, que precisamente distingue dos tipos de acciones
dirigidas contra dos tipos de obligados: el que causó el daño
y quien se aprovechó del dolo ajeno, que están íntimamente
comunicadas. Ambas acciones quedan sujetas a un mismo plazo
de prescripción, que es de cuatro años, y se cuentan, ambas,
"desde la perpetración del acto", que no puede ser otro que
el hecho dañoso.
6.- No tiene sentido, en opinión del autor de este voto
disidente, negarse a aceptar esta interpretación, basado en
el hecho de que eventualmente podría darse un caso de que la
real posibilidad de accionar contra el tercero que se
beneficia del dolo ajeno, pudiera darse en un brevísimo
plazo, o extinguirse antes de que nazca la acción, porque
ello es una consecuencia ineludible de la prescripción de las
acciones, contenida en el artículo 2316 del Código Civil. Más
contraproducente resulta pensar que el Código ha sido menos
severo con quien dolosamente causó un daño, al concederle una
prescripción de cuatro años, contados desde que se cometió el
daño, y más duro, en cuanto al plazo de prescripción, con
quien sólo se ha aprovechado de un acto doloso, desde el
momento que puede darse el caso, como el que se está
fallando, que subsistiera la acción contra el tercero que se
aprovechó del dolo ajeno, no obstante estar ya prescrita la
acción contra el principal responsable. Como ya ha quedado
dicho más arriba, en criterio de este disidente, no estando
vigente la acción en contra del principal responsable,
tampoco puede considerarse vigente la acción en contra del
tercero que se aprovechó del dolo ajeno, por la sencilla
razón de que aquella es presupuesto de ésta, según ya se ha
explicado, y por lo mismo la prescripción de la primera
conlleva la de la segunda.
7.- Habiéndose acreditado que la acción de estos autos
se notificó cuatro años después de producido el hecho
ilícito, debió acogerse la excepción de prescripción opuesta.
Regístrese.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Matus.
Rol Nº 7.179-2015.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema
integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa
Egnem S. y Sr. Carlos Aránguiz Z., el Ministro Suplente Sr.
Alfredo Pfeiffer R. y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre
Matus A. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y
al acuerdo de la causa, el Ministro señor Pfeiffer por estar
con licencia médica. Santiago, 03 de marzo de 2016.
Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a tres de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué
en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
Santiago, tres de marzo de dos mil dieciséis.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del
Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente
sentencia de reemplazo.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada y, teniendo además
presente el fundamento trigésimo sexto del fallo de casación
que antecede, el que se da por reproducido expresamente, y lo
dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento
Civil, se confirma la sentencia apelada de dieciséis de
diciembre de dos mil trece, escrita a fojas 3006, con
declaración que las sumas que en ella se ordena restituir a
las demandadas Municipalidad de Viña del Mar e Inversiones e
Inmobiliaria ―Molin‖ Limitada, deberán ser reajustadas
conforme con la variación experimentada por el Índice de
Precios al Consumidor solo desde la fecha en que la presente
sentencia adquiera el carácter de firme o ejecutoriada y
hasta su pago efectivo, más los intereses corrientes que
devenguen, desde que el deudor se constituya en mora hasta
que se verifique el pago ordenado.
Acordada contra el voto del Ministro suplente Sr.
Pfeiffer, quien estuvo por revocar el fallo de primer grado y
desechar la demanda interpuesta en contra de Inversiones e
Inmobiliaria ―Molin‖ Limitada, por estimarse prescrita la
acción intentada, en mérito de lo razonado en el voto de
minoría del fallo de casación.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Matus y de
la prevención y disidencia, sus autores.
Rol Nº 7.179-2015.-
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema
integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa
Egnem S. y Sr. Carlos Aránguiz Z., el Ministro Suplente Sr.
Alfredo Pfeiffer R. y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre
Matus A. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y
al acuerdo de la causa, el Ministro señor Pfeiffer por estar
con licencia médica. Santiago, 03 de marzo de 2016.
Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a tres de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué
en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
