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Aspectos jurídicos de la aviación agrícola. Daños a terceros superficiarios e impacto ambiental.
Por Hernán Gómez
I. Introducción
El derecho aeronáutico analizó, preponderantemente, los aspectos relacionados
con el transporte aéreo sobre el estudio del trabajo aéreo y sus institutos jurídicos.
Entre los organismos internacionales, observamos que el CITEJA ha desarrollado
investigaciones meramente incidentales sobre nuestra materia de estudio –
excepto en lo relativo al daño de terceros superficiarios- y el mismo criterio
advertimos en el Comité Jurídico de la Organización de Aviación Civil
Internacional. Así encontramos que en reemplazo de la lejana Circular 85, la OACI
sólo publicó el Documento 9408-AN/922[1] hacia el año 1984 y vigente hasta el
año 2005, sin que su contenido se incorpore a otro documento ni fuera vuelto a
tratar[2], circunstancia excepcional en el ámbito la Organización.
En el ámbito latinoamericano la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil[3], a
propuesta de Colombia estudió este tipo de aviación destacando la falta de
normas estándares.
La incipiente doctrina de postguerra[4] ya afirmaba que desde la finalización de la
segunda guerra mundial con un escenario de gran cantidad de aeronaves
disponibles y exceso de pilotos entrenados, la revolución en la industria química
con nuevos y más efectivos pesticidas en el mercado y la posterior evolución
técnica y tecnológica, la aviación agrícola había desarrollado un importante rol
dentro de la agricultura.
Cierta doctrina en la materia ha calificado a la aviación agrícola como beneficiosa
y peligrosa simultáneamente, pues por un lado tiene un notable efecto
multiplicador en el rendimiento de las cosechas que ha posibilitado el cultivo de
mayores áreas y por el otro, se suman las particularidades técnicas especificas
como el vuelo a baja altura, la contaminación sonora que conlleva, y el impacto
ambiental directo e indirecto.
Justamente, la idea de la “sostenibilidad o sustentabilidad” procura disminuir a su
mínima expresión los peligros o desventajas y potenciar los beneficios de esta
actividad.
Desde el caso “Guille v. Swan”, aquella primera demanda por daños a cultivos de
terceros superficiarios originados por una aeronave, resuelta por la Corte Suprema
de Nueva York en el remoto año 1822, un largo camino se ha recorrido. Si
analizásemos aquella simple demanda que trataba el descenso de un globo
aerostático sobre una quinta de verduras y papas de Mr. Swan, hasta los actuales
casos en los cuales intervienen una multiplicidad de institutos y fundamentos
jurídicos observaremos la notable evolución de la materia. Procuraremos evaluar
la más reciente jurisprudencia extranjera y nacional, estudiar el derecho
comparado y poder prever el futuro próximo y mediato de la aviación agrícola.
II. Conntaciones económicas de la aviación agrícola
Resulta insoslayable referirnos a las connotaciones económicas de la aviación
agrícola. Lamentablemente, desde el Documento 9408-AN/922, no existen
estadísticas dentro del marco de la OACI relativas a la materia. Para encontrarlas
debimos realizar un trabajo de campo, al cual nos referimos a continuación.
En la República Argentina la aviación agrícola representa el veinte por ciento de
las aplicaciones de agroquímicos a los cultivos.[5] El país cuenta más de
doscientas empresas controladas[6] destinadas al trabajo aéreo, de las cuales
aproximadamente un ochenta por ciento tienen por objeto el trabajo agroaéreo.
En el vigésimo Congreso del MERCOSUR y Latinoamericano de Aviación Agrícola
de 2011[7] se destaco que en Brasil la aviación agrícola representa el once por
ciento de la aviación general, contra el sesenta por ciento de la argentina.
El país con mayores aviones agrícolas del mundo es Estados Unidos de América,
seguido por Brasil, que superó a la Federación Rusa en el segundo lugar. En
Brasil existen más de trescientas cincuenta empresas aeroplicadoras controladas
y cerca de mil quinientas aeronaves destinadas a este fin.
Según la Asociación Agrícola Aérea de Australia (AAAA)[8] en aquel país existen
más de ciento cincuenta operadores activos. Capital investment in the industry well
exceeds $200 million.La inversión de capital en la industria supera los doscientos
millones de dólares, da empleo directo a dos mil personas y afecta a más de
trescientas aeronaves.
La aeroaplicación de químicos en latinoamérica tiene entre sus principales
destinatarios a los cultivos de soja.
El MERCOSUR representa al cuarenta por ciento de la producción alimentaria
mundial. Vale destacarse que, luego de los Estados Unidos de América, Brasil y
Argentina son los mayores productores de soja del mundo.
Durante el año 2010 la cosecha de soja en argentina superó las cincuenta
millones de toneladas. La extensión de la superficie cultivable se calcula en
31.000.000 de hectáreas (ha), la ocupada por soja transgénica fue de 18.182.000
millones de hectáreas; el total de la superficie cubierta de OGM[9] fue de
21.294.000 hectáreas, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, La Pampa y
Corrientes. En esta área de país viven, por lo menos, 7 millones de habitantes, si
excluimos la población de las grandes ciudades en esas provincias[10].
Si tomamos en cuenta los Censos Nacionales Agropecuarios[11], la argentina
produce semillas transgénicas de soja, denominada RR -“roundup resistant”- o
resistente al glifosato, siendo la nación de mayor aceptación de este producto y la
primera del mundo en la utilización del sistema de siembra directa, con una
incidencia que alcanza a la mitad de toda la siembra. Asimismo, nuestro país es el
primer productor mundial de aceite y harina de soja.
La exportación de soja en la República Argentina representa alrededor del 20% de
sus exportaciones, por lo cual en los ingresos fiscales derivados de las
retenciones al producto durante el año 2010 se estimaron en 6000 millones de
dólares.
Entendemos que las anteriores consideraciones son una muestra de la
importancia económica de la actividad
III. La aviación agrícola. Concepto [arriba] -
Jurídicamente es conocida la definición, por exclusión, del trabajo aéreo como
toda actividad comercial aérea con excepción del transporte.[12]
Desde un criterio de clasificación estrictamente operacional la normativa técnica
argentina define a la aviación general como todas las operaciones de aviación civil
que no sean los servicios aéreos regulares, ni operaciones no regulares de
transporte aéreo por remuneración o arrendamiento[13]. Dentro de la aviación
general –como género- encontramos a la aviación agrícola.
El Código Aeronáutico argentino no contempla una definición de la aviación
agrícola ni la trata de manera particular, pero no tenemos duda que se encuentra
comprendida dentro del denominado trabajo aéreo.
El criterio para definir a una aeronave como agrícola es operacional, de acuerdo a
su propósito o destino. Por ello, estas aeronaves se consideran de “categoría
restringida” pues sus operaciones[14] se estiman con un propósito especial[15].
De este enfoque legal pueden derivarse notables consecuencias relacionadas a la
responsabilidad del fabricante de las mismas o bien a la de los fabricantes de los
equipos suplementarios destinados a modificar una aeronave que no fuera
diseñada originalmente para fines de operaciones agrícolas.
La aviación agrícola – también denominada trabajo agroaéreo- es aquella
destinada diferentes actividades como el rociado, espolvoreado, siembra,
aplicación de fertilizantes, combate a la erosión, defoliación, protección contra
heladas y persecución de animales dañinos, entre otras. Debido a la extensión de
este artículo hemos limitado nuestra materia de estudio a la aeroaplicación de
productos químicos.
IV. Maco normativo [arriba] -
El carácter reglamentario del derecho aeronáutico se patentiza en el objeto del
presente trabajo, a través de la normativa de aviación civil. Además, podemos
clasificar dos grandes campos normativos: a) el ámbito aeronáutico y; b) el ámbito
ambiental. Hemos advertido que estos campos no necesariamente son categorías
excluyentes entre sí.
1.1. Marco normativo aeronáutico
En el ámbito del derecho aeronáutico comparado observamos que la aviación
agrícola presenta dos tratamientos diferentes: 4.1.1.) Tratamiento en legislaciones
nacionales:
IV.1.1.1: Tratamiento específico en los códigos o leyes aeronáuticas nacionales a
través de un capítulo específico, por ejemplo, en Costa Rica[16], El Salvador[17],
Honduras[18], 4.1.1.2) Tratamiento general o implícito en los códigos o leyes
aeronáuticas nacionales, dentro del marco del trabajo aéreo, donde podemos citar
a Ecuador[19], y Paraguay[20] donde podemos incluir a la Argentina[21]. 4.1.2)
Tratamiento en tratados internacionales de carácter aeronáutico.
En la doctrina alemana encontramos que Gerd Rinck[22] estudió este ítem de los
tratados internacionales desde la perspectiva del Convenio de Roma, del año
1952, sobre daños a terceros en la superficie causados por aeronaves. El autor
concluye, más allá de la crítica a los daños no contemplados por la Convención
(por ejemplo el ruido), que los lineamientos de la Convención se irían incorporando
a las legislaciones nacionales de los países. Ello obedece a que la Convención
nunca puede ser aplicable al daño producido por una aeronave matriculada en el
estado en el cual el daño se produzca, cuyo piloto también sea de la misma
nacionalidad con licencia expedida por el estado de bandera, supuesto en el cual
siempre se aplicaría la ley nacional.
En este punto resulta de interés interpretar si en el supuesto que una aeronave de
matrícula extranjera al país en el cual realiza el trabajo aéreo, independientemente
de la nacionalidad del piloto y la eventual convalidación de su licencia origina un
daño a terceros superficiarios (de aquellos contemplados en el convenio)
habilitaría la aplicación del Convenio para aquellos países que forman parte del
mismo, como la República Argentina mediante ley número 17.404. Particularmente
creemos que este supuesto habilitaría la aplicación de la Convención si ambos
estados hubieran adherido a la misma.
1.2. Marco normativo ambiental
Dentro de este marco encontramos al nacional, al comunitario y regional y al
internacional.
IV.2.1) A nivel nacional observamos que la constitución nacional presenta la
denominada cláusula ambiental y que en los tres niveles normativos propios del
sistema federal de gobierno encontramos normas relativas a la materia, ya sea a
nivel nacional[23], provincial[24] o municipal[25]. La doctrina[26] e instituciones
especializadas[27] ya han reunido cada una de las normas vigentes, por lo cual no
tendría sentido una nueva enumeración.
IV.2.2) A nivel regional encontramos que el MERCOSUR presenta una falencia
normativa, pues si bien cuenta con una comisión que estudió el tema, no se ha
visto reflejado orgánicamente en una normativa regional.
A nivel comunitario valen destacarse las Directivas y los Reglamentos Europeos
sobre la materia. Así por ejemplo la Directiva 2009/128 CE por la que se establece
el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas. Esta Directiva es de sustancial importancia, pues en su artículo
nueve, trata a la pulverización aérea.[28]
Entre los Reglamentos encontramos al Número 1185/2009, relativo a las
estadísticas de plaguicidas, Reglamento (CE) Número 1107/2009 relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, Los Reglamentos de Ejecución (UE)
Número 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011,545/2011, 546/2011 y 547/2011
que aplican el Reglamento anterior
IV.2.3) En la esfera internacional encontramos, entre otros, al Código Internacional
de Conducta sobre Plaguicidas de la FAO; al Codex Alimentarius (FAO); a la
Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU ( la cual fue ratificada por
Ley Nº 24.295) y al Convenio de Basilea sobre control de movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos (ratificado por Ley Nº 23.922).
V. Elementos y carácter e la aviación agrícola [arriba] -
Desde hace varías décadas la jurisprudencia de los Estados Unidos de América,
el país con más desarrollo de este tipo de aviación, viene sosteniendo que los
elementos más importantes de la fumigación aérea son seis, que a continuación
detallamos:
1) La naturaleza química de los productos que se aplican
2) El método de aplicación.
3) La dirección de los vientos (y su potencia).
4) La estabilidad atmosférica.
5) La temperatura exterior y la humedad.
6) La experiencia del piloto, que se exterioriza en una licencia especial.
Desde el célebre caso Loe v. Lenhardt, gran parte de la jurisprudencia viene
entendiendo que la aplicación de pesticidas es una actividad extremadamente
peligrosa[29]. El mismo carácter se ha extendido a la aplicación de otros productos
químicos. Por ello Shawcross[30] considera que existen casos en los que se han
producido severos daños y en ellos encontramos diferentes formas de aplicar la
responsabilidad, a pesar de encontrarnos en supuestos fácticos similares, sobre
todo aquellos relacionados a daños producidos a los terceros dueños de fundos
linderos con aquellos que son fumigados.
Observamos que la doctrina anglosajona[31] trató la semántica y los límites del
lenguaje técnico jurídico en este tipo de jurisprudencia y sostiene que no siempre
serán sinónimos o intercambiables los términos “strict liabiliry” con
“ultraharzadous”, “abnormaly dangerous” o “inherently dangerous”
En cuanto al carácter de esta aviación debemos distinguir entre “inherently
dangerous” cuando se describen actividades que ocasionan la responsabilidad del
“empleador” o explotador del fundo que contrató la fumigación, como el caso
fundacional “Gerrard Co. V. Fricker” y el mismo término pero equivalentemente a
la “strict liabiliry” o responsabilidad objetiva.
Asimismo debemos distinguir la terminología “ultraharzadous” o “abnormally
dangerous” cuando estamos en presencia de responsabilidad objetiva o de
responsabilidad del fabricante derivada por la producción de agroquímicos.
6. Factores exógenos [arriba] -
Debemos advertir la existencia de factores exógenos que, a pesar de no formar
parte de los postulados científicos que un jurista debe tener en cuenta a la hora de
estudiar el tema, suelen condicionar el análisis judicial y doctrinario de la aviación
agrícola. Entre ellos encontramos a los siguientes:
1. Relevancia económica de la producción de agroquímicos.
2. Relevancia de la innovación técnica y tecnológica de los fabricantes de
aeronaves.
3. Intereses de las sub industrias relacionadas.
4. Alto impacto de campañas de organizaciones ambientalistas.
5. Opinión pública.
6. Impacto fiscal. Aumento de la productividad.
VII. La gestión integral de la aviación agrícola [arriba] -
El concepto de gestión integral de esta actividad, que proponemos de acuerdo a
las premisas ambientales, empresarias y administrativas es comprensivo de todo
el proceso o ciclo que conlleva la aviación agrícola. Proponemos tres etapas de
gestión. La primera es aquella que se contempla los factores anteriores al vuelo, la
segunda aquellos que se producen durante el mismo y la tercera los avenidos con
posterioridad. Esta calificación es independiente de la responsabilidad de cada
uno de los actores en cada etapa del proceso.
A continuación mencionaremos, con carácter meramente enunciativo, algunos de
los factores preponderantes de cada etapa de la gestión.
VII.1. Primera etapa de la gestión integral de la aviación agrícola. Factores
anteriores al vuelo
Entre los factores que componen esta etapa encontramos a:
a) Multiplicidad de actores gubernamentales
Debido a las características de las normas ambientales, además de la
administración pública nacional representada entre otros por la ANAC, el INMAE o
el SENASA[32], intervienen la administración pública provincial y la administración
pública municipal.
b) La aptitud técnica de las aeronaves y su equipo de rociado.
c) Factores humanos. El piloto aeroplicador.
El piloto es una persona altamente capacitada, entre otros motivos por el vuelo a
baja altura, que muchas compañías de seguro consideran como acrobático lo que
genera una presión extra al piloto. Debe contar con una licencia especial,
vestimenta de seguridad, entre otros requisitos.
d) Los productos químicos[33], su almacenamiento y manipulación (mezcla y
carguío).
e) La infraestructura en la aviación agrícola. Los aeródromos y los lugares aptos
denunciados.
f) Las habilitaciones y autorizaciones de la empresa aeroaplicadora y la
acreditación del carácter de explotador de sus aeronaves.
g) La vigencia de los seguros. El seguro ambiental.
h) Consideraciones metodológicas. Reconocimiento del campo a fumigar
i) Contrato de aplicación aérea de agroquímicos entre dueño o explotador del
fundo a fumigar y la empresa aeroaplicadora.
j) El mantenimiento de las aeronaves.
VII.2. Segunda etapa de la gestión integral de la aviación agrícola. Factores
durante el vuelo.
a) La utilización de banderilleros satelitales en reemplazo de personas.
b) Tender al uso Combustibles alternativos al convencional y motores de última
generación.
c) Operación segura. Correcto uso de equipos de pulverización de agroquímicos.
d) Evitar la deriva del producto.
VII.3. Con posterioridad al vuelo
a) Tratamiento de los Contenedores vacios de productos químicos y disposición
final de otros residuos.
b) Limpieza o “descontaminación” del equipo. Plantas de efluentes para tratar
dicha limpieza y evitar la contaminación del suelo.
c) Actores con responsabilidad jurídica ante eventuales daños originados como
consecuencia de la actividad.
VIII. El conrato de trabajo aéreo [arriba] -
En el Código actual no encontramos mayores referencia al contrato de trabajo
aéreo, por ello consideramos apropiado citar el anteproyecto de Código
Aeronáutico para la República Argentina, de la Dra. Capaldo[34] quien manifiesta
que “Habrá contrato de trabajo aéreo cuando una parte, que sea explotador de
una aeronave, se comprometa a realizar con ella una o más tareas específicas
diferentes del transporte aéreo, aún cuando puedan incluir el traslado de personas
y/o cosas en función complementaria de aquéllas o para satisfacer las exigencias
operacionales restringidas a la explotación a la cual se halle afectado, y la otra
parte se compromete a abonarle un precio cierto en dinero, sin que el vínculo
entre ambas implique una relación de dependencia”.
Creemos que esta definición podría aplicarse perfectamente a una especie del
contrato de trabajo aéreo como es el de aeroaplicación.
En el art. 207, inc. 4, del citado anteproyecto[35] se exige como recaudo a las
personas o empresas que realicen trabajo aéreo “cumplir con las normas de
prevención de la contaminación y de protección ambiental”. Este recaudo se
impone como necesario en cualquier reforma que se lleve adelante al actual
Código.
En la práctica cotidiana mayoritaria, la contratación de una aeroaplicación no tiene
como fundamento un contrato sino la mera solicitud de un servicio que
formalmente se exterioriza mediante una simple factura comercial.
VIII.1. El contrato de aeroaplicación de productos químicos. Responsabilidades de
las partes.
Mayoritariamente será de aplicación la ley nacional en el tratamiento de la materia
porque, naturalmente, se trata de aeronaves del mismo estado de bandera que la
nacionalidad del propietario de inmuebles o animales, comandadas por pilotos de
la misma nacionalidad. Por ello se aplicarán las leyes nacionales de fondo o las
regulaciones especiales.
Las diferentes legislaciones dan mayor o menor autonomía a las partes en cuanto
a la forma y contenido de los contratos y si bien prima la voluntad de las mismas y
entre ellas pueden eximirse o no de determinada responsabilidad, aunque este
contrato no podrá ser oponible a terceros en la mayoría de los estados. Este tipo
de cláusulas es denominada por la doctrina anglosajona acuerdo de
responsabilidad entre partes (degree of liability).
La forma de oponer a terceros el contrato sería mediante una publicidad que en la
práctica no se produce pues, a este contrato, no lo imaginamos dentro de los
contratos de utilización. El dueño del fundo no es propietario de la aeronave, por
tanto no puede transmitir el carácter de explotador de aquella.
La jurisprudencia ha variado en considerar que la naturaleza jurídica de este
contrato es de una locación de servicios, de obra o bien un contrato de agencia o
comisión. Nos inclinamos por la figura de la locación de obra pues creemos que
existe una obligación de resultado.
Se suma un tercer actor a esta escena jurídica que es el explotador
(habitualmente el locatario que detenta el uso y goce del fundo que contrató la
fumigación), que también será responsable en numerosos casos, junto al dueño
del fundo.
Los valiosos acuerdos de responsabilidad no se han extendido en la argentina, por
este motivo creemos conveniente analizar la jurisprudencia norteamericana.
Podemos sintetizar que los tribunales estadounidenses respetan los acuerdos de
responsabilidad de los contratos de fumigación aérea siempre que se cumplan dos
condiciones:
a) Que las partes hayan tomado la precaución de dar aviso a los propietarios o
quienes detenten el uso y/o goce de los fundos colindantes a aquél sobre el cual
se fumigará.
b) Que el piloto tenga un “especial conocimiento” de los productos agroquímicos y
sus métodos de aplicación.
Aquí, pensamos, la responsabilidad es contractual y podría fundarse en el
incumplimiento de la “obligación de garantía” consistente en que la obra no cause
daño al locatario o a sus bienes. La culpa del deudor se presume. Para eximirse
deberá acreditar la fractura de la relación causal.
La garantía por el resarcimiento debe incluir un seguro de responsabilidad por los
daños derivados de la contaminación ambiental. Tal seguro debe ser contratado
por quienes utilizan cosas o realizan actividades potencialmente contaminantes,
de acuerdo a lo contemplado en el art. 192 del Código Aeronáutico.
VIII.1.2. El periodo de responsabilidad en el contrato de fumigación aérea.
Para la jurisprudencia estadounidense resulta trascendente que en el contrato se
establezca expresamente lo que la doctrina ha denominado “Periodo de
responsabilidad” por el cual exista una clara distinción entre la responsabilidad del
explotador de la aeronave y quién lo contrata.
Esta cláusula puede ser relevante ya que el daño a los cultivos de los fundos
colindantes al predio fumigado puede obedecer directamente a la aeroaplicación
pero no resultar aparente de forma inmediata, sino luego de un tiempo, de acuerdo
a la reacción química de los diferentes productos. Por lo tanto es necesario saber
cuando el explotador de la aeronave dejará de ser responsable entre partes por la
responsabilidad derivada de los daños mediatos.
Deberíamos preguntarnos si la consecuencia directa, excluyentemente, implica
una inmediatez del año, o bien si, como lo entiende la jurisprudencia anglosajona,
puede concluir en un daño mediato. Creemos acertada la idea anglosajona y
compatible con el Código Argentino.[36]
VIII.1.3. La responsabilidad del contratante de la fumigación.
Debemos preguntarnos si el propietario o quien detente el uso y/o goce de un
fundo que contrató a una empresa independiente de trabajo aéreo es responsable
por los daños derivados de la aeroaplicación
La respuesta más clara la encontramos en los tribunales norteamericanos, donde
podemos observar tres tendencias jurisprudenciales:
a) Si existiese alguna medida de control por parte del propietario ya sea
establecida en el contrato de fumigación (o de carácter meramente fáctico y
probado) es responsable por los daños ocasionados.
b) Por encontrarnos frente a la fumigación y definir a la misma como una actividad
inherentemente peligrosa, que requiere licencia para el piloto y habilitaciones para
la empresa, el propietario del fundo no tiene obligación de controlar aquello que
desconoce, no alcanzando su responsabilidad por una actividad ajena.
c) Por el mero carácter de ser propietario o titular del uso y/o goce del fundo
destinatario del contrato de agroaplicación aérea es responsable ante terceros, sin
perjuicio de una oportuna acción de repetición.
VIII.1.4. La responsabilidad del fabricante del producto químico
El fabricante del agroquímico puede ser alcanzado en su responsabilidad por el
daño a los cultivos derivados de la aeroaplicación de aquellos.
La doctrina[37] referencia el caso “Walton et al v. Sherwin-Williams et al” de una
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de América, donde un grupo de
granjeros demandó al fabricante de químicos desmalezadores por daño a sus
cultivos. El tribunal entendió que el fabricante había tomado todas las
precauciones adecuadas en el testeo y la advertencia –rotulación de peligro en el
producto- y que el producto ensimismo no era inherentemente peligroso si se
tomaban precauciones suficientes por parte de los granjeros y pilotos, se
reconocían los campos y las operaciones aéreas se realizaban de acuerdo a
temperatura, humedad y velocidad y dirección del viento recomendadas.
En el mismo sentido se expidió la Corte Suprema del Estado de Arkansas en el
caso “Reasor-Hill Corp. V. Harrison”.
Es de destacar que el carácter de peligrosidad los agroquímicos varía de acuerdo
a las legislaciones. Para el Brasil son “agrotóxicos”, para la normativa técnica
argentina referenciada “veneno” y en varias normas estadounidenses
“agroquímicos”
Creemos que este tipo de responsabilidad no podemos considerarla dentro de la
denominada “aeronáutica”, por lo cual el fabricante de estos productos no
debieran contar el carácter limitado.
IX. Jurisprudencia extranjera [arriba] -
Consideramos necesario para el análisis de la materia realizar un estudio de la
jurisprudencia de varios países. Resumiremos a continuación algunos casos, de
aquellos que hemos estudiado, a los fines de poder establecer posteriores
conclusiones.
IX.1. Holanda.
En Holanda fue dictada una norma ministerial, sancionada en 1980 y modificada
oportunamente, que preveía en su artículo segundo la prohibición de volar a una
distancia menor a quince metros de los laterales de cables de líneas de alto
voltaje. Como una aeronave fumigadora infringió la restricción durante la
aplicación de agroquímicos, pero volando por debajo de la línea –circunstancia no
prevista en la ley pero sí en su espíritu- provocando una estampida de animales
que habría conllevado daños, el perjudicado accionó judicialmente. Los daños no
pudieron ser probados en el proceso. Luego de apelaciones, el caso llego a la
Corte Suprema de Justicia de Holanda[38], quien confirmando el sentido de las
sentencias de los tribunales inferiores resolvió sentenciar al piloto aeroplicador
obligándolo a una indemnización de cincuenta y cinco florines o bien a dos días de
confinamiento[39], una sanción propia del sistema penal holandés.
También podemos citar al Caso Dutch[40] en el cual un piloto de helicóptero que
se dedicaba a la aeroaplicación fue condenado a resarcir a terceros intoxicados
por alimentarse con vegetales contaminados con químicos derivados de la
aplicación del producto.
Aquella deriva se produjo pues, como fuera acreditado en el proceso, el piloto no
tuvo en cuenta la dirección del viento ni su velocidad. La misma era superior a
cinco metros por segundo, excediendo los límites normativos de aplicación del
producto. La prueba ofrecida fue acreditada por un informe del Servicio
Meteorológico Oficial del Reino de Holanda
IX.2. India
La Suprema Corte de Kerala, India, se expidió con sentencia del 08 de diciembre
de 2002 en el caso “Thiruvamkulam Nature Lovers Movement v. Plantation
Corporation of Kerala”[41]. En el caso de referencia la Corte prohibió la venta, el
uso y la fumigación aérea del producto químico denominado endosulfan. El
mismo, se venía aeroplicando desde fines de la década del setenta y la actora,
junto a otras organizaciones, como el Endosulfan Spray Protest Action Committee
(ESPAC), acompañaron al expediente una gran cantidad de estudios médicos e
informes que fueron considerados como prueba válida suficiente para demostrar
los graves daños a la salud de los pobladores y al agua en la ciudad de
Kasaragod.
En el fallo se resolvió la prohibición establecida y una indemnización por parte del
estado de Rs. 50,000 para los derechohabientes de cada una de las victimas
mortales, cuyo deceso se hubiera determinado en el proceso como consecuencia
de la aplicación del producto químico. En una primera etapa se han acreditado 123
víctimas, en una segunda 45 y en la actualidad 300 personas están tratando de
demostrar que el deceso de sus causahabientes tuvo como causa (mediata) la
aplicación de este producto químico.
El tribunal entendió que la presunción con indicios claros resulta relevante en este
tema, pues consideró que existía un nexo causal mediato.
IX.3. Francia
Philippe Brun[42] comenta los autos “Compagnie General France assurances c.
compagnie La Concorde et M. Costedoat”, donde la Corte de Casación de la
Francia se expidió el 25 de febrero del año 2000 dictando un fallo plenario.
El citado proceso llegó a la Corte en Apelación luego de analizarse los hechos
ocurridos cuando dos propietarios de arrozales en Camargue, en el delta de rio
Rhône, contrataron a una empresa de fumigación aérea para la aplicación de
agroquímicos en su fundo. El aeroplicador no tuvo en cuenta, con su helicóptero,
la acción del viento y por la deriva fue contaminado un cultivo de vegetales de un
fundo colindante.
Los perjudicados demandaron solidariamente a la empresa de trabajo aéreo y a
los propietarios del arrozal. Como existía jurisprudencia contradictoria en las
diferentes salas, la Corte se reunió en plenario.
Se debatió si los contratantes –propietarios del fundo- podían ser responsables
por los daños a terceros superficiarios derivados de la aeroaplicación, ante la
ausencia de hechos personales manifiestos que generaran directamente el daño.
Se reinterpretó a los arts. 1382 y 1384, inc. 5 del Cód. Civ. Francés,
considerándoselo aplicable con preferencia a la legislación aeronáutica,
circunstancia en la que no estamos de acuerdo.
El procurador general entendió que al comitente del contrato de trabajo aéreo se le
aplicaba la “teoría de la cuasi inmunidad” sostenida desde 1993 por doctrinarios
como Viney y Jourdain pues, entre otros motivos el comitente abonaba un precio a
la empresa aerofumigadora, no un salario, y aquella era un contratista
independiente.
Ahora bien, la aplicación del art. 1384, inc. 5 del Cód. Civ. Francés ha sido
concebida como una “garantía” de solvencia para las víctimas, que siempre
podrán reclamar contra el comitente.
Más allá de la discusión procesal relativa a evaluar si el demandante debió haber
accionado contra ambos, contra la empresa aerofumigadora y en subsidio contra
el comitente o a la inversa, y si al comitente puede considerárselo principal y a la
empresa de trabajo aéreo su dependiente, lo cierto es que la Corte entendió que la
víctima tenía derecho a ser indemnizada.
El comitente conocía perfectamente el riesgo creado por el trabajo que había
encargado a un contratista independiente y argumentar que el contrato no se
ejecutó como se había previsto, lo colocaría en una posición de privilegio frente a
la víctima. Tampoco se consideró aceptable que de presuponer al contrato como
una relación de cuasi dependencia a los fines de la responsabilidad, el piloto
hubiera actuado excediendo los límites de su misión y abuso de funciones y con
ello se exima la responsabilidad del comitente.
Por ello, la Corte entendió que los propietarios del fundo que encargaron la
fumigación eran responsables de la indemnización hacia las víctimas, sin perjuicio
de una eventual acción de recupero contra la empresa aeroaplicadora.
IX.4. España
Según fuentes españolas[43], a mediados de 2009, existían en España 44
operadores y 120 pilotos aeroplicadores.
A los fines informativos diremos que la justicia española ha tratado la materia de la
aeroaplicación también desde la perspectiva contenciosa administrativa. Así el
Tribunal Supremo, Sala III, de lo Contencioso-Administrativo ha intervenido con
sentencia de 21 de febrero de 2005 en autos "Helieurope Services S.A. c. Junta
De Andalucia”; con sentencia de 15 de julio de 2009 en autos “Fumigación Aérea
Andaluza S.A. c. Administración General Del Estado”; y con sentencia de 16 de
febrero de 2010 en el caso “Aviones de Fumigación Agrícola S.A. c. Tratamientos
Aéreos Lillo S.A".
En lo que resulta objeto de estudio de este trabajo trataremos el fallo de la sala I
en lo civil del Tribunal Supremo, sentencia número 248 del 26 de febrero de 2007,
en el caso "D. Gabriel y D. Leonardo contra Servicios Aéreos Europeos y
Tratamientos Agrícolas, S.L. (SAETA) y D. Casimiro" que llegó al Alto Tribunal en
grado de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla.[44]
Los actores demandaron solidariamente al explotador del fundo que contrató la
fumigación y a la empresa aeroaplicadora para que los indemnicen por los daños
causados a sus cultivos como efecto de la deriva de productos agroquímicos
durante su aplicación.
El explotador del fundo alegó que la empresa aerofumigadora era un contratista
independiente y ambos que: “el Tribunal `a quo´ ha utilizado de modo irrazonable
la prueba de presunciones, al extraer del hecho de haberse "producido una
fumigación con defoliante que se extendió a las fincas de los actores, que
resultaron a los pocos días con daños", la conclusión de que "dicho producto y
dicha fumigación incorrecta fueron la causa eficiente del daño a que se refiere la
demanda". Se sostiene que la conclusión es irrazonable, porque no se ha
determinado pericialmente si el daño producido a las cosechas fue debido al
producto con que se realizó la fumigación, pudiendo obedecer a multitud de
causas.”
El tema de las presunciones –y sus elementos- es sustancial para entender la
atribución de la responsabilidad.
Continuaron los apelantes sosteniendo que: “El motivo había de ser rechazado,
pues no podía tenerse como ilógica o irrazonable la presunción que se cuestiona,
siendo ajustada la operación presuntiva a la regla del enlace preciso y directo,
según el criterio humano, entre el hecho demostrado y aquél que se trata de
deducir, a que se refiere el art. 1253 del Cód. Civ., aplicable al caso, aunque hoy
derogado, y el actual art. 386.1 de la nueva LEC 2000 , pues no atenta a la lógica,
más bien al contrario, concluir que la fumigación aérea, con producto defoliante, se
considere productora de los daños ocasionados a los pocos días en los cultivos de
las fincas de los actores, cercanas, siendo doctrina jurisprudencial que solo cabe
la denuncia casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones
cuando el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica; esto es, cuando
el hecho deducido no es producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de
los hechos acreditados, o cuando falta, en otros términos, un enlace preciso y
directo entre el hecho base y el hecho deducido, según las reglas del criterio
humano, y siempre desde el respeto de los hechos base de la deducción”, citando
como antecedentes las sentencias de 18 de noviembre de 2005, 2 de febrero de
2006 y 16 de octubre de 2006.
Los demandados sostuvieron que el criterio expuesto se debía completar con el
que precisaba que la prueba indirecta no requiere la existencia de un resultado
único, sino que es posible admitir diversos resultados lógicos de unos mismos
hechos base, pues de no ser así no nos encontraríamos ante verdadera
presunción, sino ante los 'facta concludentia' que efectivamente han de ser
concluyentes o inequívocos.
Alegó la parte recurrente que no existía prueba sobre la relación de causa a
efecto, entre la fumigación con defoliante en finca cercana y los daños producidos
en el cultivo de los actores, faltando prueba directa que determine la causa de los
daños, ni estando tampoco acreditada mediante la presunción realizada.
Aunque la Sala "a quo" haya acudido a la prueba de presunciones, ajustada en su
utilización a la lógica y a las reglas del recto criterio, lo que ya "per se" constituye
causa suficiente o determinante de la desestimación del presente motivo, pues
obviamente la base fáctica de la relación causal puede tenerse por probada por
vía de presunción judicial, que no cabe confundir con una simple conjetura, lo
cierto es que también se había expresado en la sentencia recurrida que la
valoración probatoria acerca de que los daños sufridos en los cultivos de los
demandantes se debía a una incorrecta fumigación con un producto defoliante
sobre la cercana finca de los actores, se obtiene del conjunto de la prueba,
alegaciones de las partes en litigio, confesión judicial de los demandados y
testifical, e informes técnicos aportados a los autos, y, por ello, consecuentemente,
de prueba directa, y no sólo presuntiva.
También se sostuvo que la demanda apelada incurre en incongruencia con las
pretensiones deducidas por los actores, incongruencia "extra petita", ya que como
la parte actora solicitó una suma determinada por daños concretos, debió haber
probado la existencia y cuantía de los mismos.
El tribunal Supremo no hizo lugar al recurso de casación y confirmó la sentencia
apelada, quedando firme la sentencia que ordenaba la indemnización al
explotador del fundo que contrató la fumigación y a la empresa aeroaplicadora, de
manera solidaria.
IX.5. Filipinas
En el caso “Profits Vs Public Health et al” intervinó la Corte de la Provincia de
Davao en el año 2008, otorgando una medida cautelar, y actualmente se
encuentra a resolución del máximo tribunal del país.
Los actores interpusieron demanda contra los propietarios de plantaciones de
bananos y solidariamente contra el estado nacional, por los daños en la salud de
habitantes, que consideran son consecuencia de las aeroaplicaciones de
productos químicos para combatir un hongo del banano denominado Sigatoka.
Además, los actores han solicitado que se prohíban las aeroaplicaciones.
Otro caso de la justicia filipina es el “Davao Fruits Corp. (DFC) y Lapanday
Agrícola y Desarrollo Corp. (LAD) v. Ciudad de Davao”.
Los actores demandaron al gobierno local pues se consideraron agraviados
cuando la legislatura de la ciudad de Davao sancionó una norma que prohibió las
fumigaciones aéreas. Las empresas interpusieron una demanda para solicitar la
indemnización de daños por lucro cesante inmediato que alcanzaban los dieciocho
millones de dólares, para declarar inconstitucionalidad de la norma y para obtener
una orden temporal que autorice la fumigación aérea.
En el año 2009 el máximo tribunal del país declaró la constitucionalidad de la
norma.
IX.6. Brasil
En Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, en marzo de 2006 la población
advirtió la presencia de una “lluvia” (sic) de agroquímicos en el mismo pueblo que
incluso habría dañado las huertas de las casas de familia.
Según la fiscalía[45], dicho producto fue observado como consecuencia de la
deriva en la aplicación aérea y fue calificado como "accidente rural grave" que
puso en riesgo la salud de la comunidad en lo inmediato y en lo mediato.
Mato Grosso, es el mayor consumidor nacional de los pesticidas agrícolas (19%
del
utilizado en Brasil), para la cosecha de 2005 conllevó un costo total de
1,3 millones de dólares que representan cerca de 48 mil toneladas de plaguicidas.
Durante el año 2005 en el municipio se sembraron 200.500 hectáreas de soja, con
una producción de 697.800 toneladas. El tribunal entendió que la producción
agrícola depende de la alta tecnología y los agroquímicos.
Se estudió los riesgos de transporte y almacenamiento inadecuado, los destinos
sobrantes irregular y contenedores. También se preguntaron cuál es el destino
final del volumen total de los plaguicidas y la justicia recurrió a los amicus curiae,
apelando a una actividad que presente un desarrollo sustentable.
IX.7. Canadá
Kreindler[46] estudió la jurisprudencia de Canadá y comentó que la Corte Superior
de la Provincia de Quebec en autos “Hainault v. Paul Emile Toupinet Beaver
Airspray”[47] ha tratado el daño producido a abejas que han muerto como
consecuencia de la deriva en la aplicación de productos químicos a un fundo
lindero sembrado con maíz. Esta deriva del producto fue considerada por el
tribunal como una fumigación ilegal, además de recalcar que se produjo por no
tomar los recaudos necesarios debido a la dirección y velocidad del viento, a la
inexperiencia del piloto y al descuido lo que generó en una gloss negligence (o
culpa grave).
La corte sentenció a la empresa aeroaplicadora a indemnizar al apicultor dañado.
No compartimos el criterio del tribunal en declarar como agravante a la
inexperiencia del piloto, pues si el mismo tuviese la licencia correspondiente
entendemos que por ella se refleja o certifica la experiencia o idoneidad requerida.
IX.8. Los Estados Unidos de América
IX.8.1. Introducción general. La responsabilidad por los daños provenientes de la
aeroaplicación de productos químicos
Es necesario el estudio en profundidad de la jurisprudencia norteamericana en
este tema, pues la misma marca tendencia en otras jurisdicciones.
Tradicionalmente los tribunales de los Estados Unidos de América manejaron tres
teorías atributivas de responsabilidad por los daños derivados de la aeroaplicación
de productos químicos. Las mismas se aplicaban a diferentes supuestos, ya sea
para daños a los animales o bien a los cultivos, como también para interpretar la
responsabilidad solidaria o diferenciada de los cocontratantes de la aeroaplicación.
Las doctrinas tradicionales atributivas de responsabilidad son:
a) La responsabilidad derivada de la culpa (negligence) y,
b) La responsabilidad objetiva (strict liability), que incluye la responsabilidad del
fabricante de los productos químicos (strict products liability),
c) La responsabilidad derivada del “tresspass and nuisance”.
En los últimos quince años se sumaron nuevos supuestos que enriquecieron la
jurisprudencia norteamericana que podemos clasificarlos en tres grupos:
a) La responsabilidad por los daños tóxicos a salud de las personas derivados de
la aeroaplicación de agroquímicos (toxic tort issues) y de los fabricantes de
agroquímicos.
b) La responsabilidad derivada de la aplicación de las leyes ambientales federales,
entre ellas la FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act),
CERCLA (Federal Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act) ; CWA (Clean Water Act), el manejo de los residuos de la actividad,
etc.
c) El estudio constitucional de las normas ambientales.
IX.8.2. Las teorías clásicas atributivas de la responsabilidad en la doctrina
anglosajona y la jurisprudencia estadounidense.
a) Negligence
Algunos autores anglosajones se inclinan por considerar que la responsabilidad
derivada de la aplicación de productos químicos desde una aeronave debería
estar basada en la denominada “negligence”. Si bien los institutos jurídicos
anglosajones no siempre encuentran una equivalencia exacta en el derecho
románico podemos definirla como muy cercana a nuestro concepto de culpa y por
lo tanto de responsabilidad subjetiva. Para ello podemos tomar la definición que
encontramos en la propia doctrina anglosajona[48] del instituto de la “negligence”,
como aquella conducta que implica o conlleva un riesgo irrazonable de causar
daño.
Los casos en los cuales el tribunal ha aplicado la teoría de la “negligence” como
factor atributivo de responsabilidad, se caracterizan porque sobre los actores
recae la carga de la prueba. Así observamos, en el caso “Parks et al. V Atwood
Crop Duster, Inc et al” cuya sentencia fuera dictada por la Corte de Apelación de
California el 5 de junio de 1953 y que reviste un interés fundacional para toda una
línea de jurisprudencia. La Corte, si bien sigue la tradicional teoría de la
negligence como factor atributivo de responsabilidad, por la cual la empresa
fumigadora es considerada responsable de indemnizar los daños producidos al
propietario de un fundo vecino, resalta la idea de que el daño se produce teniendo
como causa próxima o mediata a la fumigación y que el propietario del fundo
dañado había advertido expresamente al titular del fundo colindante, que
contratara la fumigación, la prohibición y el peligro de fumigar su campo. Asimismo
el tribunal señala la noción del daño predecible.
Parte de los tribunales americanos vienen entendiendo también a los daños
producidos por la deriva de productos agroquímicos, como supuestos fundado en
la teoría de la negligence, entre otros[49] desde los autos “Burns v. Vaughan” en el
cual intervino la Suprema Corte de Arkansas. También podemos mencionar al
caso “Hue v. Farrnboy Spray Co.” del año 1992.
b) Strict liability
Otros autores se inclinan a considerar que el factor atributivo de responsabilidad
será objetivo y para ello adoptan la teoría de la strict liability, (responsabilidad
objetiva) que viene siendo aplicada por algunos tribunales desde el año 1886 en el
cual fuera dictada sentencia en el célebre leading case Ryland v. Fletcher, citado
por toda la doctrina especializada en la materia[50].
En el caso “Langan v. Valicopters” la corte Suprema del Estado de Washington se
inclinó por la teoría de la responsabilidad objetiva, abrevando en la jurisprudencia
de los altos tribunales de los estados de Lousiana, Oregon y Oklahoma. En este
caso los actores eran productores orgánicos del valle de Yakima, Estado de
Washington, que demandaron a sus vecinos porque habían contratado una
fumigación que contaminó sus campos de cultivos orgánicos.
Se detectaron residuos de pesticidas en los cultivos de los actores y como
consecuencia de ello, los mismos perdieron su certificación como productores
orgánicos de acuerdo a los estándares de calidad (NOFPA). Debido a la pérdida
de esta certificación los productores destruyeron sus propias plantaciones, que
devinieron en inútiles, y luego demandaron a sus vecinos.
La Corte Suprema del Estado de Washington basada en una normativa propia del
common law[51], considera que el daño o peligro anormal de una actividad
dependerá de la actividad peligrosa en sí misma y por ello siempre es objetiva.
Algunos comentaristas del fallo coinciden en señalar que este criterio de
responsabilidad objetiva se aplicaba en el pasado por considerar a la aviación
como experimental pero en la actualidad, como la aviación ha alcanzado un grado
de desarrollo tal que sería impensable considerársela como experimental, debería
probarse culpa como factor atributivo de responsabilidad.
Cierta doctrina consideró este fallo como un retroceso en la jurisprudencia, no por
la opinión del tribunal, sino por basarse en el Restatement.
La corte entendió que los fumigadores y sus “empleadores” (explotadores del
fundo que contrataron la fumigación) son responsables por los daños
ocasionados.
Se suma a la crítica la idea de que, para el caso de imponerse este criterio, una
mayoría de productores estarían cautivos de una minoría (productores orgánicos),
que la idea de la responsabilidad objetiva no es compatible con la medida de la
prueba, ya que nunca se probó que la fumigación fuera la causa directa e
inmediata de la contaminación y que el quantum de los daños totales a indemnizar
es injusto porque la destrucción de los productos fue voluntaria y no se acreditó si
hubieran podido comercializarse en el mercado a menor precio.
En el caso “Young v. Darter” la Suprema Corte de Oklahoma también adoptó la
teoría de la responsabilidad objetiva condenando al explotador del fundo que
contrató la fumigación a indemnizar los daños al campo de algodón del fundo
colindante.
Los tribunales del Estado de Oregon se pronunciaron en el caso “Loe v. Lenhardt”
sosteniendo la responsabilidad objetiva del explotador del fundo que encargó la
fumigación, de acuerdo al Restatement of Torts y sumando como requisito
elemental a la “intención” probada por la imposición intencional de un alto grado
de riesgo sobre su vecino
En términos prácticos, la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva,
implica un traslado de la carga de la prueba de los actores a los demandados más
que a la imposición de una responsabilidad absoluta y mecánica o una mera
responsabilidad sin culpa.
c) Trespass y nuisance.
Para otra doctrina y línea jurisprudencial el factor atributivo de responsabilidad es
el instituto del “trespass” y la “nuisance”. Sería inútil intentar una traducción al
castellano, pues el término es propio de una institución ajena al derecho románico.
Diremos que la idea de un ingreso ilegítimo en la propiedad ajena se acerca
vagamente a esta noción, con el agravante que los tribunales han interpretado que
el “tresspasser” puede ser desde un animal[52] –que por efecto del ruido o del
producto químico huye en estampida hacia el fundo vecino- hasta el producto
químico mismo. Por ello se centra la idea en la violación de la propiedad privada
de un tercero.
La Corte de Oregon, desde el caso “Loe v. Lenhardt” sentó precedente para la
aplicación del “trespass” en nuestra materia de estudio. En los últimos años se ha
sumado la consolidación carácter del ruido proveniente de las aeronaves como
“noise trespass”.
Debemos reconocer que en la actualidad nos encontramos ante un extraordinario
avance de la ciencia química. La doctrina manifiesta que no siempre podemos
reconocer al “trespass” de productos químicos de manera inmediata pues se han
dado casos que aparecieron efectos palpables y visibles mediatamente. Esta
situación genera un problema de atribución del nexo causal.
La doctrina anglosajona ha entendido que la definición del “nuisance” es materia
de discusión. Así podemos citar a Hamilton[53], quién lo define como la
actividad que causa interferencia irrazonable y sustancial con el uso pacífico y
disfrute de la propiedad de otro. El mismo instituto fue definido como todo
aquello que molesta o perturba el libre uso de la propiedad, o que hace que su uso
ordinario o su ocupación física sea incómodo.[54]
Capaldo[55] define al instituto como cualquier daño causado por una conducta
irregular que se lleva a cabo fuera de su ambiente o medio habitual.
En el caso “Sam Warren & Sons Stone Co. v. Gruesser”[56] la Corte de
Apelaciones de Kentucky describió los principios generales de la “nuisance”
diciendo que normalmente uno tiene derecho a usar su propiedad como crea
conveniente, pero el dominio del hombre sobre su propiedad se califica en la
medida en que su uso debe ser razonable y no crear una "nuisance" (perjuicio,
molestia), privando así a los vecinos del disfrute de su propiedad.
IX.8.3. La Responsabilidad del explotador del fundo y de la empresa de
aeroaplicación.
En el caso “Kennedy v. Clayton” la Suprema Corte de Arkansas discutió el estatus
del fumigador como contratista dependiente o independiente del dueño de un
arrozal. La deriva extendió el producto a un cultivo colindante de algodón. El
tribunal entendió que existía una obligación de cuidado medio de un hombre
razonable[57] por el peligro que implicaba la fumigación. La Corte decidió que,
más allá de aquel status, el producto utilizado era “inherentemente peligroso”
(inherently dangerous) para los campos de algodón, por lo tanto el fumigador
demandado fue considerado responsable.
En el caso “Miles v. Areno” también se entendió que la naturaleza del producto
químico era “inherentemente peligroso” y se aplicó la teoría de la responsabilidad
objetiva, siendo ambos cocontratantes solidariamente responsables.
También hemos encontrado casos en los cuales la Corte reconoce la regla del
common law, de la no responsabilidad por los actos de contratistas
independientes[58], pero a pesar de ello y fundado en la actividad
extremadamente riesgosa de la empresa aeroplicadora y del conocimiento de tal
carácter por parte de quién la ha contratado se declaró que ambos son
solidariamente responsable, sin perjuicio de la acción de repetición hacia la
empresa aeroaplicadora.
Gerrad era un productor de lechuga en Arizona, cuya propiedad era lindera a la
explotada por un apicultor (Fricker). Mr. Gerrad contrató a una empresa de trabajo
aéreo (hawks Crop Dusting Company) para fumigar sus campos. El resultado, más
allá de la causa – accidental por acción de cambio brusco en la dirección del
viento, por negligencia del aplicador o por otros motivos- fue que el producto
químico alcanzó el apiario y destruyó una cantidad de colmenas.
El demandado propuso cuatro puntos en la demanda, que son muy interesantes
de analizar, a pesar que el primero fue el único tomado en cuenta por el tribunal.
Ellos son:
1) El demandado argumentó que la empresa aeroaplicadora era un contratista
independiente, por lo tanto única responsable por los daños que generó con su
actividad. A partir de este caso la Corte Suprema de Arkansas estableció un
precedente que luego seguiría el estado en la sanción de su normativa. Como
regla general el “empleador” –diremos mejor cocontratante pues para nuestro
derecho estamos en presencia de un contrato de locación de servicios- no es
responsable por la negligencia de un contratista independiente.
Sin embargo, el tribunal entendió que existen excepciones a esta regla de carácter
general. Entre ellas que la ley no permitirá que alguien que realiza un trabajo
“inherentemente peligroso” pueda eximirse de su responsabilidad, derivada de un
obrar negligente, que generó daños a terceros superficiarios en su persona o
bienes, derivándola hacia quien lo ha contratado para la comisión del trabajo.
El tribunal consideró como especialmente verdadera la afirmación anterior cuando
el agente no tomó la debida cautela y por ello es responsable de “invadir” la
propiedad adyacente y destruirlo o dañarla.
2) No se probó en el proceso que la sustancia que mató las abejas era venenosa.
3) La declaración del jurado al describir la sustancia como venenosa era errónea.
4) La imputación de daños por parte del jurado era excesiva.
El comentarista del fallo[59], continúa considerando que hay dos puntos
importantes. En primer lugar el criterio de “indelegabilidad”[60]. En segundo lugar
que no se ha probado en el proceso que por el daño el apicultor tuviese que
reemplazar sus colmenas.
El doctrinario referenciado sostiene que el tribunal del caso no adoptó un criterio
de responsabilidad objetiva por tratarse de una actividad “extremadamente
peligrosa” sino que al leer con detalle la sentencia podemos sostener que el
tribunal adoptó un criterio de “indelegabilidad”. Tal criterio fue tomado como una
excepción a la regla que aparta a los “empleadores” de la responsabilidad
derivada por los hechos dañosos de su contratista (la empresa aeroplicadora) en
los casos donde la actividad requiere precauciones y cuidados que sobrepasan los
límites normales.
Así, la sentencia estableció que Gerrad era responsable por los daños y si bien
estaba en su derecho al fumigar su campo de lechuga debió representarse la
probabilidad de deriva y por lo tanto no podía abstenerse de su responsabilidad
alegando haber delegado la tarea en contratistas independientes.
En el mismo sentido, estableciendo que el contratante de la fumigación no podía
abstenerse de su “deber de control” se expidió la jurisprudencia americana en los
casos “Medley v. Trenton Inv. Co” y en “San Louis & S.F.R. Co. V. Madden”.
La Corte Suprema del Estado de Lousiana, en el año 2001, intervino en el caso
“Roberts v. Cardinal Servs. inc.” Considerando responsable también al propietario
del fundo que encargó la fumigación por considerar a tal como una actividad
“anormalmente peligrosa” de la cual deriva un especial riesgo creado.
En el mismo sentido se pronunció, recientemente, la Corte de Apelaciones del
Estado de Arizona en enero de 2009 en el caso “Pride of San Juan, inc., a
California corporation v. Loren Pratt d/b/a Loren Pratt Farms”. En este caso el
actor fue perjudicado económicamente por daños en su cultivo de vegetales,
colindantes con un sembradío de brócolis, cuya fumigación fue encargada por su
dueño. En el proceso se probó que los daños obedecieron a la deriva del
producto, incluso mediante la declaración del piloto que reconoció que si hubiera
aplicado el producto con viento este la deriva no se hubiera producido.
La Corte entendió que la deriva era una "probabilidad muy grande" por lo cual
continuó sosteniendo que la actividad era inherentemente peligrosa, a pesar de los
avances tecnológicos, por lo cual genera un riesgo.
Por ello, el propietario del fundo que encargó la fumigación, aunque la empresa
aeroplicadora sea un contratista independiente, fue considerado como
solidariamente responsable.
Recientemente, con sentencia del 9 de marzo de 2011 la corte de Apelaciones del
Estado de Georgia, se expidió en autos “Yancey v. Watkins et al.”[61] La actora
demandó solidariamente a la empresa aeroaplicadora y a la propietaria del fundo,
que la encargara, por daños a los cultivos de su propiedad como consecuencia de
la deriva.
El tribunal entendió que al menos en otros diez estados de la Unión se ha
concluido que la fumigación es una actividad inherentemente peligrosa de tal
manera que quién la encarga no puede eludir su responsabilidad subsidiaria por la
de su contratista independiente. De tal manera el dueño del fundo, que encargó la
fumigación, fue considerado responsable por la negligencia de su contratista
independiente.
IX.8.4. La responsabilidad por daños a animales de terceros superficiarios como
consecuencia de la aeroaplicación.
La jurisprudencia de los Estados Unidos de América, fundamentalmente ha tratado
este tema en diferentes fallos desde el mismo comienzo del desarrollo de la
aviación agrícola en plena postguerra, creando pautas rectoras que las seguimos
observando hasta nuestros días y veremos a continuación.
En el caso “Lenk v Spezia et Al” un apicultor demandó a la empresa
aeroaplicadora por una aplicación de productos químicos sobre un cultivo de
tomates vecino que derivaron hacia su propiedad. La Corte de Apelaciones de
California entendió que existía la denominada “contributory negligence”(similar a la
culpa concurrente del derecho continental romano) entre el apicultor y el
aeroplicador.
La parte demandada sostuvo que no existió negligencia porque con anterioridad a
la fumigación había notificado al apicultor sobre la misma y le había solicitado que
cambiara las colmenas de lugar o bien las protegiera. El tribunal entendió que esta
notificación –probada en el proceso- no eximía de la responsabilidad por la deriva
pero definía la culpa concurrente.
También la jurisprudencia ha tratado las implicancias penales en el caso “Jeanes
v. Holtz et al” donde se reclamaba civilmente por la muerte de abejas debida,
supuestamente, a la deriva de productos químicos. El tribunal entendió que no
existía prueba que acredite a la fumigación como causa inmediata del daño.
Resulta académicamente interesante las consideraciones de la Corte Californiana
resolviendo la materia penal. El piloto aeroaplicador fue querellado por el supuesto
delito de la Sección 596 del Código Penal de los Estados Unidos de América que
expresaba, al momento del caso, lo siguiente: “Toda persona que (…)
voluntariamente administrare veneno a cualquier animal, de propiedad ajena, o
expanda sustancias venenosas, con la intención de que el mismo sea ingerido por
esos animales es culpable de un delito menor (misdemeanor[62])”[63]. El tribunal
interpretó que la deriva de productos químicos no podía interpretarse como
intencional y por lo tanto no se constituía la tipicidad del delito.
En el caso “Holt v. Mundell” fue tratado el tema del daño de ganado vacuno desde
otra perspectiva. Pues no hubo daños al fundo colindante de la parte actora pero
su ganado invadió el fundo fumigado sembrado de maíz, con el que se alimentó y
envenenó. El tribunal de primera instancia consideró responsable a la empresa
agroaplicadora, pero la Corte de Apelación declaro que no hubo culpa por parte de
aquella.
También el ruido de las aeronaves ha sido causa de daños a los animales. Debido
al vuelo a muy baja altura y al ruido producido como consecuencia de aquél,
existieron casos de ganado vacuno que al reaccionar ante aquella contaminación
sonora huyeron en estampida y se auto provocaron daños contra los alambrados
de los campos y entre ellos mismos.
En este caso la jurisprudencia ha entendido que la empresa aeroaplicadora es
responsable por negligencia. En el mismo sentido han existido demandas por
pavos que mataron a sus crías y por visones que parieron prematuramente.
IX.8.5. Nueva tendencia jurisprudencial en los tribunales estadounidenses
En los últimos años, particularmente desde mediados de la década del noventa, la
jurisprudencia de los Estados Unidos de América ha sumado a las teorías
anteriormente expuestas como atributivas de responsabilidad al denominado
“environmental focus”. De esta manera el daño ambiental ha pasado
definitivamente a constituirse en un daño indemnizable y se han aplicado
expresamente las leyes ambientales federales.
La aplicación de agroquímicos desde una aeronave ha sido considerada fuente de
“potencial responsabilidad” (Potential liability) para el dueño del fundo que la
contrata.
En el año 2009, en autos “BASF Corp v. EPA” la actora demandó a la Agencia de
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) por interpretar
abusivamente la Clean Water Act, conocida como popularmente como Ley de
Agua.
La EPA argumentó que los términos de la Ley de Agua son ambiguos por lo cual
debe realizarse, como regla, una interpretación razonable de la Ley. El tribunal
entendió que la entidad administrativa no puede “interpretar” la ley desvirtuando su
sentido. En lo que a nosotros nos interesa, la Corte de Washington entendió que
las aplicaciones aéreas pueden ser un "point source" o fuente contaminante.
En autos “Enviromental Maine v. EPA”, en enero de 2009, la Corte de Washington
entendió que no implicaba una violación a la Clean Water Act, las aeroplicaciones
sanitarias en una campaña contra mosquitos, aunque se realicen cerca de las vías
de aguas.
La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York se expidió en
septiembre de 2002 en el caso “Michael Altman and Susan Altman, v. Town of
Amherst, N.Y.” en el mismo sentido no considerando una violación a la Clean
Water Act, las aeroplicaciones sanitarias en una campaña contra mosquitos,
aunque se realicen sobre humedales.
En el caso “United States v. Morrison-Quirk Grain Corp.”[64] La Corte de Nebraska
entendió que la sociedad propietaria de un fundo cuyo suelo y agua fue
contaminado por residuos de agroquímicos es responsable por los costos que
genera su descontaminación. En el caso de haberse liquidado la sociedad, sus ex
directivos fueron considerados responsables por aquella indemnización.
La jurisprudencia y la doctrina han contemplado que las consecuencias del daño
ambiental por contaminación derivada de residuos de agroquímicos son
inmediatas y sobre todo mediatas.
Adicionalmente se ha estudiado por Luedeman[65] la denominada “contaminación
cruzada” (cross-contamination) que fue definida como la aplicación correcta de
agroquímicos no permitidos en la industria alimenticia sobre cultivos. Como
contracara de la globalización la jurisprudencia estadounidense ha observado que
existen consumidores estadounidenses que pueden sufrir daños en su salud,
como consecuencia de la importación de alimentos de terceros países. Dichos
alimentos son fumigados, paradójicamente, con agroquímicos fabricado muchas
veces en o con licencia de los Estados Unidos de América y prohibidos en aquel
país, pero permitidos en los países productores de alimentos que finalmente la
sociedad termina consumiendo. En este caso no estamos en presencia de
responsabilidad por parte del aeroaplicador, ni del dueño del fundo, sino
eventualmente frente a la responsabilidad del fabricante del producto, que
mayoritariamente podrá excusarse por contar con todas las aprobaciones para su
producción y comercialización.
Con relación a la responsabilidad generada por los daños tóxicos a salud de las
personas derivados de la aeroaplicación de agroquímicos (toxic tort issues)
observamos que, en el año 1996, veintidós recolectores de uvas demandaron a la
empresa fumigadora y al propietario del fundo que encargó la aeroaplicación
porque se habrían “envenenado” por un pesticida derivado hacia el campo donde
trabajaban. Además se demandó por los daños derivados de la muerte de
animales y los potenciales daños a los residentes rurales. La empresa
aeroplicadora demostró el máximo cuidado y mantenimiento de los equipos de
aplicación.
Ante este supuesto el tribunal responsabilizó al dueño del fundo que contrató la
fumigación, argumentando que si bien el piloto era un contratista independiente de
aquel, no puede argumentar que no tenía un deber mínimo de supervisión e in
eligendo. Basado en la denominada “theory of agency” el tribunal consideró al
piloto aeroaplicador como un “agente” del contratista.
La teoría de la responsabilidad por los daños tóxicos a salud de las personas
derivados de los agroquímicos (toxic tort issues) sobre todo en California y
Massachusetts con el pesticida denominado malathion, pero la doctrina[66] suele
considerar a esta teoría como altamente politizada y alejada de fundamentos
estrictamente jurídicos;
A continuación analizaremos algunos supuestos donde la justicia estadounidense
se ha expedido con relación a la responsabilidad del fabricante de los
agroquímicos y con relación a la interpretación constitucional de las normas
ambientales.
Los tribunales de los Estados Unidos de América también han atribuido la
responsabilidad por los daños derivados a terceros en la superficie al fabricante
del producto agroquímico (Strict products liability).
El máximo tribunal californiano, en el caso “Greeman v. Yuba Power” dispuso que
un fabricante que coloca un producto en el mercado, destinado a ser utilizado sin
inspección por quien lo opera, y que cuya “posibilidad” de un defecto dañoso es
probada en el juicio, es responsable por los daños que pudiese ocasionar. Desde
poco antes del año 2000 los tribunales asocian esta postura con la norma federal
denominada FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act) junto a la
aplicación de las leyes de cada estado, debido a la organización del gobierno
federal.
Existió un debate ante la colisión de la norma federal (FIFRA), que en general se
ha ido imponiendo, con el Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos de
América o los remedios del common law (Restatement of torts). Por citar solo a
algunos de los mencionados por la doctrina[67] e investigados para el presente
trabajo, encontraremos a los casos “Henderson v. Department of. Agric.” De la
Corte de Apelación del Estado de Oregon, que en el año 1994 discutió y reconoció
que si bien la materia ambiental era no delegada por la constitución de los Estados
Unidos de América, ello no impedía que el Congreso sancionará una norma de
carácter federal que se armonice junto a las normas estaduales; esta discusión se
reprodujo autorizando medidas previstas en ambos tipos de normas en el caso
“Hue v. Farmboy Spray Co.” resuelto en el año 1995 y se trató el tema en los
casos “Ciba-Geigy Corp. v. Alter”; “Jenkin v. Amchem Prods”; “Davidson v. Velsicol
Chem. Corp”; “Coparr v. City of Boulder”.
La discusión sobre la constitucionalidad de las normas federales de carácter
ambiental para la aplicación de agroquímicos y su coexistencia junto a las normas
de carácter estadual y aún a nivel local (municipal) llegó a la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América. El máximo tribunal interpretó el caso “Wiscosin Pub.
Intervenor v. Mortier” revertiendo la sentencia de la Suprema Corte del Estado de
Wiscosin.
En dicho estado existe un pequeño pueblo que había dictado una normativa local
(municipal ordinances) que sumaba requisitos locales para la aplicación aérea de
pesticidas y denegaba la autorización de las mismas a quienes los cumplían. El
demandante argumentó que la normativa local no tenía preferencia por sobre las
leyes estaduales y menos aún federales, argumento declarado válido hasta la
Corte Suprema Estadual inclusive.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América expresó que la
regulación o la prohibición de otorgamiento de permisos para la aplicación aérea
de productos químicos es competencia de los gobiernos locales.
Esto no implica que no se apliquen de forma “armonizada” la norma federal FIFRA
y las normas estaduales, sino que éstas, para el supuesto que las normas locales
permitan las aeroaplicaciones, no tienen preferencia sobre el derecho local.
X. La jurisprudencia argentina [arriba] -
X.1. Introducción general
Según Botassi[68] el medio ambiente, simplemente 'medio' o 'ambiente', o
'entorno' es todo lo que rodea al hombre. Así el impacto o La cuestión ambiental
es aquella que se genera a "partir de la constante (y cada vez más intensa)
degradación del medio ambiente como consecuencia de la propia actividad
humana”
Gianfelice[69] sostiene que la responsabilidad en materia ambiental surge como
consecuencia de la configuración del presupuesto antijuridicidad, al que se debe
fijar un límite. El Cód. Civ. de la República Argentina en sus arts. 1066 y 1074
recoge el principio de libertad consagrado en el art. 19 in fine de la Constitución
Nacional. Según este principio lo que no ha sido prohibido o mandado por la ley,
pertenece al ámbito de la libertad, esto es, al de lo lícito. El autor sostiene que el
límite se torna borroso teniendo en cuenta que se sostiene: a) que la prohibición
legal puede estar implícita; b) que el art. 1109 prohibe genéricamente los hechos
dañosos obrados con culpa -agreguemos con dolo; c) que puede calificarse como
ilícito el hecho contrario a la moral y buenas costumbres. Además, considera que
del ejercicio de un derecho puede derivar ilicitud, tal lo que ocurre cuando el
ejercicio es abusivo, art. 1071 del Cód. Civ..
La jurisprudencia ha considerado que no habiendo nexo contractual entre quien
produjo el daño y la víctima, no cabe otra alternativa que la acción resarcitoria
extracontractual, de acuerdo a lo previsto en el art. 1107 del Cód. Civ. de la
República Argentina. También se ha referenciado, consideramos
equivocadamente, al art. 2618 del Cód. Civ. argentino como aplicable a la
contaminación entre inmuebles vecinos.
La magistratura entendió que si las cosas por sí provocan la contaminación,
significa que ellas tienen aptitud contaminante y por lo tanto son riesgosas con la
posibilidad de un daño al ambiente que ello conlleva. De acuerdo con lo dicho, nos
encontramos frente a la hipótesis de daño causado por el riesgo o vicio de la cosa,
art. 1113, 2º párr. 2ª parte. La responsabilidad es pues, objetiva. Son responsables
quienes se sirven de la cosa o la tienen a su cuidado. En otros términos, el dueño
o guardián. Este es quien aprovecha, usa y obtiene de la cosa un beneficio
económico o personal.
Ahora bien, como destacaremos oportunamente, en el supuesto de daños
causados por aeronaves a terceros en la superficie el explotador de la aeronave
pone en actividad un vehículo peligroso para los demás que utiliza en beneficio
propio. Por ello se prescinde de toda idea de culpa. Este fue el criterio de los
convenios de Roma de 1933 y 1952 y de nuestro Código Aeronáutico a través del
art. 155. A la víctima le bastará probar el daño y que éste tuvo su origen en la
aeronave.
Como la limitación de la responsabilidad está expresamente prevista en materia
de responsabilidad aérea y en otras áreas, por ejemplo en materia de daños
nucleares[70], creemos que se debe aplicar el carácter indemnizatorio limitativo de
la norma específica que rige la materia.
X.2. La Responsabilidad del explotador del fundo y de la empresa de
aeroaplicación.
La Cámara Primera de Apelaciones de Bahía Blanca, en el caso "Oliver c. Martín",
de mayo 6 de 1969[71] se expidió ante la demanda de un tercero superficiario que
había sufrido daños en sus cultivos, colindantes con un campo que había
contratado una fumigación aérea. El perjudicado había accionado solidariamente
contra el fumigador y el propietario del campo que le encargó la tarea.
El tribunal bonaerense consideró que:
a) la responsabilidad por hechos de los dependientes no se agota en los
supuestos de locación de servicios o contrato de trabajo, sino que se extiende a
todos los casos en que exista el derecho latente o en ejercicio de dar órdenes, de
impartir instrucciones; y que
b) los propietarios de un campo que proceden a contratar una fumigación aérea no
son responsables por los daños ocasionados en plantaciones vecinas si no
impartieron órdenes ni instrucciones al empresario ni al piloto, ni tampoco los
instruyeron acerca de la manera en que debían ejecutar los trabajos convenidos".
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B de la Ciudad de Buenos
Aires en el caso “García, Ricardo c. Peña, Horacio J.” con fecha 21/05/1987[72] se
ha expedido con relación a la demanda planteada por el explotador de un campo
cuyas ochenta hectáreas de girasol dañado fueron destruidas.[73] El perjudicado
demandó solidariamente contra el titular del campo y comitente de la fumigación y
la empresa aeroaplicadora, pues argumentó que este último actuaba como
dependiente del comitente.
Como bien sostiene Mosset Iturraspe[74], al comentar el fallo, el comitente se
excusó con la invocación del hecho ajeno: el obrar del fumigador. No se negó la
contratación, pero se sostuvo que, por la índole del quehacer, no se originó
dependencia alguna: que quien contrata no es el principal de la otra parte, si se
trata de un obrar "por su cuenta", autónoma o independiente.
Continúa el destacado jurista interpretando que del voto de la doctora Estévez
Brasa parece desprenderse una situación de duda, que se hubiera superado
fácilmente con la presentación del contrato de locación de obra. Vale decir que, a
su juicio: a) en la duda debe estarse por la existencia de subordinación, de parte
de quien cumple una tarea por encargo; y, b) no hay subordinación en la locación
de obra. Se completa la idea con la afirmación acerca de que la prueba de la no
dependencia es a cargo del que contrata el trabajo.
Se consideró que la naturaleza jurídica del contrato que vincula al fumigador con
el dueño del campo era un contrato de locación de obra, en el cual no existe a
priori el concepto de subordinación.
La subordinación implica "que el agente esté sujeto a las órdenes o instrucciones
del comitente en cuanto a la manera de cumplir la incumbencia"; no hay
dependencia si "lo realizado es obra de quien ha actuado conforme a su criterio y
decisión...". Y, más adelante, agrega: "demostración de que el agente estuvo
sujeto a las directivas del comitente", "es necesario que medie un concreto caso
de subordinación, que supone el contralor de la actividad". Y llega a sostener que
esa dependencia debe descartarse cuando la tarea es de tipo técnico y, por esa
razón, escapa a las posibilidades del comitente "dar instrucciones o ejercer el
control de su desempeño".
La dependencia no se presume y debe ser probada por quien la invoca. Por lo
tanto la sentencia consideró responsable exclusivamente al aeroplicador por un
monto reducido, de acuerdo a los parámetros indemnizatorios del Cód. Civ..
El tribunal del trabajo de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, en autos
“Ferramondo, Pedro F. y otro c. Arroyo S. C. A.”, se expidió con fecha 27 de
noviembre de 1997[75] con relación a los daños producidos al propietario de un
predio sembrado, como consecuencia de la aplicación de agroquímicos en un
fundo colindante propiedad de la firma demandada.
El tribunal consideró que habiéndose acreditado que los daños consistentes en la
necrosis de las hojas de las plantaciones afectadas fueron originados por la acción
de un desfoliante aplicado en el campo vecino, redundando tal anomalía
artificialmente provocada en el resultado de la cosecha no cabía duda que se
verificaba el presupuesto de aplicación de la doctrina del factor objetivo de
atribución consistente en el riesgo creado por la utilización de una cosa riesgosa
que produjo el daño y con ello la necesidad de reparar civilmente estas
consecuencias.
Se consideró responsable civilmente al propietario del predio y cultivo en que se
aplicó la sustancia nociva.
Creemos preocupante que se tome como prueba testimonial válida la declaración
relacionada con la dirección del viento capaz de derivar el producto que podría
llegar a treinta kilómetros del lugar de su aplicación, "themma decidendum" que
debería limitarse a pruebas periciales.
Sin embargo, coincidimos con el tribunal en considerar como prueba pericial válida
la referencia a estadísticas que arrojen datos acerca de los rindes de cosechas
promedio en la zona al cotejarse con la prueba acerca de lo efectivamente
cosechado por los actores y comercializado posteriormente.
Creemos, como ya lo hemos sostenido que un tribunal laboral no resulta
competente para entender esta materia federal, pues no resulta objeto del litigio la
relación laboral sino la responsabilidad aeronáutica.
Con fecha 29 de septiembre de 1999, se resolvió un caso de daños a terceros
superficiarios, declarándose insólitamente competente, Tribunal del Trabajo de
Trenque Lauquen[76], Provincia de Buenos Aires, en autos “Nidera S. A. c. Ballari
& Larramendi y otros”
La actora se dedicaba a la investigación, desarrollo, producción y comercialización
de semillas y en el ejercicio de tal actividad, arrendó para su explotación, un
campo de 579 has en el partido de General Villegas. Las condiciones climáticas y
de suelo fueron buenas, así, el crecimiento de las plantas fue el normal y de
acuerdo a lo esperado. El propietario, explotador, o arrendatario del campo vecino
al norte del que explotaba Nidera -la estancia Drabble-, contrató a una empresa de
fumigación aérea -Ballari & Larramendi- quien fumigó dichas tierras.
La actora adujo que no fueron tomaron los recaudos necesarios obrando con
negligencia en el manejo de los agroquímicos, todo lo cual produjo una deriva de
los productos hacia los lotes explotados por la actora, afectando la plantación con
un índice elevado de mortandad que produjo la pérdida del cultivo. Además, alegó
que debido a la peligrosidad del biocida utilizado, y que los demandados no
podían ignorar tal circunstancia- no cumplieron con las distancias mínimas de
aplicación que prevía la disposición 253 de la Dirección de Agricultura Provincial.
La actora demandó solidaria e indistintamente al propietario y al explotador o
arrendatario del campo vecino junto a la empresa aeroaplicadora.
Luego del daño ocurrido, la actora manifestó que debió resembrar las hectáreas
perjudicadas, a fin de limitar los daños ya causados por el pesticida utilizado en el
campo vecino.
Se acompañó al proceso informes periciales de ingenieros agrónomos, pruebas
documentales como los registros de los Boletines Agrometeorológicos mensuales
de la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas, Provincia de Buenos
Aires, que demuestren la velocidad y dirección del viento al momento de la
aeroaplicación y así calcular la deriva.
El propietario del campo fumigado opuso una falta de legitimación pasiva –
aceptada por el tribunal- por haber locado el inmueble y como consecuencia de
ello no tener la guarda del predio. Además el tribunal no consideró al arrendatario
como principal del aeroplicador.
Por todo ello, el tribunal entendió que la demanda debía rechazarse en su
totalidad y que el aeroaplicador tampoco era responsable del daño, por no
haberse acreditado en autos su obrar negligente y culpable (artículo 1109, Cód.
Civ. de la República Argentina) y por no tener incidencia la cosa riesgosa en la
producción del daño, de acuerdo al art. 1113, Cód. Civ. de la República Argentina.
X.3. Jurisdicción Aplicable y Competencia.
Un caso fundacional en la jurisprudencia fue “Guevara Lynch, Roberto v. T.A.F.T.
(S.R.L.)”[77] En el mismo, la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la
Ciudad de Buenos Aires entendió que los daños producidos por la deriva de
productos químicos de una fumigación aérea eran aptos para configurar la
responsabilidad de la demandada de conformidad al sistema del Cód. Civ.
argentino.
Como bien sostiene Malbrán[78], al comentar el fallo citando a Charles de
Visscher, el derecho aéreo es el conjunto de reglas que rigen el medio aéreo y su
“utilización”, entre la que se destaca el trabajo aéreo.
El tratadista argentino Videla Escalada[79] comentó el fallo referenciado donde el
propietario de una plantación en argentina demandó por daños una suma de
900.000 pesos fundando el reclamo en el Cód. Civ. Argentino que regula la
responsabilidad por actos ilícitos.
El demandado opuso una excepción procesal pues argumentó que, en este caso,
el tribunal no era competente basando su argumento en el Código Aeronáutico –
vigente a la fecha y anterior al actual del cual el ilustre tratadista fue autor- se
refería expresamente a los daños causados por aeronaves a terceros en la
superficie, limitando su responsabilidad a 150.000 pesos.
El tribunal en lo civil se declaró competente y ordenó al demandado, con
fundamento en la ley civil, indemnizar al propietario del fundo dañado en un millón
de pesos, suma más alta que la requerida, teniendo en cuenta una eventual
devaluación.
El tribunal de alzada confirmó el fallo en primera instancia y la competencia de la
justicia civil pero redujo el monto indemnizatorio a 400.000 pesos. Junto al autor
consideramos inexplicable está decisión pues queda a mitad de camino entre dos
tipos indemnizatorios.
Luego, se sancionó el nuevo Código Aeronáutico de la República Argentina, que
en su art. 198[80] expresa: "corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los
tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de las causas que
versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos que
puedan afectarlos"
Ortiz de Guinea[81], al comentar este artículo encuentra poco feliz la redacción al
cuestionarse "¿Qué comprende el giro causas que versen sobre la navegación
aérea?” y sostener que se correría el peligro de que el factor a considerar fuera
meramente el "vuelo", excluyéndose así las relaciones emergentes del dominio,
condominio, locación, daños a bienes superficiarios, etc.
En el año 1974 la Corte Suprema de la República Argentina, en los autos "Rufino
Morán Rodríguez c. S. A. Ledesma AJC", se expidió[82] sobre la indemnización
por daños causados a una plantación como consecuencia de una fumigación
aérea.
El alto tribunal se inclinó a favor de la competencia de la justicia ordinaria, por
tratarse de cuestiones que no tuvieron relación con "el aerotransporte provincial,
con la seguridad de la navegación aérea, con el comercio aéreo, con los intereses
de la aeronavegación o con las normas federales del derecho aeronáutico".
Coincidimos con Mohorade[83] cuando expresa que el resultado hubiera sido
distinto si el art. 198 prescribiera, por ejemplo, corresponde "a la Corte Suprema
de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de
las causas donde intervenga una aeronave...", o una fórmula semejante.
Continúa Mohorade comentando, “ese es el sentido de la norma del Código
Aeronáutico en su redacción actual dado que la estructura de dicho cuerpo legal
fundamenta su necesaria existencia en la consideración de tres elementos
fundamentales: a) la aeronave, como vehículo de características propias; b) el
medio ambiente, o sea el fluido denominado aire; c) la actuación de aquélla en
éste, que origina el riesgo aeronáutico. Este último elemento baña todas las
instituciones del Derecho Aeronáutico, otorgándoles definido color. O sea que y en
resumen, el derecho aeronáutico consiste en una serie de valoraciones que
posteriormente, habrán de ser asumidas por los magistrados y por todo intérprete
llamado a juzgar una situación vinculada al riesgo aeronáutico.”
Particularmente, por compartir los fundamentos del Tribunal de Apelaciones de la
ciudad de Buenos Aires y de la doctrina citada, consideramos que en los casos
derivados de la aeroaplicación de productos agroquímicos debería intervenir la
justicia federal por tratarse de una materia estrictamente aeronáutica.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Giacomucci, Alfredo c.
Ustariz y Cia. y otros”[84] consideró que la fumigación aérea, encarada
comercialmente, integra el trabajo aéreo legislado en el art. 92 y concordantes del
Código Aeronáutico, y la acción de responsabilidad extracontractual por daños
supuestamente causados por tal motivo a un tercero es de competencia de la
justicia federal por así disponerlo el art. 198 de dicho código.
En el caso “Sud América Cía. de Seguros c. Aeroaplicaciones Irupe y otros”[85]
con fecha 19 de febrero 1993 la Cámara de Apelaciones de Concepción del
Uruguay, sala civil y comercial, entendió con relación a los daños causados por el
embestimiento de la víctima en el desarrollo de una fumigación aérea, que es
competente la justicia provincial pues la causa versa sobre una pretensión
resarcitoria de derecho común no relacionada con el transporte aéreo
interprovincial, ni vinculada con la seguridad, el comercio, los intereses de la
aeronavegación o con normas federales del derecho aeronáutico.
En el caso “Tabella, Edgardo R. c. Aeroaplicaciones El Buho, soc. de hecho y
otros”[86], la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, con fecha
30 de septiembre de 1992 consideró que la fumigación aérea integra el trabajo
aéreo legislado por el Código Aeronáutico. Siendo ello así, cabía hacer lugar a la
excepción de incompetencia interpuesta, debiendo intervenir en el caso la justicia
federal, de acuerdo a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
X.4. Jurisprudencia relativa a aspectos constitucionales de carácter ambiental en
la aeroaplicación
Por una cuestión metodológica, trataremos esta jurisprudencia junto a aspectos
doctrinarios en el punto 13 del presente artículo.
X.5. Jurisprudencia relativa al tratamiento de envases y productos en la
aeroaplicación
Por una cuestión metodológica, trataremos esta jurisprudencia junto a aspectos
doctrinarios en el punto 14 del presente artículo.
XI. La deriva. Concepto. Aspectos interdisciplinarios [arriba] -
La deriva –que presenta un carácter excepcional y minoritario dentro del total de
las aeroaplicaciones-ha sido la principal fuente de imputación de responsabilidad
por daños a terceros en la superficie, sin embargo hemos comprobado que la
doctrina, los parlamentarios y la justicia no siempre han seguido criterios
científicos[87].
La jurisprudencia[88] ha definido a la deriva como “el desplazamiento del herbicida
por acción del viento”. Naturalmente, podemos generalizar el concepto
cualesquiera sea el producto químico que sea asperjado, aunque existan
diferencias entre ellos, que no alteran el carácter general de la definición.
En la legislación comparada el artículo primero del Reglamento sobre aplicación
aérea de plaguicidas de Chile, recientemente sancionado[89], define a la deriva
como “el desplazamiento del plaguicida del área tratada a otra no deseada,
generalmente por medio del viento”
Leiva[90] define a la deriva como aquella parte de la aspersión que no alcanza el
blanco objeto del tratamiento.
Etiennot [91] la clasifica en exo y endoderiva. La primera corresponde a aquella
parte del pulverizado que cae fuera del área a tratar; la segunda, a aquella parte
que cae dentro del área pero no sobre blanco.
Pozzolo[92] clasifica a la deriva en física y química. Denomina deriva física a la
traslación de la gota por efecto del viento, mientras que la química es aquella que
se produce por evaporación antes de llegar a su objetivo. El ingeniero del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina sostiene que
ambas son totalmente negativas ya que no sólo se disminuye la dosis efectiva que
se aplica, sino que se contamina el medio ambiente y a los lotes linderos con el
consiguiente perjuicio ecológico y el riesgo de conflictos económicos por las
demandas por daños a terceros en la superficie.
El ing. Leiva[93] sostuvo que estamos acostumbrados a evaluar la eficiencia de los
plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) exclusivamente por sus dosis de
principio activo y momento de aplicación, asumiendo que dicha dosis alcanza en
su totalidad "el blanco" objeto del tratamiento (insecto, maleza o
microorganismos), cuando en realidad sólo una parte de la misma lo hace.
Los procesos involucrados en que una pulverización alcance la plaga a tratar o
blanco de aspersión son: a) el proceso de formación de gotas, b) deriva de gotas
hacia otros sitios, c) la capacidad de esas gotas para depositarse sobre el blanco
alcanzado y d) cobertura medida como número de impactos por centímetro
cuadrado y la dosis de principio activo que se deposita sobre el blanco en
cuestión.
El autor entiende por calidad de aplicación a la cantidad de principio activo
depositado sobre el blanco con una determinada cobertura y persistencia del
producto en una forma absorbible sobre la superficie foliar. Este hecho le permite
afirmar que ningún plaguicida es mejor que la técnica de aplicación. La
importancia de este tema se expresa cuantificada por la aseveración de Himel al
decir que sólo el 25% del volumen aplicado llega a las plantas. Concluye Leiva
diciendo que ello nos marca la brecha a vencer.
En cuanto al proceso de formación de gotas, Leiva sostiene que los agroquímicos
deben depositarse en forma de gotas que finalmente alcanzan el contacto con el
vegetal. Es frecuente referirse al tamaño de las gotas por su diámetro en micrones
(1m = 0,001 mm). Un mismo volumen puede dispersarse en gotas grandes o
pequeñas.
Las gotas grandes tienen la ventaja de descender rápidamente y estar menos
expuestas a las derivas por viento y a la evaporación. Su principal desventaja es la
falta de deposición y adherencia sobre la superficie vegetal; generalmente rebotan
contra las hojas y caen al suelo en forma directa, o luego de deslizarse y juntarse
con otras gotas.
Las gotas pequeñas mejoran la cobertura ofreciendo la ventaja de una mejor
penetración en el cultivo, especialmente la posibilidad de alcanzar la cara inferior
de las hojas, tallos, etc. Su principal desventaja es que por su menor peso están
más expuestas a ser transportadas por el viento (deriva) y por su elevada
superficie expuesta en relación al volumen, a sufrir una intensa evaporación antes
de depositarse.
El proceso de formación de gotas se da por el paso del líquido a cierta presión a
través de las pastillas. En equipos aéreos pueden utilizarse pastillas de cono
hueco, abanico plano o CDA Micronaire.
La ingeniería demostró que dentro de los factores de deriva podemos agrupar a
aquellos que corresponden a las características de la aspersión; al equipo y
técnicas de aplicación; a las condiciones de tiempo atmosférico; y a los equipos y
accesorios específicos[94]
Seguimos al prestigioso especialista, para quien las características de la aspersión
afectan la deriva a través del tamaño de gotas; a menor tamaño la velocidad de
caída es menor, mayor la evaporación por mayor superficie expuesta en relación
al volumen transportado que reduce progresivamente el tamaño de la gota durante
su caída. El mayor tiempo que permanece suspendida, mayor las probabilidades
de ser transportada por el viento.
Las condiciones de tiempo atmosférico que afectan la deriva son el viento, la
humedad y temperatura ambiente, y las condiciones de estabilidad atmosférica.
Considerando el viento debemos decir que su presencia es deseable,
especialmente en aplicaciones aéreas. Es beneficioso cuando presenta una
dirección transversal al vuelo pues colabora para obtener una deposición
uniforme.
Existe una reglamentación que prohíbe la aplicación de plaguicidas con vientos
superiores a los 15 km/hora, condición que debe respetarse escrupulosamente
cuando en el sentido del viento se encuentre cultivos sensibles a herbicidas (u
otros agroquímicos)
Esta referencia a aplicaciones con vientos máximos de 15 km/hora la hemos
observado también en distintas publicaciones científicas, entre ellas las
canadienses[95] y las estadounidenses[96].
A mayor humedad ambiente se reducen los efectos por evaporación provocados
por las altas temperaturas.
En síntesis, Leiva expresa que los límites críticos que afectan la deriva pueden
establecerse como sigue: temperatura ambiente no mayor de 25°C, humedad
relativa superior al 60%, velocidad del viento no superior a 10 km/hora, altura de
vuelo entre 1,5 y 2 metros, y gotas menores a 100 m que no superen el 5% del
volumen total
Se entiende que la aplicación ha sido eficiente cuando se ha logrado que una
cantidad de principio activo se haya depositado sobre el blanco con una cobertura
(número de gotas por cm2) y uniformidad (CV%) acorde al tipo de producto
empleado. Es condición, además, la persistencia del producto en una forma
absorbible sobre la superficie del blanco.
Desde la ingeniería agrónoma, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
de la República Argentina, a través del Ing. Oscar Pozzolo[97] sostiene que
cuando se pulverizan fitosanitarios lo que se está haciendo es dividir el líquido en
pequeñas gotas que deseamos se distribuyan en forma homogénea en toda la
superficie elegida. Sin embargo, esto es solo un aspecto de la pulverización ya
que en la medida que se reduce su tamaño las gotas son cada vez más
susceptibles a la deriva física y química.
Los nuevos equipos con la utilización de boquillas especialmente diseñadas para
ello denominadas, en forma genérica, antideriva, para cambiar el tamaño de gota
mediante la variación de presión son de gran importancia.
El autor cita como fuente a la FAO y nos acerca la siguiente tabla nos da una idea
de lo que sucede con tres tamaños de gotas en condiciones climáticas diferentes,
teniendo también como variables al tiempo y la distancia recorrida.
Tamaño de
gota en
micrones (µ)
Hum.
Relativa
(%)
Temperatura
ambiente (°C)
Tiempo de
duración (seg)
Distancia recorrida (cm)
50 80 20 12,5 12,7
50 80 30 3,5 3,2
100 80 20 50 670
100 50 30 14 180
200 80 20 200 8170
200 50 30 56 2100
Fuente: FAO
Masia[98] también ha estudiado, reproduciendo científicamente a través de un
túnel de viento, los efectos de la deriva, proponiendo a meros fines ilustrativos las
siguientes imágenes:
Fuente: « A summary of aerial application studies », Spray Drift Task Force, 1997.
Fuente: « A summary of aerial application studies », Spray Drift Task Force, 1997.
Esto nos lleva a considerar que técnicamente el jurista necesita,
excluyentemente, un enfoque multidisciplinario, pues habitualmente se lee en la
jurisprudencia como si fuera científicamente posible que gotas de micrones –
aunque se reúnan- pueden recorrer docenas de kilómetros, circunstancia que la
ciencia agronómica considera imposible.
Uno de los grandes temas para el jurista es la evaluación técnica de la deriva, que
por tratarse de un tema técnico le resulta ajeno, con el agravante que de todos los
informes que hemos estudiado no encontramos una unidad de criterio científico.
Daremos algunos ejemplos. Para el Dr. Moses[99], del Pesticide Education
Center, entre el 50% al 75% del producto químico asperjado desde una aeronave
nunca llega a destino. Si tomamos este criterio como científicamente válido no
podemos dejar de alertarnos. Ahora bien, nada dice de la distancia que puede
recorrer el producto que no llega a destino.
Entre otros, a solicitud de la justicia, la Universidad Turca de Çukurova, ha
estudiado científicamente[100] a la deriva. Del estudio surgió que con los nuevos
métodos de aplicación aérea de agroquímicos sobre fresas se ha podido disminuir
considerablemente los efectos de la deriva, estudiando comparativamente a los
residuos las aplicaciones de acuerdo a las distancias desde el cual se lanzó el
producto.
XII. La interdicción o restricción de las fumigaciones aéreas en el contexto internacional [arriba] -
La doctrina francesa a través de las agencias gubernamentales[101], comités de
prevención[102] e institutos[103] ha tratado este tema dando sustento a la
normativa comunitaria europea.
La doctrina francesa ha tenido presente la necesaria armonización entre la
necesidad de producción agropecuaria y la conservación del medio ambiente. Por
ello insiste en la necesidad de la inversión tecnológica que reduzca la potencia de
la deriva en las aspersiones aéreas. Además sostiene que la fumigación terrestre
también presenta los efectos de la deriva, cada una de ellas con particularidades
diferentes.
Trataremos a continuación la distancia mínima aceptable, el plazo para la
notificación previa, los procedimientos para la aprobación y control de la
aeroaplicación y los niveles generales de aplicaciones aéreas de agroquímicos.
a) La distancia mínima o línea agronómica
La legislación chilena[104]denomina a la línea agronómica como “franja de
seguridad” definiéndola como el área mínima de doscientos metros que debe
existir entre el sitio de aplicación de un plaguicida y un área sensible.
Con relación a las fuentes de captación de agua destinada al consumo humano se
establece que ninguna mezcla o carga de plaguicidas podrá realizarse a una
distancia inferior a sesenta y cinco metros.
La presidencia de Chile tomó como fuente a la normativa canadiense al considerar
un área sensible, definiéndola como aquella que contiene o abarca organismos y
población que son afectados por el plaguicida aplicado; en lo acuático incluye
principalmente manantiales, arroyos, ríos, charcos, lagos, lagunas, estuarios,
aguas marinas, embalses y fuentes de agua destinada al consumo humano y
animal y en lo terrestre abarca casas, edificios, áreas recreacionales abiertas al
público, colmenares y concentraciones de animales.
La doctrina francesa consideró que menos de la mitad de los países desarrollados
consideran que 50 metros de un centro poblado es una aceptable distancia
mínima de seguridad, en consecuencia la Agencia Francesa recomienda que para
establecer consenso cada localidad podría definir sus “zonas vulnerables”. Por
ejemplo en el Reino Unido de Gran Bretaña, quien encargó la aeroaplicación
deberá consultar a la autoridad competente, con setenta y dos horas anteriores a
la fumigación si existiese una “zona de interés científico especial” a menos de mil
quinientos metros del lugar del trabajo aéreo. Los apicultores de la zona deben ser
informados al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a aquél. La
distancia mínima de aplicación oscila entre los treinta y sesenta metros (para las
fuentes de agua[105]).
En Canadá los gobiernos locales disponen de “zonas de protección”, pero los
profesionales intervinientes tienen mayores facultades –y responsabilidades- para
determinar las aeroaplicaciones de acuerdo al método que se utilice, teniendo en
cuenta los “establecimientos sensibles” (escuelas, hospitales, etc.). La distancia
mínima de un centro poblado que debe contemplar un piloto aeroaplicador es de
seiscientos sesenta metros (dos mil pies).
Australia dispone seguir las instrucciones del producto aprobado, para el caso de
ausencia de indicaciones se recomienda una distancia mínima de cincuenta
metros.
En España los gobiernos autonómicos fijan sus propios límites. A modo de
ejemplo diremos que se aplican de forma aérea químicos sobre 120.000 a 180.000
hectáreas de cítricos, sobre 140.000 de olivares o 36.000 ha de arrozales
Reiteramos que la doctrina argentina, con Marchiaro[106], entiende que existen
tres niveles para graduar la línea agronómica: Mínimo: coincide con el límite de la
zona urbana; Medio: línea agronómica-ambiental, se la fija a 200 ó 500 metros
desde el fin del límite de la zona urbana; Máximo: línea de resguardo ambiental,
que implica la prohibición de uso de todo tipo de agroquímicos dentro de la misma
(ej. 500 metros luego del fin de la zona urbana). En este caso la norma local
establece una prohibición total en determinado radio a pesar de que la norma
provincial permite en dicha zona el uso de agroquímicos de baja toxicidad (San
Francisco, Provincia de Córdoba).
b) Plazo para la notificación previa
En el ámbito europeo el tratamiento del plazo para notificar previamente la
aspersión de productos químicos oscila entre las veinticuatro a cuarenta y ocho
horas. Habitualmente existe una primera declaración con tres días de antelación a
las autoridades indicando el producto y la dosis y una confirmatoria (por correo
electrónico) el día anterior, con la obligación de la administración de responder
inmediatamente.
c) Los procedimientos para la aprobación y control de la aeroaplicación.
Cada estado regula la materia, que por ejemplo en Francia, se contempla en los
artículos L 254-1 y siguientes del Código Rural, en los artículos L. 1321-2, L. 5132-
2 y R. 5167 del Código de la Salud Pública, el Código de la Aviación Civil, el
Código Ambiental, las normas de la Comisión de productos antiparasitarios para
uso agrícola, las normas de cada gobierno local, entre otras. Por lo tanto
observamos que existe una diáspora normativa-similar a la argentina o los
Estados Unidos de América-, mientras que otros países como Canadá o
recientemente Chile[107] presentan un Código de gestión para la aplicación aérea
de agroquímicos.
d) Niveles Generales de aplicaciones aéreas de agroquímicos
Existen diferentes niveles de permisividad con relación a la materia de estudio.
d.1. Interdicción total: Dinamarca, Eslovenia, Estonia.
d.2. Interdicción con excepciones: Francia, España, Alemania, Italia.
d.3. Restricciones severas por medidas de seguridad: Reino Unido de Gran
Bretaña. Ello implicó una reducción drástica de la superficie fumigada que en 1985
alcanzaba a 470.000 hectáreas y en 2002 sólo 4406.
d.4. Restricciones severas por medidas administrativas: Malta.
d.5. Aceptable: Estados Unidos de América. En este país es donde más se ha
desarrollado la actividad.
El ámbito de las restricciones es muy amplio y abarca desde el ruido de las
aeronaves, por los tipos de aeronaves permitidos, por el tipo de producto químico,
por las características de idoneidad del piloto o por la necesidad y el plazo de la
notificación previa.
XIII. Aspectos constitucionales de la materia en el derecho argentino y comparado [arriba] -
El parlamento Europeo, desde la sesión del 10 de septiembre de 2002, viene
entendiendo que debía establecerse –como sucedió- un marco jurídico común
para conseguir el uso sostenible de los plaguicidas, teniendo en cuenta el principio
de cautela (que nuestros constitucionalistas denominan precautorio).
La doctrina[108] entiende que el principio de precaución se relaciona con la idea
de “prudencia” ante lo incierto, lo desconocido, a diferencia del de prevención, se
aplica ante situaciones de riesgo incierto.
Los elementos del denominado principio precautorio son tres:
a) La previsión razonable del daño significativo.
b) Incertidumbre científica sobre la existencia de riesgo.
c) Acción cautelar antes que se produzca el daño o para disminuirlo.
Por el art. 41 de la Constitución Nacional[109] de la República Argentina, la
materia ambiental se considera técnicamente “delegada” por las provincias a la
Nación. Los constitucionalistas consideran que estas potestades legislativas de
protección ambiental tienen las siguientes limitaciones: a) que su contenido sea de
garantía mínima; b) que sea de protección ambiental; y c) que no se alteren las
jurisdicciones locales.
La Nación ha dictado leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental[110],
de acuerdo a lo dispuesto por el encargo constitucional.
La ley general del ambiente (LGA) de Argentina, número 25.675, en su art. 4º
establece al principio precautorio, al manifestar: “La interpretación y aplicación de
la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política
Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
(...)Principio Precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para
impedirla degradación del medio ambiente”.
El mismo principio se infiere o contempla expresamente en otras leyes de
presupuestos mínimos.[111]
La jurisprudencia plasmo a través del Juzgado de primera instancia en lo civil de
El Colorado, Provincia de Formosa, en el año 2003, en autos “Asociación de
Feriarte de Pirané contra Proyecto Agrícola Formoseño s/medida autosatisfactiva”
haciendo lugar a la medida cautelar autónoma interpuesta por la actora, ordenó la
“paralización” de las fumigaciones con glifosato. El demandado, en el posterior
desarrollo del proceso principal fue considerado responsable de daños a fundos
colindantes a los de su explotación y a la salud de sus moradores.
La prueba tenida en cuenta para acreditar el daño ambiental fue una constatación
notarial y la intervención pericial de un ingeniero agrónomo, que acreditó la deriva
por no haberse respetado distancias mínimas de seguridad para las fumigaciones.
El Tribunal en lo Criminal Número dos de Mercedes, Pcia.de Buenos Aires, en
sentencia de fecha 02 de abril de 2008, en autos “Di Vicensi, Oscar Alfredo c.
Delaunay, Jorge”[112] intervino ante una medida cautelar innovativa que solicitaba
la suspensión inmediata de fumigaciones aéreas y/o terrestres que desarrollaba el
demandado.
La demanda se fundó en que la suspensión de las fumigaciones aéreas realizadas
en predios sembrados —en el caso, con glifosato—, procedía si la distancia
existente entre éstos y ciertos barrios no es superior a los 200 metros, pues el art.
38 del decreto reglamentario n° 499/01 de la ley de agroquímicos de la Provincia
de Buenos Aires prohíbe operar a distancias menores a 2 kilómetros de centros
poblados.
El tribunal se constituyó ante la delegación local del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria a efectos de obtener información sobre características
toxicológicas del "glifosato", sustancia con la que se presupuso estarían
fumigando.
Los expertos del I.N.T.A. definieron al glifosato como un herbicida, concepto que
podía corroborarse de la Guía de Productos Fitosanitarios para la República
Argentina, de donde también surgía que en cuanto a los riesgos ambientales
resulta virtualmente no tóxico para abejas, y ligeramente tóxico para aves y peces
(2003. Tomo I v. pág. 33 y 347), en cuanto este producto se utiliza en caso de
inmuebles sembrados con soja —como era el caso de autos— y para preparar la
tierra para el ulterior cultivo. En esa misma senda se expidió una vez consultada la
Dirección de Contralor del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción Provincial.
Las distancias existentes entre los predios sobrevolados y los Barrios FONAVI y
Policial, Obrero y el Polideportivo, oscilan entre 10 y 200 metros. Por ello el
tribunal entendió que correspondía hacer lugar parcialmente a la medida cautelar
innovativa solicitada por el accionante, ante el comprobado apartamiento del art.
38 del decreto reglamentario n° 499/01 de la ley provincial de Agroquímicos,
tomando en consideración el potencial riesgo para los bienes y salud de los
pobladores de ese medio y el principio contenido en los arts. 41 de la Carta Magna
Nacional, 28 de la Constitución de ésta Provincia, 1°, 2°, 3° y cc. de la Ley Nº
25.675, 1° de la Ley Nº 11.723.
El aeroplicador fue notificado que debería abstenerse en lo sucesivo de realizar
por sí o por terceros, fumigaciones aéreas en los predios cultivados con soja que
motivaron la acción.
Destacamos el carácter sumarísimo de la medida que incluso dispuso la
realización por el término de 12 horas y por intermedio de la Asesoría Pericial
Departamental de un informe médico, que ilustre al Tribunal sobre las
consecuencias que puede acarrear a las personas y bienes —animales y
vegetales— la fumigación con glifosato a la distancia efectuada por el accionado.
En rigor de verdad, creemos que en doce horas un perito sólo puede acompañar
referencias de informes y estudios realizados con anterioridad, pero que en un
tiempo tan exiguo no se puede realizar un informe, ab initio, de carácter científico.
Estevez[113], en su comentario al fallo de estudio, entiende que en los últimos
años la actividad agropecuaria en la Argentina se ha concentrado en el cultivo de
soja transgénica (soja RR), siendo nuestro país uno de los mayores productores
de dicho cultivo. Esta especie transgénica ha sido diseñada resistente al glifosato.
La autora considera que este "paquete tecnológico" (soja transgénica - glifosato)
requiere un uso apropiado del mismo con miras a una correcta aplicación y una
protección de la salud y el ambiente en todo el territorio de la Nación, en particular
las prácticas asociadas con aspersiones aéreas para los cultivos de Soja RR.
En el caso “Barrio Ituzaingó Anexo”, asentamiento del Sureste de la ciudad
Córdoba, se interpuso una medida cautelar en la cual, novedosamente, se
fundamentó la demanda en los derechos humanos, como el de los vecinos a un
ambiente sano, el derecho a la información ambiental, y el derecho a la vida.
Fueron demandados la empresa de energía eléctrica y los gobiernos municipal y
provincial para impedir la fumigación terrestre a menos de 500 metros y aérea a
menos de 1500 metros, entre otras medidas como el retiro de transformadores con
PBC, y una denuncia penal en la cual de llegó a procesar a los responsables por
“contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”.
En el expediente existen informes periciales contradictorios relativos a que el
barrio estaba o no contaminado por endosulfán y arsénico entre otros químicos. El
tribunal recomendó el control sobre las fumigaciones por acreditarse que en un
barrio de 5.000 habitantes registraba altos índices de cáncer y otras enfermedades
y aproximadamente ciento cincuenta víctimas, aunque también existen
contradictorios informes sobre si esas víctimas tienen como causa de sus
enfermedades a las contaminaciones acuíferas, terrestres y aéreas fumigando en
campos de soja lindantes con el barrio.
Como consecuencia de la recomendación judicial, la autoridad política sostuvo la
prohibición de fumigaciones aéreas a menos de 2500 metros del casco urbano.
Este caso fue especialmente considerado para la sanción del decreto número 21
de 2009, donde se dispuso la creación de la “Comisión Nacional de
Investigaciones sobre Agroquímicos”. Entre sus consecuencias directas
encontramos a la creación del Consejo Científico Interdisciplinario en el marco del
CONICET que concluyó con el informe denominado “Evaluación de la información
científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el medio
ambiente”.
La Justicia Federal se declaró incompetente, remitiendo la causa a la Fiscalía del
Distrito IV Turno 2. Actualmente la causa se encuentra en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por la interposición de un recurso extraordinario. Creemos
que la resolución de este caso importará un precedente de consideración en la
jurisprudencia argentina.
En el caso “Chañar Bonito S.A. c. Municipalidad de Mendiolaza” intervino en
segunda instancia la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la séptima
nominación de Córdoba, elevándose en grado de apelación al Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia de Córdoba.
En 2004 los legisladores del Municipio de Mendiolaza sancionaron la ordenanza
número 390/04 en la cual se declaró al municipio “(...) pueblo libre de
agroquímicos...estimulando la producción agropecuaria orgánica y ecológicamente
sustentable” y prohibiendo dentro del ejido municipal la “utilización de cualquier
tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, ya sea que estén
destinados a la fumigación como a la fertilización agrícola”.
Por lo tanto, la estricta prohibición de utilización de agroquímicos alcanzó todo el
territorio municipal, tanto urbano como rural.
El alto tribunal Cordobés tiene una tradición de defensa de la autonomía
municipal, pues la provincia de Córdoba tiene el régimen municipal más
autonómico de la República Argentina.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la séptima nominación
consideró la constitucionalidad de la norma local, pero el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Córdoba, en sentencia de fecha 18-9-2007 revocó dicho
decisorio y sentenció la inconstitucionalidad de la norma local (autos “Chañar
Bonito S.A. c. Municipalidad de Mendiolaza s/Amparo”).
El máximo tribunal cordobés declaró inconstitucional la norma local, luego de
analizar el poder de policía y la autonomía municipal, junto a la legislación relativa
a los agroquímicos, de carácter nacional con recepción provincial, la salud pública
y el derecho ambiental–concurrentes a nivel federal-.
La Corte de la Provincia entendió que “Las atribuciones conferidas a los
municipios no pueden ser ejercidas extramuros del reparto constitucional de
competencias entre las provincias y la Nación, establecido por el poder
constituyente nacional y provincial, es decir que no pueden exceder los ámbitos en
los que se desenvuelven análogos poderes de la autonomía provincial y de la
Nación, en el marco de un Estado Federal, lo que impone una necesaria
coordinación y armonización del ejercicio de esas atribuciones”.
Asimismo el tribunal manifestó que “La simple confrontación entre el marco
jurídico reseñado y la ordenanza 390 del año 2004 dictada por la municipalidad
patentiza la antijuridicidad de esta última, ello por cuanto si bien la materia
regulada en ésta atañe a las potestades de regulación y fiscalización propias del
ejercicio del poder de policía de la comuna en materia de salubridad, dicho
ejercicio debe subordinarse al régimen jurídico vigente en el Estado Federal, al
cual no puede desconocer sin un fundamento de tinte científico, técnico o local
que justifique tal proceder, toda vez que es claro que la temática de los
compuestos químicos de aplicación a la producción agropecuaria desborda los
intereses locales de los municipios al involucrar cuestiones que interesan a la
Nación toda”.
Lamberti[114] al comentar el fallo sosteniendo que se plantea un verdadero dilema
judicial, porque confluyen derechos constitucionales en conflicto: la interdicción del
libre ejercicio del derecho de propiedad versus la protección de la salud y el
ambiente de la comunidad de Mendiolaza. Para este dilema, como ocurre en todos
los casos difíciles, no hay una única respuesta correcta, pues dos valores
importantes entran en conflicto entre sí y cualquier decisión que se tome será
percibida como no satisfactoria.
La autora sostiene la concurrencia de la materia normativa federal (nacional-
provincial-municipal) y que comenta su descuerdo ante lo que denomina
exorbitante función delimitativa a la normativa federal fuera de la cual se tornaría
ilegítimo el poder de policía provincial o municipal. Asimismo sostiene que
considerar que la jurisdicción ambiental federal, ejercida con base en la cláusula
de comercio y transporte interjurisdiccional, es exclusiva del Estado nacional y
excluyente de otra competencia provincial o municipal, generaría en consecuencia
que los umbrales mínimos de protección ambiental ya no sean “pisos” sino
“techos” a través de los cuales el gobierno federal puede centralizar su jurisdicción
en materia ambiental”
La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa
Fe, en el caso “Peralta, V. y otros c. Municipalidad de San Jorge” ha innovado con
consideraciones relativas al principio precautorio.
La Provincia de Santa Fe, en el marco de su competencia, dictó la Ley Nº 11.723
que junto a los decretos reglamentarios estableció las facultades y el poder de
policía provincial relativo a las fumigaciones. La ley delegó a los municipios, de
acuerdo a las pautas constitucionales ya estudiadas, la obligación de definir el
límite de la línea agronómica a partir de la cual se aplican las prohibiciones
genéricas[115] de la ley provincial y a su vez se puedan establecer excepciones
por ordenanza local.
La administración municipal, mayoritariamente, no ha fijado la línea agronómica.
Esta mora administrativa genera la imposibilidad práctica de fijar con certeza la
protección de las zonas urbanas mediante radios que van del mínimo del límite a
un promedio de 200 metros, con la inseguridad jurídica que ello genera y que
fuera materia de consideración del tribunal.
Esta mora administrativa fue resuelta o atemperada por el tribunal, que eximió de
responsabilidad a la Municipalidad de San Jorge, ratificando el fallo de primera
instancia en cuanto a la prohibición de fumigar de modo terrestre a menos de 800
metros y de modo aéreo a menos de 1500 metros con cualquier tipo de
agroquímicos por seis meses.
Ahora bien, debemos analizar en que se fundó el tribunal para esta prohibición
temporal. Mientras el tribunal ordenó que tanto la Provincia junto con la
Universidad Nacional del Litoral debía presentar un informe que determine si es
conveniente o no continuar con las fumigaciones.
El tribunal consideró que existía el presupuesto necesario de la arbitrariedad, que
descansaba en la omisión de la Provincia de Santa Fe -específicamente del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio- de las tareas de
fiscalización y control impuestas mediante la ley provincial que reclamaba la salud
de los ciudadanos de San Jorge.
Comprobado tal presupuesto el tribunal consideró la necesidad de aplicar el
denominado “principio precautorio”. Consideramos junto a la calificada
doctrina[116] que si bien el principio de precaución está fundamentalmente ligado
al ámbito del poder político existen cada vez más casos en los que el Poder
Judicial revisa decisiones administrativas que versan sobre situaciones de
precaución, en las que se detectan riesgos que pueden afectar la salud o el
ambiente en contextos de incerteza o controversia científica.
La Cámara consideró que, en este caso, se han dado los presupuestos clásicos
para la aplicación del principio precautorio, como la incertidumbre científica –por
ello técnicamente no se considera prevención-, el riesgo de producción de un
daño, y por último que el daño sea grave e irreparable.
El tribunal introdujo un cuarto presupuesto referido a la consecuencia de la
aplicación, por lo cual consideró necesario prohibir la fumigación de modo aéreo a
menos de 1500 metros con cualquier tipo de agroquímicos por seis meses.
Ahora bien, como sostiene el tribunal, uno de los problemas es que no contamos
con certeza en relación a la toxicidad pregonada con una certeza científica
absoluta. Por lo cual se impone como pregunta sustancial si tal ausencia
constituye un óbice para la toma de decisión en el presente, si de lo que en verdad
se trata es de evitar daños a la salud.
La respuesta del tribunal fue negativa; y, por tanto confirmatoria de que la
aplicación del principio precautorio realizado por el juez a quo es correcta, ya que
el mismo invita a actuar antes de que se obtenga la prueba del riesgo real,
hipótesis que se encuentra receptada jurisprudencialmente con nuestro derecho
como argumento central a los fines de reconocer pretensiones ambientales.
El tribunal también expresó que lo llamado a decidir se desarrollaba en un
contexto difícil en donde jugaban controversias científicas, intereses económicos,
presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos
socialmente que precisamente por tales como dice Beck, tienen la propiedad de
transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en
la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados, olvido consciente de lo
reclamado constitucionalmente como objetivo; esto es, el desarrollo sustentable;
omisiones de fiscalizaciones con adecuados estudios; etc., cuestiones todas que a
su vez lejos de generar compromisos de identificación de los niveles riesgos
reales, se diluyan en una suerte de lucha de intereses parcelarios
Por lo cual frente a la existencia de la duda relevante, el tribunal entendió que la
aplicación del principio precautorio devino ineludible, por la sola existencia de los
niños afectados y hasta tanto una pericia científica en contrario que permita disipar
de manera tajante la vinculación de aquellas patologías con el producto aplicado.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Resistencia, Provincia del Chaco, en instancia de apelación sobre Juzgado
Civil y Comercial 14 de la misma ciudad, intervino en el caso "Ferrau, Marco y
Otros c/Municipalidad de Las Palmas y Otros s/Amparo".
En los autos referenciados los vecinos de la localidad de La Leonesa, durante
enero de 2010, interpusieron una medida cautelar contra empresas arroceras, las
municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional,
solicitando el cese de las fumigaciones, la relocalización de los arrozales y se
protejan las fuentes de agua, muchas de las cuales proveen a los habitantes.
La actora consideró que glifosato y el endosulfán, entre otros químicos, tienen
efectos nocivos, y que ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es
necesario tomar medidas protectoras dando prioridad a la salud de la población
por sobre la producción agropecuaria.
En primera instancia se hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones
a menos de 1000 metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizaban vía
terrestre) y 2000 metros si eran aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el
límite para fumigar y, en un hecho sin precedentes, también prohibió fumigar en
cercanías de cursos de agua, de la cual se proveían.
En septiembre de 2010 y ante la presentación por parte de las empresas
demandadas de un informe pericial de parte el tribunal redujo el límite a 500
metros y se permitió fumigar sobre cursos de agua.
La Cámara retrotrajo la medida a junio de 2010 y manifestó que no se puede
modificar la medida cautelar otorgada (que protegía a los vecinos) dando primacía
a la productividad económica por sobre los riesgos que implican para la salud y la
vida de las poblaciones.
Asimismo, la Cámara entendió que el estudio de impacto ambiental elaborado por
una de las partes (las empresas) debió haber sido sometido a otra evaluación por
parte de organismos oficiales e imparciales. Ahora bien, en cuanto al escrito de la
Dirección de Epidemiología provincial, el tribunal dictaminó que le asiste razón al
recurrente (los vecinos) cuando sostiene que la prueba (el escrito) carece de
relevancia como postulado de verdad. Los jueces calificaron a la presentación
oficial como “opinión” y lo desconocieron como investigación científica.
El fundamento del tribunal ha sido la aplicación de la Ley General del Ambiente
número 25.675, que habilita la aplicación del principio precautorio.
Por lo expuesto podemos observar que la jurisprudencia argentina ha instalado
definitivamente la cuestión ambiental como tema de análisis en ciertos daños a
terceros superficiarios
XIV. Los desechos de envases vaciós y productos agroquímicos. El RAP. La gestión [arriba] -
En el caso “Di Vicensi, Oscar Alfredo c/Delaunay, Jorge s/amparo”[117], se
mencionó la gran preocupación existente respecto a los desechos de envases
vacíos de productos agroquímicos, ya que de un correcto manejo dependerá que
no se transformen en fuente de contaminación o riesgo toxicológico para el propio
usuario o para el público en general.
Estevez[118] en el comentario al fallo, citado ut supra, considera que existe un
elevado riesgo respecto al abandono y desprendimiento de los mismos de generar
riesgos graves de toxicidad, ya sea que se tome contacto con los remanentes de
plaguicidas al reutilizar los envases o simplemente al ser arrastrados (estos
remanentes) por las lluvias contaminando las napas de agua subterráneas, que
son las mismas que se utilizan como fuentes de agua potable para la comunidad.
La quema de los mismos es igualmente nociva, ya que los humos generados por
el material plástico quemado contienen componentes de muy alta toxicidad como
dioxinas y furanos, que resultan más tóxicos que los remanentes de plaguicida
que pudieran contener
A nivel nacional la República Argentina cuenta con la Ley N° 24.051 de Residuos
Peligrosos que considera como peligrosos a un listado de residuos (Anexo I,
Categoría Y4) donde enumera a los "Desechos resultantes de la producción, la
preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios".
De acuerdo al carácter de la materia ambiental, encontramos normativas
provinciales que, en general, reproducen las categorías de la ley nacional, por
ejemplo Ley N° 11.720 de la provincia de Buenos Aires.
Este un tema de constante preocupación Internacional y Comunitaria, que por
ejemplo acabó de estudiarse recientemente en la Commission Française des
Produits Chimiques et Biocides[119], donde vuelve a hacerse mención al concepto
de “gestión”.
La normativa canadiense[120] y chilena[121] también insisten en la idea del
tratamiento integral, imponiendo a la empresa aeroaplicadora la obligación del
manejo de los residuos. La reglamentación europea que rige esta materia, ya ha
sido referenciada ut supra.
Consideramos acertado que un tipo de norma integral que regule un tratamiento
global y adecuado a este tipo de residuos en el cual se aplique el principio de la
"Responsabilidad Ampliada del Productor" (RAP), que la doctrina considera una
ampliación de responsabilidades de los productores de agroquímicos, extendida a
todo el ciclo de vida de los mismos, incluyendo los envases de agroquímicos ya
utilizados para evitar daños a las personas y al ambiente en general.
En cuanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, observamos que
en el año 1996 la Corte del Estado de Florida falló en el caso “The South Florida
Water Management District, et Al v. Juan Montalvo, Chemairspray, inc. et Al.”. La
actora reclamó solidariamente por daños derivados de la contaminación con
residuos de plaguicidas a la empresa aeroaplicadora y a los propietarios de las
tierras donde se realizaban las operaciones.
Esta contaminación se debió en parte al derrame en la pista de aterrizaje y al
terreno circundante durante la mezcla y la carga de plaguicidas en los aviones,
como en la limpieza de los mismos que contaminó el agua
Entre la empresa fumigadora y los propietarios de las tierras donde se realizaban
las operaciones existía un contrato particular, pero los actores reclamaron a
ambos solidariamente. El tribunal entendió que más allá que los propietarios no
tenían el control efectivo sobre las operaciones de carga, descarga y lavado de
tanques de sustancias peligrosas, eran responsables solidariamente por el riesgo
inherente que implican los agroquímicos.
La Suprema Corte de Justicia de Los Estados Unidos de América, en el caso
Burlington Northern & Santa Fe Railway Co et Al. v. United States et Al, se expidió
con fecha 4 de mayo de 2009. El actor demandó por los daños derivados de la
manipulación de envases y recipientes usados de productos agroquímicos en su
propiedad que generaron daños ambientales por un valor de ocho millones de
dólares. Tangencialmente, en lo que resulta de nuestro interés observamos que
entre los recipientes manipulados se encontraban los destinados a la aplicación
aérea. La Corte entendió que como dichos recipientes tenían las instrucciones y
advertencia para su manipulación debidamente identificada, no era responsable el
fabricante del agroquímico, sino quienes lo manipularon.
Así, la jurisprudencia norteamericana, ha incorporado como daño indemnizable los
derivados de la manipulación de envases y recipientes de productos químicos.
XV. Conclusiones [arriba] -
Creemos que se debe propender al desarrollo sustentable de la aviación agrícola,
con herramientas jurídicas que permitan armonizar el desarrollo de la actividad
con la protección de los terceros superficiarios y la reducción a la mínima
expresión posible del impacto ambiental, como por ejemplo las recientes
normativas chilena y canadiense.
Es necesario que en la materia, los juristas se nutran de las ciencias exactas que
otorgarán un mayor aval científico a la jurisprudencia, sobre todo en la evaluación
de la “deriva”. Mientras tanto, y más allá de la amplitud del contenido, debemos
destacar la aplicación, por parte de la jurisprudencia, del principio precautorio
cuando la situación lo requiera, es decir peligro de daño grave o irreversible.
Creemos que a nivel parlamentario[122], en todos los niveles del sistema federal,
se debe discutir seriamente la reglamentación de aeroaplicación de productos
químicos, sin que la discusión se reduzca a sostener la prohibición de toda la
actividad o su mera continuidad. Estimamos necesario una reglamentación
nacional marco, de carácter integral, para la aplicación aérea de productos
químicos. Asimismo sería adecuado que esta discusión se extienda a nivel
MERCOSUR.
No consideramos conveniente la simpleza de identificar a determinados
agroquímicos de altísima toxicidad con todos los productos químicos, pues la
eventual prohibición de la comercialización de alguno de ellos no implica la
prohibición de la totalidad de los mismos que generaría una agricultura orgánica,
sin duda deseable, pero inviable en el mundo moderno como parámetro general.
Jurídicamente es positiva la instalación definitiva del daño ambiental, como uno de
los daños indemnizables a terceros superficiarios, junto con la idea del daño
mediato. También debemos destacar que, como consecuencia de la aplicación del
principio precautorio la jurisprudencia sostiene la previsión razonable del daño
significativo.
También resulta positiva y necesaria la coincidencia en la aplicación de una franja
de seguridad para proteger las áreas sensibles (entre ellas toda fuente o corriente
de agua).
En cuanto a la competencia de los tribunales, sería conveniente que se imponga la
competencia federal para este tipo de casos, por tratarse más allá de las
discusiones doctrinarias, de una materia claramente aeronáutica.
Además existe un aspecto que debemos considerar, como es la necesidad que el
estado simplifique los excesivos requisitos burocráticos exigidos a las empresas
aeroaplicadoras, sector que registra un alto porcentaje de trabajo no declarado
legalmente.
El estado debe velar claramente por la salud de sus habitantes, por ello es
obligación ineludible para el ejercicio del poder de policía y judicial contar con
claros avales científicos que protejan a la población, dentro de la cual se
encuentran los pilotos aeroaplicadores, quienes cotidianamente ejercen su
actividad y se enfrentan a los factores de riesgos, propios de la misma. No
obstante, no parecería lógico ni razonable considerar que los propios pilotos
pretenden comprometer irreversiblemente su salud a cambio del ejercicio del
comercio, por lo tanto, los aspectos administrativos, científicos y jurídicos deberían
coordinarse y complementarse a fin de obtener la más óptima protección de todos
aquellos que directa o indirectamente intervengan en esta actividad.
Principales Sitios Web consultados
http://www.aerialag.com.au
http://www.aviaciondigitalglobal.com
http://www.bailii.org
http://www.caa.com.uk
http://www.CanadianAerialApplicators.com
http://www.cdc.gov/ncidod/
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http://www.enviro.aero
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http://www.icj-cij.org
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[1] ORGANIZACIÓN AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) “Manual on
Aerial Work Documento 9408-AN/922”, Edition ICAO 2005.
[2] N. del A: De acuerdo al análisis de los catálogos oficiales de publicaciones de
la OACI y a consultas realizadas a la Organización.
[3] CLAC (Comisión Latinoamericana de Aviación Civil) “Estudio sobre aviación
específica (trabajos aéreos especializados)”, Nota de Estudio presentada por la
República de Colombia en XII Reunión del GEPEJTA. Lima, Septiembre de 2003.
[4] MC.BREEN, P.J. “Legal implications of agricultural aviation” en Journal Of Air
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[5] Fuente: FEARCA
[6] Fuente: Consulta a la Administración Nacional de Aviación Civil. República
Argentina.
[7] Revista Aeromarket, “Fearca en Florianópilis,Brasil”, Número 165, Buenos
Aires, Junio 2011, pp. 8-9.
[8] Fuente: Consulta personal a Asociación Agrícola aérea de Australia (AAAA).
[9] N. del A.: Organismo Genéticamente Modificado.
[10] Proyecto de Ley. Expediente 5857-D-2010 “Prohibición en todo el territorio
nacional de pulverizaciones aéreas de plaguicidas. agrotóxicos o biócidas
químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos,
ácaros, hongos o plantas silvestres.”
[11] INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Consulta del autor Mayo
de 2011.
[12] Código Aeronáutico de la República Argentina. Ley 17.285. Artículo 92 “Se
considera servicio de transporte aéreo a toda serie de actos destinados a trasladar
en aeronave a personas o cosas, de un aeródromo a otro. El trabajo aéreo
comprende toda actividad comercial aérea con excepción del transporte”.
[13] DNAR, (Directiva Nacional de Aeronavegabilidad de la República Argentina)
Parte 1. Subcapítulo A, Revisión 1-4, Buenos Aires, 1995.
N. del A: El documento –inspirado en el FAR (Federal Aviation Regulations) Parte
1- de la presente cita se encuentra “en revisión”.
[14] DNAR, (Directiva Nacional de Aeronavegabilidad de la República Argentina)
Parte 137. Subcapítulo A, Revisionado, Punto 137.3 “Operación de aeronave
agrícola significa la operación de una aeronave para los propósitos de: 1)
Distribución de cualquier veneno económico. 2) Distribución de cualquier otra
sustancia mediante la cual se intenta la nutrición de plantas, tratamiento al terreno,
propagación de la vida vegetal o control de pestes, o 3) Comprometerse en
actividades de distribución que afecten directamente la agricultura, horticultura o
preservación de la foresta, pero no incluye la distribución de insectos vivos.”
Asimismo define a los venenos económicos como “1). cualquier sustancia o
mezcla de sustancias mediante las cuales se intenta prevenir, destruir, repeler,
mitigar cualquier tipo de insectos, roedores, nematodos, hongos, cizañas, y toda
otra forma de vida vegetal o animal o de virus, excepto aquellos virus sobre o en el
interior de seres humanos o de otros animales los cuales la Secretaria de
Agricultura declararía como peste, y 2).Cualquier sustancia o mezcla de
sustancias con intención de ser usadas como regulador vegetal, desfoliante o
desecante (deshidratante)”. Buenos Aires, 1995.
[15] DNAR 1, Op.cit.
[16] Ley de General Aviación Civil de Costa Rica número 5150. Artículo 100.- “Los
servicios aéreos se clasifican en: a) Servicios aéreos de transporte público. b)
Aviación agrícola. c) Aviación particular. d) Vuelos especiales. (Nota: Original 95
corrida su numeración a la actual de conformidad con el artículo 1 de la Ley No.
7251 del 13 de agosto de 1991.)” Artículo 9 “ (…) Los aeródromos particulares
sólo podrán ser usados para aviación agrícola particular. (Así reformado por el
artículo 1 de la Ley No. 6021 del 15 de diciembre de 1976).” Título III. Capítulo II
De la Aviación Agrícola. Artículo 105.- “Se considera aviación agrícola aquella
rama de la aeronáutica organizada, equipada y adiestrada para proteger y
fomentar el desarrollo de la agricultura en cualquiera de sus aspectos, con las
finalidades específicas siguientes: a) Preparación de tierras mediante el uso de
fertilizantes y mejoradores. b) Labores de siembra. c) Combate de plagas
agrícolas. d) Aplicación de defoliantes, fertilizantes, insecticidas, pesticidas,
fungicidas y herbicidas. e) Provocación artificial de lluvias. f) Cualesquiera otras
aplicaciones científicas de la aviación con fines agrícolas que sean aprobadas por
el Consejo Técnico de Aviación Civil. (Nota: Original 100 corrida su numeración a
la actual de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 7251 del 13 de agosto de
1991.)” Artículo 106.- “La autorización del equipo y personal de vuelo que participe
en dichos servicios y operaciones, se llevará a cabo de conformidad con el
reglamento que al efecto expida el Consejo Técnico de Aviación Civil, por medio
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (Nota: Original 101 corrida su
numeración a la actual de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 7251 del 13
de agosto de 1991.)” Artículo 107.- “Toda persona física o jurídica que utilice
aeronaves destinadas a la aviación agrícola responderá por los daños que cause a
las personas o bienes de terceros en la superficie. (Nota: Original 102 corrida su
numeración a la actual de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 7251 del 13
de agosto de 1991.)” Artículo 165.- “Las tarifas aplicables en la aviación agrícola,
así como las concernientes a los servicios suministrados por propietarios u
operadores particulares de cualquier servicio aeronáutico, deberán también ser
conocidas y aprobadas por el Consejo Técnico de Aviación Civil. (Nota: Original
160 corrida su numeración a la actual de conformidad con el artículo 1 de la Ley
No. 7251 del 13 de agosto de 1991.)”
[17]Ley orgánica de aviación civil de el salvador, decreto no 582. Capítulo X
Aviación Agrícola. art. 95.- “se entiende por aviación agrícola el servicio de trabajo
aéreo realizado en aeronaves equipadas y autorizadas para tal efecto, operada
con personal adiestrado para proteger y fomentar el desarrollo de la agricultura, y
serán reguladas por el reglamento respectivo realizarla.”
[18]Ley de Aeronáutica Civil de Honduras. Decreto no. 55-2004. Definiciones.
“Aviación Agrícola: es aquella rama de la aeronáutica, organizada, equipada y
entrenada para proteger y fomentar el desarrollo de la agricultura en cualquiera de
sus aspectos.” De La Aviación Agrícola. Capítulo único. concepto y regulación
artículo 147.- “la autorización de los servicios aéreos relativos a la aviación
agrícola, así como la del equipo y el personal de vuelo que participe en dichos
servicios y operaciones se llevará a cabo de conformidad con las regulaciones
correspondientes.”. Título IX de la Aviación Agrícola Capítulo Único. Concepto y
Regulación. Artículo 147.- “La autorización de los servicios aéreos relativos a la
aviación agrícola, así como la del equipo y el personal de vuelo que participe en
dichos servicios y operaciones se llevará a cabo de conformidad con las
Regulaciones correspondientes.”. Titulo IX De la Aviación Agrícola. Capitulo Único.
Permiso de Vuelos Agrícolas. Artículo 135.-Concepto y actividades de aviación
agrícola. “Se considera aviación agrícola aquella rama de la aeronáutica
organizada, equipada y entrenada para proteger y fomentar el desarrollo de la
agricultura en cualquiera de sus aspectos, comprendiendo las siguientes
actividades:
a) preparación de tierras mediante el uso de fertilizantes y mejoradores; b)
siembra; c) combate de plagas agrícolas; d) aplicación de productos químicos
agrícolas, defoliantes, semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, hormonas,
etc.; e) provocación artificial de lluvias; y f) cualquier otra aplicación científica de la
aviación con fines agrícolas que sean aprobadas por las autoridades
competentes.”
Artículo 136.- Competencia y requisitos para permisos de vuelos agrícolas.
“corresponde a la DGAC, conceder, renovar, modificar, suspender y cancelar los
permisospara vuelos agrícolas. para su obtención el interesado presentará
solicitud conforme a leycumpliendo los requisitos establecidos en los literales a),
b), e) del artículo 112 de estereglamento acompañada de los siguientes
documentos e información: a) una relación de las actividades que pretende llevar a
cabo y descripción de las zonas donde operará; b) declaración de comerciante
individual o social; c) contratos de seguros que garanticen de conformidad con la
ley la reparación de daños causados a personas o bienes de terceros en la
superficie, tripulaciones y empleados, el seguro será calificado por la DGAC; d)
aeródromos terrestres e instalaciones auxiliares para la prestación del servicio,
base de operaciones y de mantenimiento a utilizar, para lo cual deberá contar con
talleres propios de mantenimiento, montados proporcionalmente al número de
aeronaves a operar, o en su defecto, comprobar que se han contratado los
servicios de mantenimiento de personas o empresa idónea en el ramo, que
satisfaga las exigencias de las operaciones agrícolas; e) documento o convenio
que acredite la propiedad o posesión legal sobre las aeronaves y equipos a utilizar
y que permita su exacta identificación; f) constancia de solvencia extendida por la
DEI que comprueben que no se adeudan impuestos al estado.de la solicitud,
documentos y requisitos exigidos se efectuará revisión, análisis y otras diligencias,
que constarán en los informes técnicos y legales a ser emitidos. el procedimiento
finalizará con la resolución de la DGAC.”
artículo 137.- Vigencia del permiso. “la vigencia del permiso para vuelos agrícolas
será de uno (1) a dos (2) años, renovables.”
artículo 138.- Renovación de permisos. “La renovación de los permisos para
vuelos agrícolas, no requerirá el cumplimiento de las obligaciones previstas en los
literales b), d) y f) del artículo 136 salvo modificaciones a estas, debiendo
documentar las mismas. si deberá cumplir con el requisito contenido en el literal
c).”
Artículo 139.- “La DGAC, podrá autorizar aeronaves nacionales y extranjeras para
operaciones de aviación agrícola en el país. dichas autorizaciones tendrán una
validez de hasta seis (6) meses renovables y se otorgarán previa inspección
técnica efectuada por el departamento respectivo.”
Artículo 140.- Daños causados en operaciones agrícolas. “Toda persona natural o
jurídica que opere aeronaves destinadas a operaciones agrícolas, responderá
pecuniariamente por los daños que causen a personas o bienes a terceros en la
superficie por la aplicación de substancias químicas peligrosas, desplome de una
aeronave y de objetos desprendidos o arrojados del mismo. La persona
perjudicada tiene derecho a reparación de daños, en las condiciones fijadas en el
párrafo anterior. no habrá reparación de los mismos si estos no son consecuencia
directa del acontecimiento que los ha originado. La responsabilidad por daños a
personas o bienes a terceros en la superficie, puede ser eliminada o disminuida en
caso que la persona perjudicada los hubiese causado o contribuido a causarlos.”
artículo 141.- “Toda persona natural o jurídica que desee operar aeronaves en
cualquiera de las actividades de la aviación agrícola, deberá comprobar a
satisfacción de la DGAC, que tiene capacidad económica suficiente para reparar
los daños previstos en el artículo precedente.”
Artículo 142.- “Suspensión y cancelación de permisos para la aviación agrícola. la
dgac, podrá alterar, enmendar, modificar, suspender o cancelar permiso para
vuelos agrícolas de conformidad con los procedimientos establecidos en el
presente reglamento.”
Artículo 143.- “Para los pilotos de aviación agrícola se establece 65 años como
edad máxima para que presten sus servicios en esta actividad aeronáutica, sin
perjuicio de los resultados de los exámenes médicos a los que habrá de
someterse.”
[19]Ley de Nacional Aviación Civil de Ecuador. Título VI. Capítulo III Servicios de
trabajos aéreos. Art. 105.- “Los servicios de trabajos aéreos constituyen otros
distintos del transporte aéreo, a que las aeronaves particulares pueden ser
destinadas comercialmente.” Art. 106.-“ Los servicios que se expresan en el
artículo anterior pueden ser: 1.- El turismo aéreo a base de remuneración; 2.- Los
trabajos aéreos tales como aerotopografía, publicidad comercial y otros
similares; 3.- Las actividades aéreas de los aeroclubes y escuelas de aviación; 4.-
La aviación agrícola y forestal y las aplicaciones científicas como los vuelos
educacionales, la provocación artificial de lluvia por medio de aviones, la
determinación de la trayectoria de los huracanes y de los vuelos de acrídios y aves
migratorias y otras similares; y, 5.- Cualesquiera otros usos distintos del transporte
aéreo a que las aeronaves privadas puedan ser destinadas comercialmente.”
[20] Ley de Aviación Civil de Paraguay número 1860 (Código Aeronáutico).
Capítulo IX. Trabajo Aéreo. Artículo 179.- “Son aplicables a las operaciones de
trabajo aéreo las disposiciones del presente código, en cuanto se encuentren
relacionadas con la misma. La aviación agrícola deberá ajustarse además a las
disposiciones pertinentes que dicte el Ministerio de Agricultura y Ganadería.”
[21] N. del A.: Entre la normativa técnica aeronáutica podemos citar al DNAR,
(Directiva Nacional de Aeronavegabilidad de la República Argentina) Parte 137 y
al RAAC (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil) Parte 61 de “Licencias,
certificado de competencia y habilitaciones para piloto”, Subparte J “Licencia de
piloto aeroaplicador”. También podemos citar al Decreto 2836/72 que reglamenta
al trabajo aéreo y al Decreto 2352/83 que establece el régimen de faltas
aeronáuticas.
[22] RINCK, G. “Damage caused by foreign aircraft to third parties” en Journal Of
Air Law and Commerce, año 1961/1962 , pp. 405/417.
[23]N del A.: A nivel nacional encontramos distintas leyes como la Ley 20.418/73
sobre tolerancias y límites de residuos de plaguicidas, la Ley 22.289/80 sobre
prohibición de productos clorados, el Decreto-Ley 3489/58 y modificatorios regula
la venta nacional de productos químicos o biológicos destinados a destrucción de
plagas, la Ley de presupuestos mínimos ambientales, la ley 25.675 del ambiente;
ley 25.688 sobre aguas y ley 25.612 sobre residuos industriales.
También encontramos la ley de patentes y su relación a las semillas transgénicas,
las leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial y de defensa de la
competencia.
Debemos sumar las Resoluciones de organismos técnicos como el SENASA (Por
ejemplo la Resolución 350/99 Senasa y mod. Sobre manual procedimientos,
criterios y alcances para registro de productos fitosanitarios).
[24]N del A.: La competencia concurrente provincial se caracteriza por el contralor
de los agroquímicos y se normativiza con carácter integral (elaboración,
transporte, almacenamiento, comercio , uso y residuos); también existe una faceta
de registro de aeroaplicadores y equipos y sus limitaciones; Suele obligarse a la
intervención de un profesional para otorgar una receta agronómica y delegar a la
órbita municipal la fijación línea agronómica.
[25]N del A.: La competencia concurrente municipal es consecuencia del poder de
policía municipal que abarca la urbanística, ambiental y la salud pública. Como
manifiesta la doctrina citada (Marchiaro.Op. Cit. Nº 28), las leyes provinciales
sobre agroquímicos parten de una misma premisa implícita: estos productos son
para uso productivo y no urbano. Si bien hay agroquímicos de uso productivo
urbano (baja toxicidad) en el caso del glifosato su toxicidad no lo permite. El autor
entiende que: a) La delimitación local de la línea agronómica en el peor de los
casos coincide con el límite de la zona urbana. Este último límite puede ser por sí
mismo suficiente o insuficiente respecto de las fumigaciones con glifosato. b) -Son
suficientes en los casos en que —previo al fenómeno sojero— se han fijado
prudentemente, prohibiendo todo tipo de actividad agraria o industrial cercana a
las viviendas familiares; y c) -Cuando la zona urbana es insuficiente se pueden dar
dos casos: la prohibición surge de los propios límites provinciales genéricos
(deriva de la fumigación que llegue a inmediación de centros habitacionales). Si
este supuesto no es suficiente o no es claro hay mora municipal.
Marchiaro entiende que existen tres niveles para graduar la línea agronómica:
Mínimo: coincide con el límite de la zona urbana; Medio: línea agronómica-
ambiental, se la fija a 200 ó 500 metros desde el fin del límite de la zona urbana;
Máximo: línea de resguardo ambiental, que implica la prohibición de uso de todo
tipo de agroquímicos dentro de la misma (ej. 500 metros luego del fin de la zona
urbana). En este caso la norma local establece una prohibición total en
determinado radio a pesar de que la norma provincial permite en dicha zona el uso
de agroquímicos de baja toxicidad (San Francisco, Provincia de Córdoba).
[26] MARCHIARO, Enrique J. “Agroquímicos y derecho subnacional” en Revista
Jurídica La Ley 19/04/2010.
[27] FARN (FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES), “Marco legal
aplicable al manejo integral de pesticidas en Argentina. Informe Final” Edit. FARN,
Buenos Aires, 2005.
[28] CAPÍTULO IV. PRÁCTICAS Y USOS ESPECÍFICOS. Artículo 9. Pulverización
aérea.
1. Los Estados miembros garantizarán la prohibición de las pulverizaciones
aéreas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrá autorizarse la pulverización
aérea solo en casos especiales y siempre que se cumplan las condiciones
siguientes: a) no debe haber ninguna alternativa viable, o debe haber ventajas
claras en términos de menor impacto en la salud humana y el medio ambiente en
comparación con la aplicación terrestre de plaguicidas; b) los plaguicidas utilizados
deben haber sido aprobados explícitamente para pulverización aérea por el
Estado miembro de que se trate, previa evaluación específica de los riesgos que
suponga la pulverización aérea; c) el operador que efectúe la pulverización aérea
debe ser titular de un certificado contemplado en el artículo 5, apartado 2. Durante
el período transitorio, cuando todavía no se hayan establecido los sistemas de
certificación, los Estados miembros podrán aceptar otras pruebas que acrediten un
conocimiento suficiente; d) la empresa encargada de realizar las pulverizaciones
aéreas deberá estar certificada por la autoridad competente de la autorización de
los equipos y las aeronaves utilizados para la aplicación aérea de plaguicidas; e) si
la zona en la que se va a efectuar la pulverización está próxima a zonas abiertas
al público, en la aprobación se incluirán medidas específicas de gestión de riesgo
para velar por que no se produzcan efectos adversos en la salud de los
circunstantes; la zona en la que vaya a realizarse la pulverización no estará muy
cerca de zonas residenciales; f) a partir de 2013, las aeronaves estarán equipadas
con accesorios de la mejor tecnología disponible para reducir la deriva de la
pulverización.
3. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para
establecer las condiciones específicas en que pueda llevarse a cabo la
pulverización aérea, examinar las solicitudes de conformidad con el apartado 4 y
publicar información sobre los cultivos, las zonas, las circunstancias y los
requisitos particulares de aplicación, incluidas las condiciones meteorológicas en
que sea posible la pulverización aérea. En la aprobación, las autoridades
competentes especificarán las medidas necesarias para advertir oportunamente a
los residentes y circunstantes, y para proteger el medio ambiente en las
inmediaciones de la zona pulverizada.
4. Cuando un usuario profesional desee aplicar un plaguicida por pulverización
aérea, deberá presentar una solicitud de aprobación de un plan de aplicación a la
autoridad competente, junto con la prueba de que se cumplen las condiciones
contempladas en los apartados 2 y 3. La solicitud para aplicar la pulverización
aérea de conformidad con el plan autorizado de aplicación se presentará
oportunamente a la autoridad competente. La solicitud contendrá información
sobre el momento estimado de la pulverización y las cantidades, así como sobre el
tipo de plaguicida que se aplique.
Los Estados miembros podrán disponer que se consideren aprobadas las
solicitudes de aplicación de pulverizaciones aéreas de conformidad con un plan
autorizado de aplicación, para las que no se haya recibido respuesta en relación
con la decisión adoptada dentro del plazo fijado por las autoridades competentes.
En circunstancias especiales, como situaciones de emergencia o de especial
dificultad, podrán presentarse asimismo para su autorización solicitudes concretas
para aplicar la pulverización aérea. En caso justificado, las autoridades
competentes tendrán la posibilidad de seguir un procedimiento acelerado para
verificar que se reúnen las condiciones mencionadas en los apartados 2 y 3 antes
de proceder a la pulverización aérea.
5. Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de las condiciones
contempladas en los apartado 2 y 3 mediante la realización de un adecuado
seguimiento.
6. Las autoridades competentes llevarán un registro de las solicitudes y
autorizaciones mencionadas en el apartado 4 y pondrán a disposición del público
la información pertinente contenida en él, como, por ejemplo, la zona en la que va
a realizarse la pulverización, la fecha y el momento previstos de la pulverización y
el tipo de plaguicida, de conformidad con la legislación nacional o comunitaria
aplicable.
[29] “ultra hazardous activity”
[30] SHAWCROSS AND BEAUMONT, “Air Law” Butterworths Editions,
Londres, Año 1978, pp 131.
[31] LUEDEMAN, Robert W. “A tale of three states: liability for overspray and
chemical drift caused by aerial application in Arkansas, Louisiana, and Mississippi”
en San Joaquin Agricultural Law Review. San Joaquín, Arkansas, Vol. 10, 2000.
Pp 121-151.
[32] N.del A.: Dentro del SENASA, la Dirección Nacional de Agroquímicos,
Productos Veterinarios y Alimentos se encarga de la elaboración, seguimiento,
aplicación y supervisión de las normas y reglamentaciones que hacen a la
producción, comercialización y uso de productos agroquímicos y biológicos
utilizados para la producción y comercialización agrícola y en el control de plagas.
Es responsable de aplicar las normas técnico-administrativas referidas al control
de la elaboración, fraccionamiento, distribución, tenencia y expendio de fármacos
nacionales e importados destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las
enfermedades de los animales y el uso de drogas aplicadas en medicina
veterinaria y producción animal, alimentos para animales, como así también
aprueba la documentación que corresponda a productos, subproductos y
derivados de origen animal que fueran elaborados en las plantas habilitadas por el
Organismo.
[33] N del A.: Hablamos de productos químicos en general, sin abarcar las
diferentes clasificaciones que existen entre ellos, ya sea por grado de toxicidad,
especies, destino, etc. Desde sus comienzos, la industria de aviones y equipos
aspersores se ha ocupado de mejorar los equipos y la técnicas para aplicar los
productos a los cultivos de manera eficaz y precisa. Por otra parte, todos los
productos usados para proteger los cultivos deben cumplir con altos niveles de
exigencia en seguridad y control. Sólo 1 de 20.000 productos químicos analizados
llega –luego de 8 o 10 años de desarrollo- a registrarse para su uso extensivo.
Una vez en el mercado, es monitoreado por los organismos de control.
[34] CAPALDO, Griselda D, “Anteproyecto de Código Aeronáutico de la República
Argentina. Título VII, Contratos, Capítulo III, Contrato de trabajo Aéreo.
Artículo 206. Nota: Artículo nuevo. Define al contrato de trabajo aéreo según sus
notas características. El artículo 93 de la Ley 21/03 de Aviación Civil de Panamá y
el artículo 176 del Código Aeronáutico de Paraguay, ley 1860/02, adoptan una
definición aún más genérica.”.No publicado. Año 2009.
[35] CAPALDO, Griselda D, Op.cit.
[36] Código Aeronáutico de la República Argentina. Art. 155. “La persona que
sufra daños en la superficie tiene derecho a reparación en las condiciones fijadas
en este capítulo, con sólo probar que los daños provienen de una aeronave en
vuelo o de una persona o cosa caída o arrojada de la misma o del ruido anormal
de aquélla. Sin embargo, no habrá lugar a reparación si los daños causados no
son consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado”
[37]DIEDERIKS-VERSCHOOR, IH, “Aviation's Impact on Agriculture and Its
Animal Habitat.” Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, Malasia,
1997, pp. 131. University Putra Malaysia Press. (En línea)
http://psasir.upm.edu.my/3187/ (consulta: 15 de abril de 2011).
[38] Public Prosecutor v. X, Supreme Court of the Netherlands (Hoge Raad der
Nederlanden), 19 March 1991, Rollnumber 88.160. (not published). Fuente:
contacto a través de
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Contact/Pages/default.aspx y
recepción de material.
[39] Sanción del sistema punitivo holandés.
[40] Public Prosecutor v. X, Supreme Court of Hertogenbosch (The Netherlands),
25 july 1983. Fuente: contacto a través de
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Contact/Pages/default.aspx y
recepción de material.
[41]ADITHYA P. “India´s endosulfan disaster”, en review of the Health impacts and
status of remediation. Ed. Thanal, Jawaharnagar, Kawdiar, 2009. Fuente: contacto
a través de [email protected] y recepción de material y consulta (en línea)
www.thanal.co.in (consulta: 09 de julio de 2011).
[42] BRUN, Philippe “Coupable et irresponsable”, en Recueil DALLOZ, Vol. 32,
Section Jurisprudence, Commentaires, Paris, 2000, p. 673.
[43]AVIACIÓN DIGITAL GLOBAL PERIODICO (en
línea)http://www.aviaciondigitalglobal.com (consulta: 15 de septiembre de 2010).
[44] SENTENCIAS ESPAÑOLAS (suscripción en línea)
http://sentencias.juridicas.com (consulta: 21 de junio de 2011).
[45] MACHADO, Paulo. “Um aviao contorna o pé de Jatobá e a nuvem de
agrotóxico pousa na cidade”. Editorial Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Brasilia. 2008. pp 259-273.
[46] KREINDLER, L.S. “Aviation Accident Law”, Lexis Nexis Ed., Nueva York 1993.
pp 6.02
[47]N.del A.: Sentencia del 11 de Mayo de 1988. Court Supérieure de Quebec.
[48] PROSSER, W. “Handbook of the law of torts”, USA, West Group Press,
4th edition, 1971, pp 145-146.
N. del A: El tratadista define el instituto en idioma original como “as conduct which
involves an unreasonable risk of causing damage”
[49] “Pruett v. Burr et al”, “Sherwin-Williams Co” de la Corte de Apelaciones de
California; “Pendergrass v. Lovelace” de la Suprema Corte de Nuevo México;
“Julian Gotreaux v. Roy Gary et al” de la Corte Suprema de Lousiana; “Vrazel v.
Bieri et al” y “Aerial Spraying Inc. V. Yerger, Hill & Son et al” de la Corte de
Apelaciones en lo Civil de Texas; “E.J.Burke v. Wilson Thomas” de la Corte
Suprema de Justicia de Oklahoma; “Prince Jones v. James Stewart Morgan et al”
de la Corte de Apelaciones de Lousiana, etc.
[50]DIEDERIKS-VERSCHOOR, IH, Op.Cit pp 127.
[51] The Restatement (Second) Of Torts. (Colección de ley de daños
consuetudinaria) que en su punto 519 define al “peligro anormal”.
[52] N. del A.: En los casos “Lenk v. Spezia” y “Jeanes v. Holtz” la Corte
Californiana a considerado a las abejas que se envenenaron por alimentarse del
campo lindero fumigado como “trespasser” –intrusos- de la propiedad lindera y
que “han obtenido más o menos lo que merecían” (sic)
[53] HAMILTON, Neil D. “A livestock producer's legal guide to nuisance, land use
control, and environmental law”. Ed Drake University. Iowa, Año 1992 pp. 7 “[a]n
activity causing unreasonable and substantial interference with another's quiet use
and enjoyment of property.”.
[54] BARRON'S LAW DICTIONARY Stephen H. Gifis 3d. ed. Año 1991. "[a]nything
which annoys or disturbs the free use of one's property, or which renders its
ordinary use or physical occupation uncomfortable.”
[55] CAPALDO, Griselda D. “Daño ambiental y derecho aeronáutico (Breve teoría
del homo ambiens)”. Editorial Universidad, Buenos Aires. Año 1997, pp 166.
[56] Sam Warren & Sons Stone Co. v. Gruesser, 209 S.W.2d 817, 819 (Ky. Ct.
App. 1948).
[57] N. del A.: Categoría sajona similar a la del pater familia romano
[58] N. del A: Rule barring liability for the acts of independent contractors.
[59] LUEDEMAN, Robert W. Op.cit.
“A tale of three states: liability for overspray and chemical drift caused by aerial
application in Arkansas, Louisiana, and Mississippi” en San Joaquin Agricultural
Law Review. San Joaquín, Arkansas, Vol. 10, 2000. Pp 121-151.
[60] N.del A.: Rule of nondelegability.
[61] Fuente: (en línea) http://caselaw.findlaw.com (consulta: 10 de julio de 2011)
[62] Sanción propia del sistema punitivo anglosajón
[63] Traducción del Autor.
[64] (en línea) http://ftp.resource.org/courts.gov (consulta: 03 de julio de 2011)
[65] LUEDEMAN, Robert W. Op.cit.
[66] LUEDEMAN, Robert W. Op.cit.
[67] LUEDEMAN, Robert W. Op.cit.
[68]BOTASSI, Alfredo C., "La cuestión ambiental en el derecho internacional
público (A diez años de la declaración de Estocolmo)", en Revista Jurídica LA
LEY, Buenos Aires, t. 1982-C, p. 882.
[69]GIANFELICI, Mario Cesar, “Responsabilidad civil por contaminación
ambiental” en Revista Jurídica LA LEY Tomo 1983-D, Buenos Aires, pp. 1016
[70]LEY 17.048. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
POR DAÑOS NUCLEARES, Artículo V, apartado 1 “El estado de la instalación
puede limitar la responsabilidad a una suma no inferior a cinco millones de dólares
de los Estados Unidos por cada accidente nuclear”; En el artículo IV, párrafo 1 de
la convención establece que la responsabilidad del explotador "será objetiva"
[71] REVISTA JURÍDICA LA LEY, Ciudad de Buenos Aires, tomo 136, pp. 289,
Año 1969.
[72]REVISTA JURÍDICA LA LEY 1987-E, Buenos Aires, pp. 232
[73]N.del A.: Vale destacarse la consideración de “Cosa fuera del comercio” como
sinónimo irresarcible, del Considerando III, del doctor Vernengo Prack, quien dijo:
“Por último, el hecho de haber obtenido una cosecha de origen ilegal se hubiera
podido comercializar sin descubrir su objeto ilícito no transforma en resarcible el
presunto daño. Ello en virtud del art. 953 del Cód. Civil que prohíbe que sean
objeto de los actos jurídicos las cosas que se encuentran fuera del comercio y por
imperio del art. 2337, inc. 1º la cosecha de girasol rumano es absolutamente
inajenable (según la Bolsa de Cereales y según la Secretaría de Agricultura y
Ganadería). Así, la alternativa lógica de la prohibición es clara; o el actor no pudo
"adquirirla" para su "siembra" ("no puede ser comercializada legalmente para su
siembra") sin violar la ley; o no puede reclamar su precio -o la indemnización
equivalente- alegando lógicamente lo que está prohibido: comercializarla.”
[74]MOSSET ITURRASPE, Jorge. “Servicios dependientes e independientes o
autónomos (Con motivo de la alegada responsabilidad del principal)”,en Revista
Jurídica LA LEY 1987-E, Buenos Aires, pp. 228
[75]REVISTA JURÍDICA LA LEY BUENOS AIRES, Tomo 1998, pp 98.
[76] REVISTA JURÍDICA LA LEY BUENOS AIRES, Tomo 2000, pp. 664.
[77] REVISTA JURISPRUDENCIA ARGENTINA, Tomo 1960-VI, Buenos Aires, pp
128
[78] MALBRAN, Manuel E. “El derecho de la aviación y su contenido” en REVISTA
JURISPRUDENCIA ARGENTINA, Tomo 1960-VI, Buenos Aires, pp 128.
[79] VIDELA ESCALADA, F. “Les dommages causés à la surface par un avion
épandant un produit herbicide sont-ils soumis aux régles du droit aérien?” en
Revue generale de l'air et de l'espace, Vol. 27, París, 1964, pp 231-235.
[80] El Código vigente reproduce el artículo 183 del Código anterior sustituyendo
solamente el término "aeronavegación" por “navegación aérea”.
[81]ORTIZ DE GUINEA, Federico, "Crítica al Segundo Código Aeronáutico
Argentino", Santa Fe, 1970. p. 126.
[82]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
"Rodríguez Morán Rufino c. Ledesma, S.A." Revista Jurídica LA LEY, Tomo 156,
p. 866. Buenos Aires, 1974.
[83]MOHORADE, Alfredo “Decisión judicial sobre competencia en materia
aeronáutica” Revista Jurídica LA LEY, Buenos Aires 1985-B, p.318.
[84] Revista Jurídica El Derecho. Tomo 74, Buenos Aires, Año 1977, p 165.
[85] DIGESTO JURÍDICO, Buenos Aires Tomo 1994-2, pp. 862
[86]AR/JUR/2219/1992
[87] Así, por ejemplo, en la audiencia pública de un proyecto de ley durante el año
2010 (Expediente 5857-D-2010 “Prohibición en todo el territorio nacional de
pulverizaciones aéreas de plaguicidas. agrotóxicos o biócidas químicos o
biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros,
hongos o plantas silvestres.”)un integrante del parlamento argentino sostuvo que
la deriva de químicos podía trasladarse a través de continentes, circunstancia
científicamente inadmisible.
[88]CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA B, Ciudad de
Buenos Aires en el caso “García, Ricardo c. Peña, Horacio J.” con fecha
21/05/1987. Fuente: REVISTA JURÍDICA LA LEY 1987-E, pp. 232
[89] REGLAMENTO SOBRE APLICACIÓN AÉREA DE PLAGUICIDAS DE CHILE.
Decreto Número 5/10.
[90] LEIVA, Pedro Daniel. “Calidad de Aplicación de Plaguicidas” en I Jornada de
Control Químico de Enfermedades del Trigo. Centro Internacional de Capacitación
INTA-CIMMYT. Ed. INTA, Buenos Aires. 2002.
[91] ETIENNOT, A.E. “Cuarto Curso de Actualización para Pilotos
Aeroaplicadores” (Pergamino-BA, 01 al 07 de Setiembre de 1990) Instituto
Nacional de Aviación Civil (INAC), Buenos Aires. 1990 pp 119
[92] POZZOLO, Oscar. “Algunos conceptos sobre la deriva en pulverización
agrícola. El tamaño de la gota.” En Hoja Informativa Electrónica EEA Concepción
del Uruguay, Edición INTA Año III - Nº 91,2003. (en línea)
http://www.inta.gov.ar/concepcion (consulta: 07 de junio de 2011).
[93] LEIVA, Pedro Daniel. Opus Cit.
[94] LEIVA, Pedro Daniel. “Manejo de la deriva en la aplicación de agroquímicos”
Ed. INTA, EEA Pergamino, SERIE: Generalidades, Tomo XIV, 1995, pp.6
[95] Deveau, Jason S.T. “How Weather Conditions Affect Spray Applications”,
Ministry of agriculture, food and rural affairs Press, 2009.
[96] OZKAN, Erdal H “Effect of Major Variables on Drift Distances of Spray
Droplets”. The Ohio State University Food Press. Agricultural and Biological
Engineering Department. (en línea) http://ohioline.osu.edu (consulta: 19 de junio
de 2011).
[97] POZZOLO, Oscar. “Algunos conceptos sobre la deriva en pulverización
agrícola. El tamaño de la gota.” En Hoja Informativa Electrónica EEA Concepción
del Uruguay, Edición INTA Año III - Nº 91,2003. (en línea)
http://www.inta.gov.ar/concepcion (consulta: 07 de junio de 2011).
[98]MASIA, G; VENTURELLI, L & FUICA, A.M. “Evaluation of three adjuvants in
wind tunnel: their effect on drift.” XXXIII Conferencia CIOSTA , Reggio Calabria,
2009. (en línea) www.ciosta.unirc.it(consulta: 17 de mayo de 2011).
[99] MOSES, Marion “Pesticide Action”. (en línea) http://www.panna.org (consulta:
24 de abril de 2011).
[100]YARPUZ-BOZDOGAN, Nigar & Otros“Effect of different pesticide application
methods on spray deposits, residues and biological efficacy on strawberries”en
African Journal of Agricultural Research Vol. 6(4), 2011, pp. 660-670,
[101]AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE “Impact sanitaire de
l’épandage aérien de produits anti-parasitaires” Editorial ineris, París, 2004.
[102]COMITÉ DE LA PRÉVENTION ET DE LA PRÉCAUTION (2002) “Risques
sanitaires liés à l’utilisation des produits phytosanitaires, Comité de la prévention et
de la Précaution”. París Año 2002., 47 pages.(en línea)
http://www2.environnement.gouv.fr (consulta: 24 de abril de 2011).
[103]INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (2000) “Guide pour l'analyse du volet
sanitaire des études d'impact. Institut de Veille Sanitaire”. París, Año 2000.
Consultable sur Internet : http://www.invs.sante.fr
[104] REGLAMENTO SOBRE APLICACIÓN AÉREA DE PLAGUICIDAS DE
CHILE, Op. Cit.
[105]CIVIL AVIATION AUTHORITY UNITED KINGDOM, “The Aerial Application
Certificate (CAP 414)” (59) “At least 24 hours before starting the treatment you
must do the following: Put sturdy and clear signs within 60 metres of the land to be
treated to tell people about the place, date and time of the treatment.” (en línea)
www.caa.com.uk (consulta 17 de julio de 2011).
[106]Marchiaro,Op.Cit.
[107] Decreto Número 5/10 PEN República de Chile. “Reglamento sobre
aplicación aérea de plaguicidas”. Publicado en el Diario Oficial el 25/09/2010.
[108]ZLATA DRNAS DE CLÉMENT, Blanca (DIR.) “El principiodeprecaución
ambiental.La práctica argentina” Lerner Editora SRL.Córdoba.2008. pp.14-15
[109]Art. 41 CN “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambientalgenerará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección deeste derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales,a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
ladiversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a
la Nación dictar las normas que contenga lospresupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesariaspara complementarlas, sin que aquellas alteren
las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacionalde residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de losradiactivos”.
[110] N. del A: Algunas de esas leyes son la 25612 (2002): Residuos peligrosos,
gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, presupuestos
mínimos de protección ambiental; Ley 25675 (2002): Ley general del ambiente,
principios de política ambiental, competencia judicial, ordenamiento ambiental,
evaluación de impacto ambiental, seguro ambiental, sistema federal ambiental,
daño ambiental.; Ley 25688 (2002): Régimen de gestión ambiental de aguas.; Ley
Nº 25831 (2003): Acceso a la Información Pública Ambiental.
[111]N. del A: Sólo daremos algunos ejemplos, por ejemplo: La Ley 25612 Art.4,
inc. b): “Minimizar los riesgospotenciales (…)”; Ley 25670, artículo 9 “(…) para
asegurar la recomposiciónde los posibles daños ambientales y dar cobertura a los
riesgos(…) que su actividad pudiera causar (...)”.; Ley 25675 artículo 6 “Se
entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art. 41de la Constitución
Nacional, a toda norma que concede una tutelaambiental uniforme o común en
todo el territorio nacionaly tiene por objeto imponer condiciones necesarias para
asegurarla protección ambiental. En su contenido debe prever lascondiciones
necesarias para garantizar la dinámica de los sistemasecológicos, mantener su
capacidad de carga y, en general,asegurar la preservación ambiental y desarrollo
sustentable”.
Destacamos que por el artículo 124 de la Constitución Nacional, existen varias
leyes nacionales de “adhesión” provincial relacionadas con el desarrollo
sustentable y el principio precautorio, como por ejemplo la Ley 24051 de residuos
peligrosos.
[112] Revista Jurídica LA LEY, en Sup. Amb. 16/12/2008, pp. 1; Buenos Aires,
2008.
[113] ESTEVES, Belén, “Fallo comentado: `Di Vicensi, Oscar Alfredo c/Delaunay,
Jorge s/amparo´ Tribunal Criminal Nro, 2 de Mercedes, Provincia de Buenos Aires
(02/04/2008)” en Revista Jurídica La Ley Sup. Amb. 16/12/2008.
[114]LAMBERTI, Alicia Morales “Conflictos de reglas, principios y paradigmas en
la decisión de un caso ambiental complejo: agroquímicos y facultades locales”(en
línea) http://www.lexisnexis.com.ar (consulta: 16 de julio de 2011).
[115] N del A.: La Ley 11.723 expresa que las prohibiciones genéricas van desde
los 500 hasta los 3.000 metros, de acuerdo al tipo de producto y el tipo de
aplicación aérea o terrestre. La ley permite excepciones siempre que las
inmediaciones no existan centros educativos, de salud, recreativos y
habitacionales. Estas excepciones procederán si no existiese tal producto en el
mercado, si no se pudiese aplicar de modo terrestre y se fijarán por la autoridad
local; controlándose la receta agronómica y con preaviso de 48 hs. Creemos que
una falencia de la ley es que los municipios no suelen definir el concepto de
“centro habitacional”.
[116]SOZZO, Gonzalo & BERROS, María Valeria. “Principio precautorio”. Revista
La Ley RCyS, Buenos Aires, Tomo 2011-III, pp. 28
[117] Revista Jurídica La Ley Sup. Amb. 16/12/2008.
[118] ESTEVES, Belén, “Fallo comentado: `Di Vicensi, Oscar Alfredo c/Delaunay,
Jorge s/amparo´ Tribunal Criminal Nro, 2 de Mercedes, provincia de Buenos Aires
(02/04/2008)” en Revista Jurídica La Ley Sup. Amb. 16/12/2008.
[119]COMMISSION FRANÇAISE DES PRODUITS CHIMIQUES ET BIOCIDES, 18
avril 2011(en línea)
http://www.developpement-durable.gouv.fr (consulta: 05 de julio de 2011).
[120] CODE DE GESTION DES PESTICIDES. Éditeur officiel du Québec. À jour
au 1er mars 2011 (en línea) http://www.mddep.gouv.qc.ca(consulta: 03 de julio de
2011).
[121]REGLAMENTO CHILENO SOBRE APLICACIÓN AÉREA DE PLAGUICIDAS.
Artículo 19 “La empresa aeroaplicadora deberá hacerse cargo de la eliminación de
desechos de plaguicidas no utilizados, así como de los envases vacíos (…)”.
Artículo 20: “La empresa aplicadora debe necesariamente lavar el estanque para
el plaguicida siempre que: a)Se vaya a llenar con productos no compatibles con el
plaguicida aplicado anteriormente; b) El plaguicida aplicado anteriormente no se
encuentre autorizado para su uso en el cultivo sobre el cual se hará la aplicación
con el segundo plaguicida; c) El periodo de carencia del primer producto aplicado
no sea capaz de cumplirse en el cultivo sobre el cual se está realizando la
segunda aplicación”.
[122] N. del A.: Un ejemplo de reconsideración parlamentaria fue la modificación al
Proyecto de Ley. Expediente 5857-D-2010 del Parlamento de la República
Argentina denominado “Prohibición en todo el territorio nacional de pulverizaciones
aéreas de plaguicidas. agrotóxicos o biócidas químicos o biológicos, con destino al
uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres.”
Dicha Reconsideración modifica la original “Prohibición en todo el territorio
nacional las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biócidas
químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos,
ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea
el producto activo o formulado así como su dosis”. Transcribiremos la Propuesta
del nuevo texto consensuado para el dictamen, que más allá de las críticas,
presenta notables ventajas conceptuales sobre la mera prohibición: Artículo 1º.-
Objeto. Prohíbase dentro de las franjas de seguridad de las áreas sensibles del
territorio nacional, las pulverizaciones aéreas y las aplicaciones terrestres de
plaguicidas, agrotóxicos o biócidas químicos o biológicos, con destino al uso
agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de
interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así
como su dosis. Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente ley, se
entiende por:- Área sensible: aquella zona geográfica que contenga o abarque
bienes naturales, organismos y población que pueden ser afectados por la
aplicación de las sustancias descriptas en el artículo 1; en lo acuático incluye
principalmente nacientes de ríos , manantiales, arroyos, ríos, lagos, lagunas,
estuarios, aguas marinas, embalses y fuentes de agua destinada al consumo
humano y animal; y en lo terrestre abarca zonas en las que haya situadas casas,
edificios, establecimientos educacionales, laborales, de salud y de uso público,
incluyéndose también áreas recreacionales abiertas al público. - Franjas de
seguridad: son las áreas mínimas de restricción establecidas entre el sitio de
aplicación de las sustancias descriptas en el artículo 1 y el límite de un área
sensible. Artículo 3º.- Establézcase como franja de seguridad a los efectos de la
presente ley: a) Cuatro mil (4.000) metros para la pulverización aérea. b) Mil
(1.000) metros para la aplicación terrestre. Artículo 4º.- Penas. a) Será reprimido
con las penas establecidas en el Art. 200º del Código Penal el que infrinja por sí
mismo o por medio de terceros, lo establecido en el artículo 1° de la presente
ley. b) Si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona la pena será de
diez (10) a veinticinco (25) años de prisión. Artículo 5º.- Cuando alguno de los
hechos previstos en el artículo anterior se hubiesen producido por decisión de una
persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros
del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la
misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás
responsabilidades penales que pudiesen existir. Artículo 6º.- Excepciones.
Quedan exceptuadas de la presente ley, las pulverizaciones aéreas y las
aplicaciones terrestres realizadas con fines sanitarios, siempre y cuando se
certifique el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria correspondiente. En
estos casos, las autoridades competentes deberán comunicar a la población
afectada el día y la hora de la aplicación con suficiente tiempo de antelación, de
modo que se puedan tomar las medidas que correspondan para la reducción de
los riesgos a los que pueda conllevar la exposición. También se deberá informar el
producto activo o formulado que serán utilizadas, junto con el posible impacto que
pudieran causar en la salud humana, de los animales y de todos aquellos
vegetales que estén destinados al consumo. Artículo 7º.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo. (en línea) http://www.ceciliamerchan.org.ar (consulta: 03 de julio de
2011).-
![Hernán c[1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5a679c207f8b9a2f638b5265/hernan-c1.jpg)
