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ContenidoSesión plenaria ordinaria N.º 96 del lunes 4 de noviembre de 2019.......................................2
EXPEDIENTE N.° 21.568, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020................................................................................................................2
Sesión plenaria ordinaria N.º 97 del martes 5 de noviembre de 2019.....................................6
EXPEDIENTE N.° 21.568, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020......................................................................................................................6EXPEDIENTE N.º 20.909, REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N° 8660, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY N° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, DE 30 DE OCTUBRE DE 1924.......................................................12INTERVENCIÓN POR EL ORDEN.....................................................................14
Sesión plenaria ordinaria N.º 102 del jueves 14 de noviembre de 2019...............................15
EXPEDIENTE N.° 20.909, REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N.° 8660, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY N.° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, DE 30 DE OCTUBRE DE 1924.......................................................15
Sesión plenaria ordinaria N.º 103 del lunes 18 de noviembre de 2019.................................18
EXPEDIENTE N.° 21.568, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020....................................................................................................................18
Sesión plenaria ordinaria N.º 104 de martes 19 de noviembre de 2019...............................21
CONTROL POLÍTICO.........................................................................................21
Sesión plenaria ordinaria N.º 96 del lunes 4 de noviembre de 2019
EXPEDIENTE N.° 21.568, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
DE 2020
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras.
Entramos, efectivamente a conocer el informe afirmativo de mayoría sobre un trabajo importante que generó la Comisión de Asuntos Hacendarios por más de dos meses y que concluyó presentando por nueve diputados y diputadas de esta comisión dicho informe.
El presupuesto de las instituciones que conforman el Gobierno Central, tanto la Presidencia y dieciocho ministerios, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y Defensoría de Los Habitantes son los presupuestos que están contenidos en este informe que contiene precisamente el análisis y el detalle del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económicos 2020.
Que va más allá de ser un mero documento jurídico contable que registra simples autorizaciones de gasto.
En realidad, el presupuesto debe ser concebido como un instrumento de desarrollo integral, como un mecanismo a partir del cual el Estado costarricense define sus prioridades de materia de salud, seguridad social, educación, infraestructura, empleo entre otros.
En otras palabras es una herramienta fundamental con que cuenta el país para satisfacer las necesidades básicas de la población en general.
El presupuesto de la República lo elabora la Dirección General del presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.
No obstante, le corresponde a la Asamblea Legislativa dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, de conformidad con la Constitución Política.
Texto que de igual manera establece en su artículo 178, que el proyecto de presupuesto ordinario será sometido a la Asamblea Legislativa a este pleno por parte del Poder Ejecutivo a más tardar el 1º de setiembre de cada año, siendo que deberá estar definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre del mismo año.
En la Comisión de Asuntos Hacendarios nos dimos a la tarea de hacer una revisión a fondo de este presupuesto, y ya tendremos la oportunidad de también sentarnos a conocer el fondo del mismo en este Plenario legislativo.
Lo hicimos con seriedad y enorme responsabilidad pensando siempre en ese bienestar de las instituciones del país y de sus habitantes.
Para tales efectos recibimos en audiencia a veinticuatro jerarcas institucionales, quienes se expusieron ante los diputados y diputadas de la comisión los objetivos estratégicos que pretenden alcanzar durante el año 2020 a partir de las autorizaciones de gasto contenidos en el presupuesto.
Pero qué contiene este presupuesto 2020, el proyecto de presupuesto de la República que remite el Poder Ejecutivo para el ejercicio económico 2020 totaliza diez punto cinco billones de colones.
Tiene un decrecimiento de cuatro veinticinco en relación con el 2019.
Y equivale a un veintisiete punto dos por ciento del PIB que proyecta el Banco Central de Costa Rica para este año.
Y, compañeros, estas cifras es importante irlas revisando y tejiendo para lo que viene en la discusión.
En términos absolutos el presupuesto del año 2020 decrece en relación con el 2019 cuatrocientos sesenta y seis mil millones que significa un uno punto dos por ciento del PIB.
Y tiene financiados sus gastos a través de un cuarenta y ocho por ciento del servicio de deuda, e ingresos propios corrientes en un cincuenta y uno punto noventa y cuatro por ciento.
Pero adónde se destinan estos recursos, si miramos el clasificador económico tenemos que el presupuesto se desglosa de la siguiente manera: en gasto corriente, siete punto ochenta y tres billones de colones, en gastos de capital un poco más de seiscientos cuarenta mil millones de colones, en transacciones financieras, dos punto tres billones de colones, y en sumas sin asignación presupuestaria dos mil doscientos ochenta y cinco millones de colones.
Para el año 2020, esta clasificación cobra una relevancia importante en relación con los años anteriores, ya que los datos que proporciona la misma constituyen la base para calcular y determinar el cumplimiento de la regla fiscal. Sí, esa misma que aprobamos la mayoría de los diputados y diputadas, a través de la Ley 9635.
Si entendemos a los criterios del clasificador institucional, el presupuesto tiene veintisiete títulos presupuestarios y sobresalen sobre estos el servicio a la deuda pública, que tiene el treinta y ocho punto dos por ciento del total de presupuesto.
Compañeros, que no podemos perder el dato que es de diez punto cinco billones de colones.
El MEP que se lleva el veinticinco punto cuatro por ciento; el régimen de pensiones, el diez punto siete por ciento del total de presupuesto.
Y en cuanto al objeto del gasto, el noventa y uno punto uno por ciento de este presupuesto está concentrado en cuatro partidas: remuneraciones, un veinticinco punto cuatro por ciento del total; transferencias corrientes, un veintisiete punto cinco; amortizaciones —compañeros— un diecinueve punto tres por ciento; y un porcentaje que me parece que tenemos que subrayar y entrar a reflexionar son los intereses, que se lleva el dieciocho punto nueve por ciento de todo el presupuesto nacional.
Para sufragar los gastos de la planilla del Estado se presupuestan dos punto sesenta y siete billones. Con estos recursos, se pagan un total de ciento cuarenta y tres mil setecientos puestos, de los cuales el MEP tiene el sesenta por ciento, el Ministerio de Seguridad Pública el doce punto ocho por ciento, el Poder Judicial el ocho punto ocho por ciento y el Ministerio de Justicia y Paz el cuatro punto uno por ciento.
Volviendo al tema de la aplicación de la regla fiscal contenida en la Ley 9635, debo indicar que durante el año 2020 se va a aplicar por primera vez esta regla de contención del gasto, dando el nivel de endeudamiento del Gobierno central, el cincuenta y tres punto cinco por ciento del PIB, que en el 2008 permite generar la base para poder determinar que este año el gasto corriente no podía superar más del cuatro setenta y siete.
Sobre este particular, cabe mencionar que la Contraloría de la República plantea que la base para aplicar el crecimiento debe ser la del gasto devengado y no la del presupuestado; sin embargo, en este presupuesto se hizo sobre lo presupuestado, aplicándose de forma completa al presupuesto nacional.
En total el presupuesto 2020 presupuestó siete punto ochenta y tres billones de colones para gasto corriente; es decir, veinte coma tres por ciento del PIB, aumentando en doscientos setenta y un mil millones, con respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto del 2019, lo cual representa un crecimiento del tres coma seis por ciento.
Si se compara con la ley de presupuesto que se aprobó por parte de este Plenario en el 2019, el crecimiento del gasto corriente es del tres coma nueve por ciento; y en ambos casos la variación es inferior al cuatro sesenta y siete.
Sin embargo, se considera oportuno mencionar que ese resultado que se obtiene en cumplimiento de la regla, porque en gran medida identificamos muchísimas transferencias a instituciones que desde el 2019 se hacían y estaban clasificadas en su totalidad como de índole corriente y fueron fraccionadas o parte
reclasificadas, todas como transferencia de capital y esto lógicamente generó un efecto que permite mantener el crecimiento del gasto corriente por debajo del cuatro sesenta y siete.
Por ejemplo, en la reclasificación mencionada, podemos citar que el día que la señora ministra de Hacienda presenta el presupuesto nos indican los setenta mil millones que se capitalizaron del FEES, los cincuenta mil ochocientos noventa y tres millones del Fondo de Desarrollo Social, los trece mil millones de banca de desarrollo, los cuatro mil doscientos cuarenta y tres del PANI, los diez mil setecientos setenta y cinco del Consejo Técnico de Aviación Civil, los trescientos millones del Icoder, y los trescientos treinta y cinco millones de cen-cinai.
Si se considerara, por ejemplo, que los recursos asignados del FEES y de Fodesaf hubiesen mantenido su totalidad gasto corriente, lógicamente esto hubiera generado un crecimiento por encima del cuatro sesenta y siete.
Por tanto, con los cambios realizados entre gastos corrientes y de capital se está clarificando el destino que pueden tener los recursos asignados al presupuesto nacional y en el tanto ahora se incorporan como transferencia de capital.
¿Qué otros hallazgos o deficiencias detectamos en este presupuesto 2020, que me parece importante que podamos reseñar y puntualizar? Encontramos una falta de presupuestación completa que permita a los diferentes títulos hacer frente a todos los eventuales gastos, que según las estimaciones, proyecciones y necesidades deban tener durante todo el ejercicio 2020.
Para los diputados y diputadas que conformamos esta comisión y que suscribimos el dictamen afirmativo de mayoría resulta claro que, en muchos casos, los presupuestos institucionales sufrieron una reducción forzosa y unilateral por parte del Ministerio de Hacienda, aún contra las solicitudes de reconsideración de los jerarcas, porque vimos en muchos supuestos cómo los mismos jerarcas señalaron que los ingresos que estaban establecidos ahí para sufragar sus gastos eran insuficientes.
Segundo punto o hallazgo: Incumplimiento en la asignación de destinos específicos. Logramos constatar que el Ministerio de Hacienda ha venido presupuestando montos inferiores a lo que realmente se percibió de ingresos por conceptos de obligaciones, como por ejemplo, el impuesto a las personas jurídicas y el impuesto único de combustible.
Otro hallazgo es el incumplimiento de los lineamientos técnicos del presupuesto y aquí tenemos que detenernos, porque la Dirección General de Presupuesto Nacional dictó una serie de lineamientos técnicos con el fin de racionalizar la utilización de los recursos públicos, debiéndose eliminar y minimizar gastos en algunas subpartidas, tales como suplencia, tiempo extraordinario, información, publicidad, entre otros.
Sin embargo, a la luz de la revisión que genera la Comisión, nos encontramos a diferentes títulos presupuestarios, donde se detectaron que existen muchas carteras ministeriales en las cuales no se aplicó la medida de contención, por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Gobernación y Policía, Mideplán, Ministerio de la Presidencia, Presidencia de la República, MOPT, MAG, Cultura y Salud.
Algo importante que también detectamos, es si existe una desvinculación del presupuesto con la planificación nacional, y compañero, esto sí es importante que nosotros le prestemos la debida atención.
Porque el artículo 4 de la Ley 8131 establece que todo presupuesto público responderá a los planes operativos institucionales anuales de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como los principios presupuestarios.
Sin embargo, resulta más que evidente la pobre vinculación que existe entre el presupuesto de la República y el Plan Nacional de Desarrollo, muestra de eso es que dentro del informe técnico que nos remitió la Contraloría General de la República hay un recuadro donde se establece incluso el porcentaje de cumplimiento que en muchos casos, como por ejemplo Cultura, anda en un cero coma cero tres por ciento, y en otros ni siquiera existe la posibilidad de asignarle un porcentaje porque no existió la suficiente comunicación, como es el caso del MEP, para poder ligarlo con el presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo.
Las transferencias del Gobierno central, excluyendo aquellas que son para pagar las cuotas y contribuciones a la seguridad social, pensiones y jubilaciones de los funcionarios y trabajadores, representa un dieciocho punto siete por ciento de ese total de presupuesto, es decir, un poco más de nueve, perdón, de uno punto noventa y siete billones de colones.
De los veintiséis títulos presupuestarios, en catorce de ellos las transferencias, compañeros, representan más del treinta y por ciento del presupuesto y lamentablemente los jerarcas desconocen los resultados, los superávits que se acumulan dentro de esas instituciones y cuál van a ser los planes para poder ejecutar los mismos.
Sesión plenaria ordinaria N.º 97 del martes 5 de noviembre de 2019
EXPEDIENTE N.° 21.568, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
2020
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas.
Claro que es importantísimo hablar de este proyecto de presupuesto nacional que va a regir precisamente los gastos, los ingresos, tanto a nivel de ingresos corriente como de deuda para de todo el ejercicio del año 2020.
Y me parece importante entrar a reseñar algunos elementos que fueron clave precisamente en la discusión que se generó en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y es que efectivamente podemos ver aquí muchísimos temas sobre los cuales deberíamos levantarnos a ejercer el control político que corresponde.
Esta, les dije a ustedes ayer, es una de las herramientas más importantes que tenemos todos los costarricenses para ver sufragadas todas las necesidades en temas de bienestar económico y bienestar social, con lo cual esta Asamblea Legislativa no puede pasar de largo la discusión y debate de todos los temas relacionados con el presupuesto.
Y es que efectivamente nos encontramos muchísimas, pero muchísimos señalamientos, inquietudes, observaciones en relación con este presupuesto 2020, que estuvimos generando a lo largo de dos meses y a través de las veinticuatro audiencias con los mismos jerarcas que vinieron a presentar sus presupuestos, precisamente para este ejercicio 2020.
Y uno de estos temas, que me parece importante que vayamos reseñando, lo representa la rigidez y la inflexibilidad presupuestaria que tiene este presupuesto.
Tal como señala el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa en su informe —a quien tenemos que agradecer porque nos acompaña fielmente en esta Comisión de Asuntos Hacendarios, haciendo todos los análisis pertinentes, precisamente para darle el debate y el análisis respectivo del mismo— se establece que existe una dificultad a lo que enfrenta el Gobierno y se agrava cada año para la formulación del presupuesto.
Y es que la mayoría de los recursos tienen que ser dirigidos a una serie de obligaciones, ya sea de carácter constitucional o legal, que limitan seriamente el margen de acción y la toma de decisiones.
El proyecto Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2020, como ustedes saben, alcanza un monto de diez punto cinco billones de colones; sin embargo, la rigidez y la inflexibilidad presupuestaria se puede denotar en muchas formas.
El Ministerio de Hacienda la determina totalizando los recursos presupuestados para el servicio de la deuda y los montos contemplados en las transferencias tanto corrientes como de capital, y las remuneraciones, los cuales en promedio en los últimos diez años han consumido el noventa y cinco punto uno por ciento del presupuesto nacional.
Para el año 2020 estos tres componentes —servicio de la deuda, transferencias corrientes y de capital, y pago de remuneraciones— están acaparando, compañeros, el noventa y seis punto cuatro por ciento del presupuesto nacional.
Efectivamente en el servicio de la deuda que tenemos amortización, intereses y comisiones, es por cuatro punto cero uno billones, lo cual significa un treinta y ocho punto dos por ciento del presupuesto total.
En temas de transferencias corrientes y de capital, desde el presupuesto nacional, se alcanzan tres punto cuarenta y cuatro billones, lo cual representa un treinta y dos punto siete por ciento del presupuesto total.
Y el pago de remuneraciones, compañeros, anda en dos punto sesenta y siete por ciento…, perdón, dos punto sesenta y siete billones de colones, que equivale nada más y nada menos que a un veinticinco punto cuatro por ciento del total presupuestado.
De los datos anteriores, se desprende que el margen de acción para poder financiar una serie de gastos que permitan la operatividad y la continuidad de servicios e inversiones institucionales está reducida a un tres coma seis por ciento de los recursos presupuestados. Con las cifras del proyecto de presupuesto 2019, ese margen andaba rondando, incluso, el tres punto uno por ciento.
En otras palabras, conforme avanzan los diferentes ejercicios económicos cada vez se estrechan más los recursos libres con que cuentan las instituciones para poder invertir en proyectos y programas.
De lo anterior se desprende que para el año 2020 el Gobierno apenas va a disponer de un cinco coma nueve por ciento para gastos diversos asociados a la administración general, la mayoría comprendidos por partidas de servicios generales, pago de alquileres, seguros, mantenimiento, materiales y suministros.
Esto tan solo es el reflejo de la crítica situación de las finanzas públicas, en donde no basta con impulsar una simple reforma tributaria, sino que requiere de toda una reforma estructural, una conciencia de contención del gasto, que involucre el aumento en los ingresos, la contención, la calidad del gasto y la fiscalización del mismo.
Así se impone la necesidad de una visión holística de un problema que nos aqueja y nos afecta a todos, no solo a unos, sino a todos.
En mi intervención del día de ayer estuvimos haciendo énfasis de algunos hallazgos importantes que la Comisión de Asuntos Hacendarios introdujo en este informe de mayoría que presentó al Plenario legislativo.
Y aquí yo quiero agradecer el trabajo tan importante que realizaron los compañeros, cada uno de ellos dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios,
porque efectivamente nos abocamos a trabajar el análisis del presupuesto, cada uno de sus títulos presupuestarios y las conclusiones, hasta alcanzar la incorporación de una moción de fondo que permitiera incorporar normas presupuestarias para buscar esa efectividad del objeto del gasto.
Uno de los temas que efectivamente pusimos sobre la mesa es la eventual insuficiencia presupuestaria. Compañeros, eso quiero decir que el presupuesto que está dado para el año 2020, en muchos títulos presupuestarios, no va a alcanzar, no va a alcanzar. Y tenemos que hacer este señalamiento no solo desde la comisión, no solo plasmarlo en el dictamen, sino dejarlo también aquí esbozado, discutido y debatido en este Plenario legislativo.
Porque señalamos la falta de presupuesto que permita a diferentes títulos hacer frente de eventuales gastos, que, según las estimaciones, las proyecciones y necesidades que requieren se deben tener para todo el ejercicio económico del 2020.
Para una mayoría de diputados y diputadas de la Comisión resultó más que claro que en muchos casos los presupuestos institucionales sufrieron una reducción forzosa y unilateral por parte del Ministerio de Hacienda, aún contra las solicitudes de reconsideración de los mismos jerarcas, como es el caso del Poder Judicial, sin lugar a dudas el ejemplo del Poder Judicial merece una mención aparte.
Este Poder la República presenta una reducción de gasto total de un poco más de veinte mil ochocientos millones de colones, que en términos de gasto corriente es una reducción de once mil millones, lo que en la práctica representó un crecimiento nulo entre el año 2019 y 2020.
¿Esto qué quiere decir? Que tuvieron un cero crecimiento del gasto corriente, calculado con el presupuesto inicial, en la aplicación de la regla fiscal sin medir el impacto que tiene la aplicación de nuevas normas creadas y aprobadas como leyes de la República en este Plenario y que fueron trasladadas para su ejecución al Poder Judicial.
La insuficiencia de recursos también se presenta en el Ministerio de Seguridad Pública, en la partida de textiles y vestuarios cuyo monto fue reducido, en relación con la autorización a agosto del 2019, en un setenta y tres coma veintiún por ciento, es decir, le eliminaron mil ochocientos cuarenta y un millones de colones, lo cual, esta partida todos saben que es fundamental para que las fuerzas policiales, a todas luces, puedan trabajar en el objeto precisamente de su materia.
Otro caso de insuficiencia presupuestaria fue expuesto por la ministra de Justicia y Paz, la señora Marcia González, específicamente sobre el tema de las tobilleras electrónicas, y aquí yo quiero citarla a ella, porque ella señaló de manera expresa: aquí yo lo que veo son dos opciones; una poder desde ahora, si ustedes lo tienen a bien, dirigiéndose a la Comisión de Asuntos Hacendarios, asignar más recursos para poder cumplir con la totalidad de los requerimientos; o dos, esperar a ver
cómo podemos iniciar estos procesos de negociación y ver también como se sigue comportando el crecimiento de la población y en el primer trimestre del año entrante que formulemos un presupuesto extraordinario.
Ahora hablemos sobre el incumplimiento de los lineamientos técnicos del presupuesto porque ya se había generado una directriz, por parte del Gobierno, la cual hacía de uso obligatorio la reducción de una serie de subpartidas dentro de los presupuestos de los títulos presupuestarios que vemos en el nacional.
Y es que el artículo 13 establecía una racionalización de estos recursos públicos, para que se eliminarán o que se minimizaran en las subpartidas de suplencias, tiempo extraordinario, información, publicidad, propaganda, servicio de ciencias de la salud, servicios jurídicos, servicios de ingeniería, servicios de ciencias económicas, servicios informáticos, servicios generales, viáticos, transporte en el exterior, viáticos al exterior, actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales, alimentos y bebidas, textiles y otras más.
Sin embargo, después de una revisión realizada por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios en los diferentes títulos presupuestarios, se logró verificar que existen muchas, pero muchas carteras ministeriales en las cuales no se aplicó la medida de contención que fue definida como directriz por parte de la Dirección General de Presupuesto.
Y en muchos casos, sin justificación que resultara razonable o evidente en la documentación que se aporta del presupuesto, aparecían creciendo estas subpartidas.
Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hace uso de diecinueve de las subpartidas que tenían que recortarse, solamente en ocho se disminuyen o se mantienen en los presupuestos asignados para el 2019, mientras que en once siguen creciendo y de estas últimas la mayor con crecimiento porcentual representa en la subpartida de mantenimiento de edificios hasta un trescientos seis por ciento.
En el Ministerio de Gobernación y Policía se muestra otro aumento en ocho subpartidas que fueron mencionadas como parte de los recortes por parte de la directriz, y de ellas otras nuevas que no aparecían en el 2019 se incorporaron en el 2020.
En el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se observan también seis partidas más que presentan alguna disminución, pero cinco de ellas generan incrementos.
Igual sucede con el Ministerio de la Presidencia, donde se muestra un aumento de siete de estas subpartidas.
La Presidencia de la República también crece en siete de estas partidas.
Lo cual nos lleva a concluir que, efectivamente, estas directrices son directrices escritas en un papel, que no generan la mayor eficiencia precisamente hacia el propio Poder Ejecutivo, lo cual es lamentable porque nos da muestra, a la mayoría de los diputados y diputadas, que coincidimos en un debate pleno del presupuesto nacional, que no se tienen políticas de contención del gasto, que se emiten directrices y que las mismas pasan sin advertencia y sin revisión por parte de las autoridades, pero principalmente por parte del órgano rector en materia de seguimiento y fiscalización de la hacienda pública.
Hablemos de la desvinculación del presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que ya fue tocado por algunos compañeros, como Pablo Heriberto Abarca, que, efectivamente, da muestra de que no estamos en nada.
Este presupuesto, en su mayoría está desvinculado con el Plan Nacional de Desarrollo; son pocos los títulos presupuestarios que alcanzan altos porcentajes, y el mejor ejemplo de todos es el Micit, que es el más alto con un noventa y seis por ciento, pero después decrece la vinculación que se genera en porcentajes con el Plan Nacional de Desarrollo, y esto a pesar de los lineamientos y demás normativa técnica que resulta evidente que es necesaria la vinculación.
Incluso, la misma Contraloría General de la República establece en el informe técnico que nos remite a todos los diputados y diputadas que en términos generales la Contraloría considera que la vinculación del proyecto de presupuesto 2020 con la planificación presenta debilidades sobre la vinculación específica con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
La exposición de motivos no explica la metodología que utilizan los ministerios para estandarizar la estimación del monto a vincular. Tampoco se determina con claridad la porción específica del presupuesto que se imputa, ni las metas específicas relacionadas con el proyecto de ley.
Además, en el proyecto de presupuesto la vinculación es débil respecto al cumplimiento de otras herramientas de planificación relevantes para el país, como son los planes estratégicos institucionales, los planes sectoriales, los planes regionales, los resultados sobre los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, así como otros tipos de planes definidos en la metodología de Mideplán y el Ministerio de Hacienda.
Aunque el ejercicio realizado constituye un esfuerzo, todo lo anterior limita la utilidad de la información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas sobre cómo el presupuesto de la República impacta en el Plan Nacional de Desarrollo del país, y demás planes y compromisos vigentes.
Aunado a lo anterior, el Ministerio de Hacienda señaló que el Ministerio de Educación Pública, que representa y veinticinco coma cuatro por ciento del proyecto del presupuesto nacional, no brindó información que permitiera vincular
el veinticinco por ciento del presupuesto nacional que corresponde al MEP al Plan Nacional de Desarrollo.
Esta situación, compañeros diputados y diputadas, sencillamente es inadmisible. No hay justificación alguna para que el título presupuestario más grande del presupuesto nacional, que representa un cuarto del mismo, no haya presentado información por errores de comunicación entre ambos ministerios.
De acuerdo al análisis de la Contraloría, de diecinueve ministerios, cuatro vincularon entre el ochenta y dos y el noventa y cinco por ciento los recursos al Plan Nacional de Desarrollo, mientras que otros cuatro asociaron en menos del diez por ciento.
En catorce de los diecinueve ministerios, el porcentaje de recursos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo no superó el cincuenta por ciento.
Y se los voy a leer: Ministerio de Educación Pública, no reportó vinculación al Plan Nacional de Desarrollo; Micit, un noventa y seis punto cinco por ciento; Ministerio de Seguridad Pública, un noventa tres coma ocho por ciento; Ministerio de Hacienda, un ochenta y cinco punto uno; Ministerio de Comercio Exterior, un ochenta y dos punto dos por ciento; Presidencia de la República, un cuarenta y siete punto dos por ciento; Ministerio de la Presidencia, un cuarenta y seis punto uno por ciento; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un cuarenta y cuatro punto dos por ciento.
Ministerio de Agricultura y Ganadería; un treinta y seis uno por ciento; Ministerio de Planificación, compañeros, Ministerio de Planificación; un veintitrés coma ocho por ciento; Ministerio de Ambiente y Energía, un diecinueve punto cuatro por ciento; Ministerio de Vivienda, un dieciocho punto cuatro por ciento; Ministerio de Justicia, un dieciséis coma ocho por ciento; Ministerio de Cultura y Juventud, un cero coma tres por ciento; Ministerio de Trabajo, un dos coma tres por ciento; Ministerio de Gobernación y Policía, un cuatro…
EXPEDIENTE N.º 20.909, REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N° 8660, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y EL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY N° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, DE 30 DE OCTUBRE DE 1924
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Muchas gracias, señor presidente.
Compañeros diputados y diputadas.
Realmente me alegra estar en este momento discutiendo o entrar a discutir propiamente esta ley, que busca transparentar, de una vez por todas, toda la información financiera y demás actos administrativos en monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad y el INS.
Esta moción que vamos a presentar, para que efectivamente pueda ser conocida en este recinto, deja atrás la moción que ustedes conocieron el día jueves, que quería dejar confidencial cualquier actividad administrativa dirigida por parte es este Instituto que tuviera valor comercial. ¿Qué no tiene valor comercial efectivamente en el ICE, tanto lo que se declara dentro de la competencia, como lo que se declara dentro de monopolio?
Y debemos tener claridad suficiente, porque si hay algo que estamos seguras y seguros en este Plenario es que todos abrazamos al Instituto Costarricense de Electricidad y buscamos una única cosa, que es fortalecer la institucionalidad precisamente de esta entidad costarricense de electricidad.
¿Y qué es lo que busca esta moción que vamos a presentar? Sencillamente que se mantenga la confidencialidad de todos aquellos segmentos que están dentro de los actos administrativos que se mantienen en libre competencia y que se abra de forma absoluta todos los elementos que estén dentro del monopolio, llámese balance de resultados, estados financieros, procedimientos, actos administrativos y demás que se mantengan en segmentos de monopolio, pero no dentro de un estado general, sino de manera individualizada. De forma tal que podamos conocer todos aquellos elementos citados a cada una de las subsidiarias.
Yo le pido de manera expresa a cada uno de ustedes que avancemos para poder aprobar esta moción que fue conocida y gestada dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que busca precisamente tener claridad sobre qué es lo que se declara confidencial dentro del Instituto, que va dirigido a todos aquellos elementos que se encuentran en competencia para no generar una desventaja comercial en la estrategia, cuando tienen que avanzar precisamente ante un procedimiento en competencia, y aquella otra que va a quedar simple y sencillamente abierta al público de manera transparente, con un acceso a la información de todos los elementos administrativos que constituyen los segmentos de monopolio.
Pero no solamente al ICE, sino también al INS, que desde el día uno en que discutimos precisamente este proyecto de ley le pareció más que correcto, y estuvieron de acuerdo con el fondo y con la forma en que se estableció el proyecto de ley.
Yo les pido a todos los compañeros y compañeras diputadas que avancemos a fortalecer al Instituto, porque aquí no hay enemigos para el Instituto Costarricense de Electricidad, aquí lo que hay es un voto de confianza para fortalecer precisamente la institucionalidad, para que efectivamente podamos conocer y trasparentar, y generar la rendición de cuentas que requiere este país, para que
dentro de dos meses no nos vengan a dejar aquí un Instituto para tener que hacer lo mismo que tuvimos que hacer con Japdeva.
Muchas gracias.
INTERVENCIÓN POR EL ORDEN
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Solamente hacer el señalamiento que efectivamente el Partido Liberación Nacional va a entrar en un debate importante sobre este tema. Porque todos los argumentos que efectivamente ustedes trasladaron, muy válidos, son los que llevó precisamente a esta fracción de Liberación Nacional a presentar este proyecto.
Así que, definitivamente, como dice el doctor, a veces cuesta parir un hijo, pero ya lo aprobamos en primer debate. Así que viene la discusión fuerte y esperemos que efectivamente podamos estar todos anotados, para poder hablar del tema de transparencia y rendición de cuentas de una institución que ese sí es insigne para todo Costa Rica y estoy segura de que efectivamente cada uno de nosotros sabe muy bien lo que es avanzar en un tema tan importante como este, en relación con el Instituto Costarricense de Electricidad.
Así que muchas gracias compañeros, por esa votación.
….
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Hacer el señalamiento que la moción que se aprobó aquí, en el Plenario, no tiene nada que ver con la moción que presentó el PAC dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Y los miembros de la Comisión lo saben, esa moción iba dirigida a generar confidencialidad ante cualquier acto administrativo de venta de servicios que es todo, una cosa es lo que está en esquema de libre competencia y otra muy diferente lo que está en monopolio.
Porque, efectivamente, el cambiar una palabra de la mitad de la oración al final para poder resguardar todos esos segmentos es de bastante claridad para poder avanzar en el espíritu del proyecto y de la legisladora que avanzó precisamente con este proyecto.
Muchas gracias.
Sesión plenaria ordinaria N.º 102 del jueves 14 de noviembre de 2019
EXPEDIENTE N.° 20.909, REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N.° 8660, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY N.° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SEGUROS, DE 30 DE OCTUBRE DE 1924
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Muchas gracias, señora presidenta en ejercicio; compañeros y compañeras.
Me parece importante que nos tomemos unos minutos para poder discutir un poco este expediente 20.909, aunado a la reflexión que hice cuando se presentó la moción.
Y es que el primero de los objetivos que persigue esta propuesta es transparentar la información financiera del ICE. Pero no cualquier información, sino aquella que está relacionada puntualmente con temas de monopolio y deja a criterio precisamente del órgano superior de la institución, del Consejo Directivo propiamente, dejar por un lapso definido aquella información que, dentro del segmento de la competencia, le pueda generar al ICE una desventaja frente a sus adversarios comerciales.
Es decir, este proyecto señala que es confidencial la información relacionada con el ICE y sus empresas, cuando en segmentos de competencia se considere que el secreto industrial, comercial o económico, o bajo motivos estratégicos comerciales o de competencia, no resulte conveniente divulgar a terceros.
Sin embargo, a partir de ahora esa confidencialidad va a tener que ser determinada por el órgano superior; es decir, por el Consejo Directivo, quien como órgano máximo del instituto, bajo un criterio técnico y jurídico, y bajo el establecimiento del período sobre el cual va a definir esa confidencialidad, lo va a dictar.
En otras palabras, se brinda mayor claridad en cuanto al órgano competente para realizar este tipo de declaratorias, las cuales deberán ser motivadas y deberán tener un período de tiempo determinado, para que efectivamente se genere su validez.
El proyecto de ley enfatiza que la confidencialidad de la información solamente podrá aplicarse en segmentos o servicios que actualmente se desarrollen bajo esos esquemas de libre competencia.
Y así lo ha establecido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien señaló que esto se genera precisamente para generar y brindar a las
instituciones públicas, que como el ICE, se encuentran en un mercado de telecomunicaciones y en abierta competencia frente a otros operadores de carácter privado; es decir, que a partir de esta ley habrá un mejor acceso a la información.
Y aquí quiero puntualizar, porque es mejor acceso a la información de los estados financieros, de los ingresos, de los procedimientos, de las actividades administrativas, inversiones, gastos, balances de situación, el estado de resultados y sus anexos y, en general, del resto de la información contable de aquellas actividades, segmentos o servicios del ICE que se mantengan en monopolio.
Y no es válido presentarlas de forma consolidada, como nos han querido decir. Tienen que presentarlo de forma desagregada, bajo cada una de sus subsidiarias.
Y debemos recordar que, desde algún tiempo, diferentes sectores han reclamado la falta de transparencia en el ICE y el secretismo con que se maneja la institución.
Es lamentable reconocer que el ICE no ha sido diligente a la hora de dar a conocer datos reales sobre los costos de las obras, de los planes de expansión, de los sobrecostos en los que ha incurrido y cuánto de ese dinero se traslada al bolsillo de los consumidores.
El segundo de los objetivos de este proyecto consiste en fortalecer la aplicación de los principios de legalidad, responsabilidad, control, rendición de cuentas, evaluación, publicidad y transparencia, que deben regir para todas las actuaciones del Estado costarricense y que el ICE, como parte de esa Administración pública, no puede dejar ni de observar, ni de cumplir.
Debe tomarse en cuenta que la transparencia y la rendición de cuentas refuerzan la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas; al mismo tiempo posibilitan el control público sobre su cumplimiento efectivo y los costos en que se incurre.
Es más, el mismo informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa establece que esta iniciativa se está circunscribiendo al principio de rendición de cuentas consagrado en el artículo 11 de la Carta Magna. Este principio que responde a un nuevo paradigma en la Administración pública estatal, a una nueva visión sobre el compromiso que existe por parte del Estado costarricense de visibilizar y transparentar todo su accionar.
El tercer objetivo radica en la implementación de las buenas prácticas o principios de materia de Gobierno corporativo.
Y no debemos olvidar que en términos de administración y en términos generales siempre se debe estar sometida a la actuación, al control político y público siendo indispensable los mecanismos de rendición de cuentas.
Por último, el cuatro objetivo es garantizar un mejor ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, derecho que tutelan tratados internacionales, Constitución Política y la misma legislación nacional.
Y esto quiero decir que esta declaratoria de confidencialidad de la información en los segmentos de competencia no se dispone para aquellas entidades públicas que por disposición constitucional o legal tienen funciones de control, de supervisión, fiscalización y vigilancia de la hacienda pública, ni de los órganos jurisdiccionales.
Con la condición, lógicamente, de que tienen que resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a aquellos terceros.
Bajo esta línea de pensamiento me pregunto yo: ¿quiénes son los enemigos del ICE?, ¿los que queremos fortalecer la institución mediante la transparencia financiera, o los que toman malas decisiones que ponen en riesgo la estabilidad y la sostenibilidad?
¿Qué resulta más perjudicial para esta entidad, el secretismo o el proceso de toma de decisiones sometidos al escrutinio público?
¿A qué le queremos apostar, señores diputados y diputadas, compañeras de este Plenario, a la eficiencia del gasto o al despilfarro de los recursos públicos?
Es una pena que algunos diputados y diputadas se hayan dedicado a señalar en este Plenario presuntos enemigos del ICE, es más lamentable aún que sus intervenciones en este Plenario sean totalmente omisas en cuanto a hechos que han golpeado sensiblemente las finanzas de una institución insigne para Costa Rica en los últimos años.
Por ejemplo, en el sector de electricidad se empeoró la situación y se ha visto seriamente golpeada, en especial por la salida del proyecto hidroeléctrico Diquis, el cual decidió congelar pese a una inversión de ochenta y ocho mil quinientos sesenta y dos millones, que fue lamentablemente reportada como pérdida.
Otro ejemplo más, son los abusos salariales gerenciales de jefaturas y de dirección, que tan solo un grupo de veintidós funcionarios se reparten anualmente un monto cercano a los mil cuatrocientos sesenta y nueve millones en salarios.
Así como el sobrepago de unos veinticuatro millones de dólares que hizo el ICE ha generadores privados de energía eléctrica, dinero que finalmente fue traslado a los bolsillos de los usuarios.
Podría ser enunciando situaciones que no solo comprometen la estabilidad financiera del ICE, sino que ponen de manifiesto la mala gestión de sus jerarcas y autoridades y este tipo de hechos solo podrán corregirse en la medida de que la información sea accesible, que mantenga control público, en la medida que el ICE
se someta a verdaderos controles y dejemos de lado el secretismo y la ineficiencia.
Al final de cuentas, compañeros, les recuerdo que esta institución es un pilar del desarrollo nacional y que constituye un valioso patrimonio para los costarricenses, así que les agradezco que por primera vez estemos hablando de transparencia en las finanzas financieras del ICE, en el segmento de monopolio y no consolidados, sino bajo las subsidiarias de forma desagregada.
Así que yo les pido que seamos parte de la historia y avancemos hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de una institución que requiere ser fortalecida y que a partir de ahora podrán gestarse nuevas iniciativas que vayan en esta vía del fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sesión plenaria ordinaria N.º 103 del lunes 18 de noviembre de 2019
EXPEDIENTE N.° 21.568, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
2020
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Muchas gracias, señor presidente, y al diputado Aiza por darme el tiempo.
Compañeros y compañeras diputadas, ya hace algunas sesiones atrás estuvimos hablando precisamente sobre el fondo de este presupuesto ordinario 2020 y me parece importante retomar algunos temas que se nos quedaban y que están previstos en este dictamen de mayoría que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el cual fue elaborado y suscrito por nueve de once diputados.
Y me parece importante aquí recalcar el gran trabajo que se efectuó por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios —y que lo mencioné algunas sesiones atrás— que durante dos meses nos hemos abocado precisamente al estudio, al detalle, a la luz de la Ley de Administración Financiera y demás normativas para poder generar este dictamen que arroja, pues, algunos temas importantes.
Y dentro, precisamente, de los mismos, se había quedado el del control de las transferencias y las normas presupuestarias y, sobre este, yo quisiera retomar aquí el tiempo en el Plenario.
Y es que las transferencias del Gobierno central, excluyendo aquellas que van dirigidas a pagar las cuotas y obligaciones a la seguridad social, a las pensiones y jubilaciones de los funcionarios y trabajadores, están representando en el presupuesto nacional el dieciocho punto siete por ciento; es decir, un poco más de uno punto noventa y siete billones de colones, que son recursos que prácticamente se han mantenido invariables todos los años, sin mayor altibajo en crecimientos o decrecimientos.
Y es que lo que llama más la atención es que de los veintiséis títulos presupuestarios que conforman este presupuesto, alrededor de unos catorce, es decir, más de la mitad, contienen transferencias que representan el treinta por ciento de los recursos que son presupuestos en cada título presupuestario.
Y durante prácticamente todas las audiencias que nosotros asumimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los diputados y las diputadas estuvimos preguntándoles a los jerarcas sobre las condiciones que estas transferencias se generan hacia los mismos órganos adscritos a los ministerios, y cuáles eran los indicadores propiamente de resultados sobre estas platas que giran, compañeros, que no son sumas despreciables. Les digo que representan en promedio el treinta por ciento.
Y hay que recordar que, durante estas audiencias, pasa la totalidad de los jerarcas de los ministerios y es ahí donde con excepción del Ministerio de Vivienda, el Micit y en alguna medida Cómex, el resto de los jerarcas desconocen cuáles son los resultados obtenidos por esas transferencias.
Las coberturas obtenidas, los resultados de gestión o de mejora, los servicios prestados o cualquier otro indicador que logre visualizar si estas transferencias están siendo útiles, si son eficientes o si, incluso, se mide la subejecución de las mismas de conformidad con las matrices que mantiene la Contraloría.
Y aquí yo debo subrayar que muchas de estas transferencias que históricamente habían sido corrientes y que para este próximo año presupuestario 2020 aparecen reclasificadas como de capital fueron hecho de manera unilateral y muchas veces forzadas, sin criterios técnico por parte de Hacienda.
Y esto no solamente lo replico yo, sino también muchos ministros que pasaron precisamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Y aquí yo quiero citar precisamente al exministro de Trabajo, al señor Steven Núñez, que señaló de manera expresa, y abro comillas, debo señalara que efectivamente esa partida siete transferencias de capital no existía con anterioridad.
Sin embargo, esto obedece a un criterio de oportunidad propiamente del Ministerio de Hacienda, y más adelante continúo señalando, entonces, básicamente esto fue
una decisión de oportunidad y conveniencia que tomó el Ministerio de Hacienda para financiarse mediante deuda esas transferencias de capital.
Pero sí aclaro nuevamente, señala el señor exministro, que este tema, lo que es la fuente de financiamiento no la defino yo como ministro, sino que ya es una política según oportunidad y conveniencia que determinó el Ministerio de Hacienda.
Y el otro tema importante aquí son las normas de ejecución presupuestaria, porque mediante moción de fondo número 54 la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó dieciocho normas de ejecución presupuestarias que vienen a definir límites para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en el presupuesto de la República para el ejercicio 2020.
Y debemos recordar de dónde nacen estas normas de ejecución presupuestaria que se incorporaron en este presupuesto del 2019 y que replicamos en el 2020.
Y es precisamente en el denominado hueco fiscal, ese hueco presupuestario que se encontró precisamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que se evidenció en este Plenario legislativo.
¿Y cuáles son esas normas?, vamos a ver, la primera norma lo que busca es evitar precisamente los denominados colchones presupuestarios, ya sea que por decisión u omisión se registran en los presupuestos, esto lo que busca es brindar orden, disciplina, transparencia y precisión en el presupuesto, toda vez que las instituciones tendrán que tener muy claro adonde se le están asignando los recursos necesarios y pertinentes a cada una de las subpartidas.
La segunda va dirigido a aquel plan piloto del Ministerio de Justicia y Seguridad que busca precisamente rendir informes sobre presupuestos de resultados.
También se incorporó una partida precisamente para verificar aquellas instituciones que tienen subejecuciones superiores al diez por ciento.
Y alguna otra que también va dirigida a obligar a los jerarcas a que sus funcionarios gocen de las vacaciones para evitar las compensaciones pecuniarias.
La número doce es una norma que se refiere a la obligación de mandar a la Asamblea Legislativa la totalidad de las plazas vacantes basado en los primeros meses del año presupuestario.
También se le incorpora una norma presupuestaria que prohíbe la creación de plazas, salvo aquellas que resulten necesaria para atender una emergencia nacional.
La número quince obliga a la Tesorería Nacional a publicar mensualmente la información de gestión de la deuda y la colocación de los títulos valores, sus
rendimientos y plazos de vencimiento, porque esa información la tiene que conocer el Plenario legislativo.
La siguiente ordena que los recursos que el país logra evitar precisamente en gastos producto de los denominados canjes de deuda sean inmediatamente rebajados en el presupuesto y que no sean utilizados como gastos corrientes, sino que se le den en todo caso un uso de gastos de capital.
Por último, hay una norma que obliga a los jerarcas y a los funcionarios a darle seguimiento de las transferencias corrientes y de capital que se realizan desde su cartera, precisamente para que conozcan cuál es el impacto de los montos que están transfiriendo y que puedan generar una rendición de cuentas sobre los resultados.
Por último, se establece que los recursos que están capitalizando para financiar proyectos completos y concretos sean definidos y depositados en el banco de proyecto de Mideplán, y ser informado a la Contraloría y a la Asamblea Legislativa de conformidad con la 8131.
Y, compañeros y compañeras, estas normas presupuestarias lo que buscan es tratar de paliar un poco las eventuales inconsistencias que se detectaron en este informe.
Por eso que después de analizar de manera puntual cada uno de los elementos dentro de este informe de mayoría positivo yo les pido a cada uno de ustedes el voto para que efectivamente podamos aprobar después de dos meses de trabajo importante de todos los miembros de la comisión este informe que viene a arrojar en noventa páginas información valiosa para poder subrayar un mejor cumplimiento de los dineros públicos para el año 2020.
Muchas gracias, señor presidente, me reservo el tiempo que me queda.
Gracias.
Sesión plenaria ordinaria N.º 104 de martes 19 de noviembre de 2019
CONTROL POLÍTICO
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco:
Muchas gracias, señora presidenta.
Compañeros y compañeras diputadas.
Hay algunos indicadores sociales que evidencian que Costa Rica tiene algunas alertas importantes.
Las altas tasas de desempleo, la injusticia en la distribución de la riqueza, la fragilidad de las finanzas públicas, el deterioro de los servicios educativos, la pérdida de valores éticos y morales son parte de la gama de situaciones que nos aquejan como comunidad. No obstante, hay un problema en particular que quizás sea el reflejo de todos los demás, y me refiero a la inseguridad ciudadana producto de la violencia, la desigualdad y el crimen organizado.
Basta con hacer un repaso muy breve sobre las noticias para darnos cuenta de que los homicidios crecen en el último mes. Desde el 7 octubre a inicios de la semana pasada, perdieron la vida aproximadamente setenta y cinco personas; es decir, el promedio superó a una persona fallecida por día. Muchos están relacionados incluso por ajustes de cuentas, tráfico de drogas y riñas.
Existe violencia de género y en el 2019 ya contabilizamos lamentablemente once femicidios en Costa Rica, y el más reciente fue el de Eva Morera, una joven madre de la provincia de Heredia.
Además, crece el robo y las estafas de dinero por Internet. La Encuesta Nacional de Hogares en el 2018 reveló que, entre junio de 2017 y julio 2018, el diecinueve punto tres por ciento de los hogares fue víctima de este delito.
La inseguridad, sin lugar a dudas, representa una de las principales preocupaciones de la población costarricense; por lo tanto, el Estado tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la seguridad de Costa Rica, utilizando eficientemente los recursos disponibles para combatir la delincuencia y llevar tranquilidad a las personas. Y esto se traduce sencillamente en la norma constitucional del artículo 50.
Pero a pesar de esto, los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública a veces no comprenden la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Encontrándose el país inmerso en una severa crisis de inseguridad, este Ministerio se da el lujo, a falta de dos meses, compañeros, de finalizar el año, de que rebajen de su presupuesto institucional la suma de tres mil doscientos setenta y tres millones de colones de su presupuesto. Compañeros, escucharon bien, tres mil doscientos setenta y tres millones.
Efectivamente, este rebajo está en el Quinto Presupuesto Extraordinario 2019 y la Octava Modificación, que se está tramitando bajo el expediente 21.669.
¿Y qué es lo que contiene este rebajo, compañeros, porque me parece importante que lo detallemos? Novecientos ochenta y tres punto cinco millones que le devuelve el Ministerio de Seguridad, que correspondían a la construcción del Complejo Policial Antidrogas en la provincia de Puntarenas y que no pudieron ejecutar por incumplimientos técnicos y la falta de permisos.
Quinientos millones de colones de la subpartida de combustibles y lubricantes, los cuales el Servicio Nacional de Guardacostas no pudo ejecutar debido a que dos de las embarcaciones de 110 pies de largo tienen más de seis meses de estar fuera de servicio, sin reparación.
¿Qué opinión podríamos tener nosotros como legisladores y legisladoras, la prensa, la ciudadanía, de un ministerio que desiste de construir un complejo policial antidrogas, simplemente porque no pudo completar los procedimientos de contratación y tampoco fue capaz de gestionar adecuadamente un permiso de aguas?
¿Cómo podríamos calificar la labor de un ministerio que ha tenido varadas dos embarcaciones de patrullaje, durante más de medio año, solo porque están malas y no se pueden reparar? ¿Acaso no saben los jefes de la Policía que nuestras zonas marítimas son utilizadas a diario para traficar drogas?
Este tipo de movimientos presupuestarios ponen en manifiesto varias cosas: que el Poder Ejecutivo no tiene prioridades y que este Gobierno se encuentra totalmente desconectado respecto…
(Con autorización de la vicepresidenta del Directorio legislativo se incluye al acta el documento aportado por la diputada Delgado Orozco, (Ver anexo 1).
