MOVILIDAD

2013-14 TRAYECTORIAS Y NARRATIVAS DE GESTIÓN

Secretaría de Estado de EducaciónSubsecretaría de Estado de Promoción de

Igualdad y Calidad Educativa

Resumen

Aporte para la Movilidad es una de las diversas líneas de acción de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, que integran el conjunto de proyectos y programas que tienen como finalidad común favorecer la inclusión social, fortaleciendo las trayectorias educativas (ingreso- reingreso- permanencia- egreso) de los estudiantes que se encuentran en situaciones más desfavorables. Específicamente, el Aporte para la Movilidad tiene un objetivo preciso: facilitar el traslado cotidiano de los alumnos/as a la escuela. Con este fin, se identifican los factores condicionantes intentando revertirlos para asegurar la concurrencia de los alumnos a los establecimientos escolares.En el presente artículo se realiza una contextualización del programa y se detallan las acciones desarrolladas hasta el momento. Posteriormente, se evalúan los impactos y resultados del aporte; proponiendo, por último, algunas proyecciones que pretenden mejorar la implementación de la línea.

Palabras claveMovilidad - inclusión - política pública - acompañamiento - derecho a la educación.

Estar en la escuela: acortando caminos entre casa y el aula

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Introducción

La Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS) junto a la Secretaría de

Promoción a la igualdad y calidad educativa (SEPiyCE) y de manera articulada (desde el año

2012) con el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa

(PROMEDU), han desarrollado acciones y programas destinados a la provisión de los

recursos necesarios -tanto materiales como simbólicos- que permitan asegurar los trayectos

educativos correspondientes a los niveles inicial, primario y secundario de los alumnos y

alumnas en situaciones de vulnerabilidad socio-económica-cultural.

El desafío que convoca a estas políticas, tanto nacionales como jurisdiccionales, es el

de propiciar la inclusión social, lo cual desde lo educativo presupone para los alumnos y

alumnas recorridos formativos integrales, con educación de calidad y en igualdad de

oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.

Una de las líneas de acción impulsada por estas políticas es el Programa “Movilidad

para las Escuelas”, que se implementa en cada jurisdicción con el objetivo de asegurar el

traslado diario a las escuelas de aquellas poblaciones escolares específicas cuyo acceso y

permanencia en el sistema educativo se encuentran en riesgo por factores socioeconómico-

culturales, sumados a los propiamente regionales, ya sea porque residen a grandes distancias

de la escuela, o en zonas próximas, pero cuyo dificultoso acceso condiciona la asistencia a

clases.

En las jurisdicciones, los equipos que conforman el Programa, en coordinación con

los Directivos y docentes de cada institución escolar, llevan a cabo el análisis- revisión –

evaluación- de las circunstancias y condicionamientos que inuyen en la no asistencia y

abandono escolar de algunos niños y niñas para determinar, en cada caso, las acciones

pertinentes y necesarias para asegurar la asistencia a clases de todos ellos.

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Por esta razón, y retomando el objetivo primordial -proporcionar a los alumnos y

alumnas que verdaderamente lo requieren, los recursos necesarios que aseguren su

incorporación (ingreso-reingreso) y permanencia en la escuela-, desde su implementación

hasta la fecha, el programa se extendió paulatinamente, tanto en lo que respecta al universo de

escuelas beneficiarias con este aporte, como así también, en cuanto al reconocimiento de

nuevos artículos posibles de ser adquiridos por considerárseles necesarios para el

cumplimiento de dicho objetivo.

Aporte para la Movilidad se propone así, partir de la diversidad de contextos reales de

las cuales provienen los niños y niñas (desigualdades en los puntos de partida) y llevar a cabo

las acciones necesarias para aspirar a la formación integral de los mismos, suponiendo con

esto, igualdad y equidad en sus puntos de llegada (lo “común”).

De esta manera, desde la proyección y ejecución de las distintas líneas de acción y

programas, el Estado Nacional junto a los gobiernos provinciales pretenden garantizar a todos

los alumnos su legítimo derecho personal y social a la educación, entendiendo a este derecho

no sólo en términos de la asistencia obligatoria de los estudiantes a la escuela, sino también

contribuyendo a la igualdad de oportunidades, a la ampliación de los universos culturales y a

una educación de calidad. Al mismo tiempo, se busca también, reforzar los vínculos entre las

escuelas, las familias, las organizaciones sociales y la comunidad mediante la implementación

de proyectos colectivos.

Acciones

El Programa Movilidad para las Escuelas comienza a implementarse en determinados

establecimientos escolares primarios y secundarios específicamente seleccionados por cada

jurisdicción. Cada una de estas jurisdicciones, demarcó y definió los planes de acción

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relevantes, de acuerdo a su realidad contextual, demográfica y territorial.

Se inició así la primera etapa de implementación de la línea que consistió en asegurar

(mediante el financiamiento) el traslado diario de aquellos alumnos y alumnas cuya situación

de vulnerabilidad socioeconómica de sus familias, sumada, muchas veces, a las características

y condicionamientos propios del territorio y/o clima de ciertos espacios geográficos, ponen en

riesgo su asistencia cotidiana a clases. A tal efecto, los recursos se plasmaron en los medios de

movilidad necesarios para que la llegada a los establecimientos escolares de estos niños y

niñas sea posible, financiando la compra de bicicletas y/o boletos o a abonos de transporte

público, como así también otros medios de transporte adecuados a los distintos contextos.

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Al iniciarse la implementación de la línea se trabajó también en la producción de un

instrumento de evaluación que permitiera llevar a cabo la valoración del programa en términos

de aceptación, pertinencia y efectividad. Dicho instrumento, dirigido a los equipos directivos,

posibilitó conocer sus opiniones y observaciones. En base a esto, se pudo realizar una primera

aproximación de la puesta en práctica y viabilidad del programa (pertinencia - factibilidad)

en las instituciones educativas determinadas y advertir la recepción e impactos producidos

tanto en el interior de dichas instituciones, como así también, en la comunidades educativas

tanto beneficiarias como no beneficiarias de los recursos asignados. Los resultados y opiniones

favorables por parte de los actores sociales educativos, avalaron indiscutidamente la

continuidad del programa.

En los procesos de implementación y ejecución del programa en los años sucesivos, la

mayoría de los directivos y docentes en general, continuaban expresando su apoyo a la línea,

aduciendo que gracias a su implementación - ejecución, seguían corroborándose los

resultados positivos en el mejoramiento de la asistencia a clases de los sectores que mayores

dificultades presentaban para este requerimiento de obligatoriedad.

Por otro lado, los actores sociales de las comunidades educativas de cada institución

escolar, ratificaban la opinión de los docentes y directivos, ofreciendo su apoyo y compromiso

con el Programa.

Sin embargo, el paulatino análisis y relevamiento de las opiniones, observaciones y

sugerencias que iban siendo arrojados en los instrumentos de evaluación, exigieron también

la necesidad de re-pensar, re-programar y re-formular ciertos parámetros de la línea, a saber:

- Se planteó la necesidad de extender y ampliar el universo de escuelas beneficiarias,

por sugerencia de los propios directivos que habían recibido los fondos, en función

de los resultados que la línea terminó arrojando en términos de disminución del

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abandono escolar o la ausencia a clases. Se fueron sumando así más escuelas primarias

y secundarias y más tarde también, escuelas especiales y albergues.

- En escuelas donde el único modo de transporte era un vehículo (automóvil,

motocicleta o ciclomotor) de propiedad de la escuela, de un docente o del padre de un

alumno, se hacía necesario reconocer el gasto de combustible para asegurar el traslado

de los alumnos que lo requirieran.

- Directivos y docentes planteaban la necesidad de ser más visitados y asesorados

durante el desarrollo del Programa. Por esta razón, se designaron las figuras de los

Asistentes Técnicos Contables quienes comenzaron a asistir a los establecimientos

educativos para capacitar y acompañar a los directivos tanto en el momento inicial del

planeamiento de los gastos, como en el proceso final de rendición de los mismos.

- En función de otros factores (socioeconómicos –territoriales – climáticos) que se

observaron como limitantes y condicionantes de la asistencia a clases por parte de

algunos alumnos y alumnas, se incor-

poraron nuevos artículos y elementos

posibles de ser adquiridos, autoriza-

ciones mediante, para colaborar de

manera más pertinente y oportuna con

la disminución de esta problemática. Se

sumaron así nuevos rubros elegibles:

zapatillas, botas de lluvia, pilotines y

paraguas.

- Padres de niños y niñas que hicieron

verdaderamente uso de las bicicletas

entregadas, aportaron la sugerencia de

considerar, dentro del financiamiento, la

compra de artículos de seguridad para

movilizarse en este medio, como cascos,

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bocinas y luces. Por otro lado, con el paso del tiempo, y ante el proceso de desgaste de

estos medios de movilidad, surgió entre los padres y directivos también la idea de que

el programa previera y reconociera gastos para su mantenimiento. Se consideraron

así, gastos en pedales, pinchaduras de ruedas y otros arreglos.

Como se podrá inferir, la línea de acción Aporte para la Movilidad colabora con las

Políticas Socioeducativas en el propósito común de calidad e igualdad en la educación para

todos los alumnos y alumnas, asegurando la concurrencia de aquellas poblaciones con

dificultades para llegar a los establecimientos educativos. Si bien es cierto que esto no es

condición excluyente en la concreción de dicho propósito, sí constituye un medio importante

para intentar alcanzarlo. Para ello, desde los inicios de la implementación del programa hasta

el momento, se ha sistematizado toda aquella información que contribuyera al mejoramiento y

crecimiento del programa en función de las necesidades que se iban advirtiendo en los

diferentes contextos educativos, considerando tanto la aportada por los instrumentos de

evaluación a cargo de los directivos, como así también la recabada por los asistentes del

programa en su acompañamiento a las escuelas en forma periódica y presencial.

Resultados e impactos

Teniendo en cuenta la información que se desprende del llamado Informe de

Evaluación que completan los directivos respecto al impacto del Aporte para la Movilidad, es

posible decir que:

- la mayoría de las escuelas que lo reciben califican el resultado de la implementación de

la línea como muy bueno;

- acuerdan en que los problemas de traslado afectan bastante la asistencia diaria de los

alumnos a la escuela;

- observan una mejora, tanto en la asistencia diaria como en las llegadas tarde a la

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escuela, en aquellos alumnos beneficiados.

Del análisis de estos informes se observa que en la mayoría de los casos la

implementación de la línea cumple con los objetivos propuestos, alcanzando resultados

significativos respecto a la disminución del ausentismo de los alumnos y favoreciendo su

presencia y permanencia en la escuela.

La importancia que adquiere el aporte también la manifiestan los actores

institucionales cuando visitamos las escuelas: no sólo compartiendo la experiencia de cómo

han implementado la línea -es decir, qué han comprado, porqué, a quiénes han beneficiado,

los logros alcanzados, etc.-; sino también a través del pedido explícito de renovación para el

próximo año, la posibilidad de un aumento en el aporte y de la incorporación de nuevos

elementos elegibles para cubrir necesidades que consideran deberían ser contempladas por la

línea.

No obstante, en algunas oportunidades también nos encontramos con situaciones,

comentarios u opiniones que cuestionan la utilidad del programa. Por ejemplo,

reiteradamente las autoridades escolares manifiestan el exceso de tiempo y actividades

administrativas que les insume la implementación de tantas líneas y programas. En la mayoría

de los casos, esta sobrecarga en las tareas, es el motivo manifiesto por el cual los directivos

fundamentan la demora en los plazos de entrega de la rendición. Consideramos que esta

situación aparece como un gran obstáculo para el cumplimiento adecuado de los objetivos del

aporte: al presentar la rendición bajo el apremio de los plazos impuestos, suelen realizar las

compras apresuradamente, sin una real evaluación de a qué alumnos/as beneficiar; o incluso,

rinden el dinero dejando los productos adquiridos en el comercio o en la escuela por largos

períodos de tiempo.

En otras ocasiones, el criterio de la selección de los alumnos beneficiados se establece

por la elección de algunos cursos determinados -por ejemplo, los del CBU- y no, de un

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diagnóstico de las situaciones particulares de los estudiantes que necesitan el aporte. Cuando

cuestionamos dicho criterio e insistimos fuertemente en que no responde a los objetivos de la

línea, los actores institucionales fundamentan que no pueden beneficiar a algunos alumnos y a

otros no porque esto ocasiona situaciones conictivas en la escuela, como quejas de padres o

de los propios estudiantes que no resultan beneficiados.

Paradójicamente, en otras escuelas plantean que aquellos alumnos que resultan

beneficiados -sea con la entrega de bicicletas, zapatillas u otros elementos-, posteriormente, no

hacen uso de los mismos. Cuando indagamos respecto a los motivos de tal situación, suelen

explicarnos que existe cierta resistencia a los “beneficios que vienen del gobierno”, que a los

alumnos “les da vergüenza” y otras expresiones del estilo. Por supuesto, que en casos como

los mencionados, el impacto del aporte disminuye y los resultados no son los esperados.

Un aspecto importante a destacar, es la articulación del Programa con una Política

provincial prioritaria. En este sentido hablamos de la implementación del Boleto Educativo

Gratuito.

El Boleto Educativo Gratuito se destina a alumnos, docentes y auxiliares de escuelas

públicas y privadas con subsidio estatal de niveles inicial, primario y secundario, y terciarios

con subsidio estatal y alumnos de universidades públicas.

Reexiones finales

Interesa aquí esbozar algunas proyecciones -acciones futuras- que pretenden mejorar

la implementación de la línea y contrarrestar aquellas situaciones que obstaculizan el

cumplimiento de los objetivos propuestos.

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En primer lugar, consideramos que la ayuda y el acompañamiento técnico a los

directivos resultan imprescindibles. Cada Asistente Técnico Contable (ATC) realizará visitas a

las escuelas a los fines de comunicar información pertinente, asesorar y evacuar dudas. El

anclaje territorial permite acercarse a la realidad institucional de cada escuela, colocando al

ATC como un referente válido y accesible para canalizar consultas y resolver situaciones

problemáticas. Consideramos que el rol activo y comprometido de los ATC, también puede

atenuar las exigencias administrativas que aquejan a los actores institucionales.

Por otra parte, creemos necesario insistir fuertemente en la socialización del

programa. Generalmente, la ejecución de la línea queda en manos de las autoridades u otros

actores institucionales abocados a las tareas administrativas; y el resto de la comunidad

educativa desconoce su existencia. Aquí cobra relevancia la realización de reuniones con el

resto de los docentes y la comunidad escolar en su conjunto. El ATC buscará incentivar y

favorecer estos encuentros e incluso podrá participar de los mismos. La socialización

permitirá que toda la comunidad escolar tenga conocimiento del programa y sus objetivos, lo

que posibilitará su participación y consenso en las acciones a desarrollar. Quizás de esta forma

también puedan evitarse aquellos malentendidos y reclamos por la selección de los alumnos

beneficiarios.

Al mismo tiempo, consideramos que estas reuniones donde se presente la línea, sus

objetivos y características; constituyen instancias claves para problematizar aquellos

discursos que circulan respecto a “las ayudas” del gobierno, enmarcando estas iniciativas en

una perspectiva meramente asistencialista. Contrariamente, planteamos la necesidad de

contextualizar el Aporte para la Movilidad como parte de un conjunto de políticas que tienen

como premisa asegurar el Derecho a la Educación de niños, niñas y adolescentes; derecho que

el Estado tiene obligación de garantizar. Como establece la Ley de Educación Nacional, “La

educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados

por el Estado” (2006:1).

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Desde esta perspectiva, favorecer la movilidad para que los alumnos puedan llegar y

permanecer en la escuela no es un “beneficio” -donación, obsequio, limosna, etc.- que viene del

gobierno; es, nada más y nada menos, un Estado que cumple sus obligaciones.

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Bibliografía

Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional. Portal de educación del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Argentina, 14 de diciembre de 2006.

Ministerio de Educación de la Nación. Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Portal Educativo. http://portales.educacion.gov.ar/dnps/aporte-para-la-movilidad

Ministerio de Educación de la Nación (2013). Instructivo Aporte para la Movilidad. Primaria. Argentina.

Ministerio de Educación de la Nación (2013). Instructivo Aporte para la Movilidad. Secundaria. Argentina.

Ministerio de Educación de la Provincia de CórdobaSecretaría de Estado de EducaciónSubsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa

Producción: SEPIyCE / Equipo Movilidad

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