Gestión integral de MARES y COSTAS
D i p l o m a d o e n L í n e a
COMPENDIO DE ENSAYOS 2 º E d i c i ó n
COMPENDIO DE ENSAYOS Marzo de 2016
D i p l o m a d o e n L í n e a 2 º e d i c i ó n
Gestión integral de MARES y COSTAS
Profesores
Lic. ERICK ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA
Lic. SEBASTIAN BLOCK MUNGUIA
Analista de Políticas Públicas Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad UNAM
Instituto de Biología IntegrativaDepartamento de Ciencia de Sistemas AmbientalesETH Zurich
El Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM) es una entidad sin
animo de lucro creada en el año 2013 con el proposito de facilitar la generación y
divulgación de conocimientos y procesos de aprendizaje sobre el medio ambiente
y el desarrollo sostenible en Latinoamérica.
Bajo nuestro modelo de formación ambiental solidaria otorgamos becas del 100%
en nuestros diplomados a estudiantes de universidades públicas y
emprendedores sociales de Latinoamerica.
Nuestros diplomados tienen como actividad clave la elaboración de un ensayo,
con ello se busca consolidar los procesos formativos y divulgar los conocimientos
adquiridos. Los ensayos son integrados en el compendio que se presenta a
continuación.
Índice de ensayos
Arianna Patricia Domínguez Gómez
Proyecto Don Diego, un colapso inminente de la riqueza biológica en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur
Jacobo Santander MonsalvoConservación de ecosistemas arrecifales de México
Jhojan Alexander Hoyos CardonaEl turismo en Cartagena ¿sustentable o no?
Antonio Gomez
¿La pesca, una actividad con futuro?
Carola Guzmán TorresIndustria del Petróleo en armonía con los Humedales
Denisse Ángeles SolísIsla caribeña al borde de la basura
Maria Fernanda Urrutia Osorio
La destrucción del manglar Tajamar: un ejemplo claro de un manejo ineficiente
María Esther Jiménez López
Importancia de las Áreas Naturales Protegidas en las zonas de Observación de Ballena Gris
Katerine Palacio Ayala Soluciones y manejo administrativo = Degradación del manglar
Lilia Alonso LozanoEl caso de la Minera Buenavista del Cobre
Lucia AmaroMalas políticas provocan insostenibilidad en la pesca
Rubén Ricardo Guzmán ReynaBeneficios del programa de playas limpias en México
Paula Andrea Ruiz RuizConflictos socio ambientales generados por la extracción de carbón en el caribe...
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54
Por: Arianna Patricia Domínguez Gómez
México cuenta con una ubicación geográfica
privilegiada, se encuentra en medio de los dos
océanos más grandes del mundo (Pacífico y
Atlántico) y cuenta con un extenso litoral (11,122
Km), convirtiéndolo en uno de los países con una
gran riqueza natural y una de las mayores Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE) del mundo
(CIMARES, 2012). El Golfo de Ulloa, localizado en la
costa occidental de Baja California Sur (B.C.S.) en el
Pacífico, es una región de alta productividad y
cuenta con especies de interés pesquero y
conservación (tiburones, rayas, almejas, langostas,
camarones, aves, mamíferos marinos y tortugas
marinas) (CONABIO, 2010); según estudios
realizados durante las últimas décadas (Dietz et
al., 1942 y d´Anglejan, 1967) esta cuenta con uno
de los yacimientos de fosfatos más importantes
de todo el continente. Los fosfatos son un
elemento vital para la vida en general, intervienen
en casi todas las reacciones químicas de
compuestos minerales y orgánicos y se emplean
como fertilizantes agrícolas en todo el planeta
(Martínez-Gutiérrez, 2013). El acelerado aumento
de la población mundial y la creciente demanda de
alimentos, ha provocado que la agricultura se vea
forzada a incrementar su producción, agotando las
reservas disponibles de fertilizantes minerales
(Fósforo); desarrollando diversos proyectos que
buscan acceder a nuevos yacimientos para
continuar con la producción agrícola a nivel
mundial (Cordell, 2010). Es por ello que la empresa
Odyssey Marine Explorations a través de su filial
Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V. ha
presentado el proyecto “Dragado de arenas
fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego” en
el Golfo de Ulloa en B.C.S (figura 1).
El objetivo de este ensayo es analizar el Proyecto
Don Diego, sus repercusiones ecológicas,
económicas y sociales en la región a través de la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA),
presentado por la empresa Exploraciones
Oceánicas, S. de R.L. de C.V. al gobierno mexicano
por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT).
Proyecto Don Diego, un colapso inminente de la riqueza biológica en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur
4Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
Según la MIA Don Diego (2015) expuesta a
SEMARNAT, describe el proyecto ”como una obra
de dragado marino para la extracción de arenas
fosfáticas y por lo tanto, ésta se circunscribe al sector
de la minería… aunque la justificación se entiende
fundamentalmente desde el sector de la agricultura”;
la estimación aproximada del proyecto será de
cincuenta años y el área total a dragar abarca
cerca de noventa y un mil hectáreas de fondo
marino, para extraer trescientos cincuenta
millones de toneladas de arena fosfática y
descapote sin procesar. Como ya se ha
mencionado, la región del Golfo de Ulloa se
caracteriza, por ser una zona de importancia
pesquera en el país y para la cría de ballenas; sin
embargo, muchas asociaciones internacionales
ecologistas se han puesto en alerta debido a que
en México existen leyes que son poco amigables
con el medio ambiente; para el caso de la minería,
la propone como una herramienta llena de
beneficios económicos, aunque hace de lado la
integridad ambiental y socioeconómica a largo
plazo de la zona donde se realiza (FUNDAR, 2002);
específicamente, para la minería de fosfatos,
existe poca información sobre su producción y
consumo, además algunos países no lo consideran
como fertilizante, por lo que es difícil obtener
datos de calidad confiable (Martínez-Gutiérrez,
2013); ocasionando que la viabilidad económica de
Don Diego pueda verse seriamente
comprometida.
En un análisis realizado por la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA) (2015), enfatiza en que la MIA Don Diego
carece de fundamentos técnicos para garantizar el
impacto mínimo al ecosistema marino; además de
que no presenta un análisis profundo de los
posibles impactos y sus consecuencias en el Golfo
de Ulloa. Según la MIA, los efectos ecológicos en la
región serán menores, se minimiza el impacto a la
fauna bentónica local y asegura que esta
presentará una rápida recuperación, lo cual es
refutado por un artículo publicado por CEPAL
(2004) que asegura que los impactos físicos
producidos por la minería marina dependen de los
sistemas empleados para extraer los minerales, el
ruido, la remoción de sedimentos y la suspensión
de partículas alteran el medio marino, además de
que un buen porcentaje de las comunidades
bentónicas desaparecen inmediatamente,
afectando el comportamiento y las relaciones de
los organismos a largo plazo; Martínez-Gutiérrez
(2013) por su parte menciona que la extracción de
materia prima para la producción de fertilizantes,
es severo con el ecosistema marino, pues los
desechos químicos afectan la calidad del agua y
los componentes desechados son altamente
tóxicos para la fauna local. Algo a recalcar, es que
en el manifiesto, se expone que no se requiere
desarrollar infraestructura compleja para el
proyecto como tal y que toda la producción será
con el fin de evitar que México siga importando
fertilizantes de otras partes del mundo, pero no
especifica en donde se procesarán o cual será el
destino final de la producción minera; además es
necesario considerar que la roca fosfática tiene un
gran volumen, lo que encarece las actividades de
espacio y transporte, por lo que la producción de
los yacimientos con infraestructura poco
desarrollada pueden resultar ser inviables
económicamente para competir en los mercados
internacionales o incluso regionales
(Martínez-Gutiérrez, 2013). De igual manera, la Figura 1. Localización del proyecto Don Diego en B.C.S. Fuente: MIA Don diego
MIA muestra dicho proyecto como una
oportunidad de grandes beneficios económicos en
la región, pero no profundiza en los costos
ambientales, ni especifica la capacidad real de
generación de empleo; se debe mencionar que en
México, generalmente, las decisiones sobre
proyectos mineros se toman partiendo de los
beneficios económicos, respaldándose bajo la
bandera de sostenibles, afectando de manera
indiscriminada al entorno natural (CIMARES,
2012).
Un aspecto fundamental en este tipo de proyectos
es la nula participación de las comunidades que se
verán afectadas durante su desarrollo; en la MIA
Don Diego se menciona poco sobre la afectación a
las mismas, pero enfatiza que no se requiere un
desalojo de los pobladores locales ya que los
recursos disponibles no se verán afectados de
ninguna manera; un grave problema con La Ley
Minera en México, es que las comunidades
normalmente son totalmente excluidas de
cualquier actividad relacionada con la toma de
decisiones que involucren cambios severos en su
entorno, o se aprovecha la falta de información
que suele existir en estos sitios, llegando incluso a
la violación de sus derechos humanos (FUNDAR,
2002).
En base a lo anterior y la información presentada
en la MIA, se puede concluir que el Proyecto Don
Diego carece de fundamentos técnicos que
respalden sus argumentos, por lo que es posible
que los impactos negativos al ecosistema sean
mayores a los que se ha estimado en su
manifiesto; es importante tomar en cuenta que el
Golfo de Ulloa se considera una de las zonas con
mayor riqueza natural y que es una importante
zona de producción pesquera a nivel nacional, por
lo que un proyecto de esta magnitud afectará
seriamente la economía regional y en menor
escala, a la producción pesquera nacional. Uno de
los graves problemas a los que se enfrenta la la
situación actual del proyecto en el país, es que la
información sobre minería en general es escasa,
inexacta e incluso contradictoria y en muchos
casos las autoridades encargadas de esta
actividad anteponen los beneficios económicos,
antes que los impactos ambientales o cometen
atropellos a los derechos de las comunidades. Es
por ello que el gobierno en todos sus niveles debe
centrarse en el desarrollo de estrategias de
gestión y manejo para lograr un aprovechamiento
adecuado de los recursos mineros disponibles y la
conservación del medio marino.
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (2015). Comentarios de derecho internacional a la manifestación de
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BIBLIOGRAFÍA
Por: Jacobo Santander Monsalvo
En México existe una diversidad de ecosistemas
costero-marinos de alta productividad que son
afectados por actividades humanas (Caso, Pisanty
y Ezcurra, 2004).
Destacan, los arrecifes coralinos por amortiguar el
impacto de tormentas, proteger la costa contra la
erosión (Wilkinson, Wiken, Bezaury, Hourigan,
Agardy, Herrmann, Janishevski, Madden, Morgan y
Padilla, 2009) y presentar la mayor diversidad,
productividad y complejidad (Jordán, 1993). Sin
embargo, en México además existen arrecifes
rocosos (Montaño, Torres, Aguilar y Ramírez,
2013), con comunidades coralinas (Castañeda,
Loaiza, Pérez, Martínez, Sánchez, Turk y Castillo,
2008) y con bosques de Macrocystis pyrifera
(Montaño et al., 2013).
Figura 1. a) arrecife coralino, b) arrecife rocoso con
comunidades coralinas y c) arrecife rocoso con
Macrocystis pyrifera.
Globalmente, los arrecifes coralinos sufren
masivos decrementos en su diversidad por
actividades humanas (Bellwood, Hughes, Folke y
Nyström, 2004). Merino (1987) observó que las
principales amenazas costeras en México son:
extracción petrolera, pesca y turismo, asimismo,
Ortiz, Granados, Solís y García (2005) enfatizaron
que la industria petroquímica y grandes
desarrollos turísticos generan destrucción de
hábitats, modificaciones ambientales y mala
calidad de agua.
Conservación de ecosistemas arrecifales de México
8Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
Fuente: a) Bello, b) Gama y c) Edwards.
Una de las respuestas gubernamentales ante las
presiones a los ecosistemas arrecifales (EA), ha
sido implementar áreas naturales protegidas
(ANP), el principal instrumento in situ para la
conservación, cuyo propósito es preservar su
biodiversidad y conservar los recursos pesqueros
(Carr, Neigel, Estes, Andelman, Warner y Largier,
2003).
Sin embargo, pareciera que los EA siguen
sufriendo daños a sus comunidades coralinas y
especies de interés comercial. Lo que hace pensar
que la creación de ANP no es una medida
suficiente para su conservación.
Los EA están sujetos a cambios geográficos y
temporales, que al combinarse crean sistemas
muy productivos, pero vulnerables a presiones
ambientales humanas (Botello y Villanueva, 2010).
La vulnerabilidad de un EA, repercute en
ambientes contiguos, haciendo una sinergia y
magnificación del impacto sobre los recursos
naturales (Villanueva, Ponce, García y Presa, 2010)
y sus servicios ambientales (Barbier, Hacker,
Kennedy, Koch, Stier y Silliman, 2011).
El objetivo de este ensayo es conocer la figura de
ANP como un instrumento de política ambiental
enfocado en la conservación de EA.
Las políticas públicas son el conjunto de objetivos,
decisiones y acciones para solucionar problemas
que la sociedad y su gobierno consideren
prioritarios (Tamayo, 1997), siendo los
instrumentos de política ambiental una
herramienta que en el caso que nos ocupa ayuda a
materializar los objetivos de conservación de EA.
Un ANP está definida por el artículo 44 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente como las: “zonas del territorio nacional y
aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y
y jurisdicción, en las que los ambientes originales
no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y
funciones integrales requieren ser preservadas y
restauradas” (p.32). Su establecimiento está
fundamentado constitucionalmente en el párrafo
tercero del artículo 27.
El marco legal que contempla EA dentro de un ANP
se constituye por:
Constitución Política. El artículo 27 constitucional,
párrafo tercero y artículo 42, incisos II y IV,
mencionan que los arrecifes son parte del
territorio. El artículo 48 señala que los arrecifes
dependerán directamente del Gobierno Federal.
Tratados Internacionales (Convención Ramsar y
Convenio sobre la Diversidad Biológica).
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA). No menciona
EA, sin embargo prevé mecanismos de protección
indirecta a través de instrumentos de política
ambiental como lo son el Ordenamiento Ecológico
Marino (OEM) y la evaluación del impacto
ambiental (EIA). El artículo 28 contempla las obras
y actividades que requieren autorización previa en
materia de EIA.
Ley General de Vida Silvestre (LGVS). No
menciona EA. El artículo 60 TER prohíbe cualquier
actividad que afecte interacciones entre el
manglar, la zona marina adyacente y los corales, o
provoque cambios en sus características y
servicios ecológicos.
Ley Federal del Mar. Su artículo 62 define la
plataforma continental e insular mexicana que
incluye arrecifes.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Su
artículo 12 menciona la responsabilidad ambiental
en el uso u operación de embarcaciones en
arrecifes de coral.
Ley General de Bienes Nacionales. Su artículo 119
fracción II establece que tanto en el macizo
continental como en las islas que integran el
territorio nacional, la zona federal marítimo
terrestre se determinará en la totalidad de la
superficie de cayos y arrecifes ubicados en el mar
territorial.
Ley Orgánica de la Armada de México. Su artículo
2 describe las atribuciones de la Armada de
México; su fracción III especifica realizar acciones
para defender la integridad del mar territorial que
incluye arrecifes.
Código Penal Federal. Su artículo 420 Bis-II
menciona que se impondrá pena de dos a diez
años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa a
quien ilícitamente dañe arrecifes.
Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP. No
menciona EA. El artículo 81 establece que en ANP
se realizará aprovechamiento de recursos
naturales de subsistencia, acordes con demás
disposiciones legales aplicables, pero su inciso g
prohíbe la extracción de corales y materiales
pétreos.
Reglamento de la LGEEPA en materia de EIA. No
menciona EA. Su capítulo II se refiere a las
actividades que requieren autorización de impacto
ambiental y sus excepciones; sus incisos Q y U
mencionan la construcción de arrecifes artificiales.
Decretos Presidenciales para el establecimiento
de ANP.
Programa de Manejo de cada ANP. Son las reglas
del ANP, donde se describen, entre otros aspectos,
, los derechos y obligaciones de sus usuarios.
Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-059-SEMARNAT-2010, establece
categorías de riesgo para algunas especies de
coral.
NOM-006-PESC-1993, regula el
aprovechamiento de especies de langosta.
NOM-008-PESC-1994, regula el
aprovechamiento de especies de pulpo.
NOM-013-PESC-1994, regula el
aprovechamiento de especies de caracol.
NOM-029-PESC-2000, regula el
aprovechamiento de tiburón y especies afines.
NOM-05-TUR-1998, establece requisitos
mínimos de seguridad para operadoras de buceo.
Dentro de los Tratados Internacionales (TI):
Convención Ramsar, publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 29 de agosto de 1986.
Define humedales como marismas y manglares,
pero también arrecifes coralinos y áreas marinas
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
metros; por lo que podrían incluirse algunos EA
rocosos.
Convenio sobre la Diversidad Biológica, publicado
en el DOF el 7 de mayo de 1993. No menciona EA,
pero se refiere a la diversidad biológica en todos
los niveles: ecosistemas, especies y recursos
genéticos.
Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO,
publicada en el DOF el 2 de mayo de 1984. No
establece disposición alguna que refiera de forma
particular a los arrecifes; sin embargo, hace
referencia a la protección del patrimonio que sea
hábitat de especies animales amenazadas y con
valor universal excepcional desde el punto de vista
estético o científico.
Además están las Reservas de la Biosfera
reconocidas en el marco del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB-UNESCO).
Los TI tienen carácter vinculatorio por el artículo
133 constitucional, donde se destaca que
quedarían ubicados en un plano de igualdad con
las leyes federales, por lo que los TI, son Ley
Suprema de la Nación Mexicana.
En conclusión, México carece de una legislación y
políticas públicas específicas para la conservación
de ecosistemas arrecifales. Sin embargo, su
protección se puede realizar a través de la figura
de ANP.
En México, existen 25 ANP que incluyen EA, de los
que sólo 22 presentan programa de manejo, 18
son sitios Ramsar y 8 están dentro del Programa
MAB-UNESCO.
Por lo que se propone cerrar filas con los
organismos académicos (universidades e
institutos de investigación), para elaborar un
programa de monitorización sistematizada
nacional en EA, que incluya todas las
características bióticas y abióticas. De esta
manera, los tomadores de decisión tendrán
insumos suficientes para trabajar en políticas
públicas especializadas en la conservación de
ecosistemas arrecifales coralinos y rocosos.
Además de ser necesario realizar un profundo
análisis de las normas jurídicas a nivel nacional e
internacional, con objeto de delinear o fortalecer el
marco jurídico que permita la protección efectiva
de estos ecosistemas.
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BIBLIOGRAFÍA
Por: Jhojan Alexander Hoyos Cardona
Uno de los principales ingresos a nivel mundial
para las diferentes poblaciones a tasas locales o
regionales es el turismo. En calidad de servicio
comercial internacional, el turismo receptor ha
llegado a ser una de las principales categorías
comerciales del mundo, las exportaciones de
turismo suponen hasta el 30% de las
exportaciones mundiales de servicios comerciales
y el 6% de las exportaciones globales de bienes y
servicios. A escala mundial, como categoría de
exportación, el turismo se sitúa en el cuarto lugar
detrás de los combustibles, los productos
químicos y los de automoción; para muchos países
en desarrollo se trata de una de las principales
fuentes de ingresos por divisas y de la principal
categoría de exportación para la tan necesaria
creación de empleo y de oportunidades para el
desarrollo (OMT, 2011).
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el
organismo especializado de las Naciones Unidas
encargado de la promoción de un turismo
responsable, sostenible y accesible para todos.
Según las previsiones a largo plazo de la OMT,
incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo hacia
2030), las llegadas de turistas internacionales a
escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre
2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones de
turistas (OMT, 2011).
Colombia posee un sinfín de ecosistemas diversos
y atractivos para el turismo, ocupando así Bogotá
el primer puesto como destino turístico, seguido
de tal manera por Cartagena de indias, la cual se
ha caracterizado por ser el principal destino
turístico de sol y playa de Colombia, partiendo del
reconocimiento como patrimonio histórico y
cultural por parte de la Unesco en 1985 (SITCAR,
2014).
Es por esto que el presente ensayo pretende
analizar el impacto del turismo específicamente
en la isla de Barú, una de las islas con mayor
importancia turística de Cartagena de indias, y el
epicentro de una zona estratégica de desarrollo
turístico y comercial en donde se evidencia un
fuerte impacto en la diversidad marítimo-costera.
El turismo en Cartagena ¿sustentable o no?
13Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
Las islas de Barú presentan un hábitat costera
representativa del Caribe que incluye: humedales,
playas y costas (playas arenosas y dunas,
costas rocosas, acantilados, cayos, bosques
costeros y matorrales) y finalmente hábitats
marinos (pantanos y orillas, arrecifes, yerbas
marinas y mar abierto) (Sutton y Sorenson,2008).
Se han identificado una gran variedad de
especies asociadas a los ecosistemas
marítimos-costeros de la isla de Barú, para el
caso de los arrecifes de coral, se han
identificado 62 especies de corales y otros
celenterados. Igualmente, se han identificado 18
especies de corales blandos. Otro grupo
identificado en el área, comprende a los
crustáceos decápodos, con 153 especies; los
moluscos con 244 especies, no menos de 153
especies de equinodermos, 199 especies de
esponjas y 513 especies de peces. En cuanto a
reptiles en el área podemos encontrar tortugas
marinas de la especie Caretta caretta, Chelonia
mydas y Eretmochelys imbricata (PNN, 2006).
Por lo anterior, dichos ecosistemas se ven
altamente afectados por el turismo de múltiples
maneras, entre las cuales se identifican cinco
actividades principales que son: el transporte
(Lanchas, carros, mototaxis), turismo informal
(venta de collares, masajistas, cocineros, etc.) y
formal (empresas hoteleras), agricultura
(disminuido por el potencial turismo) y la pesca
(ANSPE, 2013).
La rápida extensión de las actividades por parte
del turismo han causado la transformación de
los ecosistemas naturales en paisajes
fragmentados, generando la extinción masiva y
acelerada de especies, así como propiciando
riesgo en la funcionalidad y estabilidad de los
ecosistemas (Castaño-Uribe 2003). Del tal
manera las actividades antrópicas han tenido un
impacto significativo sobre las coberturas
vegetales en varios sectores de la isla, entre
estas, la construcción de infraestructuras como
casas de recreo, hoteles, caminos y cercas,
dejando claros en el bosque por efecto de la
tala del mangle conllevado a que sus funciones
dentro del ecosistema natural se pierdan
(Sánchez-Páez et al., 1997).
El área de bosque, es utilizado para la disposición
de escombros y/o desechos generados por
turistas y habitantes de la isla Barú, igualmente el
caso de lagunas de baja mar que al estar tan cerca
a la playa se presta para que todos los desechos
lleguen allí provocando problemas de
contaminación, salubridad y deterioro de la
fauna y flora que llega hasta este punto.
Los ecosistemas marinos constituyen una
importante barrera contra la erosión provocada
por el oleaje y el viento y son considerados como
ecosistemas vulnerables por tratarse de grupos
muy específicos que demandan aguas
trasparentes, sustratos estables y salinidades,
también hay una alta presencia de pastos
marinos, los cuales sirven como hábitat
alimento y origen de cadenas tróficas y refugio
de innumerables especies (Invemar, 2007).
Su conservación es indispensable para el
mantenimiento y el equilibrio del ecosistema
natural en donde participan entes como los son el
INVEMAR, corporación autónoma referente al
departamento de Bolívar (CARDIQUE) y el
gobierno que son los encargados de administrar
los recursos naturales renovables y ejecutar las
políticas, planes, programas y proyectos,
utilizando su capacidad técnica, humana e
investigativa. Por definición legal, una Corporación
Autónoma Regional es la máxima autoridad
ambiental en el ámbito de su jurisdicción y sus
funciones están centradas especialmente al nivel
ejecutivo de la gestión del medio ambiente y
recursos naturales. Son el enlace entre políticas,
planes y proyectos del Ministerio del Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y en
general del gobierno con las entidades territoriales
de su jurisdicción (IOCARIBE, 1997).
Sin embargo no se ve a grandes escalas las
implementaciones de dichas entidades, pues se
siguen generando los mismos problemas y la
diversidad marítimo-costera desciende cada día
más dado a la mala organización de los planes de
manejo de los entes privados y gubernamentales,
pues la urbanización turística debe estar
correctamente planificada y gestionada a fin de
evitar la transformación en los efectos
beneficiosos en consecuencias perjudiciales tanto
como para el hombre como para su entorno
natural (Masri de Achar y Robles Ponce, 1997).
En conclusión para generar estrategias de
conservación y mitigación del impacto
ambiental que conllevan los asentamientos
humanos y actividades de estos como el
turismo y aprovechamiento de los recursos, es
primordial conocer cómo se compone la biota que
habita tanto en la zona de bosques seco tropical
como en los estuarios de la zona de la isla Barú,
para eso se debe proyectar actividades que
contribuyan a la caracterización y conocimiento de
los organismos vivos que allí habitan, asociados
también a estudios ecológicos y su importancia
dentro de los ecosistemas planteados.
Además, es importante incluir el componente
social de los habitantes de la isla de Barú que
pueden aportar a nivel histórico la presencia de
las especies que tal vez se encuentren extintas a
nivel local actualmente. Finalmente reformular los
planes de manejo para mayor integridad de los
ecosistemas y aprovechamiento sustentable de
los recursos.
ANSPE, 2013. Caracterización de Dinámicas Comunitarias II Santa Ana, Isla de Barú. Cartagena Bolivar. 25 pp.
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BIBLIOGRAFÍA
Por: Antonio Gomez
La organización de la Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en
inglés, Food and Agriculture Organization of the
United Nations) lleva desde 1990 monitoreando el
estado de las pesquerías del mundo, destacando
que el 28.8 % de las pesquerías a nivel mundial se
encuentran sobreexplotadas y un 61.3% se
encuentran pescadas en su máximo de
explotación, mostrando una disminución de las
capturas desde 1974 (FAO, 2014). Estudios
recientes destacan que desde 1996 las capturas
han disminuido a nivel global (Pauly y Zeller, 2016).
México, es uno de los principales productores de
pescados y mariscos a nivel mundial. Sin embargo,
cerca del 50% de sus pesquerías a nivel nacional se
encuentran colapsadas en estados de sobrepesca
(Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2011
El 95% de la pesca a nivel mundial es caracterizada
como pesquerías de pequeña escala (McGoodwin,
2001) siendo el principal sustento de la
comunidades pesqueras. La pesca es la actividad
principal de empleo para más de 300 mil familias y
para más de 2 millones de personas
indirectamente (EDF et al., 2015) en México. Así
pues el deterioro de los recursos pesqueros puede
perjudicar gravemente el futuro de las
comunidades pesqueras que dependen de la
pesca como principal actividad económica. Así, se
debe mejorar el estado de los recursos pesqueros
para conservar el modo de vida las comunidades
pesqueras, y también para mejorar el estados de
salud de los ecosistemas marinos.
El presente ensayo pretende analizar el impacto
de la sobrepesca y posibles soluciones para
alcanzar una pesca sustentable para las
comunidades costeras, centrado en el ejemplo
mexicano.
La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el
ser humano sobre peces y/o mariscos, con un
nivel de captura por encima de la capacidad de
regeneración de las especies objetivos. La
sobrepesca tiene efectos directos sobre los
ecosistemas, como son la mortalidad ejercida
sobre las especies objetivos, la mortalidad sobre
las especies que nos son el objetivo de la pesca
¿La pesca, una actividad con futuro?
17Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
Una de las principales causas de la
sobreexplotación de recursos pesqueros y la
pérdida de valor delos productos que salen del
mar, es la pesca ilegal, la cual dificulta el control de
las capturas totales (dificultando tomar medidas
de manejo para la pesca real capturada), y ayuda a
la depreciación delvalor de los productos. Se
estima que de cada 10 kg de pesca registrada
legalmente, existen otros 6kg obtenidos de
manera ilegal (EDF et al., 2012).
A pesar de todos los impactos de la sobrepesca,
existen diversas herramientas pesqueras que
ayudan a revertir el estado de deterioro de las
pesquerías. Una de estas herramientas es la
creación de reservas marinas, que consisten en
zonas donde no está permitido pescar. Las
reservas marinas dan refugio a las especies, las
cuales suelen aumentar de tamaño y densidad
dentro de la reserva.
Asimismo, el aumento de densidad de peces
dentro de la reserva causa que estos se expandan
hacia fuera de los límites de la reserva,
aumentando las capturas en las zonas cercanas a
la reserva (Goni et al., 2008).
Otra herramienta pesquera es limitar el uso de
artes de pescas no selectivo, es decir limitar el uso
de artes de pesca que tengan un porcentaje de
captura incidental alto, para evitar la muerte
innecesaria de los organismos que son el objetivo
de la captura. Por ejemplo, el uso de redes pasivas
pueden llegar a atrapar más de un 34% del peso de
captura de especies las cuales no son el objetivo
de la pesca (Shester y Micheli, 2011). Así, reducir la
pesca incidental, permite que el ecosistema
mantenga sus funciones naturales.
Otra herramienta pesquera es implementar un
manejo basado en derechos, el cual consiste en
asignar un límite de captura, o cuota, en un
territorio a los diferentes pescadores de las
diferentes especies de interés comercial. Esta
cuota debe estar limitada a una captura total
permisible, basándose en información científica,
sin sobrepasar el potencial de recuperación de la
especie explotada (EDF, 2015). Asimismo, existen
otras herramientas pesqueras con el objetivo de
mejorar el estado de las pesquerías, como son
vedas temporales de pesca, tamaño mínimo de
organismo para ser pescado, exclusión de
métodos de pesca, entre otros.
P
or otro lado, se necesita a dotar de una normativa
adecuada para el desarrollo de una pesquería
sustentable. La “Ley general de pesca y
acuacultura sustentables” (México), establece las
normas para regular, fomentar y administrar el
aprovechamiento de los recursos pesqueros y
acuícolas en México. A pesar que a lo largo de esta
ley se utiliza el término de “explotación
sustentable”, se trata de una ley para el fomento
de la pesca, y no existe realmente medidas para
fomentar el desarrollo sustentable, sin plantear la
necesidad de reducir la explotación pesquera. No
existe un fomento de buenas prácticas del manejo
pesquero, que motive a los pescadores a
abandonar la prácticas más nocivas para los
recursos pesqueros y adoptar medidas menos
perjudiciales. Por ejemplo, en una misma zona de
pesca, pescadores que utilicen artes de pesca más
selectivos (ej.: línea y anzuelo) pueden verse
desincentivados si otros pescadores utilizan artes
menos selectivos (ej.: redes),
normalmente con mayores volúmenes de pesca
(McCay y Acheson, 1987). Una nueva agenda
pública debería definirse para implementar
políticas públicas encaminadas a desarrollar una
actividad pesquera sustentable que asegure los
recursos pesqueros a futuro, asegurando así la
forma de vida de las comunidades pesqueras del
amplio litoral mexicano.
En conclusión, en las últimas décadas las capturas
a nivel global han ido disminuyendo, a la vez que
los ecosistemas marinos han sido deteriorados.
Con el fin de conservar los ecosistemas marinos y
el modo de vida de las comunidades costeras, se
deben aplicar herramientas de manejo pesquero.
La combinación del uso de diferentes
herramientas de manejo pesquero puede conducir
a la sostenibilidad de la actividad. Asimismo, es
imprescindible que se implementen estrategias de
manejo efectivas, actualizar el marco legal
existente y mejorar el sistema de generación de
información para fortalecer el manejo. De esta
manera se podrá asegurar los recursos pesqueros
para las generaciones futuras, y para disfrute de
los mexicanos. La salud de los mares y océanos
está en las manos de los mismos usuarios que
viven y disfrutan de él, así que el futuro de estos
empieza con una mejor pesca en el presente.
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BIBLIOGRAFÍA
Foto CHM: Sobrevuelo Sistema Lagunar Alvarado 2012. Derechos Reservados Pemex Exploración y Producción, Activo de Producción Veracruz. Prohibida su reproducción total o parcial.
Por: Carola Guzmán Torres
Considerando que la energía juega un papel
fundamental en la economía del país, el Gas
Natural no Asociado se ha considerado en
particular como una de las fuentes más
importantes de energía debido a que
ambientalmente es más limpio. Petróleos
Mexicanos en la búsqueda de continuar
desarrollando su infraestructura existente desde
los años 50’s en el área del polígono de los Sitios
Ramsar del Sistema Laguna del Alvarado y la
Laguna La Popotera, ha sometido al
procedimiento de evaluación en materia
ambiental, el desarrollo de obras y/o actividades
ante la Autoridades Ambientales.
Petróleos Mexicanos cuenta con una política de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental y principios en los cuales en uno de ellos
se establece que “Petróleos Mexicanos se
compromete a continuar con la protección y el
mejoramiento del medio ambiente”,
comprometido con este principio ha sometido sus
Proyectos Estratégicos de Gas al procedimiento de
Evaluación en Materia de Impacto y Riesgo
o Ambiental y en caso necesario, a Cambios de Uso
de Suelo a través de Estudios Técnicos
Justificativos.
Para el caso particular de los Sitios Ramsar del
Sistema Lagunar de Alvarado y la Laguna La
Popotera, se incluyó en la Manifestación de
Impacto y Riesgo Ambiental una clasificación y
delimitación espacial de los diferentes tipos de
humedales, basada en la evaluación del nivel de
conservación, perturbación y fragmentación de los
humedales; además de considerar la presencia de
especies de interés ecológico y conservación,
considerando la colindancia del ecosistema, grado
de fragmentación, viabilidad del ecosistema y
resiliencia del ecosistema (capacidad de un
sistema para retornar a las condiciones previas a la
perturbación) ; así como la condición o grado de
perturbación.
La delimitación del Sistema Ambiental Regional
(SAR) en estudio, se realizó considerando los
polígonos de los sitios RAMSAR Sistema Lagunar
de Alvarado (sitio 1355) y Humedales de la Laguna
Industria del Petróleo en armonía con los Humedales
21Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
En el SAR existen aproximadamente 690
asentamientos humanos de diferente tamaño,
desde unidades familiares de dos o más viviendas
hasta ciudades como son Puerto de Alvarado,
Ignacio de la Llave y Lerdo de Tejada. Dentro del
SAR están comprendidos parcialmente los
municipios de Acula, Amatitlán, Ángel R. Cabada,
Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan de
Carpio, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Lerdo
de Tejada, Medellín, Saltabarranca, Tierra Blanca,
Tlacotalpan, Tlalixcoyan y Tres Valles, la mayoría
de ellos relacionados con el aprovechamiento de
los recursos naturales ya sea directamente a
través de la pesca, la acuacultura, agricultura,
ganadería, o indirectamente a través de los
múltiples servicios que requieren estas
actividades.
Uno de los aspectos relevantes que se encuentran
en el Sistema Lagunar de Alvarado, es la existencia
de áreas muy afectadas por actividades
antropogénicas y la cercanía de asentamientos
humanos que vierten a estos cuerpos de agua sus
aguas negras, y un sin número de contaminantes
ya sea directamente o de forma indirecta como los
plaguicidas.
En el SAR, hay zonas húmedas con mayor
diversidad biológica, relacionada a la presencia de
humedales como el manglar y pantanos con
vegetación hidrófita; sin embargo, es uno de los
principales centros de producción agrícola en
Veracruz, con el cultivo de caña de azúcar;
productos básicos como maíz y arroz; además de
frutales tropicales (piña, papaya, entre otros).
Actualmente los humedales enfrentan serias
amenazas, siendo la principal la desecación de
lagunas y la destrucción del manglar, que en la
última década ha incrementado su tasa
significativamente, ya que algunos autores la han
estimado en 1.66%, y en este estudio del 2.5%
anual, en cualquier caso el motivo ha sido la
transformación a fines agropecuarios. Los
humedales poseen un alto valor natural por las
funciones y servicios ambientales que
desempeñan, su transformación implica la pérdida
de éstas funciones ambientales, y suprimiendo la
presencia de especies únicas como el pato real
mexicano y planta carnívora de los humedales.
La Población Económicamente Activa (PEA) en el
SAR es del 43%, de este porcentaje un 45%
dedicado al sector primario, en donde la caña de
azúcar es la vocación productiva preponderante,
siguiéndole el arroz y el maíz. Los trabajadores en
el sector secundario (14% del PEA) lo realiza en
ingenios azucareros, extracción de hidrocarburos,
generación y suministros de agua y electricidad,
construcción o industria manufacturera,
finalmente un 40% del PEA esta empleado en el
sector terciario representado por comercio,
transporte, servicios profesionales, en el gobierno,
turismo y otros servicios.
En el polígono de los Sitios Ramsar evaluados
ambientalmente coexisten por un lado humedales
del tipo manglar, popal y tular de gran importancia
natural, alta biodiversidad, valores de hábitat,
presencia en especies con estatus de
conservación, servicios hidrológicos, que
contribuyen a la estabilidad de litoral y de gran
belleza escénica, pero por otro lado, una gran
matriz de usos agrarios que las políticas de
desarrollo han promovido, de tal suerte que una
gran parte del área (51%), esta transformada por
las actividades agropecuarias y de desarrollo
urbano, que a su vez representan amenazas
endógenas para las áreas que aún se conservan
con diferencial grado de funcionalidad ecológica.
En pocos lugares de tanto valor natural, puede
apreciarse la presión tan notable por la expansión
de la frontera agropecuaria y asentamientos
humanos.
La evaluación ambiental del polígono del SAR
consideró poner a consideración de la Autoridad
Ambiental una clasificación de humedales dentro
del SAR destacado su tamaño y continuidad con el
Manglar y las comunidades de hidrófitas de
Popales y Tulares del Sistema Lagunar de Alvarado
y de la Laguna La Popotera. Sin embargo, las
amenazas de estos ecosistemas son ocasionados
principalmente en primer lugar por la expansión de
la frontera agrícola y ganadera, el desarrollo de los
asentamientos humanos y la contaminación de
sus aguas.
En el análisis de fragmentación así como la
clasificación de tipos de humedal y análisis de la
sensibilidad ecológica, se consideraron 4 tipos de
Humedal:
Humedal tipo 1: Manglar
Humedal tipo 2: Vegetación Hidrófita (popales y
tulares), Subtipos 2A, 2B y 2C.
Humedal tipo 3: Zonas de Transición de Humedal
tipo 2 a Paztizal Inundable.
Humedal tipo 4: Pastizales Inundable.
El desarrollo de este proyecto se vinculó con el
Plan de Negocios del 2007 – 2012 de Petróleos
Mexicanos en su objetivo I.3: “Elevar la
Exploración, Producción y Transformación de
Hidrocarburos de Manera Sustentable”.
Coadyuvando a la ejecución de proyectos
estratégicos de gas mediante la aplicación de
instrumentos de evaluación en materia ambiental
y el establecimiento de medidas de mitigación y
compensación para minimizar o evitar impactos
ambientales y así dar continuidad al desarrollo de
los campos petroleros ya existentes y explorar
nuevos yacimientos para contribuir al desarrollo
sustentable del país, sin perder el compromiso de
continuar con la protección y el mejoramiento del
medio ambiente. Dentro de las buenas prácticas
que se tienen para preservar el medio ambiente
previo a la ejecución de los proyectos, es la figura
de acreditado ambiental representada por una
entidad académica, quienes se encargan de
verificar en campo el cumplimiento de las medidas
de prevención y mitigación; así como de los
Términos y Condicionantes de las Autorizaciones
Ambientales emitidos por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) bajo
las cuales nos ha autorizado el desarrollo de obras
o actividades de los proyectos que se realizan.
Finalmente, considero que proyectos como éste o
de cualquier otra naturaleza pudieran ser factibles
ambientalmente; siempre y cuando se
establezcan las estrategias de estudio y análisis
de una manera integral en coordinación con los
demás sectores, para que conjuntamente se
implementen las acciones o planes de manejo
para la protección del medio ambiente en la etapa
previa, durante y posterior a la ejecución de los
mismos. Y de todo lo que se derive se regule y
administre el uso de suelo, debido a que nos están
rebasando las actividades antropogénicas.
Manifestación de Impacto Ambiental Proyecto Integral de Pemex
Exploración y Producción en los Sitios Ramsar “Sistema Lagunar
de Alvarado y Humedales de la Laguna La Popotera. 2011-2012.
Plan de Negocio de Petróleos Mexicanos 2007- 2012.
Convenio de Acreditación Ambiental para el Cumplimiento de
Términos y Condicionantes del Activo Integral Veracruz.
2010-2012.
BIBLIOGRAFÍA
Por: Denisse Ángeles Solís
Al norte del estado de Quintana Roo, México, se
ubica el Área de Protección de Flora y Fauna Yum
Balam que comprende a la Isla de Holbox;
reconocida a nivel mundial por sus belleza
paisajística, calles arenosas, aguas someras y por
la presencia del majestuoso tiburón ballena,
siendo un sitio perfecto para relajarse y convivir
con la naturaleza; sin embargo, la alta visitación
turística ha ocasionado que la generación de
residuos sólidos aumente de manera significativa
debido a la gran demanda de productos y
servicios; convirtiéndose en una Isla que está al
borde de la basura.
A continuación se analizará la problemática que se
presenta en la Isla de Holbox debido al mal manejo
de los residuos sólidos y los efectos que esto
ocasiona al ambiente, a la salud humana y al
turismo entre otros, se explicará de manera breve
el manejo de los residuos en la Isla, análisis legal
del manejo, acciones coordinadas entre las
diversas instituciones correspondientes y por
último se darán recomendaciones y conclusiones.
Mediante el decreto presidencial del 6 de junio de
1994, se crea el Área de Protección de Flora y
Fauna Yum Balam, que incluye 13 tipos de
ecosistemas con una gran biodiversidad
neotropical y presencia de especies endémicas,
raras y en peligro de extinción (CONANP, 2005).
Comprende las comunidades de Chiquilá y la Isla
de Holbox (DOF, 1994).
La Isla de Holbox se caracteriza por sus aguas
enriquecidas por nutrientes debido a que se crea
un importante sistema de surgencia proveniente
de las corrientes profundas que surcan el Canal de
Yucatán, lo que genera una enorme producción de
plancton, provocando la presencia de
innumerables especies marinas, de igual forma,
durante los meses de mayo a septiembre se
cuenta con grandes grupos de tiburones ballenas
(Rhincodon Typus) que se acercan al área para
alimentarse (García y Nava 2007), es una isla de
barrea de aproximadamente 46 km de largo y se
ubica al norte del Municipio de Lázaro Cárdenas,
del estado de Quintana Roo.
Isla caribeña al borde de la basura
24Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
En un principio la principal actividad económica de
Holbox era la pesca ribereña, sin embargo a
mediados de los 80´s se empiezan a construir los
primeros hoteles para ofertar la actividad turística
siendo esta hoy la principal actividad económica
(Palafox, 2007). En el 2002 se empieza a ofertar la
actividad para el nado y observación del tiburón
ballena (Gretty, 2013).
A raíz de esto el turismo en la isla empieza a
aumentar, causando el incremento de la
generación de residuos sólidos que se manifiesta
principalmente en dos aspectos: se acelera la
modificación de los hábitos de consumo en la
población local, pasando de desechos de fácil
degradación propios de una pequeña comunidad
pesquera a un incremento de desechos de difícil
biodegradación, como plásticos, vidrios, metales,
baterías, electrónicos entre otros para poder
ofrecer los servicios de comida y hospedaje para el
sector turístico que corresponde al 54% de la
generación total de residuos sólidos mientras que
46% proviene de domicilios y pequeños comercios
(CONANP 2014).
Por lo anterior, empiezan con un vertedero a cielo
libre que se utilizaba para la quema y reducir el
volumen de los residuos generados a partir de
esto, surge la necesidad de crear un sitio de
transferencia para poder almacenar, separar y
compostear los residuos sólidos generados en la
Isla. En el 2008 con apoyo de la Secretaría de
Medio Ambiente del Estado (SEMA) en
colaboración con la Asociación Civil Yaax Beh,
gobierno municipal y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se crea un
sitio de transferencia y acopio de residuos
reciclables, se capacita e integra un grupo
comunitario para la separación y aprovechamiento
de materiales reciclables y la participación de
algunos hoteles y empresarios en la Isla, que
absorben algunos costos de operación (Alonzo,
Por lo anterior, empiezan con un vertedero a cielo
libre que se utilizaba para la quema y reducir el
volumen de los residuos generados a partir de
esto, surge la necesidad de crear un sitio de
transferencia para poder almacenar, separar y
compostear los residuos sólidos generados en la
Isla. En el 2008 con apoyo de la Secretaría de
Medio Ambiente del Estado (SEMA) en
colaboración con la Asociación Civil Yaax Beh,
gobierno municipal y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se crea un
sitio de transferencia y acopio de residuos
reciclables, se capacita e integra un grupo
comunitario para la separación y aprovechamiento
de materiales reciclables y la participación de
algunos hoteles y empresarios en la Isla, que
absorben algunos costos de operación (Alonzo,
2014 en CONANP, 2014). Sin embargo este
proceso se ve afectado por los cambios del
gobierno municipal.
En México el art. 115 constitucional fracción III
apartado c) (DOF 2009), señala que los municipios
son responsables del manejo, recolecta y
disposición final de los residuos sólidos, lo que
puede poner en riesgo la sostenibilidad del manejo
adecuado; ya que al presentarse los cambios del
gobierno municipal, en ocasiones los procesos que
se vienen trabajando pueden caerse debido a la
falta de presupuesto, cambio de personal, entre
otros. Tal es el caso de lo ocurrido en la Isla de
Holbox, en el 2011 hay un cambio en la
administración municipal, afectando el sistema de
manejo, recolección y disposición final de los
residuos sólidos.
Es importante mencionar que actualmente el
centro de transferencia funciona como un sitio de
recolección; es decir todos los residuos sólidos
generados en la Isla se almacenan sin ningún tipo
de separación y aprovechamiento, sin que estos se
transfieran a continente para un adecuado
Finalmente, se puede ver que a pesar de que
existen instituciones interesadas en resolver un
problema ambiental que genera daños de diversas
índoles; no ha sido posible avanzar y solucionar
este problema de manera drástica debido a que la
institución responsable carece de recursos
humanos, financieros e interés para solucionarlo.
Esto sólo genera que las acciones que se realicen
sean de manera puntual y que exista un
descontento por parte de los pobladores. Sin
olvidar que la CONANP no cuenta con atribuciones
para poder atender este problema desde la raíz; es
decir; no puede contratar personal, proveer de
equipos y maquinaria para la transferencia de los
residuos sólidos a continente, lo que ha
ocasionado que las acciones que se realicen sean
poco significativas.
Continuamente se invita a la municipio a unirse a
estos esfuerzo; sin embargo no ha habido alguna
respuesta o acción contundente, probablemente
se deba a que esta situación no forma parte de su
agenda pública; por lo tanto se recomienda que
temas prioritarios que no sólo dañan el ambiente,
salud humana y al turismo sean temas prioritarios
que no se vean afectados por los cambios
administrativos ni gubernamentales; ya que estos
procesos que llevan tiempo en ejecutarse con
mucha facilidad se pueden debilitar o caer.
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BIBLIOGRAFÍA
Foto: http://www.sexenio.com.mx
Por: Maria Fernanda Urrutia Osorio
La importancia de los manglares es indiscutible,
ecológicamente estas especies y el ecosistema
que forman brindan servicios ambientales tales
como el filtrado de aguas residuales disminuyendo
la carga de materia orgánica del agua, la protección
contra tormentas; sirven como lugares de crianza
para especies comerciales; capturan, almacenan y
liberan carbono, fijan el nitrógeno al suelo y en
general protegen la biodiversidad del ecosistema
(Sanjurjo Rivera y Welsh Casas 2005).
Las noticias sobre desastres ecológicos rara vez
suenan en nuestro país. Sin embargo, desde hace
un par de semanas, no hemos dejado de escuchar
acerca del ecocidio sucedido en el manglar de
Tajamar, en Cancún, Quintara Roo, México.
Desafortunadamente, los servicios ambientales y
la importancia de los manglares son ignorados
cuando el único objetivo es alimentar la codicia de
grupos de empresarios y constructoras que lo
único que buscan es su propio beneficio. Este es el
caso del manglar Tajamar, ubicado en Cancún,
Quintana Roo, el cual tiene al menos 30 especies
de mamíferos, aves, reptiles y crustáceos así como
las cuatro especies de manglares y animales bajo
la NOM-059, que protege a las especies de flora y
fauna en categoría de riesgo (Enciso L. y Águila
2016).
En la madrugada del 16 de enero de 2016,
alrededor de 50 hectáreas del manglar Tajamar
fueron destruidas con camiones y maquinaria
pesada mientras la policía municipal acorralaba el
área. La zona quedó devastada y se perdieron
tanto especies de manglar como animales:
cocodrilos, aves, crustáceos, ardillas, iguanas, etc.
La destrucción del manglar Tajamar: un ejemplo claro de un manejo ineficiente
28Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©
Este ensayo pretender abordar el conflicto que
este suceso generó entre la comunidad de Cancún
y los empresarios y estancias del gobierno. El
objetivo es dar a conocer los hechos y brindar
información acerca de cómo este desastre fue
generado por la irresponsabilidad, corrupción e
ineficiencia de las entidades involucradas y cómo
este caso puede servir como ejemplo de lo que no
se debe hacer en tema de gestión de zonas
costeras.
El proyecto nace a principios del año 2000, pero no
es hasta el 2006 que la SEMARNAT otorga los
permisos a FONATUR para construir en el área aún
bajo una serie de irregularidades en la
Manifestación de Impacto Ambiental y en los
permisos de cambio de uso de suelo (Enciso L. y
Águila 2016). Es importante mencionar que estos
permisos serían vigentes hasta febrero de 2016,
por lo que los acontecimientos ocurridos en la
madrugada del 16 de enero son también un acto
de desesperación por parte de los interesados
debido a la fecha expiración de los permisos de
construcción.
En agosto de 2015, la PROFEPA suspendió
provisionalmente los trabajos en el manglar
Tajamar debido a una denuncia por parte de la
ciudadanía (niños) que exigían la protección de la
flora y la fauna de la región. Sin embargo, ningún
inspector o miembro de la autoridad de la
dependencia realizó el procedimiento de
evaluación del daño ecológico y unos meses
después las denuncias quedaron ignoradas,
ejemplificando claramente lo que es la
discrecionalidad de los funcionarios públicos,
donde el comportamiento del personal de una
dependencia puede influir de manera directa en la
aplicación de las leyes.
Es importante mencionar que en 2007, entró en
vigor el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida
Silvestre, donde queda prohibida la remoción,
relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o
actividad que afecte la integralidad del flujo
hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona
de influencia; de su productividad natural; de la
capacidad de carga natural del ecosistema para los
proyectos turísticos; de las zonas de anidación,
reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o
bien de las interacciones entre el manglar, los ríos,
la duna, la zona marítima adyacente y los corales,
o que provoque cambios en las características y
servicios ecológicos (DOF 2007).
Entonces, una vez que el ecosistema de manglar
de Tajamar fue destruido, los tres niveles de
gobierno, así como las dependencias responsables
en materia ambiental tienden a “pasarse la bolita”
en innumerables circunstancias y ésta no fue la
excepción. Por un lado, el gobernador de Quintana
Roo, quien es acusado por ordenar destruir el
manglar Tajamar se ha deslindado de las
acusaciones y por otro lado, hasta el ex presidente
de México, Felipe Calderón, se defiende con la
postura que su gobierno declaró en materia
ambiental la ley que prohíbe destruir el manglar. La
SEMARNAT defiende la legalidad de sus actos
debido a que los permisos fueron otorgados
previos al decreto del Artículo 60 TER de la Ley
General de Vida Silvestre (Vásquez 2016). Además,
el secretario actual de esta entidad, Rafael
Pacchiano Alemán mencionó a finales de enero
que por disposición judicial los trabajos en el
proyecto Malecón Tajamar quedaban suspendidos
en su totalidad. Por otro lado, FONATUR considera
que la zona no se puede considerar un manglar,
sino una zona impactada urbanamente (Enciso L. y
Águila 2016) y FONATUR declara haber dado
cumplimiento a los requerimientos ambientales
previstos por la Ley (Expansión 2016). Finalmente
la PROFEPA menciona que lo ocurrido no fue un
un ecocidio, ya que la zona no es considerada sitio
RAMSAR y que dicha área ya presentaba desde
2005 un proceso de fragmentación y reducción de
hábitat (Expansión 2016).
Considerando lo anterior, si analizamos la
definición de políticas públicas, las cuales son
aquellas decisiones y acciones de gobierno que se
toman para resolver un problema, situación o
cuestión pública; la manera en que este conflicto
debería atenderse es a través de discusiones y
debates que resulten en una aplicación correcta de
la normatividad ambiental para poder evitar o en
este caso, resolver el conflicto.
En conclusión, la gestión ambiental de un proyecto
tan complejo, el conflicto abordado en este ensayo
es un claro ejemplo de un manejo de una zona
costera donde los aspectos legales son ignorados
o utilizados de manera incorrecta y donde las
políticas públicas son ineficientes y hasta
inexistentes, donde las estancias responsables
tienden a evadir los problemas y a “limpiarse las
manos”.
Actualmente se están mencionando muchas
versiones del caso, lo cual pone en duda la
veracidad de los hechos, pero lo que si debe
quedar claro es que un conflicto de esta magnitud
pone en riesgo un ecosistema de gran importancia
ecológica, económica y social, que sirve como
pulmón en áreas urbanizadas y que sin duda debe
ser manejado por personas con el conocimiento, la
integridad y las capacidades necesarias para poder
conservar nuestros recursos naturales
DOF. 2007. “Diario Oficial de La Federación.” 82:25–46.
Enciso L, Angélica and Carlos Águila. 2016. “La Jornada.” Semarnat Mantuvo El Permiso a Tajamar Pese a Irregularidades,
January 25, 34. Retrieved (http://www.jornada.unam.mx/2016/01/25/sociedad/034n1soc).
Expansión, CNN. 2016. “CNN.” “No Hubo Ecocidio” En La Tala Del Tajamar, Dice La Profepa, January 28. Retrieved
(http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/28/no-hubo-ecocidio-en-la-tala-del-tajamar-dice-la-profepa).
Sanjurjo Rivera, Enrique and Stephanie Welsh Casas. 2005. “Una Descripción Del Valor de Los Bienes Y Servicios
Ambientales Prestados Por Los Manglares.” Gaceta Ecológica (74):55–68. Retrieved
(http://www.redalyc.org/pdf/539/53907405.pdf).
Vásquez, Jesús. 2016. “El Economista.” Contradice Semarnat Su Propio Fallo Sobre Tajamar, January 24. Retrieved
(http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/contradice-semarnat-su-propio-fallo-sobre-tajamar).
BIBLIOGRAFÍA
Por: María Esther Jiménez López
Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción de
territorio cuyo fin es conservar la biodiversidad
representativa de los distintos ecosistemas para
asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos. Son el
instrumento de política ambiental con mayor
definición jurídica regulando sus actividades bajo
el marco normativo de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente. México
presenta una importante diversidad biológica
debido a su variedad de climas y posición
geográfica. Cuenta con 176 ANP´s de carácter
federal divididas en Nueve Regiones. Desde los
40´s se ha adherido a Convenciones
Internacionales que atienden la preservación del
equilibrio ecológico y protección al ambiente
donde directa o indirectamente están
contemplados los cetáceos, como la Comisión
Ballenera Internacional de la cual nuestro país es
miembro desde 1949.
Adicionalmente, existen dos Áreas de Refugio para
estas especies, una dirigida a la protección de la
vaquita en el Alto Golfo de California y la otra
destinada a proteger las grandes ballenas en
todas las zonas marinas del país mediante el
acuerdo establecido por Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales el 24 de Mayo de
2002.
Las principales áreas son la costa de Pacífico de
Baja California Sur y del Golfo de California lugares
donde se observa la mayor diversidad de cetáceos,
éstas se traslapan con actividades antropogénicas
tanto del sector pesquero como turístico que
representan múltiples amenazas, tales como la
depredación de su alimento, colisiones con
embarcaciones, ruido antropogénico,
contaminación.
Otro amenaza importante es la pérdida de la
biodiversidad (1) debido a, los desarrollos
turísticos y urbanos1, y una de las estrategias para
su mitigación a través del turismo enfocado hacia
la naturaleza motivando a los pobladores a
proteger la vida silvestre y ecosistemas locales,
generando atracción de visitantes y beneficio
económico a la comunidad (2) como es el caso de
la ballena gris del Pacífico Oriental (Eschrichtius
robustus) especie valorada a nivel mundial por su
importancia como mamífero carismático (figura 1).
Importancia de las Áreas Naturales Protegidas en las zonas de Observación de Ballena Gris
32©
Por ello el principal objetivo del presente ensayo es
analizar la importancia de las ANP´s en zonas de
observación de ballenas en términos de
conservación de las especies.
El esfuerzo por conservar ambientes marinos ha
aumentado ejemplo de esto es el establecimiento
de reservas marinas como una parte necesaria e
integral de las políticas más amplias de Manejo de
Zonas Costeras. Su prioridad es proporcionar
protección a especies objetivo como los cetáceos
que son especies ecológicas indicadoras y su
protección garantiza la salud del resto de los
componentes clave del ecosistema marino1 y son
sensibles a la disponibilidad de refugios
estacionales adecuados para aparearse y parir,
zonas de alimentación. Identificar estas áreas
clave proporciona herramientas para las acciones
de conservación y manejo adecuado.
En la costa occidente existen tres zonas
importantes en la reproducción de la ballena gris al
norte Laguna Ojo de Liebre y Laguna San Ignacio
(LSI) que se ubican dentro de la Reserva de la
Biosfera del Vizcaíno, al sur Bahía Magdalena. La
LSI se mantiene prácticamente inalterada por la
intervención humana, fue objeto de varios
decretos como zonas de refugio para ballenas y
y ballenatos y Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de la Humanidad por la ONU. Actualmente
operan 25 embarcaciones menores de seis
permisos autorizados con siete zonas de
embarque, 16 embarcaciones simultáneas (una
persona de la localidad se encarga de monitorear
que este número no se exceda) y dos
embarcaciones mayores fondeadas1. Cuenta con
infraestructura no invasiva al ambiente (albergues
y restaurantes) para promover actividades
enfocadas a la conservación y preservación del
lugar explotando otros recursos. Dicha actividad
en 1994 generó 1.6 millones de dólares2 y en el
2006 la cifra mejoro en un 70% con mejores
beneficios sociales e involucramiento de la
comunidad con la ANP.
El complejo Lagunar de Bahía Magdalena no está
incluido dentro de una ANP por lo que sus
actividades turísticas y ganancias económicas son
diferentes a LSI. Se analizó el valor económico del
avistamiento de ballenas a través de un marco
costo-beneficio y se concluyó que los ingresos que
obtienen las comunidades locales fue significativa
pero no maximizada la zona no ofertar otras
actividades recreacionales. Se propuso estructurar
los precios de dos niveles uno para los mexicanos
y otro para los extranjeros o compartir los costos
de la publicidad y diversificar los productos del
avistamiento de cetáceos, para atraer ecoturistas
de alto nivel adquisitivo. Sin embargo, hasta la
fecha nada sucede, la comunidad no tienen la
infraestructura para un turismo de alto nivel,
existe desorganización entre los lugareños aunado
a problemas internos entre las cooperativas y la
sub-renta de los permisos, es decir solo unos
cuantos obtienen beneficios de la actividad
turística de observación de ballenas y los precios
no están bajo ningún reglamento aunado a la falta
de vigilancia para la aplicación de las normas de
observación de ballenas.
Figura 1. Observación de ballena gris en las lagunas costeras de Ojo de Liebre y
San Ignacio en Baja California Sur (Fuente: Periódico avance).
Conclusión.
Se puede decir que la presencia de un ANP dentro
de las zonas donde se lleva a cabo la observación
de ballenas tiene diversas ventajas que pueden ser
en términos de conservación de la especies ya que,
si éstas zonas pertenecen a una ANP las
autoridades a cargo crean un vínculo con las
comunidades para el desarrollo de estrategias que
ayuden al desarrollo de las comunidades y la
conservación de las especies. Ejemplo de ellos fue
la creación de Área Marina Protegida que ayudo a
propiciar la promulgación y aplicación de leyes
para vigilar tráfico de embarcaciones, aparejos y
redes de pesca utilizadas no sólo en la laguna sino
en todas a las que pertenecen al Vizcaíno. Así
como atención en temas de contaminación y
degradación ambiental de las áreas terrestres
circundantes y el cierre por completo al turismo a
hábitats sensibles de la especie.
En términos económicos es una actividad que
genera ganancias (figura 2) si se tienen
organización entre los locatarios y trabajo en
conjunto con las autoridades.
Como el llegar a acuerdos entre autoridades y
comunidad, ejemplo de ello fue asegurar que la
actividad fuera exclusiva de los pobladores a partir
de 1991 como parte de la compensación por la
prohibición de pesca en la LSI durante la
temporada invernal1.
Dentro de este marco se observa un gran desafío
en todos aquellos países donde el avistamiento de
cetáceos recién se comienza, y es el cómo
involucrar a operadores externos sin que acaparen
el control como ocurre en Bahía Madalena. Esto es
posible mediante un sistema de permisos
efectivos y/o de manejo a través de AMPs, ya que
entonces las limitaciones y restricciones pueden
ser aplicadas a los permisos que se expiden.
Por lo cual LSI es tomada como ejemplo a nivel
mundial, la forma en que realizan la observación
de ballenas colabora en aumentar la conciencia
ambiental de los pobladores locales,
organizaciones e instituciones. Como sucedió en la
década de 1990 la Corporación Mitsubishi cabildeó
al gobierno mexicano ampliar sus actividades
relacionadas con la sal al área de las lagunas del
norte hábitat protegido de la Ballena gris, pero un
grupo de ayuda internacional se unió al Grupo de
los Cien de México para proteger las lagunas y al
ecotourismo local. En marzo de 2000 la campaña
fue exitosa, demostrando que el apoyo para la
Ballena gris se había consolidado en México y que
la designación del AMP era mucho más que un
simple papel. Lo que nos lleva a ver el sentido de
pertenencia que la población tienen hacia sus
recursos e involucrarse con su región que se
encuentra incluida en una ANP y a su vez las ANP´s
involucren a los pobladores como ocurre en
Laguna San Ignacio.
Red en Política Pública
Diagrama de Red en Política Pública
1-Gowdy, JM. 1997. The value of biodiversity: markets, society, and ecosystems. Land Economics 73 (1):25-41.
2 -Gössling, S. 1999. Ecotourism: a means to safeguard biodiversity and ecosystem functions?. Ecological Economics 29:
303-320
3 Hooker, S. K., & Gerber, L. R. (2004). Marine Reserves as a Tool for Ecosystem-Based Management: The Potential
Importanceof Megafauna. BioScience, 54(1), 27. http://doi.org/10.1641/0006-3568(2004)054[0027:MRAATF]2.0.CO;2.
4 Brock, RJ, E Kenchington y A Martínez Arroyo. 2012. Directrices científicas para la creación de redes de áreas marinas
protegidas en un contexto de cambio climático, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, Canadá, 2012.
5 Gardea, O Manuel. 2014. Aprovechamiento no extractivo de mamíferos marinos: Ballena gris en áreas Naturales
Protegidas vs no protegidas. Memorias de taller Áreas Naturales Protegidas y los mamíferos marinos. Universidad
Autónoma de Baja California Sur. Octubre 10, 2014.
6 Dedina, S & Young EH. 1995. Conservation and development in the gray whale (Eschrichtius robustus) lagoons of Baja
California Sur, Mexico. Report to the U.S. Marine Mammal Commission. Contract No. T10155592.
7 Agersted, PR. 2006. Evaluating ecotourism in México's biosphere reserves: whale watching activities in the world heritage
site of Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México 1994-2002. MSc Thesis, University of British Columbia.
8 Hoyt E & M Íñiguez. 2008. Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina. WDCS IFAW Global fundation.
REFERENCIAS
Por: Katerine Palacio Ayala
Los manglares constituyen un ecosistema
irremplazable y único, que alberga a una increíble
biodiversidad por lo que se los considera como una
de las cinco unidades ecológicas más productivas
del mundo, con niveles de productividad primaria
que superan la de muchos sistemas agrícolas
(Minambiente, 2002). En Colombia los manglares
ocupan una superficie aproximada de 380.634 ha,
de las cuales 292.726 ha se encuentran en el
litoral Pacífico y 87.908 ha en el Caribe (INVEMAR,
2004). Específicamente en Antioquia, en el golfo
de Urabá, se tiene la zona más extensa de
manglares del caribe, los cuales son motivo de
atención, debido no solo a su importancia
ecológica, sino también a las amenazas que
presenta enmarcadas en la degradación ecológica
que enfrenta, pese a esfuerzos aunados por parte
del Ministerio de Ambiente, la gobernación de
Antioquia, universidades, ONG´S, entre otros.
Dentro de los problemas encontrados para los
manglares del Golfo de Urabá, en Antioquia, se
tienen la erosión costera, minería ilegal, obras de
infraestructura vial, deforestación, entre otros (los
cuales provocaron que, desde enero de 2002 y
hasta junio de 2004 se ejecutara el proyecto
“Manejo Sostenible y Restauración de los
Manglares por Comunidades Locales del Caribe de
Colombia”) (INVEMAR, 2004) es precisamente el
tema de deforestación el problema central en el
que hará énfasis el presente escrito; debido a que
desde la localidad en la que resido (Turbo,
Antioquia, ubicado en el Golfo de Urabá, Caribe
Colombiano) son evidentes los estragos y
consecuencias que las actividades antrópicas han
hecho a este ecosistema que le presta múltiples
beneficios al hombre.
Este artículo busca discutir las razones por las
cuales, los manglares no han podido entrar a la
agenda política local, (aun cuando se han
adelantado acciones desde todas las escalas de
gobierno), debido a que no se evidencia una
disminución significativa del problema de
deforestación y deterioro de este importante
ecosistema. Primero se hablará del origen del
problema, seguido de algunas acciones llevadas a
cabo para reducirlo y finalmente una reflexión
Soluciones y manejo administrativo = Degradación del manglar
37©
sobre las responsabilidades de cada actor
involucrado en esta problemática.
El Instituto de Investigaciones marinas y costeras
“José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) en el
2004, afirmó que la deforestación del manglar se
asocia al déficit hídrico, la expansión de la zona
urbana, y adicional a ello se tiene la demanda por
esta madera para la producción de carbón y la
construcción de obras de infraestructura. Pese los
muchos beneficios que prestan los manglares
(protección a gran cantidad de organismos en sus
troncos, reduce el impacto de las mareas, previene
inundaciones, provee materia prima, captura
dióxido de Carbono) (Minambiente, 2002), entre
otros, los logros en su preservación no han sido
muchos.
Turbo en Antioquia (Colombia), posee el 90% de los
manglares del Golfo (CORPOURABA, 2013), siendo
los más conservados los ubicados en el Delta del
Rio Atrato (Chocó), sin embargo, los datos de las
investigaciones realizadas durante la Expedición
Estuarina Golfo de Urabá en el marco del proyecto
Expedición Antioquia, 2013, descubrieron en
detalle que los manglares presentan una
degradación ecológica, evidenciaron basuras, tala,
construcciones y huellas; afirman además que
esto se asocia con el aumento de la población, la
expansión de la zona agrícola y ganadera, la
situación de pobreza de las comunidades las que
han permitido que el problema cobre mayor fuerza
con el pasar de los años como lo manifiesta el
periódico el Mundo en su artículo Manglares en
Riesgo, publicado en 2013.
Las instituciones como la Corporación Autónoma
para el Desarrollo Sostenible de Urabá
(CORPOURABA) y la Universidad de Antioquia,
mediante convenios, asociaciones e
investigaciones desarrolladas en la región de
Urabá, han facilitado el conocimiento actual y real
de las condiciones a las que se enfrentan el
ecosistema de manglar. Información que como
deja ver un artículo publicado por el reconocido
investigador Juan Felipe Blanco Libreros, profesor
del Instituto de Biología y coordinador del Grupo
Ecología Lótica: Islas, Costas y Estuarios (ELICE),
de la Universidad de Antioquia (Colombia), es de
mucho interés para la comunidad internacional
(Blanco, 2015); pero que conociendo la
importancia del ecosistema para las comunidades
locales, no se han efectuado operaciones
realmente significativas para entender de forma
integral el problema, realizar una respectiva
definición, convocar a los actores claves e iniciar un
proceso de política pública que no solo permita la
preservación del manglar sino también la
realización de actividades económicas de forma
sostenible.
A lo largo de los años, se han emprendido muchos
acciones y campañas de reforestación, se han
propuesto alternativas distintas a la explotación
del manglar, no siendo suficientes para disminuir
este problema creciente. Se han establecido
vedas, decomisos y controles, no obstante el
problema de la deforestación y la protección de
ecosistemas no ha superado el filtro de pasar de
una agenda sistémica, a ser objeto de la agenda
política, en el municipio de Turbo.
Es necesario que las comunidades se involucren
más en la proposición y puesta en marcha de
soluciones ante sus problemáticas, dado que son
las instituciones quienes presentan los
argumentos con los cuales se puede solicitar
programas, recursos y reuniones estratégicas, y
no se puede dejar en manos ni de la
administración ni de estas toda la responsabilidad
y tareas que competen a un mayor número de
actores en el logro de un objetivo común. Aunque
sobre las responsabilidades de cada actor
involucrado en esta problemática.
El Instituto de Investigaciones marinas y costeras
“José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) en el
2004, afirmó que la deforestación del manglar se
asocia al déficit hídrico, la expansión de la zona
urbana, y adicional a ello se tiene la demanda por
esta madera para la producción de carbón y la
construcción de obras de infraestructura. Pese los
muchos beneficios que prestan los manglares
(protección a gran cantidad de organismos en sus
troncos, reduce el impacto de las mareas, previene
inundaciones, provee materia prima, captura
dióxido de Carbono) (Minambiente, 2002), entre
otros, los logros en su preservación no han sido
muchos.
Turbo en Antioquia (Colombia), posee el 90% de los
manglares del Golfo (CORPOURABA, 2013), siendo
los más conservados los ubicados en el Delta del
Rio Atrato (Chocó), sin embargo, los datos de las
investigaciones realizadas durante la Expedición
Estuarina Golfo de Urabá en el marco del proyecto
Expedición Antioquia, 2013, descubrieron en
detalle que los manglares presentan una
degradación ecológica, evidenciaron basuras, tala,
construcciones y huellas; afirman además que
esto se asocia con el aumento de la población, la
expansión de la zona agrícola y ganadera, la
situación de pobreza de las comunidades las que
han permitido que el problema cobre mayor fuerza
con el pasar de los años como lo manifiesta el
periódico el Mundo en su artículo Manglares en
Riesgo, publicado en 2013.
Las instituciones como la Corporación Autónoma
para el Desarrollo Sostenible de Urabá
(CORPOURABA) y la Universidad de Antioquia,
mediante convenios, asociaciones e
investigaciones desarrolladas en la región de
Urabá, han facilitado el conocimiento actual y real
de las condiciones a las que se enfrentan el
ecosistema de manglar. Información que como
deja ver un artículo publicado por el reconocido
investigador Juan Felipe Blanco Libreros, profesor
del Instituto de Biología y coordinador del Grupo
Ecología Lótica: Islas, Costas y Estuarios (ELICE),
de la Universidad de Antioquia (Colombia), es de
mucho interés para la comunidad internacional
(Blanco, 2015); pero que conociendo la
importancia del ecosistema para las comunidades
locales, no se han efectuado operaciones
realmente significativas para entender de forma
integral el problema, realizar una respectiva
definición, convocar a los actores claves e iniciar un
proceso de política pública que no solo permita la
preservación del manglar sino también la
realización de actividades económicas de forma
sostenible.
A lo largo de los años, se han emprendido muchos
acciones y campañas de reforestación, se han
propuesto alternativas distintas a la explotación
del manglar, no siendo suficientes para disminuir
este problema creciente. Se han establecido
vedas, decomisos y controles, no obstante el
problema de la deforestación y la protección de
ecosistemas no ha superado el filtro de pasar de
una agenda sistémica, a ser objeto de la agenda
política, en el municipio de Turbo.
Es necesario que las comunidades se involucren
más en la proposición y puesta en marcha de
soluciones ante sus problemáticas, dado que son
las instituciones quienes presentan los
argumentos con los cuales se puede solicitar
programas, recursos y reuniones estratégicas, y
no se puede dejar en manos ni de la
administración ni de estas toda la responsabilidad
y tareas que competen a un mayor número de
actores en el logro de un objetivo común. Aunque
esfuerzos pasados no hayan resuelto o logrado
cambios significativos frente al problema, es
importante lograr una mayor apropiación y
protagonismo en la propuesta de acciones
factibles que propendan la resolución de dicho
conflicto costero. Es hora de hacer uso y activar
ese poder que comunidad social se tiene
(amparado por las leyes nacionales), para evitar
que - como se prevé en algunos años- con el nivel
de deterioro de este ecosistema tan importante,
pierda su capacidad de resiliencia, pierda su
estructura y no tenga el funcionamiento que hoy
día tiene.
Finalmente, iniciar una verdadera gestión integral
en las zonas costeras, implica hacer uso de todas
las herramientas (legales, de financiación,
recursos humanos) además de tomar como
evidencias las investigaciones presentadas por las
instituciones académicas, involucrando a todos los
actores en la toma de decisiones para la solución
de un problema que es de competencia mundial,
pero de primera mano local. Que la
responsabilidad en los problemas sociales debe
ser compartida, donde las comunidades que son
las directas afectadas promuevan acciones que
pongan en evidencia las necesidades que
presentan. Aunque existan distintas
problemáticas ambientales y sea un tema de
conocimiento mundial, no se traduce en un foco de
interés por parte de administrativos y tomadores
de decisiones por lo que se ratifica la importancia
de conforme a lo estipulado en las leyes
nacionales, se emprendan estrategias reales por
parte de cada actor para reducir un problema tan
evidente como la deforestación en un ecosistema
tan importante como los manglares.
pH Erick A. Rodriguez
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2002. Manglares.
Recuperado de
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=412:plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicio
s-ecosistematicos-14
INVEMAR. 2004. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. Capítulo 6. Estado De Los Estuarios
Y Manglares En Colombia. Colombia.
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Urabá. 2013.
Recuperado de http://www.corpouraba.gov.co/u-de-y-corpouraba-realizan-foro-sobre-manglares-en-el-golfo-de-uraba
Zuluaga, S (18 de Febrero de 2013). Manglares de Urabá en Riesgo. Periódico el Mundo, pp 2.
Blanco, J. (15 de Julio de 2015). ¿Final u oportunidad para los manglares de Urabà? Universidad de Antioquia Noticias.
BIBLIOGRAFÍA
Por: Lilia Alonso Lozano
Los niveles de producción de minerales metálicos
y no metálicos colocan al estado de Sinaloa en el
primer lugar nacional de actividad minera y el único
productor de molibdeno, grafito amorfo y
wollastonita (Secretaría de Economía, 2014). La
contaminación tóxica proveniente de actividades
mineras es muy frecuente ya que requieren del
uso de químicos para la extracción de los
minerales ocasionando contaminación por
remanente, que de hecho, en ocasiones son
abandonados en la zona por la empresa o los
arrojan a ríos y mares dañando los recursos
naturales. Otro problema es que los compuestos
no son transportados ni utilizados de manera
adecuada. Un ejemplo de esto es lo que vivió el
municipio de Cananea, Sonora en el 2014, debido a
la falta de precaución por parte de la mina
Buenavista de Cobre, donde se develó una fuga de
sulfato de cobre acidulado.
Este ensayo pretende estudiar los impactos a nivel
social y ambiental del derrame de sulfato de cobre
acidulado provocado por la Mina Buenavista del
Cobre en Sonora; para ello, se determinarán las
causas que generaron la contaminación, sus
consecuencias y las soluciones brindadas por el
gobierno, finalmente se expondrán las
conclusiones.
La mina Buenavista del Cobre subsidiaria del
Grupo México, es una mina de cobre a cielo abierto
que se encuentra en Cananea, Sonora. En los siete
municipios que conforman la región del Río Sonora
se tiene un registro de 322 pozos y norias, para
suministrar el agua para la población así como
para actividades de ganadería y agricultura
(nueces, maíz, alfalfa, cacahuate, ajos, caña, chile)
(Lammers, 2014). De acuerdo con el Registro
Público de Derechos de Agua (Redpa), la minera
posee 14 títulos de concesión, que amparan 93
pozos para extraer más de 44 millones de metro
cúbicos cada año. Sin embargo, de manera
cuestionada, la empresa adquirió 30 pozos más
que provenían de uso agrícola, pecuario y múltiple
de diferentes ejidos. Los pozos son perforados a
gran profundidad, provocando que los pozos en
terrenos vecinos terminen secándose (Méndez y
Sánchez, 2015). Este es uno de los tantos
El caso de la Minera Buenavista del Cobre
42©
problemas que generaba la mina y tenía que
enfrentar el medio ambiente y la población, y de
hecho no se sabe con certeza cuánta agua gastaba
por la falta de vigilancia en los pozos y su
extracción, Méndez y Sánchez (2015), mencionan
una estimación de entre dos mil y 10 mil litros de
agua por segundo.
El 6 de agosto del 2014, fueron derramados 40 mil
metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre
acidulado, viajando 7.6 km por el Arroyo Tinajas,
municipio Cananea, Sonora y, posteriormente el
afluente a los ríos Bacanuchi por 64 km, río Sonora
190 km hasta llegar a la Presa El Molinito, la cual
surte de agua a Hermosillo (SEMARNAT, 2014). El
derrame afectó siete municipios:
Arizpe,Banamichi, Baviácora, Huépac, Aconchi,
Ures y San Felipe de Jesús, y una población de
24,048 habitantes (COFEPRIS, 2014).
De acuerdo al Dictamen Técnico de Comisión
Nacional del Agua, la causa del percance
demuestra que: “El derrame se ocasionó por la
falla en el amarre de un tubo de polietileno
(tubificación) en una de las piletas de lixiviados y
por la falta de una válvula en la pileta de demasías,
imputable a la empresa” (SEMARNAT, 2014).
Aunado a lo anterior, no se contaba con una
represa de almacenamiento para jales (solución
formada por ácidos, metales y contaminantes, que
resultan de procesos de extracción mineral)
(Lammers, 2014). Esto demuestra tres cosas:
1. La falta de compromiso de la empresa hacia el
medio ambiente, infaliblemente no hubo una
apropiada ingeniería ambiental ni
2. Tampoco supervisión por parte de los actores
del gobierno como SEMARNAT (Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales) y
PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente).
3. Además la población no fue consultada sobre la
problemática y quedó excluida ante la toma de
decisiones. Al tratarse de un problema público
supone incluir soluciones que conlleven a la
participación social y reformas distributivas en
relación con el riesgo ambiental, sin embargo no
fue así.
Los impactos más próximos fueron a nivel
ambiental y social ya que se afectó la economía de
la región, se restringió el acceso a agua de río,
pozos y norias, las actividades de pesca,
agricultura y cesaron, la flora y fauna murió al paso
de los lixiviados, el sector hotelero se vio afectado
ante la falta de turismo. En cuanto a la salud,
fueron registrados problemas de dermatitis por
contacto con el agua y gastroenteritis por
ingestión del agua. Así mismo, Lammers (2014),
menciona que una comisión especial de la Cámara
de Diputados reportó:
Fueron vulneradas cerca de treinta leyes de
conservación ecológica y ambiental. Así como los
Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral
para América del Norte, y las 46 NOM expedidas
en SEMARNAT en Materia de Cuidado de Aguas
Residuales, Prevención de Contaminación de
Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales, así como de
Control de Residuos Peligrosos (p.29).
a Comisión Presidencial creó el Fideicomiso Río
Sonora con el objetivo de proporcionar los medios
de pago para llevar a cabo las medidas de
remediación, reparación y/o compensación de los
daños al ambiente y salud causados por el
derrame, así como mecanismos de pago para
cubrir afectaciones materiales. La cantidad a pagar
por parte de Grupo México era de dos mil millones
de pesos, incluida una aportación inicial de $500
millones (SEMARNAT, 2015). Dentro de las
acciones que se establecieron fueron: fortalecer el
abasto de agua en los municipios afectados
mediante pozos, pipas, platas potabilizadoras,
tinacos, entre otros; brindar atención médica las
24 horas y establecer un seguimiento
epidemiológico; monitoreo de sustancias tóxicas
en los ríos y aguas. Esto se realizó con ayuda de
diversos actores como SAGARPA, COFEPRIS,
CONAGUA, Secretaría de Salud.
Tras un año y medio del desastre, aún quedan
muchas preguntas sin contestar. En realidad no se
ha dado una evaluación de seguimiento, la
población no sabe hasta cuándo podrán utilizar el
agua y por lo tanto cuándo se reestablecerá la vida
y la economía en los municipios afectados; qué tan
lejos han llegado y llegarán las consecuencias en
cuanto a la salud y daño a la flora y fauna local; cuál
es la cantidad exacta de residuos tóxicos vertidos y
cuáles fueron; tampoco se les ha terminado de
pagar el fideicomiso que la minera estaba
comprometida a pagar.
Alfie (2015), menciona que ante inequidades de
protección ambiental, los gobiernos deben de
optar por cinco principios de justicia ambiental:
garantizar el derecho a protección ambiental (no lo
hubo); prevenir el daño antes de que éste ocurra
(no había represa de almacenamiento para jales,
además que utilizaban una zona que no estaba
completada su construcción); disminuir el rango de
carga ambiental a los contaminadores (utilizaban
sustancias tóxicas); establecer pruebas de no
discriminación y redireccionalizar las inequidades
existentes.
¿De qué sirve el Fideicomiso Sonora? El daño que
se causó es irreversible, además, pagar la multa
por parte de Grupo México sólo representa el
0.016%. Esta multa no es una cantidad
representativa a lo que ganan, y en sí, no se trata
de sólo dar un valor monetario para compensar las
consecuencias de malas decisiones. En todo caso,
se debería de legislar multas con cantidades que
realmente afecten a las empresas para que se
vean obligadas a velar por la seguridad de sus
empleados y del medio ambiente con tecnología
menos riesgosa. También es necesario realizar un
análisis de las inequidades sociales y ambientales,
tomando en cuenta los actores sociales, quienes
luchan por la compensación y remediación
ocasionada por los impactos mineros en su
territorio, así como combatir la falta de
supervisión, transparencia y corrupción.
Alfie, C.M. (2015). Conflictos socio-ambientales: la minería en Wirikuta y Cananea. El
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BIBLIOGRAFÍA
Por: Lucia Amaro
La existencia de apoyos económicos al sector
pesquero, es de gran necesidad para familias que
dependen de esta actividad, sin embargo, tienen
un aspecto negativo, esto cuando tantos apoyos
propician que más sujetos se interesen por la
pesca hasta convertirla en excesiva, esto llega a
impactar el recurso marino no sólo en especies
como pescados, sino también a todo el
ecosistema marino ya que tanta extracción
perjudica la vida marina como la conocemos.
México es un país con una gran producción
pesquera, en el continente americano ocupa el 4to
lugar por su volumen de pesca: 1774 Toneladas
anuales. Al 2010, las especies que más se
exportan son en orden de importancia: sardina,
camarón y langostino y atún de aleta amarilla
(INEGI, 2009).
De acuerdo a la Dra. Norma Hernández del
CONACYT (2015):
México está entre los primeros 20 países en
producción pesquera, con alrededor de 1.4
millones de toneladas anuales que significan el
1.5% de la captura mundial. El sector aporta
alrededor del 0.7% del PIB nacional, y emplea cerca
del 1.3% de la población ocupada. casi dos tercios
de la producción proviene de cuatro estados:
Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California
Sur.
En el mismo artículo, menciona que México tiene
una oportunidad de crecimiento económico si
empieza a generar políticas públicas dirigidas a
añadir valor agregado a los productos pesqueros
ya que el producto se vendería a un mejor precio y
esto mejoraría la economía del país. El valor
agregado podría disminuir el esfuerzo pesquero y
mitigar los impactos negativos que podrían
ocasionar a la diversidad marina, como lo sería el
deterioro de la especie.
El objetivo del ensayo es analizar las malas
políticas pesqueras establecidas en México. Para
ello primero discutiré los apoyos que los
programas de pesca brindan a este sector y, por
otra parte, los impactos que esto ocasionan al
recurso y al medio ambiente.
Malas políticas provocan insostenibilidad en la pesca
46©
Año con año, se brindan cientos de apoyos a la
industria pesquera, en el portal de la SAGARPA,
salió un boletín donde informan que se ha
duplicado el número de beneficiarios del programa
PROPESCA, es un programa orientado al sector
social de la pesca, que busca una mayor
productividad de este sector. En el 2015,
exactamente nos dan el dato de que pasó de 3 mil
165 beneficiarios en 2014 a 27 mil 039 en 2015.
El Comisionado Mario Aguilar Sánchez, informa
que: “Con el PROPESCA se fortalece el respeto a
las vedas; se favorece la recuperación de los
volúmenes disponibles de las especies y se logra la
sustentabilidad en el manejo de los recursos
pesqueros, lo que constituye un paso enorme para
el sector”. (SAGARPA, 2015)
Según INEGI, en 2009 las especies que más se
pescan en México son: sardina, camarón, ostión,
mojarra y túnidos.
El camarón está entre las especies que más se
exporta, actualmente ha habido un notable
incremento en la producción de granjas
camaroneras debido a las divisas que se genera
por su exportación. Hace más de 50 años la
legislación mexicana la definió como “especies
reservadas”, lo que significa que su explotación
está reservada a grupo de ciudadanos
desprotegidos que se encuentran agrupados en
una cooperativa. Con datos de la FAO, entre 1976
a 1986, México fue el principal abastecedor del
crustáceo en los Estados Unidos, en los últimos
años los mercados internacionales incrementaron
su demanda (VanEys, S. 1897).
Una de las principales críticas de que es objeto la
actividad acuícola, es la de ser una actividad poco
sustentable, que ocasiona importantes impactos
ambientales (Naylor et al. 2000, Páez–Osuna
2001b; Rönnbäck 2001, González–Ocampo et al.
2006; Primavera 2006). Los impactos
principalmente señalados son los siguientes:
-Destrucción de bosques de manglar y marismas
(Naylor et al. 2000, DeWalt et al. 2002,
Páez–Osuna 2005, Rajitha et al. 2007).
-Contaminación de fuentes de agua para consumo
humano (Páez–Osuna 2001b).
E-utrofización de cuerpos de agua receptores de
las descargas (Feng et al. 2004, Gyllenhammar y
Hakanson 2005).
- Modificación o destrucción del hábitat de
animales acuáticos y terrestres (Naylor y Burke
2005; González–Ocampo et al. 2006, Shelton y
Rothbart 2006).
Por lo que se refiere a la pesca, ha dejado grandes
estragos ya sea por la forma de captura o por la
cantidad que se captura ya que se ha visto que
ecosistemas y hasta la misma especie han sido
afectadas por esto. Un claro ejemplo es la pesca de
arrastre, en donde las redes se tiran al mar y como
su nombre lo dice, lo van arrastrando capturando y
dañando todo a su paso, se han visto especies
como delfines y/o tortugas afectadas por esto y
eso causan grandes impactos en el medio.
Con respecto de la pesca, en Yucatán se puso de
“moda” el pepino de mar, esto porque los asiáticos
lo usan y son una gran demanda, lo que originó
que pescadores o misma gente de la zona fuera a
la captura de esta especie sin respetar tiempos de
veda y que sea una actividad sostenible, la pesca
de este recurso es legal, pero por la gran demanda
ya mencionada se volvió de cierta forma ilegal.
Después de la gran demanda, el pepino de mar
está al margen de la extinción esto nos refleja que
mientras más se demande un producto, más
propicio está a que deje de existir.
En conclusión, el hecho de que los apoyos hagan
reducir el producto es por la simple razón de que
cada vez somos más, mientras más gente, más
demanda y mientras más demanda, más
extracción del recurso. Lo que podría mitigar esto,
sería mejor administración en cuanto los
programas, hacerlos más sostenibles
.
Se ha visto que la pesca de pequeña escala es una
manera de maximizar los beneficios comunitarios
a largo plazo para hacer frente a las amenazas que
suponen una mala gestión (FAO, 2012)
No estoy en contra de los programas de esta talla,
pero sí en que sólo se busque un fin.
Darles el apoyo está bien pero también deberían
de implementar técnicas para que las personas se
concienticen y hagan un mejor manejo de este
recurso, cambiar de paradigmas y hacer de la
pesca algo sostenible.
SAGARPA. (2015). Incrementan apoyo a trabajadores del sector pesquero con el programa PROPESCA 2015. Recuperado
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comunidad. Recuperado de
http://www.fao.org/docrep/016/ap408s/ap408s.pdf
BIBLIOGRAFÍA
Por: Rubén Ricardo Guzmán Reyna
Las playas son el elemento más importante de la
zona costera desde el punto de vista de la
industria turística, ya que son el soporte de la
actividad económica de muchas familias, y se
reconocen como la zona de distracción más eficaz
de las ciudades turísticas (Silva, et al, 2007).
México posee un extenso litoral, con más de 11 mil
kilómetros de costas, que de acuerdo con
estándares nacionales e internacionales, la calidad
ambiental de las playas es aceptable, ya que gran
parte de ellas se ubican en sitios vírgenes o con
poca influencia del hombre; sin embargo, su
condiciones son cambiante a lo largo del tiempo
(CONAGUA, 2007). La calidad del agua de las
playas es un factor primordial para garantizar la
protección de la salud de sus visitantes, por lo que
se considera que una playa posee un valor
agregado si cuenta con niveles aceptables de
calidad del agua. (CONAGUA, 2012). Actualmente,
las autoridades estatales de salud, siguiendo los
lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud y
en coordinación con ésta, realizan los muestreos y
análisis del agua en cada uno de los 17 estados
costeros de México.
El objetivo de este ensayo es realizar una
descripción de los beneficios que ha traído la
implementación del Programa de Playas Limpias
en México, describiendo en primer orden la
problemática que lo ocasiona, después se
describirán las acciones que se realizan y sus
beneficios para culminar con unas breves
conclusión
Considerando que en la mayor parte de las playas
recreativas de México existen factores que afectan
la calidad de agua, debido a una inadecuada
infraestructura de saneamiento y alcantarillado,
embarcaciones, actividades de comercio informal
y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en
algunas temporadas del año, por lo que es
importante mantener una vigilancia de la calidad
del agua de mar, que permita con un enfoque
preventivo, alertar al usuario a tomar la decisión de
ingresar o no a una playa, dependiendo de los
niveles de enterococos y la temporalidad de estos
niveles en cada una de las playas sujetas a
vigilancia.(Cofepris, 2012).
Beneficios del programa de playas limpias en México
50©
Estudios en agua marina y playas indican que las
enfermedades de las mucosas, de la piel y
digestivas asociadas con los bañistas están
directamente relacionadas con los niveles de
contaminación fecal. La definición de los criterios
de calidad microbiológica de aguas costeras para
uso recreativo se basó en estudios evaluados por
la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de
estudios han identificado a los estreptococos y
enterococos fecales como los indicadores más
estrechamente relacionados con los efectos sobre
la salud en aguas costeras. (Cofepris, 2012).
Ante esta situación, en el año 2003 que se
estableció a nivel nacional el Programa de Playas
Limpias, en el que participan la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Secretaría de Salud (SS) a través
de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de
Marina (SEMAR), la Secretaría de Turismo
(SECTUR), la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), así como gobiernos estatales y
municipales, y diversas organizaciones de la
sociedad civil, los cuales tienen como principal
objetivo la ejecución de acciones que permitan el
saneamiento de las playas y de las cuencas,
subcuencas, barrancas, acuíferos y cuerpos
receptores de agua asociados a las mismas y dar
cumplimiento conforme a las normas, principios y
objetivos que se establecen en la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento, la Ley General de
Salud, la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente y demás leyes federales,
estatales y municipales aplicables a las aguas de
zonas marinas (CONAGUA, 2012).
A lo largo del año 2003, se sistematizo y
homogenizo los monitoreos del agua de mar,
atendiéndose tres aspectos: monitoreo de la
a calidad bacteriológica del agua de mar para uso
recreativo; monitoreo de la calidad del agua de mar
costera y el monitoreo de la calidad en cuerpos de
agua y bienes nacionales asociados a las playas
mexicanas (CONAGUA, 2012).
De esta manera las diversas Instancias
Gubernamentales realizan las siguientes
actividades:
Las secretarias de salud estatales: Monitorea,
cuando menos una vez al mes, la calidad del agua
de las playas y transmite resultados al Comité de
Playas Limpias
Comité de Playas Limpias: Difunde la información
y señaliza las playas para que el usuario sepa si
está contaminada e instrumenta programas de
saneamiento cuando se requieren.
COFEPRIS: Evalúa los criterios de calidad del agua
y difunde información.
SEMARNAT: Difunde información y promueve la
certificación de playas como Playas Limpias.
http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas
-ambientales/programa-de-playas-limpias/result
ados-de-calidad-de-agua-de-mar
CONAGUA: Inspecciona y monitorea las descargas
de aguas residuales.
SEMAR: Vigila, monitorea, controla desechos y
apoya cuando se presentan derrames accidentales
de sustancias contaminantes. Imparte educación
ambiental
Gracias a ello, la calidad del agua de mar en las
playas ha mejorado desde el inicio de los
monitoreos (CONAGUA, 2007).
De esta forma, unos de los resultados por la
implementación del programa de playas limpies es
una mejora en la calidad ambiental, sanitaria, de
seguridad y de servicios en el destino turístico,
permitiendo con ello identificar y controlar
posibles riesgos e impactos ambientales,
permitiendo mejorar la imagen y competitividad
de las playas o destinos turísticos, colocándolos a
la vanguardia internacional.
Por lo que se puede concluir que las playas
turístico-recreativas son muy importantes a nivel
económico y social, para lo cual la implementación
del Programa de Playas Limpias en México, ha
permitido y generado sistemáticamente buenos
beneficios a la sociedad y rentabilidad asociados a
la calidad y certificación ambiental de las playas
recreativas, adquiriendo una importancia de
primer orden en mercados altamente
competitivos, pero sin dejar de considerar que este
programa únicamente toma como referencia a los
enterococos fecales como los indicadores para
relacionar sus efectos sobre la salud en aguas
costeras.
Por lo anterior se debe trabajar arduamente en
una mayor difusión de las actividades realizadas
por las distintas dependencias que forman parte
de programa de playas limpias.
En este sentido es importante que se difundan los
resultados de la evaluación de la calidad del agua
de las playas, señalizando in situ, aquellos lugares
que representen riesgos a la salud, así como la
difusión de los resultados a través de medios
masivos como el Internet, diarios locales,
repartición de folletos en los sitios de mayor
afluencia en las altas temporadas de visitas de
turistas, que contemple los resultados del
muestreo y una leyenda que permita alertar a la
población sobre el problema existente, asimismo,
recomiende no realizar actividades recreativas en
la playa.
Sin embargo es importante considerar que las
diferentes dependencias de gobierno relacionadas
en el tema (Todos los niveles) deben trabajar
arduamente bajo una coordinación constantes, ya
que parte de las problemática de la mala calidad
del agua en las playas no es ocasionado
únicamente por las poblaciones localizadas dentro
de la línea de costa, sino por todas y cada una de
las poblaciones que se localizan dentro de las
cuencas hidrológicas del país, por lo que se debe
realizara una colaboración en la búsqueda y
planteamiento de solución a la problemática de
manera holística.
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BIBLIOGRAFÍA
Por: Paula Andrea Ruiz Ruiz
Colombia aparte de ser un país mega diverso en
fauna y flora, representa un lugar muy apetecible
para las empresas internacionales interesadas en
la explotación de recursos naturales no
renovables, ya que según investigaciones
realizadas, dicho país a nivel latinoamericano, se
cataloga como el territorio con las mayores
reservas de carbón (aproximadamente 16.992
millones de toneladas (Mt) y se encuentra ubicado
en el sexto lugar de exportaciones a nivel mundial),
siendo este el mineral que produce el porcentaje
más significativo de divisas y representa el
segundo recurso con mayor exportación nacional.
De esta forma, el carbón extraído agrupa el 47 % de
la actividad minera, generando empleo y
participando con el 1 % del producto interno bruto
(PIB), con un poco más de 3,4 billones de pesos
(Banco de la república, 2008; UPME, 2005). Por
este motivo la problemática económica, social y
ambiental que se vive desde la llegada de las
multinacionales, como lo es en este caso la minera
Drummond a explotar los recursos de la zona
nororiental de Colombia, abarcando los
departamentos de Magdalena y Cesar puntos
estratégicos para la extracción y el transporte de
carbón (Departamento Nacional de Planeación,
2008), demuestra la falta de criterio del gobierno
colombiano, en la toma de decisiones con respecto
a la explotación de recursos por parte de los
inversionistas internacionales.
Según el análisis realizado por la empresa
Colombiana Punto Medio, Gary Drummond,
adquirió en 1988 con Carbocol el contrato de
Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos
términos y condiciones le permiten actuar en los
departamentos donde se encuentra el área
geográfica con mayor proporción en producción y
exportaciones, de manera libre y según los
lineamientos estipulados directamente por la
multinacional en cuestión. De esta manera, el
conjunto de normas jurídicas y principios
generados para regular y aminorar los efectos
negativos que la actividad humana causa sobre el
medio ambiente, no pueden ser aplicadas de
manera adecuada ocasionando un desequilibrio
respecto al uso, explotación y aprovechamiento de
los recursos.
Conflictos socio ambientales generados por la extracción de carbón en el caribe Colombiano
54©
Es posible encontrar en las innumerables noticias
presentadas acerca de la carbonera en cuestión, el
enorme historial de irregularidades e infracciones
a las normas ambientales, como el artículo 2 de la
ley 23 de 1973, el cual contemplaba el daño
ambiental como todo lo que concierne a la lesión
del ambiente, y el articulo 42 de la ley 99 de 1993
regulando lo que se refiere a las tasas
contributivas y compensatorias; además se
percibe indiferencia hacia los conflictos por parte
de los funcionarios de la empresa demostrando un
notorio desprecio por el entorno social, los
derechos humanos y la legislación laboral, puesto
que en el contrato realizado con el gobierno de
Colombia las regalías se pagan por los volúmenes
que embarcan. De manera que todo el carbón que
se pierda en el proceso técnico, de transporte y de
embarque corre por cuenta del Estado.
Por lo anterior, se presenta el caso del carbón que
fue arrojado al mar el 13 de enero de 2013, el cual,
a parte de originar un impacto ambiental
significativo demostrado en estudios académicos,
correspondientes a la “evaluación ambiental del
impacto causado por la barcaza ts-115 en el área
de anclaje de puerto Drummond, Ciénaga
Magdalena, Caribe Colombiano” realizado por la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuyas
consecuencias son la generación de sulfuros por
reacción química con el agua, que da como
resultado un impacto representativo en las playas
donde los pobladores se benefician
económicamente con el turismo (INVEMAR,
2001), también representa una pérdida económica
para el Estado Colombiano.
Departamentos como el Cesar presentan
complicaciones a causa de las diversas
operaciones de minería a cielo abierto que se
adelantan sin un control oficial en la zona central
de dicho departamento. Presentando
problemática por la desertización y con ella, la
sequía en arroyos, el polvillo de carbón que
incrementa las enfermedades respiratorias de la
población en general como en el caso de los
pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón
los cuales desde 2010 requieren que la minera
Drummond, realice la reubicación de los mismos,
puesto que las condiciones en las que habitan
dichas comunidades disminuyen
considerablemente la calidad de vida de las
mismas, y así mismo el incumplimiento en las
normas de material particulado debido a que las
entidades reglamentarias no hacen cumplir la
norma a cabalidad.
En conclusión, la incapacidad de negociación del
Estado colombiano con las empresas
multinacionales es inminente; las amenazas
socio-ambientales se han demostrado,
comprobando los efectos perjudiciales del mal
manejo de los recursos no renovables por parte de
las mismas, por tal motivo, el estado colombiano
debe replantear las normas referentes a la
explotación de los recursos naturales y su valor
económico, con el propósito de que se hagan
cumplir por parte de las entidades ambientales
regulatorias, teniendo en cuenta principalmente,
las consecuencias que recaerán sobre las
comunidades afectadas y los diferentes servicios
ecosistémicos que perderán rentabilidad a causa
de dicha explotación.
Banco de la República. 2008. Apuntes sobre la economía del carbón. Revista del Banco de la República.
Defensoría del Pueblo. 2010. Informe defensorial de seguimiento a la resolución defensorial No. 54: “Explotación, transporte y
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