Alejandro Rojas Méndez El proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de Reforma Electoral en México 2006-2009. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
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El proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de Reforma
Electoral en México 2006-2009. Alejandro Rojas Méndez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
I. INTRODUCCIÓN
Los retos del Instituto Federal Electoral en las elecciones presidenciales de 2012 son
varios, la de 2012 será la primera elección presidencial en las que se aplicará el modelo
de comunicación política instaurado a partir de la reforma electoral de 2007-2008. Las
elecciones locales que se han desarrollado bajo este nuevo marco legal han dado cuenta
de las dificultades de la aplicación y cumplimiento de la ley. Empero, las elecciones
realizadas en distintos estados de la república nos muestran que la relación de
supeditación o dependencia de nuestra clase política frente a los poderes fácticos, en
especial los medios de comunicación, se mantiene igual que en 2006.
En este tenor, la principal tarea del IFE, de cara a la justa electoral del próximo año, es
frenar las intervenciones ilegales de los poderes fácticos. Pero esta labor no es sólo por
el correcto desarrollo de la elección de 2012, es también, la oportunidad de reencauzar
el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país. En las elecciones del
próximo año las heridas, aún abiertas, de 2006 tendrán la oportunidad de ser sanadas a
través de una adecuada actuación cada uno los actores involucrados, pero sobre todo de
las autoridades electorales.
En el presente trabajo mostramos un análisis de la actuación del Instituto Federal
Electoral ante los poderes fácticos en las elecciones presidenciales de 2006. Nuestro
objetivo es mostrar los errores y aciertos cometidos por IFE en las elecciones
presidenciales pasadas, en aras de un adecuado funcionamiento del Instituto en la justa
electoral del próximo año. Este artículo se desprende de la investigación que
actualmente realizamos bajo el titulo El proceso de empoderamiento de los poderes
facticos en el proceso de reforma electoral en México 2006-2009.
Partimos del análisis de los fenómenos ocurridos en las elecciones presidenciales de
2006 y la reacción de los poderes fácticos ante la reforma electoral de 2007, pues
muestran la confrontación entre los poderes fácticos y el Estado, además de una actitud
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servil y complaciente de la clase política, dejando traslucir el poder de intimidación o
sometimiento que los servidores públicos tienen frente a los poderes fácticos.
Por lo demás, en la investigación que realizamos hemos divido nuestro objeto de
estudio en tres grandes apartados. En el primer capítulo presentamos nuestro marco
conceptual, definiendo aspectos fundamentales de la investigación, como el concepto de
democracia, Estado, poder fáctico, sociedad civil. Asimismo, hacemos una historia
crítica del proceso de democratización en México, dando cuenta de las distintas
reformas electorales y del proceso de negociación de éstas, realizadas desde 1976.
Con la revisión de estas reformas nos hemos percatado, en primer término, del
movimiento gradual de la apertura y, en segundo término, percibimos también que lo
electoral ha sido, desde 1976, un elemento recurrente de los presidentes para
legitimarse. De igual forma, estas reformas, paradójicamente, permitieron el desarrollo
de los poderes fácticos y en particular de los medios de comunicación. Nuestro capitulo
concluye cuestionando la suficiencia de las reformas electorales para una verdadera
democratización del Estado en México.
Con esa interrogante como eje, en nuestro segundo capítulo analizamos el proceso
electoral presidencial de 2006 y la reforma electoral de 2007. Nuestra tesis es que en las
elecciones de 2006 se rompió con la legalidad, al mismo tiempo en que los poderes
fácticos, gracias también a la complacencia de nuestra clase política, se colocaron por
encima de las instituciones, en particular las lectorales de nuestro país. Esta actitud de
sometimiento fue muy clara con la llamada ley televisa, pues como ya se ha reconocido
por parte de políticos, por ejemplo Santiago Creel, los cambios en el régimen de
concesiones en materia de medios, fueron la moneda de cambio en el manejo y apoyo
de la imagen de los candidatos a la presidencia de la república.
La segunda tesis de este capítulo estriba en que la reforma electoral de 2007, significó
un intento para frenar a los poderes fácticos y recuperar el espacio público. Baste
señalar que su aprobación se logró con el consenso de las tres principales fuerzas
políticas del país.
El eje rector de la reforma electoral se fincó, por lo tanto, en la tentativa neutralización
de los medios de comunicación, a partir de la creación de un triple blindaje de los
intereses públicos en los medios. El primer blindaje consiste en la prohibición a los
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partidos políticos de comprar tiempo en los medios de comunicación; el segundo
blindaje reside en la extensión de esta prohibición a los gobernadores y funcionarios
públicos; pero la reforma electoral fue más allá y erigió un tercer blindaje al prohibir a
cualquier particular, a título personal o gremial, la contratación de publicidad para
influir en los procesos electorales.
Por último, en el tercer capítulo analizamos la reacción de los poderes fácticos ante las
reforma electoral de 2007 y los procesos electorales intermedios de 2009. Nuestra
hipótesis es que el contexto en el que se desarrollaron las elecciones de 2009 se rompió
con el espíritu de la reforma electoral y nuestra clase política, una vez más, fue
concupiscente y dependiente de los poderes fácticos.
II. BREVE RELATO HISTÓRICO
Las tres últimas décadas del siglo XX en México se dio un proceso de transición a la
democracia. Éste se llevó a cabo dentro de la vía de la negociación y de los acuerdos
entre los distintos actores políticos, así como de la apertura del sistema político y la
creación de espacios para la participación de nuevos actores. Las distintas etapas que se
dieron durante el proceso de democratización del Estado son: a) la creación de
instituciones electorales y de justicia electoral y apertura del sistema político b) El
establecimiento de las reglas de competencia y su perfeccionamiento de éstas y el
equilibrio del sistema de competencia.1
Es sólo después de los conflictos electorales de 1988 que se crean las instituciones
necesarias para la consolidación de este proceso de transición. El Instituto Federal
Electoral (IFE)2 es el referente más claro de lo anteriormente dicho, su creación en julio
de 1990 es resultado de las fallas por parte de las instituciones y normas vigentes hasta
ese entonces. Si bien es cierto que la creación del IFE así como del Tribunal Federal
1 Véase. Gerardo Cruz Reyes. Los acuerdos en la democratización del Estado y el cambio político en
México. Instituto Electoral del Distrito Federal, México, 2006. pp.19-156; Mauricio Merino. La
transición votada. FCE, México 2003.pp.13-33; y Ricardo Becerra, Pedro Salazar, José Woldenberg. La
mecánica del cambio. Elecciones, partidos y reformas. Ediciones Cal y Arena, México, 2000., pp.11-73 2Sobre el papel que desempeñó el IFE en el proceso de consolidación de la democracia durante el periodo
entre 1996- y 2003 véase John M. Ackerman. Organismos autónomos y democracia. El caso de México.
Siglo XXI, UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2007., pp.45-116
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Electoral (TRIFE) significó un avance importante en proceso de transición; el marco
jurídico e institucional que nos permitió las primeras elecciones transparentes y
democráticas fue creado a partir de las reforma de 1996.3
Con las elecciones presidenciales del 2000 y el subsiguiente triunfo de Vicente Fox se
creyó que la democracia en México estaba consolidada, pues la victoria de un candidato
perteneciente a un partido distinto al PRI fue percibida como “la prolongación de
fenómenos sucesivos que se habían instalado en México desde hace años[…] con mayor
intensidad: partidos políticos con un poder creciente, aumento de su competitividad,
copiosas votaciones, alternancia en los niveles municipal y local del poder estatal. El 2
de julio fue una nueva vuelta de tuerca, la mayor, en la irresistible expansión de la
democracia en México.”4
Sin embargo, con los conflictos ocurridos antes, durante y después de la elección
presidencial de 20065 esta creencia se desechó, tal como señala Arnaldo Córdova:
En las pasadas elecciones presidenciales salieron a flote todas las deficiencias que
cargábamos desde 1996 y pudo verse que los partidos no acaban de ser los verdaderos
actores de las contiendas electorales y que muchas otras fuerzas han demostrado ser
capaces de distorsionar y ensuciar procesos electorales que parecían perfectamente bien
diseñados6.
Así pues, las elecciones presidenciales de 2006 mostraron a los poderes fácticos como
actores con una injerencia real en la justa electoral. La reforma electoral de 2007 busco
frenar la intervención de actores indebidos en las elecciones, este será el mayor de los
3 Gerardo Cruz Reyes. Op. cit., pp.127-156. 4 Ricardo Becerra, Pedro Salazar, José Woldenberg. Op. cit., p.486 5En los que el IFE “sembró y abonó la sospecha generalizada con su comportamiento parcial durante las
campañas electorales al no detener a tiempo las campañas ilegales en contra de uno de los candidatos; su
desempeño opaco y engañoso el día de la elección al no entregar los resultados preliminares confiables;
su discurso cerrado y regañón durante el conteo distrital; sus estrategias mediáticas dogmáticas y
populistas en la etapa de calificación de la elección; y su conducta abiertamente violatoria de la ley con el
rechazo del acceso ciudadano a los paquetes electorales durante el periodo postelectoral.” (John M.
Ackerman. Op. Cit., pp.11-12) 6 Arnaldo Córdova. “La Reforma Electoral”, en La jornada 9 de septiembre de 2007
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retos al que el Instituto Federal Electoral se enfrentará en las elecciones del próximo
año.
III. DISTINCIÓN ENTRE PODER DE JURE Y PODER DE FACTO
Los poderes fácticos han irrumpido en el espacio público de nuestro país gracias a las
carencias en la ley en materia electoral y a la estructura del Estado mexicano. El
objetivo de la presente investigación es dar cuenta de la capacidad de injerencia de los
poderes fácticos en las decisiones públicas. Para ello es necesario definir algunos
conceptos básicos tales como el poder mismo, pues sólo así podremos distinguir los
distintos tipos de poder, particularmente nos interesa distinguir entre el poder de jure,
entendido como el poder legítimo del Estado; y el poder de facto entendido como el
poder ejercido por las distintas fuerzas que intervienen en la tomo de decisiones
públicas.
Para nuestra distinción básica recurriremos a las definiciones de poder hechas por Max
Weber y Michel Foucault. Para el autor de la ética protestante y el espíritu del
capitalismoel poder se define como “la probabilidad de imponer la propia voluntad,
dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el
fundamento de esa posibilidad” Con esta definición nos encontramos en una situación
en la que cualquier sujeto puede tener poder, el mismo Weber se percata de esta
problemática y distingue el poder de la dominación, entendida como “la probabilidad de
que un mandato sea obedecido”7
Weber elabora una tipología de las formas de dominación legítima. Para el caso del
Estado moderno (burocrático) el criterio de legitimidad es la legalidad. De ahí pues que,
como señalamos al principio del presente capitulo, el Estado sea un ordenamiento
político jurídico.8 En la medida que la fuerza ejercida por el Estado se encuentra
legitimada por la legalidad a este poder lo podemos llamar político, en el sentido que lo
define Arnaldo Córdova quien define al poder político como “una fuerza legitimada
política y jurídicamente, es decir, aceptada por consenso y justificada por el
7 Max Weber. Op. Cit., p.43 8 Véase el punto 1.1.2 del presente capitulo
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derecho.”9Así queda claro que el poder del Estado es un poder fundamentado en el
derecho, de ahí que sea poder de jure.
Al poder de jure se contrapone el poder de facto, es decir, en términos de Weber la
capacidad de imponer la propia voluntad. Las complicaciones que Weber encontró en el
concepto de poder son esclarecidas por Foucault para quién el poder no es algo que se
pueda tener, el poder es algo que transita en los individuos. “El poder funciona. El
poder se ejerce en red y, en ella, los individuos no sólo circulan, sino que están en
siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. […] En otras palabras, el poder
transita por los individuos, no se aplica en ellos.”10
En ese sentido, nos dice Foucault el poder es algo micro-físico y se ejerce en distintos
niveles de manera ascendente. Así para Foucault el problema del poder del Estado no
reside en la legitimidad ni en la legalidad, sino en “la dominación […], los operadores
materiales, lasformas de sometimiento, las conexiones y utilizaciones de los sistemas
locales de sometimiento y, por fin, hacia los dispositivos de saber.”11 De acuerdo con
Foucault el poder genera conflicto al interior de la sociedad pues siempre estamos
atravesados por el poder “estamos en guerra unos contra otros; un frente de batalla
atraviesa toda la sociedad, continua y permanentemente, y sitúa a cada uno en un campo
9Arnaldo Córdova. La formación del poder político en México, México, Era, 1977., p.93 10 Michel Foucault. Defender la sociedad, México, FCE, 2002., p.38. Para Foucault las relaciones de
poder siempre están presenten hasta en las situaciones más simples de la vida cotidiana y no se limitan al
plano del Estado, el filósofo francés nos dice: “Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una
mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones
de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos; son
más bien el suelo movedizo y concreto sobre ese poder se incardina, las condiciones de posibilidad de su
funcionamiento. La familia, incluso hasta nuestros días, no es el simple reflejo, el prolongamiento del
poder de Estado; no es la representante del Estado respecto a los niños, del mismo modo que el macho no
es el representante del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como funciona es necesario que
haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien especificas que tienen su
configuración propia y su relativa autonomía.” (Michel Foucault. Microfísica del poder, Madrid, La
piqueta, 1980., p.157) 11 Michel Foucault. Defender la sociedad, México, FCE, 2002., p.42. Las cursivas son nuestras.
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o en el otro. No hay sujeto neutral. Siempre se es, forzosamente, el adversario de
alguien.”12
De esta forma con Foucault podemos distinguir un poder que va más allá de esa fuerza
legitimada por el derecho que supone el poder de jure, para el filósofo francés el poder
es una fuerza al alcance de todos los individuos, por lo tanto pueden existir fuerzas
capaces de confrontar al Estado mismo o el ultimo instancia son esta fuerzas son los
componentes del Estado, o como los llamara Lassalle son los factores reales de poder13,
poderes de facto.
IV. UNA BREVE DEFINICIÓN DE PODER FÁCTICO
Pese a que existan los llamados factores reales de poder o las redes de poder planteadas
por Foucault, normales en la sociedad y en la política, pues ésta arena se encuentra a
merced de los intereses privados y a la presión de éstos. Los poderes fácticos no se
ajustan a esta situación. La diferencia entre un grupo de particulares en busca de un
beneficio propio y un poder fáctico estriba en la situación de privilegio en el espacio
público de la que parten los segundos.
Raúl Trejo Delarbe en su libroPoderes Salvajes Mediocracia sin contrapesos sintetiza
la conceptualización hecha por Luigi Ferrajoli y nos presenta lo que para el filósofo
italiano son los poderes salvajes. Los poderes salvajes son aquellas fuerzas que
“amenazan la estabilidad institucional de las sociedades y Estados contemporáneos.”14
La tipología elaborada por Ferrajoli incluye a grupos del terror y el crimen ligado a las
mafias; a los criminales que actúan dentro de las instituciones, ligados a la corrupción;
los poderes que operan bajo la ley del más fuerte en los conflictos internacionales, sin
embargo a nosotros nos interesa estudiar a los poderes privados de carácter extralegal.
Para Ferrajoli los poderes privados de carácter legal son “<<sobre todo los macro
poderes económicos que, en ausencia de límites y de controles legales, tienden a
desarrollarse con dinámica propia, arrollando las garantías de los derechos de los
12Ibid., p.56 13 Véase Ferdinand Lasalle. ¿Qué es una constitución?, México, Colofón, 1986., pp.41-48 14Raúl Trejo Delarbe. Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos, México, cal y arena, 2005., p.191
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trabajadores, los principios de transparencia y concurrencia, los interese públicos y los
derechos sociales, condicionando fuertemente la esfera de los poderes públicos.>>”15
Por cuestiones metodológicas llamamos a estos poderes macro económicos poderes
fácticos, pues el concepto de poder salvaje engloba a los cuatro tipos arriba señalados y
no es la intención de la presente investigación dar cuenta de cada uno de ellos. Los
poderes fácticos no deben confundirse con los grupos particulares, éstos, hemos dicho
ya, son normales en una sociedad que vive en un régimen democrático. Sin embargo el
nivel o la capacidad de injerencia de los grupos es el elemento distintivo entre cada uno
de ellos. De acurdo con María amparo Casar “Una sociedad más democrática regula y
resiste mejor la intervención de intereses privados en la esfera pública.”16
Casar nos brinda algunas características que nos permiten identificar a un poder fáctico,
en primer lugar se encuentra la independencia que tienen frente a la voluntad de los
ciudadanos y sus representantes, sin embargo nos dice Casar, los poderes fácticos
condicionan la representación. La segunda característica es que “no son parte formal del
proceso de toma de decisiones, pero tienen instrumentos para influir de manera
desproporcionada en las decisiones reservadas a los poderes públicos, en particular al
Ejecutivo y al Legislativo”. Dentro de esta lógica la tercera característica es que pese a
no tener representación formal en el Congreso o en el gobierno pueden poner vetos a la
acción pública. La cuarta característica tiene que ver con su origen, los poderes fácticos
crecen bajo la protección de las autoridades aunque luego se sus rehenes.17 Por último
los poderes fácticos se caracterizan por derivar “una <<renta>> extraordinaria de la que
están excluidos otros actores.”18
Con estos elementos podemos distinguir entre un grupo de la sociedad civil, cualquiera
que este sea, frente a un poder fáctico. La existencia de grupos de interés privados es un
supuesto de un régimen democrático, pero los poderes fácticos, tal como los hemos
15 Luigi Ferrajoli, El Garantismo y la filosofía del derecho, Bogotá, Universidad externado de Colombia,
2000, pp. 128-129 citado en Raúl Trejo DelarbeOp. Cit., p.192 16 María Amparo Casar “Poderes Fácticos” en Nexos, núm. 376, abril, 2009., p.47 17 Sobre esta característica en el caso mexicano Véase Roderic A. Camp. Los empresarios y la política en
México, México, FCE, 1990 y; Pablo González Casanova. La democracia en México, México, Era, 1980. 18 María amparo Casar. Op cit., p.48
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definido aquí no lo son. Los poderes fácticos atentan contra el entramado institucional y
pretenden someter al estado mismo llevándonos así a una nueva clase de gobierno que
puede ser todo menos democrático. En el siguiente apartado distinguiremos por un lado
entre sociedad civil y podres fácticos; y por el otro entre participación ciudadana y
sometimiento o injerencia ilegal en el espacio público, todo ellos para poder plantear la
tensión existente entre el poder de jure ejercido en un Estado democrático y los poderes
fácticos.
V. LOS PODERES FÁCTICOS EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. LA
CONTRAPOSICIÓN ENTRE EL ESTADO DE DERECHO Y EL
PODER DE HECHO.
En un régimen democrático, como en ningún otro régimen, existen las condiciones para
la libre asociación de los individuos. Tanto la asociación y participación de los
ciudadanos juegan un doble papel en los regímenes democráticos, por un lado son
condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la democracia, pero al mismo
tiempo la democracia permite y fomenta la participación y la libre asociación de los
ciudadanos. En fechas recientes los conceptos de participación ciudadana, sociedad
civil, libertad de asociación y expresión han sido utilizados para defender los intereses
de los poderes fácticos. En las siguientes líneas profundizaremos en los conceptos de
sociedad civil y participación ciudadana pues son estos los directrices del discurso
utilizado por los poderes fácticos para justificar su intromisión en la toma de decisiones
públicas.
El concepto de sociedad civil está abierto a muchas interpretaciones, a lo largo de la
historia se ha usado en distintos sentidos desde el sector privado de la economía hasta
un movimiento social en busca de derechos humanos. Es a partir de los movimientos
prodemocráticos en el antiguo bloque soviético que el concepto de sociedad civil se
introdujo en el debate de la democracia, la intención era diferenciarse del Estado, el
partido oficial y del sector privado. A partir de esta situación el concepto de sociedad
civil tiene un carácter político y refiere a movimientos ciudadanos en favor de los
derechos humanos y civiles. Otra acepción recientemente utilizada para el concepto de
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sociedad civil es aquella que la concibe como un ámbito de participación pacífica y
organizada de los ciudadanos para lograr un fin específico.19
Las dos acepciones indicas cosas distintas, sin embargo, son complementarias entre sí.
Todo movimiento ciudadano que busque la consecución de un fin, ya sea luchar por
algún derecho civil o causa social, necesita de organización y planificación pacífica. En
nuestro país contamos con una larga tradición de organización civil, baste mencionar el
caso de la organización de la sociedad después del terremoto de 1985 en la ciudad de
México; los trabajos de rescate fueron hechos por vecinos de las zonas afectadas que se
organizaron entre ellos para poder salvar a las personas. Otro ejemplo claro de la
organización de la sociedad civil en México es la existencia de diversos movimientos
organizados en busca de servicios públicos para colonias de recién creación o de zonas
marginales.
Con el concepto de sociedad civil, después de lo señalado, nos referiremos a
movimientos sociales organizados que pacíficamente busquen la consecución de un fin
específico, en condiciones de igualdad con otros grupos y sin ningún tipo de privilegios
en el espacio público. El punto de partida o los privilegios que tenga cada movimiento
será el elemento que nos permita distinguir a la sociedad civil de un poder fáctico. En
este sentido María Amparo Casar apunta que “los derechos de las personas para
asociarse, para expresarse y para defenderse contra actos de las autoridades o de
decisiones que los afectan son consustanciales a la democracia […] Pero hacerlo en
condiciones especiales o a partir de la acumulación de privilegios es contrario al
principio al principio de igualdad que también caracteriza a la democracia.”20
La existencia los grupos organizados de la sociedad y su participación en algo normal
en una democracia. Empero, el concepto de participación debe aclarase para poder
distinguirlo del intento de sometimiento del Estado. Una primera distinción que cabría
hacer es la de participación del Estado y la participación de la sociedad civil. La primera
se refiere a la intervención en los asuntos de interés público a través de los canales
institucionales oficiales; la segunda por su parte refiere a la incidencia en los asuntos
19 John M. Ackerman. “Sociedad civil y rendición de cuentas” en varios atores Elecciones y ciudadanía
en el Distrito Federal, México, Instituto Electoral del Distrito Federal, 2006., p.26 20 María Amparo Casar. Op cit., p. 51
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públicos de grupos organizados autónomamente a las instituciones.21 Nosotros nos
enfocaremos en la participación de la sociedad civil pues es este tipo de participación la
que nos permite ubicar a los poderes fácticos y su intento de sometimiento del Estado.
La participación de la sociedad civil ha sido conceptualizada, por un lado se habla de
participación social y por el otro de participación política. A nosotros nos interesa la
participación política pues éste refiere a la distribución del poder, la toma de decisiones
y a las elecciones de representantes de gobierno.22 La participación política ha sido
definida como “una acción que se cumple en solidaridad con otros en al ámbito de un
Estado o de una clase, con vistas a conservar o a modificar la estructura (y por tanto los
valores) del sistema de intereses dominantes.”23
La participación política implica, por lo tanto, capacidad de influencia en la toma de
decisiones públicas. No obstante, al igual que en el caso de la sociedad civil, es la
situación de privilegio los medios utilizados los que nos permiten distinguir la
participación política del sometimiento del Estado. Mientras que los recursos de la
participación política en última instancia se someten al canal institucional. Los recursos
que utilizan los poderes fácticos pueden interferir con la capacidad de acción del Estado,
por ejemplo los grandes empresarios pueden amenazar, a raíz de su condición
económica, con retener la inversión o en última instancia una fuga de capitales,
provocándose así una crisis económica.
Así la existencia de poderes fácticos con una capacidad acción como la que hemos
señalado atenta contra la estabilidad política, económica y en última instancia social.
Además coloca al Estado en una situación de vulnerabilidad frente a estos poderes. Los
fenómenos ocurridos en las elecciones presidenciales de 2006 y la reacción ante la
reforma electoral de 2007 muestran la confrontación entre los poderes fácticos y el
Estado, además la actitud servil y complaciente algunos legisladores nos da cuenta del
21Lucia Álvarez Enríquez. “Introducción general” en lucia Álvarez Enríquez (coord.) Participación y
democracia en la ciudad de México, México, la jornada ediciones CIICH UNAM, 1997., pp.17-24. 22Ibid., p.30 23AlessandroPizzorno. “Introducción al estudio de la participación política” en AlessandroPizzorno,
Participación y cambio social en la problemática contemporánea, Buenos Aires, 1975., p.17 citado en
Lucia Álvarez Enríquez. Op. Cit., p.33
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poder de intimidación o el sometimiento que los servidores públicos tienen frente a los
poderes fácticos.
VI. LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA INTERVENCIÓN DE LOS
PODERES FÁCTICOS
Las elecciones presidenciales de 2006 pusieron sobre la mesa las carencias en la
legislación electoral vigente desde 1996 pues se presentaron fenómenos en los que el
código electoral no tenía reglas claras. Algunos de éstos son los actos anticipados de
campaña, las campañas negativas, la intervención de autoridades gubernamentales en
las campañas electorales, la utilización de programas sociales en beneficio de algún
partido político o candidato, entre otros.24 Además, la actuación de la autoridad electoral
estuvo marcada por el descredito y la sospecha. La conformación del consejo general de
IFE en 2003 no gozó del conceso de todas las fuerzas políticas, rompiendo así con la
mecánica establecida desde 1996; los consejeros seleccionados tienen claros y notorios
vínculos con las dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).25
Estos fenómenos aunados a la presión y chantaje ejercido por las televisoras para la
aprobación de la ley televisa marcaron el rumbo de la contienda electoral. Otra
característica distintiva de la elección presidencial de 2006 fue que todos los candidatos
registrados en la elección se enfrentaron a diversos problemas antes de concretar su
registro. El caso más sobresaliente, sin duda, fue el del candidato por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quién enfrentó un
proceso de desafuero entre 2004 y 2005 con lo cual se ponía en riesgo su posible
candidatura a la presidencia de la república.26
24 Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales 2006, México, IFE, 2006., p.11 25 Jaime Cárdenas. “Sociedad civil ausente y partidocracia presente” en John M. Ackerman (coord.)
Nuevos escenarios del derecho electoral: Los retos de la reforma electoral de 2007-2008, México, IIJ-
UNAM, 2010., pp. 69-70; Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. “Volver al punto de
partida. El IFE en las elecciones presidenciales de 2006” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar
(coord.) Los límites de la democracia en México. Elecciones 2006, México, UNAM, 2010., pp.70-75 26 Luis Carlos Ugalde. Así lo viví, México RandomHouseMondadori, 2008., p.68. Sobre los obstáculos
sorteados por los demás candidatos véase Ibid., pp.68-78
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Así, pese que la carrera por la presidencia formalmente iniciaba el 18 de enero de 2006,
los sucesos vinculados con el proceso electoral comenzaron por lo menos un año antes.
El principal suceso fue el marcado conflicto entre el entonces presidente Vicente Fox y
Andrés Manuel López Obrador. “Fox busco por diversos medios eliminar el liderazgo
de Andrés Manuel López Obrador quién destacaba como el más fuerte competidor.”27
El principal medio para el cometido de Fox fe la comprar de spots en los medios de
comunicación. Para evitar estas acciones el IFE aprobó la llamada tregua “navideña”
con la cual se pretendía evitar los actos anticipados de campaña una vez concluidos los
procesos internos de selección de sus candidatos.28
Con el inicio oficial de las campañas electorales el 18 de febrero de 2006, los distintos
actores reiniciaron sus actividades. Al inicio de la contienda el candidato Andrés
Manuel López Obrador tenía una ventaja de “7 puntos frente a Felipe Calderón y de 13
frente a Roberto Madrazo: el marcador era 39-32-26.”29 Ante esta situación los
candidatos con menos puntuación recurrieron a las campañas negativas para debilitar a
López Obrador y repuntar en la competencia. El primero en recurrir a la campaña
negativa fue Roberto Madrazo. Valiéndose de la negativa de AMLO para asistir al
primer debate presidencial Madrazo lanzó dos spots contra López obrador a partir del 7
de marzo. En dichos spots se decía señala que AMLO era un mentiroso, Madrazo lo
retaba a debatir con frases como “¡Tú dices cuándo! ¡Ponle día y hora!” y en los dos
promocionales estaba presente la frase “¡Dices una cosa y haces otra!”30.
27 Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. “Volver al punto de partida. El IFE en las
elecciones presidenciales de 2006” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar (coord.). Op cit., p.75 28 Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales de 2006, México, IFE, 2006., pp.10-132; Marisol
Beltrán León “El problema de la prueba en el dictamen con declaratoria de validez de la elección y otras
cuestiones” en Miguel Eraña Sánchez (coord.) La calificación presidencial de 2006. El dictamen del
TEPJF a debate, México, Porrúa, 2006., p.79. En palabras del consejero presidente del IFE, Luis Carlos
Ugalde “El propósito de la tregua era propiciar que las campañas iniciaran en condiciones de mayor
equidad. Tuvo éxito: las precampañas se detuvieron, lo cual dio un alivio pasajero a la opinión pública y,
sobre todo, dio pie para que las campañas formales iniciaran con mayor orden, en enero de 2006. (Luis
Carlos Ugalde. Op cit., pp.119-120) 29 Luis Carlos Ugalde. Op cit., p.89 30Ibid., pp.91-92
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Unos días después, el 12 de marzo de 2006, el PAN lanzó su primer promocional en
contra de AMLO. “Según Calderón, no tenían otra alternativa y por ello no dudaron en
atacar, aunque hubiese riesgos de que la campaña fallara. <<Bueno. Si falla esto se
acabó la campaña, pero si no lo hacemos también se cabo la campaña>>. El
promocional narraba la presunta irresponsabilidad financiera de AMLO cuando había
sido jefe de gobierno del Distrito Federal.”31 Los efectos de estos promocionales se
harían sentir para finales de marzo. Las encuestas sobre la intención del voto sufrieron
cambios significativos a finales de marzo y principios de abril, la ventaja de López
Obrador se había disipado, de 7 puntos paso a tener sólo uno frente a Calderón,
Madrazo se mantenía en tercer lugar con sólo el 26% de intención de voto.
La campaña negativa iniciada por Madrazo y continuada por Calderón en contra de
Andrés Manuel López Obrador fue bien acogida en los medios de comunicación,
principalmente en las televisoras, por dos grandes motivos. El primero es que la compra
de espacios en el aire les representaba una fuente de ingresos considerable; el segundo
motivo, quizá el más importante, fue que aquel tiempo se discutía en el Senado de la
República la “ley televisa” y el PRD había votado en contra de ésta.
La aprobación de la llamada “ley televisa” fue la moneda de cambio impuesta por los
grandes consorcios televisivos para el apoyo a los candidatos presidenciales. Frente a la
ventaja de Andrés Manuel López Obrador, los adversarios no vacilaron en apoyar este
paquete de cambios legales. “Josefina Vázquez Mota, coordinadora de campaña de
Felipe Calderón, había acordado con Bernardo Gómez el apoyo a la ley a cambio de
aumentar el puntaje a Felipe Calderón en las encuestas, diferir los pagos de los spots y
presionar en forma mediática al IFE para la realización de dos debates.”32
Además el apoyo a la ley televisa devendría en “un tratamiento preferencial sobre
espacios, no medidos en televisión, pero fundamentalmente en la no agresión a los
31Ibid., p.95 32 Álvaro Delgado, “Calderón, detrás del pacto” en Proceso, México, núm. 1592, 6 de mayo de 2007
citado en Javier Corral y AlinAkéKob. “Medios de comunicación y elecciones. La televisión en el
proceso electoral federal de 2006” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar (coord.) Los límites de la
democracia en México. Elecciones 2006, México, UNAM, 2010., p.116.; Véase también Jaime Cárdenas.
Op cit., p.70
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candidatos del PRI y el Pan”33 Los datos del monitoreo realizado por el IFE muestran
que en el manejo de la información AMLO recibió 5.21% de comentarios negativos,
tres por ciento más que Calderón y Madrazo quienes registraron 2.41% y 2.70%
respectivamente.34 Sobresale el mes de marzo (Véase Tabla 1.), mes en el que se
discutió la ley televisa en el Senado, como el mes en donde se hacen más comentarios
negativos en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo electoral realizado por Instituto Federal Electoral, con tenido en: Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales 2006, México, IFE, 2006. Este chantaje fue el primer acto de intervención en la contienda electoral por parte de
los poderes fácticos. Hasta el mes de marzo las intervenciones ilegales en las campañas
electorales eran por parte de actores institucionales, tales como el Presidente Vicente
Fox y los mimos partidos políticos con las campañas negativas. En adelante, se
combinaran este tipo de intromisiones con la de los poderes fácticos, representados,
principalmente, por los grandes sectores empresariales, así como por las dos grandes
televisoras del país.
VII. LA INTERVENCIÓN EMPRESARIAL EN LAS CAMPAÑAS
ELECTORALES.
La intervención de los poderes fácticos fue, como nunca antes en la historia, un factor
decisivo en las elecciones presidenciales de 2006.35 La intromisión del consejo
33 Javier Corral y AlinAkéKob. Op cit., p.124 34Ibid., p.127; Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales de 2006, México, IFE, 2006., p.80 35 Los casos más sobresalientes de la intervención en la contienda electoral por parte de los poderes
fácticos antes de la elección presidenciales son Pemexgate y Amigos de Fox. Estos casos son variedades
Tabla 1. Segundos valorados como negativos dedicados a los partidos políticos o coaliciones en los noticiarios monitoreados de televisión del 19 de enero al 28 de junio de 2006.
02000400060008000100001200014000
enero frebrero marzo abril mayo junio
PAN
CAPM
CPBT
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coordinador empresarial y diversas organizaciones empresariales rompió con la historia
de su actuación en las justas electorales, pues hasta antes de la tercera de junio de 2006
nunca se había realizado abiertamente una campaña en contra de algún candidato. Así
pues la realización de la campaña negativa en contra de López Obrador da cuenta del
nivel de empoderamiento en el que se encuentran los poderes fácticos.
El financiamiento de los spots en radio y televisión contra de AMLO estuvo a cargo de
dos organizaciones empresariales, el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C
(Celidech) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “El Celidech sacó al aire un
par de spots que, mediante el uso de imágenes de violencia, muerte y armamento,
buscaban generar miedo.”36En los promocionales se vinculaba al candidato de la
Coalición por el Bien de Todos (CPBT) con el presidente de Venezuela Hugo Chávez
además de acusar a ambos (AMLO y Chávez) de violentos; los spots concluían con una
llamado al voto para defender su futuro y evitar la violencia, la de AMLO y Chávez.37
A su vez el Consejo Coordinador Empresarial difundió dos spots con la intención de
alertar sobre los riesgos de la posible victoria de López Obrador. A diferencia del
Celidech, el CCE no utilizó la palabra “vota”, ni el nombre de algún candidato, sólo se
hacía alusión a los riesgos que traería un cambio en el modelo económico, el
promocional concluía con la frase “apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos
lo que hemos logrado.”38
Además, en las campañas electorales de 2006 intervinieron de manera ilegal diversas
empresas para apoyar al candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón
Hinojosa. Algunas de estas empresas son: Sabritas, S de R.L. de C.V.; Dulces de la
de un mismo hecho: “dinero ilegal en campañas políticas, lo que es motivado principalmente por la
<<necesidad>> de los partidos de comprar tiempo en los medios, en especial en la televisión, para
posicionar sus propuestas y candidatos.” (Luciano Mendoza Cruz. “Dinero y elecciones 2006: Inventario
de temas” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar (coord.) Los límites de la democracia en México.
Elecciones 2006, México, UNAM, 2010., p.150). Para un análisis detallado de estos casos véase Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama. Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, México, Cal y
arena, 2006. 36 Luis Carlos Ugalde. Op cit., p.131. 37Ibidem. 38Ibid., p.133
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rosa, Coppel y Televisa. Estas empresas utilizaron distintos medios para condicionar el
voto, sin embargo, la vía más utilizada fue la compra de publicidad en los medios de
comunicación masiva. Sabritas, por ejemplo, financio un spot en el que promovía el
voto por el candidato de “las manos limpias”, eslogan utilizado por Calderón. 39
Por su parte Televisa promociono el voto a favor de Calderón dentro de dos de su
programas. En la telenovela la fea más bella “uno de los actores dice expresamente que
va a votar a favor de Felipe Calderón Hinojosa y hace referencia al nombre de éste y a
sus propuestas de campaña.”40 También en el programa Que madre tan padre aparece
propaganda a favor del candidato de Acción Nacional; en este programa “se ve a cuadro
a la actriz Maribel Guardia. Detrás de ella y a través de una supuesta ventana se observa
un espectacular de color azul, el color del Partido Acción nacional, en el que parece
nítido el rostro de Felipe Calderón Hinojosa.”41
Las distintas empresas no escatimaron en gastos para el financiamiento de su campaña a
favor de Felipe Calderón. Sabritas gastó dieciséis millones cuatrocientos noventa y seis
mil ochocientos pesos; el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destinó ciento
treinta y seis millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco
pesos; Ármate de valor y vota gastó treinta millones seiscientos sesenta y tres mil
seiscientos pesos.42
Huelga decir que la mayor parte de estas cantidades fue aparar en las arcas de los
grandes consorcios mediáticos, principalmente de televisa. Desde la reforma electoral
de 1996 el modelo de comunicación política le daba entre el 65 y 70 por ciento del total
de financiamiento, público y privado, a los medios de comunicación por concepto de
cobro de derechos de trasmisión de propaganda política.43En 2006 el 70% del total del
39 Julio Scherer Ibarra. “Mediático y jurídico: terrorismo en 2006” en Julio Scherer Ibarra y Jenaro
Villamil. La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, México, Grijalbo, 2007., pp.102-104 40Ibid., p.103 41Ibidem. 42Ibid., p.120 43 Jaime Cárdenas. Op cit., p.69; Javier Corral y AlinAkéKob. Op cit., pp.116-117
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presupuesto destinados a los partidos (4926 millones de pesos) fue destinado a la
producción de spots y compra de tiempo en espacios televisivos.44
Las campañas negativas y el gasto desmesurado en medios de comunicación por parte
de partidos políticos y, sobre todo, de los poderes fácticos inclino la balanza hacia un
candidato. Empero esta situación fue posible gracias a la pasividad y permisividad de
las autoridades electorales, quienes tuvieron los medios para detener el actuar de los
poderes fácticos, sin embargo su actuación temerosa permito la intervención ilegal en
las campañas electorales.
VIII. LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES
Los fenómenos suscitados en las elecciones presidenciales de 2006 pusieron a prueba el
desempeño de las autoridades electorales así como al marco normativo vigente. El
resultado fue la muestra de las carencias en nuestra ley electoral y el pobre ejercicio de
nuestras autoridades electorales. La actuación letrista de las autoridades durante las
campañas electorales fue un factor fundamental en el conflicto post electoral de 2006.
Frente a una situación como la que se presentó ese año, convenía una actuación
garantista, como la que han tomado tanto el IFE y el TEPJF en sus resoluciones más
efectivas.45
En 2006 el IFE permitió la actuación ilegal de los poderes fácticos pues omitió algunas
de sus facultades legales, por ejemplo, en materia de medios de comunicación el
instituto no estableció ningún mecanismo para regular las contrataciones hechas por los
medios tal como lo estipulaba el artículo 48.1 del Cofipe. El citado artículo además
señalaba que era derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en radio y
televisión para efectos electorales. Sin embargo, el IFE sólo celebro convenios con los
44 Jenaro Villamil “Guerra sucia y pánico moral” en Julio Scherer Ibarra y Jenaro Villamil. Op cit., p.30 45 John M. Ackerman “Mitos de la institucionalidad en México” en John M. Ackerman (coord.) Nuevos
escenarios del derecho electoral: los retos de la reforma electoral de 2007-2008, México, IIJ-UNAM,
2010., pp.95-96. Sobre las distinción entre el enfoque letrista y el garantista en la aplicación de la lee
véase Ibidem., pp. 97-109
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medios electrónicos para que le informaran sobre una parte del proceso de las
contracciones y tarifas de los partidos.46
Estos acuerdos eran de buena voluntad y su revocación en cualquier instante no tendría
sanción alguna. El primero de los acuerdos fue firmado por el IFE y Televisa el 3 de
octubre de 2005, el acuerdo “fijaba el compromiso de la televisora de entregar un
resumen de copias de pagos de los partidos por concepto de spots electorales que se
transmitirían en sus canales entre enero y julio de 2006, estableciendo que el IFE
difundiría la información proporcionada por Televisa de acuerdo con su reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.”47 El segundo acuerdo se firmó entre
el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) el 19 de
enero de 2009.
Respecto a las campañas negativas por parte de los poderes fácticos y de los partidos
políticos el código lectoral facultaba al IFE para actuar, por ejemplo el artículo 186 del
Cofipe vigente establecía que “los partidos políticos, los coaliciones y los candidatos
podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presenten los
medios de comunicación, cuando consideren que la misma h deformado hechos o
situaciones referentes a sus actividades personales.” Sin embargo, el instituto omitió
esta facultad legal. El IFE tampoco ejerció los artículos 182.4 y 182.a.5 de la ley
electoral. En estos artículos se estipulaba que la propaganda electoral realizada por los
partidos debía destinarse a la exposición de la plataforma electoral.
Sin embargo, la omisión más grave del IFE y de su Consejo General fue la referente al
artículo 48.13 del Cofipe el cual a la letra establecía que “en ningún caso se permitirá la
contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o
candidato por parte de terceros.” Aquí se encontraba el instrumento legal para detener la
intervención de los poderes fácticos.48 No obstante, el IFE renunció a sus facultades
legales así como a su papel de autoridad máxima en materia electoral.
46 Jaime Cárdenas. Op cit., pp.70-71 47 Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. Op cit., p.93 48 Jaime Cárdenas. Op cit., p.70-73
Alejandro Rojas Méndez El proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de Reforma Electoral en México 2006-2009. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
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Pese a todo el entramado legal disponible el consejo General del IFE se limitó a
“invitar” al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a suspender la transmisión de los
spots en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. A través de un
oficio se invitó a las 14 organizaciones empresariales y patronales para que abstuvieran
de acciones que eran interpretadas como mecanismos de presión o coacción del voto.49
De esta forma la actuación, por omisión, del IFE y su consejo general durante las
campañas electorales son un elemento fundamental en los conflictos que se desataron a
la postre de la elección. La actuación e interpretación letrista o “minimalista” de la ley
hecha por las autoridades electorales, en el caso concreto de las elecciones
presidenciales de 2006, parece ser una salida fácil y que se alinea con los intereses de un
grupo en particular, antes que jurídica es una actuación con un trasfondo político.50
IX. LA ACTUACIÓN DEL IFE EL 2 DE JULIO
Los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 desataron una fuerte crítica a las
instituciones electorales en nuestro país, se cuestionó la credibilidad, trasparencia y
fortaleza de los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones. La crítica
hacia las instituciones comenzó con el consejo general del IFE a razón de cuatro
eventos: el manejo de la información sobre los resultados la noche de la elección, la
tardanza para mostrar las actas con inconsistencias no incluidas en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), la negativa por parte del IFE a abrir la
totalidad de los paquetes electorales con inconsistencias, por último la declaración del
ganador por parte del Consejero Presidente Luis Carlos Ugalde cuatro días después de
la elección.
La noche del 2 de julio de 2006 Luis Carlos Ugalde declaró “no es posible determinar,
dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o
coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida”51 esta
49 Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. Op cit., p.95 50 Sobre otros casos en los que las autoridades electorales han actuado acorde a los intereses un grupo en
particular véase John M. Ackerman “Mitos de la institucionalidad electoral en México” Op. Cit., pp.109-
115 51 Alonso Urrutia, Fabiola Martínez y Jesús Aranda, La jornada, 3 de julio de 2006 citado en Fernando
Castañeda y Martha Singer Sochet, Op cit., p.96
Alejandro Rojas Méndez El proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de Reforma Electoral en México 2006-2009. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
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declaración desencadenó que la tensión en torno a los resultados se incrementara,
además le permitió a los dos candidatos punteros, Felipe Calderón y Andrés Manuel
López Obrador, proclamarse como los vencedores de la justa electoral. Con estas
declaraciones quién perdía era la certeza en la elección.52
La incertidumbre en esas horas de la noche era generalizada pues ni el IFE y tampoco
las televisoras dieron los resultados de sus encuestas de salida por lo reñido de los
resultados. “Con el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la
incertidumbre se repitió: aunque en el transcurso de la primera hora Felipe Calderón
dominaba claramente […], a partir de la segunda hora comenzó un proceso paulatino de
recuperación de López Obrador. Proceso lento […], el cual hacia previsible un cruce en
las tendencias a favor de López Obrador en la madrugada del día siguiente.”53
Con el cierre del PREP (el 3 de julio a las 8 de la noche) la incertidumbre continuó, en
especial para el candidato que aparecía como perdedor (AMLO), pues en el conteo no
se habían incluido 11 184 actas de casillas con inconsistencias. Ante esta situación el
IFE hizo un ajuste e incluyó las actas con inconsistencias, a la luz del nuevo informe la
ventaja del candidato del PAN ahora sólo era de 0.62% (en el primer informe era de
1.04%). Este segundo informe llegó cuando ya se habían generados mayores
cuestionamientos la transparencia d ele lección, López Obrador ya había acusado de
manipulación y anunciaba la solicitud de recuento voto por voto.
Con el cambio en los resultados, producto de la inclusión de las actas con
inconsistencias, la pregunta que surgía era ¿qué pasaría si se revisará todas las casillas
con un tipo de error? El reclamo del recuento voto por voto cobraba fuerza así como la
sospecha de algún tipo de fraude electoral.54 El 5 de julio las autoridades tuvieron la
oportunidad de cavar con todas estas sospechas en el recuento oficial, sin embargo no
52 Fernando Pliego Carrasco. El mito del fraude electoral en México, México, Pax México, 2007., p.134 53Ibidem. 54 Fernando Pliego señala que la sospecha del fraude se generalizo debido a lo que él llama la cultura de
la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, es “una cultura construida en un largo proceso
de aprendizaje de experiencias negativas, transmitida incluso de generación en generación; cultura
fomentada una y otra vez por los comportamientos ilegales y las promesas no cumplidas de los
gobernantes, pero que también propicia la elaboración de conclusiones injustificadas, contrarias a los
hechos.” (Fernando Pliego Carrasco. Op. Cit., p.136)
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fue así pues el IFE deicidio no abrir la totalidad de los paquetes electorales con algún
tipo de inconsistencia.
Los consejeros distritales no abrieron los paquetes electorales siguiendo el consejo del
entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien le había solicitado, vía
una curricular enviada el 5 de julio de 2006, que pedía el cumplimiento estricto de ley
vigente para la apertura de los paquetes electorales en particular del artículo 274
delCofipe.55 La decisión del IFE en este caso fue extremadamente formalista e impido
dotar de certeza y legitimidad a los comicios electorales.
55 John Ackerman “Mitos de la institucionalidad electoral en México” Op cit., pp. 122-123. El citado
artículo estable que “1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento
siguiente: a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras
de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y
cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del
presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas
establecidas para ello; b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes
en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se
procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo abrirá el paquete en cuestión y
cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos
válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de
contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un
consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto
emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 230 de este Código. Los resultados se anotarán en la
forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual
manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los
representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el
cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los
cómputos; c) Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo señalados en el inciso anterior; d) A continuación se abrirán los
paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los
incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva; e) La suma de
los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el
cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente; f)
Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para
extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al d) de este artículo;
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El recuento de los votos era la mejor salida para cavar con la duda y la sospecha, pues
como señala José Antonio Crespo “dada la estrechez del resultado, esa era la única
forma de depurar las inconsistencias, precisar la voluntad del electorado y validar
plenamente el veredicto final, fuera cual fuera.” Además, continua Crespo “con ese
recuento se buscaba clarificar al máximo cuál de los dos candidatos punteros había
ganado en verdad, y así dar certeza al veredicto final.”56
Con esta negativa el IFE renuncio a su deber como autoridad encargada de garantizar la
certeza, legitimidad y legalidad de las elecciones. No basta con los resultados, con la
frialdad de los números para dar certeza, se necesita que todos los acores estés de
acuerdo son éstos. “El IFE debió depurar las inconsistencias tanto como fuera posible,
recontando el contenido de las casillas cuyas actas registran inconsistencias aritméticas
en sus rubros fundamentales.”57
Con las críticas al PREP hechas por uno de los candidatos, con el cambio en los
resultados a raíz de la inclusión de las actas con inconsistencias, la negativa a hacer un
recuento total de los votos y las controversias ya presentadas para entonces en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 6 de julio de 2006 el
consejero presidente del Instituto declaro de manera oficiala Felipe Calderón como el
ganador de las lecciones. La declaración de Ugalde no sólo fue desafortunada sino que
ya no estaba dentro de sus competencias, la declaración oficial le correspondía al
TEPJF.
g) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el
resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta
correspondiente a la elección de representación proporcional; h) El Consejo Distrital verificará el
cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que
hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 7
de este Código; e i) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo,
los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad
de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.” 56 José Antonio Crespo. 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana,
México, Debate, 2008., pp.12-14 57Ibid., p.62
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Con su actuar, el IFE y su Consejo General, lejos de brindar certeza y credibilidad en
los resultados, posibilitaron que la duda y la sospecha de fraude se incrementaran. Era
turno del Tribunal Electoral para salvar la confianza en las instituciones electorales.
Durante los meses siguientes se desarrolló una fuerte movilización por parte de la
Coalición por el Bien de Todos para presentar las pruebas que acreditaran el fraude. Fue
hasta el 5 de septiembre que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral de
nuestro país dio el dictamen y la declaración de validez de la elección presidencial de
2006.
LA REFORMA ELECTORAL DE 2007. UN INTENTO DE FRENAR A LOS
PODERES FÁCTICOS
La reforma electoral del 2007 es resultado de unas elecciones plagadas de
irregularidades, que mostraron las carencias de nuestra leyen esta materia, expuestas por
el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) así como de los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el fallo que dieron de
la elección presidencial del 2006, particularmente con lo que respecta a la calificación
de la elección.
La reforma electoral buscó solucionar 5 problemas que se venían presentando en los
procesos electorales: “1) el costo creciente de las campañas por el gasto de radio y
televisión; 2)los problemas de fiscalización de ingresos y egresos de los partidos
asociados a la compra de publicidad político electoral en los medios electrónicos; 3)la
intromisión en las campañas par parte de los gobiernos a través de sus estrategias de
comunicación social; 4)el uso de recursos públicos de los gobernantes para promover su
imagen con fines electorales, y 5) la compra de publicidad electoral por parte de
terceros que afectaba las condiciones de la competencia política”58
En materia de gastos en medios de comunicación, desde 1994 el gasto de los partidos
en los medios se ha incrementado, como señala Raúl Trejo Delarbe: “En 1994
solamente el 25.3 % de los gastos de los partidos en sus campañas estuvo orientado a la
58 Ciro Murayama “Reforma para la consolidación democrática vs Contrarreforma desde el interés
privado” en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coord.) Democracia sin garantes. Las autoridades vs la
reforma electoral, México, IIJ-UNAM, 2009., p.6
Alejandro Rojas Méndez El proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de Reforma Electoral en México 2006-2009. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
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compra de tiempos en esos medios. En 1997 esa proporción creció al 55%. En 200 el
54.3% del dinero que recibieron los partidos fue a parar a las chequeras de las
radiodifusoras y televisoras. En 2003 el 49% de las erogaciones de los partidos tuvieron
el mismo destino.”59 En las elecciones presidenciales de 2006 el gasto destinado a los
medios de comunicación ascendió al 60% de total de financiamiento que los partidos
políticos recibieron para gasto de campañas.
Respecto a la fiscalización, durante las elecciones de 2006 se mostraron los problemas
de la legislación en este rubro, “de 601 689 spots publicitarios de los partidos y
coaliciones que se trasmitieron en radio y que el IFE detectó a través de sus monitoreos
de medios, faltaron por acreditar por parte de los actores políticos casi un cuarto de
millón de anuncios (248 159)”60
En cuanto al desvío de recursos, la utilización de programas sociales como propaganda
electoral y la intromisión de terceros, las elecciones de 2006 mostraron las carencias de
la ley electoral en esta materia. La intervención de Vicente Fox a favor de Felipe
Calderón y la campaña negativa del Consejo Coordinador Empresarial, entre otras
agrupaciones empresariales, son ejemplos paradigmáticos de la debilidad institucional y
legal para enfrentar estos problemas.
La elección de 2006 mostró que el camino en la construcción de instituciones confiables
aún no está terminado en nuestro país. La reforma electoral de 2007 es la continuación
del proceso de perfeccionamiento institucional iniciado en 1996. La reforma de 2007
puede ser considerada de carta generación y constituye un “triple blindaje del espacio
público”. La razón de ser de esta reforma fue, como apunta Lorenzo Córdova “atender
los problemas estrictamente electorales relacionados con los procesos comiciales”
además, nos dice el autor “encarnó una verdadera apuesta de parte de los poderes del
Estado para redefinir su relación con los poderes mediáticos, relación que siempre es
complicada y tensa, pero que en los años recientes había degenerado a condiciones
realmente insostenibles que llegaron a evidenciar una capacidad de sujeción y
59 Raúl Trejo Delarbe “Democracia y medios de comunicación en la reforma electoral de 2007”, mimeo,
2008, citado en Ibid., p.7 60Ibid., p.8
Alejandro Rojas Méndez El proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de Reforma Electoral en México 2006-2009. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
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condicionamiento de las instituciones públicas por parte de los intereses privados de los
titulares de las concesiones.”61
La reforma “representó un signo más que alentador de la pertinencia del valor de la
política, y de la utilidad de los espacios de representación para resolver diferencias y
trazar horizontes y trazar horizontes de coexistencia para una sociedad política
denodadamente plural.”62 Así mismo, la reforma también constituyó un cambio
respecto a la relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación, en la
que los primeros se encontraban supeditados los segundos.63
Esto quedó expuesto durante la sesión del 12 de septiembre de 2007 en el Senado de la
República. Los líderes de las bancadas de los principales partidos políticos expresaron
la necesidad de la reforma electoral. Carlos Navarrete, líder del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) expresó:
Lo que ocurrió fue que entramos en conocimiento y en conciencia plena que no puede
repetirse el mismo fenómeno de la elección de 2006 […] a partir de 2009 el poder del
dinero legal por encima del escritorio que el IFE le entrega a los partidos políticos, pero
61 Lorenzo Córdova. “Las razones y el sentido de la reforma electoral de 2007-2008” en Lorenzo
Córdova y Pedro Salazar (coord.) Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo.
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, México, 2008., p.49 62 Ciro Murayama “Consolidación democrática vs. Contrarreforma desde el interés privado” en Lorenzo
Córdova Vianello y Pedro Salazar Ugarte (Coord.) Democracia sin garantes. Las autoridades vs. La
Reforma Electoral, México, IIJ-UNAM,2009., p.2 63 En ese sentido Raúl Trejo Delarbe señala “La reforma constitucional de 2007 implico un viraje
respecto de la supeditación que los partidos, para hacer política y relacionarse con la sociedad mexicana,
habían alcanzado en relación con tales empresas comunicacionales. Esta reforma expresó el
convencimiento de la clase política acerca de la importancia de los medios de comunicación, pero, sobre
todo, el reconocimiento de la unilateralidad con la que puede desempeñarse tales medios. Los
legisladores acotaron en 2007 la posibilidad de que los consorcios comunicacionales favorecieran a uno u
otros partidos, pero no frenaron el problema fundamental que experimenta el sistema mediático
mexicano que es la intensa concentración de muchos medios en pocas manos. Esa concentración impide
la competencia, propicia el funcionamiento autoritario de los medios y deja las posibilidades de cobertura
plural de los acontecimientos públicos sujetos a la discrecionalidad de unos cuantos actores, voceros o
patrones mediáticos.” (Raúl Trejo Delarbe “Mediocracia en la democracia. Medios, partidos y
gobernabilidad en México” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray (Comps.) Op.
Cit., p.147.
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también el dinero ilegal que lega por debajo de los escritorios en efectivo a las oficinas
y a las empresas de radiodifusión y de televisión, que el poder del dinero de origen
incierto, el poder del dinero, sea expulsado de la lucha por el poder en México.[…]
Estamos tocando por la vía d la reforma constitucional a intereses fácticos mediáticos,
intereses que asumen que porque son concesionarios o permisionarios de un bien
público, que se les olvida con mucha frecuencia eso, pueden imponerse al Estado y a
sus órganos y pueden poner de rodillas a partidos, a candidatos, a legisladores y a todos
en la sociedad, porque controlan el acceso a la televisión y a la radio, y eso no puede
seguir más.64
En su intervención, Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, señaló que la
reforma electoral permitiría saldar el déficit de gobernabilidad generado a partir de
2006, además “La reforma fortalece el poder a los electores, al asegurar que la
competencia política se realice con base en las propuestas, las trayectorias y las ideas y
o en base a prácticas denigrantes ni polarizantes. La reforma permite agregar calidad a
nuestra democracia, al permitir que sean los votos, sólo los votos, y no el dinero, lo que
cuente y se cuente.”65
Por su parte, Santiago Creel, líder de los senadores del PAN se refería al papel de las
empresas de radio y televisión en las elecciones. Creel apunta que “El dinero es lo que
ha distorsionado, es lo que ha pervertido, la relación entre medios electrónicos, partidos
y candidatos, donde se mezclan intereses económicos, comerciales, políticos e
informativos. Una relación, por cierto también, en la que nadie o casi ande, puede
64 Carlos Navarrete Ruíz, intervención en la sesión del 12 de septiembre del Senado de la República.
Diario de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. LX Legislatura, Año
II, miércoles 12 de septiembre, citado en Raúl Trejo Delarbe “Mediocracia en la democracia. Medios,
partidos y gobernabilidad en México” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray
(Comps.) Op. Cit., p.148 65 Manlio Fabio Beltrones, intervención en la sesión del 12 de septiembre del Senado de la República.
Diario de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. LX Legislatura, Año
II, miércoles 12 de septiembre, citado en Raúl Trejo Delarbe “Mediocracia en la democracia. Medios,
partidos y gobernabilidad en México” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray
(Comps.) Op. Cit., p.149
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arrojar la primera piedra y hay que decirlo con claridad, y yo por delante; en la que los
políticos y (sic) pero también los medios somos responsables.”66
La coincidencia en la necesidad de una nueva reforma electoral por parte de las tres
principales fuerzas políticas de nuestro país fue un hecho histórico, nunca antes se había
hecho un reconocimiento tan claro de la capacidad de acción e injerencia de los medios
de comunicación en asuntos públicos, en este caso las elecciones. Además, este hecho
es el reconocimiento de la falta de legitimidad con la que se inició el sexenio de
Calderón.
A la falta de legitimidad, debemos sumarle la falta de eficacia de nuestras instituciones
electorales en 2006 “que se vieron desbordadas por los diversos conflictos electorales,
por el comportamiento de los actores que funcionaron a partir de unas <<reglas de
facto>> y por la propia incapacidad de la normativa electoral de dar respuesta a los
problemas que las autoridades enfrentaron al controlar el mercado político y al definir
los resultados del proceso.”67 Ante esta coyuntura, cada uno de los grupos
parlamentarios apoyo el proyecto de reforma electoral.
X. CONTENIDO DE LA REFORMA ELECTORAL
La reforma electoral está formada por el cambio al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) así como las reformas a los artículos 6, 41, 99,
85, 99, 108, 116,122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El proceso de negociación y discusión de estas modificaciones legales y
constitucionales surgió en el Congreso de la Unión, producto de la Ley para Reforma
del Estado, esto fue un hecho sin precedentes por dos razones, en primer lugar nunca
66 Santiago Creel Miranda, intervención en la sesión del 12 de septiembre del Senado de la República.
Diario de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. LX Legislatura, Año
II, miércoles 12 de septiembre, citado en Raúl Trejo Delarbe “Mediocracia en la democracia. Medios,
partidos y gobernabilidad en México” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray
(Comps.) Op. Cit., p.149 67 Flavia Freidenberg “Oportunistas, idealistas y adversarios en el proceso de reforma electoral en México
(2007/2008)” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray (Comps.) México, el nuevo
escenario político ante el bicentenario, España, Universidad de Salamanca, 2009., p.275
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antes una reforma había nacido en el Congreso; por otro lado era también la primera vez
que la reforma electoral estaba incluida un contexto mayor de reforma del Estado.
El proceso de discusión inicio el 25 de enero de 2007, nueve meses antes de su
aprobación, con el acuerdo entre los diputados del PRI y PRD para aprobar en el
próximo periodo de sesiones la reforma electoral. El proceso estuvo controlado por los
coordinadores de los tres principales partidos en el Senado. El procedimiento fue similar
al de reformas anteriores, se realizaron foros con especialistas y ciudadanos para darle
respaldo a la reforma, a la par de la negociación entre los líderes parlamentarios.
El primer paso para la aprobación de la reforma fue el 24 de agosto de 2007 con la
presentación de un documento de trabajo por parte del Centro de Estadios para un
Proyecto Nacional Alternativo, dirigido por Jorge Alcocer, ante el grupo de trabajo de
Democracia y Sistema Electoral de la Subcomisión Redactora del Congreso.68
Lo últimos días de agosto las negociaciones entre los partidos se intensificaron, en atrás
de contar con un documento listo para presentarse ante el pleno la primera semana de
septiembre. “A los panistas les urgía un acuerdo a fin de que se permitiera que Felipe
Calderón rindiera su primer informe de gobierno ante el plano del Congreso de la Unión
y con ellos superar los déficits de legitimidad producto de la estrechez de los resultados
de la elección de 2006.”69 Finalmente la reforma electoral, en su fase constitucional, fue
aprobada en el Senado de la República el 12 de septiembre de 2007, y el 14 de
septiembre, tuvo lugar su aprobación en la Cámara de Diputados.
En el proceso de discusión de la reforma electoral se presentaron un sin número de
propuestas, la CENCA fue la instancia responsable recibir y examinar cada una de ellas,
a grandes rasgos los ejes temáticos de la reforma electoral se pueden agrupar de la
siguiente manera:
a) La prohibición terminante para partidos, candidatos y particulares para
contratar propaganda en radio y televisión que tenga como fin influir en las
preferencias electorales (en el caso de los partidos la prohibición de compra de
publicidad es absoluta y vale en todo momento y circunstancia).
68Ibid., p.278 69Ibid., p.280
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b) El uso permanente de los tiempos que corresponden al Estado en radio y
televisión para que los partidos y las autoridades electorales del país tengan
acceso a esos medios electrónicos en espacios que son administrados por el
IFE. Además, durante los procesos electorales (desde el inicio de las
precampañas y hasta el fin de la jornada electoral) la totalidad de esos tiempos
del Estado, que asciende a 48 minutos diarios en cada estación y canal, son
destinados a fines electorales.
c) El acceso de los partidos políticos a los tiempos del Estado es administrado por
el IFE que distribuye esos tiempos atendiendo criterios de igualdad (el 30% de
los tiempos a disposición de los partidos se distribuye entre todos ellos de igual
manera) y de proporcionalidad (el 70% restante se asigna conforme a si índice
de votación).
d) El IFE es la autoridad encargada de vigilar que todos los sujetos obligados en
esta materia (partidos políticos, candidatos, concesionarios y permisionarios,
así como funcionarios públicos y particulares) cumplan con las obligaciones y
respeten las prohibiciones establecidas en la Constitución y en la ley y, en caso
contrario, imponer las sanciones correspondientes.
e) La propaganda pública debe tener carácter institucional y no puede ser
personalizada (es decir, beneficiar la promoción personal de un servidor
público). La única excepción a esta regla general es la que le permite siete días
antes del informe de labores o de gestión de un servidor público y cinco días
después del mismo puedan transmitirse mensajes para dar a conocer dicho
informe y no son considerados propaganda siempre y cuando no tenga fines
electorales, se acotes al ámbito geográfico donde el servidor público tiene su
responsabilidad, ni se difunda durante los periodos de campaña electoral.70
Los cambio hechos a la Constitución y al Cofipe que conforman la reforma electoral
presentan grandes avaneces en materia de medios de comunicación y seguridad del
espacio público. Huelga decir que este es el corazón mismo de la reforma electoral. “La
reforma electoral tuvo el objeto de resolver el complicado dilema que implica la tensa y
70 Lorenzo Córdova “La reforma trastocada: El caso de los <<informes laborales>> del PVEM” en
Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coord.) Democracia sin garantes. Las autoridades vs. La reforma
electoral, México, UNAM II-J, 2009., p.60
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disruptiva relación dinero-medios-políticas que en 2006 había alcanzado niveles
preocupantes y peligrosos, proscribiendo al dinero como vía de acceso de la política a la
radio y la televisión.”71
En este rubro, las modificaciones constitucionales más importantes son el artículo 41, el
134 y 6 constitucional. En el artículo 41 se establece el formato de comunicación
política, los partidos usaran los tempos del Estado para la difusión de sus plataformas
políticas, así mismo en la fracción III inciso g) del citado artículo se establece que “Los
partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona
física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda
en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos,
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección
popular.” Con esta disposición legal se busca detener a los poderes fácticos y evitar
campañas negativas como las de 2006.
La reforma también contemplo el derecho de réplica y estableció que será la ley la que
garantice este derecho. Desafortunadamente las modificaciones a la ley secundaria para
establecer los términos del derecho de réplica aún no se han realizado. En cuanto al uso
y difusión de programas sociales como propaganda a favor de algún candidato, la
reforma modifico el artículo 134 y estableció que:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
No obstante los avances, la reforma electoral de 2007 también presenta algunos
retrocesos, principalmente en lo que respecta a la transparencia interna y fiscalización
71Ibid., p.61
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de los partidos.72 Sin embargo, la reforma electoral de 2007 se destaca por el cuidado
que tuvo en materia de medios de comunicación. Con las disposiciones legales en
materia de comunicación política y acceso a radio y televisión se trató de frenar a los
poderes fácticos y a su capacidad de acción e injerencia en los procesos electorales.
XI. CONCLUSIONES.
En las próximas elecciones se pondrá a prueba, en una lección presidencial que pinta ser
tan competida como la de 2006, la reforma electoral de 2007, seremos testigos de la
funcionalidad de las modificaciones realizadas. Las elecciones intermedias han sido
ensayos que, lamentablemente, nos han mostrado la poca disposición existente por parte
de los diversos actores para superar la perversa relación de supeditación con los poderes
fácticos, en especial los poderes mediáticos.
Las lecciones aprendidas de 2006 y el nuevo marco legal deben facultar al IFE para
actuar como el máximo órgano garante de la equidad en las campañas electorales del
próximo año. El Instituto debe hacer frente a los poderes mediáticos a través de una
aplicación garantista de la ley, todo en aras de beneficiar los intereses y derechos
ciudadanos.
Las elecciones de 2012 deben ser vistas como una nueva oportunidad para reencauzar el
proceso de consolidación democrática en nuestro país. Con una aplicación garantista de
la ley se podrá paliara el déficit de legitimidad que nuestras instituciones electorales
vienen acarreando desde 2006 y que no se ha podido rebatir en las elecciones
intermedias, ni en las elecciones locales realizadas en estos años.
72 Sobre los retrocesos de la reforma electoral de 2007 véase Jesús Cantú “El sinuoso andar de la
democracia electoral mexicana” en John M. Ackerman (coord.) Nuevos escenarios del derecho electoral:
los retos de la reforma electoral de 2007-2008, México, IIJ-UNAM, 2010., pp.30-57
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