7/29/2019 Crdova, Arnaldo- El rescate del Estado
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EL RESCATE DEL ESTADO PARA PONERLO AL SERVICIO DEL
PUEBLO Y LA NACION
Arnaldo Crdova
1. El pueblo soberano y su Estado
La Nacin mexicana es el conjunto de todos los que han nacido en el
territorio nacional o que, habiendo nacido en otros pases, han adoptado la
nacionalidad mexicana. ElPueblo es el Cuerpo Poltico de la Nacin y comprende
a todos los mexicanos que estn calificados por la Constitucin y sus leyes para
decidir, en nombre de la Nacin, qu tipo de Estado se dan y cmo debe funcionar.
Es el Pueblo de los ciudadanos. No todos los mexicanos pueden ser ciudadanos. El
artculo 34 de la Constitucin establece que, para ello, se deben cumplir dieciocho
aos de edad y tener un modo honesto de vivir. Otras disposiciones sealan cundo
se restringe o se pierde la ciudadana (por ejemplo, cuando se est sujeto a proceso
por haber cometido un delito o, ya juzgado, mientras se purga la sentencia).
Dentro de la Nacin, constituida por todos los mexicanos, el que est
capacitado para decidir por ella es el Pueblo. Este la representa en todo lo que
concierne al bienestar del conjunto de todos sus miembros. El es el que decide qu
Estado se da para su buen gobierno y tambin el que elige o designa a quienes se
harn cargo de ese gobierno. Por eso el artculo 39 de nuestra Carta Magna
establece que: La soberana nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder pblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de ste.
El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno.
La razn por la cual el Pueblo constituye al Estado es porque tampoco l
puede gobernar por si solo y debe elegir a sus mejores ciudadanos para que lo
hagan en su nombre y en el de la Nacin. De esa manera, el Pueblo representa a la
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Nacin y el Estado representa al Pueblo y tambin a la Nacin. Todos los rganos
del Estado surgen de la voluntad del Pueblo. Incluso el Congreso Constituyente,
que nos dio nuestra Constitucin y de la cual surgi el Estado, fue convocado en
nombre del Pueblo. A este propsito cabe anotar que la Carta Magna expresa en
todo momento la voluntad del Pueblo y debe adecuarse a lo que esa voluntad
determine o decida.
Por eso es un falso dilema el plantearse si la Constitucin puede o no ser
modificada. Esta puede cambiarse en todo momento y ella misma da las bases para
ello. El artculo 135 nos dice: La presente Constitucin puede ser adicionada o
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se
requiere que el Congreso de la Unin, por el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que stas sean aprobadas
por la mayora de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unin o la
Comisin Permanente, en su caso, harn el cmputo de los votos de las legislaturas
y la declaracin de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
A este procedimiento para reformar o adicionar la Carta Magna se le ha
llamado Constituyente Permanente o Poder Revisor. Para el caso no importa. Y
como podr verse, el 135 no impone ninguna limitacin para reformar o adicionar
y, adems, ningn artculo dice que no puede ser reformado. As que no es
necesario convocar a un nuevo Congreso Constituyente para esa tarea. La
Constitucin puede reformarse como los representantes del Pueblo lo decidan.
Creemos, empero, que hay un solo artculo que no podra ser modificado porque es
la base y la raz de todo el orden constitucional: el 39 que establece el principio de
la soberana popular. Si no hablamos de la soberana del Pueblo, que nos
comprende a todos, habra que hablar de la soberana de un grupo o lite, con lo
que tendramos, de plano, otra Constitucin y otro Estado.
Es as que el Pueblo ha decidido constituirse en una Repblica, como lo
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establece el 40 constitucional, que ser representativa, democrtica, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen
interior, pero unidos en una Federacin establecida segn los principios de la ley
fundamental. Ahora el Poder Revisor de la Constitucin ha decidido que esa
Repblica ser tambin laica, lo que no sobra, pero no haca falta de verdad, pues
esa caracterstica del Estado est ya definida en el artculo 130 constitucional. Que
sea representativa quiere decir que sus instituciones estatales se constituirn con
representantes del Pueblo, elegidos directamente por l o por medio de sus rganos
constituidos. Por eso ser tambin democrtica, porque es el Pueblo el que elige a
travs de las elecciones a sus representantes. No sobra recordar que democracia es
una palabra integrada por otras dos: demos, pueblo, y kratos, poder. Es el poder del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, deca Lincoln.
Necesitamos que el Pueblo no slo elija, sino que se le de un poder activo de
control y vigilancia de sus representantes y, al mismo tiempo, que stos estn
obligados a rendir cuentas de la misin para la que fueron electos. Por eso es
necesario que se establezcan instituciones de participacin ciudadana que hagan
real y efectivo ese control y esa vigilancia. Desde siempre nos hemos pronunciado
por la institucin del plebiscito, el referndum, la iniciativa popular y la revocacin
del mandato, que le dan cuerpo a una democracia de verdad participativa. En el
plebiscito se le pide al pueblo que decida sobre diversas opciones que se le
presentan para la elaboracin de una disposicin legal o reglamentaria; en el
referndum se le pone a consideracin, para su aprobacin o su rechazo, una ley o
inclusive un reglamento aprobados previamente por el Legislativo o el Ejecutivo.
El Legislativo produce leyes; el Ejecutivo reglamentos. La iniciativa popular
consiste en que un cierto nmero de ciudadanos tenga la posibilidad de presentar
iniciativas de ley. La revocacin del mandato es la decisin popular de suspender
de su cargo a cualquier funcionario que ejerza encomiendas pblicas por eleccin o
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por designacin y que puede iniciarse si un cierto nmero de ciudadanos
establecido en la ley lo demanda por su mal desempeo.
Nuestro Pueblo, sin embargo, no es un pueblo unitario, sino, ms bien, una
federacin de pueblos, unidos en una misma Nacin. Por eso su Estado tiene que
ser tambin federal.
2. El federalismo y el autogobierno del Pueblo
El federalismo no fue una mera ocurrencia en Mxico, sino un hecho
histrico que se registr en un enorme pas y con una escasa poblacin. Cuando
Mxico naci a la vida independiente tena vastsimas extensiones muy poco
pobladas que, no obstante, contaban con poblaciones locales muy activas y
demandantes, muchas de las cuales haban combatido por la independencia. Fue as
que en 1823, las provincias de Jalisco, Oaxaca, Yucatn y Zacatecas proclamaron
sus gobiernos locales y llamaron al resto de las provincias del pas a establecer en
Mxico una Repblica federal. Una vez triunfante la causa federalista, la primera
Constitucin del Mxico independiente, la de 1824, instaur en el pas el rgimen
federalista.
El federalismo resulta, por muchas razones, la forma ms democrtica de
organizacin del Estado nacional, porque esa organizacin viene desde las
profundidades de la Nacin, de las comunidades y localidades en las que viven los
pueblos. Es all donde los ciudadanos actan diariamente y luchan por sus
intereses. Cuando se reclama un Estado desde la base, se tiene la ms acabada
democracia. Ahora bien, cada pueblo es diferente a los dems y plantea sus propias
exigencias. Una Repblica federal tiene que organizarse tomando en cuenta todas
esas exigencias y buscar la manera de que queden representadas en el poder federal
que las unifica a todas.
El gran estudioso francs de la democracia norteamericana, Alexis de
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Tocqueville, deca que hay una escala que va de abajo hacia arriba: primero es la
comunidad, luego el Estado y al final la Federacin. Eso fue lo que nuestros padres
hicieron al conformar nuestra primera Repblica federal y democrtica. Se entiende
que las comunidades (las localidades) organizan a sus Estados, las futuras entidades
de la Repblica federal, dndose su propio gobierno en el Municipio y sus
Ayuntamientos y representndose todas en el poder local, estatal. Los Estados, a su
vez, organizan al Estado nacional, federalista, en el que todos los Estados y sus
comunidades estn plenamente representados. Esto fue un proyecto y un plan de
accin, pero finalmente cuaj en la constitucin del Estado moderno en Mxico.
De esa experiencia histrica real extraemos nuestro programa poltico. La
democracia debe formarse desde la base, desde las comunidades de los Municipios.
Estos deben dejar de ser simples demarcaciones administrativas de los Estados para
convertirse en organizaciones ciudadanas fundadoras de los poderes estatales, los
que, a su vez, formarn el Estado nacional. Una democracia en la que los
Municipios no son nada es una ficcin de democracia. La verdadera democracia
comienza por el fortalecimiento de las comunas municipales, donde los ciudadanos
viven, conviven y luchan por la existencia.
Los poderes estatales en sus tres ramas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
deben concebirse como representacin de la voluntad soberana de todos las
comunidades municipales que conforman el mbito territorial de cada entidad
federal y nunca ser vistos como si ellos fueran autnomos de las comunidades de
ciudadanos a las que se deben y por las cuales existen. Por eso, deben abolirse
todas las formas de sujecin de los Municipios al poder de los Estados. Ya no
deben ser las Legislaturas las que dicten a los Municipios sus leyes orgnicas. Esa
facultad debe darse a los mismos Municipios y cada uno debe decidir cmo
gobernarse, atendiendo siempre a los lineamientos de las Constituciones estatales y,
sobre todo, de la Constitucin Poltica de la Repblica.
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Los Estados de la Federacin, a su vez, se entienden como entidades
fundadoras de la Repblica y las enumera el artculo 43 de nuestra Carta Magna.
Entre ellas se cuenta al Distrito Federal, asiento de los poderes de la Unin al que,
por razones que no se justifican ni histrica ni constitucionalmente, se le niega su
soberana interior. Cada Estado (incluido el DF) cedi parte de sus poderes, para
concentrarlos en la Federacin, de manera que sta pudiera decidir por todos y
tener la fuerza suficiente para representarlos a todos y protegerlos respecto de otros
Estados.
Los Estados son autnomos en su rgimen interior, del mismo modo en que
deben serlo los Municipios. La Federacin concentra los poderes suficientes para
poder gobernar a todo el pas y representarlo en el exterior y actuar en su defensa
cuando se requiera. Un poder central como lo es el federal debe actuar en estricto
acatamiento del pacto entre los Estados que le dieron nacimiento. Por eso, sus
facultades estn rigurosamente sealadas en la Carta Magna, mientras que las de
los Estados no, pero debiendo stos siempre atender a los lineamientos de ese pacto
poltico que es nuestra Constitucin.
En un autntico Estado federal, son soberanos lo mismo los Municipios que
los Estados, porque son la expresin de la voluntad de sus comunidades de
ciudadanos. El Estado federal es soberano en la medida en que expresa la voluntad
de los ciudadanos reunidos en las comunas y en las entidades. Por eso, un Estado
federal no puede funcionar si no es totalmente democrtico, de manera que la
voluntad del pueblo pueda fluir de abajo hacia arriba y manifestarse en actos
soberanos de decisin poltica. La diversidad de soberanas (comunal, local y
federal) slo es un asunto de competencias que deben complementarse a la
perfeccin. Mxico ser libre de verdad cuando sea de verdad democrtico.
Todo eso se resume en el texto del artculo 40: Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una Repblica representativa, democrtica, federal,
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compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen
interior; pero unidos en una Federacin establecida segn los principios de esta ley
fundamental. Faltara slo agregar que los Estados, a su vez, se componen de
Municipios libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen comunal, para
que la idea de la soberana del pueblo fundadora del Estado nacional quedara
plenamente plasmada y legitimada.
3. El Pueblo y la Nacin
Andrs Molina Enrquez, el gran precursor e idelogo de la Revolucin
Mexicana, escribi que la tierra es a un pueblo como la concha al caracol: en ella y
de ella vive. Un pueblo sin tierra jams podra subsistir. Por eso el Constituyente de
Quertaro imagin un sistema de relaciones de propiedad que asegurara, en primer
trmino, el dominio (vale decir, la propiedad) del comn del pueblo sobre su propio
territorio. Introdujo un sujeto que sera el propietario original de ese territorio, o
sea, la Nacin, la que, representada por su cuerpo poltico, su pueblo de
ciudadanos, distribuira sus bienes entre todos sus integrantes, fundando la
propiedad privada, pero no solo, tambin la propiedad de los grupos sociales y
reservara para el conjunto de ellos un patrimonio que el Estado, organizado por el
pueblo, administrara para el bienestar de todos.
Fue as como surgieron, en orden de jerarqua, la propiedad nacional, la
propiedad privada y la propiedad social. En el artculo 27 de la Carta Magna se
define a la propiedad nacional como la propiedad que naci antes que ninguna otra
y de la cual surgieron las dems. La Nacin hizo a los hombres propietarios
privados y garantiz a los grupos originarios del pas, los indgenas, a los
trabajadores del campo (en una poca en la que la inmensa mayora viva de la
agricultura), as como a los grupos de productores que se asociaban en
cooperativas, lo que se llam propiedad social. La propiedad nacional qued como
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reserva para hacer nuevos propietarios, privados o sociales, y para administrar la
riqueza comn para el desarrollo del pas.
Los propietarios privados, respecto a las tierras, lo son slo de la superficie
del territorio, por lo que se les llama superficiarios; pero en lo restante, pueden
ocuparse de toda clase de actividades productivas y profesionales con entero
dominio de sus bienes. El patrimonio nacional est constituido, segn el 27, por las
tierras y aguas que no se hayan entregado a los privados (lo que antes se llamaba
terrenos nacionales), por lo mares aledaos y sus fondos, por el subsuelo y sus
riquezas y por el espacio areo sobre el pas. El mismo artculo seala las
actividades productivas que explotan los bienes de la Nacin y que quedarn en
exclusiva reservados para la Nacin.
Entre ellos se encuentran los hidrocarburos (el principal, el petrleo), la
produccin de electricidad y otras actividades (ya no muchas, porque los
regmenes derechistas los han entregado a los privados, extranjeros y nacionales).
Los privados pueden explotar los bienes de la Nacin, mediante concesiones que el
Estado les otorga. La primaca del dominio de la Nacin, empero, se denota por el
hecho de que la misma Constitucin encarga al Estado, su representante poltico y
jurdico, ser rector del desarrollo econmico del pas, coordinando y planificando la
actividad de todos con ese fin (artculos 25 y 26). El artculo 28, que estipula un
desarrollo sin monopolios ni concentraciones indebidas de riqueza, da tambin al
Estado la facultad de regir el desarrollo a fin de hacerlo un desarrollo igual y
benfico para todos.
Puede observarse, sin mucha dificultad, que las relaciones de propiedad, tal y
como estn descritas y legitimadas en la Constitucin, nos revelan que la Nacin no
es un ente abstracto e idntico a s mismo, sino un conjunto extremadamente
variado y variopinto. Tenemos, a simple vista, tres grupos sociales diferentes entre
s: los propietarios privados, los grupos sociales y quienes trabajan para los
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privados, los asalariados. La Constitucin los protege a todos (artculos 27 y 123).
Pero el artculo primero instituye la proteccin a todos los mexicanos,
definindolos como diferentes entre s; el artculo segundo nos habla de la
composicin pluricultural y pluritnica de la Nacin y protege y preserva a todos
sus componentes de cualquier clase o tipo que sean. Est claro que en ese sentido
deberemos avanzar mucho ms, porque a nadie satisfacen las actuales
estipulaciones de la Carta Magna.
Podemos decir que todo ese conjunto de rasgos distintivos y de realidades
que definen a la Nacin mexicana constituyen nuestro caparazn protector y
tambin como la definicin de lo que somos ante el mundo de las naciones. No
estamos aislados ni vivimos slo para nosotros. Ese caparazn nos describe frente a
los dems en el planeta y habla claramente de los derechos que reivindicamos en
nuestra existencia como Nacin entre las dems. Los intercambios econmicos,
sociales y culturales con ellas, parten de lo que somos. Resulta imperativo, por lo
mismo, que refundemos nuestra poltica internacional y le demos un giro que nos
permita hablar en derecho con los otros y hacernos respetar como nosotros
debemos respetarlos a ellos.
Hace ya mucho tiempo que hemos estado perdiendo la nocin de lo que
despus de la Revolucin Mexicana adquirimos como conciencia y como voluntad
de preservar y hacer respetar: la nocin del inters nacional. Los gobiernos
derechistas que hemos padecido desde 1982 nos han llevado a una debacle total de
cualquier voluntad de luchar por nosotros mismos como nacin. El entreguismo a
los intereses econmicos y financieros del exterior, la prdida de rumbo en nuestro
trato con las potencias del mundo y el abandono de la educacin del pueblo y de la
promocin de la ciencia, la tecnologa y las artes nos han convertido en una nacin
postrada e indefensa. Hay ramas enteras de la economa nacional, como la banca o
la industria que ya no son nuestras; nuestra cultura sobrevive porque los mexicanos
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siguen siendo un pueblo de hondas races histricas, pero la pobreza y la miseria se
extienden por doquier en nuestro territorio, por efecto del mal gobierno y de
nuestra descomposicin social y econmica a que ha dado lugar.
Estamos convencidos de que defender a la Nacin, a sus grupos tnicos, a
sus clases econmicamente activas, a sus trabajadores del campo y la ciudad y a
su progreso cultural, cientfico, tecnolgico y artstico es una lucha de vida o
muerte y nuestro Movimiento, en ese sentido, est decido a todo.
4. El gobierno del pueblo
El gobierno o, tambin, la administracin pblica, constituyen la rama
ejecutiva del Estado, diferente de la legislativa o la judicial, que se encargan de
otras materias. En la Constitucin, los artculos 80 a 93 encargan al presidente de la
Repblica, titular del Ejecutivo, y a sus subordinados, los secretarios de Estado y
los servidores de la Administracin Pblica Federal, la conduccin del pas, su
gobierno, y su recta administracin, no slo del aparato del Estado, sino tambin de
los bienes que son propiedad de la Nacin y de los servicios que todos estn
llamados a prestar a la sociedad. La rama ejecutiva del Estado nos representa
tambin frente al mundo de las naciones y, con las fuerzas armadas a su
disposicin, est, asimismo, encargada de la defensa y el mantenimiento del orden
interior de la Repblica.
Para muchos tericos y analistas de la poltica se trata, en verdad, de un
superpoder. En una democracia como queremos ser nosotros, sin embargo, debe
tener sus limitaciones que lo hagan sindicable a los ojos de la ciudadana sin
desmedro de sus facultades, pues una sociedad sin gobierno es una sociedad
anrquica e incontrolable. Pero es el caso de que todo en nuestra Constitucin, tal y
como nos ha sido legada, es defectuoso en este respecto: ni se precisan con
propiedad las facultades de un buen gobierno ni, por otro lado, se especifican los
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controles que deben darse sobre ese enorme poder, para que el gobierno sea eficaz
y, al mismo tiempo, democrtico.
En el Constituyente de 1917 fue diseado un Ejecutivo fuerte, prevaleciente
sobre los otros dos poderes que, a travs del tiempo, pudo ejercer un dominio total
no slo sobre esos dos poderes, sino, adems, sobre los poderes locales. A esos
mecanismos constitucionales se les agregaron otros aditamentos, como la creacin,
en primer trmino, del partido oficial en 1929, el Partido Nacional Revolucionario,
del que derivaron el Partido de la Revolucin Mexicana y, finalmente, el Partido
Revolucionario Institucional. El artculo 89 enumera las facultades del Ejecutivo,
las que en la letra de ese artculo no representan mayores poderes. Los ultrapoderes
de esa rama del Estado radican en otros artculos de la Constitucin,
sealadamente, en el 27 y el 123.
El primero de esos artculos da al presidente la facultad de expropiacin de
toda forma de propiedad, privada o social. Lo que se consolid con la Ley de
Expropiacin de 1936. Sin previo aviso, el titular del Ejecutivo nos puede
expropiar a todos. No es una facultad que pueda ejercer a todas horas, por supuesto,
pero le representa un enorme poder disuasivo que no est comprendido en sus
facultades del 89. El artculo 123 lo hace rbitro, mediante las Juntas de
Conciliacin y Arbitraje, en las que actan, tripartitamente, un representante del
gobierno, uno de los patrones y otro de los trabajadores. Eso ha permitido al
presidente someter a los trabajadores y tambin a los empresarios a su voluntad.
Desde luego que necesitamos un Ejecutivo que funcione bien. El presidente
debe tener amplias facultades para ejercer sus funciones, por ejemplo, nombrando a
sus funcionarios segn su leal saber y entender, pero el Legislativo, que tiene la
facultad constitucional de controlar los actos polticos del Ejecutivo, debe poder
decidir sobre la idoneidad de esos funcionarios y aceptarlos como se hace en los
gobiernos de gabinete. Debe tener el mando de las fuerzas armadas, pero los
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secretarios de la Defensa y de la Marina que, en primer trmino, deben ser
unificadas en una sola secretara de la Defensa, deben quedar bajo la conduccin
poltica de un secretario civil. No debemos seguir dando a los militares las
secretaras que tienen que ver con la conduccin poltica de las fuerzas armadas.
En particular, a las fuerzas armadas debe reservrseles la facultad
jurisdiccional de juzgar a los militares de las tres ramas, nicamente por faltas a la
disciplina militar. Los militares que, en servicio, cometan delitos del orden comn
o federal, deben ser juzgados por autoridades civiles, lo que se llama los jueces
naturales. Eso evitar la impunidad y el encubrimiento en el funcionamiento de
nuestros institutos armados. Esto no slo es materia de derechos humanos, sino
tambin del funcionamiento democrtico de la Repblica.
En el derecho constitucional, el Legislativo ejerce lo que se llama control
poltico, que quiere decir una vigilancia y, en su caso, una recomendacin, sobre
los actos del Ejecutivo. Pero la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder
Judicial Federal, ejerce lo que tambin se denomina control constitucional o de
constitucionalidad, que quiere decir que, tanto sobre leyes del Legislativo como
sobre actos del Ejecutivo, puede hacer observaciones sobre su apego a la letra y al
espritu de la Constitucin. Si una ley o un acto de gobierno violan o no se apegan a
los preceptos constitucionales, carecen de validez. El Ejecutivo no acta solo ni
puede hacer lo que quiera. Debe someterse a las leyes y dar cuenta al Legislativo de
sus actos y, sobre todo, debe apegarse a la Carta Magna, cumplir sus leyes y
tambin los tratados internacionales que forman parte de nuestra ley fundamental,
segn el artculo 133.
Nosotros no estamos luchando por una forma de Estado en la que el gobierno
de la sociedad desaparezca ni nos hemos pronunciado por una forma parlamentaria
de organizacin de la Repblica, como muchos de nuestros compaeros desean. La
forma de Estado que tenemos, est bien para nosotros, pero queremos que, en todo
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caso, sea una forma democrtica de gobernar a la Nacin. No podemos seguir
permitiendo un rgimen que no es capaz de gobernar al pas, pero tampoco
deseamos una dictadura que es lo que desea la derecha gobernante hoy en da. El
rgimen presidencial es parte de la tradicin poltica del pas. No estamos peleados
con l. Pero debe ser democrtico y obediente de la Constitucin y sus leyes. Ya
ms adelante veremos si todos los mexicanos de verdad deseamos una repblica
parlamentaria para nosotros. Hoy tenemos lo que tenemos y nos atenemos a ello.
5. El Legislativo del pueblo
El Poder Legislativo es el encargado de elaborar las leyes de un pas. Las
leyes no vienen del cielo ni las dicta un individuo que est por encima de todos los
dems. En la sociedad moderna y democrtica, un Legislativo se integra por todas
las fuerzas polticas y sociales que eligen a sus representantes y, a travs del voto,
se les encarga que lleven los diferentes intereses de esas fuerzas al debate
parlamentario y busquen incluirlas en las leyes que se producen. Al Legislativo se
le llama de muchas maneras: Asamblea Nacional, Congreso, Parlamento. Entre
nosotros es el Congreso de la Unin, integrado por representantes elegidos por el
Pueblo. Todos ellos, diputados o senadores, son considerados representantes de la
Nacin, vale decir, de todos los integrantes de la sociedad, independientemente de
que sean elegidos en Distritos o por listas plurinominales.
Las leyes se hacen sobre la base de iniciativas que puede presentar el
presidente de la Repblica, los diputados o senadores del Congreso y las
Legislaturas de los Estados. Nadie ms puede hacerlo y eso es una limitacin que
nos proponemos remediar. Debe darse a grupos de ciudadanos esa facultad, lo que
se llama iniciativa popular, o sea, un cierto nmero de ciudadanos que, de acuerdo
con la ley, presentan propuestas de ley o de modificacin de leyes. En todo caso, es
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siempre el Congreso el que decide, pero debe ser un poder que se acostumbre a
escuchar la opinin de los ciudadanos, sobre todo, cuando se trata de intereses que
directamente les ataen.
Las responsabilidades del Congreso, por supuesto, no se limitan a elaborar
las leyes que derivan necesariamente de la Constitucin (no puede hacer leyes que
vayan en contra de la Constitucin o que se permitan ignorarla), sino que tiene
muchas otras responsabilidades. Un parlamento es una instancia en la que se parla
o se habla y se escucha, y adems se discute. El nuestro est hoy muy lejos de ser
eso. Pero el Congreso tiene, como ya se apuntaba antes, la facultad de controlar
polticamente los actos del Ejecutivo. Esto quiere decir que no slo debe recibir las
iniciativas de ley del presidente (las que siempre son mayora, porque es el
Ejecutivo el que sabe en dnde y en qu materia se necesita de una buena ley).
Debe tambin vigilar que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos y se apegue a
los acuerdos con todas las fuerzas polticas del pas. Debe ver que sus funcionarios,
por sus antecedentes, sean los ms adecuados para auxiliarlo en sus funciones.
El Congreso no slo debe aprobar la Ley de Ingresos (tarea de las dos
Cmaras) y el Presupuesto de Egresos (tarea de la Cmara de Diputados), sino
vigilar que se cumplan y se ejerzan bien, llamando a cuentas a los gobernantes y
sometindolos a responsabilidades. Eso es parte del control poltico. Tambin si
hay un exceso en la accin de las fuerzas de seguridad, que dependen del Ejecutivo,
los representantes de la Nacin tienen la facultad de llamar a cuentas y ser bien
informados. El Congreso acta, tambin, como supremo tribunal de control cuando
somete a juicio poltico o juicio de procedencia a los responsables de ejercer el
poder cuando cometen ilcitos en sus funciones o violaciones graves a la
Constitucin y las leyes.
Un rgano muy importante de control del Ejecutivo en su poltica de gasto es
la Auditora Superior de la Federacin, la cual se crea por ley del Congreso, segn
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manda la fraccin XXIV del 73 constitucional y que coordina y evala la Cmara
de Diputados, como lo establece la fraccin II del artculo 74 (dedicado a las
facultades exclusivas de esa Cmara). Ese rgano de fiscalizacin debe constituirse
como un rgano autnomo de evaluacin de la actividad del gobierno en el gasto
pblico y tener facultades para que esa vigilancia se d al mismo tiempo que se
cumple con el Presupuesto de Egresos y deje de ser un rgano subordinado al
Legislativo y, en particular, a la Cmara de Diputados. Debe dotrsele, adems, de
facultades persecutorias cuando se den ilcitos en el desarrollo del gasto y fincar
responsabilidades a los responsables.
A los gobiernos derechistas y autoritarios como los que padecemos desde
hace tres dcadas les incomoda un Legislativo que los llama a cuentas y que les
finca responsabilidades. Salen desde luego con el argumento de que no los deja
gobernar. No acaban de entender que un parlamento es el lugar por excelencia del
debate pblico y que en l todos los asuntos se deben ventilar. Fortalecer al
Ejecutivo, como ahora se pretende, restando facultades al Congreso o limitando sus
funciones es profundamente antidemocrtico y autoritario. Un buen gobierno debe
asumir sus responsabilidades pblicas en todo momento y ello, muchas veces,
quiere decir, dar cuenta a los representantes de la Nacin de todos sus actos.
Imaginarse un Congreso en el que sus miembros sean obsecuentes y solcitos
a toda pretensin o exigencia de los gobernantes es pensar en el pasado autoritario
que se supone ya dejamos atrs. Eso no quiere decir que nuestro Congreso funcione
bien o, incluso, no pueda ser un impedimento para el buen funcionamiento de las
instituciones. Claro que funciona mal y hace falta regular mucho mejor su trabajo.
La Ley Orgnica del Congreso y su Reglamento Interior son una basura heredada
de los viejos tiempos pristas que casi no se han tocado y que los partidos, quin
sabe por qu, no quieren tocar ni modificar adecuadamente.
Llegar a acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, por ejemplo,
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tambin requiere de reglas, de normas que fijen el modo de seguir adelante con el
trabajo legislativo y eso no existe. Hay una total anarqua ah y se siguen dando los
mayoriteos y las celadas entre los negociadores de los grupos que nadie puede
controlar. Todo eso se puede someter a reglas, fijando, en primer lugar, tiempos y
modos para hacer propuestas y definir posibles soluciones. Si se deja a su libre
voluntad a los lideres parlamentarios, sin responsabilidad ninguna, vale decir, sin
que se les obligue a pronunciarse en cada momento sobre las posturas de sus
grupos, no habr ni podr haber acuerdos de ninguna naturaleza. Llegar a acuerdos
debe ser un procedimiento previsto en el Reglamento Interior, evitando que los
lderes manden los acuerdos a las calendas griegas.
Reelegir a los representantes populares es un falso problema. Se alegan
tonteras como la de que debe haber una especializacin en el trabajo legislativo.
En realidad, en ese trabajo no hace falta ninguna especializacin y cualquier
ciudadano lo puede desempear. Lo que se busca con esas propuestas es conformar
grupos de poder que se consolidan entorno de compromisos inconfesables. Todo
buen ciudadano, despus de un poco puede ser un buen conducto para expresar las
inquietudes y las demandas de sus representados. Necesitamos slo de normas
claras en el ejercicio de la democracia, al elegir, y en el desempeo en el poder
cuando ya se ha llegado a los puestos de representacin y eso es, precisamente, lo
que falta. No tenemos mucho que cambiar, pero s muchos establos de Augas que
limpiar. Necesitamos slo, como en todo, transparencia y reglas claras.
6. La justicia del pueblo
Un Estado sin tribunales no es un verdadero Estado. El Poder Judicial se
establece, como su nombre lo indica, para hacer justicia, para decir el derecho de
cada quien. El juez es el derecho hecho hombre, deca el gran jurista italiano Piero
Calamandrei. De ese hombre, dedicado a interpretar el derecho, depende de que a
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todos se nos haga justicia en cualquier clase de asuntos. En un Estado federal como
el nuestro, la imparticin de justicia es vital para el buen funcionamiento y la
debida convivencia de todos los intereses que surgen en la sociedad. Quiere decir
que hay un fuero, vale decir, una jurisdiccin, que es general, federal, y otro que es
local, estatal. Las materias de que se ocupa pueden ser parecidas, pero vara la
jurisdiccin. La justicia federal tiene, adems, el encargo de interpretar la
Constitucin y proteger los intereses que ella misma estipula.
En el primer ttulo, captulo primero, de la Carta Magna, se renen todos los
artculos que estn dedicados a proteger a la persona. Proviene de la Constitucin
liberal de 1857. Estamos en la era de los derechos humanos y todo mundo
comienza a reclamar que ese captulo sea reemplazado por otro que se dedique a la
proteccin de los derechos humanos y no solamente a garantizar algunas libertades
fundamentales. Hay un enorme nmero de tratados y convenios internacionales que
nuestro gobierno ha signado y que se refieren a derechos de las personas y de los
grupos humanos que deben ser consignados en ese captulo. Hasta ahora se llama
De las Garantas Individuales; en adelante deber ser De los Derechos
Humanos y no slo individuales sino tambin de grupos o sociales.
Los revolucionarios franceses acuaron, en su Declaracin de los Derechos
Humanos y del Ciudadano de 1789, que una nacin que no cuenta con una
Constitucin en la que se contenga una declaracin de derechos y el principio de la
divisin de poderes, no es una verdadera nacin ni la suya una verdadera
Constitucin. Para que eso tenga sentido, desde luego, necesitamos un Poder
Judicial que sea el garante de esos derechos y de la Carta Magna en su conjunto.
Ahora bien, el Poder Judicial se integra por dos instancias claramente definidas:
una, que es preventiva y persecutora de las violaciones al derecho y, otra, que es
resolutiva o juzgadora. A la primera llamamos Ministerio Pblico (en otros
regmenes jurdicos se llama tambin Fiscala). A la segunda, propiamente, sistema
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judicial.
El Ministerio Pblico, entre nosotros, es una autntica aberracin, porque se
instituye como una rama del Poder Ejecutivo sin que haya absolutamente ninguna
razn para ello. En la mayora de los pases se encuentra integrado al Poder
Judicial. Tenemos una figura que es emblemtica: la de los procuradores de
justicia, que no son lo que el nombre indica, sino, a la vez, abogados del Ejecutivo
(federal o local) y cabezas del Ministerio Pblico. Eso debe terminar. El Ministerio
Pblico debe instituirse como una rama autnoma del Poder Judicial, con su
servicio civil de carrera, su organizacin propia y su propia ley orgnica. Los
procuradores deben conservarse slo como abogados o representantes legales del
Ejecutivo.
El problema de los servicios de carrera en este pas es que no hay reglas
claras para su integracin ni una carrera cierta a la que sus integrantes puedan
acceder. Eso ocurre tambin con el sistema judicial. Las cosas han mejorado en los
ltimos decenios, pero todava est todo para hacerse casi desde el principio. Los
servicios civiles de carrera deben concebirse como sistemas formadores de personal
especializado en las dos ramas, persecutoria y juzgadora. Debe haber centros
formadores de estudios y de capacitacin en el mismo Poder Judicial y un escalafn
de mritos que lleven a ocupar todos los cargos de la carrera. Para eso hay que
formular una nueva ley orgnica del Poder Judicial, federal y local.
El juez local, en los sistemas estatales, se ocupa de decir el derecho de
acuerdo con las legislaciones de los Estados. Pero, cmo protege el juez federal
los derechos constitucionales de todos? Existe hoy una institucin que es la
encargada de desahogarlo, el Juicio de Amparo. Nos fue legado por los grandes
liberales y constitucionalistas del siglo XIX, Manuel Crescencio Rejn y Mariano
Otero. El segundo nos leg tambin la llamada Frmula Otero, que consiste en
amparar a quien lo solicite por violaciones de derechos constitucionales, pero sin
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afectar la ley ni la autoridad cuyo acto se reclama, vale decir, que no tiene efectos
protectores para todos. Si a m, el juez federal me ampara, eso no quiere decir que
ampare a todos los que se encuentran en mi situacin.
En los Estados Unidos, cualquier juez, desde el juez de paz o vecinal, est
facultado para interpretar la Constitucin y, por lo tanto, para dictar el amparo de
cualquier persona. Entre nosotros slo son intrpretes de la Constitucin los
ministros de la Suprema Corte de Justicia, con exclusin de todos los dems. Ya
que tanto imitamos a los norteamericanos, es en eso, precisamente, en lo que
deberamos seguirlos. Nosotros proponemos que cualquier juez pueda declararse
sobre toda ley que sea aprobada por los Poderes Legislativos y est en capacidad de
sealar su inconstitucionalidad o su anticonstitucionalidad (o sea, que ignore la
Carta Magna o, de plano, vaya en contra de su letra y su espritu).
A esa facultad se le llama control de constitucionalidady corre siempre a
cargo del Judicial. Consiste en saber si las leyes del Legislativo o los actos del
Ejecutivo van en contra de la Constitucin. La Frmula Otero debe eliminarse, por
restrictiva, e imponerse el pleno control de la constitucionalidad por parte del
Judicial. As, el Legislativo se cuidar de elaborar leyes inadecuadas y los
Ejecutivos de realizar actos ilegales o anticonstitucionales.
Se discute si a la Corte se le debe dar la facultad de iniciar leyes, o sea, de
presentar iniciativas de ley ante el Congreso. Nosotros creemos que no debe tener
esa facultad, porque sus funciones son de otro tipo. Podra, en todo caso, hacer
recomendaciones, pero no iniciar leyes, por la sencilla razn de que se convertira
en juez y parte. Qu pasara cuando alguien, por ejemplo, se ampare contra una
ley que fue propuesta por el Judicial? Cada Poder del Estado debe estar a lo suyo.
Los Consejos de la Judicatura pueden ser buenos o malos, todo depende. Un
Consejo de la Judicatura debe ser el cernidor de una buena seleccin y una buena
eleccin de los jueces y los agentes del Ministerio Pblico. Pero debe ser una
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instancia por completo autnoma, que sea nombrada por un Poder que tenga
facultad de control. Nos parece que se slo lo puede ser el Legislativo. Los
miembros del foro (as se llama a la comunidad de litigantes y abogados que
ejercen la profesin) o de la academia en los centros formadores de abogados,
podran ser los encargados de proponer a los integrantes de esos consejos.
La fraccin XXIX-H del artculo 73 faculta al Congreso de la Unin para
expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo. Se trata de
instancias separadas del Poder Judicial de la Federacin. Antes se inscriban en la
rbita del Poder Ejecutivo, se deca, como tribunales administrativos, y nadie se
explicaba cmo era que el Ejecutivo tena a su cargo la imparticin de justicia.
Ahora tenemos un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y tribunales
agrarios, uno, llamado Tribunal Superior Agrario y, otros que son Unitarios
Agrarios. Esos tribunales deben entrar en la esfera del Poder Judicial de la
Federacin, pues no se justifica que funcionen como organismos autnomos e
independientes en su funcionamiento.
7. La administracin pblica del pueblo
El Poder Ejecutivo de la Nacin se ocupa de dos materias fundamentales: el
gobierno de la sociedad, coordinando y poniendo de acuerdo a todas las fuerzas
polticas y sociales del pas, y la administracin del Estado, en sus dos clases de
entidades, los organismos que integran las dependencias del gobierno (Secretaras
de Estado, Departamentos administrativos y la Consejera Jurdica de la
Presidencia, que, en nuestra opinin, debera ser sustituida por la PGR) y las
entidades llamadas paraestatales (literalmente que estn al lado o detrs del Estado)
y que se dedican, en su mayor parte, a administrar los bienes de la Nacin o prestar
servicios pblicos estratgicos a la poblacin.
La administracin pblica federal se define como centralizada y paraestatal,
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para diferenciarse de otro tipo de entidades que son los organismos pblicos
autnomos y permanentes que la misma Constitucin establece (como el Instituto
Federal Electoral, el INEGI o el Banco de Mxico y otros de esa clase) y los
organismos pblicos descentralizados (como la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico y otras instituciones de educacin superior, algunas entidades de sistema
financiero y los Institutos de Asistencia Social, como el IMSS e el ISSSTE o,
tambin, el Instituto Federal de Acceso a la Informacin), que son creados por
leyes del Legislativo, tienen un estatuto aparte y se manejan autnomamente
respecto del gobierno. Hoy en da no hay ya Departamentos administrativos (el
ltimo fue el del gobierno del DF), pero se mantienen, digamos, como hiptesis de
trabajo para el futuro, pues pueden ser creados por una ley del Legislativo.
Que sea centralizada, no quiere decir que la Administracin Pblica Federal
se maneja sin reglas ni control por el hecho de que depende directamente del
presidente de la Repblica. De hecho, el Poder encargado de crear sus organismos
no es el Ejecutivo, sino el Legislativo, como lo seala el artculo 90 de la Carta
Magna: el Congreso distribuir los negocios del orden administrativo de la
Federacin que estarn a cargo de las Secretaras de Estado y definir las bases
generales de creacin de las entidades paraestatales y la intervencin del Ejecutivo
Federal en su operacin.
El Ejecutivo no puede, de ninguna manera, crear o desaparecer, a su antojo,
las entidades de la Administracin Pblica Federal. Slo el Congreso puede
hacerlo, si bien a sugerencia del Ejecutivo, porque es el encargado de esa rama del
Estado. No puede hacer lo que hizo el gobierno panista con la Compaa de Luz y
Fuerza del Centro (cualquier creacin o reforma de los organismos pblicos slo
las decide el Congreso), menos an, sacrificando la suerte de decenas de miles de
trabajadores.
Una administracin pblica debe manejarse democrticamente, no slo
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porque su creacin o desaparicin debe decidirla el Congreso, sino porque todas
sus entidades y organismos atienden dos fines: el manejo del patrimonio nacional,
como las paraestatales, que administran una riqueza de todos, como PEMEX, o dan
un servicio pblico, como lo proporcionaba Luz y Fuerza del Centro. Las primeras
se encargan de manejar los bienes de la Nacin, cada vez ms privatizados; las
segundas, de proveer a la sociedad de aquellas funciones que son indispensables
para su trabajo y su bienestar.
La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y la Ley Federal de
Entidades Paraestatales, obra del Congreso, como su nombre de leyes lo indica,
definen los asuntos de las mismas y los distribuyen entre los diferentes organismos
pblicos y paraestatales o, tambin, descentralizados. Lo que quiere decir que la
Administracin Pblica no es un asunto privativo o exclusivo del presidente. Puede
decirse que, entre los muchos temas que tienen que ver con el control poltico que
el Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo, se cuenta en primer lugar el de definir con
la mayor precisin la organizacin, el funcionamiento y los fines de cada entidad
de la Administracin Pblica, sean las Secretaras de Estado, los Departamentos
Administrativos o la Consejera Jurdica de la Presidencia, o sean los organismos
creados para el manejo de las riquezas nacionales o la prestacin de servicios
pblicos.
El objetivo general, se entiende y se encuentra fundado en los principios
democrticos de nuestro sistema constitucional, es que la administracin pblica
federal, siendo centralizada, en su parte puramente gubernativa, no se convierta en
un instrumento de opresin de la sociedad ni de los diferentes grupos que la
integran. Resulta inadmisible, por ejemplo, que, como sealbamos antes, la Ley
Orgnica en la fraccin VIII del artculo 40, reservado a la Secretara del Trabajo y
Previsin Social, imponga que ser la encargada de coordinar la integracin y
establecimiento, as como de vigilar su funcionamiento, de las Juntas Federales de
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Conciliacin y de la Federal de Conciliacin y Arbitraje destinadas a regular las
relaciones obrero patronales.
O se concilia o se arbitra en los conflictos obrero patronales y a travs de un
rgano administrativo, no jurisdiccional (como se acostumbra en todas partes del
mundo, excepto en los pases de regmenes autoritarios). El sometimiento de los
trabajadores comienza, precisamente, al negrseles la imparticin de justicia por
parte de tribunales dedicados a ello y depender para eso de la voluntad del
gobierno. Si, adems, agregamos todos los mecanismos que la Ley Federal del
Trabajo establece para el control de los trabajadores por parte de la STPS, como el
tomar nota de sus directivas sindicales o llevar el registro de sus organizaciones, se
puede entender que, desde el punto de vista de la proteccin de los derechos
laborales, los mexicanos que viven de la prestacin de su fuerza de trabajo se
encuentren inermes y sometidos a cualquier administracin desptica y autoritaria,
como lo hemos podido ver en los casos recientes de los mineros y de los
electricistas.
Est claro que necesitamos una Administracin Pblica sometida al control
de la ciudadana representada en el Legislativo, lo cual est lejos de restar eficacia
al gobierno de la sociedad, pues de lo que se trata es de que funcione bien, para el
servicio de la sociedad y para el bienestar general de los mexicanos.
8. La Capital Federal
Nuestra capital federal, asentada en el Valle de Mxico o Valle de Anhuac,
resume en gran parte la identidad de nuestra patria. De hecho, puede decirse, es el
ncleo de la historia del poder poltico en Mxico. Muchas veces, despus de
realizada la independencia del pas se pens en trasladarla a otras partes. Pero
siempre hubo voces juiciosas que ponderaron la ubicacin de ese corazn de la
Nacin, precisamente, en el centro de su territorio. Se trata de un valle cuya
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extensin es de cerca de ocho mil kilmetros cuadrados, de los que nuestra actual
capital ocupa tan slo ms de mil. Est estratgicamente situada. Por eso ha sido, a
travs de los siglos, la cabeza del poder. Lo fue del antiguo imperio nhualt,
tambin del poder colonial y, luego, de la Repblica.
Pues ese corazn de la patria ha sido tratado con gran injusticia desde que
nos dimos una Constitucin. Fue un gran avance el que la Carta Magna de 1857
reconociera al Distrito Federal como una entidad fundadora del Pacto Federal. Le
llam Valle de Mxico, en su artculo 43. La Constitucin de 1917, en ese mismo
artculo la denomina Distrito Federal. Las partes fundadoras del Pacto Federal,
como se seal antes, son los pueblos independientes y soberanos que decidieron
unirse para fundar la Repblica Federal Mexicana. Pues el de nuestro Distrito
Federal es considerado un pueblo soberano e independiente que decidi unirse a los
dems en esa tarea unificadora.
Por esa razn, resulta inexplicable cmo fue que los constituyentes de 1857
y luego los de 1917 decidieron que al convertirse en capital federal, vale decir, en
asiento de los poderes federales, nuestra entidad capital perda sus derechos como
entidad fundadora del Pacto Federal. Siempre se aleg una supuesta sobreposicin
de jurisdicciones que, se deca, habra implicado que ni los poderes federales
desarrollaran sus funciones plenamente ni las autoridades locales, en caso de ser
autnomas y soberanas, habran podido gobernar a su poblacin. Nunca se discuti
si eso era verdad. Se dio por hecho y as se procedi.
Luego muchos apuntaron que en las capitales de los Estados sobrevivan al
mismo tiempo autoridades estatales y municipales sin que por ello hubiera conflicto
alguno. Eso, empero, no se admiti para nuestra ciudad capital. A decir verdad, la
coexistencia de dos poderes en un mismo territorio no es un problema espacial,
vale decir, que haya dos en un mismo lugar, sino jurisdiccional, lo que equivale a
decir que basta con definir con toda precisin las facultades de cada uno. La misma
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prctica tan limitada del autogobierno del DF nos ha venido a demostrar que esa
coexistencia de poderes no implica ninguna interferencia en las funciones de cada
uno.
Ahora se dedica todo el artculo 122 a estipular la institucionalidad del DF,
manteniendo siempre su limitada soberana en el Pacto Federal y ante los Poderes
federales. Hoy los ciudadanos defeos pueden elegir a sus gobernantes (llamados
jefes de Gobierno) y a su Poder Legislativo local (llamada Asamblea Legislativa),
pero ambos con limitaciones que no tienen los de los Estados y que marca su
sometimiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federacin. Resulta
inadmisible que los ciudadanos del DF, la segunda ciudadana de todo el pas,
despus de la del Estado de Mxico, tenga sus derechos polticos limitados por el
solo hecho de que en su entidad residen los poderes federales. Si es una de las
entidades fundadoras de la Federacin, nuestra Capital debe ser plenamente
soberana dentro del Pacto Federal.
Al tratar de conservar ese rgimen de soberana disminuida se han cometido
errores poltico constitucionales que es preciso subsanar. Seguir llamando, por
ejemplo, Delegaciones a sus demarcaciones territoriales es herencia del pasado
inmediato en el que el presidente nombraba al jefe del Departamento del DF y ste,
a su vez, designaba a los que eran sus delegados, o sea, a quienes eran sus
empleados. Como toda entidad federal, al DF debe drsele su constitucin
municipalista y proceder en consecuencia. No se justifica el dicho de quienes
sostienen que nuestra ciudad capital es un Municipio grandote. Se necesita
reivindicar su calidad de entidad federativa y, tambin, las dimensiones de su
poblacin tan numerosa.
La Capital debe adoptar el rgimen municipal para el autogobierno de sus
ciudadanos. No debe darnos temor el nmero de Municipios. Y en la ciudad no hay
otro modo de dar el poder municipal a los ciudadanos que organizndolos en sus
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barrios naturales para su autogobierno. Se habla de la existencia de, por lo menos,
600 grandes barrios en la ciudad. Por qu no dar a esos barrios la calidad de
Municipios en los que los defeos cuiden de s mismos y se puedan gobernar a s
mismos? Las llamadas Delegaciones fueron muy arbitrariamente fijadas sobre los
mapas sin cuidar la integridad barrial de la ciudad. Sus lmites partieron, a veces
por la mitad, barrios histricos que, as, quedaron en entidades de gobierno
diferentes.
Al titular del gobierno del DF le seguimos llamando jefe, como si se
siguiera tratando de un Departamento del gobierno federal, y no del gobernante de
una entidad. Eso debe corregirse. Lo que los ciudadanos eligen es a un gobernante
no a un jefe de una oficina administrativa y las Delegaciones no tienen sentido
como se las concibe. Si se quisiera dar una regionalizacin del DF que
correspondiera a las actuales Delegaciones no habra problema, siempre y cuando
se diera a los ciudadanos la posibilidad de autogobernarse en sus barrios. Las
regiones urbanas, as constituidas serviran, sobre todo, para hacer ms racional la
prestacin de servicios. Pero nuestra demanda es la municipalizacin.
La existencia de una zona urbana metropolitana es un problema maysculo.
Un da deberemos redisear el Pacto Federal para hacer de esa zona, en la que
viven 21 millones de habitantes, o una sola entidad (el Valle de Anhuac o Valle de
Mxico) o varias entidades, siempre con la mira de garantizar a esa gigantesca
poblacin el autogobierno. Lo ideal, desde nuestro punto de vista, sera hacer una
sola entidad, con un gobierno nico y una administracin que pudiera ser lo ms
eficaz para el buen gobierno de esta enorme zona urbana. Desde luego, esto lo
tendr que decidir la misma poblacin del Valle de Mxico. Sern sus ciudadanos
los que disciernan qu tipo de gobierno desean darse. Ello, empero, siempre a
condicin de que lo decidan entre todos y no separados por las actuales barreras
polticas.
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9. Una nueva democracia
No hay democracia sin partidos polticos. Eso lo hemos venido aprendiendo
con muchas dificultades y con gran repugnancia. Los partidos polticos no le gustan
a la gente. Pero en la lucha democrtica por el poder del Estado no es posible hacer
a menos de los partidos. Deberemos, eso s, elaborar reglas legales que nos
permitan tener mejores partidos y menos proclives a tendencias antidemocrticas
como lo son la manipulacin de sus militantes y de los ciudadanos que les dan su
confianza. Es un avance el que hoy se reclame una ley de partidos polticos. Hay
que advertir, empero, que eso ser siempre el resultado de un acuerdo
perfectamente consensado entre todos los partidos. El mejoramiento de nuestra vida
democrtica slo podr darse si todos estamos de acuerdo.
Muchas veces se crean ilusiones sobre el poder abstracto de los ciudadanos
que no tienen ninguna razn de ser. Todos quisiramos tener una ciudadana tan
fuerte que ya no necesitara de los partidos. Pero nos falta un gran trecho para eso y,
la verdad sea dicha, nunca dejaremos de necesitar de los partidos. Ciudadanos
independientes, candidaturas independientes, son slo banderas demaggicas que
deben ser vistas con todo realismo. No puede haber candidaturas donde no se
cuenta con un gran aparato y, por supuesto, con mucho dinero. Por eso son
necesarios los partidos. De otra manera se abre el camino a la accin de los poderes
fcticos privados, como los monopolios empresariales o todos los que cuenten con
dinero en abundancia. Los partidos, entre otras cosas, sirven para hacer
transparente los gastos en las elecciones y procurar la igualdad de los
contendientes.
La funcin primordial de los partidos, desde luego a travs de sus ofertas y
propuestas, es la de ser los verdaderos organizadores del consenso popular en la
contienda por el poder. Pero es bien sabido que las masas populares tienden a
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organizarse cada vez que enfrentan un problema. Hoy la vida social comunitaria no
puede por ms de ser una vida social organizada. Pero en la poltica las cosas no se
improvisan. Nosotros hemos mostrado que los ciudadanos pueden organizarse por
su cuenta, sea para luchar por un inters nacional, como el petrleo, sea por la
defensa de los trabajadores, como con los mineros o los electricistas, o sea por la
defensa de la economa de las masas populares. Y sabemos tambin que eso
desemboca en la lucha poltica.
La organizacin ciudadana debe fortalecerse en todos los campos. No
podemos hacer a menos de los partidos, pero podemos vigilarlos y actuar para que
se conduzcan democrticamente, siempre que estemos organizados
autnomamente. Un pueblo que no est organizado no puede defenderse de sus
opresores y de sus explotadores. Tampoco podr cambiar la organizacin del
Estado para hacer del mismo un Estado que vele por sus intereses. La democracia
debe cambiar de signo, debe dejar de ser meramente representativa para convertirse
en una democracia participativa. Eso quiere decir llevar al pueblo a tener la
capacidad real de decidir cmo se instituye el Estado y cmo gobierna.
Fortalecer el poder del pueblo es nuestro objetivo. Esas propuestas seran una
miserable morralla si los ciudadanos siguieran estando desarmados para decidir
cmo se integran y cmo funcionan todos los rganos del Estado en todos sus
niveles. Para tener una verdadera democracia necesitamos darle al pueblo, a sus
ciudadanos, mediante canales ciertos de expresin de su voluntad, el control de sus
gobernantes y representantes. Por eso hemos venido proponiendo las figuras del
plebiscito, el referndum, la revocacin del mandato y la plena iniciativa popular
para hacer propuestas en todos los niveles a que nos referamos.
A eso llamamos una autntica democracia participativa, en la que todos los
ciudadanos, el pueblo que decide libremente, puedan controlar a sus gobernantes y
servirles de apoyo eficaz para que desarrollen su tarea. No es demasiado pedir. Es
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slo reivindicar plenamente la soberana popular. Slo los que viven de la
impunidad y el abuso del poder pueden pensar que esto es anrquico o llevar a
nuestra Nacin al caos. No puede haber orden aceptable para todos si no participan
todos. No puede haber orden si slo lo deciden los oligarcas explotadores de
nuestro pueblo, muchos de ellos extranjeros, esos cuyos medios y recursos se han
venido llamando poderes fcticos.
El dinero a raudales, los medios de comunicacin en manos monoplicas, las
asociaciones patronales que son verdaderos parlamentos de las clases dominantes,
las organizaciones sindicales que antes eran puntales del autoritarismo prista y
ahora son verdaderas mafias de poder, el sistema financiero que en ninguna parte
del mundo es tan productivo como aqu y que se dedica a extraer la riqueza de una
poblacin ya de por s empobrecida, las lites polticas que hacen carrera
vendindose al mejor postor y hasta los grupos criminales son, de verdad, esos
poderes fcticos que cada vez ms deciden qu se hace y qu no en este pas. Esos
son los verdaderos enemigos de la libertad, la cual reclaman para s como un
monopolio.
Hay que hacer notar que los llamados poderes fcticos, en realidad, jams
han gozado de un verdadero poder propio. Slo tienen el poder que nuestros
gobernantes corruptos les dan o les permiten ejercer. Las televisoras no podran
ejercer el poder que tienen si no se les permitiera desde el Estado el dominio de los
medios y del dinero. Los multimillonarios, dueos de Mxico, que deciden por
todos nosotros, no podran abusar de la ciudadana y volverse cada vez ms ricos si
no estuvieran en permanente contubernio con los malos gobiernos. Los lderes
sindicales corruptos no podran someter a los trabajadores si no se lo permitieran
los gobernantes. Los llamados poderes fcticos no son sino una extensin del poder
de la oligarqua que nos gobierna y decide por s misma el destino del pas.
Todos los derechistas piensan que la democracia no sirve para gobernar y
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que hay que endurecer la accin del poder del Estado. Su bandera es gobernar sin la
voluntad del pueblo. Pero eso no dar nunca eficacia al gobierno de la sociedad. O
se gobierna de acuerdo con ella o slo se abusa del poder y se abre el cauce a la
violencia proveniente de la misma sociedad y respondida con igual violencia desde
el Estado. La democracia, es nuestro credo, es la nica forma de poder gobernar a
nuestra sociedad y de alcanzar el bienestar que se proclama en nuestra Carta
Magna. Un pueblo impedido de actuar libremente a favor de sus intereses es un
pueblo castrado que ir siempre a la deriva. Nuestro pueblo est clamando por un
buen gobierno y exigiendo que se le permita participar en y decidir ese gobierno.
La nuestra es una lucha por la democracia, porque sabemos que slo la
democracia nos abrir las puertas del futuro. Sin democracia no habr porvenir para
nosotros.
10. La poltica internacional
Es difcil explicarlo, pero no ha habido en Amrica Latina un rgimen que
haya sabido jugar tan bien las cartas de la poltica internacional como lo supo hacer
el que surgi de la Revolucin Mexicana. Fue un gran mrito, si se piensa en la
extrema debilidad con la que nuestro pas surgi del movimiento revolucionario.
Fue entonces cuando se formularon los principios fundamentales de la poltica
internacional de los regmenes revolucionarios: que las grandes potencias no
mandaran a sus caoneras detrs de los negociantes extranjeros, vidos de fortuna,
y stos se sometieran a nuestras leyes; que los poderosos aprendieran a tratarnos en
condiciones de igualdad y de acuerdo con las normas del derecho internacional;
que se nos permitiera decidir tambin a nosotros sobre los asuntos del mundo,
clamaba Carranza, y fue una lnea invariable del Estado surgido de la Revolucin.
Todo cambi cuando la derecha ms entreguista y lacayuna del capital
privado y de los amos extranjeros llegaron al poder con Miguel de la Madrid. La
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vileza, la traicin a los intereses nacionales y el entreguismo al poderoso extranjero
se convirtieron en la norma de nuestra poltica internacional, antes tan prestigiada
en el mundo. Antes fuimos un lder indispensable en Amrica Latina en su trato
con los imperialistas de todos los signos; despus, no fuimos ms que alcahuetes de
los poderosos, serviles a sus intereses y siempre dispuestos a avalar todas sus
felonas. Dejamos de ser un referente en Amrica Latina. Los latinoamericanos
cada vez ms y ms nos fueron identificando como unos traidores a los ideales
bolivarianos de unidad continental y unos serviles de los norteamericanos.
Para decirlo con claridad, hemos dejado de ser un pas serio, para
convertirnos en unos simuladores. Ni siquiera hemos sido capaces de dar
seguimiento al derecho internacional plasmado en los tratados y convenios que
hemos signado y convertirlo en norma fundamental para nuestro pas. Dejamos de
ser un pas con una poltica plural hacia el mundo cuando los gobernantes
derechistas nos encapsularon en un tratado de libre comercio con los Estados
Unidos que nos apart del mundo. Es una vergenza que hoy ms de las cuatro
quintas partes de nuestro comercio internacional sean slo con los Estados Unidos.
Ni siquiera pases como Chile, que han sufrido prolongados interludios dictatoriales
y derechistas, han llegado a la abyeccin en la que ahora nos encontramos nosotros.
Hubo etapas en la historia de nuestra poltica internacional que fueron
gloriosas, como cuando supimos, en tiempos del general Crdenas, defender a los
dbiles del mundo en contra de las agresiones fascistas (Abisinia, China, Austria,
Espaa, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia). Fuimos refugio todo el tiempo de
todos los perseguidos del mundo, como los republicanos espaoles, los judos y los
antifascistas europeos o, despus, todos los luchadores de la libertad y la igualdad
en Amrica Latina, muchos de los cuales hoy viven entre nosotros. Supimos
defender a Guatemala contra la agresin norteamericana con Castillo Armas como
pelele; defendimos a Cuba revolucionaria, sin compartir su modo de gobierno, pero
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dejando en claro que slo ella deba decidir su destino.
La derecha no ha hecho otra cosa, desde que nos gobierna desde 1982, que
provocar la vergenza de todos los mexicanos ante el mundo. Hemos claudicado de
todos nuestros principios nacionalistas y democrticos ante todas las naciones. Nos
hemos convertido en unos servidores de los amos del mundo, siempre creyendo que
con ello nos ira bien. Por supuesto que a algunos les ha ido de maravilla. Basta ver
las casas que tienen en Estados Unidos y el dinero que les manejan los bancos
norteamericanos. Resulta pattico que hoy nuestra banca est toda en manos de
extranjeros y, ms todava, que en ella predominen los bancos espaoles,
endeudados hasta la coronilla con el sistema financiero internacional, y nuestro pas
sea el lugar en el que hacen los ms jugosos negocios. Y todo, con slo dar unos
cuantos millones de dlares a algunos funcionarios vendidos y traidores.
No hay modo de calificar el entreguismo de la derecha que nos gobierna
desde hace tres dcadas a los intereses extranjeros. Finalmente, nos ha dejado sin
pas, sin riqueza propia y nos ha convertido en un pueblo de parias ante el mundo.
Mxico ahora se ostenta con un ochenta por ciento de pobres de los cuales ms del
cincuenta por ciento son miserables y ya ni siquiera podemos competir con
nuestros hermanos centroamericanos en niveles de vida. Pero, eso s, para
vergenza de todos, podemos exhibirnos como el pas que cuenta con el hombre
ms rico del mundo y hasta con un narcotraficante en la lista de los ricos de la
revistaForbes.
Tenemos doce millones de compatriotas viviendo en Estados Unidos. Ellos
hacen gran parte de la riqueza de ese pas y denotan nuestra miseria como nacin
que no sabe dar a los suyos el bienestar que requieren. Humillados y ultrajados en
el pas ms poderoso y rico del planeta, los mexicanos en Norteamrica,
simplemente, han dejado de ser mexicanos y no quieren saber ya nada de una patria
que los ha descuidado y traicionado. Fox, con su estpida poltica en Amrica
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7/29/2019 Crdova, Arnaldo- El rescate del Estado
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Latina, nos hizo ver como unos muecos de ventrlocuo del imperio. Y con su
absurda poltica migratoria ante los Estados Unidos nos exhibi como unos
debiluchos a los que no les interesaba mayormente el destino de nuestros
compatriotas en ese pas.
La derecha ha hecho de Mxico un pas desprestigiado y ridculo frente a
todas las naciones. Difcilmente alguien puede ya tomarnos en cuenta. Nos hemos
entregado por entero a los Estados Unidos y a ese capitalismo andrajoso que es el
espaol, pero del que dependen muchos de nuestros criollos derechistas y dueos
de nuestras riquezas. Nuestro pasado glorioso, por lo menos, nos dicta una leccin
elemental: aprender de nuevo a ser nosotros mismos, con lo que somos y como
somos, ante el mundo. Tambin saber cuidar nuestro patrimonio nacional, hoy
dilapidado y malbaratado a los extranjeros. Darnos cuenta de que para ser ante el
mundo lo que somos, vale decir, ser reconocidos, tenemos que darnos a respetar.
Eso no cuesta mucho y los ejemplos abundan en nuestra historia.
Tenemos que volver a ser la nacin lder que fuimos en Amrica Latina.
Tenemos que volver a ganar el respeto de todos los poderosos. Deberemos pugnar
porque los dbiles del mundo vuelvan a creer en nosotros, como un tiempo lo
hicieron los republicanos espaoles, los abisinios, los austriacos, los chilenos, los
argentinos, los bolivianos, los centroamericanos y todos aquellos que en nuestra
Amrica encontraron refugio entre nosotros. Deberemos reconquistar el orgullo
nacionalista de volver a ser nosotros mismos y dejar de ser unos siervos de los
imperialistas. Deberemos aprender, de nuevo, a ser libres, en este mundo de
conflictos y guerras y saber conquistar un lugar digno y respetable entre las
naciones.
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