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Cursos de Verano de la Universidad de Burgos.” Éxodos: Migraciones y refugiados” 3 al 6 de
julio de 2017. Burgos
“LA POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO EN LAS POLÍTICAS DE
COOPERACIÓN”
Maite Serrano
Directora de la Coordinadora de ONGD-España
“La humanidad está en crisis y no hay otra
manera de salir de la crisis que mediante la
solidaridad entre los seres humanos”
Zigmun Bauman
1. SITUANDO LA MIGRACION EN SU CONTEXTO
En la actualidad el mundo se enfrenta al mayor reto migratorio desde la Segunda
Guerra Mundial. Más de 65 millones de personas (todas juntas formarían el vigésimo
país más poblado de la tierra) se han visto obligadas a salir de sus casas y se
encuentran a la deriva, convirtiéndose en la expresión más cruda y explícita de la
crisis de un modelo que es insostenible desde todos los puntos de vista: social,
ecológico y, sobre todo, humano.
Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. Los desplazamientos
de grupos humanos de unas zonas a otras han sido constantes desde la remota
prehistoria. Nomadismos, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales,
colonizaciones han ido configurando el mundo a lo largo de la Historia. Pero es solo
recientemente cuando se ha inaugurado una época donde las migraciones masivas
son una constante como consecuencia de un modelo de desarrollo que cada vez
genera más personas “superfluas”, excedentes del sistema, junto con personas
perseguidas por sus creencias religiosas, sus ideas políticas, su identidad sexual, o
como consecuencia de guerras o conflictos.
Lo que estamos observando desde 2015 es un aumento del número de personas
desplazadas que llegan a Europa (más de un millón de personas en ese año). Lo
nuevo pues es que llegan a Europa en un número importante, pero todavía muy
minoritario si lo comparamos con el total de personas desplazadas y refugiadas en el
mundo que permanecen en su mayoría en las zonas próximas a los lugares de huída,
como veremos más adelante.
El incremento brusco de personas que se ven obligadas a salir de sus casas en busca
de lugares seguros se empieza a producir a partir de 2012 como consecuencia de la
2
profunda desestabilización de la región de Oriente Próximo y Medio “a raíz de las mal
calculadas, temerariamente cortas de miras y, reconozcámoslo, frustradas aventuras
políticas y militares de las potencias occidentales en la zona”1. La guerra civil en Siria
es la principal causa, pero este aumento se debe también a la situación de una
desestabilizada Libia y otros conflictos en la región, como los de Irak y Yemen, la
República Democrática del Congo, Sudan del Sur y Sudán.
Conflictos todos ellos que son en parte consecuencia de la intervención militar de
EEUU en Oriente Medio (con el apoyo del gobierno español y britanico, no lo
olvidemos) antes y despues del 11 de septiembre de 2001, e intensificada con
interveciones sucesivas en las cuales han participado otros países como Rusia y
Francia, cada uno con sus propios objetivos.
Pero, como bien explica Balibar2 las raíces del conflicto se encuentran en la rivalidad
feroz entre Estados que aspiran a la hegemonía regional: Irán, Arabia Saudí, Turquía,
Egipto, y en cierto modo Israel (hasta ahora la única potencia nuclear en la zona). “La
guerra precipita todas las cuentas no saldadas de la colonización y del imperio:
minorías oprimidas, fronteras trazadas arbitrariamente, recursos minerales
expropiados, zonas de influencia objeto de disputa, gigantescos contratos de
abastecimiento de armamento… Lo peor, quizás, es que se reactiva el "odio teológico"
milenario: las escisiones del Islam, el choque entre las religiones monoteístas y sus
sustitutos seculares”.
Estamos ante una realidad, la de las migraciones, que puede variar en su
intensidad, pero que no va a remitir mientras no se den cambios profundos en el
mundo contemporáneo, y parece que es algo que no va a suceder a corto plazo.
Complejo y persistente, es un fenómeno que por mucho que desde los gobiernos de
los países europeos y desde la propia Comisión Europea se empecinen, no va a
resolverse levantando más muros, más altos, con más concertinas. En España
tenemos un refrán que viene muy al caso. “No se puede poner puertas al campo”.
Otra imagen muy ilustrativa de la quimera de la política migratoria de la UE es la que
recoge Bauman, citando a Robert Winder3, “podemos plantar nuestra silla en la orilla
tantas veces como nos plazca y gritarles a las olas que llegan a la orilla, que el mar no
va a escucharnos, ni a retirarse de allí”.
La segunda reflexión que quiero introducir tiene que ver con el marco jurídico que
debería guiar la política migratoria de la Unión Europea y sus Estados Miembros en
materia de migración y refugio. Dar una respuesta a la demanda de asilo y refugio
de las personas que huyen de la guerra y la persecución no es una opción voluntaria,
humanitaria o altruista. Ni siquiera es solo una cuestión ética o moral. Es una
obligación marcada por acuerdos internacionales que han sido suscritos por los
Estados Miembros y recogidos y desarrollados en las normativas europeas y
nacionales.
El asilo es un derecho internacionalmente reconocido desde 1948, con la aprobación
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 14, recoge el
1 Zigmun Bauman, Extraños llamando a la puerta, Paidos, 2016
2 https://blogs.mediapart.fr/ebalibar/blog/181115/dans-la-guerre
3 Robert Winder, Bloody Foeringners: The story of Immigration to Britain, Abacus, 2013, pág . xiii
3
derecho de todas las personas en situación de persecución, a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país. Tres años después se aprueba la Convención de
Ginebra del 28 de julio de 1951 sobre el estatuto del refugiado para dar protección a
millones de refugiados tras la II Guerra Mundial. Y el 21 de enero de 1967 se completa
su desarrollo con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados aprobado en Nueva
York. Ambos protocolos han sido suscritos por más de 140 países.
España reconoce el derecho de asilo en el artículo 13.4 de la Carta Magna. La Ley
de Asilo 12/2009 de 30 de octubre regula el derecho de asilo y la protección
subsidiaria. Sin embargo, 8 años después, todavía no se ha elaborado el desarrollo
reglamentario que facilitaría y agilizaría su implementación. La Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) lleva años denunciando esta situación irregular que es
reflejo de la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos para poner en marcha
una política de asilo ágil y efectiva.
En el ámbito europeo el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de
1992, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconocen el derecho de
asilo como un derecho fundamental que se desarrolla en diversas directivas de
acogida y de procedimiento, las últimas aprobadas en 2013.
El derecho de asilo consiste en el derecho que asiste a toda persona a buscar
protección fuera de su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en
caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro y tener fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o
pertenencia a un determinado grupo social. La persecución por motivos de género,
incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la identidad de género, están
incluidas en las causas de persecución que reconoce este derecho.
La convención de Ginebra define, en los términos descritos en el párrafo anterior,
quien es una persona refugiada, y establece el principio de no devolución, que
prohíbe a los Estados expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país
en el que su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir
tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales.
La Unión Europea y los Estados Miembros, incluida España, a pesar de la legislación
vigente que exigiría disponer de los medios necesarios para acoger e integrar en
nuestras sociedades a las personas que llegan huyendo de la guerra, ha optado por
enrocarse dentro del muro y por librar una guerra en la frontera, en la que los muertos
se cuentan por miles. En los últimos 15 años hay documentadas más de 25.000
personas muertas en el Mediterráneo, a las que habría que añadir los cientos de
muertes, seguramente miles, sin documentar, tanto en el Mediterráneo, como en el
desierto.
DATOS
El informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)4, publicado en junio de 2017, recoge un nuevo record en la cifra de personas que se ha visto obligadas a salir de sus casas a causa de conflictos, violencia o persecución. Al
4 ACNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.
4
finalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas, la cifra más alta desde la II Guerra Mundial, y cuya curva ascendente no cesa de crecer desde 2012, coincidiendo con el estallido de la Guerra en Siria, el recrudecimiento de conflictos existentes (Afganistán, Irak, Sudan del Sur…) y la aparición de otros nuevos (Yemen).
Grafico 1: Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados 1997-2016
Fuente: ACHNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.
Del total de personas desplazadas, 22,5 millones eran refugiadas (17,2 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,3 millones de refugiadas palestinas registradas por el UNRWA), 40,3 personas desplazadas internamente y 2,8 solicitantes de asilo.
La principal novedad en 2016 es el aumento del retorno de personas refugiadas en comparación con años anteriores. Durante 2016, regresaron a sus países de origen 552.200 refugiadas, a pesar de que a menudo regresan en condiciones que distan de ser las ideales. Esta cifra duplica con creces la del año anterior, retornando la mayoría a Afganistán (384.000).
5
Si centramos el análisis en las personas refugiadas, observamos que más de la mitad de ellas (el 55%) proceden de tres países: Republica Árabe de Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones), Sudán del Sur (1,4 millones). Mención especial merece la situación de Sudán del Sur que solo en 2016 aumento su población refugiada en un 85% a causa de la guerra, siendo la mayoría menores de edad. Grafico 2 principales países de salida
Fuente: ACHNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.
En 2016 el número de nuevas solicitudes de asilo siguió siendo elevado, alcanzando la cifra de 2 millones. Con 722.400 solicitudes, Alemania fue el mayor receptor del mundo de nuevas solicitudes individuales, seguida de Estados Unidos (262.000), Italia (123.000) y Turquía (78.600). En 2016, ACNUR propuso a los Estados a 162.600 refugiados para su reasentamiento (acogida voluntaria por parte de un tercer país a las personas más vulnerables según los criterios ACNUR ). Según las estadísticas gubernamentales, durante 2016, 37 países admitieron para su reasentamiento a 189.300 refugiados, cifra que incluye a los reasentados con la asistencia de ACNUR. Es interesante señalar que fue Estados Unidos quien aceptó al mayor número (96.900), mientras que la vieja Europa, que tan solo se comprometió a reasentar a 22.504 personas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017, a 12 de mayo de 2017, había reasentado a 16.163 personas5. Los países con menos recursos son los que acogen la mayoría de la población refugiada Los principales países de asilo fueron Turquía, Pakistán y Líbano. Por tercer año consecutivo, Turquía albergaba al mayor número de refugiados en el mundo, con 2,9 millones de personas. Le sigue Pakistán 1,4 millones; Líbano 1 millón; R. Islámica de Irán 979.400; Uganda 940.800Etiopía 791.600 y; Jordania 685.200.
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1302_es.htm
6
El caso de Uganda debería ser referente para las políticas en materia de refugio. La legislación vigente en este país establece un marco legal que permite a las personas refugiadas trabajar y les reconoce la libertad de movimiento. El modelo de reasentamiento establecido por Uganda les permite vivir en espacios que no son campamentos y otorga acceso a tierras para la producción de alimentos6. El ranking de los países que mayor número de personas refugiadas acogen varía si lo ponemos en relación con su población nacional. El Líbano se sitúa en primer lugar con 1 refugiado por cada 6 habitantes. Le sigue Jordania con una persona refugiada por cada 11. En tercer lugar se encuentra Turquía (1 por cada 28). Es decir que en un país como Líbano, que ocupa el puesto 76 en el Índice de Desarrollo Humano, cerca del 20% de la población es refugiada, un porcentaje que aumenta al 25%, una persona de cada cuatro, si incorporamos las refugiadas sin registrar por ACNUR. Son porcentajes importantes comparados con el esfuerzo realizado por la UE cuya población refugiada es el 0,2%.
Grafico 3: Principales países de acogida
Fuente: ACHNUR 2016: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016.
Lo que dicen los datos es que el 60% de las migraciones se producen entre países con niveles de renta similares; es decir, países con un desarrollo bajo. De hecho, el 86% de las personas que cuentan con algún tipo de protección internacional reconocida reside en países empobrecidos. De los 10 países que acogen al mayor número de refugiados en comparación con el tamaño de su economía nacional, 8 estaban en África. Países como Camerún, Chad, Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Sudán y Uganda- albergan a 4,9 millones de personas refugiados; una cifra que supone el 28% del total mundial. Como países de ingresos bajos, afrontan graves barreras estructurales para el desarrollo económico y social, y por tanto son los que tienen menos recursos para responder a las necesidades de quienes buscan refugio A pesar de ello, garantizan la acogida. En contraste, los seis países más ricos del planeta acogen tan solo al 9% de la población refugiada. Europa, por su parte, acoge una minoría del total de personas desplazadas; una pequeña parte de la punta de un iceberg enorme.
6 http://mundonegro.es/el-oasis-africano-para-los-refugiados-se-llama-uganda
7
Lejos de los discursos que hablan de avalanchas e invasiones, poco más de un millón
de personas ha llegado a Europa desde mediados de 2015, huyendo de guerras, del
hambre o del los estragos producidos por el cambio climático, una cifra que representa
apenas el 0,2% de la población de 500 millones que puebla la UE. Europa tiene
capacidades logísticas, económicas y políticas suficientes para acoger a la población
necesitada de protección internacional, de lo que carece es de la voluntad política
necesaria para poner los medios y los instrumentos para acoger en primer término e
integrar después a estas personas.
Si echamos la vista atrás, comprobamos que hubo un tiempo en el que Europa sí supo estar a la altura. En los años 90, cuando miles de personas huyeron de la guerra en los Balcanes los países europeos acogieron a más de 2,5 millones de personas desplazadas y refugiadas sin que ello supusiera el colapso de la UE ¿Por qué entonces fue posible y ahora –con una Europa con más recursos- no lo es? El Mediterráneo: la fosa común más grande del mundo
Durante 2016, 7.872 personas perdieron su vida en rutas marítimas. 5.098 de ellas (65%) en el Mediterráneo mientras intentaban alcanzar las costas europeas procedente de Libia, Egipto, Túnez y Marruecos 7. Es la cifra más alta registrada hasta ahora, pero todavía más preocupante es que si la comparamos con el número de llegadas observamos que mientras en 2015, llegaron a las costas europeas más de 1 millón de personas y se registraron 3.784 personas fallecidas, en 2016 las llegadas se redujeron a menos de la mitad, pero las muertes aumentaron un 34%, como consecuencia directa del cierre de la ruta de los Balcanes y, por ende, la reactivación de la ruta del mediterráneo central, mucho más larga insegura y peligrosa. Como dice Carlos Berzosa en la presentación del informe anual de CEAR8, estas cifras “revelan la dimensión de una tragedia inaceptable, porque es evitable, e interpela a los gobiernos europeos a imprimir un giro copernicano a su política de asilo y a abrir vías legales y seguras para la protección internacional”. En lo que va del año 2017 han perdido la vida más de 1800 personas oficialmente, solo en el Mediterráneo.
2. LAS MIGRACIONES FORZOSAS VISTAS DESDE EL MARCO DE LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL NUEVO CONSENSO EUROPEO PARA EL DESARROLLO
La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, por NNUU, junto con los Acuerdos de Addis Abeba para la financiación para el desarrollo, y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, conforman el marco global de referencia en materia de desarrollo sostenible para los próximos 15 años. Se trata de un marco político que, respecto a los acuerdos precedentes (como los ODM), supone un avance importante en tanto por la incorporación de la dimensión medioambiental como parte consustancial del desarrollo como por el enfoque sistémico que profundiza en la complejidad y multisectorialidad de los problemas relacionados con el desarrollo y por lo tanto de sus soluciones. Y es aquí, en la implementación de las políticas que debe dar respuesta a los grandes desafíos, incluido el que se deriva de las migraciones forzosas, donde se marcará la diferencia entre una agenda realmente
7 https://www.iom.int/
8 CEAR: Informe 2017 personas refugiadas en España y en Europa. https://www.cear.es/publicaciones-
elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/
8
transformadora o un lavado de imagen para seguir haciendo más de lo mismo, aunque esto último sea una opción que condena al fracaso a la humanidad. Esta Agenda comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas
orientadas a reducir la pobreza y asegurar el desarrollo sostenible “sin dejar a nadie
atrás”. Así, entre sus metas, contempla facilitar una migración y movilidad seguras,
regulares y responsables de las personas, garantizando el pleno respeto de los
derechos humanos y el trato humano a las personas migrantes, independientemente
de su estatus migratorio. Es la primera vez que la migración pasa a formar parte del
ámbito principal de políticas de desarrollo mundial. En concreto la migración es
referenciada en relación con los siguientes desafíos: (i) La situación de los
trabajadores migrantes que se recoge en el Objetivo 8 sobre el crecimiento
económico y el trabajo decente, (ii) el tema de la trata de personas es mencionado en
varios de los objetivos, por ejemplo el Objetivo 16 para promover sociedades pacíficas
e inclusivas, y (iii) la situación migratoria específicamente, es mencionada como factor
de desagregación en el seguimiento y evaluación del Objetivo 17. Por último, entre
todas las metas, la meta 10.7 de los ODS contiene la referencia específica a la
migración en la Agenda 2030, en los siguientes términos: “Facilitar la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras
cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”9.
El grupo de trabajo sobre la Agenda 2030 de Futuro en Común10valora la importancia
de que la Agenda reconozca la contribución de la migración internacional al
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Subraya, sin embargo, que este
reconocimiento se realiza desde una visión restringida, “que no parte de un enfoque de
derechos humanos y que no aborda realmente las causas de las migraciones forzadas
de millones de personas en todo el mundo. Es decir, la Agenda no vincula la cuestión
de la movilidad humana con los problemas de desarrollo, la explotación de los
recursos naturales, el acaparamiento de tierras y de agua o los conflictos bélicos,
cuando son precisamente la pobreza, el cambio climático o las desigualdades las que
generan la necesidad de la migración. Las migraciones deberían constituir un objetivo
singular por su relevancia y permanencia en el tiempo, dada la transversalidad de
causas: desastres naturales, económicos, ambientales o sociales.” Es precisamente
esta visión limitada, carente de enfoque de derechos, la que explica que las únicas
metas de la Agenda ODS en relación a las migraciones estén redactadas en clave de
control de migraciones y migraciones ordenadas.
“Tampoco aborda la realidad de las personas refugiadas y desplazadas desde la
necesidad de incidir con los Estados en el cumplimiento de los derechos humanos y
del Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a la obligatoriedad de protección,
cumplimiento del derecho de asilo y de una acogida digna”. Esta es una seria
limitación de la Agenda ODS cuya interpretación e implementación debería, por tanto,
vincularse estrechamente con el marco global de derechos humanos existente (Carta
Universal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra y su Protocolo, Convención
9http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperaci
on_espanola_12_ago_2015_es.pdf 10
Futuro en Común es un espacio intersectorial, formado por una diversidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la justicia global desde diferentes perspectivas (feministas, ecologistas, de acción social, de desarrollo, sindicalistas…). www.futuroencomun.net
9
de NNUU sobre los trabajadores migrantes,…), para garantizar un abordaje de las
migraciones consistente con los derechos humanos y coherente con la complejidad del
fenómeno.
Casi dos años después de la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la
Unión Europea ha aprobado el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo11 , que
contiene la visión compartida y el marco político general de la cooperación europea
para el desarrollo hasta 2030. Por primera vez se aplica en su integridad a todas las
instituciones de cooperación de la Unión Europea y sirve de inspiración para la política
de cooperación de todos sus Estados miembros, que se comprometen a colaborar de
forma más estrecha.
La renovación del Consenso (el anterior fue aprobado en 2005) se planteó como
objetivo la alineación con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París y con la intención de
reforzar el liderazgo de la UE en la promoción del desarrollo sostenible, “la reducción
de la pobreza y su erradicación a largo plazo, como uno de los objetivos clave de la
política europea para el desarrollo 12 . Un objetivo que, de cumplirse, sin duda
contribuiría de manera inequívoca a la desaparición de la mayoría de las causas de la
migración forzosa en el planeta.
Sin embargo, tal y como señalan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
europeas el Consenso viene a reforzar una dirección política (que ya está presente de
hecho en la Cooperación al Desarrollo europea) que va en el sentido contrario a la
apuesta de la Agenda de Desarrollo Sostenible, reduciendo la defensa de ésta a mera
retórica. La política de cooperación se ve instrumentalizada de manera progresiva en
favor del control de los movimientos migratorios, de la securitización y de la promoción
del sector privado. De una manera casi obsesiva, el control de la migración en Europa
se sitúa en el centro de la política de cooperación al desarrollo, y la seguridad y las
operaciones militares se enmarcan como opciones legítimas de ésta última13.
El análisis del texto deja claro que la ayuda al desarrollo sirve primero a Europa,
renunciando a la oportunidad de utilizar la cooperación como palanca para la
transformación que se necesita, incluida la lucha contras las causas profundas de la
migración y el desplazamiento forzoso, y optando por utilizarla como una herramienta
para el control de la migración, incluso para financiar las fuerzas policiales y militares
en terceros países. Así queda recogido en el párrafo 40: “La UE y sus Estados
miembros adoptarán un enfoque más coordinado, holístico y estructurado de la
migración, maximizando las sinergias y aplicando el apalancamiento necesario
utilizando todas las políticas e instrumentos pertinentes de la UE, incluido el desarrollo
y el comercio”.
11
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/19-european-consensus-on-development/ 12
Artículo 208 del Tratado de la Unión Europea 13
En el consenso se afirma que “En el contexto de la cooperación al desarrollo, la UE y sus Estados miembros también pueden comprometerse con los agentes de seguridad para reforzar su capacidad de garantizar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el logro de sociedades pacíficas e integradoras" (párrafo 49), lo que supone un serio retroceso respecto al consenso de 2005 al proponer soluciones basadas en la seguridad que abarcaba desde la educación militar hasta actividades de lucha contra el terrorismo http://csopartnership.org/cpde-statement-on-eu-consensus/
10
3. LA MIGRACIÓN (O COMO FRENAR SU LLEGADA A EUROPA) EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA EUROPEA.
La acogida y la integración de las personas refugiadas es un desafío de complejo que
requiere no solo de recursos económicos sino también de principios claros y de una
clara voluntad política para hacer frente a las dificultades en términos de acogida e
integración, máxime teniendo en cuenta la emergencia de respuestas xenófobas y
racistas a lo largo de toda Europa. Más difícil aún es abordar las causas, muchas de
ellas con raíces históricas profundas, que están detrás de la migración forzosa y que
exigen un cambio de timón en las relaciones internacionales, donde los refugiados
dejen de ser moneda de cambio y la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de
los pueblos y la extensión del disfrute de los derechos humanos sean la norma.
Europa debe hacer frente a la realidad, asumir su responsabilidad internacional, y no
esconderse detrás de muros como ha hecho hasta ahora
Sin embargo, la realidad es bien distinta. La actual política europea de migración y
asilo está sustentada sobre la lógica de la seguridad desde una perspectiva
eurocéntrica muy limitada, basada en la exclusión del territorio europeo de las
personas migrantes, externalizando las fronteras, delegando la gestión de la
migración a países terceros y promoviendo las devoluciones, en muchos casos
forzosas y en condiciones que no garantizan protección para personas necesitadas.
Es decir, Europa criminaliza a las víctimas y persigue a quién debería proteger.
Para la implementación de estas políticas además la UE no duda en utilizar todos los
recursos a su alcance, incluida la política de cooperación al desarrollo cuyo fin
declarado es la erradicación de la pobreza y, en ningún caso, el control de fronteras,
como acabamos de ver. La instrumentalización de la Cooperación al Desarrollo en
función de la agenda migratoria se nutre de varios mecanismos directos e indirectos:
uso de fondos de AOD para apoyar las políticas de control migratorio en los países de
origen, incluidos los gastos militares; la condicionalidad de la concesión de ayuda al
comportamiento del país en materia migratoria (control de fronteras y readmisión de
nacionales o personas en tránsito) y el desvío de fondos de AOD para cubrir los
gastos de los refugiados en los países donantes. En definitiva, los fondos destinados
a promover una vida mejor a las personas se destinan a reprimir su derecho al
movimiento y, sobre todo, su derecho a la huída de conflictos en los que Europa tiene
responsabilidad (por acción u omisión).
Externalizando fronteras
El acuerdo UE-Turquía de 2016, los sucesivos acuerdos con Afganistán, Egipto,
Eritrea y Sudán del Sur y el “plan África” suponen un salto cualitativo en el proceso de
externalización de fronteras, que profundiza la dirección de las políticas migratorias
iniciada hace décadas por la Unión Europea, más preocupada por mantener el
problema de los desplazamientos humanos lejos de las fronteras del viejo continente
que de generar las condiciones para que nadie se vea obligado a huir de sus casas.
De alguna manera, como sostiene el informe del Grupo Parlamentario Europeo
“Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica” en el informe “Externalización
11
de Fronteras: Impunidad y Excepción en la Diplomacia del Euro”, el andamiaje de las
políticas de cierre de fronteras es la otra cara de la moneda de la creación del espacio
Único Europeo.”Para asegurarle a algunas personas ese derecho de movilidad sin
fronteras interiores había que negarles el derecho de entrada a quienes no
pertenecían a dicho club, …Endurecer las condiciones de entrada y permanencia para
nacionales de terceros países, recortar el derecho al asilo, reformar las leyes sobre
extranjerías, levantar muros con concertinas, mejorar los sistemas de vigilancia,
militarizar las fronteras y las rutas de acceso, firmar acuerdos bilaterales con países de
origen y transito de los flujos migratorios”.
Efectivamente, mediante la externalización de fronteras la UE busca frenar la llegada
de inmigrantes y refugiados a suelo Europeo a través de la subcontratación del control
migratorio a terceros países, creando una zona de freno previa, donde no rige la
legislación comunitaria. Con ello se consigue un doble efecto. Por un lado se
invisibiliza a las personas migrantes, si no llegan a nuestras fronteras no son noticia,
no existen, lo que rebaja el interés de la opinión pública sobre las políticas de
migración y asilo y con ello se naturaliza la vulneración del derecho de asilo y otros
derechos fundamentales. O como dice la periodista Olga Rodríguez de una forma más
cruda, pero no por ello menos cierta “la Unión Europea cierra los caminos más
seguros y externaliza fronteras para que la gente muera cada vez más lejos de
nuestras conciencias”14 . El cierre de fronteras deriva en la apertura de nuevas rutas
más largas y peligrosas y consecuentemente en el aumento del negocio para las
mafias. Por otro lado, la cesión de la gestión migratoria a terceros países con serias
dudas en su comportamiento en relación con el respeto de los derechos humanos,
supone una dejación de la responsabilidad de la UE que con estos acuerdos pretende
que la obligación de respetar y proteger los derechos humanos fundamentales acaba
en sus límites fronterizos.
Para entender la evolución de dichas políticas podemos remontarnos a 2011 con la
aprobación por parte de la Comisión Europea del “Enfoque Global de la Migración y
Movilidad”, uno de cuyos ejes de trabajo era el diálogo regional y bilateral entre países
de destino, tránsito y origen. Este acuerdo marca un cambio sustancial en la política
de externalización de fronteras, en la medida en que por primera vez se pasa de
incentivar la puesta en marcha de medidas favorables “bien vistas” por la UE a
penalizar a los países que no pongan en marcha dichas medidas. Para ello comienza
a utilizarse todos los instrumentos disponibles como la cooperación al desarrollo, los
acuerdos comerciales y las facilidades para la exportación hacia la UE o la supuesta
liberalización de los visados.
Si miramos a nuestro propio país, España se configura como un ejemplo
paradigmático del modelo de gestión migratoria europeo, prácticamente desde su
incorporación a la Unión Europea15. Primero con la aprobación de la Ley de Extranjería
en 1985, apenas unos días después de la firma del Tratado de Adhesión de España a
la CE. Entonces comienza a hablase por primera vez de personas en situación
irregular, pero es en la década de los 90 cuando se comienzan a gestarse las políticas
basadas en la securitización. En 1992, se firma el primer acuerdo entre el Reino de
14
http://www.eldiario.es/zonacritica/Premio-Princesa-Asturias-llama-concordia_6_656944317.html 15
http://www.eldiario.es/desalambre/Comite-Derechos-Humanos-ONU-Espana_0_407009495.html
12
España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la
readmisión de extranjeros que entran ilegalmente. En 1995, se colocó en Ceuta la
primera alambrada, para continuar en 1998 con la construcción en Melilla de 12
kilómetros de dos vallas paralelas de 6 metros con alambres de púas, recientemente
reforzados con concertinas. Como contrapartida por asumir el papel de gendarme de
la Frontera Marruecos recibe1.640 millones de euros, entre 1995 y 2006, del programa
MEDA de la UE para la cooperación con terceros países del Mediterráneo. Un
programa que fue seguido por nuevas ayudas a partir de 2007, procedentes del
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), sustituto del anterior
programa. Desde el Estado español también se pagaba la factura de la frontera,
utilizando en muchas ocasiones la cooperación al desarrollo. En esos años hay
constancia de proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID) o por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en los que de un monto de 40 millones,
38 iban destinados a la compra de vehículos, radares, centros de análisis e datos y
unidades móviles en la detección de los movimientos de fronteras16.
Las estrategias contra la movilidad se fueron sofisticando incorporando nuevas
tácticas como las “devoluciones en caliente”, que el gobierno de España a pretendido
legalizar mediante una disposición adicional de la Ley 4/2015 de protección de la
seguridad ciudadana (más conocida como la Ley mordaza) o las detenciones masivas
de migrantes subsaharianos en Marruecos (y su posterior traslado al desierto). Los
movimientos migratorios no desaparecieron, como no van a desparecieron ahora,
simplemente se desplazaron hacia rutas más peligrosas, alimentando de paso a las
mafias. Esto es tan evidente, que incluso hay informes de NNUU que llaman la
atención al Estado español por estas prácticas17.
El segundo paralelismo con la actual estrategia europea lo encontramos en el
lanzamiento por parte del gobierno español del Plan África, cuyo objetivo declarado
era el desarrollo del continente africano, pero sin ocultar los intereses geoestratégicos
y económicos. Como parte del Plan África el Estado español firmó hasta 12 acuerdos
con diferentes países de África Occidental, entre los que destacan los Acuerdos Marco
de Cooperación Migratoria y Readmisión. Unos acuerdos que por primera vez incluían
la repatriación de migrantes que sin ser nacionales de los países firmantes, hubiesen
transitado por él. Permitían también incursiones puntuales de patrulleras de FRONTEX
en sus aguas territoriales. La cooperación al desarrollo aparecía como contrapartida,
junto con la condonación de la deuda externa o la mejora en las relaciones políticas y
comerciales.
Similares características se observan en el “Tratado de Amistad, Sociedad y
Cooperación” firmado en Bengasi en 2008 por Silvio Berlusconi y el coronel Gadafi,
que se ha reeditado en febrero de 2017, en formato de memorándum, suponiendo de
hecho la vuelta al tratado de 2008. Todo ello a pesar de que Libia está sumida en un
caos absoluto desde el derrocamiento de Gadafi en 2011, y es de dominio público la
16
GUE/NLG, 2017: Dossier Externalización de fronteras. Impunidad y excepción en la diplomacia del Euro. 17
http://www.eldiario.es/desalambre/Comite-Derechos-Humanos-ONU-Espana_0_407009495.html
13
existencia de secuestros, trata de personas y de violación generalizada de todos los
derechos humanos.
Con todos estos antecedentes, el acuerdo Unión Europea-Turquía supone otra vuelta
de tuerca al derecho internacional y a los derechos humanos. Es un acuerdo en el que
básicamente se utiliza a las personas refugiadas como moneda de cambio para dar
respuesta a intereses económicos y geoestratégicos por encima de la protección que
legalmente tanto la UE como Turquía están obligadas a garantizar. Con este acuerdo
Turquía se compromete a “aceptar el retorno rápido de todos los migrantes que no
precisen protección internacional y que hayan pasado de Turquía a Grecia, y en
aceptar a todos los migrantes irregulares interceptados en aguas turcas”18 a cambio de
6.000 millones de euros y de la promesa avanzar en los procesos de liberalización de
visados y en las negociaciones de adhesión del país otomano a la UE. El acuerdo fue
llevado a cabo a pesar de que Turquía no es un país seguro para las personas
refugiadas y a pesar de los testimonios de organizaciones de derechos humanos que
aseguran que las autoridades turcas han devuelto a miles de personas a Siria19.
Son varias las entidades que han interpuesto denuncias ante organismos
internacionales contra este acuerdo basadas en que no hay garantías de que se
respete el principio de no devolución, ni existen dispositivos de salvaguardia que
aseguren la existencia de mecanismos de protección, cumplimiento de la ley y
respeto de los derechos humanos. Una de estas denuncias fue interpuesta por CEAR
con el apoyo de más de 30 organizaciones ante la Defensora del Pueblo Europeo,
Emily O´Reilly, denunciando la ausencia de un informe de impacto en los derechos
humanos del acuerdo antes de su firma, extremo que ha sido confirmado y reprobado
por la Defensora del Pueblo en su respuesta a la reclamación.
Pero lo más sorprendente y menos conocido es que tal acuerdo nunca se ha
formalizado, ni firmado. No existe ningún documento oficial, salvo una nota de prensa
emitida después del Consejo Europeo20. De esta manera “la UE sentó un precedente
peligroso al regular materias relacionadas con los derechos fundamentales mediante
un documento que tiene la forma de comunicado de prensa”.21
Este tipo de acuerdos se justifican aludiendo a la lucha contra las mafias, como si la
existencia de las mafias estuviera en el origen de los flujos migratorios. El efecto de
este tipo de acuerdos, en la práctica, es precisamente el contrario. Cuantas más
barreras se interponen a la posibilidad de cruzar una frontera en búsqueda de asilo,
más aumenta el volumen de negocio para unas mafias sin escrúpulos, incrementando
el riesgo para las personas refugiadas - especialmente para las mujeres y niñas- de
sufrir violencia, trata de personas, secuestros, y más precarias son las condiciones en
las cuales emprende las travesías, con aumento exponencial en el riesgo para su vida.
El cierre de la ruta de los Balcanes ha empujado a las personas a la ruta del
18
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 19
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/ 20
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 21
CEAR: Informe 2017 personas refugiadas en España y en Europa. https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/ Pg 44.
14
Mediterráneo central, mucho más larga y peligrosa, como lo demuestra el aumento del
número de fallecidos desde la aprobación del acuerdo UE-Turquía. Las políticas
europeas obligan a pagar 8.000 euros y a arriesgar sus vidas para llegar a Europa a
personas que podrían coger un avión22.
Otra consecuencia directa del Acuerdo UE-Turquía ha sido que más de 60.000
personas se han quedado varadas en Grecia en centros de detención en condiciones
inhumanas, situación especialmente preocupante en el caso de las mujeres y niñas
que se ven expuestas a situaciones de violencia sexual y todo tipo de
discriminaciones, comenzando por la falta de infraestructuras que tengan en cuenta
las necesidades específicas de las mujeres o la ausencia de servicios específicos de
salud sexual y reproductiva en los campos de refugiados.
En junio de 2016 el Consejo Europeo presenta la Agenda Europea de las Migraciones
centrada en los Nuevos Marco de Asociación de la UE con Terceros Países (New
Partnership Agreement) puestos al servicio de la estrategia de externalización de
fronteras, y respaldada por el refuerzo de FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia
de Fronteras y Costas), cuyo papel en la militarización y securitización de la agenda
migratoria es clave. Claro ejemplo de este refuerzo es el incremento de su
presupuesto que ha pasado de 6 millones de euros en 2005, a 330 millones en 2017.
Es precisamente en los presupuestos donde se concretan las prioridades políticas de
los Estados. En el caso de la UE es muy significativo que entre 2007 y 2013 haya
gastado 2.000 millones en seguridad fronteriza y 700 millones en protección de
refugiados y solicitantes de asilo.
La Nuevos Marco de Asociación país proponen invertir 8.000 millones de euros
adicionales priorizando países como Líbano, Jordania, Libia o Egipto, e incluyendo
otros como Sudan o Eritrea. A cambio de estas inversiones los países se
comprometen a aceptar la repatriación de migrantes y a controlar de manera efectiva
las rutas migratorias que atraviesan sus países. Todo ello en países que distan mucho
de poder ser considerados países seguros, muchos de ellos simplemente regímenes
autoritarios donde se practican violaciones de los derechos humanos.
La red Europea de ONG de Desarrollo, CONCORD califica así este instrumento: “El
Nuevo Marco de Asociación de la UE con terceros países se ha convertido en el
instrumentos de política migratoria más reciente de la UE. Inspirado en el acuerdo UE-
Turquía, se inició en 2016. A través de un acuerdo marco de Asociación se espera que
países como Etiopía, Níger y Malí implementen políticas migratorias de la UE con un
foco especial en la readmisión de sus ciudadanos y, potencialmente, de aquellos que
hayan atravesado su territorio. Concretamente esto significa que los refugiados
somalíes o eritreos podrían ser deportados a Etiopía y, desde allí, a sus países de
origen, donde podrían encontrar la prisión o la muerte. El acuerdo incluye también un
amplio apoyo a la gestión de fronteras con pocas garantías de respeto de los derechos
22
CEAR: Informe 2017. La realidad de las personas refugiadas en España y en Europa. https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/ pg.99
15
humanos. Los países que cooperen serán recompensados, utilizando la ayuda como
incentivo. Los que no lo ganga tendrán que afrontar las consecuencias” 23.
Se consolida así la práctica de utilizar la cooperación al desarrollo como una
herramienta de chantaje para exigir a los países la colaboración en la estrategia de
externalizar las fronteras de la UE, poniendo en un muy segundo lugar lo que debería
ser el objetivo fundamental de la Ayuda: la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
La instrumentalización de la cooperación llega incluso a la utilización de los fondos de
Ayuda para cubrir gastos militares y de la policía, inversiones en equipamiento,
contribuyendo de paso al negocio de algunas empresas especializadas 24 . Como
hemos visto, al hablar del Consenso Europeo del Desarrollo, es una práctica que,
lamentablemente, ha sido formalmente respaldada al incorporar en el texto del
Consenso la recomendación de utilizar todos los recursos existentes, incluida la
Cooperación Internacional como instrumento al servicio de la agenda de la migración.
De los acuerdos firmados con terceros países merece la pena detenerse en el
recientemente firmado con Afganistán con el objetivo de acelerar la readmisión y el
regreso forzado de ciudadanos afganos en Europa. Un país cuya seguridad pone en
cuestión la propia Oficina de Acción Humanitaria de la UE (ECHO) que ha hecho
saltar las alarmas sobre el incremento de la inseguridad debido a las luchas entre las
fuerzas del gobierno y grupos armados y avisa en un informe que Afganistán se
encuentra en una crisis humanitaria aguda con 245.000 personas abandonando sus
hogares solo en este año25. A pesar de esto, los gobiernos europeos han presionado
para enviar más personas de vuelta sin ningún tipo de reservas.
FRACASO DE LOS PRIMEROS ACUERDOS DE VALETTA
La primera cumbre de Valetta en noviembre de 2015, incluyo entre sus acuerdos la
creación de un fondo fiduciario de emergencia de la UE para la estabilidad y para
abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de
personas e África. Formalmente este fondo permitiría financiar proyectos destinados a
crear oportunidades de empleo y apoyar los servicios básicos destinados a las
poblaciones locales. Se llegó a hablar de un Plan Marshall para Africa, con medidas
vinculadas a las migraciones y sin detraer recursos de la Cooperación internacional.
Sin embargo, también estos fondos se vinculan con el objetivo de “afrontar el flujo
creciente de la migración forzada” y con “la creación de capacidad de terceros países
en el ámbito de la migración y la gestión de las fronteras, así como la estabilización y
el desarrollo de estas regiones de África”
Se quería que el fondo aportado por la UE 1.800 millones fuera duplicado por los
estados miembros (cuya aportación se ha limitado a 78,2 millones). Pero además no
estamos hablando de fondos adicionales, sino que procedente de la reserva del 11
23
https://concordeurope.org/2016/12/12/no-eu-deals-keep-migrants/ 24
Algunas de las empresas europeas que forman parte del nuevo negocio en torno a la gestión de las fronteras son: Airbus, Signalis, Finmeccanica/Leonardo, Thales, Indra, Safran/Morpho,Siemens, Thermoteknix 25
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/afganistan_en.pdf
16
Fondo Europeo de Desarrollo, al que se añaden fondos de otros programas regionales
y de programas de cooperación.
Esta cumbre también fue la que, presionada por la opinión pública y mediática,
concreto el acuerdo para la reubicación y el reasentamiento de personas refugiadas
en los 28 países miembros. Tras diversas enmiendas finalmente los acuerdos
adoptados contemplaban la reubicación de 160.000 personas desde Grecia e Italia en
el resto de los estados y el reasentamiento de 22.504 refugiadas desde los
campamentos de Turquía, Jordania y Líbano fundamentalmente.
Los últimos datos de duodécimo informe de progreso sobre reasentamiento y
reubicación del 16 de mayo 26 hablan de 18.418, personas reubicadas, apenas un 11%
cuando faltan solo 4 meses para que finalice el plazo para la ejecución del
compromiso. En cuanto a los reasentamiento se ha alcanzado la cifra de 16.163
personas reasentadas en 21 países, algo más de dos tercios de lo comprometido.
En España la situación es incluso peor, no solo estamos muy lejos de alcanzar los
17.227 refugiadas que tenemos que acoger antes de septiembre de 2017 (solo han
llegado 1.304, poco más del 7%), sino que el Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Alfonso Dastis ha declarado públicamente que no vamos a alcanzar esa
cifra porque los “refugiados desde Grecia e Italia tenían que reunir unos requisitos” y
al parecer no los cumplen. Como por arte de magia –acuerdo de Turquía mediante- y
siempre según Dastis, hay algunas causas que han provocado la reducción del
número de refugiados a reubicar como que “se han buscado la vida o no han
conseguido cumplir con las formalidades necesarias para tener derecho a la
reubicación”27. Son declaraciones que dejan patente la total ausencia de voluntad
política para hacer frente a un compromiso que, aunque insuficiente, podía marcar un
cambio de tendencia en la política europea y española de migración y asilo, tal y como
está exigiendo la ciudadanía a través de manifestaciones multitudinarias como la que
protagonizó Barcelona, en febrero de 2017, o las campañas VenidYa.org, en España o
SickOfWaiting a nivel global.
4. QUE IMPLICA CONTABILIZAR COMO AOD LOS GASTOS DE ATENCION A
REFUGIADOS En 2016 el volumen global de Ayuda al Desarrollo, según las cifras oficiales del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) ha alcanzado un record, con la cifra de 142.600 millones
de dólares, lo que supone una media del 0,32% del conjunto de los países donantes.
Es un dato alentador que se ve ensombrecido cuando observamos que buena parte de
ese incremento obedece al aumento de los fondos destinados a los refugiados en los
países donantes. Es cierto que el CAD admite desde 1988, con ciertas condiciones,
contabilizar como AOD los gastos de atención a personas refugiadas en los países
donantes durante los 12 primeros meses de estancia. Pero la tendencia de los últimos
años obliga a profundizar en una reflexión que desde las ONGD llevamos planteando
26
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VuUBrEEkCQMJ:europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1302_es.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es 27
http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-espana-preve-tendra-reubicar-menos-refugiados-comprometidos-porque-no-todos-cumplen-requisitos-20170605201509.html
17
hace años sobre el impacto en el desarrollo de terceros países de este gasto. Desde
CONCORD hace años que se elabora un informe del seguimiento de la Ayuda al
Desarrollo de la UE en el que se detrae del cómputo oficial de la AOD, los gastos de
refugiados, junto con los de los estudiantes en nuestros países de nacionales de
países en desarrollo y los intereses de la deuda28.
En los últimos cinco años el gasto para acoger a solicitantes de asilo en los países
donantes se ha cuadruplicado, alcanzando la cifra de 13.700 millones en 2016. Es
decir que cerca de un 10% del total de la AOD se queda en nuestros países. Pero los
% y la procedencia de estos fondos varían según países. Noruega, Dinamarca,
Suecia, Reino Unido, son algunos de los países que están detrayendo parte de su
AOD para atender a refugiados en sus países. Alemania, sin embargo, que ha pasado
de destinar el 1% al 25% de su AOD para atender a las personas refugiadas, ha
incrementado sus presupuestos de cooperación, pasando del 0,52% de AOD al 0,7%
en 201629. España, que hasta ahora no tenía un gasto importante en atención a
refugiados en el país, acaba de aprobar en los PGE de 2017 una partida de 232
millones, un 702% de incremento respecto al año anterior, lo que supone un 10% del
total de la AOD, sin que se disponga de fondos adicionales30. Este dato contrasta con
el presupuesto de la AECID para Acción Humanitaria que asciende apenas a 16,5
millones de euros.
La consecuencia de este desvío de fondos de cooperación a atención a refugiados en
nuestros países para la eficacia y la credibilidad de la ayuda es grave. Por un lado los
países receptores de ayuda están viendo como cada vez reciben menos fondos,
mientras que los países donantes engordan ficticiamente las cifras de ayuda al
contabilizar un gasto que, en el mejor de los casos, contribuye a nuestro propio
desarrollo. De continuar esta tendencia, puede llegar a darse la paradoja de que
Europa se convierta en el primer receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo, ya que los
fondos permanecerían en nuestros países a costa de reducir el importe de la ayuda
que realmente se destina a promover el desarrollo sostenible y el bienestar de los
países con menos recursos 31.
5. DESAFIOS DE LA POLITICA EUROPEA DE MIGRACIONES La migración tiene múltiples y complejas razones que van desde la búsqueda de mejores oportunidades de vida y educación, a la reunificación familiar, pasando por las situaciones de conflicto, violación de los derechos humanos, cambio climático, pobreza y desempleo…. Cualquier cooperación para gestionar la migración debe tener en consideración esta realizad compleja e intersectorial y asegurar que los beneficios de la migración se maximizan y los riesgos se minimizan.
28
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/CONCORD_AidWatch_Report_2016_web.pdf 29
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/05/actualidad/1496691606_043417.html 30
https://coordinadoraongd.org/2017/04/pge-2017-la-aod-se-estanca-se-aleja-la-lucha-la-pobreza/ 31
http://elpais.com/elpais/2017/01/24/3500_millones/1485263375_115037.html
18
Desde las OSC se formula la siguiente propuesta32: En el contexto actual, la realidad de las políticas migratorias a escala global y especialmente en Europa está dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una extrema situación de desprotección y vulneración de derechos. La respuesta política de la UE, basada en la externalización de fronteras y en el control de flujos migratorios por encima de las vidas humanas, está sumiendo a Europa en una grave crisis de derechos. Las organizaciones firmantes de este documento queremos hacer un llamamiento común a la acción política ante esta realidad. Nuestra mirada es plural y complementaria pero hunde sus raíces en la convicción de que cualquier propuesta política que quiera hacer frente al desafío y la oportunidad de la movilidad humana tiene que cumplir, al menos, con estos cinco ejes. 1. Impulsar políticas internacionales y europeas que garanticen el debido
cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y migrantes
Cumplir y, si es necesario, ampliar los compromisos adoptados de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas.
Garantizar que la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) no supone una rebaja de los estándares internacionales de derechos humanos.
Rechazar la firma de tratados con países que no respeten los derechos humanos y el derecho internacional, y dejar sin efecto aquellos que estén en vigor y no cumplan con este requisito.
Suprimir la exigencia de visados de tránsito a personas que proceden de países en conflicto. Asegurar que la política de cooperación al desarrollo se centra exclusivamente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no puede estar condicionada al control de fronteras y, en ningún caso, desviarse a otros fines.
Cumplir rigurosamente con el Tratado de Comercio de Armas; fomentar la cultura de paz y el diálogo para la resolución de los conflictos.
2. Mejorar el sistema de acogida para asegurar condiciones adecuadas de recepción de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos
Dotar de flexibilidad y sostenibilidad el sistema de acogida español.
Adoptar e implementar un Plan Integral de Acogida e Inclusión para personas refugiadas, coordinado con todas las administraciones públicas y la sociedad civil. Este plan debe evitar la exposición a cualquier forma de violencia a mujeres, niños y niñas.
Impulsar políticas públicas que favorezcan la convivencia y que combatan los discursos y actos xenófobos y racistas.
Garantizar el acceso a una educación de calidad para niñas y niños refugiados, solicitantes de asilo, y migrantes.
Garantizar el acceso universal de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo al Sistema Nacional de Salud, con especial hincapié en las personas migrantes en situación administrativa irregular.
3. Garantizar vías de acceso legales y seguras
Facilitar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior.
Flexibilizar los requisitos de reagrupación y extensión familiar.
32
Este apartado recoge el manifiesto https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/06/Documento-Final_SinSalidas.pdf, firmado por Accem, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Cáritas, CEAR, Coordinadora de ONGD, Red Acoge, Cepaim, Oxfam Intermon y Ayuda en Acción
19
Asegurar la concesión de visados humanitarios.
Facilitar la concesión de visados de estudios.
Cumplir y aumentar el compromiso de reasentamiento.
Impulsar la creación de corredores humanitarios para facilitar la evacuación.
Establecer mecanismos de prevención de Violencia de Género y trata de personas.
4. Garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la protección internacional en frontera sur
Poner fin a las devoluciones ilegales y derogar la disposición final primera de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que pretende dar cobertura legal a las devoluciones de las personas que llegan a Ceuta y Melilla sin acceso a procedimiento alguno y sin garantizar, por lo tanto, una correcta identificación de las personas necesitadas de protección internacional
Garantizar investigaciones eficaces, exhaustivas e imparciales; mecanismos de investigación; y el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.
Garantizar al acceso al procedimiento de protección internacional de todas las personas que lleguen a las costas e identificar a las personas con necesidades especiales al objeto de garantizar un tratamiento adecuado, recursos específicos de acogida que respondan a sus necesidades y que en ningún caso se acuerde su ingreso en centros de internamiento de extranjeros.
5. Proteger a las personas refugiadas y migrantes, especialmente a aquellas en situación de especial vulnerabilidad
Los Estados deben comprometerse con una política global humanitaria, para ello deben adoptar medidas específicas que garanticen los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situación de mayor vulnerabilidad, tales como menores, mujeres que viajan solas y embarazadas, personas mayores, personas LGBTI, personas con diversidad funcional, minorías étnicas y religiosas, entre otras.
Contemplar el enfoque de género en el procedimiento de asilo y en las medidas adoptadas en materia de migración y asilo.
Garantizar políticas específicas para la infancia y que el interés superior de los niños y niñas sea la consideración primordial en todas las decisiones que les afectan en los ámbitos de la extranjería y el asilo.
Garantizar el acceso a trabajo formal y decente para las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en igualdad de condiciones que los hombres.
Financiar y apoyar el acceso a servicios integrales de salud con especial atención a mujeres y niñas, mediante un trabajo conjunto de gobiernos, donantes y agencias humanitarias