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Cátedra del Dr. Osvaldo Alfredo Gozaini - Universidad Nacional de Lomas de Zamora

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martes, 24 de agosto de 2010

Publicado por PLANTEL DOCENTE en 18:01

La prueba de confesión por elEstado

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Titulo: La prueba de confesión por el Estado

Autor: Gozaíni, Osvaldo AlfredoPublicado en: LA LEY 1984-D, 626Fallo Comentado: Cámara Nacional deApelaciones en lo ContenciosoadministrativoFederal, sala IV(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaIV) ~1984/07/06 ~ Beunza, Edgardo L. c.Gobierno Nacional SUMARIO: I. Planteo temático. - II. Laopinión de Bielsa. - III. La posiciónafirmativa. - IV. La situación actual. - V.Nuestra opinión. - VI. - Inutilidad de laprueba confesional. - VII. Colofón. I. Planteo temáticoEl fallo que comentamos reactualiza un viejoproblema de interpretación a las normas querigen la prueba de absolución de posiciones,cuando es el Estado quien debe prestarla.La temática gira en determinar si la prueba deconfesión que regula el Código Procesal Civily Comercial de la Nación (Adla, XLI-C, 2975)y por extensión, todos aquellos que le siguen,o cuentan con disposiciones similares, seaplica en igualdad de condiciones aparticulares y entes públicos; o si por elcontrario, existen excepciones que privilegianla situación procesal de la Nación, de maneratal que pueda llegar a concluirse que -propiamente- no quede "obligado" el Estadopor los resultados de una prueba confesionalque le sea adversa, en cuyo caso surgedilucidar, el alcance de la ficta confessio, enestos supuestos.Las posiciones asumidas por los diversossectores de la doctrina, parecen haberenfrentado a administrativistas con loscultores de la ciencia procesal. Así vemos que-prácticamente hace 50 años- Bielsa inicióuna corriente de opinión que sufrió el embatejurisprudencial, y años después, la réplica deprocesalistas distinguidos, generando unainterpretación opuesta.El cometido de esta entrega es actualizardichos criterios, y terciar en los mismos conun enfoque diferente, que puede considerarseintermedio entre las fundamentacionescitadas.II. La opinión de BielsaSustenta el fallo minoritario, expuesto por eldoctor Tomas Hutchinson, las ideascomentadas por Bielsa a través de susdiferentes obras (1).La base del argumento sostiene que "laconfesión en el juiciocontenciosoadministrativo sólo relativamenteconstituye prueba. En efecto, la confesiónprueba contra el administrado o particularque litiga contra la Administración Pública, alpaso que el funcionario no obliga con suconfesión a la misma. La confesión delfuncionario o empleado lo obliga a él, y comono es parte, sólo compromete suresponsabilidad personal. Pero en sentidoprocesal no hay, por eso, confesión" (2)."Adviértase que la improcedencia e ineficaciade la confesión de los funcionarios paraobligar a la Administración Pública de la cualellos dependen, no se funda ni mucho menosen el principio de la subordinación delderecho del particular respecto del interéspúblico. No, la razón es otra. La facultad deimponer un interrogatorio a los agentes de laAdministración Pública, para comprometercon la sola declaración de éstos, el interéspúblico y el patrimonio del Estado, destruiríala base institucional de la competencia de losórganos administrativos y el valor eficacia delas formas esenciales de los actosadministrativos, que si son válidos obligantanto al administrado como al Estado" (3)."En suma: la admisibilidad de la confesión, ola proposición de absolver posiciones en elprocedimiento contenciosoadministrativo escuestión que se resuelve con el criterio de lainvestigación de la verdad sobre la base de ladocumentación administrativa" (4).Estos apuntes, leídos juntamente con los quetranscribe el fallo en minoría, conforman laestructura de la teoría que podríamosdenominar negativa, es decir; que el Estadono puede ser declarado confeso en lostérminos del art. 417 del Código ProcesalNacional.Villar y Romero, han sostenido que en losprocesos administrativos(contenciosoadministrativos, en nuestrofuero) no puede hablarse de confesión deninguno de los intervinientes, pues, la de laadministración es totalmente improcedente(5); y en cuanto a la del interesado, estotalmente ineficaz y superflua, porque yahabrá dicho o manifestado todo lo que sabe ole interesa que conste en el escrito, o escritosque ha dirigido a la autoridad u organismoadministrativo que está instruyendo elexpediente; por otra parte, sería muy difícilque se pudieran formular preguntas que serefieran a hechos personales de dichosinteresados, observación que es aplicable alcaso de que no se trate de quien instauró laacción, sino de terceros intervinientes (6).III. La posición afirmativaEn oposición a la tesis precedente, se dice queel Código Procesal no contiene diferenciasque privilegien al Estado en las conclusionesque se obtengan de la prueba confesional.Siendo así, cada respuesta que verse sobrehechos controvertidos ligará a laAdministración en toda la extensión delresponde; y si no existe conteste alinterrogatorio presentado, la omisión surtirálos efectos de te ficta confessio. Unainterpretación diferente supondría consentiruna desigualdad entre las partes.Por otra vertiente, siendo que la respuesta porinforme se basa en los hechos que tengancomprobación documental, la contestacióninsuficiente (v. gr. responder que "no leconsta"), la respuesta evasiva (v. gr. no surgede los documentos investigados) o la directaomisión de conteste, deben obligar al juez aponderar con mayor severidad los efectos dela prueba de posiciones, desde que tal actitudpuede servir de base al Estado, para elocultamiento de hechos o circunstanciasdeterminantes para el esclarecimiento de lacontroversia.IV. La situación actualEl balance de situación nos lleva a afirmarque la Nación goza de una situaciónprivilegiada en el proceso.Ayarragaray, en su clásico estilo mordaz ypunzante, ha dicho que "la prueba,reglamentada por el art. 407 del Cód.Procesal, es harto favorable para el Estado, apunto de colocar a la contraria en inferioridadde posición". "Los entes ideales públicos,pasean en el proceso como los marqueses enel pasado, y aún conservan cierta prestancia ygozan en su favor de cierta ancestral simpatía,afortunadamente muy diluida y descolorida.La publicidad y crítica pública les quitamérito a su calidad, y un simple burguéspuede mandarlos al traste, que siempre hayjueces en Berlín" (7).Prevalece en el criterio jurisprudencial latendencia de conceptualizar a la Nación en unplano de excepción que encuentra sustento enel art. 407 del Código ritual. La absolución deposiciones se efectiviza mediante un oficiodirigido al organismo facultado por ley pararesponderlo, bajo el apercibimiento de tenerpor cierta la versión de los hechos expuesta enel interrogatorio.Se dice que a tal procedimiento se acude porrazones prácticas, y para no entorpecer elfuncionamiento normal de la Administración(8), empero esta atribución, de algunamanera, vulnera el principio de igualdad delas partes (9), y contradice lo dispuesto por elart. 412 del Cód. Procesal, referido a laimposibilidad de que el absolvente se valga de"consejos ni de borradores", y por el art. 410del mismo cuerpo legal, que permite alponente la reserva del pliego hasta mediahora antes de la fijada para la audiencia (10).Estas y muchas otras diferencias queevidencian la desigualdad en el tratamiento alas partes del proceso, en relación a la pruebaen comentario, han sido pormenorizadas porAyarragaray en el citado artículo (11).Sin embargo, la Corte Suprema Nacional, seha pronunciado por la validez del sistema,estableciendo la constitucionalidad delmecanismo "atendiendo a que puedeinformar a modo de explicación" (12).V. Nuestra opinióna) Errores de InterpretaciónLas particularidades de trámite que seconfieren en favor del Estado desnaturalizanla prueba de absolución de posiciones.Adviértase que la confesión, para que seaválida, requiere del conocimiento cabal deque mediante ella se suministra una prueba alcontrario (animus confitendi); motivo por elcual, y al faltarle el elemento subjetivo de lavoluntariedad, no reviste el carácter de plenaprueba.Por otra parte la absolución de posicionesdebe versar sobre hechos personales,imputables y suficientes para ser atribuidos ala persona del absolvente. Estos requisitos, nopueden ser cumplidos por los funcionariospúblicos (excepción hecha que se trate decuestiones que los involucren directamente).Se podrá contradecir esta afirmación teniendoen cuenta que la declaración que se prestepuede no referirse al hecho en sí mismo, sinoal conocimiento que de él tenga quienconfiesa (13); y aun agregar que losrepresentantes de los entes ideales -personasjurídicas- podrían entonces excusarse deresponder en cada ocasión probatoria,manifestando que no les constan los hechosque le son "puestos" para su afirmación onegación, dejando en consecuencia decumplir con la formalidad que la ley impone.Pero la situación de estos representantes esdiametralmente opuesta a la que ocupan losfuncionarios públicos. La Administración, porsu natural complejidad y dimensiónmultifuncional, impide el conocimiento cabaly efectivo de los hechos, tal como puedepretenderse sean confesados; de manera quela despersonalización, obliga al laboreo delantecedente y. al tránsito de investigacionesen cada repartición o dependenciainvolucrada, hasta llegar a una respuestacoherente, o pretendidamente acertada, a laposición que ha sido opuesta.Este camino genera también la defección en laveracidad del relato, y por tales motivos, sellega a la conclusión que la única manera deobtener la producción de la prueba deconfesión del Estado, se resume enpresentarle una serie de hechos que en esa"versión" deben ser reconocidos odesconocidos por medio del "informe" que"testimonia" la respuesta.Asimismo, como la actividad de laadministración se desenvuelve en actosdocumentados, generalmente la prueba sereduce al compendio de éstos y a otorgar el"informe" sobre la base de estas exposiciones.Veamos otro aspecto de esta prueba. ElEstado manifiesta su voluntad a través de losfuncionarios que lo representan. Estosgeneran una actividad formal, dirigida y porlo tanto impersonal, expresándose en losdocumentos (escritos) que ellos mismosproducen, y que sirven para canalizar susrelaciones. De manera que, si el principio dela prueba confesional, es que quien "absuelve"lo haga sobre hechos que le son propios, malpuede derivarse la posibilidad que así lorealice quien sólo cuenta con una aparienciaformal; fundamentalmente porque él, no esparte en el juicio, y no puede comprometercon su testimonio el patrimonio o laresponsabilidad del Estado, máxime aún, si setiene en cuenta que no tiene "disposición"sobre el "objeto" que declara.La parte es la Administración, y al no tenerésta vida orgánica, ni existencia psicológicano puede admitirse esta clase de diligencia. Esmenester distinguir la voluntad del particular,que es psicológica, de la voluntad orgánica,que es técnica. La psicología pertenece alorden natural; la técnica al orden científico(14).Sobre esta idea, la jurisprudencia tiene dichoque "las posiciones que absuelven losfuncionarios públicos, muy rara vez recaensobre hechos propios, y aun cuando así fuere,no cabe exigir que mantengan en la memoriatodos los actos en los que hayan intervenidodurante su gestión oficial" (15).El anteproyecto de Código ProcesalAdministrativo de la Nación de 1965 estableceal respecto que "el accionante podrá proponerpor escrito las preguntas que quiera hacer alos funcionarios de la Administración en sucarácter de testigos, las que deberán sercontestadas por ellos dentro del término quefije el tribunal" (art. 58) (la bastardilla nospertenece). También el art. 52 del CódigoContenciosoadministrativo para la provinciade Buenos Aires (Adla, XX-B, 1780), estableceque "las partes podrán proponer por escritolas preguntas que quisieran hacer a los jefesde las administraciones demandadas, las quedeberán ser contestadas por los funcionariosa quienes se refieren los hechos, bajo suresponsabilidad personal, dentro del términoque la Suprema Corte fije" (16) (la bastardillanos pertenece).Estos precedentes muestran como se agudizala diferencia de conceptos. Para los códigoscontenciosoadministrativos, al Estado nopueden ponérsele posiciones; y así, v. gr.: elart. 78 del Proyecto para la Capital Federal,sustituyó la absolución de posiciones por elinterrogatorio dirigido a los jefes de lasadministraciones, bajo apercibimiento deresponsabilidad personal; es decir, sincomprometer a la Nación. En cambio, losCódigos Procesales, con miras en asegurar laeficacia de la confesión (17), alteran elenfoque de la responsabilidad, y si elfuncionario requerido por oficio no contestadentro del plazo que el juez o tribunal fije, ono lo hace en forma clara o categórica,afirmativa o negativamente, se hace efectivoel apercibimiento contenido en el art. 407,teniéndose por cierta la versión de los hechoscontenidos en el pliego respectivo (18).En síntesis, son tan numerosas las diferenciasde trámite de la prueba confesional cuandodebe prestarla el Estado nacional, provincial omunicipal, que nos parece que no se trata dela absolución de posiciones, sino, más bien,de una prueba de tipo testimonial-informativa. En consecuencia, no puedeexistir confesión ficta de la Nación, nitampoco se puede sancionar con unreconocimiento de hechos, que por otrasconstancias, o bien, de la misma contestacióna la demanda, pueden venir negados ocontradichos.b) Nuestra tercería: inaplicabilidad delartículo 407, como prueba confesionalSostenemos que el art. 407 del Cód. ProcesalCivil y Comercial de la Nación, dispone untrámite odioso a la igualdad de las partes en elproceso.Entendemos que la disposición no puedeampararse en el capítulo que la contiene paracreer que se está frente a una pruebaconfesional. En realidad, todo indica que seha elaborado en este epígrafe, un sistema dereconocimiento o admisión de hechos, y porlo tanto, no es una prueba de confesión (19).El apercibimiento se reduce a dar por ciertauna versión de los hechos; pero en ningunaparte del artículo se lee que el Estado serátenido por confeso; es decir que puedaencuadrárselo en los términos del art. 417 delritual.De manera que si el art. 407 especificaclaramente cuál es la sanción, sin aditamentoalguno, fácil es colegir que excluye laconfesión ficta de la Administración, sobretodo teniendo presente el párrafo que indicaque "?si no es contestado dentro del plazo queel tribunal fije?", la versión de los hechosexpuesta se tendrá por reconocida. Estereconocimiento no es una confesión, puescomo tal necesita de varios requerimientosque no se cumplen.Asimismo, de consuno la Administracióndesenvuelve su gestión en actosdocumentados, y éstos representan -independientemente- la voluntad delorganismo. Por tal razón el actoadministrativo es despersonalizado, y por estacaracterística, prevalece como elementoprobatorio, sobre un mero reconocimiento dehechos que hasta puede haber sido alteradoen su circunstancialidad, expuesta en elinterrogatorio propuesto.De manera que el oficio que se cursa alfuncionario autorizado a contestarlo, deberegirse por el rito establecido para la pruebainformativa y testimonial. Y aunque en elpliego se interrogue por la veracidad (Jurecomo cierto que?) del hecho puesto, larespuesta del funcionario sólo servirá comotestimonio; prevaleciendo en el balance finalel expediente administrativo o losdocumentos que en consecuencia hubiesensido vertidos.Por ello resulta que si el interrogatorio quecontiene las "pretendidas posiciones" alfuncionario, no son contestadas dentro deltérmino que se ordene, entendemos quetampoco puede tener lugar el apercibimientocomentado, pues en su lugar, pondera lodispuesto por el art. 402 del Cód. Procesal, esdecir, que el interesado deberá requerirdentro del quinto día de vencido el plazo, quese reitere a la oficina pública el oficiorespectivo; la omisión supondrá para elmismo, tenerlo por desistido de la prueba(20).En síntesis, los funcionarios públicos nopueden obligar con su "confesión" a laNación, pues la absolución de posiciones queregula el art. 407 del Cód. en cita, no es tal,sino que se trata de una prueba que participade las características de las probanzastestimoniales y de informes; privando sobreellos, el material documental que se hayaagregado y que involucre a ambos litigantes.Claro, no se trata de desatender el valorprobatorio del informe, pues todo dependedel empleo que de la declaración se haga en elproceso: si ella misma es el tema principal dela prueba, no se podrá hablar de confesión,sino de reconocimiento (21) pero si ella seofrece como una prueba más, su producciónservirá para integrarse al resto del materialprobatorio recabado, y no como la probatioprobattissima.Supuesto diferente al comentado se producecuando es el mismo funcionario elinvolucrado, pues la excepción que otorga elart. 407 del Cód. Procesal, es en favor de laNación, una provincia, una municipalidad ouna repartición nacional, municipal oprovincial, y no del funcionario que larepresenta (22). En estos casos, lacomparecencia es obligatoria.El principio viene desenvuelto, desde laaplicación de los arts. 202 y 140 del derogadoCódigo de Procedimientos de la Nación (Adla,XXVII-C, 2649), y significa la carga procesalde acudir en defensa de un interés propio,hecho que, en consecuencia, noresponsabiliza al Estado por la confesión quehaga el interesado, pues éste sólo se obliga -personalmente- en la medida de suresponsabilidad, y sin desvirtuar la pruebadocumental que conste en las actuaciones.Este parece ser el criterio correcto, y es el quevarios Códigos Procesales yContenciosoadministrativos regulan en lasprovincias de la Nación. Así por ejemplo elCódigo de Santa Fe (Adla, XXII-B, 1933),permite la prueba de confesión de la parteque no sea la Administración Pública, peroincluyendo a los concesionarios opermisionarios de servicios públicos, sinadmitir la absolución de posiciones delfuncionario cualquiera fuese la jerarquía queostentase, y aun cuando actuara en juiciocomo representante de la Administración(art. 50).De todas maneras, no es uniforme la opinión,y así el Código de Corrientes (Adla, XXVII-A,1155), dice que la absolución de posicionessólo-obliga a la administración cuando lavoluntad manifestada en su nombre lo hayasido en la forma que corresponde a los hechosreconocidos (art. 88) (23).VI. Inutilidad de la prueba confesionalPartiendo del supuesto -a nuestro criterioequivocado- que la igualdad de las partes enel proceso se asegura permitiendo a lacontraparte ofrecer la prueba de absoluciónde posiciones para ser contestada por oficio;tal sistema debe integrarse con la lealtad ybuena fe que, presuntivamente, acepta elEstado.Debemos reflexionar así, recordando una vezmás con Ayarragaray, si esta carga se cumplefielmente, y si la sinceridad priva por sobrelos intereses (24).La práctica indica que el interrogatorio nuncaes contestado con la pormenorización que larespuesta impone. En muchas ocasiones, sóloel responde se basta en el consabido "escierto" o "no es cierto". Obviamente no habríapor qué pensar en un desarrollo intenso, ymenos aún que lo lacónico de unacontestación, esconda un fin desleal. Lamecánica de la prueba de absolución deposiciones, resulta cada día más inútil y entanto no se perfeccionen sus métodos deinterrogación, será progresivamente unsistema dispendioso que nada aporte a ladilucidación de la litis. No es menester de estetrabajo, pero vale citar las vanas esperanzasque abrió el artículo 125 bis del CódigoProcesal, cuando la reforma de la Ley 22.434(Adla, XLI-B, 2765), para demostrar cómo laprueba de confesión puede fácilmentedesvirtuarse.Si estas acotaciones sirven para la aplicaciónparticular, máxime aún se extienden alrégimen excepcional que significa laparticipación del Estado, que por lanaturaleza del responde que la privilegia,puede -sin mayor obstáculo- contestar y"acomodar" la situación fáctica a la realidadde los hechos documentados. Entonces,¿dónde está la eficacia de esta prueba? Sicomo el principio supone: nada de lo que afavor se diga se tiene presente, y sólo cuentanlos hechos que favorecen al contrario; es deesperar que la prueba de posiciones se sigamanejando a la suerte de un abogadohabilidoso; o en la búsqueda de unainadvertida contradicción; o en la inquisiciónde una respuesta inconveniente, luego de unprolongado interrogatorio; pero, en elresumen final, nada habrá agregado al juez,pues -prácticamente- se han reiterado losconceptos verbalizados en los escritos depostulación y responde.La decadencia de este mecanismo probatorioviene signada por la defección de todosaquellos sistemas que ponderan -de maneraespecial- el juramento sobre la veracidad decómo se produjo un hecho determinado. V.gr.: el juramento decisorio, el supletorio, elestimatorio. En fin, la historia del juramento,aditamento inevitable de la confesión judicial,es la historia del perjurio de alta decadencia(25).VII. ColofónDe lo expuesto surgen las siguientesconclusiones: 1) El Código Procesal Civil yComercial de la Nación, reconoce al Estadonacional, las provincias y los municipios, unrégimen privilegiado en la producción de laprueba confesional.2) Sin embargo, la absolución de posicionesen sentido técnico, no puede ser prestada porlos funcionarios públicos (excepción hecha encuestiones que los involucrenpersonalmente), pues éstos carecen delelemento subjetivo de voluntariedad paraobligar al Estado; desde que éste se expresapor actos formales documentados que suplencualquier manifestación explícita.3) Se deriva del punto anterior que, al no ser"parte -stricto sensu-", el funcionario nopuede comprometer a la Nación con sudeclaración; y ésta sólo podrá valorarse comotestimonio de lo relatado. En consecuencia,los dichos que exprese lo comprometenpersonalmente, sin responsabilidad para elEstado.4) Son tantas las diferencias de régimen parala producción de la prueba confesional de losparticulares respecto de la Nación, que puedeafirmarse, no existe prueba de absolución deposiciones para esta última. Se tratasolamente de una figura híbrida entre eltestimonio y la información.5) Por ello, al no tratarse de una pruebaconfesional, no puede "sancionarse" al Estadoen los términos del art. 417 del Cód. Procesal,disposición que tácitamente excluye el art.407 del mismo cuerpo legal.6) Con tal encuadre, si el informe no escontestado en el tiempo establecido, elinteresado deberá activar su reiteración, bajoapercibimiento de tenérsele por desistido deesta prueba.7) Finalmente, y concentrando la exposición,los funcionarios no pueden obligar con su"confesión" a la Nación, pues la absolución deposiciones que regula el art. 407 del ritual, noes tal, sino que se trata de una prueba queparticipa de las características de las pruebastestimonial y de informes, prevaleciendosobre ellas, el material documental que sehaya agregado y que involucre a amboslitigantes.(1) BIELSA, Rafael, "Ideas generales sobre locontencioso administrativo", Ed. Lajouane,1936. "Sobre lo contencioso administrativo",Ed. Castellví, 1954; Rev. LA. LEY, t. 52, p.1068.(2) BIELSA, Rafael, "Ideas?", p. 78; "Sobre?",p. 200; Rev. LA LEY, t. 52, p. 1069.(3) BIELSA, Rafael, "Ideas?", p. 78; "Sobre?",p. 200.(4) BIELSA, Rafael, "Ideas?", p. 79; "Sobre?",p. 200.(5) A este respecto, recuerda el art. 595 de laley de enjuiciamiento civil que determina que,en los pleitos en que sea parte el Estado oalguna Corporación del mismo "no se pediránposiciones al Ministerio Fiscal, o a quienrepresente dicha parte. En su lugar lacontraría propondrá por escrito las preguntasque quiera hacer, las cuales serán contestadaspor vía de informe por los empleados de laAdministración a quienes conciernen loshechos", cit.: VILLAR y ROMERO, JoséMaría, "Derecho procesal administrativo", Ed.Revista de Derecho Privado. Madrid, 1944.(6) Ob. cit., p. 107.(7) AYARRAGARAY, Carlos A., "Debendesterrarse las ficciones en el Código ProcesalCivil", E. D., t. 36, p. 944.(8) MATTENET, Mario Daniel, "Laapreciación de la prueba de confesión", Rev.LA LEY, t. 1976-D, p. 754(9) CNCom., sala A, abril 22-968, Rev. LALEY, t. 131, p. 344.(10) ARAZI, Roland-FENOCHIETTO, CarlosE., "Código Procesal Civil y Comercial de laNación", t. 2, p. 412, Ed. Astrea, 1984.(11) Vide: E. D., t. 36, p. 946, punto IV.(12) Fallos, t. 200, p. 146; Rev. LA LEY, t. 117,p. 662; Rev. LA LEY, t. 37, p. 53; C. Civil 1ªCapital, J. A., t. 29, p. 55, citados porAYARRAGARAY, Carlos, ob. cit. p. 947.(13) PALACIO, Lino E., "Manual de derechoprocesal", t. I, p. 947, Ed. Abeledo Perrot,1975.(14) DIEZ, Manuel María, "Derecho procesaladministrativo", p. 180, Ed. Plus Ultra, 1983.(15) CNFed. Contenciosoadministrativo, abril19-966, Rev. LA LEY, t. 122, p. 537.(16) Este artículo es igual a los arts. 50 delCódigo de Salta; 512 del Cód. deProcedimientos de San Luis; y similar a losarts. 34 del Código de Córdoba; 49 del Cód.de La Rioja; 54 del Cód. de Jujuy: 49 del Cód.de Santiago del Estero y 49 del Cód. de SantaFe.(17) MORELLO. Augusto Mario;BERIZONCE, Roberto Omar; PASSI LANZA,Miguel; SOSA, Gualberto Lucas. "CódigosProcesales de la Provincia de Buenos Aires yde la Nación", p. 343, Ed. Abeledo Perrot.(18) MORELLO y otros, ob. cit., p. 343.(19) Quizás esta idea pueda ser contradichasobre la base del principio que sólo puedenreconocerse derechos y confesarse hechos;pues no hay confesión de derechos nireconocimientos de hechos. Pero en la mismaliteratura Italiana existe divergencia, en esteaspecto, ASCOLI y CAMMEO, por ejemplo,estiman que la distinción no ha sido aúnplanteada netamente (Notas a la traducciónde CROME, "Parte Generale", p. 428 b) y portodas partes se advierte, especialmente en elcampo de la confesión extrajudicial, unatendencia indudable a amalgamar las dosinstituciones. "Esta tendencia y estadivergencia a mi entender -diceCARNELUTTI- como síntomas de ladeficiencia de la afirmada diferencia decontenido entre las dos declaraciones, no enel sentido de que toda confesión contenga elreconocimiento de un derecho, sino en el deque todo reconocimiento (de un derecho)contiene la confesión de un hecho. Endefinitiva, la confesión no es especie distintadel reconocimiento, sino género del cual elreconocimiento constituye una especie? Enotros términos: se puede reconocer un hechosin reconocer el derecho que de él derive;pero no cabe reconocer un derecho, quederive de un hecho, sin reconocer el hechomismo" CARNELUTTI, Francesco, "Laprueba civil", ps. 135/6, traducción de NicetoAlcalá Zamora y Castillo, Ed. Depalma, 1979.(20) En el mismo sentido, DIEZ, ManuelMaría, ob. cit., p. 168.(21) CARNELUTTI, Francesco, ob. cit., p. 144.(22) ARAZI-FENOCHIETTO, ob. cit., ps.412/13.(23) Cita DIEZ, Manuel María, ob. cit., p. 181.(24) "No se repara que la reglamentación deesta institución es una burla mayúscula, y lohemos de demostrar. Afirmar lo contrario esuna falacia y grave, y tiene como madrastradel sistema legal la tradición, espantosa figuraque no conocemos que se haya señalado. Lapregonada justicia tribunalicia es una bolsallena de nueces sin fruto" (AYARRAGARAY,Carlos, ob. cit., p. 943)(25) AYARRAGARAY, Carlos A., ob. cit. p.948.

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