Los comunistas y la inmigración en EspañaSecretaría de migraciones del PCE

Índice1. Evolución y caracterización de la inmigración en España2. Las políticas públicas en España y la Unión Europea3. Principales propuestas programáticas4. Líneas de trabajo del PCE

1. Evolución y caracterización de la inmigración en España

En todas las épocas se han producido migraciones con mayor o menor intensidad, lo que siempre ha estado relacionado con la búsqueda de mejores condiciones de vida o la huida de conflictos bélicos y persecuciones. Sin embargo, dos han sido los periodos de mayor aceleración de las migraciones, el último cuarto del siglo XIX (que acompañó la consolidación de la fase imperialista del capitalismo) y el último cuarto del XX e inicios del XXI (durante la denominada globalización capitalista).

La característica distintiva del fenómeno migratorio actual, que lo configura como uno de los aspectos más significativos de la evolución de nuestras sociedades, es su relación directa con el proceso de globalización en los siguientes aspectos:

• En lo económico, con la degradación de espacios cada vez más extensos del planeta, condenados a la exclusión del desarrollo, la degradación medioambiental, el empobrecimiento y el desempleo masivo.

• En lo político, con el debilitamiento de las estructuras estatales a favor de las multinacionales y el abandono por la comunidad internacional de un creciente número de ‘conflictos olvidados’, con sus secuelas de destrucciones, desplazamientos forzados de población y persecuciones.

• Y, en lo social y cultural, con la penetración cada vez más profunda de los valores individualistas y consumistas, reforzada por la presencia permanente de los grandes centros de poder mediático.

Las consecuencias en las sociedades receptoras de inmigrantes son cada vez más acusadas, como lo estamos comprobando en España; la mayor diversidad cultural se traduce en el incremento del racismo y la xenofobia, una mayor precarización de determinadas relaciones laborales, la explotación de una mano de obra sin derechos básicos y el tráfico de personas en proporciones crecientes.

España se ha convertido en los últimos años en un país de inmigración. Este es un proceso que se inicia a finales de los años 80. Aun así, el número de emigrantes españoles no superó al de inmigrantes extranjeros en España hasta el año 2000. Según datos de Eurostat, publicados a inicios de septiembre de 2010, España es el segundo país entre los veintisiete

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de la Unión Europea en número de ciudadanos extranjeros (5,7 millones), sólo superado por Alemania (7.2), y el sexto en porcentaje (12 %) casi el doble que la media comunitaria.

Este proceso migratorio ha estado vinculado al modelo de desarrollo capitalista en España y la UE. Por eso la distribución de los extranjeros en España se concentra en los grandes núcleos de actividad económica y en las zonas agrícolas con demanda de mano de obra no cualificada: Madrid y Barcelona, el litoral mediterráneo, los dos archipiélagos y algunos enclaves en el interior. Por sectores, el agropecuario, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y el comercio han sido los predominantes.

En un primer momento, se señaló como característica de la inmigración en España su papel provisional, como primer punto de llegada para el acceso a otros países de la UE. Sin embargo, las migraciones se han convertido en un hecho estructural de las sociedades contemporáneas y España no es una excepción; desde finales de los 90 nuestro país ha recibido el mayor número de inmigrantes de toda la UE.

Durante los años de fuerte crecimiento de la actividad en sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura, la demanda de trabajadores extranjeros en España fue constante y masiva; el porcentaje de trabajadores extranjeros en alta laboral en España, entre 1999 y 2007, creció de un 2,30 a un 10,32 %, lo que no recoge, por razones obvias, el elevado peso de la economía sumergida que caracteriza nuestro país.

A pesar de su reiterada utilización, el argumento falaz del ‘efecto llamada’, producido, según los defensores de la ‘gestión ordenada de los flujos migratorios’, por la ‘generosa legislación’ española, se desmiente por la simple constatación de las estadísticas. Desde la primera de las reformas de la vigente ley de extranjería, emprendida en diciembre de 2000 al inicio del segundo mandato de J. M. Aznar, se ha sucedido un progresivo endurecimiento del marco legal y, sin embargo, han sido los años de mayor llegada de extranjeros a España.

Aunque es evidente que no todos los ciudadanos extranjeros deben ser considerados como inmigrantes, piénsese en los residentes comunitarios de los países más enriquecidos, las estadísticas demuestran que el auténtico ‘efecto llamada’ ha sido la demanda de mano de obra masiva y barata para un modelo productivo hoy en quiebra; demanda que se produce en un mercado de trabajo dual, donde los inmigrantes, junto con las mujeres y los jóvenes españoles, mantienen una posición precarizada, con menos derechos y con muy poca capacidad de presión para mejorar sus condiciones laborales.

La desigualdad entre los niveles de vida y las expectativas de los nacionales de los distintos países en el capitalismo global favorece que, este inagotable ejército de reserva de trabajadores, permanezca a disposición de los empresarios alimentando la rueda de la explotación.

La actual crisis del capitalismo, cuyos efectos sobre la sociedad y especialmente sobre los colectivos más vulnerables comenzaron a hacerse patentes en el último trimestre de 2007, ha traído como consecuencia el aumento del paro entre la población inmigrante, con una tasa de desempleo que ha llegado ha situarse en diciembre de 2009 en un 27,50 %, lo que supone cerca de ocho puntos por encima de la media.

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La crisis está provocando situaciones realmente dramáticas, no sólo por la falta de empleo sino también por la debilidad de las redes sociales de apoyo, el endeudamiento tras los fraudes inmobiliarios en los que los inmigrantes fueron una de las principales víctimas, la dificultad de contactar con sus familiares en los países de origen y, sobre todo, el riesgo de perder la documentación para residir en España.

Para los trabajadores en activo la situación también ha empeorado, ya que se han incrementado los casos de vulneración de derechos laborales que llegan a una situación de explotación descarnada, cómo el aumento de las exigencias por parte de los empresarios con el chantaje del despido y la enorme masa de desempleados disponibles a ocupar el lugar de quienes no acepten sus reclamos, constatándose el aumento de casos de discriminación racista o xenófoba.

Hay dos indicadores indiscutibles de la calidad solidaria de un país: la cooperación al desarrollo y el compromiso con los refugiados. El análisis sobre la situación de las personas refugiadas en España, el otro gran componente de las migraciones, demuestra que nuestro país no supera el examen en el nivel más primario de la protección internacional. En 2009, alrededor de 3.000 personas solicitaron asilo en España, un 33 % menos que en 2008. La cifra más baja en la historia del asilo en nuestro país, ya de por sí escasa en comparación con el resto de los países europeos. Pero este triste record durará poco, en 2010, durante el primer semestre el porcentaje ha caído otro 30 %.

Sólo 179 personas han obtenido estatuto de refugiado durante 2009, 162 personas recibían protección subsidiaria o complementaria como la llama el ACNUR, y a 8 se autorizaba su permanencia en España por razones humanitarias. Es decir, apenas un 7 % recibieron algún tipo de respuesta favorable. Este descenso de las peticiones y un porcentaje de reconocimiento tan bajo no son una consecuencia de la crisis económica. Según datos del ACNUR, en 2009 en los 27 países de la UE se registraron un 10% más de solicitudes que en 2008. Bélgica, un país con una población mucho menor que España, dio protección a casi 3000 personas, diez veces más que España. Y no es que haya menos necesidad, según el ACNUR, existen 43.3 millones de personas que requieren protección internacional en el mundo, el número más alto desde mediados de los años 90.

Sin embargo, frente a la tendencia global bajan las peticiones en los países del sur de la UE (en Italia un -42%, en España -33 y en Grecia -20%). Nos hemos convertido en los gendarmes de la Europa fortaleza. FRONTEX, la externalización de fronteras y los acuerdos de cooperación policial impiden que los refugiados lleguen a pedir asilo en la UE. A pesar a toda la retórica vacía de la alianza de civilizaciones somos los alumnos más aventajados en control de fronteras pero los más distraídos a la hora de proteger a las personas perseguidas.

2. Las políticas públicas en España y la Unión Europea

2.1 Inmigración

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La primera ley de extranjería en España fue aprobada en 1985 durante el primer gobierno del PSOE, en un contexto de escasa incidencia de la inmigración. Las características de esta ley fueron muy negativas, ya que partía de la no equiparación de derechos entre españoles y extranjeros, dando primacía al principio de reciprocidad y a la perspectiva del orden público. En consecuencia, no se contemplaron procedimientos permanentes de regularización y se diseñó un modelo inaplicable. La rigidez e injusticia del sistema provocó la ineficacia del mismo y la reiteración de procesos de regularización extraordinarios.

Ante la incapacidad de la ley y el aumento de la inmigración, durante el primer gobierno de Aznar se presentan los primeros proyectos de reforma a finales de los años noventa; el resultado fue la vigente ley de extranjería, la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada en cuatro ocasiones a partir de esa fecha. Desde entonces hemos asistido al endureciendo progresivo de toda la normativa, en algunas ocasiones por el PP en solitario (la 8/2000), en otras en alianza con el PSOE y en otras junto a CiU, pero en todas desde una misma perspectiva restrictiva.

El gobierno del PSOE, tras su segunda victoria electoral de 2008, con su ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho a la cabeza, estrenó su mandato con un llamamiento al retorno como solución mágica ante la crisis y el paro entre los inmigrantes; aunque esta medida, como era previsible, no ha tenido más que una aplicación marginal, es un claro reflejo de una visión instrumental del trabajador inmigrante, de usar y tirar en función de la coyuntura económica y los intereses de los empresarios.

El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de noviembre de 2009 la cuarta reforma de la ley de extranjería. Una vez más y en línea con el diseño construido desde 1985 con la primera ley, en vez de apostar por un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración social en España coherente con los derechos humanos, se consolida la tendencia a construir un régimen de ‘extranjería’ que prima el control administrativo y refuerza la visión policial.

Aunque se recupera el reconocimiento de los derechos fundamentales de asociación, sindicación, reunión, manifestación y huelga, hay que recordar que es la consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera reforma de 2000. En el actual contexto de crisis, los escasos avances tendrán una escasa repercusión práctica, porque su ejercicio en la realidad laboral precarizada dominante es prácticamente imposible.

Entre los aspectos más negativos de la reforma destacar que se recorta el derecho a la reagrupación de los ascendientes, exigiendo que el familiar tenga más de 65 años, y se somete a las víctimas de violencia de género sin papeles a un expediente sancionador en el momento de denunciar, lo que disuadirá a muchas mujeres a acercarse a las comisarías.

A propuesta del grupo parlamentario de Convergencia i Unió se ha introducido el peligroso concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’, como si este fuera un proceso unilateral de los inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias del PP, que

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empezó hace unos años reclamando la introducción de este tipo de ‘contratos’. También, ante la insistencia de Coalición Canaria, la tramitación parlamentaria ha introducido una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela.

Por último, se incrementan las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada; se amplia el periodo de internamiento hasta 60 días, a pesar del argumento empleado por el gobierno al justificar su voto favorable a la misma de que la directiva de retorno o de la vergüenza no tendría consecuencias en España, en un tipo de centros que han sido denunciados recientemente por diferentes instituciones y organizaciones sociales debido a las condiciones que ofrecen y los reiterados maltratos a los detenidos.

2.2 Asilo y refugio

Tanto en la externalización de fronteras como en las repatriaciones se obvia el respeto al derecho de asilo y el principio de “no devolución”, núcleo central de la Convención de Ginebra de 1951 que España ratificó en 1978, que no puede soslayarse y que es aplicable tanto en territorio nacional como en frontera, haya sido la persona reconocida o no como refugiada. El control de fronteras aplicado de esta forma conlleva una vulneración del derecho de acceso a la protección internacional. En este punto no debemos olvidar el carácter excepcional y privilegiado del refugio en la legislación internacional y estatal, que exime de responsabilidad a los refugiados en las escasas vías de escape de sus países, ya que los perseguidos no pueden utilizar los cauces migratorios ordinarios por el peligro que conllevan para su seguridad.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la denegación del estatuto de refugiado, e incluso su revocación, ha crecido de manera considerable, ya que se les ha aplicado alguna cláusula de exclusión, según ha señalado el ACNUR en varias ocasiones. Dichas cláusulas, enumeradas taxativamente en el artículo 1-F de la Convención de 1951, tienen como finalidad privar del asilo a quienes perpetren actos atroces, crímenes contra la paz o la seguridad, pero no pueden convertirse en otro mecanismo para denegar o conculcar la protección internacional por simples presunciones o la obsesión por la seguridad que encubre un afán de legitimación política. La interpretación de las cláusulas de exclusión debe ser restrictiva y ajustarse a lo previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que de lo contrario se pondría en peligro la vida y la seguridad de muchos refugiados que, de esta forma, han sido señalados como terroristas.

Este trasfondo que caracteriza la crisis del derecho de asilo en el mundo es el que ha determinado que la nueva ley, pese a todos sus avances, suponga un claro retroceso y elimine garantías que habían situado a la legislación española en la vanguardia de la protección internacional.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 15 de octubre de 2009 la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que sustituye la anterior ley 5/1984, de 26

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de marzo, del derecho de asilo y de la condición de refugiado. A pesar del menor impacto en los medios de comunicación comparándola con la legislación de extranjería, reflejo de la escasa relevancia del sistema de asilo en nuestro país, se ha generado un debate intenso que llevo finalmente a la izquierda parlamentaria a votar en contra.

La nueva ley introduce avances significativos, como la mejora de los estatutos de protección o la introducción de un cupo anual de reasentamiento de refugiados en España, además de desarrollar conceptos básicos que apenas estaban esbozados en la legislación anterior e introducir una mejor sistemática del texto, pero el retroceso es significativo ante la pérdida de garantías básicas y el aumento del margen de arbitrariedad de la administración. En este sentido la nueva ley es un claro reflejo de la crisis del derecho de asilo, ante la primacía del control de fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la seguridad, tal y como la entienden los gobiernos, sobre la protección y la aplicación coherente de los tratados internacionales.

2.3 El negativo enfoque de la UE

Esta evolución tan negativa de las políticas públicas en España tiene un claro referente en las pautas marcadas desde la UE. El 24 de septiembre de 2008, durante la presidencia francesa, se aprobó el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que obtuvo el respaldo oficial de los líderes europeos en la cumbre celebrada en París los días 15 y 16 de octubre.

El Pacto es un instrumento político, sin carácter vinculante, cuya utilidad dependerá del Programa Europeo sobre Migración y Asilo (bautizado como Programa de Estocolmo), con vigencia para el próximo lustro. A pesar de ser una vaga formulación de objetivos políticos que llama a los Estados miembro a organizar la “inmigración legal” más que a construir una política común, sin establecer mecanismos prácticos de ejecución, se utilizará para definir futuros instrumentos normativos que serán vinculantes para los Estados, como lamentablemente lo hemos podido comprobar en estos dos últimos años.

El Pacto pretende que los Estados se comprometan con sus cinco principios y sus distintas líneas de acción. Estos principios son “organizar la inmigración legal en función de las prioridades, necesidades y la capacidad de acogida determinadas por cada Estado miembro y favorecer la integración”; “luchar contra la inmigración irregular, especialmente garantizando el retorno de los extranjeros en situación de irregularidad al país de origen o a un país de tránsito”; “reforzar la eficacia de los controles fronterizos”; “construir la Europa del asilo”; y, en quinto lugar, “establecer una cooperación global con los países de origen y de tránsito, favoreciendo las sinergias entre las migraciones y el desarrollo”.

Las necesidades de migrantes en la UE, expuestas en el Pacto desde una visión puramente instrumentalista, se han reconocido en los últimos años en numerosos estudios y foros, como las Conferencias Ministeriales sobre Migración y Desarrollo celebradas en Rabat (Marruecos) y Trípoli (Libia) en 2006. Precisamente, aquel año el Consejo de Europa determinó abiertamente la necesidad de establecer políticas de “migración legal ordenada” con un respeto absoluto a las competencias de los Estados para acomodar este fenómeno a las necesidades de sus respectivos mercados laborales. En esta línea, el Pacto establece una

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política de inmigración definida a partir de las necesidades laborales, tal y como defienden los gobiernos francés y español.

Medidas como la política de “migración temporal y circular”, la atracción de trabajadores altamente cualificados a través de la llamada “tarjeta azul” y las restricciones al derecho a la reagrupación familiar no están precisamente encaminadas a favorecer la integración, al contrario, se busca que el inmigrante contribuya al desarrollo económico europeo y, cuando ya no sea necesario, regrese a su país.

Respecto a la línea de acción orientada a “controlar mejor la inmigración familiar”, el Pacto ignora de modo alarmante no sólo la directiva sobre reunificación familiar, sino todos los convenios internacionales y regionales de derechos humanos que reconocen de manera expresa el derecho a la vida familiar y a la reunificación. El Pacto plantea “controlar mejor la inmigración familiar, pidiendo a cada Estado miembro que, excepto en el caso de categorías particulares, tenga en cuenta en su legislación nacional, en cumplimiento del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sus capacidades de acogida y las capacidades de integración de las familias, en función de los recursos y condiciones de alojamiento en el país de destino, así como, por ejemplo, de su conocimiento de la lengua del país”.

Como se aprecia, este texto adolece de contradicciones intrínsecas, ya que se enuncia como una forma de cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando en realidad se trata de lo contrario: una condición exagerada para el ejercicio del derecho a la vida familiar. El Pacto invita a los Estados a tener en cuenta las capacidades de acogida cuando se trata de asuntos de migración familiar; sin embargo, como el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (o Tribunal de Luxemburgo) ha planteado, sólo se admite ese criterio como uno más de los factores al decidir sobre casos individuales.

Un repaso de la terminología y contenidos del Pacto evidencia la línea política latente: el combate de la inmigración irregular a través de expulsiones colectivas, la prohibición de las regularizaciones masivas y la presión a los países de origen para suscribir acuerdos de readmisión tanto comunitarios como bilaterales, acuerdos de lucha contra la inmigración irregular y el control de fronteras a los que se supeditan las ayudas al desarrollo. La actuación del gobierno Sarkozy durante este verano, con expulsiones colectivas de gitanos procedentes de Bulgaria y Rumania, ha generado unas tímidas protestas desde la Comisión Europea por su evidente violación de los tratados comunitarios pero es una consecuencia lógica del modelo que se viene diseñando en los últimos años.

Además, en la línea de mejorar la eficacia de los controles en las fronteras, el Pacto establece el fortalecimiento del dispositivo FRONTEX, con más presupuesto, más medios operativos y un despliegue más amplio, como se acaba de concretar en la presidencia rotatoria española.

La inmigración no se puede “ordenar” como pretende la UE, sino que es un fenómeno diverso, en gran medida impredecible y dependiente de una multitud de factores que escapan de su control, en especial la evolución del capitalismo. Entre esos factores están sin lugar a duda las condiciones de pobreza, violencia e injusticia en los países de origen de los

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migrantes, en gran medida responsabilidad de los países capitalistas enriquecidos a su costa. Esto es de particular importancia en la frontera sur, una de las más desigualitarias del mundo, con una diferencia de renta media de 1 a 10 entre un marroquí de Tánger y su vecino español de Algeciras. La UE ha renunciado a valorar estos factores y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional en sus políticas migratorias, lo que nos plantea un escenario difícil que hay que confrontar.

3. Principales propuestas programáticas

3.1 Principios generales

El PCE considera que la inmigración debe abordarse como un hecho estructural y positivo, lo que implica el necesario desarrollo de un conjunto de políticas que se orienten de una forma activa hacia la integración y la convivencia.

Muchas de las personas inmigrantes, sobre todo las que se encuentran sin papeles (que, a pesar de los sucesivos procesos de regularización, constituye un porcentaje muy significativo, con tendencia a aumentar debido al rigor de la normativa vigente y el impacto de la crisis), se ven sometidos a la explotación de empresarios sin escrúpulos, que ven en esta situación la posibilidad de proveerse de mano de obra barata y dócil, sin seguridad social ni derechos sindicales.

Según la ley, los trabajadores inmigrantes deben cumplir con estrictos requisitos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo, seis meses por año como regla general. A pesar de la modificación del reglamento de la ley el 10 de julio de 2009, negociada con los sindicatos mayoritarios, que permite la renovación de las autorizaciones a extranjeros en paro si han cotizado a la Seguridad Social 9 meses por año de estancia en España, el efecto perverso de la irregularidad sobrevenida se acrecienta día a día. Por otra parte, ante el aumento del paro y el desbordamiento de los servicios públicos de empleo, se están detectando prácticas discriminatorias que excluyen a los trabajadores extranjeros de prestaciones y oportunidades a las que tienen derecho, como la inscripción como demandantes de empleo o el acceso a la formación ocupacional.

El avance en toda Europa de movimientos xenófobos y racistas, la vinculación entre inmigración y delincuencia (claramente impulsada de un forma irresponsable desde algunos medios de comunicación y los diferentes gobiernos) y las políticas oficiales que fomentan la marginación y criminalización de la población inmigrante, han contribuido a crear un preocupante clima de rechazo frente a esta realidad imparable. La polémica surgida a partir de la propuesta del ayuntamiento de Vic de restringir el empadronamiento no ha hecho más que profundizar esta tendencia.

El PCE considera que las políticas hacia la inmigración deben partir del reconocimiento de su aportación al desarrollo social de cada comunidad o localidad. Apostamos por la consideración de los inmigrantes como ciudadanos de pleno derecho, que contribuyen y contribuirán al enriquecimiento de la dinámica social y cultural de las comunidades y los distintos municipios donde residan.

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Desde el PCE somos conscientes que desde el actual marco normativo de la extranjería, a pesar de la retórica vacía, niega derechos básicos, dificulta el acceso a la documentación e impone un régimen sancionador represivo. Por lo tanto, defendemos la necesidad de una nueva ley elaborada para la integración social que incluya los siguientes aspectos que consideramos básicos:

• El reconocimiento de todos los derechos fundamentales de las personas, como tales (que no pueden depender de su situación administrativa ni de ninguna otra contingencia). Aunque la última reforma ha recogido las sentencias del Tribunal Constitucional queda pendiente la equiparación del resto de los derechos.

• El reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo a los titulares de permiso de residencia de larga duración. A los dos años de residencia, derecho de sufragio en las elecciones municipales y europeas.

• Un sistema de entradas y de acceso al mercado laboral ágil y con un permiso único de residencia y trabajo, que contemple también el permiso para búsqueda de empleo por un mínimo de 6 meses. Dicho sistema tendrá en cuenta, entre otros criterios, los de carácter humanitario, los compromisos internacionales y las necesidades sociales y económicas de nuestro país. A los trabajadores extranjeros se les garantizarán los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales en cuanto a condiciones de contratación, salarios, protección social, etc.

• Establecimiento de un mecanismo de regularización permanente, que podría partir del desarrollo de la figura actual del arraigo, reduciendo a dos el número de años de permanencia necesario en todas sus modalidades y flexibilizando el requerimiento de contrato de trabajo.

• Garantizar la renovación de las autorizaciones con el periodo mínimo de cotización actualmente contemplado, flexibilizando la necesidad de aportación de contrato a tiempo completo.

• Plenas garantías jurídicas ante todos los actos de la administración, como corresponde a un Estado de Derecho, incluyendo la asistencia letrada gratuita, de traductores, etc., en caso de necesidad, e igualdad en los procedimientos jurídicos y administrativos, así como de acceso a los servicios públicos.

• Un sistema de reagrupación familiar que garantice y facilite el ejercicio de este derecho, en sentido amplio, dotando a las personas reagrupadas de autorización independiente.

• El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.• Protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, en consonancia con

los tratados internacionales y con la ley del menor, documentando y prestando el apoyo necesario para su inserción social a los que alcancen, tutelados, la mayoría de edad.

Otras reformas legislativas y de políticas sociales, que impulsará IU, deberán contemplar:

• La del Código Civil, en materia de nacionalidad, para eliminar obstáculos que la hacen difícilmente accesible.

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• La del sistema educativo, eliminando los “itinerarios” segregacionistas y fortaleciendo la escuela pública y laica como elemento esencial para la igualdad ciudadana y la lucha contra la discriminación.

• Una acción administrativa y de apoyo social a la inmigración descentralizada, donde las comunidades autónomas y los municipios tengan claras competencias en la materia y recursos suficientes, y en la que las materias de Interior queden limitadas a sus estrictas competencias, dando la preeminencia que corresponde en el tratamiento de la extranjería a los aspectos sociales (salud, educación, vivienda...) y laborales.

• Aprobación de una ley contra la discriminación y dotación suficiente del plan estatal de lucha contra el racismo, en cumplimiento del compromiso adquirido por nuestro país a raíz de la Conferencia Mundial sobre Racismo y Xenofobia.

• Ratificación inmediata de la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus Familias.

Todas estas medidas y otras que las complementan irán orientadas a la consecución de la igualdad en función del derecho de ciudadanía, eliminando la fundamental discriminación por razón de nacionalidad y sentando las bases para erradicar las que se producen por motivos de etnia, de religión, etc., como reclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

El PCE rechaza y combatirá cualquier patrón cultural que sea un reflejo de la sociedad patriarcal y el sometimiento de la mujer. El respeto a la diversidad e identidad cultural no debe suponer, a nuestro juicio, pasividad ante la necesidad de superar la desigualdad y la violencia implícita en el conjunto de las normas sociales discriminatorias. Por lo tanto, rechazaremos las medidas que no supongan un compromiso real en este sentido. Existe una lógica perversa en los discursos de los grandes partidos, que se repiten en los últimos años en España y Europa, fomentando la xenofobia y el racismo en la sociedad; a la vinculación entre inmigración y delincuencia, y la falsa imputación del uso abusivo de los servicios públicos por los inmigrantes, se suma ahora una estrategia que pretende alarmar ante la presencia de personas procedentes de países con un credo islámico mayoritario.

El PCE rechaza el uso del burka y el velo integral; si se quiere realmente perseguir estas situaciones de violencia contra las mujeres extranjeras, se debe comenzar por eliminar la previsión legal, aprobada en 2009 con los votos del PSOE y CiU, que somete a las víctimas de violencia de género sin papeles a un expediente sancionador en el momento de denunciar, ya que el riesgo de expulsión disuade a muchas de ellas a acercarse a las comisarías.

3.2 Principios rectores de las políticas autonómicas y municipales

El rechazo radical al actual marco normativo y la defensa de un modelo alternativo, no nos conduce ni a la pasividad ni ha refugiarnos en la comodidad de un discurso crítico sin alternativas; el PCE considera que, desde las CCAA y cada uno de los ayuntamientos, se pueden y se deben adoptar políticas que apuesten decididamente por la integración, la igualdad de derechos y la convivencia. Estas son nuestras principales propuestas.

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a) Participación pública y gestión de la inmigración

• Con independencia de la creación de organismos específicos de coordinación, las políticas de las CCAA y los ayuntamientos hacia los inmigrantes deben ser transversales apostando siempre por un concepto único de administrado.

• Desarrollo de los foros territoriales para la inmigración, asegurando una participación amplia y sin restricciones de todas las organizaciones implicados, con especial atención a las asociaciones de inmigrantes que deben reforzar su presencia.

• Creación de fondos económicos a nivel comunitario para favorecer la integración social, con especial atención a los menores, mujeres y aquellos inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad.

• Desde los ayuntamientos se desarrollarán campañas permanentes para el empadronamiento de la población inmigrante, simplificando al máximo los trámites.

• Desde los ayuntamientos se desarrollará una labor continuada que fomente la participación de los inmigrantes en la vida municipal.

b) Empleo

• Se fomentará la inscripción de los inmigrantes en los Servicios Públicos de Empleo gestionadas por las CCAA, interpretando de la forma más amplia el marco legal general.

• Se llevarán a cabo programas de formación ocupacional, donde se aborde de forma específica la adaptación de los inmigrantes a la realidad del sistema productivo de cada territorio.

• Desarrollo de una política activa de inspección que combata los abusos y la explotación laboral.

c) Vivienda

• Elaboración de programas de ayuda por parte de las CCAA y los ayuntamientos, para facilitar el alquiler de viviendas privadas a personas a las que les es imposible acceder a las mismas por su condición de inmigrantes.

• Especial atención a los planes de vivienda para la erradicación del chabolismo horizontal y vertical.

• Especial atención a las especiales características de la población inmigrante nómada.

d) Salud

• Las CCAA llevarán a cabo políticas que aseguren la cobertura sanitaria a todos los inmigrantes que vivan en la misma.

e) Educación

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• Políticas activas para la escolarización efectiva de todos los niños y las niñas inmigrantes.

• Se establecerán políticas activas para evitar un desequilibrio en la distribución de la población inmigrante en determinados centros educativos, controlando y sancionado las medidas discriminatorias llevadas a cabo por los centros concertados.

• Igualdad de derechos con la población española en la concesión de ayudas al estudio, tanto en educación infantil, primaria y secundaria como en la universitaria: comedores, desplazamientos, adquisición de libros de texto, matrículas, etc.

• Se establecerán fórmulas de refuerzo: becas, clases de apoyo, etc., que eliminen las carencias estructurales que afectan a amplios colectivos de población inmigrante.

• Creación de equipos de trabajo en las CCAA, incluyendo representantes de colectivos actualmente segregados para el asesoramiento del profesorado.

• Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de materiales didácticos para trabajar el desde la interculturalidad.

• Revisión de los libros de texto para eliminar los contenidos racistas, xenófobos y discriminatorios.

• Se potenciará con las asociaciones de inmigrantes la realización de actividades educativas y culturales en los centros.

f) Cultura

• Fomento de los valores de la interculturalidad desde todas las instituciones.• Se llevarán a cabo desde las distintas administraciones campañas de sensibilización

social, combatiendo con especial dureza los brotes de racismo y xenofobia.• Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinamización de los espacios

públicos para fomentar la integración intercultural.

g) Servicios sociales

• Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos de todos los inmigrantes, sin discriminación alguna en relación a su condición legal en España.

• Los centros de atención social a los inmigrantes, allí donde existieran, deberán configurarse como un mecanismo transitorio de discriminación positiva para atender carencias específicas, orientados a su paulatina integración en la red pública, evitando la tendencia a la privatización de los servicios y la creación se estructuras diferenciadas permanentes.

• Se potenciará la mediación social, en especial, a través de miembros de los propios colectivos de inmigrantes y las organizaciones sociales.

h) Movimiento asociativo

• Se establecerán ayudas para que las asociaciones de inmigrantes desarrollen sus actividades.

• Se llevarán a cabo campañas específicas para fomentar la organización de los inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, para combatir los abusos y situaciones de explotación detectadas.

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• Se fomentará el trabajo de las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de la inmigración.

i) Menores

• Se desarrollarán programas de acogida para los menores en situación de desamparo, dotando de medios suficientes para asegurar su formación e integración.

• Se establecerán directrices para que, en los centros sanitarios correspondientes donde se lleven a cabo las pruebas de determinación de la edad, se empleen los métodos más modernos, apostando en caso de duda por la minoría de edad.

• En los casos de menores no acompañados en los que la CCAA ejerza la tutela, se asegurará un correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; la CCAA actuará en forma activa para que, los menores en los que concurran circunstancias merecedoras de protección internacional (refugio, desplazamiento forzado y razones humanitarias), sean amparados de la forma más completa posible.

4. Líneas de trabajo del PCE

En lo interno nos hemos marcado como objetivo estructurar una red mínima de coordinación y posicionamiento que nos permita mejorar nuestra intervención en este ámbito. Contando con que es una novedad la existencia de una secretaría de migraciones, a pesar de contar con un trabajo consolidado de camaradas en diferentes frentes de masas, debemos mejorar el intercambio de información entre los componentes de la secretaría y aportar referencias claras al Comité Federal y el conjunto de las federaciones.

Desde nuestra experiencia militante en diferentes organizaciones sociales y a partir de las elaboraciones anteriores, pretendemos unificar el marco de análisis más general, por lo que la discusión de este documento es un primer aporte con el objetivo de mejorar la formación de los militantes que intervienen en este ámbito y aportar al diseño de la política general del PCE.

La experiencia del trabajo del PCE en la emigración española es un bagaje que tenemos que incorporar a nuestros debates y propuestas, por lo que nos coordinaremos con las organizaciones en el exterior para transmitir su experiencia organizativa y reivindicativa.

Acciones de trabajo

• Estimular que las federaciones del PCE nombren un responsable o designen un camarada como referente para la participación o su coordinación con la secretaría.

• Elaborar un censo con una actualización permanente con nuestra presencia y relaciones con las organizaciones sociales de la migración, así como las distintas plataformas unitarias existentes en este frente.

• Organizar reuniones o jornadas para discutir este documento en el conjunto de las federaciones.

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En lo externo nos marcamos como objetivos los siguientes:

• Avanzar en la repercusión social de los posicionamientos del PCE, con declaraciones que aborden los temas coyunturales de nuestro ámbito que puedan difundirse en nuestra web y los distintos medios a nuestro alcance.

• Coordinar el trabajo que desarrollamos en los movimientos sociales y los sindicatos, impulsado las plataformas unitarias (red ‘Por el derecho a tener derechos’, REDI, ENAR, FSMM, red impulsada desde el Consejo de la Juventud de España…) y las acciones de movilización que pudieran surgir.

• Aportar a la consolidación proceso asociativo de los migrantes en España y, en especial, la consolidación de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), sin descartar otros referentes organizados (CONADE, CIM, FEDELATINA…).

• Reforzar las acciones contra el fascismo, el racismo y la xenofobia, a través de asociaciones como SOS Racismo y las distintas plataformas que existen.

Aportar al proceso de refundación de la izquierda y garantizar el correcto funcionamiento del área de migraciones de IU, a la que llevaremos las posiciones acordadas en el ámbito de la secretaria.

Madrid, 1 de diciembre de 2010

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