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ELEMENTOS FUNDAMENTALES
DE LA AGENDA PUBLICA
QUE DEBERÍAN SER CONSIDERADOS
POR QUIENES ASPIREN A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO ELABORADO DESDE LA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO Y COMPARTIDO POR LAS OBRAS DE LOS
JESUITAS EN LA LAGUNA
2018
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INTRODUCCIÓN
La Escuela Carlos Pereyra, la Universidad Iberoamericana Torreón, Casa Iñigo y las Parroquias de San
Judas en Torreón y Santa María de las Parras, como obras de la Compañía de Jesús en La Laguna, han sido
por definición espacio abierto, incluyente y propositivo de acciones trasformadoras de nuestra realidad
social desde el servicio de la fe, la promoción de la justicia y los derechos humanos. En estos momentos de
efervescencia política creemos que hacen falta verdaderas propuestas de país, profundas y reflexionadas.
Por eso, encontrado gran riqueza en este documento elaborado por la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México, queremos compartir con nuestra comunidad.
El proceso electoral representa una oportunidad invaluable para revisar la respuesta del Estado frente a la
grave crisis de violencia, seguridad, impunidad y corrupción, misma que, exacerbada por múltiples
factores, ha golpeado el crecimiento económico, la vigencia de los derechos humanos, la credibilidad y
solidez de nuestra institucionalidad democrática y ha impedido que las grandes reformas estructurales se
reflejen en auténticos cambios para la vida de las personas.
Nuestro país exige un cambio de rumbo y, consecuentemente, quienes aspiran a gobernarlo están obligados
a superar la lógica de discursos y narrativas carentes de contenido, a fin de presentar propuestas serias
para la construcción de un auténtico Estado constitucional y democrático de derecho. En este sentido
presentamos el siguiente posicionamiento de nueve temas relevantes para nuestro contexto nacional
respecto de los cuales se espera que se cuestione la propuesta de cada candidato al momento de discernir
nuestro voto.
Se presentan propuestas y planteamientos puntuales a partir de los cuales se espera generar una reflexión
personal y comunitaria, en torno a los valores, ideales y contenidos mínimos exigibles que sustentan o
deberían sustentar la plataforma política de los candidatos a la Presidencia de México.
Este documento es el resultado de un amplio proceso de reflexión entre académicas y académicos de los
distintos departamentos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como de las ideas
fundamentales del proceso denominado "Trazando el rumbo: Proceso de reflexión crítica de la realidad”,
que involucró a toda la comunidad universitaria, preocupada en servir a la sociedad y ayudar a
transformarla hacia otra que sea más humana, justa, y solidaria.
Las Obras Jesuitas en La Laguna nos sumamos a este posicionamiento y lo ponemos a su disposición para
la reflexión.
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1. UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LA ECONOMÍA MEXICANA DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
De acuerdo con el Informe sobre pobreza de CONEVAL más del 43% de la población vive en situación de
pobreza, esto es, aproximadamente uno de cada dos mexicanos padece esta condición y uno de cada diez
vive en pobreza extrema (CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas,
México, 2016, p. 10). Adicionalmente, los resultados de un estudio reciente muestran que 75 por ciento de
la población mexicana ha estado en condición de pobreza al menos una vez en los últimos 12 años (Teruel,
G. Dinámica de la pobreza en México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias —CEEY—, —En prensa—,
Ciudad de México, 2018). Todo esto es indicativo de la gravedad del fenómeno, así como de las condiciones
de vulnerabilidad que enfrenta gran parte de la población.
Por otra parte, debe resaltarse que nuestro país se encuentra considerado como uno de los Estados con
mayor inequidad en todo el mundo: el 10 por ciento más rico posee 40 por ciento del total del ingreso e,
incluso, un mexicano se cuenta en la lista de los diez hombres más ricos del mundo y otros 30 poseen una
fortuna superior a mil millones de dólares, mientras que un sector amplio de la población no tiene la
oportunidad de acceder a un nivel de vida que garantice un mínimo de bienestar razonable (EQUIDE,
Universidad Iberoamericana y Fundación Konrad Adenauer, México País de pobres y no de clases medias,
Gedisa, México, 2017). La desigualdad que persiste en México no sólo se refleja en aspectos de carácter
patrimonial sino en la calidad de vida a la que pueden acceder las personas.
Estas desigualdades se ven agudizadas en ciertos grupos de población que históricamente han sido
excluidos, así como en determinados espacios geográficos. Por ejemplo, la brecha entre población indígena
y no indígena en el porcentaje de niños menores a cinco años con desnutrición crónica se ha mantenido de
manera significativa entre 2016 y 2012, con una diferencia de 20.9% y 21.4% respectivamente entre uno y
otro grupo de población (CONEVAL- UNICEF, Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes
en México, 2014. p. 61).
Todos estos problemas se acentúan cuando podemos identificar que, a la fecha, persisten algunas prácticas
nocivas que distorsionan las políticas para el combate de la pobreza: Una presencia extendida de prácticas
clientelares que intercambian apoyos sociales por respaldo político; un proceso extendido en donde el
Estado ha sido capturado por intereses de grupos económicos, y que puede observarse a partir de ciertas
asignaciones presupuestarias en sectores como el agrícola o el energético, por citar algunos; o bien, en la
debilidad para regular ciertos sectores con poder como acontece en el terreno de las telecomunicaciones;
un fenómeno extendido y generalizado de corrupción que evita que los recursos económicos lleguen a sus
beneficiarios, etc.
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POSTURA DE Desde nuestra perspectiva , una política de Estado en materia económica debería estar caracterizada por:
a) La generación de un crecimiento económico incluyente, alto y sostenido; b) El establecimiento y
mantenimiento de un sistema de protección social que sea adecuado para atenuar los impactos propios de
la vida de las personas, particularmente aquellas que se encuentran en condiciones de particular
vulnerabilidad, c) Avanzar en mecanismos que aseguren una mayor redistribución del ingreso y que se
orienten a impulsar oportunidades de las personas para el desarrollo de sus proyectos de vida,
particularmente de aquellas que enfrentan condiciones de mayor pobreza, d) Es necesario que las políticas
públicas orientadas al combate de la pobreza sean construidas desde un enfoque de derechos humanos, de
forma que se abandonen o limiten las políticas meramente asistenciales que no generan procesos de
empoderamiento de las personas y comunidades.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Cuáles serán las bases y principios que orientarán su política de combate a la pobreza y
la desigualdad?
• ¿Qué propone para evitar el desvío del gasto público dirigido a programas sociales a fin de
combatir la corrupción o el uso político de los recursos?
• ¿Qué piensa sobre la modificación del sistema de seguridad social que el día de hoy se
basa en la capacidad de cotización de las y los trabajadores y que deja fuera a más de la
mitad de la población, para incorporar un sistema de seguridad social universal?
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2. Igualdad, Exclusión y Cultura Diagnóstico del problema
En la actualidad, persisten una importante cantidad de factores que ocasionan la exclusión de amplios
sectores de la sociedad. En particular, en América Latina y México se producen formas diferenciadas de
violencia que impactan de manera significativa en los procesos de desocialización y fragmentación de los
individuos y en sus ámbitos de pertenencia. Lo anterior se refleja particularmente en la exclusión de
personas y grupos debido a aspectos relacionados con la orientación sexual e identidad y expresión de
género, raza, religión, opiniones políticas, edad, clase social, patrimonio, origen étnico y nacional, etc., que
experimentan en la actualidad una importante cantidad de obstáculos para el desarrollo de su proyecto de
vida.
No puede dejarse de lado que la discriminación en México se hace patente también a partir de la manera
en que el discurso oficial del poder instituido ha utilizado a la cultura, generando relatos hegemónicos y
oficiales que la sustraen de su presente político y social, y que se traducen muchas veces en la afectación a
la identidad de los pueblos y comunidades indígenas.
POSTURA DE
Se reconoce como uno de los pilares de la sociedad la necesidad de impulsar en todos los espacios públicos
un combate a frontal la discriminación, así como a las causas estructurales que reproducen la desigualdad.
De igual manera, se concibe a sí misma como espacio de creación y producción de conocimiento que
entiende su quehacer en torno a la cultura (política cultural) a partir de dos acciones fundamentales: a) Una
revisión crítica a la cultura como un medio necesario para que ésta sea un elemento sustancial para el logro
de una »vida buena» y, b) La realización compartida de la existencia entre los individuos y las comunidades
en vías a crear sociedad, y como un espacio de diálogo permanente de afirmación de las prácticas
diferenciadas y singulares de las culturas.
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Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Cuál es su posición sobre el papel del Estado para la protección de grupos históricamente excluidos (Comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza)?
• ¿Cuál debería ser el papel del Poder Ejecutivo en relación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la identidad de género, matrimonio y adopción igualitarios?
• ¿Qué estrategia debería adoptar el Estado para impulsar el desarrollo autónomo y culturalmente adecuado de los pueblos y comunidades indígenas?
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3. DÉFICIT DEMOCRÁTICO Y ESTADO EN CRISIS DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
El contexto político contemporáneo se caracteriza por la existencia de un Estado presionado externamente
por las dinámicas de la globalización y con restricciones en el ejercicio de su soberanía e internamente
desarticulado, con instituciones débiles, escasos controles democráticos y, en general, capturado por
intereses privados, de grupos y poderes fácticos. Desde el ámbito internacional, el Estado mexicano se
encuentra presionado por las dinámicas de la globalización e interdependencia. La expansión y vinculación
del mercado capitalista; la movilidad de capitales, servicios y personas; la rapidez y accesibilidad de las
comunicaciones y transportes, entre muchos otros fenómenos, han tenido un efecto sensible en la reducción
de la soberanía irrestricta de los Estados, así como en su capacidad de control y ejercicio político
independiente.
POSTURA DE
En los últimos 12 años se han alcanzado importantes cambios a nivel legislativo. Muestra de ello podríamos
referir tan sólo: las reformas en materia de derechos humanos; el sistema de justicia penal de orientación
democrática; el nuevo sistema de justicia para adolescentes; la reforma constitucional en materia de amparo;
la exigencia constitucional de una Fiscalía General de la Nación independiente del poder político, basada
no sólo en criterios de profesionalismo de quien la encabece sino en indicadores efectivos de autonomía de
la misma; la creación de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción orientado a fungir como un auténtico
contrapeso del poder político; la ciudadanización de los organismos constitucionales autónomos al margen
de cuotas partidistas, el fortalecimiento de los esquemas para la fiscalización efectiva de los partidos
políticos que evite el uso clientelar del voto ciudadano; el fortalecimiento del sistema nacional de protección
a víctimas de violaciones a los derechos humanos que aseguren una reparación integral a las mismas; las
exigencias de fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la protección de periodistas y personas
defensoras de derechos humanos.
Todas esas reformas, muchas de ellas de rango constitucional en realidad forman parte de un complejo
entramado cuya finalidad converge en el fortalecimiento de la vida democrática, el combate a las prácticas
autoritarias, la generación de contrapesos institucionales y el desmantelamiento de un sistema que
contribuye de manera cotidiana a un ambiente de impunidad crónica.
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Desde la Ibero consideramos que los problemas asociados con el déficit democrático se encuentran
relacionados con problemas sistémicos que requieren trabajar para el fortalecimiento de las instituciones, la
rehabilitación de los contrapesos democráticos como la interacción entre los ejes de transparencia, rendición
de cuentas y combate frontal a la corrupción para la erradicación de la impunidad.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Cuál es la posición del candidato en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción como mecanismo para el combate a la corrupción en México?
• ¿Cuál es su postura en relación con la falta de nombramientos en posiciones claves que hacen falta en instituciones fundamentales para la vida democrática como el Sistema Nacional Anticorrupción?
• ¿Qué consideraciones tiene en relación con el papel de los órganos autónomos garantes de derechos, en particular sobre el diseño y situación de la Fiscalía General de la Nación, el instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, entre otros?
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4. VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN MÉXICO DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
México experimenta una situación de violencia estructural que incluye la perpetrada por la criminalidad
organizada que permea los espacios tanto público como privado, y que se relaciona con la lucha por el
control de los territorios, el despojo de las tierras e incluso el trasiego y mercado de drogas, entre otros
aspectos. Esta situación ha alcanzado una visibilidad particular a partir de 2007. De acuerdo con algunos
informes como el de Amnistía Internacional para México del año 2018, se calcula que 34,656 personas han
sido desaparecidas (Amnistía Internacional, Informe 2017/18, La situación de los derechos humanos en el
mundo, Reino Unido, 2018, p. 314), mientras que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos hasta el año 2015 podían contabilizarse más de 90,000 personas víctimas de homicidio (CIDH,
Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 44/15, Washington, 31 de diciembre
2015, pp. 31 y 32). Se calcula que entre 2006 y 2018 más de 200,000 personas han perdido la vida producto
de la violencia que existe en México (Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública). Esta situación ocasionó un clima de miedo e incertidumbre en prácticamente todas las
capas de la población.
El clima de violencia antes referido, no sólo se expresa en el ámbito público sino que ha permeado en
diversos espacios de la vida de las personas, como el que se presenta al interior de las familias; la que se ha
instaurado en contra de las mujeres no obstante los importantes espacios de visibilidad que han alcanzado
tanto en la vida pública como en la privada (y que alcanza su mayor intensidad con un incremento
importante en el número de feminicidios); o bien, la que experimentan niñas, niños y adolescentes que se
encuentran particularmente expuestos a diversas formas de violencia, especialmente dentro de su hogar y
su comunidad.
POSTURA DE
Es necesario contar con una política integral en materia de seguridad ciudadana y de combate al crimen
organizado que se construya a partir de los más altos estándares de derechos humanos, y que reconozca
que la raíz de la violencia se encuentra en las profundas brechas de desigualdad estructural que aún
persisten en nuestra sociedad. Es necesario impulsar una discusión profunda y basada en un conocimiento
científico y de salud sobre la política de drogas.
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Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Cuál es su posición para hacer frente al crimen organizado?
• ¿Cuál sería su posición frente a la política de drogas, teniendo presente que Estados Unidos históricamente ha adoptado una política prohibicionista y de tipo punitivo?
• ¿Cuál tendría que ser la estrategia para enfrentar los casos de violencia contra las mujeres, particularmente los más graves que incluyen los feminicidios?
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5. LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO: EQUIDAD Y CALIDAD
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Las políticas educativas están desvinculadas del proyecto de desarrollo del país, lo que impide tomar en
consideración el conocimiento y experiencias exitosas que se gestan dentro de la sociedad y que podrían
contribuir a potenciar el bienestar de esta. Existe desajuste entre el sistema educativo y el productivo: por
cada seis egresados sólo se genera un empleo.
Persisten importantes problemas de acceso a la educación que impiden que cerca de cuatro millones de
niños de entre tres y 17 años no asistan a la escuela (UNICEF, Niñas y niños fuera de la escuela. México,
2016, p.ll). Más de 20% de los mexicanos de 15 a 29 años no tienen empleo ni están matriculados en
educación o formación (OCDE, México, Nota país, Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE. p.3).
Más de 30 millones de mexicanos mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo (41% de la
población mayor de 15 años) y sólo tres de cada diez jóvenes acceden a educación superior (UNAM, Plan
educativo nacional, Situación del rezago acumulado en México 2010, p.18 y 122). El impacto de la exclusión
educativa afecta principalmente a los sectores más pobres y vulnerables. En general, puede afirmarse que
el sistema educativo es ineficaz e ineficiente y funciona como una especie de embudo: del 100% que ingresa
a primaria, menos de 1% completará un programa de doctorado (OCDE, México, Nota país, Panorama de
la educación 2015, p.6)
Por otra parte, la calidad de la oferta educativa es deficiente, tanto en la curricula como en la formación y
desempeño de docentes y directivos, lo cual impide alcanzar resultados de aprendizaje en los niveles
deseados. Diversas evaluaciones nacionales e internacionales reportan que niñas, niños y en general las y
los jóvenes mexicanos no alcanzan los logros de aprendizaje indispensables para su desarrollo.
En este contexto, debe puntualizarse que la reforma educativa aprobada durante este sexenio no atiende los
principales problemas pedagógicos, curriculares y de formación docente, por lo que aún es necesario
configurar un modelo educativo en el marco de una política integral en esta materia. Por otra parte, en la
educación superior hay deficiencias en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, escasez de
innovación pedagógica y preponderancia de un modelo que no resulta pertinente a las demandas de los
jóvenes y la sociedad. Adicionalmente predominan programas de posgrado desvinculados de las
investigaciones de vanguardia y las necesidades sociales, así como de la posibilidad de atender los
principales problemas que enfrenta el país.
POSTURA DE
Desde la perspectiva de la Universidad, es posible observar algunos problemas que deben ser atendidos
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por las políticas educativas. Por ejemplo, el gasto en educación es inferior a 8% del PIB y su ejercicio carece
de mecanismos redistributivos que combatan la desigualdad estructural en el acceso a servicios educativos.
Así, enfrentamos un proceso de pauperización de la educación formal a la que acceden los estratos sociales
de menores ingresos, lo que afecta de manera más importante a grupos de población históricamente
desaventajados o excluidos como la población rural, urbana marginal, indígena, jornaleros agrícolas
migrantes, población con discapacidad, e incluso a más de 20% de jóvenes de 15 a 29 años que no estudia
ni trabaja (OCDE, México, Nota país, Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE. p.3). De esta
manera, reconocemos la importancia de impulsar un ejercicio permanente que asegure mayor gasto a la
educación y mecanismos adecuados que garanticen una utilización que favorezca a grupos excluidos o
marginados de los procesos educativos.
La educación se sigue planteando como un modelo homogéneo que no atiende las condiciones de relevancia
social y pertinencia cultural necesarias para impulsar capacidades fundamentales para el desarrollo
personal y social. La curricula académica privilegia asignaturas instrumentales (español, matemáticas,
ciencias) y anula la formación integral que impulse otros talentos e intereses: expresiones artísticas y
culturales, valores éticos y ciudadanía, saberes comunitarios. Por todo esto, se vuelve urgente la
construcción participativa de un modelo educativo orientado a resolver los problemas nacionales, pero que
recupere el aprendizaje y necesidades de los diferentes pueblos y comunidades, que adopte enfoques
diferenciados que reconozcan el valor de los procesos interculturales y que incluya enfoque de género. La
calidad de la educación no sólo atraviesa por procesos de evaluación del profesorado, sino por una mejora
sustancial en la distribución de recursos materiales y económicos, en particular en lugares con mayor
marginación.
Además, el proceso de políticas educativas está contaminado por la corrupción, el clientelismo y la
impunidad que aniquilan los proyectos de cambio y mejora. Por ello, deberían fortalecerse esquemas
alternativos a la educación formal y asegurar una mayor participación social en todos los procesos
educativos. Urge combatir la corrupción y el uso clientelar de las políticas educativas.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Qué posición tiene sobre la reforma educativa, y qué aspectos consideraría necesario modificar y cuáles mantener?
• ¿Cuál es su posición sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo de capacidades de los cuerpos docentes al tiempo de asegurar condiciones de empleo y salario dignos para ellas y ellos?
• ¿De qué manera tendría que estructurarse un modelo educativo que combata los problemas de acceso a la educación y la reproducción de asimetrías y desigualdades?
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6. PROBLEMAS EN POLÍTICAS DE SALUD DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
México ha tenido avances importantes en materia de salud durante las últimas décadas, los cuales se deben
al menos de forma parcial al Sistema Nacional de Salud (SNS). Ejemplo de ello es que, en los últimos 20
años, la esperanza de vida al nacer mejoró, pasando de 73.4 años en 1997 a 75.3 años en 2017 (De la Torre,
R., Estado y Perspectivas del Sistema Nacional de Salud, Centro de Estudios Espinosa Yglesias -CEEY-,
Ciudad de México, 2017). De igual manera, se presentan algunas mejorías en torno a la tasa de mortalidad
infantil, que entre 1990 y 2016 pasó de 32.5 muertes de menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, a
11.7 (Ibidem). No obstante lo anterior, estas mejorías no son homogéneas en las distintas zonas del país y
dejan mucho que desear cuando se comparan con otros países de ingresos medios y altos.
Por otra parte, durante las últimas décadas nuestro país también ha experimentado un repunte de los
padecimientos crónico-degenerativos, así como de salud mental. A ello se suma un importante proceso de
envejecimiento poblacional que conduce a que cerca de 1 de cada 10 mexicanas y mexicanos sea mayor de
60 años (Ibidem). Ambos aspectos, presuponen importantes retos epidemiológicos para los cuales el SNS
parece no encontrarse preparado. El SNS se encuentra fragmentado, lo que produce que haya una
multiplicidad de agentes que participan de forma aislada otorgando servicios ineficientes.
Además, el gasto público en salud es insuficiente (alrededor del 3% del PIB, que es menor al 6%
recomendado internacionalmente) (Ibidem) y cuenta con una distribución inequitativa. A pesar de la
supuesta cobertura universal en salud que en teoría debería existir con el funcionamiento del Seguro
Popular, México todavía enfrenta grandes gastos privados (de bolsillo) por lo que 4.2% de los hogares
enfrenta gastos catastróficos y 1.7% gastos empobrecedores a consecuencia de motivos relacionado con la
salud (Ibidem). Ello denota importantes retos de acceso efectivo y calidad en servicios de salud otorgados.
POSTURA DE
Los retos en materia de salud, tanto desde una perspectiva epidemiológica como de servicios, implican una
necesaria restructuración del sistema. Por ello, desde la Universidad consideramos que debe transitarse
hacia un sistema universal que no defina el acceso a los servicios de salud ni la cobertura de los mismos
derivados de que las personas cuenten con un empleo (i.e. Seguridad Social). Un sistema universal podría
obtenerse al reducir las cuotas obrero-patronales y financiarlo a través de impuestos generales. Se debe
procurar que tal sistema cuente con los incentivos y estructura necesaria, de tal forma que se genere una
separación y equilibrio entre las funciones de financiamiento, administración y prestación de servicios, que
promueva mayor efectividad, equidad y calidad.
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De igual modo, consideramos necesario buscar esquemas preventivos tanto a nivel clínico como
comunitario. Los primeros requieren de una reconstrucción de las formas y tiempos de atender a los
individuos. La segunda incorpora una reforma de políticas en salud e intervenciones comunitarias que
impacten en temas epidemiológicos claves del país como la obesidad, diabetes tipo 2, los problemas
cardiovasculares, cáncer y la salud mental, entre los que se vinculan a una mayor carga de enfermedad.
Asimismo, deben de fortalecerse las acciones encaminadas al desarrollo infantil temprano (i.e. primeros
1,000 días de la vida desde la gestación) y la lactancia materna, ya que actúan en un periodo crítico que
determina muchas de las condiciones cognitivas y de salud futuras. Las intervenciones en salud requieren
pactos y acuerdos políticos que conduzcan a su ejecución; requieren también la minimización de los
conflictos de intereses cuando industrias como la del cigarro, la fructuosa, bebidas azucaradas y las
fórmulas lácteas, entre otras, impiden el cabal diseño, ejecución y monitoreo de estas.
Debe recobrarse el marco de la Organización Mundial de la Salud en el cual se establece que la salud debe
estar presente en todas las políticas, ya que es un motor esencial para el desarrollo económico y es claro
indicador de bienestar social. Las políticas en salud deben pensarse en un marco basado en los
determinantes sociales de la salud - recordar que el estado de la salud no es una responsabilidad sólo
individual sino también resultado de las condiciones socioeconómicas en las que vive una persona. Ello
subraya la importancia de pensar la salud bajo dos elementos cruciales del mundo actual: el cambio
climático y la urbanización, los cuales añaden retos a las respuestas del Estado.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Qué reformas llevaría a cabo para contar con un Sistema Nacional de Salud más efectivo, equitativo
y con mejor calidad?
• ¿Cuáles son las principales políticas en salud que propondría para enfrentar los grandes retos
epidemiológicos del país y atender aspectos clave como la obesidad, diabetes tipo 2, los problemas
cardiovasculares, el cáncer y la salud mental, anemia infantil, entre otros?
• ¿Cómo enfrentaría los problemas del acceso al derecho constitucional a la salud y particularmente
los obstáculos que enfrentan las y los jóvenes?
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7. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Resulta particularmente preocupante que ante el grave contexto de crisis que enfrenta el país la
investigación aplicada o la innovación tecnológica permanezcan estancadas y que su impulso no se
considere prioritario para resolver de manera estructural los problemas del país. Pero la investigación no
sólo se encuentra alejada de la resolución de los graves problemas que vive México, sino que la distribución
de los recursos que se dirigen a esta materia se encuentra centralizada en las principales ciudades del país,
limitando las posibilidades de desarrollo en localidades alejadas.
Debe resaltarse que México enfrenta un rezago alarmante en materia de ciencia y tecnología. Dentro de los
índices internacionales ocupa el lugar 77 en materia de desarrollo humano (PNUD, Informe global sobre el
índice de Desarrollo Humano 2017, New York, 2016 p. 39), lugar 51 en competitividad global de 140 países
analizados (Global Competítiveness Index 20172018) y lugar 71 en el número de años de escolaridad (UN,
Develoment Progamme, Education Index-Human Development Report 2013).
El financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo (I+D) por parte de agentes externos es
extremadamente reducido, y sólo existe un patrocinador a nivel nacional y es de carácter público, el
CONACYT. Las instituciones de educación superior prefieren un modelo educativo tradicional por encima
de otro que fomente la innovación.
POSTURA DE
México requiere avanzar hacia una economía del conocimiento. La nueva estructura de la Universidad
reconoce la relevancia que tiene la vinculación académica con el contexto social que posibilita nuestro
acercamiento con los sectores académicos y productivos. Sin embargo, se deberán desarrollar mejores
estrategias de colaboración con miembros del sector social y empresarial y estimular la innovación en
nuestras actividades de formación e investigación.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Cómo vincular la investigación científica con los más grandes problemas del país, de forma que sea socialmente pertinente?
• ¿Qué propone para potenciar el desarrollo de la investigación y la innovación en los campos
científico y tecnológico?
• ¿Cómo establecer una estrategia de Estado para asegurar un mayor impulso de la investigación como motor del desarrollo?
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8. IMPUNIDAD Y GRAVES VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
México enfrenta un contexto marcado por la militarización de la seguridad pública, caracterizado por un
incremento considerable en los niveles de violencia que han alcanzado umbrales sumamente alarmantes.
Este contexto ha favorecido la reproducción generalizada y sistemática de graves violaciones a los derechos
humanos que en su gran mayoría quedan sin castigo. Todo esto se suma a una historia de impunidad
respecto de los crímenes cometidos en el pasado en el marco de la llamada guerra sucia de los años 70 y 80.
Con por lo menos 33 mil personas desaparecidas, según la Organización Data Cívica (Organización Data
Cívica, Base de Datos Personas desaparecidas, 31 de octubre de 2017) y de acuerdo con el Comité de
Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, se vive un «contexto de desapariciones generalizadas
en gran parte del territorio [nacional]», contexto del que Ayotzinapa es tan sólo es un ejemplo (ONU, Comité
contra la Desaparición Forzada, 13 de febrero de 2018, párr. 10). Adicionalmente, en el marco de la lucha
contra el crimen organizado, la tortura aparece como una práctica utilizada de manera generalizada por las
fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, tal y como lo señalara el Relator de Naciones Unidas
sobre la Tortura.
En materia de homicidios y ejecuciones, el panorama es igualmente sombrío. El Relator Especial de
Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha señalado que se «siguen
produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un
nivel intolerable». Ejemplos de esto son los homicidios de centenas de migrantes en San Fernando,
Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, entre 2010 y 2012. En este mismo sentido, no podemos dejar de
mencionar la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en 2014, los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en
Apatzingán y la muerte de 42 personas en Ecuandureo, Michoacán, el 22 de mayo de 2015.
Comunidades campesinas e indígenas son despojadas de las tierras que han habitado históricamente y de
las que dependen para sobrevivir como consecuencia de «megaproyectos de desarrollo», incluyendo
algunos de explotación minera de empresas nacionales y transnacionales, así como la construcción de
sistemas de producción de energía supuestamente «sustentables».
POSTURA DE
Desde la perspectiva de la Universidad, es necesario impulsar una política de Estado orientada a combatir
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la impunidad. El combate a la impunidad y la corrupción no tiene que ver sólo con la decisión de las y los
funcionarios, sino que implica la necesidad de desmantelar los incentivos y estructuras que las hacen
posibles. De esta manera, si bien es cierto que su erradicación requiere voluntad política, lo anterior no
resulta suficiente si no se construyen las bases institucionales y legales que permitan su combate efectivo.
De igual manera, debe reconocerse el principio constitucional orientado a la preservación de la seguridad
pública por parte de las autoridades civiles, por lo que resulta contrario a los principios democráticos más
elementales cualquier estrategia, legislación o política pública basada en la militarización del país.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Qué opinión le merece la posibilidad de adoptar un mecanismo internacional de expertos para el combate a la impunidad?
• ¿Qué estrategia adoptará para garantizar el derecho a la verdad, el procesamiento y sanción de responsables y la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los períodos identificados como "la guerra sucia", y el más reciente denominado "lucha contra el narcotráfico"? Particularmente, ¿cómo enfrentaría el problema de la práctica sistemática y generalizada de actos de tortura y desaparición forzada?
• ¿Cuál es su posición frente a la Ley de Seguridad Interior, y que estrategia adoptará para atenderla o enfrentarla?
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9. REALIDAD AMBIENTAL EN MÉXICO DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
México enfrenta grandes retos en materia ambiental, entre los principales se ubican, una explotación
excesiva de los recursos hídricos, alta contaminación de cuerpos de agua y aire, generación desmedida y
mal manejo de residuos, malas prácticas de sectores extractivos (por ejemplo, minería y pesca),
fragmentación y degradación de los ecosistemas, aumento de la frontera agropecuaria, alta vulnerabilidad
de la población y de la infraestructura ante el cambio climático, desarrollo urbano desorganizado, desarrollo
turístico no sustentable, y políticas públicas incoherentes con el medio ambiente.
Algunos ejemplos que ilustran lo anterior son: (i) Si todo el mundo se comportara como la población
mexicana, se requerirían 2.35 planetas como la Tierra para satisfacer sus necesidades (WWF, 2016. Living
Planet Report); (ii) Toda la población mexicana se encuentra expuesta a una concentración de partículas
suspendidas, de 2.5 microgramos, mayor al establecido por la Organización Mundial de la Salud (Banco
Mundial, 2016), lo cual representa un serio riesgo a la salud; (iii) Mientras en el mundo 18.9% del consumo
de energía es de fuentes renovables, en México es de apenas 9.8% (Banco Mundial, 2016); (iv) 84% de las
pesquerías de México se encuentran a su capacidad máxima o sobreexplotadas (IMCO, 2013); (v) A pesar
de los graves impactos ambientales negativos de la minería, el tema está totalmente ausente en la política
ambiental de México (CONEVAL, 2016); (vi) México se encuentra en el lugar 75 de 181 países en términos
de vulnerabilidad ante el cambio climático (siendo 1 el país menos vulnerable) (ND- GAIN Index, 2016).
No obstante, México tiene ciertos avances en materia ambiental. Por ejemplo, el país usa 3.9 MJ de energía
por cada dólar producido, en tanto el promedio mundial es de 5.4 MJ/dólar. También, México produce 4
tC02e per cápita, que está por debajo del promedio internacional, que asciende a 5 tC02e por persona.
Finalmente, México tiene 22.3% de su territorio marino bajo protección, que es más del doble de lo que
establece la meta 11 de Aichi.
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POSTURA DE
Consideramos que para enfrentar los grandes retos ambientales es urgente: (i) Planear a largo plazo los
proyectos de infraestructura pública, desde una perspectiva de sostenibilidad. Consideramos que ésta debe
dejar de ser una herramienta con fines políticos y servir para satisfacer realmente a la población, sin
comprometer el capital natural, (ii) Eliminar todos los subsidios que tengan un efecto negativo sobre el
capital natural, pues seguir subsidiando bienes privados sin ningún efecto sobre la productividad agrava
la inequidad además de desperdiciar el dinero público, (iii) Reconocer y emprender acciones sobre los
efectos negativos ambientales (y sociales) de la actividad minera, pues resulta catastrófico que la política
ambiental simplemente omita este tema, (iv) Cambiar el modelo de desarrollo turístico actual, pues sus
consecuencias negativas sobre el ambiente repercutirán sobre esta actividad, y dejará de ser la fuente
creciente e importante de ingresos que es hoy. (v) Emprender acciones efectivas de adaptación al cambio
climático en zonas de alta vulnerabilidad en cuencas ribereñas y costas, en caso contrario, se perderán vidas
humanas y más infraestructura de alto valor para la sociedad.
Preguntas para reflexionar las posturas de cada candidato
• ¿Cómo conciliaría las repercusiones de los megaproyectos y prácticas extractivistas con la
búsqueda de la sustentabilidad y salud ambiental?
• ¿Qué estrategia promovería para asegurar que los planes de infraestructura pública a 20
o 30 años consideren salvaguardas ambientales a fin de que tengan en cuenta la
adaptación al cambio climático?
• ¿Qué acciones plantea en relación con la promoción e impulso de tecnologías limpias?