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¿Estado débil, Estado ausente o reconfiguración del campo estatal local?: aproximaciones al
fenómeno “Bacrim” en Cáceres, Caucasia y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, entre los años 2006-
2013
Ricardo León Cruz Baena
Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de Magíster en Ciencia Política
Asesor: Julián Andrés Muñoz Tejada
Magister en ciencia política de la U.de.A
Grupo de investigación: Hegemonía, guerras y conflictos
Línea: seguridad, conflictos, violencias y políticas Universidad de Antioquia
Maestría en Ciencia Política Instituto de Estudios Políticos (IEP)
Medellín, Colombia 2016
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Tabla de contenido
Introducción 4
Capítulo I: El Bajo Cauca: configuración de la región y sus actores sociales 9
1.1. El Estado: nociones para su comprensión 11
1.1.1. Los estudios sobre el Estado en Colombia 15
1.2. Configuración del campo estatal: conflictividades y singularidades 20
1.2.1. La paradoja fundacional del Bajo Cauca antioqueño como región 20
1.2.2. Las disputas políticas que permitieron el surgimiento del campo estatal local 21
1.2.3. El aparato económico informal-ilegal 27
1.2.3.1. Bloque Mineros 32
1.2.3.2. Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB 35
Capítulo II: La fragmentación violenta de un dominio hegemónico criminal 40
2.1. Aproximaciones al fenómeno paramilitar 40
2.2. La percepción de estabilidad 46
2.3. Fenómeno “Bacrim”: ¿Expresión criminal o continuidad paramilitar? 50
2.4. La reingeniería criminal 55
2.5. Reconfiguración de las luchas regionales 58
Capítulo III: Fortalecimiento del campo estatal 63
3.1. Las Autodefensas Unidas de Colombia (Agc) 68
Conclusiones 72
Bibliografía 77
Cibergrafía 82
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Agradecimientos
La presente investigación nació en los pasillos del bloque 12 de la Universidad de Antioquia. Fue producto de largas conversaciones sostenidas con colegas, amigos y algunos alumnos del pregrado de Periodismo de este claustro. A lo largo de este proceso investigativo recibí importantes contribuciones que hicieron posible que esta propuesta llegara a buen puerto. Ever siempre estuvo dispuesto a conectarme con cada rincón de su región; como siempre, Juan Diego me brindó información y asesoría que resultó fundamental; Carlos siempre estuvo dispuesto a compartir sus apreciaciones teóricas sobre el Bajo Cauca antioqueño. Alba Lucía estuvo pendiente de todo mi proceso y al final, me regaló un libro que resultó de importancia capital para este trabajo. Julián cumplió a cabalidad con su rol de asesor: orientó, corrigió, exigió y llamó la atención siempre que fue necesario. Para todos ellos, mil gracias.
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Introducción
La presente indagación tiene como génesis el cubrimiento periodístico que por años he realizado de
una región cautivadora, contradictoria y compleja como lo es el Bajo Cauca antioqueño. Mi primera
visita a la región la realicé en 2005. En ese momento fui testigo del grado de dominio y control
alcanzado por el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en municipios como Cáceres, Caucasia y Tarazá. Estas
poblaciones encerraban una particularidad: el paramilitarismo había alcanzado tal grado de poder
que eran ellos quienes ejercían como autoridad policial a la vez que impartían justicia; decretaban
normas de comportamiento, cobraban tributos, regulaban la economía local y hasta habían
construido parques, escuelas y hospitales que pusieron a disposición de la comunidad1. En el
imaginario de los habitantes de dichas localidades, quién realmente tenía la capacidad de regular la
vida social eran ‘Don Cuco’ y ‘Macaco’, máximos comandantes paramilitares; y no a las instituciones
estatales. En ese momento comencé a preguntarme si era posible que alguien, de manera individual
o colectiva, pudiera desplazar, usurpar, cooptar o reemplazar al Estado en sus funciones o si, en
efecto, fenómenos como el que presencié se explicaban por la llamada ausencia del Estado en las
regiones más aisladas de Colombia.
Mis visitas al Bajo Cauca antioqueño se volvieron asiduas, la mayoría de las veces motivadas por los
serios problemas de orden público que comenzaron a aquejar la región: las fumigaciones a los
extensos sembradíos de hoja de coca y las duras protestas de los cocaleros; la oleada violenta
desatada por las denominadas bandas criminales “Bacrim”, grupos armados integrados por un
número importante -aún no corroborado por autoridades oficiales- de excombatientes de las Auc
que decidieron continuar en armas con el fin de mantener el control sobre actividades económicas
ilegales y que generó una guerra a muerte entre estas estructuras; la delicada crisis humanitaria de
las comunidades urbanas y rurales de la región producto de lo que podría denominarse la
fragmentación violenta del dominio hegemónico criminal construido a sangre y fuego por los jefes
paramilitares Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; el
auge de la minería informal y, aparejada a esta, la emergencia de complejos fenómenos como la
minería criminal; la usurpación de tierras por parte de actores armados, entre otros. En cada visita,
además de obtener información empírica de cada una de estas situaciones, también conocía un
funcionario vinculado, de manera directa o indirecta, con el Plan Nacional de Consolidación y
Reconstrucción Territorial, quien me exponía los ingentes esfuerzos que el Estado venía realizando
en el Bajo Cauca antioqueño.
Según la definición consignada en su visión estratégica, el Plan Nacional de Consolidación y
Reconstrucción Territorial tiene como objetivo “garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia
y confianza de los ciudadanos en el Estado a través de acciones sociales y económicas en regiones
del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y débil presencia
1 Ejemplo de lo anterior son las obras que el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, construyó en el municipio de Tarazá: Ver más en: http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/4218-el-para-estado-de-alias-cuco-vanoy. Consultado el 5/12/2015.
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institucional”. Es decir, en términos prácticos, las acciones del Plan Nacional de Consolidación en el
Bajo Cauca antioqueño apuntan concretamente a fortalecer en estas localidades el aparato de
justicia, mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública, adelantar proyectos de sustitución de
cultivos ilícitos, vincular el aparato económico local al circuito económico nacional, mejorar la
confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En resumen, el Plan de Consolidación apunta a
recuperar un atributo fundamental del Estado: su soberanía, entendida esta como “el desarrollo de
monopolios financieros, la concentración de los recursos de coerción, la unificación de la fuerza y la
disposición de la ley como marco de acción en un espacio determinado y bajo una autoridad única
y excluyente” (Alonso & Vélez, 1998:43).
Mientras más me adentraba en las problemáticas que aquejaban a la región, mientras más conocía
en detalle el Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, más se incrementaba mi
necesidad de comprender las dinámicas que se escondían tras los hechos empíricos que
recolectaba. Hasta ese entonces, un número amplio de lecturas que había realizado, recomendadas
por amigos profesionales de las ciencias sociales, sugerían que los actores ilegales se fortalecen
precisamente allí donde el Estado es débil, en especial en sus márgenes, haciéndolo vulnerable a
ser tomado por redes clientelares y gamonales que, en asocio con grupos con poderío económico
producto de rentas del narcotráfico, lo cooptan y reconfiguran para beneficios privados (Duncan,
2006; Romero, 2011). Sin embargo, con relación al Bajo Cauca antioqueño, me inquietaba el hecho
de que, pese a las acciones adelantadas en los últimos diez años por el gobierno nacional tendientes
a fortalecer el aparato estatal2 y, además, reconfigurar, recomponer y revertir las relaciones de
poder que habían construido los grupos paramilitares, la región experimentaba una pervivencia y
una rápida reproducción de un fenómeno de naturaleza criminal protagonizado por los grupos
armados postdesmovilización, denominados por el gobierno nacional como bandas criminales,
“Bacrim”.
Estas inquietudes solo podrían ser abordadas mediante una investigación de corte cualitativo, de
análisis empírico, en tanto se trataba de un fenómeno eminentemente social. La maestría en Ciencia
Política del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia surgió como la mejor
posibilidad para desarrollar mi proyecto de investigación. El acumulado teórico del IEP en aquellos
temas de la realidad social que siempre me han inquietado como las violencias, tanto urbanas como
rurales; el conflicto armado interno y sus orígenes, consecuencias y dinámicas; el narcotráfico y los
retos que plantea a las instituciones del Estado; la democracia, sus fortalezas y amenazas, entre
otros, me sirvieron de importante piso teórico para desarrollar un proyecto que venía madurando
con el paso de los años por cuenta de mi ejercicio profesional y que, ahora, busca inscribirse en el
2 El informe de gestión presentado por la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial al Congreso de la República, el 17 de junio de 2014, destaca que desde la implementación de la política de Consolidación Territorial, en 2006, se han alcanzado importantes logros en Antioquia como: reducción en el área sembrada con cultivos ilícitos (5.300 ha en 2010 a 2.699 en 2012); más de 50 proyectos agrícolas acompañados con inversiones cercanas a los 600 millones de pesos; formalización de más de 1.500 predios rurales en la región, entre otros.
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campo de la ciencia política en tanto busca problematizar uno de los objetos más estudiados por
esta disciplina: el Estado.
En efecto, pretendo indagar por qué, justo cuando el gobierno nacional puso en marcha una
ambiciosa política pública tendiente a ampliar su oferta institucional y fortalecer los atributos
estatales (la monopolización de la violencia, la centralización y concentración de los capitales
jurídicos, económicos, sociales y simbólicos3), que además coincidió con la desmovilización de los
bloques paramilitares que ejercieron poder y dominio en el Bajo Cauca antioqueño (año 2006), se
fortaleció el fenómeno de violencia protagonizado por estos grupos armados postdesmovilización
al punto de convertirse en la principal amenaza a la seguridad ciudadana4. Así, el objetivo
fundamental de esta investigación es explicar el surgimiento y la continuidad del fenómeno de las
bandas criminales que vivió la región del Bajo Cauca antioqueño entre los años 2006-2013, donde
además se evidenciaron simultáneamente signos de fortalecimiento del aparato estatal o, dicho de
otra manera, donde han sido constantes las acciones para recuperar o fortalecer atributos
esenciales del Estado como la credibilidad, legitimidad, gobernabilidad y convertirse en el único
capaz de monopolizar el uso de las armas y la violencia legítima; imponer la ley y administrar justicia.
Mi punto de partida son estas dos premisas hipotéticas: a) como lo señaló Foucault en su momento,
“el Estado no tiene ni la unidad, ni la individualidad, ni la funcionalidad religiosa que suele
atribuírsele; y hablando francamente, esta importancia” (1984: 149); y b) no es posible plantear
una separación entre Estado y sociedad y, por tanto, es necesario comprender, desde otras
dimensiones analíticas, el proceso de configuración de este objeto desde lo regional y, desde allí,
explicar las lógicas violentas y criminales que coexisten en una región determinada. Por ello, la
propuesta teórica del “Estado en la sociedad” de Migdal constituye el referente teórico principal de
este trabajo. Según este autor, “en toda sociedad hay diferentes grupos que compiten entre sí para
imponer orden (…) es decir que el Estado no es nunca el único actor capaz de generar normas. Al
contrario, es siempre uno entre varios, muchos actores, más o menos institucionalizados, más o
menos formales, de radio más o menos amplio: iglesias, familias, clientelas, redes, corporaciones,
comunidades…y el Estado no es obvia, natural e inmediatamente superior a todos los demás actores
en esa serie, aunque aspire a serlo” (2011: 11). De acuerdo con Migdal, “el Estado es un campo de
poder acotado por la amenaza del uso de la fuerza, configurado a la vez por una imagen y un
conjunto de prácticas que no siempre van en el mismo sentido. Concretamente, configurado por la
imagen de una entidad coherente, autónoma, racional, ajena al conflicto social, y de otra parte por
3 El término capital proviene de Pierre Bourdieu. Alonso condensa en buena medida la definición que formula el sociólogo
francés sobre el Estado: “un campo estratégico de relaciones de poder cuya función es garantizar el orden en medio de la contingencia, mediante la concentración de diversos tipos de capital que dan forma al poder político del Estado” (2014: 142). Bourdieu planteaba que dichos capitales pueden ser jurídicos, económicos, políticos, pero también culturales y simbólicos. 4 En su parte motiva, el Decreto 2374 de 1 de julio de 2010, mediante el cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, consigna: “que no obstante nuestro marco jurídico incluye elementos para la aplicación de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y de las condenas intramurales, en la práctica se han observado dificultades que impiden la aplicación de estos institutos, con graves efectos en la seguridad y la convivencia ciudadanas, lo cual amerita la definición de acciones en procura de su resolución”; añadiendo además la dificultad de las autoridades para enfrentar el fenómeno de las bandas criminales, catalogándolo como una seria amenaza para la seguridad ciudadana.
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el comportamiento en la práctica de una larga serie de funcionarios, policías, representantes y
autoridades, que solo hasta cierto punto obedecen a la lógica puramente impersonal, mecánica que
supone la teoría” (íbid.: 13).
Dicha propuesta teórica presupone abandonar la idea del Estado como un monolito férreamente
cohesionado, dotado de un poder supremo que le permite imponerse ante los demás actores
sociales e imponerles el conjunto de reglas que determinan cómo debe vivir la gente en sociedad.
Por el contrario, el planteamiento de Migdal de concebir al Estado como un campo de poder y de
fuerzas en el que se “enjaulan” diversos agentes, bien sea los llamados hombres fuertes; bien sea
los clanes o las tribus, bien sea las entidades estatales; no solo permite comprender la competencia
que libran cada uno de ellos por el control de los recursos disponibles para transformar e imponerse
al interior de dicho campo, lo que posibilita además la transformación más o menos continua del
mismo; sino que además visibiliza “la rica interacción, negociación y resistencia que ocurre en toda
sociedad humana entre múltiples sistema de reglas” (Migdal, 2011: 34).
En este trabajo, la propuesta de Migdal dialogará con los planteamientos sobre gubernamentalidad
hechos por Michel Foucault, quien señalara en sus famosas lecciones del College de France en 1978
que, más importante que el análisis del Estado como aparato era comprender cuáles eran ese
conjunto de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones que permiten ejercer una forma
específica de poder (poder estatal) sobre las poblaciones, pues consideraba que el gobierno no se
ejerce sobre un territorio sino sobre la relación que se establece entre los hombres y el territorio y
que por ello, la soberanía radicaba en el gobierno de las poblaciones. Con el abordaje del fenómeno
criminal de las denominadas “Bacrim”, también espero poner en consideración crítica los
planteamientos de la “nueva perspectiva económica del crimen”, cuerpo teórico que se instauró en
la década de los noventa en Colombia como el “nuevo paradigma interpretativo” de los fenómenos
criminales.
La presente es una investigación de análisis empírico que se construyó mediante el método
abductivo de las ciencias sociales, el cual pretende establecer un punto intermedio entre la
investigación deductiva, donde se parte de una verdad considerada preestablecida y se procede a
construir un discurso para probar o falsear dicha proposición recurriendo a datos empíricos; y la
investigación inductiva, cuyo punto de partida son las evidencias recuperadas para ir construyendo
categorías analíticas sobre las cuales se soportan los resultados investigativos. Este método emergió
como el más adecuado para categorizar y vincular un cúmulo de información empírica, en apariencia
descontextualizada e inconexa, pero que en conjunto, arrojó importantes insumos para la
contrastación teórica. En el método inductivo el centro del ejercicio investigativo son los problemas
de investigación, por encima de las técnicas o los referentes teóricos. Así, lo que permitió este
método fue poder organizar información empírica recogida en sondeos y entrevistas focalizadas,
informes descriptivos realizados por organizaciones no gubernamentales y entidades estatales,
observaciones personales y sentencias judiciales en categorías analíticas que permitieran “capturar”
un fenómeno social. En ese orden de ideas, se construyeron las categorías de “rentas”; “campo
estatal”; “configuración histórica regional”; “conflicto armado”; “fenómeno criminal”; “orden” y
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“poder político”. Después de organizar la información, se sistematizó y codificó para hallar allí
patrones que dieran pie a la formulación de premisas hipotéticas, que luego fueron contrastadas a
la luz de los referentes teóricos y datos cuantitativos para luego formular afirmaciones teóricas.
El resultado de dicho proceso es el presente ensayo, el cual está dividido en cuatro capítulos: a) El
Bajo Cauca antioqueño: configuración de la región y sus actores sociales; b) La fragmentación
violenta de un dominio hegemónico criminal; c) Fortalecimiento del campo estatal; y d)
Conclusiones. Entre estas, cabe destacar a) el aparato estatal no llegó como un agente externo a
“implantarse” en las localidades de Caucasia, Cáceres y Tarazá, ni tampoco brotó espontáneamente
ni mucho menos, obtuvo la capacidad de monopolizar el uso de la violencia para tramitar los
conflictos, concentrar los recursos económico-tributarios y convertirse en fuente de legitimidad y
regulación de las actividades sociales, políticas y económicas; b) se configuró un campo estatal
sumamente volátil y con baja capacidad de gobernanza para finales del siglo XX; que luego, por
cuenta de la hegemonía criminal de los grupos paramilitares mantuvo un estado de “soberanía en
vilo” y que ahora muestra una naturaleza reaccionaria y represiva, dispuesto a someter mediante el
uso legítimo de la violencia cualquier expresión de ilegalidad; y c) la violencia desplegada por los
grupos armados postdesmovilización en el periodo analizado (2006-2013) no puede ser entendida
ni explicada como una “debilidad del Estado”. Por el contrario, las disputas y confrontaciones entre
los actores “enjaulados” en el campo estatal no presuponen un mal funcionamiento del Estado, su
captura, disolución o debilidad, sino que evidencian las modalidades y formas de su funcionamiento
en contextos históricos determinados.
Por último, esta indagación pretende realizar un aporte a las discusiones que el IEP, a través de su
grupo “Hegemonía, guerras y conflictos”, cuyo acumulado teórico sobre el Estado y la guerra en
Colombia es quizás uno de los más relevantes del país, viene realizando sobre el concepto campo
estatal y su relación con fenómenos violentos, en este caso el fenómeno “Bacrim”. Además, vale la
pena señalar que el presente trabajo se inscribe en el terreno amplio de los estudios políticos o,
como lo nombrara Restrepo et al, en el campo de la “ciencia política integradora”, que propone la
integración de múltiples dimensiones (filosófica, histórica, ideológica, hermenéutica) para el
abordaje de los problemas políticos. Esta propuesta reconoce que los problemas a investigar
constituyen el centro del oficio investigativo y que son ellos quienes determinan las teorías y las
metodologías más adecuadas para su abordaje. Según Restrepo et al, “esta visión es retadora
porque supone que para construir conocimientos y pensamientos rigurosos y pertinentes de la
política; para construir mejores interpretaciones de los problemas y avizorar sendas
transformadoras y emancipadoras es imprescindible involucrar, al mismo tiempo, las teorías
políticas clásicas y contemporáneas, los datos empíricos cualitativos y cuantitativos, el material
historiográfico, la interpretación de los relatos y los discursos, el diseño y el funcionamiento de las
instituciones” (2013:33).
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1. El Bajo Cauca antioqueño: configuración de la región y sus actores sociales
Fuente: Gobernación de Antioquia
La configuración de la región que hoy se conoce como Bajo Cauca antioqueño5 ha estado
determinada por una intensa lucha por los recursos económicos, sociales, culturales y políticos entre
diversos actores sociales. Así lo describió García dos décadas atrás, añadiendo además que fue
precisamente esta lucha la que posibilitó no solo la creación de “identidades culturales, relaciones
sociales, intercambios y relaciones de dominación que hacen que a ese colectivo se le perciba como
diferentes de otros de similar estructuración” (1993:26); sino que además delineó los contornos de
la región, diferenciándola de otras configuraciones territoriales de igual magnitud.
Para esta autora, la palabra “lucha” es la esencia que define el carácter constitutivo de toda región.
Para el caso del Bajo Cauca antioqueño, estas luchas no solo han sido constantes sino que además,
con el paso de los años, han experimentado un proceso de reconfiguración al igual que los actores
5 La región del Bajo Cauca antioqueño se encuentra ubicada en el nordeste de Antioquia, siendo esta una de las nueve
subregiones en que se divide este departamento. La integran los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Con 8.485 kilómetros cuadrados, su extensión territorial corresponde al 13 por ciento del total del departamento. Información extraída de: Gobernación de Antioquia (2009). Perfil Subregional del Bajo Cauca.
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sociales que participan activamente por el control de los recursos o capitales6 económicos, sociales,
culturales y/o políticos. Esta particularidad, la de esa constante lucha por los capitales ya
mencionados, ha llevado a varios académicos a catalogar el Bajo Cauca antioqueño como un
territorio donde históricamente han imperado las ilegalidades y las violencias, en franca
competencia con lo que podría denominarse el ejercicio de la soberanía estatal, entendida esta
como “el desarrollo de monopolios financieros, la concentración de los recursos de coerción, la
unificación de la fuerza y la disposición de la ley como marco de acción en un espacio determinado
y bajo una autoridad única y excluyente” (Alonso & Vélez, 1998:43).
Al referirse al fenómeno paramilitar en Tarazá durante los años 1997-2010, Sierra consignó que:
“hay algunas regiones que se constituyen como “espacios de la violencia”; es decir, donde por la
acción de actores armados (Estado, guerrilla, paramilitares, crimen organizado) la violencia se
convierte en un elemento recurrente para la solución de conflictos, la consolidación del poder y la
regulación de la vida social. Estos espacios se caracterizan por tener altos índices de homicidios
relacionados principalmente por la confrontación armada entre diversos actores, desplazamiento
forzado de población, procesos de captura y reconfiguración cooptada del Estado (Garay, 2010: 218-
220), y la regulación de la economía legal e ilegal por parte de un actor armado irregular”. (2011: 24)
Al analizar el fenómeno de los grupos armados postdesmovilización denominados “bandas
criminales”, Prieto planteó que estos grupos tienden a reproducirse con facilidad en contextos de
ilegalidad, siendo el Bajo Cauca uno de ellos, cuyas condiciones obedecen a:
“1) ausencia estatal; 2) herencia o experiencia con mercados y redes ilegales acorde a factores
geoestratégicos -fronteras, por ejemplo; 3) dificultades de las comunidades y del departamento para
hacer parte funcional del circuito económico nacional que redujeron las posibilidades de diversificar
y ampliar la actividad económica y por lo tanto, limitaron la baraja de oportunidades económicas
legales para la población; y 4) afabilidad cultural, entendida como la aceptación, apropiación y
perpetuación de valores dispares al orden constitucional, (lo que) resulta relevante a la hora de
entender la existencia de un grupo social altamente tolerante con ciertas prácticas ilegales
(contrabando) y con su perpetuación” (2013: 12).
En su análisis sobre la dinámica que registra en el Bajo Cauca antioqueño el grupo armado
postdesmovilización conocido como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también
conocido como “Clan Úsuga” o “Urabeños”, Restrepo enfatizó:
“[El Bajo Cauca] ha sido un espacio de ilegalidades. Su característica minera, que hace que su
población sea flotante; su desarticulación del centro del departamento, que lo debilita
institucionalmente; y su ubicación geoestratégica, que lo conecta con regiones donde predominan
los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y corredores de movilidad hacia puertos marítimos, hacen
6 En este trabajo emplearemos el término “capitales”, en clara alusión a Bourdieu, quien consideraba que la génesis del Estado era un proceso durante el cual se operaba toda una gama de concentraciones de diferentes formas de recursos, entre ellos los simbólicos como: la concentración de recursos información (estadísticas, informes); capital lingüístico (lengua oficial que adquiere carácter dominante en detrimento de otras lenguas); capital cultural legítimo, capital económico, capital político.
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atractivo su dominio y por ello las Agc decidieron dominar esta región, clave para sus rentas” (2015:
4).
Lo anterior suscita varias preguntas: ¿qué tan débil ha sido el Estado en el Bajo Cauca antioqueño?
¿Cómo puede comprenderse dicha debilidad, catalogada también a veces como “ausencia estatal”?
¿Es posible plantear que la denominada “debilidad estatal” es el elemento causal para explicar por
qué existen territorios donde la ilegalidad es norma y la violencia la vía expedita utilizada por todos
los actores sociales para resolver los conflictos y configurar órdenes alternos, tal cómo se señala al
Bajo Cauca antioqueño? Para responder dichos interrogantes, es preciso abordar en primer lugar
las nociones clásicas sobre el Estado y su constitución para luego plantear el porqué de la concepción
de Estado que aquí se asumirá. Tal como lo propone el método abductivo, se partirá planteando
una pregunta hipotética que guié el desarrollo de este primer momento: ¿existen otras dimensiones
analíticas que permitan entender el proceso de construcción del Estado desde lo regional y, desde
allí, explicar las lógicas violentas y criminales que coexisten en un territorio determinado?
1.1. El Estado: nociones para su comprensión
Según Torres Bustamante, una de las dificultades que entraña el concepto de Estado,
principalmente cuando se tiende a analizar el caso colombiano, es que este suele retratársele como
una entidad abstracta con la capacidad de erigirse per se cómo autoridad suprema, como “una
institución claramente limitada y distinta de la sociedad. Se trata de una mirada propia de los
estudios del Estado relegados a la teoría política, a la economía y a la sociología, disciplinas que
tienden a retratarlo [al Estado] como un aparato o un actor unitario, coherente y autónomo que
posee o debe poseer una autoridad suprema para regular territorios y poblaciones” (2007: 204).
Regularmente, dichas interpretaciones toman como punto de partida los modelos explicativos del
surgimiento del Estado moderno europeo.
Así, tal como lo señala Gabriel, si bien hablar de Estado es referirse a una forma específica de
organización de poder político, cuyo componente principal es la existencia de un complejo
institucional organizado sobre un territorio determinado en el que es capaz de ejercer con eficacia
razonable los monopolios de la violencia (legítima) y la legislación sobre las personas bajo su
jurisdicción, también es cierto que este no es un invento ni de la modernidad ni estrictamente
europeo (Gabriel, 1997). Lo que sí constituye invención del Viejo Continente es el tipo concreto de
Estado que se impuso en algunos reinos europeos occidentales durante los siglos XVI y XVII, que se
impuso en todo el orbe y que surgieron:
“en un proceso lento de superación de pluralismo de poderes en el interior de los reinos que
caracterizaron a la Europa feudal. El rey aglutinó apoyos de distintos sectores de la sociedad
estamental para financiar una máquina militar que le permitiera actuar en un contexto de guerra casi
continua entre los distintos reinos. Esos apoyos los recibió en gran medida mediante la integración y
articulación de los estamentos en el aparato y en los intereses del Estado. Como resultado, consiguió
asociar a una empresa común de carácter estatal y por procedimientos no despóticos, buena parte
de la energía y de los recursos de su reino. Al ponerlos bajo un único mando, el Estado moderno
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adquirió un fabuloso poder y terminó imponiéndose a cualquier otra forma de organización política”
(íbid.: 51).
El surgimiento de esta forma concreta de organización del poder político no hubiera sido posible si,
paralelamente, no hubieran surgido dos elementos fundamentales sobre los que terminó
cimentándose el Estado moderno: por un lado, la emergencia de un cuerpo administrativo
especializado –o burocracia- y, por otro, la formación de monopolios. Para Max Weber, el
surgimiento del aparato burocrático hizo posible la acción estatal en un territorio determinado.
Según este autor, el Estado era “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado
territorio —el “territorio” es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de
la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o
personas individuales solo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el
Estado lo permite. Este se considera, pues, como fuente única del “derecho a la violencia” (2002:
1056). Michael Mann (1997) sostenía por su parte que, tal como el proceso de secularización de la
política, la burocracia supuso una separación entre la lucha política y la administración. El
surgimiento de la burocracia, según Mann, implicó pasar de formas de administración del Estado
(absolutista o dinástico) segmentadas, particularistas y privadas a un modelo centralizado,
generalista y público.
Elías (1989) y Tilly (1992), por su parte, aluden al surgimiento de monopolios como parte constitutiva
del surgimiento del Estado, aunque por vías diferenciadas. Mientras para Tilly la guerra encierra un
valor fundamental en tanto permitió la creación de dependencias burocráticas permanentes
dedicadas a la gestión de recursos para el mantenimiento de una fuerza armada burocratizada,
generando procesos de concentración de recursos y monopolización de la Fuerza Armada; para
Elías, la constitución primaria de un monopolio supone una lucha donde triunfa el más fuerte, que
a su vez implica la exclusión de una porción de la sociedad y que da lugar a la acumulación. Y esto
supone una situación: los recursos pueden ser tan amplios que necesariamente deben estar a cargo
de otras personas para su administración; personas que a su vez dependen del monopolista para
solucionar sus necesidades. Estos recursos acumulados terminarán convirtiéndose en un complejo
aparato social que escapará al control absoluto del monopolista, donde “el monopolio privado de
algunos individuos se socializa y se convierte en un monopolio de clases sociales enteras, en un
monopolio público, en un órgano central del Estado” (Elías, 1989: 349). El desarrollo de la sociedad
capitalista, que supuso procesos de diferenciación de la sociedad y de división del trabajo, sumado
a la constitución de monopolios, se fue ensamblando en un proceso de configuración histórica que
para Elías significó un salto evolutivo en la sociedad. Todo porque la lucha se condicionó y orientó
por el monopolista. Quienes compiten en ese estadio del desarrollo de la sociedad no buscan la
destrucción de los monopolios, sino cómo insertarse en ellos, cómo sacar provecho de los mismos,
pero en razón de las capacidades, habilidades y conocimientos, lo que supone una profunda
diferenciación de la sociedad con relación a sus funciones. Es en este punto donde surgen “aparatos
administrativos permanentes y especializados”, que gestionan y manejan un monopolio que
paulatinamente hace su tránsito desde lo privado hacia lo público. Para Elías, solo en este punto
13
histórico, donde surge este aparato administrativo y permanente de dominación, se puede hablar
de Estados.
Con los años, a las conceptualizaciones sociohistóricas sobre el surgimiento del Estado moderno se
le antepusieron, principalmente, las teorías marxistas, las cuales consideraban al Estado como un
instrumento más de la dominación de clases, cuyas funciones se reducían al control de las fuerzas
productivas o la reproducción de relaciones de producción. Uno de los primeros en ilustrar mejor
este axioma fue el filósofo alemán Friedrich Engels (1982), para quien el surgimiento del Estado
estaba ligado a la lucha de clases generada por el desarrollo de la economía capitalista, donde se
privatizan los medios de producción que a su vez genera un desequilibrio en la sociedad. Así, cuando
las diferencias de clase se hicieron irreconciliables, surgió el Estado. La siguiente cita extraída de su
famosa obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo ilustra mucho mejor:
“El Estado es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la
confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha
dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos
antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y a la
sociedad en una lucha estéril, para eso se hizo necesario un Poder situado, aparentemente, por
encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del
'orden'. Y este Poder que brotó de la sociedad, pero que se elevó por encima de ella, y que se fue
divorciando cada vez más de ella, es el Estado” (1982: 177).
En la doctrina marxista, el concepto de “clases” resulta fundamental en la construcción de una
definición de “Estado”. Therbon, por ejemplo, definió al Estado como una institución material,
separada, “que funciona como punto nodal de las relaciones de poder existentes dentro de la
sociedad, El Estado en cuanto tal no posee poder alguno: es una institución en la que se concentra
el poder social. De acuerdo con los axiomas del materialismo histórico, el Estado y las clases se
condicionan mutuamente; donde no hay clases, no hay Estado” (1979: 155).
En su Teoría del Estado, dada a conocer en la década del setenta del siglo pasado, el también
marxista Nicos Poulantzas cuestionó algunos de los planteamientos del marxismo clásico y, a partir
de allí, redefinió al Estado como “un campo donde se desenvuelven los conflictos sociales y se lucha
por la hegemonía. El Estado mismo es una relación social” (Poulantas (1979), cit. en Zelik, 2012:
160). Según lo anterior: “el Estado no es ni el depositario instrumental (objeto) de un poder-esencia
ni una entidad ‘poseyente de tanto poder como arrebate a las otras clases’ (Íbid.: 161). Con esta
tesis Poulantzas contradice por un lado a la izquierda, que por mucho tiempo interpretó al Estado
como un instrumento de la clase dominante; y, por otro, al pensamiento hobbesiano, que define al
Estado como una instancia que, al monopolizar el uso de la fuerza, bloquea el estado natural de
guerra entre grupos e individuos” (Íbid.: 162). Dado que el Estado es el campo donde se lucha y se
organiza la hegemonía7 o, dicho de otra forma, es allí donde se da la articulación política, social y
7 Para comprender mejor este punto, bien vale la pena aclarar el término hegemonía. Uno de los autores que más trabajó este concepto fue el filósofo italiano Antonio Gramsci, quien definió hegemonía como la “capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que, sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas
14
económica entre clases dominantes y grupos subalternos, integración que siempre supone
resistencias por parte de los grupos subalternos; entonces, la hegemonía siempre está en disputa
en el modelo de Poulantzas. En esta disputa, El Estado no es un simple agente pasivo o neutro:
cuenta con aparatos coercitivos para imponer la fuerza y la ley en beneficio de las clases
propietarias. Pero, paradójicamente, los conflictos sociales de esta naturaleza tienden también a
reconfigurar al Estado. De ahí que este greco-francés defina al Estado como la condensación
material y específica de una relación de fuerzas: “captar el Estado como condensación material de
una relación de fuerzas, significa que hay que captarlo también como un campo y un proceso
estratégicos, donde se entrelazan nudos y redes de poder que se articulan, y presentan a la vez
contradicciones y desfases entre sí” (Íbid.: 163).
Desde Francia, Pierre Bourdieu formuló un planteamiento que rompió con la tradición interpretativa
del Estado como aparato cohesionado, unificado y rigurosamente poderoso. El sociólogo francés
advertía sobre las altas probabilidades de que las estructuras de la conciencia con las que
construimos el mundo social y este objeto que hemos denominado Estado, fuera un producto del
mismo Estado. Esto en virtud de que la mayor parte de escritos consagrados a este objeto, bajo la
apariencia de pensarlo, participaban, de manera más o menos eficaz, más o menos de forma directa,
en su construcción y entonces, en su existencia misma. En otras palabras, lo que señalaba Bourdieu
era que, muy seguramente, la representación que nos hacíamos del Estado fuera una idea
prediseñada por este mismo objeto que, en principio, él definió como “el nombre que damos a los
principios ocultos, invisibles –para designar a una especie de deus absconditus– del orden social y,
al mismo tiempo, tanto del dominio a la vez físico y simbólico como de la violencia física y simbólica”
(2014: 11). El sociólogo francés concebía al Estado como un principio oculto de organización que
lograba integrar “el orden social”, entendiendo por este las estructuras mentales, de percepción y
de pensamiento interiorizados por los agentes sociales que a su vez constituyen el fundamento de
las relaciones sociales. Dicho principio de organización se constituyó en dominación tanto en el
plano físico como en el simbólico. De ahí que Bourdieu considerara que el Estado se presenta como
una especia de reserva de recursos simbólicos y de capital simbólico.
Según lo expuesto en su obra, una de las principales funciones del Estado es la producción y
canonización de clasificaciones sociales, la producción de identidad social legítima así como de
categorías sociales. Bourdieu compartía la idea según la cual, la estadística, la estratificación social,
la adopción de calendarios, de usos horarios y de unidades de medida nacieron con el surgimiento
del Estado. De ahí que el sociólogo francés considerara la génesis del Estado como un proceso por
medio del cual se operaba toda una gama de concentraciones de diferentes formas de recursos,
entre ellos los simbólicos: la concentración de recursos de información (estadísticas, informes);
contradicciones de clase. Una clase es hegemónica, dirigente y dominante mientras con su acción política, ideológica y cultural logra mantener junto a sí un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una crisis en la ideología dominante y conduciendo a su rechazo, el que coincide con la crisis política de la fuerza que está en el poder” (1975). Para Gramsci, la hegemonía no solo era política; también era un hecho cultural, moral, de concepción del mundo (íbid).
15
capital lingüístico (lengua oficial que adquiere carácter dominante en detrimento de otras lenguas);
capital cultural legítimo.
Como se puede observar, cada uno de estos cuerpos teóricos entiende el surgimiento del Estado a
partir de parámetros como el control absoluto y soberano de poblaciones en un territorio
determinado. Se trata de una racionalidad estatal fundada en una forma de organización del poder
político único y excluyente. Sin embargo, los procesos de estatización no obedecen a reglas
generales lógicas de naturaleza histórica ni tampoco a un ejercicio de cálculo racional. Ni los
procesos de diferenciación de la sociedad, ni la concentración de recursos, incluso simbólicos, no
agotan las explicaciones sobre la emergencia de esta arquitectura social. En este sentido, la
apreciación de Zelik puede considerarse válida en tanto afirma que:
“la estatalidad es la institucionalización de unas relaciones de fuerza cambiantes, y su análisis, por lo
tanto, siempre está ligado a un momento concreto (…) el Estado como ente integrador racionalmente
estructurado y al servicio del bien común es una quimera. Al contrario de lo que afirman
recurrentemente las narraciones liberales, ningún Estado se ha conformado con base en una norma
idealista. La estatalidad realmente existente ha sido siempre el resultado de un afianzamiento y una
juridificación de intereses conflictivos” (2012: 159).
Disciplinas como la antropología aportan nuevos elementos para comprender este asunto. Veena
Das y Deborah Poole plantean, por ejemplo, cómo este este cuerpo disciplinar y más aún, su método
por excelencia: la etnografía, permite acceder al mundo de la experiencia, ese campo donde se
materializan los intercambios intersubjetivos que dan vida a la realidad social. En ese orden de ideas,
la etnografía permite entender las prácticas cotidianas ejercidas por los individuos en aquellos
lugares entendidos comúnmente como los “márgenes territoriales” y que parecen desdibujar y
erosionar el poder del Estado y a su vez, construir una imagen de aquellos territorios como “tierra
de nadie”. Su propuesta analítica se resume en lo siguiente: “nuestra estrategia analítica y
descriptiva fue distanciarnos de la consolidada imagen del Estado como forma administrativa de
organización política racionalizada que tiende a debilitarse o desarticularse a lo largo de sus
márgenes territoriales y sociales” (2008: 19).
1.1.1. Los estudios sobre el Estado en Colombia
Dentro de la tradición de estudios sobre el surgimiento del Estado en Colombia8, vale la pena
destacar la propuesta de la “presencia diferenciada del Estado en el espacio y en el tiempo”, de
8 De acuerdo con Fernán González, los estudios sobre el surgimiento del Estado en Colombia han estado estrechamente
ligados con el desarrollo de múltiples investigaciones sobre las violencias que han azotado al país. En poca palabras, el interés que ha despertado la incidencia de la economía del narcotráfico en la vida política y social; los efectos de la violencia política en la construcción de orden y el papel de los actores armados ilegales en la vida pública han suscitado una profunda reflexión teórica y conceptual sobre cómo funciona el Estado en Colombia (2014: 39). Dentro del abanico de propuestas teóricas que han puesto como objeto principal de estudio al Estado colombiano como tal, González destaca el concepto desarrollado por Paul Oquist (1974) sobre el “colapso parcial del Estado”; los trabajos de Daniel Pecaut sobre la precariedad del Estado (2001); los planteamientos de María Teresa Uribe (2001) sobre las soberanías en vilo; el análisis de Colombia como ‘Estado fallido’, realizados en 2005 por Foreing Policy Review; y más recientemente el de reconfiguración cooptada del Estado, de Luis Jorge Garay (2008).
16
González, Bolívar y Vázquez (2003). El planteamiento hecho por este grupo de investigadores
sociales buscaba controvertir la idea del “colapso parcial del Estado”, hecho por Oquist (1978)9; y el
de “precariedad del Estado”, de Pécaut (2001)10, al proponer un nuevo enfoque basado en el
proceso de poblamiento de regiones periféricas y la consiguiente construcción de instituciones
estatales que van integrándose en un proceso paulatino al Estado central. Así, la propuesta de la
presencia diferenciada del Estado “pretende diferenciar la manera cómo funcionan las instituciones
estatales en las regiones más integradas del país, de aquellas con la cual operan en el mundo rural
y las periferias. Es el resultado del proceso gradual de incorporación de nuevos territorios y
poblaciones al Estado-nación en su conjunto, tanto en el ámbito económico como en el político”
(González, 2014: 60).
González et Al enfatizaron en que los fenómenos violentos que aquejan al país pueden entenderse
mejor si se abandonaba la idea del Estado como monolito inquebrantable y se indaga mejor por las
formas como ese Estado hace presencia en las regiones y se articula con los poderes existentes allí.
Otros estudios también han comenzado a asumir dichas posturas. La investigación de Torres
Bustamante sobre el surgimiento del Estado en el Valle del Guamez, Putumayo, de entrada
problematizó la visión normativa del Estado que asumen las investigaciones sobre el tema en
Colombia: “parecería, entonces, que el poder del Estado radicara precisamente en dicha abstracción
que le permite erigirse en autoridad suprema”. De ahí la importancia de develar, como lo propone
Timothy Mitchell, “las prácticas políticas concretas a través de las cuales se crea y se recrea esta
abstracción mistificada llamada el Estado” (Mitchel (2003), cit. en Torres, 2005: 179)”.
Según esta perspectiva, existe una escasa producción académica nacional que dé cuenta del
surgimiento y funcionalidad del aparato estatal en zonas de frontera, situación que puede estar
relacionada con una idea bastante arraigada y es la de una total y prolongada “ausencia del Estado”
en amplias regiones marginales del país:
“La sociología colombiana ha hecho un gran esfuerzo por estudiar la fundación de nuevos centros
poblados en las áreas periféricas, haciendo énfasis en los procesos de colonización, las formas de
regulación comunitaria establecidas por los campesinos y sus relaciones con las guerrillas, así como
los cambios sociales introducidos por la economía cocalera. Sin embargo, en estas investigaciones el
Estado (con mayúscula) aparece principalmente cuando se quiere destacar que sus agentes se ponen
del lado de los hacendados y de los comerciantes, en detrimento de los campesinos, a la hora de
9 Tras estudiar la violencia de los años 50, Oquist planteó que la dominación estatal coexistió con otro tipo de poderes políticos, estableciendo una clara distinción entre regiones centrales y de control estatal directo, con aquellas donde el poder estatal era muy tenue. Por ello, al plantear su tesis del ‘colapso parcial del Estado’, Oquist aludía a la pérdida de legitimidad del Estado en regiones periféricas, la apelación de este a prácticas terroristas, a su ausencia física en grandes porciones del territorio nacional y las contradicciones internas entre mismos aparatos del Estado, principalmente las fuerzas militares (González, 2014: 56). 10 Para Daniel Pécaut, el problema de la violencia en Colombia iba más allá del abandono o la ausencia del Estado en
buena parte del territorio nacional; el sociólogo francés consideraba problemático la incapacidad de las instituciones estatales para regular la vida social, sustentando su afirmación en los fracasos de los intentos intervencionistas del Estado colombiano en materia económica, política y social (González, 2014: 58).
17
dirimir los conflictos agrarios. Se hace, así, poca referencia explícita a la formación embrionaria de
las instituciones estatales en estos contextos rurales y periféricos” (Íbid.: 205).
De ahí que a lo largo de su trabajo, Torres Bustamante haya hecho marcado énfasis en tres aspectos:
[…] “el primero es la insistencia en la dimensión cultural de la formación del Estado. El segundo es un
llamado a sustraerse de la abstracción y del aura de misterio que rodea al Estado y a contribuir a
develar las prácticas, rutinas, espacios y discursos que hacen posible hablar de “el Estado”. En este
punto se trata de dirigir la lupa analítica hacia los procesos locales y cotidianos de su construcción. El
tercer aspecto es la necesidad de problematizar la división tajante entre estado y sociedad” (Íbid.:
210).
Por ello, esta investigación pretende problematizar aquella idea según la cual, la violencia, como eje
de pervivencia histórica en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, obedece, entre otras razones,
a la debilidad estatal o en casos puntuales, a su total ausencia. No se trata de una idea infundada.
Por el contrario, este esfuerzo investigativo pretende sumarse a planteamientos teóricos ya
expuestos por autores como Torres Bustamante, González et Al y más recientemente por Zelik,
quien señala:
“El Estado colombiano, pese a la fragmentación descrita y a la inaccesibilidad de sus instituciones
para la mayoría de la población, no puede ser considerado ‘fallido’. Este Estado no es ni débil ni
irracional. Cualquiera que haya acompañado a activistas de derechos humanos o a sindicalistas en
Colombia, podrá confirmar que el Estado sí está presente. La presión de la Policía, del estamento
político y de la justicia contra los movimientos de oposición es generalizada. El Estado cuenta con
modernas estructuras de control: sus órganos de seguridad disponen de tecnologías muy avanzadas
de vigilancia, que se apoyan en recursos satelitales de los servicios estadounidenses de inteligencia.
Además, el Gobierno emplea técnicas complejas de acción, que abarcan registros estadísticos,
sofisticadas estrategias de comunicación, sistemas de incentivos, etc. (…) habría que plantear
entonces que el problema del Estado colombiano no reside en su supuesta debilidad sino en su
carácter y configuración concreta, es decir, en el hecho de que es excluyente, extremadamente
violento, y está al servicio de intereses oligárquicos particulares (…) El jurista colombiano Alejandro
Aponte (2004: 33) esbozó el dilema de la siguiente manera:
“Hay que relativizar el discurso de la debilidad del Estado colombiano en el sentido en que [...] no se
trata de propagar un Estado [fuerte] que en realidad genere todavía más violencia y caos (…) por
debilidad de Estado habría que entender, más bien, la incapacidad […] de promover y defender los
derechos humanos, de prestar servicios públicos en todo el territorio nacional y de crear una
infraestructura que permita la producción y el crecimiento económicos. [...]” (2012: 160).
Lo anterior lleva a entender al Estado como un actor social más que participa de la configuración de
la región –y por ende, de sus luchas que determinan su carácter-. Quien mejor plantea lo anterior
es Migdal con su propuesta teórica del “Estado en la sociedad”, según la cual:
“en toda sociedad hay diferentes grupos que compiten entre sí para imponer orden (…) es decir que
el Estado no es nunca el único actor capaz de generar normas. Al contrario, es siempre uno entre
varios, muchos actores, más o menos institucionalizados, más o menos formales, de radio más o
18
menos amplio: iglesias, familias, clientelas, redes, corporaciones, comunidades…y el Estado no es
obvia, natural e inmediatamente superior a todos los demás actores en esa serie, aunque aspire a
serlo” (2011: 11).
De acuerdo con este autor:
“el Estado es un campo de poder acotado por la amenaza del uso de la fuerza, configurado a la vez
por una imagen y un conjunto de prácticas que no siempre van en el mismo sentido. Concretamente,
configurado por la imagen de una entidad coherente, autónoma, racional, ajena al conflicto social, y
de otra parte por el comportamiento en la práctica de una larga serie de funcionarios, policías,
representantes y autoridades, que solo hasta cierto punto obedecen a la lógica puramente
impersonal, mecánica que supone la teoría” (Íbid.: 13).
Entender al Estado como un campo de poder y fuerzas presupone abandonar la idea del Estado
como un monolito férreamente cohesionado, dotado de un poder supremo que le permite
imponerse ante los demás actores sociales e imponerles el conjunto de reglas que determinan cómo
debe vivir la gente en sociedad. Por el contrario, la propuesta de Migdal de concebir al Estado como
un campo de poder y de fuerzas en el que, en términos de Alonso, se “enjaulan” diversos agentes,
bien sea los llamados hombres fuertes11; bien sea los clanes o las tribus, bien sea las entidades
estatales; no solo permite comprender la competencia que libran cada uno de ellos por el control
de los capitales disponibles para transformar e imponerse al interior de dicho campo, posibilitando
de paso “la conservación o transformación, más o menos continua, del campo estatal (Bourdieu
(2000b, p. 5) cit. en Alonso, 2014: 143); sino que también visibiliza “la rica interacción, negociación
y resistencia que ocurre en toda sociedad humana entre múltiples sistema de reglas” (Migdal, 2011:
34).
Dicho planteamiento puede dialogar con la propuesta teórica sobre gubernamentalidad, del filósofo
francés Michel Foucault. En sus obras Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la
biopolítica, Foucault planteó que el Estado había sido sobrevalorado pues se le reducía,
generalmente, a funciones específicas como la monopolización de la violencia, el desarrollo de
fuerzas productivas o la reproducción de relaciones de producción. Para Foucault, el Estado no había
tenido en el transcurso de la historia ni la unidad, ni la individualidad ni la funcionalidad rigurosa
11 En su teoría sobre el “Estado en la sociedad”, Migdal apunta a que en su proceso de formación, el campo estatal debe
enfrentar-competir o delegar funciones en organizaciones que pre-existen o que se fortalecen paralelamente al campo estatal. Son ellas los clanes familiares, los caciques, los terratenientes, los prestamistas, los caudillos, entre otros. Ahora, si se tiene en cuenta que si algo ha caracterizado al Bajo Cauca ha sido el conflictivo poblamiento del territorio, sumado a una presencia histórica de actores armados que se han disputado la hegemonía en él, es posible entender por qué no existe una comunidad política fuerte y cohesionada en toda la región y porque, a su vez, los paramilitares terminaron erigidos como esos ‘hombres fuertes’. Ello se evidencia en la poca capacidad organizativa que tienen los habitantes del Bajo Cauca antioqueño. Estudios de la Gobernación de Antioquia indican que la participación ciudadana en el Bajo Cauca antioqueño constituye una “estrategia de legitimación poco vinculante de la postura de los ciudadanos y sin muchas posibilidades de ser medio real para la transformación social (…) la región apenas cuenta con 375 Juntas de Acción Comunal en toda la región y una Asocomunal, 11 cabildos indígenas ubicados en Zaragoza, cuatro Consejos Comunitarios en El Bagre, tres Consejos Territoriales de Planificación (CTP) en los municipios de Caucasia, El Bagre y Zaragoza. La red de Asocomunales, una iniciativa regional, apenas se encuentra en su fase de promoción a través de la Federación Comunal
de Antioquia” (Gobant: 2009)
19
que suele atribuírsele. Para el filósofo francés, más importante que el análisis del Estado como
aparato era comprender cuáles eran ese conjunto de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones
que permiten ejercer una forma específica de poder (poder estatal) sobre las poblaciones pues
consideraba, como lo hiciera La Perrieré12 en su momento, que el gobierno no se ejerce sobre un
territorio sino sobre la relación que se establece entre los hombres y este; por ello, la soberanía
radicaba en el gobierno de las poblaciones pues eran los hombres, a partir de sus hábitos y
costumbres particulares, quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del
territorio y que, por tanto, no se trataba de imponer leyes o castigos sobre los hombres que
habitaban un territorio, sino de desplegar técnicas y tácticas de gobierno que les permitieran
conducirse de tal forma que sus acciones pudieran generar un aumento de riquezas para el Estado.
De ahí que Foucault señalara que soberanía, disciplina y gestión gubernamental constituían una
triada donde la gestión tenía como blanco la población y cuyos mecanismos esenciales eran los
dispositivos de seguridad.
Así, para Foucault la gubernamentalidad supone:
“el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, los análisis y reflexiones, los
cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de
poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y
por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Por gubernamentalidad entiendo la
tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia
la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los demás: soberanía,
disciplina, que indujo, por un lado, el desarrollo de todo un aparato específico de gobierno (y por
otro) el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la
gubernamentalidad como el proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado
de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se
gubernamentalizó poco a poco” (1984: 136).
En esencia, Foucault nos pone frente a una nueva perspectiva analítica: el Estado abordado, no
como aparato o entidad cohesionada, dotada de un poder soberano per se, sino como un conjunto
de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones que permiten ejercer una forma específica de
poder (poder estatal) sobre las poblaciones, pues como él mismo lo señaló en su clase del 8 de
febrero de 1978, “nunca se gobierna un Estado, nunca se gobierna un territorio, nunca se gobierna
una estructura política. Los gobernados, con todo, son gente, hombres, individuos, colectividades
(…) en principio y fundamentalmente, al menos a través de este primer señalamiento, aquellos a
quienes se gobierna son los hombres” (1984: 149).
Así, es posible concluir que existen otras dimensiones analíticas que permiten entender el proceso
de construcción del Estado desde lo regional y, desde allí, explicar las lógicas violentas y criminales
12 Se trata de un texto de La Perriere (1955) citado por Foucault en su clase de 1 de febrero de 1978 y que lleva por título
Le miroir politique, contentant diverses manieres de gouverner & policier les républiques.
20
que coexisten en un territorio determinado. Por ello, si tal como lo plantea García, las luchas por el
control de los recursos naturales, económicos, sociales, políticos y culturales son las que determinan
el carácter de las regiones, entonces: “el papel que el Estado juega en una región que apenas se
construye, no puede concebirse como un proceso mecánico de ‘implantación’ de instituciones y
poderes ya formados que debe ‘hacer presencia’ en el nuevo territorio y ‘operar’ con eficacia. Por
el contrario, las instituciones y la normatividad inherente a ellas se construyen simultáneamente
con la fisonomía propia de la sociedad regional” (García (1996), cit. en Torres, 2007: 207).
Por ello, el presente ensayo investigativo presentará una explicación sobre la configuración del
denominado campo estatal en el Bajo Cauca antioqueño, particularmente, en los municipios objeto
de este estudio: Caucasia, Cáceres y Tarazá, durante el siglo XX, tratando de rescatar los principales
hitos que fueron moldeando el carácter de esta región durante dicha centuria.
1.2 Configuración del campo estatal: conflictividades y singularidades
1.2.1. La paradoja fundacional del Bajo Cauca antioqueño como región
El trabajo de García, pionero en este campo, pone de presente una paradoja fundacional: si bien el
Bajo Cauca antioqueño fue uno de los primeros territorios en Antioquia donde se asentó la
colonización española, también fue una de las regiones donde la colonización campesina se dio más
tardíamente. Zaragoza y Cáceres, fundados en 1580 y 1576, respectivamente, fueron los principales
epicentros de la explotación minera en Antioquia durante la Colonia y vivieron un gran esplendor
durante el siglo XVII, pero comenzaron a decaer en importancia y en población a partir de inicios del
siglo XVIII para quedar finalmente condenadas al ostracismo a finales de esta misma centuria. Según
Correa, varias fueron las razones que explican este decaimiento: por una parte, el fuerte descenso
de la población indígena, diezmada por la dureza del yugo español y las pandemias. Los indígenas
eran fundamentales para el trabajo de la minería dado que la población negra traída de África
protagonizó constantes rebeliones. De otro lado, se registró un fuerte descenso de la actividad
minera de aluvión, característica de esta región, por cuenta del hallazgo de depósitos del metal
precioso en localidades como Remedios y Segovia que, por contar con la particularidad der ser minas
de veta, garantizaban mayores réditos económicos. A lo anterior se sumaron problemáticas como
el contrabando que terminaron por afectar seriamente la explotación del mineral en Zaragoza y
Cáceres: “para la segunda mitad del siglo XVII, el fiscal de la Audiencia, Fernando Prado, sostenía
que dicho fraude [el contrabando] habría alcanzado el 80 por ciento y que lugares como Zaragoza
sacaban cerca de 60.000 pesos anuales mientras registraban 12 o 14.000 pesos anuales” (Correa,
2001:18).
De acuerdo con García, son escasas las referencias con respecto al Bajo Cauca en un amplio
interregno que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX debido a:
“los climas severos y malsanos y el aislamiento de la zona con respecto de los centros administrativos
y de producción agrícola. El Bajo Cauca prácticamente desaparece de la historia narrada. Son
escasísimas las referencias que al respecto se encuentran. Como quien dice, Antioquia y el país se
21
olvidaron del Bajo Cauca. Y si no hay proyectos económicos y políticos en pie sobre un territorio
determinado, si no hay actores sociales en lucha por el control del mismo y por la imposición de sus
propios proyectos dentro de él, entonces, no hay región” (1993: 34).
Lo más significativo en este periodo es la llegada en el año 1934 de la compañía minera Pato
Consolidated, que introdujo las primeras dragas eléctricas a tierras de lo que hoy es el municipio de
Nechí, lo que generó un lento repoblamiento de viejos asentamientos como Zaragoza y Cáceres y
dando nacimiento a otros nuevos como Caucasia, inicialmente llamado “Cañafístula” (Melo, 1974).
Ello coincide con la llegada de campesinos provenientes de los departamentos de Córdoba, Sucre y
Bolívar quienes se asientan en las llanuras del Bajo Cauca, alejados de los distritos mineros, dando
así un tibio impulso inicial a la actividad ganadera en la región.
Ya entre los años 40 y 70 del siglo XX comenzó a tomar forma la dinámica de poblamiento en el Bajo
Cauca gracias a varios procesos que se dieron paralelamente. Primero, la apertura del territorio
gracias a la construcción de la Troncal a la Costa Norte, corredor vial que conectó a Antioquia y el
centro del país con el Caribe colombiano y que atravesó al Bajo Cauca antioqueño; segundo, la
llegada masiva de campesinos de diversas partes del país que huían de la violencia partidista que a
su vez, comenzaron procesos de invasión de las haciendas existentes; tercero, la consolidación de
un comercio ganadero entre estas haciendas y las ciudades costeñas de Montería y Sincelejo; y
cuarto, el incremento en los precios del oro que tuvo lugar en la década del 70, que generó una
fiebre minera que atrajo a pobladores de Bolívar, Chocó, Córdoba y Antioquia. La región dejó de ser
un simple lugar de tránsito entre el centro del departamento y la Costa Atlántica y en lo que antes
eran inmensas llanuras comenzaron a fundarse pueblos como Tarazá y El Bagre. Con el vertiginoso
crecimiento poblacional13 sobrevinieron las luchas por el control de los capitales económicos,
sociales, culturales y políticos entre las diferentes comunidades asentadas en el Bajo Cauca
antioqueño, las cuales fueron retratadas por García así: los pescadores, que dependían
económicamente del río Cauca, contra los mineros que adelantaban sus labores de extracción allí
mismo; los mineros, que buscaban tierras para desarrollar su actividad, contra los ganaderos,
poseedores de extensas hectáreas de tierra; los ganaderos, azotados por el robo de sus reses; contra
las bandas de cuatreros y asaltantes; los pobladores de los cascos urbanos contra las nacientes
instituciones estatales locales demandando obras de infraestructura y de servicios públicos.
1.2.2. Las disputas políticas que marcaron el surgimiento del campo estatal local
También hubo otro nivel de lucha entre los nacientes poderes políticos de los centros poblados que
generó fracturas político-administrativas que dieron lugar al nacimiento de varios municipios de la
región. Luego del Plebiscito de 1957, mediante el cual se instaura el Frente Nacional en el país, en
las localidades del Bajo Cauca antioqueño también comenzó la alternancia en el poder de los
partidos tradicionales. Diversos autores han planteado que bajo este régimen, el Estado comenzó
13 Según los datos recolectados por Clara Inés García, la región del Bajo Cauca pasó de tener 19.530 habitantes en 1951 a más de 70 mil en 1973. Ver más en: García, Clara Inés (1993). El Bajo Cauca antioqueño, cómo ver las regiones. Bogotá: Cinep.
22
un proceso de expansión y fortalecimiento, ampliándose el aparato de los gobiernos central,
regional y municipal, pero de forma diferenciada, en ocasiones bajo el principio de paridad
burocrática de los dos partidos tradicionales, colectividades que terminaron controlando los
servicios del Estado. Zambrano sostuvo que “el crecimiento del Estado durante el Frente Nacional
se tradujo en la movilización de recursos para satisfacer las necesidades políticas de los grupos
partidistas según sus caudales electorales” (1992: 27). Bejarano y Segura, por su parte, plantean que
durante el Frente Nacional el Estado experimentó un crecimiento selectivo, liderado por el Ejecutivo
en detrimento de las otras ramas del poder público, donde las cuotas burocráticas jugaron un papel
fundamental en tanto se buscó despolitizarlas para que no se convirtieran en nueva fuente de
disputas bipartidistas, pero “no se logró hacerlo de manera moderna, es decir, con la creación de
una burocracia independiente de las instancias partidistas” (2010: 258).
Así, por ejemplo, con el inicio del Frente Nacional comenzó también un periodo de alternancia en el
poder local en el municipio de Zaragoza. La presidencia del Concejo de este municipio se convirtió
en un botín político importante que comenzó a ser disputado entre los líderes de las veredas y
corregimientos con alto valor electoral. Dicha lógica perjudicó notablemente a los voceros políticos
del corregimiento El Bagre. Finalizando la década de los setenta y luego que los concejales, mediante
acuerdos políticos, no accedieran a entregar la presidencia del Cabildo a los ediles del corregimiento
de El Bagre, estos impulsaron un movimiento separacionista que tuvo frutos el 22 de octubre de
1979. Ese año, la Asamblea de Antioquia, mediante Ordenanza No. 22, ordenó la creación del
municipio de El Bagre14. En su libro “El milagro de Tarazá”, Gustavo Angulo Mira consigna cómo
luego de las elecciones para Concejo de Cáceres, en 1976, el entonces corregimiento de Tarazá logró
ubicar mayoría de ediles en el cabildo, por encima de la cabecera municipal (es decir, Cáceres). Con
el bloque mayoritario, los concejales comenzaron a demandar de la administración municipal obras
para su corregimiento, lo que generó fuertes pugnas políticas con el alcalde de aquel entonces, León
Álvarez Palacio. Comenzó a fraguarse entonces un movimiento cívico y político que abogó por erigir
a Tarazá como municipio ante las constantes diferencias políticas con la administración de Cáceres.
La “causa separacionista” fue ampliamente capitalizada por Rogerio Osorio Mejía, reconocido
dirigente del Partido Liberal, quien gracias a lo anterior logró un escaño en la Asamblea de Antioquia
en el año 1978. Una vez en la Duma, Osorio Mejía continuó impulsando dicha causa, propuesta que
vería la luz el 22 de noviembre de este mismo año, gracias a la Ordenanza No. 41 mediante la cual
se ordena segregar 1.560 kilómetros cuadrados de Cáceres para que se conviertan en el nuevo
municipio de Tarazá, se definen sus límites territoriales y “se destinan dos millones de pesos como
auxilios para cubrir los gastos que demande la iniciación de actividades como ente municipal”15.
En cuanto a Caucasia, si bien su existencia como centro poblado se remonta al año 1886, este fue
declarado municipio tan solo en 1942, gracia a la Ordenanza 056 del 7 de Julio de ese año. Previo a
ello, Caucasia, anteriormente llamado Cañafístula por los primeros colonos que llegaron
provenientes del sur de Bolívar, también hizo parte de las luchas político-administrativo que libraron
14 Ver más en: http://www.elbagre-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml 15 Ordenanza No 41. Asamblea Departamental de Antioquia. Noviembre 22 de 1978.
23
varios de los recién fundados pueblos del Bajo Cauca antioqueño. Caucasia perteneció inicialmente
a Cáceres por espacio de 26 años. Pero luego, en 1912, el corregimiento Margento, que pertenecía
a Cáceres, fue separado de esta localidad para ser erigido municipio y Cañafístula pasó entonces a
ser corregimiento del nuevo municipio. Pero 24 años después, en 1936, Nechí, que pertenecía a
Zaragoza, logra su condición de municipio y por lo tanto Margento pierde su categoría y pasa, junto
con Caucasia (cuyo nombre sustituyó el de Cañafístula mediante Ordenanza 20 de 1927) a ser parte
de la nueva jurisdicción territorial, hasta el año 1942, cuando la Asamblea de Antioquia decide darle
la categoría de municipio16.
Promediando la década de los ochenta, el Bajo Cauca antioqueño era una región con seis municipios
con historias diametralmente opuestas: Zaragoza y Cáceres pasaron de ser las localidades más
antiguas e importantes de la región durante la Colonia a municipios condenados a un ostracismo
durante todo el siglo XX; Caucasia pasó de puerto sobre el río Cauca a ser considerada la “capital de
la subregión” gracias al dinamismo económico que le imprimieron pescadores, mineros, ganaderos
y comerciantes; Nechí y El Bagre: segregados de Zaragoza, mantuvieron su tradición minera pero en
medio de una condiciones de marginalidad económica, política y social, incluso, frente a sus vecinos;
Tarazá se convirtió en la nueva puerta de entrada al Bajo Cauca. Sin embargo, varios factores
comunes subyacen en los procesos de poblamiento de cada una de estas localidades. El primero de
ellos es el carácter masivo, espontáneo y no dirigido que tuvo la colonización campesina de
mediados de siglo XX; colonización que se dio en los márgenes de las representaciones sociales de
las instituciones departamentales17, desconectada además de los circuitos económicos del
departamento y de la Nación. Lo anterior encierra otra paradoja. En su conjunto, la región desarrolló
una actividad económica de naturaleza extractiva pero en los márgenes del desarrollo capitalista
que se consolidaba en el centro del departamento; es decir, la intensa explotación aurífera no tuvo
como correlato la creación de entidades estatales con funciones regulatorias; no implicó el
desarrollo de una estructura que hiciera sostenible la actividad en el largo plazo; mucho menos se
hizo siguiendo el ordenamiento legal referente a la adquisición de títulos mineros o contratos de
concesión minera. De aquí que la actividad minera, si bien ha tenido un carácter masivo, esta ha
sido mayoritariamente informal y de pequeña y mediana escala. Solo la empresa Mineros de
16 Con información de: sitio web oficial del municipio de Caucasia; entrevistas realizadas durante trabajo de campo los días 15-16 y 17 abril de 2015; y de García, Clara Inés (1993). El Bajo Cauca antioqueño. Cómo ver las regiones. Cinep. Bogotá. 17 Afirmaciones tales como “gente promiscua” que “no tiene el menor respeto por la autoridad”, “acostumbradas a vivir
sin Dios y sin Ley”, “sin sentido de la moral ni del bien ni del mal” fueron algunos de los epítetos consignados por un visitador de la gobernación de Antioquia luego de su periplo por el Bajo Cauca antioqueño meses después del asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán. Estos fragmentos fueron recopilados a su vez por Mary Roldán en su obra Sangre y fuego (2003). De acuerdo con la autora, estos dejan entrever la percepción de las autoridades departamentales sobre la naturaleza indómita de los habitantes del Bajo Cauca antioqueño, descritos a su vez como culturalmente inferiores en comparación con el ideal de antioqueñidad que promovían las élites departamentales asentadas en Medellín, lo que llevó a la clase dirigencial a considerarlos como “territorios marginales”, expresión reformulada por Roldán para describirlos como “territorios de frontera”.
24
Antioquia S.A (hoy Mineros S.A)18, uno de los actores económicos más importante de la región, ha
desarrollado su actividad a gran escala y dentro de los parámetros exigidos por la Ley.
El otro factor común es la emergencia de fuertes conflictos sociales, por lo general vinculados a la
tenencia de la tierra, bien para explotación minera, bien para ganadería, bien para ser ocupadas por
colonos. A estos se les sumó las demandas por servicios públicos domiciliarios y mayores niveles de
seguridad. Las respuestas por parte de las entidades estatales locales para tramitar dichas
conflictividades fueron escasas, casi nulas, ya que aún en aquellos municipios antiguos como
Cáceres y Zaragoza, estas estaban emergiendo, construyéndose y reconfigurándose a la par que
tomaban fuerza las dinámicas de poblamiento del territorio19. De nuevo Migdal es útil para explicar
esto, pues:
“el Estado se construye y se reconstruye, se inventa y se reinventa mediante sus interacciones como
un todo y de sus partes con otras. No es una entidad fija: su organización, objetivos, medios, socios
y reglas operativas cambian cuando se alía o se opone a otros dentro y fuera de su territorio. El Estado
se transforma continuamente” (Migdal: 2011: 45).
Entrevistas realizadas en las localidades de Caucasia, Cáceres y Tarazá, durante el mes de abril de
2015, dejan entrever cómo la dinámica de poblamiento obligó a la reconfiguración de las entidades
estatales locales. La siguiente entrevista corresponde a una mujer oriunda de Cáceres, que laboró
por espacio de 35 años en la Alcaldía de este municipio20:
Entrevistador (E): ¿En qué año ingresa a trabajar en la Alcaldía?
Exempleada: (Ex): Como en el (19)54.
E: ¿Cómo se trabajaba en la alcaldía?
Ex: Funcionaba con el alcalde, secretario y escribiente y citador. Él era quien mandaba para citar personas para declaraciones. Él se iba por las regiones a buscar la gente. E: La alcaldía ¿cómo comienza a crecer? Ex: Eso fue en el (19)61. La Alcaldía tenía su secretario, escribiente citador y siempre la misma función, trámite completo de sumarios. E: ¿Qué obliga a la alcaldía a nombrar más funcionarios? Ex: Acumulación de trabajo y la creación de la Inspección de Policía. La alcaldía no daba abasto. En esencia, lo que aquí se advierte es que el Estado, entendido como ese campo de poder donde se
configuran y se tejen las disputas, competencias y alianzas para transformar dicho campo, no llegó
18 Mineros S.A llega a la región del Bajo Cauca en 1974, cuando le compra los activos de la Pato Consolidated y de la Chocó Pacific a la empresa estadoudinense International Mining Co. Esta a su vez había adquirido los derechos de propiedad y de explotación de estas empresas de origen inglés durante la primera década del siglo XX. Cabe aclarar que finalizando el siglo XIX, buena parte de la explotación aurífera a gran escala llevada a cabo en el país era realizada por compañías inglesas, pero, en la primera parte del siglo XX, estas deciden vender sus activos a compañías norteamericanas. 19 Lo anterior puede observarse en las ordenanzas departamentales mediante las cuales se crean los municipios de El
Bagre, Caucasia, Nechí y Tarazá, donde se consigna expresamente la transferencia de recursos del orden departamental que, a manera de auxilios, permitan la consecución de enseres, oficinas y demás aspectos logísticos que requiera el nuevo cuerpo administrativo-burocrático para comenzar a funcionar. 20 Entrevista realizada en el municipio de Cáceres, el día 17 de abril de 2015.
25
como agente externo a “implantarse” en las localidades, ni tampoco brotó espontáneamente ni
mucho menos, obtuvo inmediatamente la capacidad de monopolizar el uso de la violencia para
tramitar los conflictos, concentrar los recursos económico-tributarios y convertirse en fuente de
legitimidad y regulación de las actividades sociales, políticas y económicas. Por el contrario, en este
proceso de surgimiento, transformación y reconfiguración, este ha tenido que competir con
diversos grupos sociales, armados, políticos, entre otros, en procura de imponer el conjunto de
reglas que determina cómo debe comportarse la gente, a quién debe obedecer, que está permitido
y qué no. Lo anterior resalta nuevamente la importancia de la dimensión territorial en los estudios
sobre el Estado en Colombia y, a partir de allí, entender el tipo de interacción que desarrolla con los
demás actores inmersos en ese campo de poder y de fuerzas así como las relaciones de poder que
se tejen al interior del campo estatal.
Esta perspectiva analítica ofrece luces para entender, por ejemplo, el carácter de la acción del
gobierno central para enfrentar el avance de las guerrillas en el Bajo Cauca antioqueño, que
encontraron en la región tierra fértil para el cultivo de sus propuestas contraestatales por cuanto:
a) se convirtieron en la primera oferta de seguridad; b) apoyaron las luchas campesinas por acceso
a la tierra; y c) ante el descontento por la falta de acción de las entidades estatales, su discurso
radical contra el Estado caló entre los campesinos.
El primero en llegar a la región fue el Eln21, a finales de los años 70, asentándose en Zaragoza,
Cáceres y Nechí. Fieles a su bandera política contra las grandes empresas, este grupo subversivo
comenzó a extorsionar a empresa Mineros S.A, al punto que en 1979 los obligó a dejar inactivas
varias de las dragas que tenía explotando oro en el río Nechí. La incidencia del Eln en la población
llegó a tal punto que le “propuso a la comunidad la adopción de un reglamento con procedimientos
para la explotación del recurso no renovable, así como para la distribución de las tierras”
(Observatorio de DD.HH, 2006: 9). Luego llegaron las Farc22, una guerrilla que se involucró en el
movimiento campesino que por aquellos años se gestaba en Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza y
Valdivia para acceder a la tierra y a los servicios públicos. A esto se sumaba que, desde el Bajo Cauca,
los grupos subversivos podían salir al Urabá antioqueño, a través del Parque Natural Nacional
Paramillo, así como a la Serranía de San Lucas, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, convirtiendo
esta región en lo que Salas Salazar definió como un territorio estratégico: “espacios geográficos de
la región configurados a partir de la confluencia de dos o más corredores estratégicos identificados
en ella, y que los actores armados pretender controlar por su importancia geoeconómica, dada la
presencia de cultivos de coca y recursos naturales, o geoestratégica, dada por la facilidad de
movilidad en la región y hacia afuera” (2010: 28).
21 El Eln aparece en el Bajo Cauca antioqueño por medio del frente Camilo Torres. Luego ingresarían los frentes José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomas y la Compañía Anorí, estos dos últimos aún con presencia en la región (Observatorio DD.HH: 2006). 22 Según documentación realizada por la Fundación Ideas para la Paz: “La guerrilla de las Farc llega a la región en 1973 con sus frentes 5, 18 y 36, pertenecientes al Bloque Noroccidental, ahora conocido como Bloque Iván Ríos. Su ingreso al Bajo Cauca y al nordeste antioqueño se da en el marco de su proyecto de ampliación de cobertura a nivel nacional por ser una zona militarmente estratégica” (2014: 15).
26
En respuesta, el gobierno central decidió incluir a todos los municipios del Bajo Cauca antioqueño
entre las zonas priorizadas por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR); política creada por el
entonces presidente Belisario Betancur en el marco de los diálogos de paz con las guerrillas de las
Farc, Eln, M-19 y Epl y cuya finalidad era “enfrentar los diversos factores que habían engendrado la
violencia en el país” y para ello se planteaba como una “estrategia de participación comunitaria que
buscaba erradicar de las regiones afectadas por la presencia de organizaciones armadas al margen
de la ley, las condiciones objetivas23 que las hacen proclives a la violencia” (Observatorio de DD.HH,
2006: 5). Se trató de un gran despliegue de ofertas institucionales por parte del Estado pero cuya
lógica obedecía más a desactivar conflictos sociales o, si se quiere, imponerse en su competencia
con las guerrillas, más que a generar vínculos permanentes de la región con el cuerpo de la Nación,
con el orden estatal y con el circuito económico departamental y nacional, lo que mantuvo latente
un conflicto entre la población y el Estado por cuenta de la naturaleza de la relación entre ambos
actores. La apuesta por rehabilitar territorios mediante la erradicación de la pobreza y la
reconciliación del Estado con amplios sectores marginales de la sociedad también le apuntó a
fortalecer el aparato coercitivo estatal a fin de recuperar el monopolio de la violencia legítima. El 1
de junio de 1992, el Ejército Nacional de Colombia activó el Batallón de Infantería Aerotransportado
No 31, Rifles, con sede en Caucasia, el cual comenzó a ser parte de la Décima Primera Brigada del
Ejército, constituyéndose además en la punta de lanza de las fuerzas militares en su lucha frontal
con las guerrillas.
Los resultados del PNR no fueron los deseados por cuanto se enfrentó a serias dificultades tales
como una interpretación de la noción de desarrollo regional impuesta desde el centro,
desconociendo las capacidades y vocaciones económicas territoriales; los problemas para la
participación de las comunidades locales, las trabas burocráticas para el desembolso de recursos
económicos. Pero sin duda, uno de los mayores obstáculos fue que:
“en contravía de las macrotendencias que señalan la persistencia de altos ritmos de migración
campo-centros urbanos y la reducción del peso del sector agropecuario dentro del PIB, se cumplió
en algunas regiones del país el proceso de ampliación de la frontera económica, en donde se ha
configurado una estructura productiva marginada y altamente conflictiva; sin duda alguna, en la
mayoría de estas regiones el proceso estuvo impulsado coyunturalmente por la economía de la coca
pero sus causas básicas deben localizarse en la persistencia de la inequitativa estructura agraria del
interior del país y en el lento crecimiento del empleo en los centros urbanos” (Mora & Corredor,
1989: 62).
23 Durante la década del setenta, y parte de los ochenta, un grupo de intelectuales colombianos, conformados por
sociólogos, historiadores y demás profesionales del área de las ciencias sociales y las humanidades a los que se les conoció como los ‘violentólogos’, plantearon que la violencia en Colombia obedecía a unas causas objetivas como la exclusión política, la pobreza, los profundos desequilibrios sociales y la desigualdad. Sus reflexiones quedaron consignadas en textos como el de Sánchez, Pizarro León-Gómez et Al (1987). Colombia, violencia y democracia. Universidad Nacional.
27
1.2.3 El aparato económico informal-ilegal
El final de la década de los ochenta se caracterizó por los procesos de compras masivas de tierras
por parte de hombres vinculados al negocio del narcotráfico. Municipios como Caucasia y Tarazá
fueron epicentro de negocios de compra-venta de extensos predios para instalar allí tanto
laboratorios para el procesamiento de base de coca como pistas clandestinas para exportar el
alcaloide. Lo anterior hizo que se agudizara aún más el problema en la tenencia de la tierra en la
región, caracterizada ya por un alto índice de informalidad. La Gobernación de Antioquia reseñó:
“otra problemática que afecta al Bajo Cauca es la alta concentración en la propiedad de la tierra,
fenómeno asociado en gran medida a factores de violencia, narcotráfico, ganadería extensiva y
explotaciones mineras, entre otros. En esta lógica, el conflicto interno contribuye en gran medida a
aumentar dicha desigualdad, ya que los dineros provenientes de los negocios ilícitos, son destinados,
por lo general, a la adquisición de tierras (desde comienzos de los años ochenta) y al financiamiento
de los grupos armados al margen de la ley” (2009: 15).
Los resultados del coeficiente de Gini24 del año 2011 muestran que la región del Bajo Cauca es, junto
con el Urabá antioqueño, una de las más inequitativas en cuanto a la distribución de la tierra.
Cuadro No. 1
Cáceres 0.705054
Caucasia 0.698935
El Bagre 0.587777
Nechí 0.641474
Tarazá 0.656345
Zaragoza 0.565399
Fuente: Departamento de Planeación-Gobernación de Antioquia.
Fueron precisamente narcotraficantes llegados al Bajo Cauca antioqueño así como la guerrilla de las
Farc quienes iniciaron los cultivos de hoja de coca, generando una nueva bonanza económica que
terminó por desplazar a la minería, venida a menos desde principios de los años 80 por cuenta de la
caída de los precios del oro en los mercados internacionales. Los primeros sembradíos del alcaloide
se ubicaron en la región montañosa de Tarazá y en Valdivia, localidad limítrofe con el Bajo Cauca,
situación que motivó una nueva ola de colonización, esta vez, de campesinos atraídos por la
24 Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un determinado
periodo. Esta medida está ligada a la curva de Lorenz, toma valores entre 0 y 1; donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene todo el ingreso. En resumen, este coeficiente mide el grado de desigualdad de la distribución o de la riqueza de una región.
28
bonanza cocalera. Una líder comunitaria del corregimiento La Caucana de Tarazá, fue testigo del
crecimiento de su pueblo por cuenta de los cultivos de hoja de coca25:
Entrevistador: ¿Cómo pasa la gente de sembrar maíz y arroz a sembrar coca? AB: Yo le voy a decir… Usted sabe que… que cultivar maíz, el pobre campesino es más lo que le invierte que lo que le queda, por que pongamos si sacan diez o veinte cargas de maíz ¿Cuánto no tiene que dar de flete? Entonces ¿Qué le queda al pobre dueño del maíz? ¡Nada! Entonces cuando ya llegó lo de la coca… E: ¿Y quién la trajo? ¿O cómo llegó? (la hoja de coca) AB: En ese entonces, cuando llegó la coca aquí, aquí al corregimiento, fue por medio de un señor llamarse Pedro Arroyave, un señor Alonso Sucerquia (sic) pues como los que yo más recuero, porque también hubo un señor que también se llamaba Aldair, pero creo que ya se murió, ah y también otro que se llamaba Darío Bolívar, creo que ya también murió. O sea, esos son los que más me acuerdo. E: ¿Y ellos quienes eran? AB: Ese señor eran productores normales, pero entonces venían de otras tierras donde ya conocían la coca. Entonces vieron que por aquí nadie tocaba esta zona por acá, ni la ley ni nada, es que la Ley no había hecho presencia sino hasta ahora, de poco tiempo para acá… entonces vinieron y sembraban, esos que tenían pues más formita, venía y le daba a la lata a la gente “bueno, vamos a echar un trabajo de tantos palos, yo le doy la comida y usted pone el trabajo”, en compaña todo (sic) y así fue que mucha gente tuvo coca aquí en la caucana. E: O sea, esta gente llegaba y trae los primeros palitos para sembrar… AB: Exactamente, de ahí sacaban la semilla y ya se iba creciendo… E: Y digamos que, ellos cuando empezaron a sembrar ¿les empezó a ir bien económicamente?, ¿Se les veía plata? AB: En ese entonces sí, porque en ese entonces venían compradores y la compraban como ellos la sacaban. Cuando eso no se quimiquiaba bien en forma… E: ¿Y el que haya llegado la coca influyo para que el pueblo creciera? AB: Si, porque llego mucha gente de otras partes a trabajar… E: ¿Y se quedó a vivir? AB: Y se quedaron viviendo, si, para qué…. De todas maneras fue unas de las formas donde el pueblito creció. Ya llegaba gente de una parte y de otra. Ellos conseguían fincas, sino arrendaban tierras. Incluso por decir en la vereda mía cuando hubo la bonanza de la coca había buena gente, bastante, esa escuela era llena de niños, bastante… Así, la década de los 90 del siglo XX representó el auge de los cultivos de hoja de coca en el Bajo
Cauca antioqueño, situación que se convirtió en un círculo vicioso. A medida que crecían los cultivos
más personas llegaban a municipios como Tarazá y Cáceres, con la intención de amasar fortuna
derivada de la bonanza cocalera. Y entre más gente llegaba a la región, más se extendían los
sembradíos de hoja de coca y por ende, más se fortalecía esta actividad económica ilegal. Al
respecto, los reportes anuales realizados por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci)26
25 Entrevista realizada en el corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá, el día 15 de abril de 2015. 26 Unodc ha estado apoyando la implementación de un Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia (Simci)
desde 1999, contando con el apoyo logístico de la Policía Antinarcóticos colombiana (Diran) y en coordinación con la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne). Simci es un proyecto conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno de Colombia, representado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne), la
29
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) muestran la progresión de
la extensión de los cultivos en Antioquia. Vale aclarar que, de acuerdo con los mapas de esta entidad,
los municipios de Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza concentra más del 90 por ciento de los
sembradíos del departamento, mientras que el otro 10 por ciento se esparce en los municipios del
Nordeste antioqueño, región que limita con el Bajo Cauca antioqueño. El cuadro No. 2 muestra la
progresión que mostraron los cultivos de hoja de coca en el departamento durante la década de
2000. Vale la pena aclarar que las mediciones de hectáreas sembradas con hoja de coca, las cuales
se realizan mediante fotografía satelitales, solo se implementaron en Colombia a partir del año
2001:
Cuadro No. 2
Fuente: Simci
Así, con la llegada de la hoja de coca el aparato económico de la región experimentó un tránsito de
la informalidad a la ilegalidad. Según Portes y Haller, citados por Giraldo y Muñoz, las economías
informales son “todas aquellas actividades económicas que hacen caso omiso al costo que supone
el cumplimiento de la las leyes y las normas administrativas que rigen las relaciones de propiedad,
el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y
los sistemas de seguridad social” (Giraldo & Muñoz, 2012: 15). De acuerdo con este par de autores,
si bien las economías informales e ilegales comparten características similares principalmente en lo
referente a los incentivos para su emergencia, existe un elemento fundamental que las diferencia:
mientras las actividades informales se desarrollan en el marco de una actividad tolerada de
explotación a mediana y pequeña escala de mercancías lícitas por fuera del sistema político, las
economías ilegales se caracterizan por el desarrollo de actividades ilegales con alta rentabilidad o
Policía Antinarcóticos (Diran) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (Acci). La contraparte nacional y dirección del proyecto recae en la Dirección del Dne.
Año hectáreas
2002 3.030
2003 4.273
2004 5.168
2005 6.414
2006 6.157
2007 9.926
2008 6.096
2009 5.069
2010 5.350
2011 3.104
2012 2.725
2013 991
2014 2.293
30
legales a través de métodos violentos. En el Bajo Cauca antioqueño, particularmente en los
municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá, la emergencia de una economía ilegal merece una
consideración adicional, tal como lo plantean Giraldo & Muñoz: “¿cuándo estas actividades se
convierten en un problema para una sociedad poniendo en riesgo el crecimiento y la estabilidad de
un país? La respuesta que surge es: cuando las economías informales convergen con estructuras de
crimen organizado” (2012: 18).
Si tanto la explotación aurífera que se llevó a cabo en el Bajo Cauca antioqueño hasta finalizando la
década de los ochenta, como las actividades económicas que giran alrededor de la coca (siembra,
cosecha, elaboración de pasta de coca, procesamiento de base) se desarrollaron por fuera del
control de las entidades estatales locales, ¿quién fungió como regulador entonces de la economía
derivada de la hoja de coca? Y más allá de eso ¿Qué obtuvieron por cuenta de dicha regulación? La
evidencia empírica, así como diversos estudios de corte académico y recientes sentencias proferidas
por los Tribunales de Justicia y Paz, en el marco de la aplicación de la Ley 975 (de Justicia y Paz),
señalan que los grupos paramilitares, principalmente en municipios como Cáceres, Caucasia y
Tarazá, ejercieron no solo un control total sobre las actividades económicas ilegales, en este caso el
narcotráfico, sino también un control de las actividades políticas. En decisión proferida por la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra Ramiro Vanoy Murillo, los magistrados
declararon al exjefe paramilitar responsable por ordenar la muerte de ocho personas al interior de
un apartamento en el barrio Los Colores de Medellín, en hecho conocido como “Masacre de Parques
del Estadio”, perpetrada el 28 de febrero de 2004. El hecho tiene como antecedente el intento de
robo de 360 kilogramos de base de coca que pretendían hacer los hermanos Fredy y Hugo Berrío
Torres en junio de 2002. Ambos negociaban alcaloides para el Bloque Mineros en Tarazá. Por este
hecho, el máximo comandante de este bloque paramilitar los declaró objetivo militar, pues violó la
principal regla impuesta por los paramilitares: no vender un solo gramo de base de coca a gente
externa27. Lo particular de este hecho es que la masacre fue cometida por miembros activos de la
IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, quienes recibieron a cambio un pago de 500 millones
de pesosi28 por parte del exjefe paramilitar, lo que evidencia los vasos comunicantes que desde su
génesis existieron entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública.
Sierra, por su parte, citando fragmentos del portal periodístico VerdadAbierta.com, consignó:
“El Bajo Cauca se convierte en uno de los principales focos del negocio del narcotráfico, lo que se
expresa en el crecimiento de las áreas de cultivo y el papel de Ramiro Vanoy como uno de los
proveedores de cocaína más importantes de las Auc. Según Mancuso, en versión desde los Estados
Unidos, Vanoy proveía a las Autodefensas con dos toneladas mensuales de cocaína, además allí como
vimos existían pistas de aviones que transportaban la mercancía hacia México y era un corredor
27 Para saber más sobre esta masacre se puede consultar: Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión:
sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”. Febrero 2 de 2015; ver más también en: http://www.verdadabierta.com/imputaciones/551-bloque-mineros/2974-cuco-vanoy-salpica-a-miembros-de-la-fuerza-publica-en-masacres. Consultado el 16/11/2015. 28 Íbid.
31
estratégico hacia rutas de salida en las costas de Córdoba y Sucre y por el Urabá Antioqueño” (2011:
45).
Entrevistas realizadas en los municipios objeto de esta investigación, también coinciden en señalar
el papel que jugaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la regulación de la economía de
la coca:
“Pero cuando ya empezaron a llegar los grupos paramilitares, que ya empezaron a decir que
tenían que limpiarla, sacarla al cero por ciento de humedad (…) ya la cosa empezó a ponerse
más maluquita. Ya los paramilitares empezaron a meterse más y ya no dejaron a que otros
compraran como hacían primero (…) primero llegaba cualquiera y compraba, cuando eso
¡no! Cuando ya empezaron a venir los paramilitares tenían que comprar eran ellos (…) ellos
eran los que la compraban. Ya ellos vinieron con el reglamento de que tenía que ser cero
humedad, nada de sucio, que no la fueran a ligar porque había gente que la ligaba para que
pesara más y le pagaran más. Ya ellos llegaron y pusieron que no la podían ligar, que cero
humedad, nada de sucio, no podían sacar más de un gramo para afuera. Ya ellos empezaron
a delimitar todo eso. O sea, ya ellos empezaron de que (sic) todo el que produciera (sic) coca
tenía que vendérsela a ellos”29.
Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su informe Dinámicas del conflicto armado en
el Bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario (2014) explica la relación entre los grupos de las
Auc con presencia en esta región y el narcotráfico:
“En Tarazá fue donde Vanoy creó el Bloque Mineros, por ser una troncal que conduce a la costa
Atlántica, con salida directa al golfo de Morrosquillo, utilizado como puerto por el narcotráfico.
Posteriormente, el dominio del Bloque se extendió hasta la zona rural de Cáceres al igual que a los
municipios de Valdivia, Briceño, Ituango y Anorí. Además de Vanoy, el Bloque Mineros era
comandado por alias ‘Picapiedra’, antiguo integrante del Epl, y José Higinio Arroyo alias ‘Caballo’ u
‘8.5’, antiguo miembro de las Farc. Sus principales fuentes de financiación fueron la minería en
lugares como El Bagre y Zaragoza, y el narcotráfico en Tarazá pero también en El Bagre y Zaragoza,
donde se calcula que para 2005 había 2.700 hectáreas sembradas de coca, que controlaban en
conjunto con el Bloque Central Bolívar” (pp, 25).
Tal como se puede apreciar, fueron los grupos paramilitares los que generalizarían la siembra de
hoja de coca en el Bajo Cauca antioqueño. Todo ello de la mano, primero, de Ramiro Vanoy Murillo,
alias ‘Cuco Vanoy’, un viejo socio de Henry Pérez, fundador de las Autodefensas Campesinas de
Puerto Boyacá, que llegó a la región a finales de los años 80 para liderar el Bloque Mineros de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estructura creada por petición expresa de
mineros, ganaderos y comerciantes de la región, según lo han confesado ante fiscales de Justicia y
Paz en años recientes desmovilizados de esta estructura paramilitar. Luego, a mediados de la década
de los noventa, llegó Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien, al igual que ‘Cuco Vanoy’, controló
toda la cadena productiva del narcotráfico: desde la siembra de la hoja, pasando por su
29 Entrevista realizada a líder comunitaria del corregimiento La Caucana de Tarazá, el día 15 de abril de 2015.
32
procesamiento hasta su exportación, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la
estabilidad financiera de su estructura armada.
Dado el papel determinante que jugaron las Auc en el control de las rentas ilegales en el Bajo Cauca
y la importancia que encierra el análisis de las economías ilegales para esta investigación, se
realizará una breve caracterización de las dos estructuras que ejercieron dominio y control sobre
los municipios de esta región: el Bloque Mineros, liderado por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco
Vanoy’; y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar, al mando
de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
1.2.3.1. Bloque Mineros30.
Gracias a los aportes realizados por los 35 excombatientes del Bloque Mineros postulados a los
beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación
ha logrado reconstruir la historia de esta estructura paramilitar que fuera liderada por Ramiro Vanoy
Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’31, figura clave en la expansión y consolidación de este bloque en el Norte,
Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Vanoy Murillo nació el 31 de marzo de 1948 en el municipio de
Yacopí, Cundinamarca. Durante su juventud estuvo radicado en varios departamentos: Arauca,
Magdalena, Santander, Norte de Santander. Fue en ese último donde, según narró ante fiscales de
la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), ocurrió el evento que terminó determinando
su animadversión por la guerrilla:
“Encontrándose Vanoy Murillo en el municipio de Puerto Santander, Norte de Santander, en los
límites con los municipios de Cúcuta y Tibú, realizando actividades de barequeo, militantes de la
guerrilla de las Farc mataron a golpes a su padrino Manuel Álvarez y a raíz de este acontecimiento se
distancia de la subversión”32.
A principios de la década de los ochenta, Ramiro Vanoy viaja a Puerto Boyacá, donde conoce a Henry
Pérez, quien lo invita a unirse a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que él lideraba.
Vanoy Murillo termina vinculado a los grupos paramilitares, inicialmente, en funciones específicas
de obtención de recursos para sostener el aparato militar que Pérez estaba creando. Es así como
30 La siguiente caracterización se realiza con información extraída en su totalidad de: Tribunal Superior de Medellín. Sala
de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”. Febrero 2 de 2015; Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Auto de control de legalidad postulados Bloque Mineros José Higinio Arroyo Ojeda, Roberto Arturo Porras, Rolando de Jesús Lopera, Luis Carlos García Quiñones, Luis Alberto Chavarría Mendoza, Eucario Macías Mazo. Junio 11 de 2014. 31 Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, actualmente se encuentra recluido en una cárcel del Estado de Miami, Estados Unidos, donde purga una condena de 24 años y cuatro meses de prisión por el delito de conspiración para el tráfico de cocaína, que le impuso la Corte Federal para el Estado Sur de Florida. Fue extraditado a ese país el 13 de mayo de 2008 por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Pese a ello, ‘Cuco Vanoy’ continuó con su participación en el proceso de Justicia y Paz, al cual ha comparecido desde su sitio de reclusión mediante videoconferencia. El 2 de febrero de 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia en primera instancia, donde se le concede el beneficio jurídico de la pena alternativa de ocho años de prisión, de los cuales, ha cumplido siete. La decisión está pendiente de su ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tomado de: Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy. Febrero 2 de 2015 32 Íbid.
33
conoce y traba amistad con los más importantes narcotraficantes de la época: Gonzalo Rodríguez
Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela; y Pablo Escobar Gaviria. Luego, promediando el año 1984,
Henry Pérez le pide a Vanoy Murillo que se traslade al municipio de Caucasia para que apoye y
supervise el grupo de autodefensas campesinas que venía conformándose en la región de la mano
de alias “Walter” y Alfonso Fuentes Baranoa, alias “4-1”, amigos personales de Pérez.
Se trataba de un grupo de no más de 40 hombres armados dedicados a repelar a las guerrillas de las
Farc y el Eln, así como a los lugartenientes de Pablo Escobar que durante la década de los ochenta,
se dedicaron a comprar tierras en el Bajo Cauca antioqueño para el montaje de laboratorios para el
procesamiento de alcaloides y pistas de aterrizaje para avionetas. Por orden de Henry Pérez, Vanoy
Murillo asume la dirección de este grupo de autodefensas campesinas y la responsabilidad por su
expansión y consolidación. Dicha situación lo lleva a conocer, finalizando el año 1989, a Fidel
Castaño, quien para la época se encontraba asentado en Valencia, Córdoba, conformando un grupo
de extrema derecha conocido como “Los Tangueros”. La guerra que desató Pablo Escobar contra
todos los comandantes paramilitares de la época obligó a Vanoy Murillo a trasladarse a la ciudad de
Cali, donde permaneció hasta después de la muerte del capo33. Iniciando el año 1994, Vanoy Murillo
regresa al Bajo Cauca antioqueño, con la intensión de reorganizar y fortalecer el grupo de
autodefensas que comenzó a gestarse una década atrás y que logró sostenerse en su ausencia,
gracias a los recursos económicos que enviaba desde la ciudad de Cali y que, a su vez, provenían de
los hermanos Rodríguez Orejuela. Para ello, convoca a ganaderos, terratenientes y mineros de la
región para pedirles apoyo en su causa contrainsurgente. De esta reunión nació el nombre con el
que se conoció la estructura paramilitar: el Bloque Mineros.
Su primer “gran golpe” fue arrebatar la hacienda Ranchería, ubicada en la vereda Pecoralia,
corregimiento La Caucana de Tarazá, propiedad del narcotraficante Luis Alfonso Berrío, pero que se
encontraba en poder de la guerrilla de las Farc. Una vez asentado allí, Ramiro Vanoy comenzó su
proceso de expansión. Primero, expulso a sangre y fuego a las Farc de los corregimientos Guáimaro
y La Caucana. En este último instaló su centro de operaciones y allí creó varias escuelas para la
formación de nuevos reclutas. Desde allí coordinó las incursiones paramilitares a los corregimientos
Versalles y Uré, Montelíbano, Córdoba, limítrofes con La Caucana, localidades que se convirtieron
en zona de retaguardia y uno de los centros de acopio de pasta de coca que tuvo el Bloque Mineros
en la región. Luego, lanzó incursiones por toda la Troncal hasta llegar el municipio de Valdivia, donde
la recién creada estructura paramilitar cometió dos masacres. No serían las únicas. En 1996, Vanoy
Murillo, junto con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, decidieron
incursionar en Ituango, perpetrando la masacre del corregimiento La Granja (11 de junio de 1996).
Para los años 1997-1998, toda la carretera Troncal, desde el municipio de Valdivia hasta Caucasia,
33 En su libro Guerras recicladas, la periodista María Teresa Ronderos expone en detalle las razones que llevaron al jefe
del Cartel de Medellín a declararle la guerra a los comandantes de las nacientes Autodefensas. En síntesis, se trató de un ultimátum lanzado por Escobar a Henry Pérez y su gente para que se unieran en su guerra contra el Estado o de lo contrario, se atuvieran a las consecuencias. Además, por razones geoestratégicas, para Escobar resultaba fundamental controlar todo el Magdalena Medio, principalmente la parte boyacense, dominada en su totalidad por Pérez y sus Autodefensas, a quienes intentó expulsar de la región sin mucho éxito.
34
era controlada por el Bloque Mineros con un grupo de hombres comandados por César Augusto
Torres Luján, alias ‘Mono Vides’, hombre de entera confianza de ‘Cuco Vanoy’.
Para el año 2000, el Bloque Mineros ejercía fuerte control militar y social en los municipios de
Yarumal, Valdivia, Tarazá, Caucasia y el corregimiento Santa Rita de Ituango. Pese a ello, la guerrilla
de las Farc le propinó sendos golpes militares. El primero de ellos ocurrió en 2000. Vanoy Murillo
ordenó a sus hombres incursionar en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, por cuanto
consideraba que la localidad, además de servir de retaguardia a la Farc, presentaba también una
topografía ideal para el cultivo de hoja de coca. Pero hombres del Bloque José María Córdova de las
Farc emboscaron a los paramilitares, produciendo la muerte de 22 hombres. Luego, en el año 2001,
la guerrilla de las Farc lanzó un feroz ataque contra los hombres del Bloque Mineros asentados en
el corregimiento Santa Rita. La victoria militar de la guerrilla se tradujo en un repliegue de los
paramilitares hasta La Caucana. El 16 de mayo de ese año cerca de 500 guerrilleros de las Farc
ingresaron hasta el casco urbano de este corregimiento para atacar la base que los paramilitares
tenían en el corregimiento. Aunque se trató de un cruento ataque que se extendió por espacio de
ocho horas, este no logró expulsar las huestes paramilitares. Por el contrario, estas recompusieron
sus fuerzas, se instalaron con mayor fuerza en el corregimiento La Caucana, imponiéndoles a sus
pobladores un duro régimen de control y sometimiento.
Entre los años 2002-2005, luego de reorganizarse, el Bloque Mineros incursionó nuevamente en
Briceño, donde logró asentarse luego de cometer sendas masacres34; luego se extendió hasta los
municipios de Anorí, Nordeste antioqueño; Campamento y Gómez Plata, Norte del departamento.
Al momento de su desmovilización, el 20 de enero de 2006, en el marco de los acuerdos suscritos
entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Negociador de las Auc, el Bloque Mineros contaba con
2.790 combatientes y ejercía presencia permanente en los municipios de Tarazá, Caucasia, Valdivia,
Ituango, Yarumal, Briceño, Peque, Toledo, Anorí, Yarumal, Campamento y Gómez Plata. Una de las
particularidades que encierra este bloque es que, para ganar base social, Vanoy Murillo realizó obras
y actividades de beneficio común en todo Tarazá. En La Caucana impulsó diversos proyectos
productivos; en el corregimiento El Guaimaro construyó una clínica; otra más en el casco urbano.
Contribuyó con los hogares de la tercera edad, con parques infantiles y hasta regaló computadores
para colegios de las zonas rurales35. Todo ello gracias a las cuantiosas rentas derivada del negocio
del narcotráfico, de las cuales, el Bloque Mineros dominó cada uno de los encadenamientos
productivos de esta actividad ilegal (siembra, cosecha, producción de pasta y procesamiento de
34 El ingreso del Bloque Mineros al municipio de Briceño en el año 2002, está enmarcado por dos masacres perpetradas
en el mes de mayo. La primera conocida como la masacre de Chorrillos, que tuvo lugar el 5 de mayo. Ese día, los paramilitares asesinaron a seis personas que se movilizaban en un vehículo de Medellín a Briceño, interceptándolos en un sector conocido como Chorrillos; seis días después, el 12 de mayo, los paramilitares ingresaron al casco urbano de Briceño, se dirigieron a una vivienda y asesinaron a cuatro personas, hecho que se conoce como la masacre de las hermanas Landeta. Tomado de: Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Auto de control de legalidad postulados Bloque Mineros José Higinio Arroyo Ojeda, Roberto Arturo Porras, Rolando de Jesús Lopera, Luis Carlos García Quiñones, Luis Alberto Chavarría Mendoza, Eucario Macías Mazo. Junio 11 de 2014. 35 Ver más en: “El para-Estado de alias ‘Cuco Vanoy”. En: http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/4218-el-para-estado-de-alias-cuco-vanoy. Consultado el 5/12/2015.
35
base de coca). Así, Vanoy Murillo se erigió en despiadado jefe paramilitar, que ordenaba asesinatos,
desplazamientos y desapariciones forzadas y, a su vez, en un hombre preocupado por su
comunidad, asumiendo para ello funciones propias del poder político.
“el caso de Tarazá es sumamente importante para develar la manera en que se impuso un orden
paramilitar fundado tanto en prácticas de exterminio como en la constitución de un discurso y una
serie de prácticas que buscaban reorganizar una sociedad, que para ser sustentable, debía contar con
sujetos que se reinscribieran dentro de unas normas sociales, políticas y económicas establecidas. De
esta manera, el paramilitarismo tuvo incidencia en las experiencias del campo político y la
democracia, regulando la participación electoral, la exigencia de derechos civiles, y administrando la
justicia, además de la vida cotidiana” (Sierra, 2011: 66).
1.2.3.2. Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (BCB)36
El Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio fue uno de los nueve frentes que integró el
Bloque Central Bolívar (BCB), uno de los más grandes del proyecto paramilitar37. Su surgimiento no
hubiera sido factible si al Bajo Cauca antioqueño no llega un hombre con una extensa trayectoria
criminal: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ o ‘Javier Montañez’.
Jiménez nació en Envigado, Antioquia, el 26 de febrero de 1966. Estando muy pequeño, él y su
familia se mudaron al barrio Santa Teresa en Dosquebradas, Risaralda. En esta localidad adelantó
estudios hasta el tercero de bachillerato. Abandonó las aulas de clase para trabajar con su padre,
Mario Jiménez, en el expendio de carnes y en el comercio de ganado. En 1983, con 17 años de edad,
Jiménez Naranjo tomó la decisión de trasladarse a Puerto Asís, Putumayo, donde empezó a trabajar
con personas allegadas a su familia, quienes lo apalancaron económicamente para que incursionara
en el negocio de la venta de combustible. Las ganancias le permitieron arrendar un estadero
conocido como El Cosmos y una estación de gasolina llamada Los Recuerdos. Cinco años después,
'Macaco' conoció a la viuda Rosa Edilmira Luna Córdoba, extraditada actualmente por el delito de
narcotráfico, con quien se fue a vivir en la finca Animalandia, en Puerto Asís. En 1991, Rosa Edilmira,
heredera de las propiedades de su esposo muerto, fue secuestrada por el Frente 32 de la guerrilla
de las Farc a cargo de alias ‘Pedro’, quien se decía era hijo de fallecido comandante subversivo
Jacobo Arenas. El grupo guerrillero exigió al principio un pago de 250 millones de pesos, pero
Jiménez Naranjo logró negociar y reducir el pago a 125 millones más la entrega de dos motores
fuera de borda avaluados en 14 millones cada uno. No obstante, las amenazas en su contra
continuaron por varias razones: de un lado, se había negado a reunirse con las guerrilla en varias
ocasiones y, de otro, debido a que sus negocios eran frecuentados por funcionarios del DAS, fue
señalado por los insurgentes como "auxiliador" de las fuerzas del Estado.
36 La siguiente caracterización se realiza con información extraída del portal periodístico VerdadAbierta.com y Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar’. 30 de agosto de 2013. 37 El proceso de georeferenciación realizado por la Fiscalía 27 de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes
Justicia y Paz) determinó que entre 2000-2006, el Bloque Central Bolívar tuvo presencia activa en 15 departamentos, más de 450 municipios del país y contó con más de 7.500 hombres en armas, lo que lo convierte en el bloque más grande y poderoso de las Auc.
36
La información aportada por desmovilizados del BCB a los fiscales de Justicia y Paz indican que detrás
de la administración de negocios de combustible se escondía la verdadera identidad de Jiménez: la
de un narcotraficante. El siguiente fragmento consignado en la sentencia contra Rodrigo Pérez
Alzate, alias “Julián Bolívar”, proferida el 30 de agosto de 2013 por la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá, así lo señala:
“Información allegada por la Fiscalía, señala que Carlos Mario Jiménez, durante el periodo de su vida
que estuvo en Putumayo (entre 1981 – 1991), fue relacionado con empresas como el comercio de
combustible y la administración de estaderos. Aunque igualmente, se expuso información en la que
víctimas y residentes de Puerto Asís, informan que nunca le conocieron una actividad lícita y que por
el contrario era publica su condición de sicario. Una de las entrevistas realizadas por las Fiscalía
General, evidencia que Carlos Mario Jiménez fue vinculado al grupo conocido como los ‘Masetos’ y
concretamente al homicidio de Daniel Lara Quiceno. Este proceso por el homicidio del ciudadano,
según la información de la Fiscalía, se perdió en un incendio. Igualmente se aseveró que en una
ocasión el domicilio de Rosa Edelmira y Carlos Mario Jiménez fue allanado y en él se encontraron
sustancias ilícitas”38.
En la misma providencia se consigna que, promediando la década de los noventa, Jiménez y su
esposa deciden trasladarse a la región del Bajo Cauca antioqueño, más concretamente al
corregimiento Piamonte de Cáceres. Allí adquiere varias propiedades: La Mojosa, La Esmeralda; La
Uno; El Cairo39. En este corregimiento Jiménez sufre un ataque armado por parte de la guerrilla del
Eln, a finales de 1996, lo que lo llevó a conformar su propio esquema de seguridad personal. Para
ello, contrata a los hermanos Vinicio Virgues Mahecha, alias ‘Jota Jota’ o ‘22’, Armando Virguez
Mahecha, alias 'Queso', Erbert Virguez Mahecha y a Héctor Edilson Duque, alias ‘Monoteto’ o ‘28’,
con quienes conformó su primer grupo de autodefensas que denominó ‘Los Caparrapos’ debido a
que la mayoría venían de Caparrapí, Cundinamarca40. En 1997, Vicente Castaño convocó a una
reunión en una finca ubicada cerca al municipio de Caucasia, a la que fueron invitados tanto
comandantes como líderes de las pequeñas estructuras que existían en la región para que se
integraran a las Autodefensas de Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En dicha reunión, Vicente
le asignó a Jiménez la margen izquierda del río Cauca, lo que incluye Cáceres, parte de Caucasia y
Zaragoza. Vicente le pidió a ‘Macaco’ que desde allí, iniciara su proceso de expansión hasta el sur
de Bolívar y Nordeste antioqueño. Para ello, Jiménez también controla toda la cadena productiva
38 Íbid. 39Sobre estas propiedades pesan actualmente solicitudes de restitución en la Unidad de Restitución de Tierras, pues se presume que el exjefe paramilitar las adquirió por medios violentos. Es el caso del predio Villa Yomara, cuyos antiguos propietarios alegan que hombres al servicio del jefe paramilitar les arrebataron violentamente su propiedad. Esta finca hace parte de la gran Hacienda La Uno, juntos con los predios La Esperanza, Las Cabañitas y Las Flores. Este inmueble figura en los registros del Fondo para la Reparación de las Víctimas como entregados por ‘Macaco’ para cumplir su compromiso de resarcir a sus víctimas, según consta en el acta N. 18 de Recepción de Bienes de la antigua Acción Social, fechada el 1 de diciembre de 2007. El ex paramilitar también entregó para reparación de las víctimas la finca El Cairo –integrada por los lotes Las Brisas, El Contento, Nueva Esperanza y Los Pilores –, y la Hacienda La Esmeralda, donde tuvo su campamento madre y la cual fue reclamada por su antiguo propietario ante los tribunales de Justicia y Paz de Medellín. 40 La presencia de este grupo de autodefensas en Cáceres generó graves problemas de desplazamiento. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, el corregimiento Piamonte pasó de 3.500 habitantes en 1995 a menos de 400 en 2002.
37
del narcotráfico: desde la siembra de la hoja hasta su procesamiento y exportación a Europa y los
Estados Unidos, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la estabilidad financiera de su
estructura armada. Lo anterior, sumado a sus logros militares en su disputa territorial con la guerrilla
del Eln, le significó a Jiménez, quien comenzó a ser conocido al interior de las Auc con el alias de
‘Javier Montañez’, ganarse rápidamente la confianza de los hermanos Castaño.
La cercanía llegó a tal punto que Carlos Castaño designó a Jiménez como el comandante general del
Bloque Central Bolívar (BCB), una macroestructura paramilitar cuyos antecedentes se remontan,
por un lado, a las intenciones de Carlos Castaño de expulsar a la guerrilla del Eln del sur de Bolívar y
así, poder establecer un importante corredor estratégico para las Autodefensas; y, de otro lado, el
asesinato de Guillermo Cristancho Acosta, conocido como 'Camilo Morantes’, jefe de las
Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, el cual fue ordenado por el propio Castaño
por sus presuntos excesos contra la población. Tras la muerte de ‘Camilo Morantes’, el máximo jefe
de las Accu ordenó la fusión de todos los grupos de autodefensa que delinquían en el sur de Bolívar,
Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño bajo el nombre de Bloque Central Bolívar.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, consignó lo siguiente en su sentencia contra
Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”:
“se expuso en el desarrollo de la audiencia, información y fuentes que apuntaban a que al interior de
la cúpula de las Auc, más concretamente Vicente Castaño, alias ‘El Profe’, financió la expansión
territorial de los frentes y bloques paramilitares a través de la venta de franquicias a narcotraficantes.
En este periodo de ‘venta de franquicias’, según la información de varios ex miembros de las Auc,
llegaron a comandar estructuras narcotraficantes. Uno de los señalados concretamente es Carlos
Mario Jiménez Naranjo, quien, por versiones escuchadas en audiencia, de narcotraficante paso a
comandante paramilitar. Según lo expuesto, esto era funcional para ambas partes, i) por un lado las
Auc expandían estructuras a nuevos territorios; y ii) los narcotraficantes dejaban de ser simples
delincuentes organizados, para adquirir el rol de partes de un conflicto armado interno”41.
Los integrantes del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio lograron mantener un férreo
dominio en las localidades de Cáceres, Caucasia, Zaragoza, Segovia, Remedios y sur de Bolívar. Su
desmovilización se produjo el 12 de diciembre de 2005, en zona rural del corregimiento Santa Cecilia
de Remedios, Antioquia. Ese día, unos 1.922 combatientes hicieron entrega de sus armas al
entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Como se puede apreciar, fueron los grupos paramilitares, específicamente el Bloque Mineros y el
Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB, quienes fungieron como únicos
reguladores de la actividad económica del narcotráfico. La pregunta que aún falta responder es ¿qué
obtuvieron los paramilitares por dicha regulación?
41 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar’. 30 de agosto de 2013.
38
En primer lugar, les permitió consolidar un dominio hegemónico de las actividades criminales en la
región por poco más de una década: además de conquistar antiguos territorios de tránsito y
retaguardia de las guerrillas, sometió a sangre y fuego a todas las manifestaciones criminales de la
región, erigiéndose como autoridad en materia criminal. Producto del poder armado alcanzado
gracias a los réditos económicos derivados de los excedentes del narcotráfico, dominaron las
poblaciones. Así, el pleno dominio tanto del territorio como de las riquezas y las poblaciones
inmersas en él le permitieron a los paramilitares fortalecerse como actor fundamental en ese campo
de fuerzas y de poder que configura al Estado.
Lo anterior remite nuevamente a Migdal en tanto pone de presente que cada región y localidad
tiene una experiencia particular en el proceso de formación del Estado. Por ello, según lo recuerda
Alonso, ese conjunto de tensiones, interacciones, disputas, luchas y competencias que se dan al
interior del campo estatal se inserta en una racionalidad histórica que además, reconstruye y
reinventa permanentemente al propio Estado. “La conclusión lógica de este enunciado es que las
rivalidades y luchas entre los grupos dominantes y entre estos y sectores subalternos no presuponen
un mal funcionamiento del Estado, su captura, debilidad o disolución; evidencian, por el contrario,
las modalidades y formas de funcionamiento del campo estatal en contextos históricos
determinados” (2014: 146).
En ese orden de ideas es posible señalar que la construcción del Estado en el Bajo Cauca antioqueño
durante el siglo XX estuvo determinada por una intensa competencia por el control de los capitales
económicos, jurídicos, políticos, sociales y simbólicos que involucró a diversos actores tales como
las comunidades campesinas, los ganaderos, los mineros, las entidades estatales, movimientos
políticos alternativos a los partidos tradicionales, las guerrillas y los paramilitares que terminó por
configurar un campo estatal sumamente volátil, donde fueron permanentes además las tensiones
entre la región y el resto del cuerpo de la Nación por cuenta de las dificultades de vincularse con los
circuitos económicos nacionales y al orden estatal. Podría afirmarse entonces que lo anterior derivó
en dos situaciones que caracterizaron el fin del siglo XX en los municipios Caucasia, Cáceres y Tarazá.
En primer lugar, ante el avance de los grupos paramilitares y el dominio hegemónico criminal
alcanzado por estos, el Estado terminó “tercerizando” en ellos la función coercitiva como estrategia
para fortalecer su capacidad de gobernar e imponerse ante sus competidores políticos. Ello fue
posible gracias a la estrecha relación de delegación-cooperación42 que desde su génesis, tejió el
paramilitarismo con funcionarios estatales y de la fuerza pública. Sobre ello se volverá más adelante.
En segundo lugar, la relación de delegación-cooperación entre instituciones estatales y
paramilitares no implicó el sometimiento de los segundos al conjunto de normas que intentaron
imponer las primeras. En ese campo de fuerzas y de poder que es el Estado, los paramilitares
también usurparon funciones propias del poder político: impusieron normas de conducta y
convivencia a los pobladores de Caucasia, Cáceres y Tarazá; se autoerigieron como autoridades
42 Distinta a la relación de abierta confrontación que estableció con las guerrillas y movimientos políticos alternativos, o
de sometimiento con el resto de grupos subalternos.
39
tramitadoras de conflictos; regularon las actividades económicas tanto legales como ilegales y ello
terminó por configurar lo que Uribe denomina una “soberanía en vilo” (Uribe, 1998). Así, durante
un interregno que va de 1996 a 2006, en los municipios objeto de investigación el poder político
legalmente constituido, aquel que se elige en las urnas cada cuatro años, debió desenvolverse e
interactuar con el poder político alterno impuesto por los paramilitares. Y, como bien lo sustenta
Uribe, lo anterior termina por producir fenómenos de fragmentación institucional, inorgacidad y
precarización de la ciudadanía:
“una soberanía en vilo y una ciudadanía virtual, terminan por producir fenómenos de inorganicidad
y de fragmentación en la amplia y compleja fronda de la burocracia estatal. Alcaldes, concejales,
funcionarios locales o de institutos descentralizados del Estado, jueces, miembros de la rama
legislativa y funcionarios de diversa naturaleza, no desarrollan la gestión y la administración públicas
de acuerdo con el orden institucional que representan, sino que son imbricados y controlados por las
tramas y los complejos circuitos de los grupos armados de diferente signo, de tal manera que
fragmentos significativos de la burocracia estatal terminan desarrollando sus labores públicas en el
marco de los órdenes políticos alternativos y bajo las demandas concretas del conflicto armado”
(1998:31).
2. La fragmentación violenta de un dominio hegemónico criminal
2.1. Aproximaciones al fenómeno paramilitar
La complejidad que entraña el fenómeno paramilitar ha llevado a construir diversas
interpretaciones sobre este que, en todo caso, lo ubican como un actor fundamental tanto en
algunas ciudades capitales (el caso de Medellín es paradigmático en ese sentido) como en aquellas
regiones denominadas “de frontera” o “periféricas”, bien por su capacidad de construir órdenes
políticos alternos, bien por su papel en la reconfiguración del Estado, bien por su incidencia en la
degradación del conflicto armado interno. Si bien este ensayo investigativo no tiene como objeto
de estudio del paramilitarismo, bien vale la pena reseñar sucintamente las diferentes perspectivas
analíticas desde las cuales ha sido abordado a fin de contar con una línea teórica que permita
visualizar qué tipo de región, qué clase de actores y qué tipo de disputas fueron las que se dieron
en el Bajo Cauca antioqueño tras la desmovilización de los bloques paramilitares que ejercieron
poder y dominio en el Bajo Cauca antioqueño.
40
El estado del arte realizado por Cruz Rodríguez señala que:
“la evolución del fenómeno paramilitar ha sido estudiada desde tres tipos de relaciones: paramilitarismo y
Estado; paramilitarismo y actores locales-regionales; paramilitarismo, narcotráfico y otras fuentes de
financiación. Aunque la separación en el estudio de estas relaciones no es nítida, es posible clasificar la
bibliografía en cuatro enfoques: a) el primero concibe al paramilitarismo como un instrumento de
contrainsurgencia y guerra sucia del Estado; b) el segundo resalta en su potencial estratégico y de coaliciones
con actores locales y regionales; c) el tercero concibe al paramilitarismo como autor autónomo del Estado; y d)
la subordinación del paramilitarismo al narcotráfico y a la búsqueda de otras rentas” (Cruz: 2007: 118).
Dicha clasificación también puede ubicarse en periodos históricos puntuales. El estudio de Medina
Gallego sobre el caso Puerto Boyacá, publicado a finales de la década de los ochenta, constituye la
obra paradigmática sobre el fenómeno paramilitar como instrumento de guerra sucia por parte del
Estado43 para enfrentar la amenaza que representó en su momento tanto el movimiento guerrillero
como el surgimiento de un partido de izquierda con aspiraciones serias de poder como lo fue la
Unión Patriótica (UP). Finalizando la década de los noventa saldrían a la luz pública las
investigaciones realizadas por Fernando Cubides, primero; y Mauricio Romero, luego, donde
destacan la dimensión territorial-local del paramilitarismo y la confluencia de varios procesos tales
como: a) el rechazo de élites regionales a procesos que buscaban democratizar la riqueza y la
participación política en las regiones; y b) el surgimiento de escuadrones de la muerte patrocinados
por hacendados, ganaderos y terratenientes que luego mutaron a grupos paramilitares. En los
primeros años de la década de 2000 se posicionaron los estudios sobre la “autonomía relativa” del
paramilitarismo con respecto al Estado, postura que abrió un arduo debate que perdura hasta
nuestros días: ¿fue el Estado víctima de la ambición de poder y la codicia de un aparato armado
liderado por un grupo de hermanos que se autoerigieron como los abanderados de la causa
contrainsurgente? O, por el contrario, ¿el Estado cohonestó, favoreció, coadyuvó, motivó o
participó, bien por acción o por omisión, en el surgimiento y expansión del fenómeno paramilitar?44
Recientemente, estudios como los de Duncan (2006) proponen entender el paramilitarismo como
la cohesión de un aparato militar creado por los hermanos Castaño, sumado a la subordinación de
pequeños grupos de narcotraficantes presentes en los territorios de dominio paramilitar. Esto le
permitió al paramilitarismo aumentar considerablemente sus arcas por cuenta de los excedentes
del narcotráfico, dando lugar, primero, a la transformación del poder político regional toda vez que
los viejos barones electorales regionales (gamonales, terratenientes y ganaderos) para no perder su
incidencia y capacidad de movilizar a su clientela, debieron aliarse con los ‘paras’; y segundo, estos
últimos terminarían convirtiéndose en una fuerza autónoma, con gran injerencia en el negocio del
narcotráfico, pero también, con un poder de sometimiento del territorio, lo que Duncan ha
denominado Los señores de la guerra.
43Aunque con profundos matices, de este periodo también reseñarse estudios elaborados por Rodrigo Uprinmy; Jorge
Orlando Melo, Alejandro Reyes. 44 El texto de Rangel et al (2005) es quizás el más representativo de esta línea.
41
La perspectiva histórica evidencia que si bien existieron movimientos de autodefensas campesinas
en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, entre otros, durante la década de los sesenta y
setenta (Roldán, 2003; Uribe, 2001; Ronderos, 2015), es el caso de Puerto Boyacá el que instaura
los cimientos del paramilitarismo tal como lo conoció el país a finales del siglo XX y principios del
XXI45. Este caso que ha sido suficientemente documentado por lo que no se ahondará en él. Lo que
sí vale la pena señalar es que, tal como lo muestra la reconstrucción histórica realizado por Ronderos
(2015), desde sus inicios el paramilitarismo trenzó fuertes lazos de cooperación con el Ejército46 y
autoridades del gobierno local. De igual forma, encontró en el narcotráfico su principal fuente de
financiación. Paralelo a ello es posible afirmar que en Colombia, el Estado ha tenido la tradición de
armar a los civiles, convertirlos en cuerpos de apoyo y movilizarlos en “pro de la defensa nacional”.
En 1965, el entonces presidente Guillermo León Valencia profirió el Decreto 3398 del 24 de
diciembre de ese año, mediante el cual “se organiza la defensa nacional” y se adoptan, entre otras
medidas, el amparo, la provisión y la venta de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a
organizaciones civiles siempre y cuando sea para la defensa nacional. En este orden de ideas,
también es necesario recordar el Decreto-Ley 356 de 1994, “por el cual se expide el Estatuto de
Vigilancia y Seguridad Privada”, articulado que le dio vida legal a las famosas cooperativas de
vigilancia privada, más conocidas como “convivir”, las cuales nacieron como expresión de
autodefensas legales pero que luego fueron fundamentales en la expansión del paramilitarismo en
tanto permitieron no solo el blanqueo de capitales provenientes principalmente del narcotráfico,
sino también porque “militarizó la sociedad en función de la lucha contrainsrugente, pues lo que
normalmente hacían estos grupos era combinar la conformación de frentes de seguridad rural, con
acciones de tipo comando o sicarial contra los blancos de su ataques: dirigentes políticos de
izquierda, sindicalistas, estudiantes y demás sectores de la población civil”47.
En el caso particular del Bajo Cauca antioqueño, el fenómeno “paramilitar” no es exclusivo de las
últimas décadas del siglo XX. Una de las conclusiones más llamativas de Roldán (2003) es que debido
a la poca capacidad militar que tuvo en su momento el gobierno de Antioquia para contener la ola
de violencia que azotó a esta región entre los años 1952 y 1954, las autoridades departamentales
decidieron patrocinar la conformación de las llamadas “contrachusmas”, una especie de fuerzas
paramilitares conservadoras que reclutaron entre campesinos de la región, preferentemente
desempleados y sumidos en la pobreza, a quienes armaron para hacerle frente a la amenaza que
45 Ronderos (2015) por ejemplo, señala que finalizando la década de los setenta, la IV Brigada del Ejército, con sede en
Medellín, había promovido el surgimiento de grupos de autodefensas campesinas en la región del Magdalena Medio antioqueño. Entre ellas se destacan los “escopeteros” de Ramón Isaza, los “escopeteros del ‘Mono’ Celín, en Santander; y los “escopeteros” de Rigoberto Quintero en Yacopí, Cundinamarca. Roldán (2003) también documenta el surgimiento de contrachusmas conservadoras, al estilo de grupos paramilitares, en Antioquia durante la época de la violencia partidista. 46 Después de todo, los movimientos de autodefensa contaban con la legalidad que les confería el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965. De igual forma, el trabajo de Zelik (2012), describe con rigurosidad las alianzas entre la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), que fungió como fachada del grupo paramilitar de Henry Pérez, y los alcaldes de Puerto Boyacá durante la década de los ochenta. 47 Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Jorge Eliecer Barranco Galván & otros. Bloque Córdoba de las Accu. 23 de abril de 2015
42
representaban las guerrillas liberales que se habían asentado en Puerto Triunfo, Remedios y
Caucasia. Uno de los efectos más “perversos” de la aparición de estas “contrachusmas” fue que
terminó por desdibujar las causas de un conflicto que aterrorizaba a la región, en tanto que estas
fuerzas paramilitares conservadoras se convirtieron en “puerta de salvación laboral” para
desarrapados y desplazados.
Recientemente, decisiones judiciales han demostrado que el paramilitarismo en Colombia no
hubieran logrado la expansión que alcanzó sin el apoyo de las Fuerzas Militares y políticos
regionales, razón por la cual, hablar de la “autonomía de los paramilitares” constituye una falacia.
Exjefes paramilitares como Hebert Veloza, alias ‘H.H’; Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’; Ramiro
Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’ y Salvatore Mancuso, entre otros, han declarado ante tribunales
de Justicia y Paz que sin el apoyo de la fuerza pública, estamentos judiciales y políticos locales, la
expansión paramilitar hubiera sido impensable48. Es así como en las sentencias proferidas por los
Tribunales de Justicia y Paz contra Ramón Isaza (mayo 29 de 2014); Dairon Mendoza Caraballo y
demás postulados del Bloque Élmer Cárdenas (agosto 27 de 2014); Jesús Ignacio Roldán Pérez
(diciembre 9 de 2014); Ever Veloza García (octubre 30 de 2014); Ramiro Vanoy Murillo (febrero 2
de 2015), se compulsaron copias para que se investigue penalmente la responsabilidad de decenas
de militares y agentes de Policía por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. El propio Ramiro
Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien fuera máximo comandante del Bloque Mineros, declaró
ante fiscales de Justicia y Paz que, en efecto, no hubiera logrado la expansión que alcanzó sin la
colaboración de la Fuerza Pública. El siguiente fragmento hace parte de una versión libre rendida en
junio de 2012 por Vanoy Murillo ante investigadores judiciales de la Fiscalía 15 de la Unidad de
Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), el cual fue reproducido por el portal periodístico
VerdadAbierta.com:
“Este jefe paramilitar confesó que él personalmente destinaba cada mes 150 millones de pesos para el pago de
policías y militares para que sus hombres cometieran toda clase de crímenes: ‘Yo le entregaba el dinero a mi
sobrino (Danilo Linares) y él se lo entregaba a los comandantes militares y urbanos y ya ellos hacían el trabajo.
¿De dónde salía el dinero? Pues del narcotráfico. Nosotros teníamos una pista en el Bajo Cauca desde donde
enviábamos la droga. ¿Qué si la Fuerza Pública sabía? Seguro que sí, pero para eso estábamos pagando’, declaró
Vanoy ante fiscales de Justicia y Paz. Si bien alias ‘Cuco Vanoy’ no ha referido nombres, sus relatos dan cuenta
que durante la presencia del Bloque Mineros se pagó dinero a miembros de la estación de Policía de Caucasia,
así como a oficiales del Ejército destacados en el Batallón Rifles, ubicado a las afueras de esta localidad.
Asimismo, según conoció VerdadAbierta.com, actualmente cursa una investigación contra el exalcalde de
Caucasia, Juan Carlos Garcés, por el delito de enriquecimiento ilícito. Garcés, quien fue mandatario local entre
2004-2007, es acusado de ser testaferro de alias 'Cuco'Vanoy. Según las versiones de Vanoy, sus influencias
también se extendieron a la Fiscalía Seccional de Caucasia. Una de las funcionarias sobre las que las autoridades
tuvieron sospechas de tener nexos con los paramilitares fue contra la fiscal Gloria Emilse Pérez Guisao, quien al
final fue asesinada el 24 de marzo de 2010, en hechos que son investigados por la Fiscalía. La Fiscalía 15 de
Justicia y Paz, que investiga el Bloque Mineros, ha podido establecer que Pérez Guisao fue compañera
48Al respecto, ver más en: http://www.verdadabierta.com/imputaciones/5290-paramilitarismo-en-uraba-no-habria-sido-
posible-sin-fuerza-publica-fiscalia ; http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3932-qla-fuerza-publica-fue-clave-para-la-expansion-de-las-aucq-mancuso y http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4087-cuco-vanoy-paramilitares-bajo-cauca-antioquia. Consultado el 27/12/2015.
43
sentimental de Miller Enciso Orjuela, alias ‘Juan Camilo’, uno de los primeros jefes urbanos que designó ‘Cuco
Vanoy’ para controlar Caucasia. Por cuenta de esta cercanía, Pérez Guisao filtró información sobre operativos,
capturas e investigaciones dirigidas contra los paramilitares”. ”49.
De otro lado, la reconstrucción histórico-jurídica hecha también en el marco de la justicia
transicional de masacres como La Gabarra; El Salado; Peque; La Horqueta; Parques del Estadio; El
Aro y La Granja, demuestran que hubo participación directa de altos oficiales del Ejército en cada
una de ellas. La sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín
contra cuatro postulados del Bloque Córdoba de las Accu señala:
“el surgimiento de los grupos de autodefensas en Córdoba fue posible por la promoción e impulso
del Ejercito Nacional, quien invitaba a los ganaderos a conformar grupos armados que operaban
como grupos civiles de apoyo al Ejército, les vendía las armas legalmente amparadas y los dotaba de
radios de comunicación”50.
Con todo y ello, describir a los paramilitares como el aparato de guerra sucia por parte del Estado
no agota las explicaciones sobre este fenómeno. De otro lado, hablar de un ejército de mercenarios
que libró una guerra contrainsurgente pero que luego alcanzó un nivel suficiente de autonomía que
les permitió controlar territorios al estilo de señores de la guerra51, desconoce los profundos vasos
comunicantes y las relaciones de dependencia que siempre existieron entre los paramilitares y
agentes del Estado.
Es claro, entonces, que una de las principales características que ha desarrollado el Estado
colombiano, por lo menos en el último cuarto de siglo, es fomentar la creación de cuerpos armados
paralelos a su fuerza armada legalmente constituida para enfrentar amenazas violentas. Lo anterior
plantea una paradoja: si uno de los principales atributos estatales es el monopolio de la violencia
legítima, ¿por qué el propio Estado fomenta el socavamiento de este atributo fundamental? La
respuesta podría estar justamente en la configuración de lo que hemos denominado campo estatal.
Alonso nos señala que este no es un proceso de formación lineal, homogénea e incremental y, en
ese orden de ideas, las guerras civiles, en este caso, el conflicto armado interno, tampoco encierra
una naturaleza binaria y claramente delimitada y que aunque este enmarcado en un contexto
nacional, a nivel regional encierra sus propias particularidades, sus dinámicas y sus intereses
políticos privados (Alonso, 2014).
En este orden de ideas podría afirmarse que el Estado “tercerizó” el uso de la violencia en los
paramilitares para fortalecerse allí donde se libraba una fuerte competencia armada y política
(como en el caso del Bajo Cauca antioqueño) no solo con las guerrillas, sino también con grupos
políticos alternativos que también aspiraban al poder político. No en vano, decisiones proferidas en
49 Ver más en: Los tentáculos del Bloque Mineros. En: http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4087-cuco-vanoy-paramilitares-bajo-cauca-antioquia Consultado el 29/03/2016. 50 Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Jorge Eliecer Barranco Galván & otros.
Bloque Córdoba de las Accu. 23 de abril de 2015 51 Hacemos alusión a los atributos que Duncan enumera para la emergencia de señores de la guerra: la toma del Estado
local; alcanzar una hegemonía política y militar; administrar justicia y explotar una economía de guerra (Duncan: 2006).
44
los distintos Tribunales de Justicia y Paz, sumadas a diversos estudios sobre el fenómeno paramilitar
en Colombia cuya seriedad y rigor los convierte en fuente indiscutible de consulta y contrastación52,
señalan que los principales blancos del paramilitarismo siempre lo constituyeron pobladores con
algún grado de representatividad local: sindicalistas, presidentes de juntas de acción comunal,
líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos; estudiantes universitarios, activistas de derechos
humanos y políticos de izquierda. Lo anterior obedecía a la lógica de la guerra contrainsurgente que
el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso describió ante fiscales de Justicia y Paz: eliminar o expulsar
del territorio a todo presunto simpatizante de la guerrilla (que por lo general, siempre ubican en
sectores de izquierda); destruir tejido social mediante técnicas de terror (desplazamientos forzados,
desapariciones forzadas; masacres) para luego ocupar territorios, ejercer dominación y control
sobre las decisiones políticas allí53.
¿Cómo entender la expansión del paramilitarismo como un proceso de fortalecimiento del campo
estatal? Los planteamientos de Hibou y Zelik pueden ser útiles al respecto. Hibou señala que en el
mundo de hoy, donde se experimenta un “desintegración” del poder, donde la centralización y la
concentración, en especial de la autoridad política y el control económico, parecen diluirse en
nombre de la supremacía del mercado, hablar de retirada del Estado es una inconsistencia pues se
parte de una visión sustancialista y normativa del poder del Estado (2013: 43). Según esta autora,
quienes ofician como agentes privados pueden entenderse como puntos de la acción estatal dado
que:
“como el Estado se define, por ejemplo, según la soberanía, o como único poseedor del monopolio
de la violencia legítima y de la tributación, se concluye que el Estado entró en decadencia o que
compite con nuevos poderes (como las redes transnacionales, las mafias o las grandes
multinacionales de asesoría y evaluación, pero también los notables jefes guerreros locales). Por el
contrario, si se considera que los puntos de intervención del Estado pueden ir más allá de las
instituciones y que la cuestión de la soberanía es distinta al poder estatal, entonces la aparición de
estos actores, de este flujo y de estos poderes que aparentemente compiten con el Estado pueden
entenderse como puntos de su intervención, nuevos o no” (Íbid.: 50).
Por su parte Zelik, en su abordaje del fenómeno paramilitar en Colombia, concluye que:
“sería equivocado interpretar el paramilitarismo como expresión de una desintegración estatal. La
capacidad del Estado colombiano de crear una estructura paralela tan eficaz, y de dirigirla
informalmente durante tanto tiempo, es muestra de su capacidad de defensa. Combinando formas
regulares e irregulares de lucha, el Estado ha logrado imponerse exitosamente sobre los movimientos
populares y revolucionarios de la década de los ochenta. No obstante, es cierto también que el
paramilitarismo es fruto de un profundo déficit de legitimación estatal, ligado a la concentración de
tierras y al poder latifundista, cuyas raíces se remontan al siglo XIX (cf. 5.3 y Fajardo 2008). Por lo
tanto, habría que interpretar la tercerización de funciones estatales como una estrategia de crisis
52 En este sentido, el universo es amplio y variado, pero en este caso en particular hacemos alusión a los estudios de Raúl Zelik (2012); Gustavo Duncán (2006); Álvaro Camacho Guizado (2009); Alec Sierra (2011) y Vilma Liliana Franco (2009). 53 Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Decisión: sentencia contra Jorge Eliecer Barranco Galván & otros. Bloque Córdoba de las Accu. 23 de abril de 2015
45
desarrollada para responder a la pertinaz rebelión social de algunos sectores de la población” (2012:
172).
Lo anterior no desconoce que, aupados en el discurso contrainsurgente, los grupos paramilitares
lograron edificar, de manera autónoma, un imperio criminal que tuvo por objeto rentables negocios
ilícitos como el robo de combustible, el narcotráfico, la extorsión; el acaparamiento (y usurpación)
de tierras para desarrollo de proyectos agroindustriales, entre otros. Dicho poder económico,
sumado a la hegemonía militar, les permitió ejercer control sobre el poder político de los territorios
bajo su dominio. Pero, tampoco se puede desconocer que sus máximos dirigentes, albergaban una
propuesta de país, cercano a los intereses de la gran propiedad y el gran capital, por lo que es válido
afirmar que no se trató solo de una confederación de grupos criminales54. En este orden de ideas,
la definición que Zelik arroja sobre los grupos paramilitares recoge en buena medida la complejidad
de este fenómeno en tanto estos constituyeron: “un híbrido entre: 1) una estructura paralela
‘tercerizada’ o externalizada con la que el Estado, fiel a las estrategias asimétricas modernas, trata
de reducir los costos políticos de la contrainsurgencia; 2) un ejército privado al servicio de amplios
sectores del gran empresariado, los terratenientes y la clase política; y 3) una estructura criminal
organizada que persigue fines económicos propios” (íbid.: 147).
De igual manera, para el caso concreto de los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá, los exjefes
paramilitares se erigieron como “hombres fuertes”. Como fuerza contrainsurgente, fueron
funcionales a los intereses del Estado de combatir a sus competidores, en este caso las guerrillas y
movimientos políticos alternativos, sobre quienes finalmente terminaron imponiéndose. Ya se
advirtió cómo el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB
persiguieron fines económicos propios, que giraron en torno al tráfico de estupefacientes y cómo
lograron un dominio hegemónico criminal que les permitió no solo dominar el territorio y las
poblaciones inmersas en él sino también fortalecerse como actor fundamental con respecto al
conjunto de actores que compitieron por el control de los capitales políticos, sociales, económicos
y simbólicos al interior de un campo estatal volátil, característico de finales del siglo XX, donde
también concentraron funciones propias del poder político y configuraron lo que Uribe denominó
una “soberanía en vilo”.
A continuación, se realizará una caracterización de la región para el momento histórico de la
desmovilización de los grupos paramilitares; es decir, los primeros años del siglo XXI. También se
describirá la emergencia de nuevos actores y la reconfiguración de las disputas por el control de los
54 Al respecto, la Fiscalía Nacional Especializada para la Justicia Transicional (antes Justicia y Paz) ha documentado una serie de pactos suscritos entre exjefes de autodefensa y políticos regionales con fines electorales: pacto de Marisco, de Tierralta; de Ralito; entre otros. Sin embargo, existen otros proyectos que los paramilitares pretendían llevar a cabo en regiones y que develan su pensamiento político. Ejemplo claro de ello lo constituye el proyecto Urabá Grande y Unida, elaborado por el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Este tuvo un componente social denominado Paso (programa alternativo social). Ver más en: http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/3330-la-telarana-de-los-paras-en-uraba. Consultado el 30/12/2015.
46
capitales económicos, políticos, sociales y culturales que acaecieron en un periodo que va de 2006
a 2013.
2.2. La percepción de estabilidad
En su definición sobre el Estado, Migdal consignó que este es “un campo de poder marcado por el
uso y la amenaza de violencia y conformado por: a) la imagen de una organización dominante,
coherente en un territorio, que es una representación de las personas que pertenecen a ese
territorio, y b) las prácticas reales de sus múltiples partes” (2011: 34). Alonso complementa el
anterior planteamiento al sustentar que “las prácticas del Estado, por el contrario, nombran el
desempeño de las instituciones, organismos, actores y sujetos que dan forma al campo estatal y
ellas pueden, por tanto, reforzar, cuestionar o debilitar la imagen que el Estado construye de sí
mismo” (2014: 142).
Así, una de las prácticas del Estado durante la segunda mitad de la década del 90 del siglo XX y los
primeros años del siglo XXI fue aprovechar el dominio hegemónico criminal alcanzado tanto por el
Bloque Mineros como por el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB para generar
entre los habitantes de la región una percepción de estabilidad, fortaleciendo de paso su imagen de
“entidad coherente, autónoma, racional, ajena al conflicto social” (Migdal, 2011: 13). Si se analiza
el comportamiento de los homicidios en las nueve subregiones de Antioquia entre los años 1995-
2005, se observa que en dicho lapso, el Bajo Cauca antioqueño registró los más bajos niveles de
violencia homicida en el departamento. A esto se suma un grupo de ocho entrevistas realizadas a
concejales y líderes comunitarios de los municipios objeto de indagación55, a quienes se les preguntó
por la seguridad en sus respectivos municipios antes de 2006 y después de este año. Todos
coincidieron en afirmar que durante los años de ocupación paramilitar la violencia homicida no
representó ningún problema pues, argumentaron, el dominio de estas estructuras era tal que no
tenían rivales en la región, lo que consolidó su posición como “hombres fuertes” en la región. A
continuación se exponen las respuestas más significativas.
Cuadro No.3
Entrevistados ¿En su opinión cómo era la seguridad del municipio para los años 2004-2006?
Entrevistado 1
(Municipio de Cáceres)
En ese año el orden público por este municipio era bueno, era tranquilo. Inclusive
esos fueron años que gozamos de tranquilidad porque en ese tiempo fue la parte
esta de la desmovilización, y me acuerdo muy claramente porque en ese tiempo
se hizo campaña, fue una campaña de política que se dejó hacer, sin ninguna clase
de prohibiciones, uno andaba libremente, no le daba miedo, entonces por este
55 Se realizaron un total ocho entrevistas en los municipios en cuestión durante los meses de diciembre de 2013 y febrero de 2014. Las personas entrevistadas fueron dos concejales del municipio de Cáceres, dos líderes comunitarios del municipio de Tarazá; un líder comunitario, un representante de víctimas y dos concejales del municipio de Caucasia.
47
municipio hasta el 2008 fue muy quieto, muy sano, a pesar que en el vecino
municipio de Caucasia, ya en el 2008 habían tendencias de criminalidad (…)
Entrevistado 2
(Municipio de Cáceres)
En el 2004 todavía existían las Auc. Tenían todo el control de la zona del Bajo Cuaca,
ellos se desmovilizaron en Ranchería, yo estuve allá. El cambio no fue bueno, fue
peor. Porque, entonces ellos tenían el control y tenían comprados al Gobierno, al
Ejército y a la Policía y la autoridad. Primero hicimos un compromiso con la
Gobernación, aquí vino el señor Landaeta, recuerdo bien, e hizo unos acuerdos con
la comunidad donde la Gobernación y los municipios se comprometían con la
sociedad civil a entregar unos recursos para inversión si recibíamos a los
desmovilizados (…)
Entrevistado 1
(Municipio de Tarazá)
No, no, no…….en el 2004 aquí prácticamente mandaban era los paramilitares, eso
no es secreto que en el pueblo andaban para arriba y para abajo como ‘Pedro por
su Casa’. En las veredas se mantenían diariamente. Después del 2007 que fue la
desmovilización de ellos, de ahí para acá ha mejorado mucho el orden público y en
este momento ha estado muy calmado la fuerza pública.
Entrevistado 2
(Municipio de Tarazá)
Estaba bien delicado eso, en cuanto a lo que tenga que ver con… porque es
delicado lo que pueda decir uno porque es que nosotros aquí sinceramente…..se
le salió de las manos al gobierno nacional el orden público de aquí, porque el orden
público lo tenían los grupos al margen de la ley, lo que es entre los años 98 hasta
el 2007, 2008…..todavía sigue pero en ese tiempo era bien complicado. La fuerza
pública, el poder aquí, no lo tenía para nada.
Entrevistado 1
(Municipio de Caucasia)
La seguridad para el 2004-2005-2006 en Caucasia era muy diferente a como era
hoy… no se presentaba homicidios, pero operaban las Auc, esa fecha concuerda
con la desmovilización de todos ellos, la desmovilización fue en el 2005, porque en
el 2004 se presentó una masacre en el Pajonal, que fue una guerra entre ‘Cuco’ y
‘Macaco’, yo creo que el proceso de paz fue en del 2005 y de ahí en adelante las
cosas estaban muy tranquilas en el municipio…
Entrevistado 2
(Municipio de Caucasia)
Era buena, la seguridad era buena, había 10 o 12 policías y con eso protegían al
pueblo. Dejábamos los carros y no pasaba nada, no se oía hablar de extorsión…era
muy buena…
El siguiente cuadro muestra el comportamiento del homicidio en las nueve subregiones de
Antioquia durante los años 1995-2005:
Subregión Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
48
Cuadro No. 4
Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia.
El análisis subregional muestra que los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá mantuvieron
comportamientos estables en materia de homicidios durante el mismo periodo.
Cuadro No. 5
Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia.
De ahí que el desmonte del paramilitarismo implicara varios retos para las diferentes entidades
estatales locales a fin de mantener dicha percepción de región estable, tales como: a) el diseño una
Bajo Cauca 137 151 139 116 147 119 113 84 92 93 140 1.371
M/Medio 49 92 90 101 102 137 115 105 109 84 59 1.043
Oriente 560 702 647 539 683 1.026 1.407 1.130 820 677 516 8.707
Suroeste 422 473 576 477 400 538 404 357 351 248 193 4.419
Urabá 938 1454 769 425 485 580 420 299 156 203 212 5.908
Occidente 206 329 477 344 263 461 233 170 144 144 157 2.928
Norte 214 249 323 278 253 345 344 382 272 227 230 3.116
Nordeste 286 283 487 244 279 374 493 305 279 196 175 3.401
Valle de Aburrá 5.944 5.242 4.727 4.104 4.339 4.440 4.878 5.016 2.976 1.895 1.335 44.896
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Cáceres 18 14 17 15 17 33 16 18 8 12 9 160
Caucasia 52 42 38 39 32 23 3 14 5 23 20 291
El Bagre 15 16 30 12 11 8 10 5 18 12 25 162
Nechí 8 2 10 5 6 0 3 1 1 1 7 44
Tarazá 50 51 31 25 62 39 61 33 49 37 62 500
Zaragoza 34 26 13 20 19 16 20 13 11 8 17 197
49
política pública que brindara opciones reales y dignas de reincorporación a la sociedad a los 4.792
excombatientes de ambos bloques; b) recuperar el uso legítimo de la coerción que había sido
“tercerizado” en los paramilitares y con ello, concentrar en el campo estatal todo el poder político
para superar el estado de “soberanía en vilo”; y c) desmontar las actividades económicas que
giraban en torno al cultivo y procesamiento de la hoja de coca y de paso, vincular la región al circuito
económico regional y nacional.
En cuanto al primer punto, vale la pena señalar que estudios realizados por el Centro Nacional de
Memoria Histórica (Cnmh) afirman que la política de reintegración de los desmovilizados de las Auc
se caracterizó por: a) no brindar opciones reales a los llamados “mandos medios”: de un lado se
estableció un tratamiento punitivo-alternativo para los máximos comandantes a través de la Ley
975 de 2005 y, de otro, un tratamiento psico-social a través de la Agencia Colombiana para la
Reintegración (Acr) para la tropa rasa; b) la situación jurídica del grueso de jefes paramilitares, los
cuales fueron extraditados a los Estados Unidos para que respondieran por delitos relacionados con
narcotráfico, incidió negativamente en el proceso; c) si bien un número alto de desmovilizados se
concentró en las ciudades capitales, otro porcentaje no menos importante ubicado en las regiones
terminó marginándose56; c) se registraron protuberantes fallas en los esquemas de seguridad para
la población desmovilizada (Cnmh: 2015).
Lo que sí es posible afirmar es que las intenciones del campo estatal de concentrar, centralizar y
monopolizar el control territorial así como de las poblaciones y las economías inmersas en él,
chocaron de frente con estructuras armadas que surgieron justo después de la desmovilización de
los bloques paramilitares. Estas tenían como características estar lideradas por excombatientes que
no se acogieron al programa de reinserción diseñado por el gobierno nacional y que además
contaban con entrenamiento militar, conocimiento del territorio y del negocio del narcotráfico así
como con algún grado de autoridad sobre la tropa. Estos hombres iniciaron un proceso de
reclutamiento tanto de desmovilizados asentados en la región como de nuevos integrantes, lo que
explica su crecimiento exponencial desde que comenzó a advertirse el fenómeno. Desde las
primeras alertas lanzadas por diversas entidades, entre ellas la Misión de Apoyo al Proceso de Paz
(Mapp) de la Organización de Estados Americanos (OEA) se recalcó en: a) su capacidad para
controlar militarmente antiguos corredores geográficos utilizados por las Auc; b) producto de lo
anterior, lograron ejercer férreo control sobre las poblaciones, convirtiéndose de paso en el
principal generador de violencia; c) un marcado interés por controlar negocios ilícitos más que por
combatir a las guerrillas.
56 Para agosto de 2006, Antioquia concentraba el mayor porcentaje de desmovilizados de las AUC con el 29% del total,
seguido por Córdoba (14%), Cesar (9%) y Magdalena (8%). Medellín, con 3.037 reinsertados registrados, se constituía en la ciudad capital con mayor población desmovilizada por encima de Montería (1.859), Valledupar (1.548) y Santa Marta (1.228). En cuanto a los municipios con una concentración significativa de desmovilizados figuraban: Caucasia, con 728 personas; Turbo, con 646; San Pedro de Urabá, con 467; Carepa, con 412; y Apartadó con 439 desmovilizados. Fuente: Agencia Colombia para la Reintegración (ACR).
50
Cabe anotar que el surgimiento de estas expresiones armadas no fue situación exclusiva del Bajo
Cauca antioqueño sino que se enmarcó dentro de un proceso mucho más complejo en todo el
territorio nacional. Cuando el gobierno nacional pidió a los máximos dirigentes de las Auc recluirse
voluntariamente en La Ceja, Antioquia, en octubre de 200657, varios de ellos, algunos de vital
importancia dentro del paramilitarismo, decidieron no presentarse. Jefes paramilitares como
Vicente Castaño (El Profe); Víctor y Miguel Mejía Múnera (Los Mellizos); Pedro Oliverio Guerrero
(Cuchillo); Ever Veloza (H.H); Luis Arnulfo Tuberquia (Memín), decidieron permanecer en la
clandestinidad. No es fortuito que varios de ellos hayan terminado como comandantes de peligrosas
estructuras armadas surgidas luego del proceso de desmovilización. Castaño fue el cerebro detrás
del nacimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Acg); Guerrero terminó como máximo
líder del Ejército Revolucionario Popular Anti-subversivo de Colombia (Erpac), estructura que
delinque en lo que antes fuera bastión del Bloque Centauros (departamentos del Meta y Vichada);
Tuberquia, junto con Veloza, lideraron la conformación de una estructura armada en el suroeste
antioqueño. Ambos fueron capturados por las autoridades de Policía en 2008; Los hermanos Mejía
Múnera conformaron un grupo armado con antiguos desmovilizados y narcotraficantes de varias
regiones del país que tuvo por nombre “Los Nevados”. Este grupo tuvo injerencia en los
departamentos de Antioquia, Santander y Magdalena.
2.3. Fenómeno “Bacrim”: ¿Expresión criminal o continuidad paramilitar?
Antes de caracterizar lo ocurrido en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá entre los años
2006-2013, es necesario advertir que la dinámica del fenómeno de los grupos armados
postdesmovilización ha dado lugar a un intenso debate sobre cómo denominar a estos grupos y si
estos representan la continuidad del fenómeno paramilitar o, por el contrario, son una compleja
manifestación de crimen organizado. No se trata de una discusión meramente semántica ya que,
como lo advierte Massé, esta tiene alcances políticos, jurídicos y operativos:
“De su caracterización dependen las entidades encargadas de combatirlas. El debate sobre el carácter
político de las Autodefensas y de los nuevos grupos ha tenido también implicaciones sobre cómo
definir legalmente a estos grupos con base en estándares legales, nacionales e internacionales. A su
vez, la denominación de estos grupos con base en esos estándares ha tenido un efecto sobre la
política de asistencia a la población afectada (2011: 42)”.
Al respecto, el estudio elaborado en 2007 por Mauricio Romero para la extinta Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación (Cnrr), propuso las tipologías ideales de emergentes, disidentes y
rearmados:
“En resumen, los grupos disidentes mostrarían la permanencia de segmentos del paramilitarismo de
“segunda generación” y su transformación en organizaciones similares a las del crimen organizado;
los rearmados reflejarían la fragmentación de organizaciones que perdieron su antigua estructura y
la diáspora de personas desmovilizadas; y los emergentes expresarían la visibilización de la
criminalidad subyacente que operaba bajo la sombrilla de las AUC o la constitución de grupos de
57 Ver más en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3156142. Consultado el 2/1/2016.
51
diversa composición con el propósito de ocupar los vacíos de poder dejados por las antiguas AUC.
Los tres tipos evidencian la persistencia de organizaciones con un propósito marcado hacia el
narcotráfico, como queda evidente con la coincidencia entre los territorios de ubicación de estos
grupos y las zonas de cultivos de uso ilícito, pero también de control político local y coacción armada
hacia grupos de la sociedad civil, incluyendo las víctimas de las AUC” (Cnrr, 2007: 67).
En 2009, Granada, Restrepo y Tobón retomaron las tipologías construidas por Romero para analizar
el fenómeno de los grupos armados postdesmovilización pero desde una dimensión cualitativa que
incluyó las variables de: a) origen, con relación a la postura de estos grupos frente al proceso de
desarme, desmovilización y reinserción (DDR); b) tipo de organización, relativo a su estructura de
comando y control; c) objetivos de influencia o sus elementos de construcción de poder; d) objetivo
de combate, donde se evalúa si existe el carácter contrainsurgente (Granada et Al: 2009: 460). Con
base en lo anterior, los investigadores propusieron las tipologías de:
Nuevos ejércitos paramilitares (NEP): tienen como objetivo la contrainsurgencia y buscan la captura
del Estado. Son estructuras de corte militar, con uniformidad de sus miembros. Usan armamento
de guerra, son capaces de ejecutar operaciones de gran envergadura, combates directos y
generación de nuevos espacios de poder mediante el control poblacional y la contrainsurgencia.
Paramilitares dispersos (PAD): grupos disidentes con organización en red que realizan acciones
tendientes al logro de objetivos criminales. Son una marca que se reproduce en el territorio, la cual
es usada por grupos heterogéneos. No son ejércitos en el término estricto, pero aprovechan
espacios de poder para el logro de objetivos paramilitares.
Nuevas Autodefensas (NAU): grupos rearmados con estructura híbrida. La mayoría de los grupos
que pertenecen a esta categoría, al igual que los nuevos ejércitos paramilitares, ejecutan acciones
de contrainsurgencia y control sobre la población. Sin embargo, su tipo de estructura y su capacidad
de combate los diferencian.
Fuerzas Criminales Anexas (Fuca): de origen emergente, con estructuras tanto híbridas como
jerárquicas. La mayoría de estos grupos no presentan acciones de contrainsurgencia ni de captura
del Estado. Pueden estar constituidos por organizaciones criminales ya existentes que aprovechan
y son aprovechadas por el fenómeno neoparamilitar para el logro de sus objetivos primarios; es
decir, la criminalidad organizada (Granada et al: 2009).
Años después, el mismo Romero calificó a estas estructuras como “neoparamilitares”:
“Por neoparamilitares se entienden grupos reorganizados luego de la desmovilización de las AUC en
las diferentes regiones de influencia de esa organización. Participan en dicha reorganización antiguos
miembros de los diferentes frentes de las AUC, no desmovilizados y nuevos enlistados. Si bien estos
grupos no tienen un mando central como pudo aspirar Carlos Castaño, jefe de las AUC entre 1997 y
2001, y están vinculados al narcotráfico, también cumplen funciones locales de control social y
político muy similares a las de los antiguos paramilitares congregados bajo las AUC. (2010: 31)”.
52
Definición diametralmente opuesta propuso el gobierno nacional, que desde sus primeras
manifestaciones fue enfático en desligar el accionar de estas estructuras con un rebrote del
paramilitarismo. En 2010, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, profirió el
Decreto 2374 del 1 de julio, “por medio del cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las
Bandas y Redes Criminales”. Allí, el Ejecutivo nombró a estos grupos como bandas criminales
“Bacrim”, definiéndolas como “organizaciones de carácter multidelictivo, independientes unas de
otras, carentes de toda ideología, que se desplazan hacia zonas donde convergen las fases de la
cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas como las Farc
y el Eln”. En el documento también se señala que estas bandas criminales actúan tanto en lo rural,
donde sus miembros poseen armas de guerra y tienen jerarquía, custodian, explotan y disputan
zonas estratégicas para el narcotráfico y otras modalidades delictivas; y también en lo urbano, a
través de redes criminales, que si bien no hacen parte estructural de la organización sí se identifican
como miembros de la “Bacrim”, poseen armas cortas y han sido absorbidas o financiadas
directamente mediante una especie de contratación informal para tareas específicas, como la de
incidir en la comisión de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, entre otros.
Diversos sectores han criticado fuertemente dicha denominación pues argumentan que, primero,
esconde el fracaso que significó el proceso de paz con las Auc y, segundo, desconoce un nivel de
violencia que estos grupos despliegan, en general, dirigida contra la sociedad civil, tal como lo
hicieron en su momento las Auc.
Echandía, sobre el particular, señaló lo siguiente:
“Con la denominación de bandas criminales se ha buscado poner en primer plano que la
desmovilización de las Autodefensas condujo al fin del paramilitarismo, ya que estas nuevas
organizaciones no tienen una orientación política. Sin embargo, la dimensión contrainsurgente no
fue el aspecto central de los grupos desmovilizados y, por lo tanto, las llamadas nuevas bandas
criminales presentan continuidad con las organizaciones que han existido en el país en los últimos
treinta años en estrecha relación con el narcotráfico (2012: 38)”.
Por su parte, Rico Chavarro también apuntó:
“Ante el aumento inusitado del fenómeno Bacrim en todas las regiones del país, expresado por todo
tipo de acciones ilegales que someten a la sociedad bajo el principio del miedo y la impunidad, se
evita poner de presente el fracaso del proceso (de desarme, desmovilización y reinserción de las Auc)
y la sistemática profundización de la situación humanitaria y de derechos humanos, con evidencia de
abusos graves y generalizados contra la población civil como masacres, ejecuciones extrajudiciales,
amenazas y extorsiones (2010: 41)”.
Para Medina Gallego, no existe mayor diferencia entre bandas criminales (bacrim) y
neoparamilitares más allá del énfasis que se hace de los primeros como administradores de
economías ilegales ligadas al narcotráfico, la explotación ilegal de recursos minero-energéticos y
agropecuarios y de los segundos en relación a su articulación al control territorial y el discurso
contrainsurgente:
53
“El fenómeno de las bacrim y del neo-paramilitarismo se desarrolla en los ámbitos rurales y urbanos
y no sólo en los territorios marginales, sino igualmente en centros de desarrollo económico, social y
político de importancia relevante, en las grandes ciudades, en los principales departamentos del país
y en las regiones de principal desarrollo económico; constituye la mutación de un fenómeno que
migró de la lucha anticomunista y antisubversiva, sin abandonarla, hacia la administración criminal
del territorio y de las actividades que posibilitan el desarrollo social, económico y político del mismo
(…) Las bacrim tienen una relación con otros agentes que pertenecen a organizaciones
institucionales, empresariales o delictivas que se unen para mostrar su potencial persuasivo y
violento en las zonas donde mantienen el control. Igualmente, cuentan con un sorprendente poder
económico construido en un proceso de acumulación criminal de capital que los obliga a contar con
agentes que cooperan en la administración de sus economías, señalándoles cómo deben moverse y
cómo actuar en los circuitos económicos” (2014: 26).
Prieto sostiene que pese a las denominaciones construidas hasta ahora, las cuales varían según sus
enfoques (origen, tipo de organización, objetivos y repertorios de violencia), existe consenso tanto
en los círculos académicos como en las organizaciones estatales frente a dos características
fundamentales de estos nuevos grupos armados postdesmovilización: el primero es su capacidad
para las actividades criminales de mediana y gran escala lo que les ha permitido conquistar y
controlar mercados ilegales, desplegando para ello repertorios de violencia utilizados en su
momento por los ejércitos paramilitares (desplazamientos forzados, desapariciones forzadas,
asesinatos selectivos, desmembramiento de cuerpos, masacres). En segundo lugar, la falta de
intencionalidades políticas que justifiquen su accionar (Prieto, 2013: 3). Por ello, propone centrarse
más en la dinámica del fenómeno como tal que en sus protagonistas, pues tratar de establecer
diferencias y similitudes entre las llamadas “bandas criminales” y los grupos paramilitares puede
conducir a una trampa epistemológica toda vez que se puede tender a exagerar y mitificar las
características del paramilitarismo a su vez que subestimar y minimizar el alcance de los grupos
armados postdesmovilización. (Íbid.: 8).
Más adelante se retomará esta discusión pero ya bajo el tamiz de los resultados que arrojó la
indagación por la dinámica que tuvo este fenómeno en los municipios objeto de esta investigación.
Por lo pronto, es posible afirmar, en la línea que propone Prieto, que pese al abanico de
denominaciones con las que se ha pretendido rotular a las “bandas criminales” existen mínimos
consensos frente: a) el origen de estos grupos. Si bien a finales de la década de los noventa
poderosos narcotraficantes crearon ejércitos privados para el cuidado de rutas, laboratorios, entre
otros; y en algunas regiones del país el paramilitarismo se apoyó en redes criminales ya existentes
(caso Medellín), es claro que fue la desmovilización de los bloques paramilitares -y la posterior
extradición de sus máximos dirigentes en 2008- el hito histórico del fenómeno “Bacrim”; b) su
carácter criminal. Aunque los grupos paramilitares persiguieron fines económicos propios,
consolidando también un imperio criminal, este se enmarcó dentro de una “tercerización” de
funciones coercitivas para el fortalecimiento del campo estatal en aquellas zonas donde se libraron
intensas competencias por el poder político, situación que no es posible afirmar en el caso de las
denominadas “Bacrim” toda vez que la violencia desplegada por estas no responde a una
“tercerización” de funciones coercitivas, ni se da en el marco de una competencia armada de
54
naturaleza política. Por el contrario, se advierte el afán de lucro y enriquecimiento, propio de las
organizaciones de crimen organizado; c) la complejidad de los repertorios de violencia. En el modus
operandi de estos grupos armados postdesmovilización se advierten desde actos terroristas,
pasando por ataques sicariales hasta confrontaciones directas de ejército irregular. No se trata
tampoco de un fenómeno exclusivo de regiones marginales o periféricas. Se registra tanto en los
principales centros económicos del país como en alejadas zonas rurales. La violencia desplegada por
las denominadas “Bacrim” ha tenido como finalidad destruir tejido social en aquellas zonas vitales
para los mercados ilegales, principalmente el narcotráfico. De ahí que un número significativo de
víctimas de estas organizaciones lo constituyan personas con algún grado de representatividad al
interior de las comunidades58.
2.4. La reingeniería criminal
Pese al desmonte de los bloques paramilitares que durante años ejercieron poder y dominio en el
Bajo Cauca antioqueño, la actividad económica del narcotráfico, tanto en su siembra como en su
procesamiento y comercialización, mostró comportamientos al alza en la región durante los años
2006 y 2012, lo que significó una oferta delincuencial permanente y elevada. No obstante los planes
de sustitución de cultivos ilícitos impulsados por el gobierno nacional así como las estrategias de
aspersión aérea y erradicación manual, los sembradíos de hoja de coca mostraron un
comportamiento intermitente tal como lo muestra el cuadro 5, que contiene los reportes del Simci
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc):
Cuadro No. 6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.157 ha 9.926 ha 6.096 ha 4.554 ha 5.350 ha 3.040 ha 2.699 ha
58 En sentencia proferida el pasado 28 de abril de 2016 por la Sala de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’ o ‘8-5’ y otros seis integrantes más del Bloque Mineros de las Auc, se consigna el papel de los mandos medios, bien en el fin de la guerra o bien en la continuidad de la misma. Destaca la providencia cómo los siete postulados en mención trasegaron por grupos armados ilegales (Farc-Epl-Eln) o de delincuencia organizada antes de ingresar a las Auc. En ese sentido, destacó la decisión judicial, la importancia de los llamados mandos medios en tanto poseen conocimiento del manejo de tropa así como la obtención de cuantiosos recursos por vías criminales, lo que los convierte en ‘mano de obra altamente calificada’ para el reciclaje de la guerra. En ese orden de ideas, consigna la decisión, “la Colegiatura es la llamada a dejar constancia histórica de la importancia que los procesos de justicia transicional comporten una talanquera al reciclaje de la guerra, pues se ha evidenciado no solamente dentro de este proceso sino de la demás tramitados ante esta Sala, que es una constante el círculo al cual ingresa quien es reclutado dentro de una estructura criminal como las que son objeto de juzgamiento dentro de la Ley 975 de 2005, continuidad de la cual no le es posible escapar hasta tanto no sea intervenido su actuar desde los aspectos más íntimos de su vida, con procesos de reinserción que realmente ofrezcan soluciones a largo plazo al problema del conflicto armado que aún subsiste y que desdibuja uno de los principales objetivos de la justicia transicional: la garantía de no repetición”.
55
Fuente: Simci.
Si, como se advirtió en su momento, los bloques paramilitares fueron los reguladores exclusivos de
la actividad económica del narcotráfico; actividad que resultó determinante para la vida de la región,
¿qué sucedió, entonces, con este negocio luego de 2006? ¿Qué transformaciones se registraron
desde entonces y cómo incidió en las dinámicas sociales, económicas y políticas de la región?
Antes de responder tal interrogante, vale la pena explicitar lo que significó el dominio hegemónico
criminal que por años mantuvieron el Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena
Medio del BCB. La sentencia proferida el 28 de abril de 2016 por la Sala de Conocimiento de la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’
o ‘8-5’ y otro seis postulados del Bloque Mineros de las Auc, destaca en su análisis del accionar de
esta estructura paramilitar lo siguiente:
“El control sobre el monopolio de la violencia, así como del entorno social y territorial, se llevó a cabo a través
de órdenes impartidas a los integrantes de la organización, quienes las ejecutaron a través de prácticas
sistemáticas, generalizadas y reiteradas como la mal llamada “limpieza social”, la cual involucraba conductas
delictivas como homicidio y desapariciones forzadas de personas. Dichas conductas delictivas, que en criterio de
quienes simpatizaban o se beneficiaban de las mismas generaban lo que podría llamarse una falsa sensación de
seguridad pública, lo que realmente ocultaban era una política encaminada no a beneficiar a la población, sino
a obtener el completo monopolio de la delincuencia en las zonas de dominio paramilitar, ya que si bien, por
ejemplo, se asesinaba personas que cometían hurtos o consumían estupefacientes, lo cierto es que los
miembros del GAOML también ejecutaban dichos actos, los cuales permanecían en la total impunidad, ya que
cuando se denunciaban los mismos las víctimas eran asesinadas o desplazadas. Finalmente, se tiene que los
diversos comportamientos criminales ejercidos por los miembros del Bloque Mineros de las A.U.C. en el Bajo
Cauca antioqueño no fueron consecuencia de hechos aislados e independientes, sino que los mismos
obedecieron a un plan o política de la organización criminal ya que tenían unos fines específicos según se dejó
esclarecido en cada uno de los acápites correspondientes”.
Es claro entonces que el dominio hegemónico criminal ejercido tanto el Bloque Mineros como el
Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio se enmarcó dentro de una “política” trazada por
ambas estructuras paramilitares tendiente a imponerse ante sus competidores criminales, controlar
territorio y poblaciones y de paso, como ya se advirtió, fortalecerse como un actor fundamental en
el campo estatal. Así, lo primero en señalar es que, tras la desmovilización de estos dos bloques
paramilitares sobrevino un proceso de fragmentación violenta de dicho dominio hegemónico
criminal que por años mantuvieron estas estructuras. Esto, a su vez, supuso una reingeniería
criminal que dio como resultado la emergencia de grupos armados con alta capacidad de fuego, con
aprendizajes heredados de la lucha contrainsurgente pero con marcados intereses en las actividades
económicas ilegales. Podría afirmarse que mientras lo bloques paramilitares ejecutaron una
“política del terror” para asegurarse el dominio hegemónico tanto de las actividades criminales
como de las poblaciones, lo que generó una falsa percepción de estabilidad; los nuevos grupos
armados postdesmovilización entraron en una competencia violenta por el control de actividades
económicas ilegales que generó una sensación de inseguridad e inestabilidad en la región. Si bien
las prácticas ejecutadas por estos nuevos grupos armados postdesmovilización son similares a las
56
ejecutadas por los paramilitares59, tanto las motivaciones como las intencionalidades marcan una
abrupta ruptura entre el periodo de la hegemonía paramilitar y la disputa violenta de estos nuevos
grupos, que a su vez, explica la reingeniería que experimentó la criminalidad en la región durante el
periodo 2006-2013.
Frente al surgimiento de estos nuevos grupos armados postdesmovilización en el Bajo Cauca
antioqueño, versiones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por parte de antiguos combatientes del
Bloque Mineros permiten afirmar que existía la intención de mantener expresiones armadas en la
región para el control de las actividades económicas ilegales. El siguiente es un fragmento de la
diligencia de versión libre rendida ante fiscales de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y
Paz) por José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘85’, lugarteniente de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco
Vanoy’:
“Alias ‘Picapiedra’ (Wilson Mejía Salgado, comandante militar del Bloque Mineros), me dijo a finales
de 2005 que no entregáramos unos fusiles. Él y (alias) Puma (Germán Bustos Alarcón) quedaron al
mando del Bloque (Mineros) cuando el comandante ‘Cuco’ se concentró en Santafé de Ralito. Desde
allá nos dijeron: ‘recojan todos los fusiles que hay en las escuadras móviles para llevarlos a la
escuela60’ y no sé qué pasó con esos fusiles. Eran entre 160 y 200 fusiles”61.
Para finales de 2006 comenzó a advertirse la presencia de estos grupos armados
postdesmovilización. En su Informe VIII de febrero de 2007, la Mapp-OEA consignó:
“En la región del Bajo Cauca, municipios de Caucasia y El Bagre, se han realizado tareas de verificación
por parte de la Misión con resultados preocupantes. Se presume que en la zona opera una estructura
de desmovilizados del BCB con sesenta (60) integrantes aproximadamente. En los cascos urbanos
mantendrían el control de la población, vistiendo de civil y usando armas cortas. En el área rural
estarían patrullando de camuflado, realizando detenciones temporales y requisando viviendas. El
control social sobre las comunidades les permitiría monopolizar el control de las economías ilícitas”.
En octubre de 2007, la Misión señaló en Informe X:
“En el Bajo Cauca, luego de la desmovilización de las Autodefensas, la Misión verificó la permanencia de una estructura armada ilegal dirigida por integrantes del desmovilizado Bloque Central Bolívar, la cual centró su accionar en la venta de insumos y el acopio de la base de coca. En el primer semestre de 2007, la MAPP/OEA verificó una situación crítica, en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Cáceres y Caucasia, lugares en los cuales la práctica de descuartizar los cuerpos y arrojarlos al río ha sido recurrente. Durante el mes de julio de 2007 la Misión verificó en el corregimiento de Puerto Clavel, en el municipio de El Bagre, la desaparición de tres personas, que fueron encontradas descuartizadas a lo largo del río Nechí. Luego de este hecho, la Fuerza Pública ha reforzado su presencia en esta zona, logrando avances en la recuperación del orden público; la banda criminal ha bajado su perfil,
59 También podría añadirse que los miembros de estos nuevos grupos son antiguos paramilitares. 60 La escuela a la que hace referencia el desmovilizado es centro de entrenamiento paramilitar ubicado en la Hacienda
Ranchería, vereda Pecoralia, corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá. 61 Extracto de diligencia de versión libre rendida por José Higinio Arroyo Ojeda ante fiscales de Justicia y Paz, presentada por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz en audiencia de control de legalidad ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el día 24 de agosto de 2011.
57
manteniendo una influencia marginal en los cascos urbanos, donde aún ejerce presión sobre la población.
Para febrero de 2008, un año después de la primera alerta, el fenómeno ya mostraba niveles preocupantes, tal como lo consignó la Mapp-OEA en su Informe XI:
“En el Bajo Cauca antioqueño, se continúan presentando retenes ilegales que tienen como objetivo el control de movilidad. En municipios como Zaragoza y El Bagre forasteros que ingresaron a las zonas con propósito de establecer vínculos comerciales, sin autorización de la facción armada, fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al río Nechí”.
El proceso de fragmentación se agudizó luego de la extradición a los Estados Unidos de 14 exjefes
paramilitares, entre ellos Ramiro Vanoy Murillo y Carlos Mario Jiménez, autorizada por el entonces
presidente, Álvaro Uribe Vélez, el 13 de mayo de 2008, para que respondieran por delitos de
narcotráfico. Con ello, las probabilidades de que los “hombres fuertes” del Bajo Cauca antioqueño
continuaran controlando tanto sus antiguos combatientes como el imperio criminal que llegaron a
construir se desvanecieron. Promediando 2009, en zonas rurales y en los cascos urbanos de
Caucasia, Cáceres y Tarazá se hablaba con insistencia de ‘Águilas Negras’, ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Don
Mario’. Si bien es confusa la información disponible sobre el surgimiento de cada uno de estos
grupos armados postdesmovilización, es posible afirmar que en cada uno de ellos se advierte la
presencia de importantes mandos medios tanto de los bloques Mineros como del Frente Nordeste,
Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB. De igual forma, es notoria la injerencia de estas estructuras
en los territorios que antes dominaron las Auc62:
Águilas Negras: surgió en el corregimiento La Caucana de Tarazá, liderado por Rafael Álvarez Pineda,
alias ‘Chepe’; Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; y Antonio Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra’,
antiguos lugartenientes del Bloque Mineros. Desde sus inicios tuvo como objetivo controlar las
zonas de cultivo y las rutas de exportación de alcaloides que otrora manejara Ramiro Vanoy Murillo,
alias ‘Cuco Vanoy’.
Los Rastrojos: a finales de la década de los noventa, Wilber Alirio Varela, alias Jabón, uno de los
cabecillas del Cartel del Norte del Valle, encargó a su jefe de sicarios, Diego Calle Serna, alias
‘Comba’; y a Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’ para que crearan un ejército privado cuyo
objetivo fuera cuidar las rutas de narcotráfico y las zonas de cultivo en el occidente del país. Aunque
nacen en el Valle, “Los Rastrojos” iniciaron un proceso de expansión al sur del país (Cauca y Nariño);
luego coparon gran parte del departamento del Chocó y de ahí pasan al departamento de Córdoba
y a municipios de Antioquia, particularmente al Bajo Cauca antioqueño. En esta región se instalaron
con fuerza en Caucasia y Cáceres, específicamente en el corregimiento Piamonte de esta localidad.
Allí se erigió como máximo comandante de esta estructura Ángel de Jesús Pachecho Chancy, alias
‘Sebastián’, quien fuera hombre de confianza de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
62 La siguiente caracterización se construye con información suministrada por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz.
58
Los Paisas: aunque en diversas partes del país se advirtió el surgimiento de grupos armados
postdesmovilización que respondían al nombre de ‘Los Paisas’, en el caso concreto del Bajo Cauca
antioqueño este corresponde a un brazo armado de la facción de la denominada ‘Oficina de
Envigado’ que lideró Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’. Su origen respondió a la
necesidad de la ‘Oficina de Envigado’ de seguir contando con los suministros de base de coca que le
proveía el Bloque Mineros. Se trató de una organización híbrida compuesta por sicarios
provenientes de Medellín y antiguos excombatientes de las Autodefensas como Cesar Arturo Torres
Lujan, alias ‘Mono Vides’ y Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’.
Don Mario, los ‘Urabeños’, Autodefenas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan Úsuga’: Dada la
importancia que reviste este grupo armado postdesmovilización su caracterización se dejará para
más adelante.
2.5. Reconfiguración de las luchas regionales
Las luchas que han determinado el carácter del Bajo Cauca antioqueño comenzaron a
reconfigurarse, no solo por la emergencia de nuevos actores, en este caso los grupos armados
postdesmovilización, integrados por antiguos combatientes de las Auc, con aprendizajes de guerra,
conocimiento del territorio y alta capacidad de confrontación; sino porque estas se dieron en el
escenario sumamente volátil de un mercado ilegal que también comenzó a transformarse, pues la
región pasó de la bonanza de la hoja de coca, producto de los continuas fumigaciones aéreas y la
intensidad de los programas de sustitución63, al resurgir de la bonanza del oro, gracias al incremento
del precio del metal en los mercados internacionales.
Este nuevo boom minero se desarrolló en otras condiciones regulatorias que terminaron por ser
nueva fuente de conflictos. En 2001, se aprobó la Ley 685 de 2001 (Código Minero), que introdujo
notables cambios en la explotación de minerales en el país, entre ellos: a) se pasó de un esquema
donde el Estado participaba de forma directa y real en la explotación minera (Estado empresario) a
través de los contratos en áreas de aporte minero64 a un modelo de promoción de la industria
minera mediante inversión privada (preferentemente extranjera) donde la función estatal también
se diversificaba: facilitador, promotor, regulador, fiscalizador, entre otros; b) se eliminaron las
categorías establecidas según el tamaño de explotación (pequeña, mediana y gran minería); y c) se
trazó una política de combate frontal contra la informalidad en la explotación minera y para ello se
inició un programa de formalización en todo el país. La nueva política tuvo efectos
contraproducentes, tanto en el plano del estímulo al inversionista como en la formalización minera,
según lo señaló la Contraloría General de la República:
63 Buena parte de estos planes de sustitución se enmarcan dentro de los planes de la Política de Consolidación Territorial,
de la cual se hablará más adelante. 64 El aporte minero constituía una forma de delegación de autoridad sobre áreas de explotación minera. En esta figura era optativa la participación del Estado en la explotación (el Estado empresario). Para la delegación, los proyectos debían incluir el denominado “beneficio de la Nación” (Contraloría: 2013).
59
“Las particularidades de esta política, que fueron implantadas al iniciar el milenio, obviamente se
enmarcan con claridad en el contexto de la apertura sectorial y la globalización. El desaparecimiento
de las diferencias entre tipos de minería en consideración a su tamaño, presentado como un
mecanismo para facilitar la administración del servicio minero, lo que representó fue una forma de
estímulo al gran inversionista minero pero a su vez un gran desestimulo al pequeño minero que no
encontró en esta figura un principio de equidad (…) el proceso de legalización actual, de acuerdo con
sus exigencias de tradición minera, es un programa dirigido exclusivamente a mineros con tradición.
Es decir que, durante 16 años y hasta 2010 existió un mecanismo para legalizarse de baja exigencia y
con pocos resultados en términos de cantidad de títulos legalizados. Hoy día, existe un mecanismo
más exigente, que implica al minero la demostración de su tradición” (2013: 4).
Por su parte, Giraldo y Muñoz plantearon que, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño, la
fuerte presión militar ejercida contra los encadenamientos productivos del narcotráfico llevó a que
muchas personas dedicadas a esta actividad económica migraran hacia la minería, dando origen a
los llamados “mineros emergentes”, fenómeno que produjo serias distorsiones en cuanto que: a)
no se acogieron a la normatividad existente y por ende, además de informales, comenzaron a ser
catalogados como ilegales y por ello, ser objeto de persecución por las autoridades; b) sus métodos
de explotación produjeron devastadores daños ambientales; c) la convergencia de mineros
emergentes y grupos armados postdesmovilización terminó por incrementar el poder de estos
últimos gracias a la presencia de nuevas y cuantiosas rentas derivadas de acciones criminales sobre
un producto totalmente lícito (Giraldo & Muñoz: 2012).
El nuevo marco regulatorio no logró frenar el carácter informal de la minería en el Bajo Cauca
antioqueño. Por el contrario, aumentó y comenzó a ser catalogada como “ilegal”. Y esta interacción
entre alta informalidad y la presencia de estos nuevos grupos armados postdesmovilización
terminaron configurando una economía criminal, en el sentido de Giraldo y Muñoz65. La regulación
de esta actividad económica comenzó a ser objeto de una disputa que enfrentó a agencias estatales
del orden nacional con las del orden local; a estas con los grupos armados postdesmovilización, y
estos a su vez entre ellos mismos. Lo anterior dio como resultado un incremento en los niveles de
violencia que la región no había presenciado. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República, los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, y
Zaragoza, hicieron parte de un reducido grupo de localidades del departamento que entre los años
2010-2012 superaron la tasa de 36.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Dicha tendencia
obedeció al enfrentamiento entre las llamadas “Bacrim” por el control de las economías criminales.
La organización defensora de derechos humanos Instituto Popular de Capacitación (IPC), reseñó en
informe producido en 2013 cómo la violencia homicida en los municipios del Bajo Cauca antioqueño,
generada en buena parte por las confrontaciones entre las llamadas “bandas criminales”, aumentó
considerablemente las muertes violentas en toda la subregión, al pasar de 126 asesinatos en 2008
a 370 en 2011 (2013: 214). Así, la percepción de región estable, sustentada en bajos niveles de
65 Según este par de autores, definir “economías criminales” supone un análisis complejo, máxime cuando el crimen está asociado a principios religiosos o políticos. Sin embargo, un principio de definición de este concepto apunta a la interacción de economías informales productivas con organizaciones criminales.
60
violencia homicida, comenzó a fracturarse, dando paso a un imaginario de región con altas tasas de
inseguridad e inestabilidad. Y así como en los años de dominio hegemónico paramilitar se erigieron
centros alternos de poder como lo fueron los corregimientos La Caucana de Tarazá y Piamonte de
Cáceres, la fragmentación violenta también se sintió con mayor fuerza allí.
En los cuadros 7 y 8 se consignan los registros de homicidios cometidos entre 2006-2013 tanto en
las nueve subregiones de Antioquia como en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño. Allí se
puede observar cómo esta región, en tan solo ocho años, generó el doble de asesinatos que los
registrados en toda una década, convirtiéndose de paso en la región más violenta del departamento,
a excepción del Valle de Aburrá, cuyas cifras se explican por la inclusión de Medellín. De igual forma,
el análisis del comportamiento de la violencia homicida en los municipios de la región muestra que
si bien hubo un incremento generalizado en todos ellos, las mayores cifras de asesinatos se
concentraron en Caucasia, Cáceres, Tarazá y Zaragoza.
Cuadro No. 7
Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia
Cuadro No. 8
Subregión Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Bajo Cauca 174 122 249 530 414 306 200 212 2.207
M/Medio 76 75 84 114 92 58 76 44 619
Oriente 372 301 223 226 196 222 161 157 1.858
Suroeste 243 190 165 198 172 177 167 164 1.476
Urabá 199 264 281 305 274 239 197 127 1.886
Occidente 158 107 103 133 134 123 100 73 931
Norte 265 254 221 279 246 224 197 135 1.821
Nordeste 145 184 180 201 237 198 403 170 1.718
Valle de Aburrá 1.223 1.175 1.468 2.937 2.763 2.170 1.682 1.296 14.714
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Cáceres 25 19 29 83 82 50 39 27 354
Caucasia 20 25 98 192 124 70 25 58 612
61
Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia
Todo lo anterior tuvo lugar en un contexto de fortalecimiento continuo del campo estatal local.
Desde 2004, el poder ejecutivo estatal puso en marcha una intervención denominada Política
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial que, tal como su nombre lo indica, pretende
“garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado a
través de acciones sociales y económicas en regiones del país afectadas por la presencia de grupos
armados ilegales, cultivos ilícitos y débil presencia institucional”66. La implementación de dicha
política implicó la inyección de cuantiosos recursos económicos destinados al fortalecimiento de
entidades estatales del orden local tales como las Personerías, las Fiscalías y sus aparatos de Policía
Judicial; la Fuerza Pública y en general todo el sistema judicial. También significó fortalecer la acción
de entidades estatales como la desaparecida Acción Social (hoy Unidad de Víctimas y Departamento
para la Prosperidad Social), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICbf); Instituto Colombia de
Desarrollo Agrario (Incoder), entre otros. Representó además llevar a la región programas de
asistencia del orden nacional como Familias Guardabosques y Familias en Acción, además de
desarrollar agresivos planes de sustitución de cultivos ilícitos en convenio con agencias de
cooperación internacional y agencias de Naciones Unidas como la Oficina en Colombia de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Lo anterior con la intención de concentrar todo el poder
político, sobreponerse a sus competidores y fungir como único generador de reglas y única instancia
de regulación política, económica, social y cultural de la región.
66 En términos prácticos, las acciones del Plan de Consolidación, por lo menos en el Bajo Cauca, apuntan concretamente a: fortalecer en estas localidades el aparato de justicia, mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública, adelantar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.
El Bagre 28 14 36 70 45 39 43 43 318
Nechí 9 13 13 23 36 10 10 5 119
Tarazá 66 45 52 114 38 44 45 27 431
Zaragoza 26 6 21 48 89 93 38 52 373
62
3. Fortalecimiento del campo estatal
Con su concepto de gubernamentalidad, el filósofo francés Michel Foucault67 propuso un nuevo
marco analítico: el Estado abordado, no como aparato o entidad cohesionada, dotada de un poder
soberano per se, sino como un conjunto de tácticas, cálculos, procedimientos, reflexiones que
permiten ejercer una forma específica de poder (poder estatal) sobre las poblaciones, pues como él
mismo lo señaló en su clase del 8 de febrero de 1978, “nunca se gobierna un Estado, nunca se
gobierna un territorio, nunca se gobierna una estructura política. Los gobernados, con todo, son
gente, hombres, individuos, colectividades (…) en principio y fundamentalmente, al menos a través
de este primer señalamiento, aquellos a quienes se gobierna son los hombres” (1984: 149).
Bajo este enfoque puede afirmarse que la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción
Territorial constituye lo que Foucault denominó una tecnología de gobierno68. Dicha tecnología,
67 Se trata de la propuesta teórica planteada por Michel Foucault en sus famosas lecciones del College de France de los
años 1978 y 1979 y que luego fueron publicadas bajo el título Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la biopolítica. 68 Según Foucault, la soberanía radicaba en el gobierno de las poblaciones pues eran los hombres, a partir de sus hábitos y costumbres particulares, quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del territorio y que, por tanto, no se trataba de imponer leyes o castigos sobre los hombres que habitaban un territorio, sino de desplegar técnicas, tácticas y tecnologías de gobierno (tanto discursivas como no discursivas, en este caso, las políticas públicas) que permitan a esos hombres conducirse de tal forma que sus acciones puedan generar un aumento de riquezas para el Estado.
63
según la describió el centro de pensamiento Fundación Ideas para la Paz se fundamenta
conceptualmente en tres pilares: a) la doctrina contrainsurgente; b) la continuidad de la política
antidroga desarrollada en el Plan Colombia; y c) un componente de desarrollo territorial (2011: 13).
Su génesis se encuentra ligada a la formulación y posterior implementación de la Política de Defensa
y Seguridad Democrática (PDSD), consignada en el Plan de Desarrollo 2002-206 Hacia un Estado
comunitario, del presidente Álvaro Uribe Vélez, que planteaba como objetivo fundamental
garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, mediante el fortalecimiento de la
autoridad democrática. Para el logro de este objetivo, la PDSD contempló tres momentos de
intervención. El primero: recuperar aquellas zonas dominadas por grupos insurgentes mediante el
fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública; segundo: una vez recuperado el territorio,
realizar un mantenimiento del mismo y; en tercer lugar: llevar toda la acción estatal a los territorios
recuperados. En consonancia con lo anterior, el gobierno nacional creó en 2004 los Centros de
Coordinación de Acción Integral (CCAI), cuyo propósito era el de garantizar la gobernabilidad,
legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado, a través de acciones sociales y
económicas en regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos
ilícitos, además de una débil presencia institucional. Inicialmente se focalizaron once regiones, una
de ellas el Bajo Cauca antioqueño.
Esta estrategia sirvió para definir los lineamientos de una nueva política denominada Consolidación
y Reconstrucción Territorial, los cuales quedaron consignados en el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos; y que son: a) consolidar el control del
territorio y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional; b) generar, a través del
uso legítimo de la fuerza y la política social, las condiciones de seguridad y bienestar social que
presionen a los grupos armados ilegales a entrar a una verdadera negociación política o a
desmantelarse; c) romper, en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los
narcotraficantes para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del narcotráfico
en Colombia; d) formar una fuerza pública moderna, con los más altos estándares éticos y morales,
que cuente con la confianza y el apoyo de la población; y e) desarrollar la doctrina de acción integral,
a través del esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social y las acciones de las demás
instituciones del Estado (Marín, 2012: 163).
En 2009 comenzó el desarrollo legislativo de esta política para definir la articulación de las entidades
estatales tanto nacionales como regionales y locales. Con la Directiva Presidencial No. 01 de 2009,
se obtuvo una definición concreta de lo pretendido por la Política de Consolidación Territorial69:
El Plan Nacional de Consolidación Territorial es un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por
medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera
69 La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial tuvo posteriores desarrollos legislativos a fin de fortalecer sus componentes y definir mejor la articulación de las entidades estatales. Mediante el Decreto 2933 de agosto de 2010 se crea el Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial; luego, la Ley 1450 de 2011 establece que la dirección de esta política queda en cabeza del Consejo de Seguridad Nacional. Mediante Directiva Presidencial 06 de 2011 se ordena la revisión estratégica de esta política.
64
sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de
condiciones para su desarrollo humano. Para avanzar en la consolidación sostenible de forma más
eficiente, efectiva e integral se propone continuar con la Acción Inter-Agencial como herramienta de
actuación rápida y dinámica para producir los resultados esperados, incrementar la confianza y
credibilidad de los ciudadanos en el Estado, a través de: planeación conjunta y en paralelo, acciones
colectivas y ejercicios de coordinación de las múltiples instituciones que participan en la
implementación de la estrategia”. (Íbid: 165).
Como tecnología, la implementación de la Política de Consolidación Territorial implicó la creación
de instancias gubernamentales que articularan los programas, proyectos y políticas desarrolladas
por las diversas entidades estatales para el Bajo Cauca antioqueño. Así, mediante Decreto-Ley 4161
del 3 de noviembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial
-Uact-. Su objetivo fundamental es implementar, ejecutar y hacer seguimiento de los planes
trazados por la Política de Consolidación. Para el logro de este objetivo, la Uact ha desarrollado una
estrategia que busca: a) institucionalización del territorio, entendida como el establecimiento de
capacidades institucionales para el imperio de la Ley y del ordenamiento constitucional; b)
integración regional a la vida económica del país; c) buen gobierno local y participación ciudadana.
Previo a ello se crearon el Centro de Consolidación Regional (CCR) del Bajo Cauca (mediante circular
232 del 2 de septiembre de 2009); y el Centro de Fusión Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.
Cabe señalar que la región de consolidación “Nudo de Paramillo” concentra los municipios de: Anorí,
Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. A través de los
centros de fusión se articulan y se oferta una amplia gama de servicios estatales para las poblaciones
de estos diez municipios, que va desde la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas
alternativos; la implementación del primer laboratorio de formalización de minería de hecho,
pasando por acciones de formalización de la tenencia de la tierra, fortalecimiento del sistema
judicial y del aparato coercitivo (Ejército y Policía), hasta la implementación de programas que
conlleven a reducir la pobreza y la desigualdad de la región.
De acuerdo con el informe de gestión regional de la Uact, la acción coordinada de las estatales había
logrado, a 2014, lo siguiente: a) institucionalidad del territorio: se fortaleció el aparato de justicia
en la región. Se construyeron casas de justicia para dotar de sede propia a las Fiscalías de Cáceres,
Caucasia, Valdivia, Nechí. En el resto de municipios se realizaron 32 jornadas de acceso a la justicia.
Se realizaron talleres de capacitación a funcionarios públicos de los municipios objeto de
intervención en temas de género y justicia, violencia intrafamiliar, mecanismos alternativos para la
resolución de conflictos, justicia propia, entre otros. Se apoyó la conformación de comités locales
de justicia, espacios que sirven como escenario de coordinación para fortalecer la presencia y
efectividad de la justicia en los municipios de consolidación. B) integración regional: se logró la
adquisición de un partida de $2.000 millones de parte del Ministerio de Salud y Protección Social,
los cuales se destinarán para la dotación de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita del municipio
de Caucasia, hospital que prestara servicios de nivel 2 y 3 de complejidad a toda la subregión del
Bajo Cauca. Se realizó la entrega de 2.340 computadores para los municipios de Anorí, Briceño,
65
Cáceres, Campamento, Caucasia, Dabeiba, Ituango, Mutatá, Nechí, Tarazá, Toledo, Valdivia y
Yarumal. Se aprobaron proyectos por la convocatoria de Capitalización Microempresarial en Nechí
y Tarazá en producción agroforestal de cacao para 39 familias por un valor de $ 29.932.020 y
producción de cacao seco y material vegetal para 13 familias por un valor de $ 19.690.620
respectivamente. Asimismo, se llevó a cabo alianza estratégica con la Superintendencia de
Notariado y Registro y las administraciones municipales de Zaragoza y El Bagre para la entrega de
340 y 360 títulos respectivamente, dentro del proceso de formalización urbana. Se firmó convenio
y se ejecutó la primera fase entre la Unidad de Consolidación, Fupad y el Incoder con el propósito
de alistar y resolver de fondo 1.112 solicitudes de titulación de baldíos. En Tarazá 142 solicitudes y
790 en Zaragoza. Dichas solicitudes fueron entregadas al Incoder a la espera de que se resuelvan de
fondo. En alianza con la Unidad de Restitución de tierras en el marco de los comités Operativos de
Restitución de tierras se micro focalizaron 4 veredas (Bella Palmira, La victoria, Luis Cano, El tigre, y
se ha recibido cerca de 3000 solicitudes de restitución de tierras, 25 demandas interpuestas antes
los jueces de restitución en los municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí.
Igualmente, la Uact destaca logros en Antioquia como: reducción en el área sembrada con cultivos
ilícitos (5.300 ha en 2010 a 2.699 en 2012); más de 50 proyectos agrícolas acompañados con
inversiones cercanas a los 600 millones de pesos; formalización de más de 1.500 predios rurales en
la región, entre otros70. En 2010 se invirtieron más de 697 mil millones de pesos, lo que sirvió para
gestionar 1.051 proyectos de desarrollo social, 256 de infraestructura y 324 de desarrollo
económico. Así mismo se realizaron 896 misiones humanitarias, 116 jornadas interinstitucionales y
se entregaron 181 donaciones por valor de $15.397 millones. Por otra parte, más de 3.290 predios
–248.958 hectáreas– pertenecientes a familias desplazadas fueron protegidos; la cobertura en salud
en los 95 municipios focalizados aumentó hasta el 92,5 por ciento.
Si, tal como lo planteó Foucault, la población emerge como meta por excelencia del gobierno, pues
de lo que se trata no es de someter –e imponer bajo la lógica del soberano- sino de mejorar la suerte
de las poblaciones, sus riquezas, entre otros, ¿qué pasó entonces con las poblaciones de Caucasia,
Cáceres y Tarazá con la aplicación de esta tecnología de gobierno? En primer lugar, cabe recordar
que la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial surge como complemento a
la Política de Defensa y Seguridad Democrática y, en ese sentido, también encierra un fuerte
componente de fortalecimiento de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño. Así, a los
resultados Uact ya descritos es necesario añadir la creación del Distrito Especial de Policía Bajo
Cauca, con sede en Caucasia, que cuenta con más de mil uniformados, así como la construcción de
estaciones de Policía en corregimientos donde la fuerza pública ajustaba más de una década sin
hacer presencia71. Ahora bien, según estudios como el de Marín, el 85 por ciento de los habitantes
70 Ver más en:
http://www.consolidacion.gov.co/themes/danland/descargas/rendicion_cuentas/INFORME_ANTIOQUIA.pdf. Consultado el 6/1/2016. 71 Corregimiento La Caucana, de Tarazá; y Margento, de Caucasia, son claros ejemplos de ello. Allí, la Policía Nacional
retornó gracias a las acciones de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. La Policía también
66
de los municipios de Consolidación ha visto una mejora en los servicios educativos, mientras que el
53 por ciento percibe mejora en los servicios de salud. En el tema de fortalecimiento de la
gobernabilidad regional, el 49 por ciento de los encuestados en dicho estudio ha hecho parte de
una instancia de participación social y comunitaria de su municipio. Investigaciones como la de
Buriticá Mejía et Al¸ donde se analiza el impacto de esta política en el municipio de Cáceres también
concluyen que se mejoraron levemente indicadores de calidad de vida.
Con todo y ello, estas acciones de fortalecimiento de las técnicas de gobierno han chocado con
intensas manifestaciones de violencia que afectaron notablemente a las poblaciones de los
municipios objeto de esta investigación entre 2006-2013.
Así, al ya reseñado incremento de los homicidios entre el periodo 2005-2013 en los municipios de
Caucasia, Cáceres y Tarazá, se le sumaron un incremento en el desplazamiento forzado y un
comportamiento constante en el flagelo de la desaparición forzada.
Grafica No. 1 Desplazamiento forzado
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
fortaleció su presencia en Cáceres y Caucasia mediante la adquisición de modernos equipos tecnológicos, de transporte y armamento.
Caucasia
0
1000
2000
3000
4000
5000
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Caucasia
Cáceres
Tarazá
67
Grafica No. 172 Desaparición forzada
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Así, lo que se advierte es que las entidades estatales buscaron, por un lado, vincular la región al
circuito económico nacional a través del nuevo marco regulatorio para las actividades mineras y,
por otro lado, fortalecer las capacidades de gobierno gracias a los esfuerzos de la Política Nacional
de Consolidación y Reconstrucción Territorial. Esto con el fin de convertirse en actor soberano en la
región; es decir, en términos de Bourdieu, concentrar y monopolizar los capitales económicos,
sociales, políticos, culturales, simbólicos y demás existentes al interior del campo estatal. Pero así
como a finales del siglo XX la intensa competencia entre actores tan diversos configuró un campo
estatal volátil, mientras que durante los primeros años de la década de 2000 dicho campo
permaneció en un estado de “soberanía en vilo” por cuenta de la hegemonía criminal paramilitar,
para el periodo que comprende este ensayo (2006-2013) la interacción de los actores “enjaulados”
al interior del campo redefinió nuevamente la naturaleza de este. Las entidades estatales se
fortalecieron con relación a sus competidores en tanto lograron concentrar mayor poder político,
además de fortalecer su aparato coercitivo. Con todo y ello, la competencia por los capitales
disponibles, característica histórica del proceso de formación del campo estatal, comenzó a
concentrarse en la regulación de las actividades económicas informales-ilegales y en la
concentración de capitales económicos. Y así como en el pasado se señalaron a las guerrillas como
los principales competidores en ese campo de poder que es el Estado (según Migdal) y luego se
“tercerizó” en los paramilitares la coerción violenta, los nuevos competidores fueron los grupos
armados postdesmovilización surgidos luego de la reingeniería criminal que dejó la fragmentación
violenta del dominio hegemónico criminal de las Auc. Estos nuevos competidores apelaron al
72 Cabe advertir que este flagelo presenta enormes subregistros debido al temor que infunde este acto criminal entre los
familiares de las personas desaparecidas.
Caucasia
0
20
40
60
80
1001
99
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Caucasia
Cáceres
Tarazá
68
recurso de la violencia como parte de su repertorio para presionar o incidir en la reconfiguración
del campo estatal, ahora direccionada por las entidades estatales.
No obstante, cabe señalar que al interior de estos grupos -y entre ellos- también se libraron duros
enfrentamientos en el marco de una competencia armada que al final, dejó como vencedor a una
organización armada que hoy se catapulta como la única reguladora de las actividades criminales
en la región, que además ha sabido articular un discurso ecléctico (donde se combinan amenazas
contra la dirigencia corrupta, la izquierda armada y viejas reivindicaciones agrarias) con una enorme
capacidad operativa para las actividades de crimen organizado a gran escala: las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.
3.1. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)
Gracias a investigaciones adelantas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) y Restrepo
(2015), es posible afirmar que el hecho fundacional del grupo armado postdesmovilización
‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocido como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’,
puede ubicarse en la negativa de Vicente Castaño Gil de atender el pedido de reclusión voluntaria
hecho en octubre de 2006 por el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo73.
Al respecto, Restrepo consignó:
“Castaño Gil había dado órdenes en el norte de Urabá para crear una estructura armada que creció
exponencialmente sobre la base de desmovilizados de las AUC y que se llamó ‘Héroes de Castaño’. A
partir de ese momento se comenzó a referenciar en Antioquia a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don
Mario’, sobre todo en el norte del Urabá, donde su hermano, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’,
fue amo y señor por más de una década bajo la figura de comandante del Bloque Elmer Cárdenas de
las AUC. En un principio se tejieron dos hipótesis acerca de la creación de este grupo armado ilegal y
las funciones que cumpliría una vez se desmovilizaron los distintos bloques y frentes de las AUC. De
un lado se comenzó a decir que era una nueva estructura con fuerte presencia en los municipios de
Necoclí y San Pedro de Urabá, que continuaría ejerciendo el control social, político y económico de
esa región, lo que incluía asuntos del tráfico de drogas. Del otro, se afirmaba que solo sería una
estructura que de alguna manera “administraría” la zona de embarque y exportación de
estupefacientes a los mercados internacionales previo pago de un “impuesto”, lo que dejaría al grupo
como una estructura al servicio del narcotráfico. Sin embargo, ambas circunstancias no eran
excluyentes y, por el contrario, se quedaron cortas en el análisis, pues ese nuevo grupo se constituiría
en una férrea estructura armada dispuesta a hacerle frente a todos aquellos que intentaran hacer
presencia en sus territorios” (2015: 11)
Organizaciones como International Crisis Group y la misma Mapp-OEA comenzaron a advertir en su
momento cómo ‘Don Mario’ estaba reclutando un amplio número de excombatientes de las Auc
asentados en Urabá, entre ellos, un grupo de reconocidos exparamilitares que a su vez compartían
un pasado en las filas de la guerrilla del Epl: los hermanos Dairo de Jesús y Juan De Dios Úsuga David,
Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Marcos Gavilán’ y Francisco Morela, alias ‘Negro Sarley’.
73 Ver más en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3156142. Consultado el 2/1/2016.
69
Inicialmente, este grupo se conoció como ‘Héroes de Castaño’, el cual fue creciendo
paulatinamente. El 15 de octubre de 2008 se registró su primer hecho de impacto: argumentando
incumplimientos del gobierno nacional a la población desmovilizada de las Auc, promovieron un
paro armado que obligó al cierre del comercio y la suspensión del servicio de transporte público en
los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó. Las calles de estos municipios fueron
inundadas con panfletos alusivos a las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (Agc).
Para principios de 2009 se identificaba su presencia en el Urabá antioqueño (San Pedro de Urabá,
San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, chigorodó), Urabá chocoano (Riosucio);
Córdoba (Montelíbano, Puerto Libertardor, Valencia, Tierralta, Montería, Moñitos, Los Córdobas y
Puerto Escondido) y Nordeste antioqueño (Anorí, Amalfi, Gómez Plata y Carolina del Principe)
(Observatorio de Derechos humanos: 2008). Sobre su ingreso al Bajo Cauca antioqueño se han tejido
varias hipótesis. Organizaciones no gubernamentales plantean que esto obedeció al interés de esta
banda criminal” de arrebatarle territorios aptos para los encadenamientos productivos del
narcotráfico bajo dominio de “Los Paisas”, “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”. La Fiscalía 15 de
Justicia y Paz ha señalado que lo que desató la guerra entre “los gaitanistas” y “los paisas” y “los
Rastrojos” fue la muerte de Lázaro Rendón, hermano de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’,
primer gran cabecilla de “los gaitanistas”. Según el Ente Investigador, Lázaro Rendón fue asesinado
en febrero de 2008 en el corregimiento Piamonte de Cáceres y su cuerpo arrojado a las aguas del
río Cauca y fue hallado días después en inmediaciones de Caucasia. ‘Don Mario’ acusó de la muerte
de su hermano a los herederos del imperio criminal de Ramiro Vanoy Murillo, por lo que inició una
vendetta contra familiares del exjefe paramilitar y antiguos combatientes del Bloque Mineros. La
primera víctima de esta retaliación fue José Nelson Vanoy Murillo, hermano de ‘Cuco Vanoy’, quien
fuera asesinado el 21 de julio de 2008 en el municipio de San José de Uré, Córdoba.
El 15 de abril de 2009, miembros de la Policía Nacional capturaron en zona rural del municipio de
Necoclí, Urabá antioqueño, a alias ‘Don Mario’. Sin embargo, ello no supuso el fin de esta
organización. Tampoco lo fue la muerte de Juan Dios Úsuga David, alias ‘Giovani’ quien había
heredado el poder al interior de esta “banda criminal” y quien fuera abatido el 1 de enero de 2012
por integrantes de la Fuerza Pública. Por el contrario, los “gaitanistas” harían una demostración de
poder días después, al promover un paro armado que logró paralizar por completo más de 150
municipios en cuatro departamentos74. Lo anterior dejó al descubierto la capacidad de
recomposición y la flexibilidad de esta estructura criminal, destacándose a su vez como una de sus
principales características. Al respecto, Restrepo señaló:
“Las evidencias demuestran que las AGC tienen una gran capacidad de recomposición interna cada
vez que la fuerza pública afecta su estructura o cuando en la confrontación con otros grupos armados
ilegales algunos de sus mandos son asesinados. Diversos informes coinciden en advertir que su
presencia en diversas poblaciones del Antioquia, particularmente del Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y
Medellín, se ha consolidado gracias a un complejo entramado de redes criminales que les permiten
74 Ver más en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/3773-urabenos-demuestran-
su-poder-regional. Consultado el 5/1/2016.
70
tener el dominio territorial y, con ello, el control de la población y la regulación de diversas
actividades, tanto ilegales como legales. Documentos internos de las AGC permiten ilustrar su
estructura, que se asemeja a las antiguas AUC y a las guerrillas, en cuanto se organizan por bloques
y frentes de donde se desprenden un conjunto de unidades subordinadas, cada una de ellas con
presencia territorial definida (…) las AGC fueron alcanzando sus objetivos a través de una férrea
disciplina militar liderada por Dairo Úsuga David, alias ‘Otoniel’, quien asumió la jefatura, y de la
eliminación sistemática de sus oponentes, empleando tácticas como masacres, homicidios selectivos
y ataques con explosivos. En el campo de batalla fueron reducidos ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’, así
como pequeños grupos armados que se les opusieron, sobre todo en áreas urbanas, y lograron
acuerdos con la llamada ‘Oficina de Envigado’, la otrora poderosa empresa criminal que dominó por
décadas el bajo mundo de la ilegalidad en Medellín y su área metropolitana” (2015: 15).
Hoy, los ‘gaitanistas’ tienen presencia en por lo menos en ocho departamentos, cuentan con una
estructura piramidal en cuya cúspide se encuentran ‘Otoniel’ y ‘Marcos Gavilán’, hombres que han
participado en varias guerras luciendo diferentes uniformes: guerrilleros del Epl, miembros de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, jefes de las Auc y ahora máximos cabecillas de una
“banda criminal”. Junto a estos nombres también se han identificado las estructuras bajo las cuales
operan los ‘gaitanistas’. Hoy se sabe que en el Bajo Cauca opera el Bloque Pacificadores del Bajo
Cauca, conformado a su vez por los frentes José Felipe Reyes; Julio César Vargas y Libertadores del
Bajo Cauca. Por su parte, el Bloque Juan de Dios Úsuga, con presencia en el Occidente y Nordeste
de Antioquia, está conformado por los frentes Iván Arboleda Garcés; Héroes del Nordeste y Carlos
Mauricio García Fernández. Dichas estructuras han logrado establecer alianzas con frentes de las
Farc y el Eln para temas relacionados con rentas ilegales derivadas de minería y narcotráfico, las
cuales son inestables y volátiles, como sucede en el Bajo Cauca antioqueño, donde cada vez son más
frecuentes y fuertes los enfrentamientos entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’.
Según Restrepo:
“La consolidación de las AGC en el Bajo Cauca antioqueño ha incrementado los problemas históricos
que esta región ha arrastrado a lo largo de su historia: marginalidad social, afectación de métodos
productivos tradicionales, como la minería artesanal y a pequeña y mediana escala, limitaciones a los
derechos ciudadanos, impactos negativos en la producción, desplazamientos forzados y la
imposibilidad de gobernar buena parte del territorio” (íbid.: 51).
71
4. Conclusiones
A lo largo de este ensayo se puso de presente cómo el aparato estatal no llegó como un agente
externo a “implantarse” en las localidades de Caucasia, Cáceres y Tarazá, ni tampoco brotó
espontáneamente ni mucho menos, obtuvo la capacidad de monopolizar el uso de la violencia para
tramitar los conflictos, concentrar los recursos económico-tributarios y convertirse en fuente de
legitimidad y regulación de las actividades sociales, políticas y económicas. Por el contrario, lo que
se ha denominado campo estatal se configuró al calor, precisamente, de esas luchas por el control
de los capitales disponibles que han determinado el carácter de la región conocida como Bajo Cauca
antioqueño. Al interior de dicho campo se han tejido toda suerte de interacciones, tensiones y
disputas entre múltiples actores que han moldeado su configuración que, en todo caso, no
constituye un proceso fijo o acabado.
En ese orden de ideas, las entidades estatales locales han tenido que interactuar como un actor más
en lógicas de competencia-disputa-delegación-cooperación-sometimiento con diferentes actores
sociales, en momentos históricos particulares. Ha buscado imponerse como entidad única de
regulación del orden social y político, aparato exclusivo generador de reglas, como el “leviatián”
designado para proteger la soberanía territorial e instancia para la resolución de conflictos ante
mineros, ganaderos, campesinos y colonos. Ha combatido de múltiples formas y desde diversas
instancias la amenaza planteada por las guerrillas, quienes han tenido pretensiones de usurpar el
poder político regional en el marco de su lucha por derrocar al “Estado burgués”. De igual forma,
“tercerizó” en los paramilitares su función de coerción y uso legítimo de la violencia para
72
fortalecerse allí donde se libraba una fuerte competencia armada y política no solo con las guerrillas,
sino también con grupos políticos alternativos que también aspiraban al poder político. Desde 2006
busca imponerse ante el resto de sus competidores y someter a los grupos armados surgidos luego
del proceso de desmovilización para, así, concentrar, centralizar y monopolizar los capitales
políticos, económicos, sociales y simbólicos. El correlato de lo anterior fue la configuración de un
campo estatal sumamente volátil y con baja capacidad de gobernanza para finales del siglo XX; que
luego, por cuenta de la hegemonía criminal de los grupos paramilitares mantuvo un estado de
“soberanía en vilo” y que ahora muestra una naturaleza reaccionaria y represiva, dispuesto a
someter mediante el uso legítimo de la violencia cualquier expresión de ilegalidad75.
Para ello, las entidades estatales han buscado fortalecerse con relación a sus competidores. En este
caso en particular mediante la implementación de la Política Nacional de Consolidación y
Reconstrucción Territorial, tecnología que persigue fortalecer las capacidades de gobierno a la vez
que refuerza e incrementa el poder de su aparato coercitivo. Ahora bien, es posible concluir que se
requieren mayores investigaciones y abordajes analíticos que permitan evaluar los verdaderos
impactos de esta política en el Bajo Cauca antioqueño, toda vez que, pese al fortalecimiento de los
aparatos coercitivos en la región, del aparato judicial y, en términos generales, de toda la
institucionalidad en su conjunto, no ha logrado vincular exitosamente la región al circuito
económico nacional, mientras que fenómenos criminales como la extorsión, los homicidios, el
control de partes del territorio por parte de los grupos armados postdesmovilización, el
desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el desarrollo de actividades económicas ilegales
como aquellas derivadas de los encadenamientos productivos del narcotráfico, continúan
aquejando fuertemente a los municipios objeto de esta investigación.
En todo caso, la violencia desplegada por estos grupos armados postdesmovilización en el periodo
analizado (2006-2013) no puede ser entendida ni explicada como una “debilidad del Estado”. Por el
contrario, Alonso nos recuerda que las disputas y confrontaciones entre los actores “enjaulados” en
el campo estatal no presuponen un mal funcionamiento del Estado, su captura, disolución o
debilidad, sino que evidencian las modalidades y formas de su funcionamiento en contextos
históricos determinados. La siguiente cita permite explicar mejor este planteamiento:
“La violencia no es una patología del Estado, como supondrían aquellos autores ubicados en el enfoque
del Estado-objeto, ni es una muestra de su debilidad, sino un episodio dentro de sus procesos de
integración social y territorial (Tilly, 2007). La violencia hace parte del repertorio con el que los distintos
actores sociales presionan o repelen un tipo específico de incorporación política, y en ese sentido,
pone en evidencia algunas manifestaciones de la tensión existente entre lo nacional y lo regional, es
decir, penetra y en algunos casos da forma a la tensión existente entre centralización y
descentralización de poder, y la tensión existente entre proyectos hegemónicos y resistencias a ellos”
(2014: 150)
75 El desarrollo de operativos policiales como “Troya”, que se ejecutó en todo el Bajo Cauca antioqueño entre 2011-2013, que involucró escuadrones especiales de Policía tendientes a neutralizar a los máximos cabecillas de los grupos armados postdesmovilización; sumados a los intensos operativos contra la minería ilegal desarrollados desde 2013 y hasta la fecha, constituyen ejemplo claro de esta intención.
73
Ahora bien, la naturaleza de estos grupos armados postdesmovilización ha planteado un debate que
perdura hasta la actualidad: ¿continuidad del paramilitarismo o complejo fenómeno criminal? Si
bien estos grupos emplean repertorios de violencia que en su momento fueron propios de los
grupos paramilitares, además de ejercer violencia contra personajes representativos al interior de
las comunidades a fin de romper tejido social, tal como lo hicieran los paramilitares, no es posible
concluir que esto es una continuidad del paramilitarismo, ya que los escenarios que caracterizan
cada fenómeno distan mucho entre sí. Para comenzar, si bien los grupos paramilitares persiguieron
fines económicos propios, consolidando también un imperio criminal, este se enmarcó dentro de
una “tercerización” de funciones coercitivas para el fortalecimiento del campo estatal en aquellas
zonas donde se libraron intensas competencias por el poder político, situación que no es posible
afirmar en el caso de los grupos armados postdesmovilización, toda vez que la violencia desplegada
por estas no responde a una “tercerización” de funciones coercitivas, ni se da en el marco de una
competencia por el poder político. Por el contrario, se advierte el afán de lucro y enriquecimiento,
propio de las organizaciones de crimen organizado. En ese orden de ideas, son entendibles las
alianzas de estos grupos con miembros de la fuerza pública, alianzas que, en primer lugar, no
alcanzan a llegar hasta las jerarquías más altas, y en segundo lugar, pueden catalogarse como
“operativas” en tanto persiguen el correcto transcurrir de las actividades criminales, al estilo mafia.
Asimismo, se pudo observar que en el Bajo Cauca antioqueño que estos grupos armados
postdesmovilización ejercen cierto tipo de poder político en los territorios de su influencia, pero
siempre en función de la acumulación de capitales por vías criminales76. En todo caso dicho control
no se da en el marco de una “política del terror”, tal como lo hicieran los paramilitares en su
intención de doblegar cualquier expresión criminal para convertirse en actor hegemónico capaz de
controlar territorio y poblaciones, que a su vez se enmarcaba dentro de la lucha contrainsurgente,
sino que obedece una dinámica propia del crimen organizado tendiente a asegurarse la
participación en un mercado ilegal y construir “crimen empresarial”, apelando para ello en
ocasiones a la violencia.
Lo anterior nos lleva a plantear una serie de preguntas que no alcanzamos a responder en este
ensayo investigativo pero que, creemos, pueden ser el inicio para nuevas investigaciones: ¿un
aparato económico en esencia informal es lo que fomenta el surgimiento de grupos ilegales,
76 Tal como lo plantearan Restrepo y Tobón en su análisis sobre el postconflicto en Guatemala (2011), crimen organizado
y territorio son variables complementarias pues no existe crimen organizado sin territorio. Ahora bien, cuando estructuras
de crimen organizado comienzan a controlar franjas del territorio deben enfrentarse al dilema de ¿qué hacer con las
comunidades asentadas allí? La evidencia empírica ha demostrado que las organizaciones de crimen organizado tienden
a salir de esta encrucijada de dos maneras: sometiéndolas a punta de terror para ganarse su obediencia o convertirse en
un actor político, capaz de irrigar excedentes económicos, ejercer autoridad e imponer ‘su ley’ entre la población con el
fin de ganarse su lealtad. En ambos casos, la finalidad no es otra que garantizar el flujo de las operaciones ilegales
generadoras de lucho. En todo caso, según este par de autores, estamos hablando de cómo el crimen organizado puede,
en determinados casos, desarrollar poder político.
74
justamente, para que funjan como reguladores de un mercado que carece de reglas? ¿Es entonces
la interacción entre economías informales-ilegales y grupos armados ilegales lo que explica los
niveles de violencia en una región determinada? ¿Las explicaciones sobre fenómenos violentos
deben estar atravesadas, entonces, por la perspectiva económica?
Cabe recordar, sin embargo, que en Colombia ya se intentaron responder varios interrogantes desde
lo que se conoció como la “perspectiva económica del crimen”, cuerpo teórico impulsado por Gary
Becker, quien en su texto Crimen and punishment: an economic approach (Crimen y castigo, una
aproximación económica), publicado en 1974, planteó que el crimen -como muchas otras
actividades de la vida- era el resultado de decisiones racionales donde se sopesaba el costo que
implicaba incurrir en una conducta ilegal versus el beneficio que se obtendría por ello. Así, si la
posibilidad de ser castigado (costo) resultaba menor que el lucro que se obtendría por cometer un
delito (beneficio), había ya un determinante para que el sujeto decidiera, en un claro ejercicio de
racionalidad individual, participar en actividades por fuera de la ley o no. Bajo este enfoque teórico,
autores como Albarán, Gaitán Daza y De León, entre otros, plantearon la tesis de concebir el crimen
como un oficio del cual la gente podía –y solía- vivir y que para enfrentarlo se requería un aparato
judicial lo suficientemente ágil, fuerte y eficaz, tanto en su etapa de investigación, como en la fase
de juzgamiento e imposición de la pena, que fuera capaz de atacar delitos de sistema y abandonara
la idea de perseguir simplemente criminales. El problema es que, el delito visto de esta forma no
puede generar preguntas distintas a las que generaría cualquier actividad humana tendiente a
generar riqueza: ¿quiénes pueden destacarse y consolidarse en un mercado criminal? ¿Cómo puede
ingresarse a ese mercado? ¿Cómo se resuelven los problemas que genera la competencia en
entornos capitalistas? ¿Qué distorsiones le introduce al sistema económico la acumulación de
capital producto de actividades ilegales? ¿Cómo puede un empresario del crimen mejorar sus
rendimientos y su competitividad? ¿Qué tipo de innovaciones han introducido las empresas
criminales en sus actividades?
Los planteamientos de los “economistas del crimen” dejan importantes vacíos interpretativos como:
¿qué explica, entonces, delitos de alta prevalencia como los delitos sexuales, la violencia de género
y la violencia intrafamiliar, bastante recurrentes (principalmente los dos primeros) en regiones de
dominio paramilitar, como el Bajo Cauca? Si, en última instancia, el crimen era producto de una
elección racional que poco o nada guardaba relación con la condición socioeconómica individual,
¿por qué estos nuevos grupos armados postdesmovilización, que operan al estilo de empresas de
crimen organizado, se concentraron en inmensa mayoría en los mercados informales que
predominan en los sectores socioeconómicos más bajos de la población? Si la unidad de medida
utilizada por los “economistas del crimen” es el homicidio, en tanto es la única que permite registros
confiables, ¿qué explica que aún ante una reducción drástica de los homicidios la percepción de
inseguridad continúe predominando entre la población, así como su desconfianza ante la justicia,
como sucede actualmente en el Bajo Cauca antioqueño? ¿Cómo medir el impacto de otros delitos
como la extorsión y el boleteo, que aquejaron a una porción importante de la población urbana y
rural del Bajo Cauca antioqueño durante los años 2006-2013?
75
Dichos interrogantes cobran pertinencia justo en momentos en que el país se apresta a enfrentar
un muy posible escenario de postconflicto tras la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las
Farc. La experiencia internacional enseña que tras la finalización de conflictos armados de larga
duración, como el colombiano, emergen complejos problemas de violencia y criminalidad. En ese
orden de ideas, el hecho de que en el Bajo Cauca antioqueño persista un mercado informal- ilegal,
sea notoria la presencia de grupos armados con alta capacidad para las actividades de crimen
organizado y se mantenga una férrea competencia por la concentración de los capitales
económicos, la convierte en una región altamente vulnerable al reciclaje de expresiones criminales
propias de postconflicto que podrían amenazar seriamente la construcción de una paz estable y
duradera.
Por último, la dinámica observada en el grupo armado postdesmovilización llamado Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (Acg) deja entrever unas continuidades propias de los grupos alzados en
armas de naturaleza insurgente y contrainsurgente –e incluso del narcotráfico, como pasó en los
años noventa con el Cartel de Medellín- que, en algún momento de la historia, han entablado
diálogos con el gobierno nacional: el uso de las armas por parte de sectores emergentes; la
construcción de un discurso que justifique el uso de la violencia77; una delgada línea que separa el
proselitismo político armado y las acciones criminales; la búsqueda de reconocimiento como actor
político armado. Quizás por ello, la dificultad que aún continúa acarreando la definición de este
fenómeno así como la caracterización de su violencia.
77 Tal como lo plantean Angarita & et al en el libro La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano (2015), los actores armados construyen discursos puesto que estos no solo constituyen espacios desde los cuales la confrontación también es posible sino que además permite construir esta alteridad contra la cual se combate.
76
Bibliografía
Alonso, Manuel Alberto. (2014). La definición del campo estatal y su relación con la guerra civil: un
horizonte teórico. Estudios Políticos, 45, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia,
pp. 135-157.
Alonso, Manuel & Vélez, Juan Carlos. (1998) Guerra, soberanía y órdenes alternos. Estudios
Políticos, 13, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 41-71.
Bejarano, Ana María y Renata Segura. (2010). El fortalecimiento selectivo del Estado durante el
frente nacional. En: Orjuela, Luis Javier (Comp). El Estado en Colombia (pp. 9-35). Bogotá:
Universidad de los Andes.
Bourdieu, Pierre. (2014). Sobre el Estado. Cursos en el College de France (1989-1992). Barcelona:
Anagrama Editores.
Buriticá, Ángela; Giraldo, Luis David; Valdes, Esperanza (2014). Estudio sobre el impacto social y
económico de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en la vereda La
Reversa, municipio de Cáceres, Antioquia, en el periodo 2012-2013. Medellín: Universidad de
Antioquia.
Centro Nacional de Memoria Histórica –Cnmh-. (2015). Rearmados y reintegración: panorama
posacuerdos con las Auc. Bogotá.
Contraloría General de la República. (2013). Informe especial minería ilegal. La explotación ilícita de
recursos minerales en Colombia: casos Valle del Cauca (río Dagua)-Chocó (río San Juan), efectos
sociales y ambientales. Bogotá.
77
Corredor, Consuelo y Mora, Leonidas. (1989). El Plan Nacional de Rehabilitación: alcances y
limitaciones. Economía Colombiana, 224-225, diciembre-enero, pp. 57-67.
Cruz, Edwin. (2007). Los estudios sobre el paramilitarismo en Colombia. Análisis político, 60,
Universidad Nacional de Colombia, mayo-agosto, pp. 117-134.
Das, Veena y Poole, Deborah. (2008). El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. Cuadernos
de antropología social, 27, UBA, pp. 19-52.
De Gabriel, José Antonio. (1997). La formación del Estado moderno. En: Del Águila, Rafael (Ed).
Manual de ciencia política (pp.32-51). Madrid: Trota.
Duncan, Gustavo. (2006). Los señores de la guerra. Bogotá: Planeta.
Elias, Norbert. (1989). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas.
México D.F: Fondo de Cultura Económica.
Engels, Friedrich. (1982). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Fundamentos:
Madrid.
Echandía Castillo, Camilo. (2010). Bandas criminales: la nueva cara del narcotráfico en Colombia.
Zero Revista, Universidad Externado de Colombia, 29, pp. 48-47.
Echavarría Rico, Dídima. (2010). El paramilitarismo y los resultados del proceso de Justicia y Paz.
Criterio Jurídico Garantista, 2 (3), pp. 40-61.
Foucault, Michel. (1984). Seguridad, población y territorio: cursos en el College de France (1977-
1978). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Fundación Ideas para la Paz. (2014). Dinámica del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y
su impacto humanitario. Bogotá.
Fundación Ideas para la Paz. (201). Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial.
Bogotá.
García, Clara Inés. (1993). El Bajo Cauca antioqueño, cómo ver las regiones. Bogotá: Cinep.
Giraldo, Jorge y Muñoz, Juan Carlos. (2012). Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la
madera en Antioquia. Medellín: Universidad Eafit, Proantioquia.
Gobernación de Antioquia. (2009). Perfil de la subregión del Bajo Cauca. Medellín.
González, Fernán. (2014). Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Cinep. Programa por la Paz.
Odecofi.
78
Gramsci, Antonio. (1975). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. México. D.F.:
Juan Pablos Editor.
Granada, Soledad; Restrepo, Jorge; Tobón, Alonso. (2009). Neoparamilitarismo en Colombia: una
herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado
colombiano. En: Aponte, David; Restrepo Jorge (Edit). Guerra y violencias en Colombia:
herramientas e interpretaciones (pp. 467-501). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Cerac.
Hernández, Yhoban. (2013). Dinámicas del conflicto en la región del Bajo Cauca. En: Zapata, Carlos
& Barajas, Diana (Comp): Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos situados:
aproximaciones a cuatro territorios de Antioquia (pp. 208-250). Medellín: IPC.
Hibou, Béatrice. (2013). De la privatización de las economías a la privatización de los Estados: análisis
de la formación continua del Estado. México D.F: Fondo de Cultura Económica.
Mann, Michael (1997). Las fuentes del poder social II: el desarrollo de las clases y los estados
nacionales, 1760-1914. Madrid: Alianza Editorial.
Marín, León Darío. (2012). Centro de consolidación regional del Bajo Cauca: desplazamiento
forzado, dinámicas de violencia y acciones de Estado. Forum, 3, enero-julio, pp. 151-182.
Massé, Frédéric. (2011) ¿Bandas criminales o neoparamilitares? Foriegn Affairs, 11, México D.F,
abril-junio, pp. 41-49.
Medina Gallego, Carlos. (2013). Comunidades y territorios en resistencia: Sur de Bolívar, Bajo Cauca
y Nordeste Antioqueño. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Medina Gallego, Carlos. (2013). Bandas criminales y neoparamilitares en Colombia: una
aproximación a los estudios regionales del fenómeno desde la óptica del conflicto armado y los
derechos humanos. En: Zabaleta, Alfredo (Comp). El Laberinto de la inseguridad ciudadana: bandas
criminales, seguridad de frontera y regímenes penintenciarios en América Latina (pp 19-43). México,
D.F: Universidad Veracruzana-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Melo, Héctor. (1974). El mercado internacional del oro y la explotación del oro en Colombia. Bogotá:
Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia.
Migdal, Joel. (2011). Estados débiles, Estados fuertes. México: Fondo de Cultura Económica.
Mira, Gustavo. (1980). El milagro de Tarazá: monografía de Tarazá, 1576-1954. Medellín: Promotora
de Ediciones y Comunicación.
Misión de Apoyo al Proceso de Paz-Mapp/OEA. (2007). Séptimo informe trimestral del secretario
general al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.
Washington.
79
Misión de Apoyo al Proceso de Paz-Mapp/OEA. (2007). Décimo informe trimestral secretario general
al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Washington.
Misión de Apoyo al Proceso de Paz-Mapp/OEA. (2008). Décimo primer informe trimestral secretario
general al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.
Washington.
Observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia. (2006). Panorama actual del Bajo Cauca
antioqueño. Bogotá.
Observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia. (2008). Dinámica de las bandas asociadas
al narcotráfico después de las desmovilización de las autodefensas 2005-mediados de 2008. Bogotá.
Prieto, Carlos Andrés. (2013). Las bacrim y el crimen organizado en Colombia. Bogotá: Fescol
Colombia.
Rangel, Alfredo; Arjona, Ana; Ramírez, William; Garzón, Juan Carlos; kalyvas, Stathis. (2005). El
poder paramilitar. Planeta: Bogotá.
Restrepo, Adrián; Tabares, Catalina; Hurtado, Deicy Patricia. (2013). ¿De qué ciencia política
estamos hablando? Las potencialidades de un enfoque integrador. Estudios Políticos, 43, Instituto
de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 13-38.
Restrepo, Jorge y Tobón, Alonso (2011). Guatemala en la encrucijada: panorama de una violencia
transformada. Ginebra: Cerac.
Restrepo, Juan Diego. (2015). “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en el Bajo Cauca antioqueño.
Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
Roldán, Mary. (2003). A Sangre y fuego: la violencia en Antioquia 1946-1953. Bogotá: Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.
Romero, Mauricio. (2007). Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera
generación paramilitar? Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Romero, Mauricio y Arias, Angélica. (2010). Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen
sus acciones, ¿qué dice el Gobierno? Arcanos, 15, abril, pp. 34-46.
Ronderos, María Teresa. (2014). Guerras recicladas. Bogotá: Aguilar.
Salas, Luis Gabriel. (2010). Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado: una prioridad
por territorializar en la geopolítica de los actores armados. Perspectiva Geográfica, 15, pp. 9-36.
Sánchez, Gonzalo. (1987). Colombia, violencia y democracia. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
80
Sierra, Alec Yamir. (2011). El proceso paramilitar en Tarazá y Bajo Cauca antioqueño 1997-2010.
Universidad Nacional de Colombia.
Torres Bustamante, María Clara. (2007). Comunidades y coca en el Putumayo: prácticas que hacen
aparecer al Estado. Controversia, 118, Escuela Nacional Sindical (ENS), Instituto Popular de
Capacitación (IPC), Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), pp. 199-247.
Therborn, Goran. (1979). ¿Cómo domina la clase dominante? México. D.F.: Siglo XXI Editores.
Uribe de H. María Teresa. (1998). Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz. Estudios
Políticos, 13, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 11 – 37.
Uribe de H, María Teresa. (2001). Desplazamiento forzado en Antioquia. Bogotá: Secretariado de
Pastoral Social.
Vázquez, Leidy. (2010). La abducción como alternativa del método científico en la educación
superior. Unipluriversidad, 8, 2, pp. 2-12
Weber, Max. (2002). Economía y sociedad, esbozo de sociología comprensiva. Madrid: Fondo de
Cultura Económica.
Zambrano, Fabio. (1992). Gamonalismo y caciquismo: formas de intermediación entre la realidad y
la ficción política. Análisis, conflicto social y violencia en Colombia, 65, Bogotá, Cinep, pp. 21-27.
Zelik, Raúl (2012). Paramilitarismo: violencia y transformación social, política y económica en
Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre –Goethe Instittu-Fes.
81
Cibergrafía
Correa, Juan Santiago (2008) Minería y poblamiento en Antioquia, siglos XVII y XVIII. Recuperado
de: http://hdl.handle.net/10726/220. Consultado el 14/11/2015.
http://www.elbagre-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.verdadabierta.com/imputaciones/551-bloque-mineros/2974-cuco-vanoy-salpica-a-
miembros-de-la-fuerza-publica-en-masacres. Consultado el 16/11/2015.
http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/4218-el-para-estado-de-alias-cuco-vanoy.
Consultado el 5/12/2015. Consultado el 5/1/2016.
http://www.verdadabierta.com/imputaciones/5290-paramilitarismo-en-uraba-no-habria-sido-
posible-sin-fuerza-publica-fiscalia.Consultado el 27/12/2015.
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3932-qla-fuerza-publica-fue-clave-para-la-
expansion-de-las-aucq-mancuso. Consultado el 27/12/2015.
http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/4087-cuco-vanoy-
paramilitares-bajo-cauca-antioquia. Consultado el 27/12/2015.
http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/3330-la-telarana-de-los-paras-en-
uraba. Consultado el 30/12/2015.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3156142. Consultado el 2/1/2016.
http://www.consolidacion.gov.co/themes/danland/descargas/rendicion_cuentas/INFORME_ANTI
OQUIA.pdf. Consultado el 6/1/2016.
82
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/4218-el-para-estado-de-
alias-cuco-vanoy. Consultado el 6/1/2016.
http://www.verdadabierta.com/victimarios/689-perfil-de-carlos-mario-jimenez-alias-macaco.
Consultado el 6/1/2016.
i