José Manuel Álamo González Jefe del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
Atendiendo a su solicitud de nueva calificación a cada uno de los opositores
participantes en el proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de
concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 13 plazas de Oficial de la
Policía Local, con arreglo a criterios claros y debidamente justificados, le informo
del contenido del acuerdo adoptado por el Tribunal calificador en sesión
celebrada el día 5 de diciembre del presente año:
En ejecución de la sentencia nº 304/2019 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento abreviado nº
472/2018, en la que se establece en su fallo que por parte del tribunal calificador
deberá adoptar las calificaciones del ejercicio de la prueba tipo test desarrollado
el día 12 de abril de 2018, con arreglo a criterios claros y debidamente
justificados, por parte de este tribunal se acuerda lo siguiente:
Primero.- Respecto a las preguntas recurridas por los opositores, proceder a
motivar la actuación del tribunal.
Las preguntas impugnadas fueron las siguientes:
Pregunta 5.-
Antes de impugnar en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las
Administraciones Públicas deberán:
a. Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los
interesados que sean nulos de pleno derecho.
b. Declarar lesivos para el interés público los actos desfavorables para los
interesados que sean nulos o anulables.
c. Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los
interesados que sean anulables.
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El art. 107 de la Ley 39/2015 establece: “Declaración de lesividad de actos
anulables.
1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de
lesividad para el interés público.”
Por tanto, de forma evidente, la única respuesta correcta es la letra c). Esta
materia está incluida en los temas 9 y 10 de las bases de la convocatoria, que
incluyen el siguiente contenido:
Tema 9. La jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimientos ordinarios y
especiales. El proceso contencioso-administrativo. Las partes, actos
impugnables. La ejecución de la sentencia.
Tema 10. El acto administrativo. Validez, nulidad y anulabilidad del acto
administrativo. Notificación de los actos administrativos y cómputo de los plazos.
El procedimiento administrativo y los recursos administrativos.
Como consecuencia, la única respuesta correcta es la c
Pregunta 11.-
En los municipios, la Junta de Gobierno Local, está compuesta por:
a. Por un número de miembros que no podrá exceder del tercio del número
de miembros del Pleno.
b. Por un número de miembros que no podrá exceder del tercio del número
de miembros del Pleno, además del Alcalde.
c. Las anteriores respuestas son incorrectas.
Los artículos que establecen el número de miembros de la Junta de Gobierno
Local en la Ley de Bases del Régimen Local son los siguientes:
Para los municipios que no son de gran población:
“Artículo 23.
1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y
separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.”
Para los municipios de gran población:
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“Artículo 126.
2. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la
Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del
número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.”
Por tanto, la Junta de Gobierno Local está siempre compuesta por el mismo
número de miembros, es decir, un tercio del número legal de miembros del
Pleno, además del Alcalde, sin diferenciar si los municipios son de régimen
común o no.
La única respuesta correcta es la b)
Pregunta 18.-
Las Ordenanzas municipales, para entrar en vigor, tienen que:
a. Ser publicadas en el BOE.
b. Aprobadas inicialmente por el Alcalde.
c. Se someterán a información pública por el plazo mínimo de 30 días.
El procedimiento de aprobación de una Ordenanza está compuesto por una serie
de fases que culminan con su entrada en vigor. El tema 15 incluye el epígrafe
titulado “Las Ordenanzas municipales. Reglamentos y Bandos.Procedimiento de
elaboración y aprobación”. El procedimiento viene establecido en la Ley de
Bases del Régimen Local en los artículos 49 y 70 que establecen:
“Artículo 49.
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.”
“Artículo 70.
2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a
éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se
publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
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previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que
se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones
públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los
ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su
ámbito territorial”
Por tanto, el procedimiento de aprobación y elaboración de las Ordenanzas, que
conduce a su entrada en vigor, requiere cumplimentar una serie de trámites. De
estos trámites, el único de los que la Ley contempla es el enumerado en la letra
c), siendo los demás incorrectos porque la publicación debe hacerse en el BOP
y la aprobación inicial la hace el Pleno.
Pregunta 19.-
Señale la respuesta correcta:
a. Los tenientes de alcalde existen en todos los municipios.
b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios.
c. La comisión especial de sugerencias y reclamaciones existe en todos los
municipios.
La respuesta correcta es la a) ya que es la única posible, conforme al art. 20.1.a)
LBRL al ser órganos necesarios en todos los municipios. La Junta de Gobierno
y la comisión especial, requieren acuerdo previo para su existencia.
“Artículo 20.
1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c) (…)
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los
municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo
acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.”
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Pregunta 26
¿Cuál de estas afirmaciones es la verdadera?
a. La persona detenida por un particular debe ser entregada a un funcionario
policial o Juez en el plazo de 24 horas.
b. La persona detenida por un particular debe ser entregada en el juzgado
en un plazo de 36 horas.
c. La persona detenida por un particular debe ser presentada
inmediatamente en las dependencias policiales.
Tal como establece el art. 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “El particular,
Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de
lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla
al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las
veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.”
Por tanto, ninguna de las respuestas es correcta del todo. Así, la opción a) es
incorrecta al señalar que dispone un particular un plazo de 24 horas para
entregarla a un funcionario policial, opción inexistente en la Ley. La letra b)
también es incorrecta al otorgarse un plazo de 36 horas no contemplado en la
Ley. Por último, la opción c) tampoco es correcta al prever la obligación de
presentarlo en dependencias policiales, cuando la previsión legal es presentarlo
ante el juez.
Debido a lo anterior, se declaró nula por el Tribunal la pregunta 26 al no haber
ninguna correcta.
Pregunta 27
En relación al Deber de colaboración, ¿quién tiene el especial deber de
colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana?
a. Personal de seguridad, despachos detectives privados y empresas de
seguridad privada.
b. El personal que realice funciones de policía administrativa.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
El art. 7 de la LO 4/2015 señala:
“Deber de colaboración.
1. Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con
las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que
sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el
artículo 3. Cuando, por razón de su cargo, tengan conocimiento de hechos que
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perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda
inferirse que pueden producir una perturbación grave, estarán obligados a
ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente.
2. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrán recabar de los particulares su ayuda y
colaboración en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines previstos
en esta Ley, especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe
extraordinaria, siempre que ello no implique riesgo personal para los mismos.
Quienes sufran daños y perjuicios por estas causas serán indemnizados de
acuerdo con las leyes.
3. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y
el personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la
colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos
en la normativa de seguridad privada.
4. El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial
deber de colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de
esta Ley.”
La única respuesta posible por tanto es la b) al establecerlo expresamente el
mencionado artículo, ya que la referencia que se hace en el número 3 de dicho
artículo al deber de colaboración de las empresas de seguridad privada se centra
en el deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y condicionado a
lo que se establezca en la normativa de seguridad privada.
Pregunta 32
En cuanto a los tiempos de conducción y descanso se considerará que
afecta a la seguridad vial:
a. El exceso en más del 60 por ciento en los tiempos de conducción.
b. La minoración de más del 50 por ciento en los tiempos de descanso.
c. a y b son correctas.
El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, prevé en su art. 77 (apartado i) que es una infracción muy grave:
“Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más
del 50 por ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre
transporte terrestre”
Como consecuencia, dado que no se ha solicitado que se reproduzca
textualmente el artículo, tanto las respuestas a como b son correctas, al encajar
ambas en el tipo señalado en la Ley.
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Por tanto, la respuesta correcta es la c), ya que las opciones a y b son ciertas.
Se produce un cambio en la respuesta inicialmente dada como correcta por el
Tribunal (que era la b), pasando a darse como respuesta correcta la c).
Pregunta 40
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 4/2015, 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana, que hace referencia a la cooperación
administrativa entre la Administración General del Estado y las demás
administraciones públicas con competencia en materia de seguridad, se
regirán en sus relaciones por los siguientes principios:
a. Transparencia y lealtad institucional.
b. Cooperación y eficacia.
c. Cooperación y Lealtad institucional.
La redacción literal del artículo 6 de la Ley Orgánica 4/2015, es la siguiente:
Artículo 6. Cooperación interadministrativa.
La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con
competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones,
por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la
información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica
necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese
preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de
esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No cabe por tanto otras alternativas, siendo la única respuesta correcta la c.
Pregunta 43
Conforme al artículo 3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio ¿cuál es el plazo
para resolver y notificar la solicitud de las licencias urbanísticas de
segregación, parcelación y división?
a. 3 meses.
b. 1 mes.
c. 15 días.
El artículo 343.1 de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales, señala el
siguiente plazo:
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“El plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres
meses contados desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los
registros municipales.
Se exceptúan las licencias de segregación, parcelación y división, cuyo plazo
de resolución y notificación será de un mes.”
Por tanto, aunque el plazo previsto en la norma para estas solicitudes es de un
mes, el mencionado plazo no aparece recogido en el art. 3, sino en el 343. Dado
el error cometido en la formulación de la pregunta, el Tribunal acuerda declarar
nula esta pregunta, ya en el artículo 3 no se establece el mencionado plazo.
Pregunta 48
¿Cuánto tiempo tendrá el Ministerio Fiscal para resolver lo que proceda
cuando un menor detenido ha sido puesto a su disposición?
a. 12 horas.
b. 24 horas.
c. 48 horas.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, en su art. 17 señala expresamente los siguientes plazos:
“4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más
tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo
máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad
o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el
artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia
para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.
5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá
de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre
la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo
siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición
del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas
cautelares, con arreglo a lo establecido en el artículo 28.”
Por tanto, la única respuesta correcta será la c, no cabiendo respuestas
alternativas, y siendo la pregunta clara en su planteamiento. En la pregunta se
plantea el plazo previsto, no a partir de cuándo se comienza a computar.
Tampoco se pregunta de cuánto tiempo dispone el Ministerio Fiscal para resolver
a partir del momento de haber sido puesto a su disposición, sino cuál es plazo
estipulado en la Ley.
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Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, la plantilla de corrección por la
que el Tribunal ha establecido las puntuaciones de los aspirantes es la siguiente:
Pregunta Solución
1 b
2 c
3 c
4 c
5 c
6 a
7 c
8 c
9 a
10 b
11 b
12 c
13 b
14 b
15 c
16 b
17 a
18 c
19 a
20 a
21 c
22 b
23 b
24 c
25 b
26 Nula
27 b
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28 b
29 b
30 c
31 c
32 c
33 b
34 a
35 c
36 a
37 a
38 b
39 c
40 c
41 c
42 b
43 Nula
44 c
45 c
46 b
47 c
48 c
49 c
50 a
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Tercero.- Las calificaciones obtenidas por los aspirantes en la prueba celebrada
el día 12 de abril es la siguiente:
APELLIDOS NOMBRE D.N.I Respuestas
correctas
Respuestas
incorrectas
Respuestas
en blanco
Calificación
PEREZ ZAMORA ANGEL FELIPE 78560530M 25 10 13 4,51
PINO FRANQUET IVÁN DEL 43811680S 28 15 5 4,79
SAAVEDRA
FERNANDEZ JOSE 43800363Z
32 7 9 6,18
SANCHEZ CHAVEZ MOISES SALVADOR 43795241K 28 16 4 4,72
TORRES GONZALEZ DAVID 43787199Y 36 5 7 7,15
VIERA PERDOMO JOSÉ JUAN 45455487N 23 8 17 4,24
ZAMORA LOPEZ JORGE RICARDO 43810765C 28 15 5 4,79
AFONSO
PERDOMO ALEJANDRO 78557063B
22 11 15 3,82
ALVAREZ ESTEVEZ JORGE ZEBENZUI 43823429B 33 12 3 6,04
CARBALLO DIAZ JUAN ANTONIO 78691155J 33 6 9 6,46
CASTRO BAUTE DANIEL 78677648F 35 5 8 6,94
CASTRO
RODRIGUEZ ABRAHAM JAVIER 43826475K
24 11 13 4,24
DIAZ DIAZ DAMIAN JESUS 78561544F 22 18 8 3,33
DOMINGUEZ
NUÑEZ FRANCISCO JAVIER 43816061A
42 5 1 8,40
FARIÑA PEREZ DAVID 43824775T 31 14 3 5,49
FERNANDEZ
GONZALEZ EDUARDO JESUS 78698284N
22 13 13 3,68
FUENTE PEREZ FRANCISCO JOSE DE
LA 43371095H
30 8 10 5,69
GARCIA COLINA SERGIO 78695223X 34 9 5 6,46
GUTIERREZ
HERNANDEZ AARON CRISTOBAL 78565129G
28 11 9 5,07
MARTIN TIRADO JORDI 78698141F 32 8 8 6,11
MELIAN GONZALEZ GUILLERMO 54042347Y 35 8 5 6,74
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En S/C de Tenerife, a la fecha de la firma. Firmado electrónicamente por:
D. Jesús María González García, Presidente del Tribunal
Dª. Lucía Dorta Alom, Secretaria del Tribunal
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