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Libertad y Orden
Ministerio del Interior
República de Colombia
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Manual para la formulación de políticas públicas de lucha contra la trata de personas y el diseñoy ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales
Ministerio del InteriorViceministerio de Relaciones PolíticasDirección de Gobierno y Gestión Territorial
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)Marcelo PisaniJefe de Misión
www.oim.org.co
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está consagrada al principio de que lamigración en forma ordenada, en condiciones humanas benecia a los migrantes y a la sociedad.En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM trabaja con susasociados de la comunidad internacional para ayudar a encarar los desafíos que plantea la migración
a nivel operativo; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo socialy económico a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar delos migrantes.
Esta publicación es realizada en el marco del convenio CM 160 de 2010 rmado entre el Ministerio delInterior y la OIM, y cuenta con el apoyo del Programa Integral contra Violencias de Género.
Autora:Gladis Marcela Enciso
Consultora OIM
Asistencia técnica:
Programa Trata de Personas y Género – OIMCarolina López Laverde - Coordinadora de ProgramaMaría Fernanda Ángel Documet - Especialista en política públicaGustavo A. Romero Poveda - Monitor de política pública
Programa Integral contra Violencias de Género – MDGFFlor María Díaz - Coordinadora de ProgramaMaría Consuelo Arenas - Especialista en género
Grupo de lucha contra la trata de personas – Ministerio del Interior.
© Ministerio del Interior Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Primera edición, mayo de 2012Bogotá D.C., Colombia
ISBN: 978-958-8469-63-8
Diseño, diagramación e impresión:www.codice.com.co
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Contenio
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
MARCO ORIENTADOR
1.1 ¿Qué es la trata de personas?
1.2 Elementos para identicar un caso de trata de personas
1.3 Consentimiento de la víctima
1.4 Modalidades de trata de personas
1.4.1 Explotación de la prostitución ajena u otras ormas de explotación
sexual
1.4.2 Trabajos o servicios orzados
1.4.3 Explotación de mendicidad ajena
1.4.4 Matrimonio servil
1.4.5 Esclavitud
1.4.6 Prácticas análogas a la esclavitud
1.4.7 Servidumbre
1.4.8 Extracción de órganos
1.5 Factores de vulnerabilidad
1.5.1 Las desigualdades de género
1.5.2 Pobreza
1.5.3 El conficto armado
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MARCO NORMATIVO RELACIONADO CON EL DESARROLLO
TERRITORIAL FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS
1.6 Constitución Política de Colombia
1.7 Ley 131 de 19941.8 Ley 152 de 1994
1.9 Ley 734 de 2002
1.10 Ley 951 de 2005
1.11 Ley 985 de 2005
1.12 Ley 1098 de 20061.13 Ley 1257 de 2008
1.14 Decreto 1137 de 1999
1.15 Decreto 4319 de 2006
1.16 Decreto 4786 de 2008
CAPÍTULO II
2.1 Política Pública sobre la trata de personas
2.2 La Estrategia Nacional Integral contra la trata de personas
2.2.1 Enoque de Derechos
2.2.2 Enoque de Género
2.2.3 Enoque de Protección Integral
2.2.4 Enoque Territorial
2.3 Líneas estratégicas
2.3.1 Eje de Prevención
2.3.2 Eje de Protección y Asistencia a Víctimas
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2.3.3 Eje de Cooperación Internacional
2.3.4 Eje de Investigación y Judicialización
2.4 Los Comités Regionales, Departamentales y/o Municipales de
Lucha Contra la Trata de Personas
2.5 Consejos de Política Social
2.5.1 Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
2.5.2 La Violencia basada en género
2.5.3 Explotación inantil
2.5.4 Tráco de niños, niñas y adolescentes
2.5.5 El tráco de migrantes
2.6 Planes de Acción de los comités de Lucha Contra la Trata de
Personas
2.7 Seguimiento y evaluación
2.8 Herramientas para el seguimiento del Plan de Acción
2.9 Evaluación de la Política Pública
2.10 Otras herramientas para la evaluación del Plan de Acción
2.11 Principios de Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad
2.11.1 Principio de Coordinación
2.11.2 Principio de Concurrencia
2.11.3 Principio de Subsidiariedad
CAPÍTULO III
INCLUSIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN LA PLANEACIÓN
TERRITORIAL
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3.1 La importancia del empalme en el proceso de desarrollo
sostenible de la lucha contra la trata de personas
3.2 Planeación estratégica del desarrollo territorial
3.2.1 Enoque poblacional y ciclo vital
3.2.2 Enoque de garantía de derechos
3.2.3 Enoque de género
3.2.4 Enoque territorial
3.3 La Responsabilidad de Gobernador/Alcalde en la inclusión
de la trata de personas en el Plan de Desarrollo
3.3.1 El Plan de Desarrollo
3.4 Cronograma de ormulario y adopción del Plan de Desarrollo
Territorial PDTE
3.5 Elaboración de proyectos destinados a la Lucha Contra
la Trata de Personas
3.6 A manera de conclusión
ANEXOS
Desempeño en la lucha contra la trata de personas en Colombia,
en el marco de los Planes de Acción Departamental (PAD)
I. Presentación
II. Responsable de la aplicación
III. Orientaciones y actividades de aplicación
IV. Instrucciones de diligenciamiento del instrumento
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INTrOdUCCIóN
Apostar por una política pública
de lucha contra la trata de perso-nas resulta enriquecedor y necesa-rio. El avance en esta construcciónevidencia que la violación de losderechos de las víctimas de tratade personas es de carácter e inte-rés público, que cae en el ámbito
de la responsabilidad del Estadoy que merece la atención del Go- bierno. El Estado Social de De-recho permite el surgimiento denuevos asuntos públicos, así como posiciones políticas, y conside-ra fundamental la participación
ciudadana, motivo por el cual laopinión pública argumentada tie-ne sentido en el pacto social deconvivencia. Son estas las razones por las que las administracionesno pueden aislarse infructuosa-mente en discusiones internas y
decidir entre ellos las políticas, planes y programas. La lucha con-tra la trata de personas imponegrandes desafíos, no solo porquetiene una incidencia transnacionalsino porque por su propia natura-leza se hace invisible; además, es
de las conductas menos recono-
cidas y malinterpretadas por faltade capacitación de los agentes delEstado.
Colombia ha promulgado unas re-glas de juego en la lucha decididacontra la trata de personas, desdelos enfoques de derechos, de gé-nero y territorial, ha dispuesto laconstrucción de una política inte-grada por un conjunto de orien-
taciones que apuntan al cumpli-miento del mandato conferido alEstado por la sociedad. De talesorientaciones se desprenden ini-ciativas, decisiones y acciones para convertir en realidad esos
propósitos, se han convertido enretos para las administraciones te-rritoriales, que deben adecuarlas asu contexto, que en muchos casostiene desarrollos territoriales e ins-titucionales desiguales, marcados por un grave conicto armado que
genera disparidades crecientes.
Estas políticas públicas no puedenir desarticuladas del proceso es-tratégico de desarrollo territorial, pues sería lo más contradictorio bajo una concepción del desarro-llo humano, en donde cabe recor-
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dar que el desarrollo es un derechoreconocido internacionalmente enla Declaración sobre el derecho aldesarrollo, en donde la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó: “La persona humanaes el sujeto central del desarrolloy debe ser el participante activoy el beneciario del derecho aldesarrollo”. En tal medida cobraimportancia la elaboración de los planes de desarrollo territorialcomo instrumentos para la cons-trucción de condiciones de equi-dad e inclusión, cimentados en la participación y empoderamientode las personas, los cuales se de-
sarrollan de conformidad con larealidad de su territorio en aras de‘aterrizar’ las políticas públicascon miras a garantizar el bienes-tar de la población.
El Programa integral contra la
violencia de género MDG-F y laOrganización Internacional paralas Migraciones (OIM) han veni-do acompañando al Comité inte-rinstitucional para la lucha contrala trata de personas, ente al que le
corresponde formular y coordi-nar la política, advirtiendo la ne-
cesidad de contar con un manualsobre el proceso de formulaciónde políticas públicas de trata de personas y la puesta en marcha
de acciones sobre la temática anivel local. En tal medida surgeesta guía como instrumento faci-litador para la inclusión de la tratade personas en la planeación terri-torial, armonizada con los linea-mientos de política expedidos por el Gobierno Nacional.
El manual consta de tres capítu-los, el primero presenta un marcoorientador sobre la trata de per-sonas de una manera amigable,
de modo que le permita al man-datario comprender no solo susignicado sino las modalidadesde este y algunas característicastrascendentales para compren-der la trata, como la necesidadde tener en cuenta que el con-
sentimiento de la víctima no esexcusa para la conguración deltipo penal y los factores de vul-nerabilidad, en donde cobran realimportancia las desigualdades degénero, que conlleva a que la ma-
yoría de las víctimas de la tratade personas sean mujeres, lo que
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trae resultados nefastos no solo para la vida de la mujer sino parael desarrollo del país.
En el segundo capítulo se haceun recorrido por los avances en laconstrucción de la política públi-ca, evidenciando la trascendenciade la trata de personas, que llevóa que el Estado se organizara paradesarrollar una serie de instru-mentos, en los cuales deben so- portarse las entidades territoriales para avanzar en la lucha contrala trata de personas. Se presenta-rá la Estrategia Nacional integralcontra la trata de personas, como
eje fundamental de la política pública, introduciendo las líneasestratégicas y la importancia deldesarrollo territorial, para lo cualse requiere contar con estructuras(comités) organizadas, que desa-rrollen la estrategia a nivel local,
desde un enfoque territorial, dederechos y de género, así comolos principios que permitan elejercicio de las competencias atri- buidas a los entes territoriales.
El último capítulo presenta, comouna oportunidad para la garantíade los derechos, el desarrollo te-rritorial, resaltando la importan-
cia de la planeación estratégica,articulada con la política públicade lucha contra la trata de perso-nas. Se establecerá el cronogra-ma para la elaboración de pla-nes de desarrollo y, a manera derecomendación, se presentaránlas cuestiones importantes en el proceso de planeación territorial, para lograr que el problema dela trata de personas sea incluidoen los Planes de Desarrollo, conel n de ayudar a que se realicen
proyectos de inversión que im- pacten la lucha contra la trata.
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CAPÍTULO IMARCO ORIENTADOR
1.1 ¿Qué es la tata e
pesonas?
Es una VIOLACIÓN A LOS DE-RECHOS Y GARANTÍAS DELA PERSONA, entre los cualesvale la pena destacar el derecho ala dignidad e integridad, a su au-
tonomía personal, al libre desarro-llo de la personalidad, a la vida encondiciones dignas, a la salud, ala locomoción, a la intimidad, a laigualdad, a la seguridad. Es consi-derada por los expertos como unaforma de esclavitud moderna, enla cual la persona es degradada ala condición de mercancía, des-arraigándola de su entorno, conel objeto de cortar sus vínculosafectivos para mantener las con-diciones de aislamiento que per-
miten al tratante tener el control yexplotarla.
Es un PROBLEMA GLOBAL, re-lacionado con la MIGRACIÓN, elcual inicia con el reclutamiento dela víctima a través de un proceso
de captación, para ser trasladadade su lugar de origen con nes de
explotación. Si el traslado se pre-senta en el mismo país, se denomi-na interna, si traspasa las fronterasse denomina externa.
Es considerada una de las FOR-MAS DE VIOLENCIA BASA-DAS EN GÉNERO, toda vez quelas principales víctimas de la tratade personas son las mujeres, jó-venes, niñas y niños, producto de
las desigualdades históricas entrehombres y mujeres en un sistemade relaciones de poder, cuya inte-racción de factores sociocultura-les, situacionales y personales,conlleva a la inequidad hacia la
s mujeres, lo que trae como con-secuencia violencia y discrimi-nación. Es preciso entender que“La violencia contra la mujer por motivos de género es la violenciadirigida contra la mujer porquees mujer o que la afecta en forma
desproporcionada. Incluye actosque inigen daños o sufrimientosde índole física, mental o sexual,amenazas de cometer esos actos,coacción y otras formas de priva-ción de la libertad…”1.
1. Recomendación general N° 19 del Comité para la eliminación de la discriminación contrala mujer.
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Es un DELITO TRANSNACIO- NAL ORGANIZADO que afectala dignidad humana. En cumpli-miento de los compromisos inter-
nacionales adquiridos por Colom- bia, esta conducta se encuentratipicada en el Código Penal. Deconformidad con los estándaresinternacionales2, el legislador laincluyó en el marco de los deli-tos contra la libertad individual yotras garantías3, especícamen-te en delitos contra la autonomía personal4, lo cual refuerza la in-tención de la protección de los de-rechos humanos y garantías per-sonales. De igual forma, se debe
señalar que la trata de personas5
es catalogada como un crimen delesa humanidad.
2. Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, especialmente mujeresy niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organi-zada transnacional. Artículo 5.
3. Código Penal. Ley 599 de 2000. Título III
4. Código Penal. Ley 599 de 2000. Título III.Capítulo V.
5. Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional. Artículo 7.
1.2 Elementos paaientica un caso e tata
e pesonas
El Protocolo para prevenir, re- primir y sancionar la trata de personas, especialmente muje-res y niños, que complemen-ta la Convención de las Na-ciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal6, estableció un consenso in-ternacional sobre la deniciónde la trata de personas, que en un primer momento fue adoptado por Colombia en virtud de la Ley747 de 2002. En esta denición se
debían identicar tres elementosintegrantes de la trata de perso-nas: la actividad o enganche de lavíctima; el medio o forma comose hace, y el propósito o n. Estadisposición fue modicada por laLey 985 de 2005, y actualmente
para identicar un caso se debentener en cuenta dos elementos
6. Ley 800 de 2003, “Por la cual se apruebanla ‘Convención de las Naciones Unidas Contrala Delincuencia Organizada Transnacional’ y el‘Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres yniños’, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Orga-nizada Transnacional”.
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constitutivos de la trata de per-sonas, el primero es el TRAS-LADO DE LA PERSONA, quecomprende las acciones de los
tratantes para la captación y mo-vilización de la víctima (interna oexterna), y el segundo es la EX-PLOTACIÓN DE LA VÍCTIMA.
1.3 Consentimiento e lavíctima
“El consentimiento inicial de unavíctima para viajar o desempeñar un trabajo no autoriza al emplea-dor a limitar su libertad o hacer usode la fuerza o de amenazas poste-
riormente para obtener un pago”7
.El consentimiento de la víctima dela trata de personas pierde todo suvalor ante los medios coercitivosa que está expuesta como: amena-za, fuerza, engaño, coacción y eluso del poder, entre otros. Hay una
pérdida de su autonomía personal,razón por la cual no están dadas lascondiciones para ejercer su dere-cho a elegir su forma de vida.
7. Naciones Unidas. Asamblea General. Con-sejo de Derechos Humanos. Informe de la re-latora especial sobre la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños, la señora Joy NgoziEzeilo. 2009.
En tal medida, el consentimientodado por la víctima, por no ser vá-lido, no puede ser utilizado paraabsolver a una tratante de su res-
ponsabilidad penal.
1.4 Moaliaes e la tata
e pesonas
Las modalidades de la trata de personas son las diferentes for-
mas en que se maniesta la explo-tación. A continuación se presen-ta un referente conceptual de lasmás frecuentes. Tenga en cuentaque muchas modalidades de tratade personas han sido invisibles,
especialmente por la falta de de-nuncia ante la presión de la redesde tratantes, pero es posible en-contrar diversas formas de explo-tación que conguran la trata; estase da siempre que pueda identi-car los elementos mencionados
con anterioridad. 1.4.1 Explotacin e lapostitucin ajena u otas omase explotacin sexual
Consiste en el abuso, aprovecha-miento, utilización, instrumentali-zación, con nes sexuales, cometi-
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do contra una persona, en el que ala víctima o a un tercero se le ofrece pagar, o se le paga en dinero o es- pecie. Son diversas las formas de
esta explotación, las más conocidasson la de la prostitución ajena, el tu-rismo sexual y la pornografía. Estamodalidad afecta principalmente amujeres y niñas.
1.4.2 Tabajos o sevicios ozaos
“Por trabajo forzoso u otros ser-
vicios se entiende todo trabajo o
servicio exigido a un individuo
bajo la amenaza de una pena y
para el cual dicho individuo no
seofrece voluntariamente”8.
La OIT identica cinco elementosimportantes que pueden revelar una situación de trabajo forzoso:
• (Amenaza de) violencia física
o sexual; puede incluir también latortura emocional; por ejemplo, el
8. Grupo de trabajo sobre la trata de personas.Análisis de algunos importantes conceptos delProtocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres yniños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organi-
zada transnacional. CTOC/COP/WG.4/2010/2,2009.
chantaje, la condena y el uso delenguaje insultante.
• Restricción de movimientos a
una zona limitada o reclusión en ellugar de trabajo.
• Servidumbre por deudas/tra- bajo servil; retención de los sala-rios o negativa a pagar.
• Conscación de pasaportesy documentos de identidad, demodo que el trabajador no puedamarcharse o acreditar su identidady su situación.
• Amenaza de denuncia a lasautoridades9.
Se debe tener en cuenta que tantoel Protocolo para prevenir, repri-mir y sancionar la trata de per-sonas, especialmente mujeres y
niños, como la Ley 985 de 2005,diferencian las modalidades de ex- plotación por trabajos o serviciosforzados y la explotación sexual;esto no debe llevar a la conclusión
9. OIT, de seres humanos y trabajo forzoso
como forma de explotación. Guía sobre lalegislación y su aplicación, 2006.
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de que la explotación sexual coer-citiva no equivale a trabajos o ser-vicios forzados, especialmente enel contexto de la trata de personas.
La explotación sexual coercitivay la prostitución forzada están cir-cunscritas al ámbito de la deni-ción del trabajo forzoso o el traba- jo obligatorio.
Desde que entró en vigor el Con-venio No. 29, la Comisión de Ex- pertos de la OIT ha consideradola con nes de explotación sexualy comercial una de las formas detrabajo forzoso.
Una situación de trabajo forzosoestá determinada por la naturalezade la relación existente entre una persona y un ‘empleador’, y no por el tipo de actividad realizada,la legalidad o ilegalidad de la ac-tividad en-virtud de la legislaciónnacional, o su reconocimientocomo ‘actividad económica’10.
10. Naciones Unidas. Conferencia de las Partesen la Convención de las Naciones Unidas con-tra la delincuencia organizada transnacional.Grupo de trabajo sobre la trata de personas.Análisis de algunos importantes conceptos delProtocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres yniños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organi-zada transnacional. CTOC/COP/WG.4/2010/2.2009, p. 6.
1.4.3 Explotacin e la
menicia ajena
Un problema social bastante co-
mún en nuestro país es la mendi-cidad, que se constituye en cuan-do la víctima es obligada a pedir limosna en contra de su voluntady es trasladada a un contexto aje-no, en donde no se le permite sa-lir de dicha situación.
El tratante, por su lado, es el quese lucra de esta actividad, el queorganiza el negocio y quien ejercecontrol sobre estas personas11.
1.4.4 Matimonio sevil
Se entiende toda institución o prác-tica en virtud de la cual, i) una per-sona, mayor o menor de edad, sin-que la asista el derecho a opo-nerse, es prometida o dada en
matrimonio a cambio de una con-trapartida en dinero o en especieentregada a sus padres, tutor, fa-milia o a cualquier otra personao grupo trata de personas; o ii) elmarido de una mujer, la familia o
11. Organización Internacional para las Migra-ciones. Guía de asistencia a víctimas de trata de
personas en Colombia. 2006, p. 25.
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el clan del marido tienen el dere-cho de cederla a un tercero a títulooneroso o de otra manera; o iii) lamujer, a la muerte de su marido,
puede ser transmitida por herenciaa otra persona12.
1.4.5 Esclavitu
Es reducir a una persona al estadoo condición respecto de la cual se
ejercen todos o parte de los pode-res atribuidos al derecho de pro- piedad13.
1.4.6 Pácticas análogas a la
esclavitu
Se entiende la explotación econó-mica de otra persona sobre la basede una relación real de dependen-cia o coerción, conjuntamente conla privación grave y de largo al-cance de los derechos civiles fun-damentales de esa persona; esas
prácticas abarcan la servidumbre
12. Grupo de trabajo sobre la trata de personas.Análisis de algunos importantes conceptos delProtocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeresy niños, que complementa la Convenciónde las Naciones Unidas contra la delincuen-cia organizada transnacional. CTOC/COP/WG.4/2010/2. 2009, pp. 6-7.
13. Ibídem, p. 7.
por deudas, la servidumbre de lagleba, el matrimonio forzado oservil y la explotación de niños yadolescentes14.
1.4.7 Seviumbe
Son las condiciones de trabajo ola obligación de trabajar o prestar servicios de las que la persona encuestión no puede escapar y que
no puede modicar 15. Puede ha- ber servidumbre por deudas cuan-do la persona se compromete a la prestación de sus servicios comogarantía de la deuda, el explota-dor no amortiza el valor de losservicios a la deuda, y el tiempo
indenido.
En la servidumbre de la gleba, la prestación de sus servicios, con-sistente en trabajar sin ningunaremuneración sobre una tierra que
no le pertenece.
14. Ibídem, p. 7.
15.Ibídem, p. 8.
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16
1.4.8 Extaccin e ganos16
Es la extracción y comercializaciónde tejidos y órganos humanos17.
1.5 Factoes e
vulneabilia
Las causas de la trata de personasson múltiples y pueden variar deun lugar a otro. En estas conver-
gen, entre otros factores, los eco-nómicos, sociales y culturales.La identicación de las mismasadquiere gran importancia para la prevención, pues son un elemen-to esencial para el diagnóstico decada territorio, con el n de gene-rar acciones que, en el marco de
16. La trata de personas con nes de extrac-ción de órganos prospera gracias a la escasezde órganos para realizar trasplantes. A esa de-manda se suma la oferta, a menudo creada arti-cialmente por ‘intermediarios’ de la venta deórganos que captan donantes entre los gruposde la población vulnerable. Los donantes confrecuencia consienten en la extracción de sus
propios órganos, y en muchos casos incluso re-
ciben el pago acordado que se les ha prometido.Sin embargo, como suele ocurrir en situacionesde trata de personas con nes de explotación, la
pobreza y la utilización de medios inapropia-dos, como el abuso de situaciones de vulnera-
bilidad, a menudo sirven de incitación a la pres-tación del ‘servicio’. (Conferencia de las Partesen la Convención de las Naciones Unidas con-tra la delincuencia organizada transnacional.Grupo de trabajo sobre la trata de personas connes de extracción de órganos. 2011, p. 3).
17. Organización Internacional para la Migra-ciones. Guía de asistencia a víctimas de trata de
personas en Colombia. 2006, p. 25.
la planeación territorial, vayan di-rigidas a prevenir la trata de perso-nas. En este acápite se menciona-rán los factores más comunes que
contribuyen a la trata de personas,los que se conjugan con la corrup-ción de servidores públicos, la im- punidad frente al delito, las polí-ticas económicas excluyentes y laglobalización, con consecuenciasnefastas para las víctimas. Se debetener en cuenta que estos factoresinciden en cada persona de mane-ra diferente, según género, edad,etnia, situación socioeconómica,hasta el papel que desempeña enla familia y en el grupo social.
1.5.1 Las esigualaes e géneo
Históricamente las mujeres sehan visto afectadas por la discri-minación, la violencia y la faltade oportunidades en igualdad de
condiciones; es preciso mencio-nar que el término igualdad nose reere a semejanza, es el tra-tamiento diferencial para corregir desigualdades de partida. La des-igualdad por razón de género seevidencia, entre otros aspectos, en
la falta de acceso a la educación,
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17
al trabajo, a la autonomía econó-mica, a la participación política,que las construcciones socialesnaturalizan en el tiempo, convir-
tiéndose las mujeres y niñas enel grupo más vulnerable para ser víctimas de la trata de personas.De igual forma, el arraigo culturalde representaciones, estereotiposy prácticas discriminatorias conlas mujeres, como la triple jor-nada laboral, la división sexualdel trabajo, las segregaciones delmercado laboral, la magnitud delas violencias, tanto en ámbitos privados como públicos, y el con-siderar el cuerpo femenino como
un objeto sexual, incrementan lascondiciones de vulnerabilidad delas mujeres para ser posibles víc-timas de la trata de personas18.
Siendo este un fenómeno global,la relatora especial sobre violencia
contra la mujer anotó lo siguien-te en relación con las causas queconstituyen la raíz de la trata de personas: “54. Las causas que
18. Ministerio del Interior y de Justicia. Oci-na de las Naciones Unidades contra la Drogay el Delito. Estudio nacional exploratorio de-
scriptivo sobre el fenómeno de trata de perso-nas en Colombia. 2009, p. 31
constituyen la raíz de la migra-
ción y la se entrecruzan en gran
manera. La falta de derechos
reconocidos a las mujeres sirve
como el factor causal primarioen la base tanto de la migración
femenina como de la de mujeres.
Mientras que tales derechos en-
cuentran expresión inevitable en
constituciones, leyes y políticas, a
las mujeres les sigue siendo nega-
da la plena ciudadanía porque los
Gobiernos no protegen ni promue-
ven los derechos de la mujer (...)
Al existir negligencia en cuanto a
la protección y promoción de los
derechos civiles, políticos, econó-
micos y sociales de la mujer, losGobiernos generan situaciones
propicias para el orecimiento de
la trata de personas”.
1.5.2 Pobeza
La inequidad social, la exclusióno falta de bienes materiales, la pobreza, el problema del ingreso(desempleo), están íntimamenterelacionados, lo que genera ca-rencias de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo
personal, e impulsa a una migra-
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18
ción de las personas en búsquedadel mejoramiento de su calidad devida, situación que suele ser apro-vechada por los tratantes, quienes
realizan tentadoras ofertas.
1.5.3 El conficto amao
Colombia continúa afrontando unconicto armado desde hace másde medio siglo, el cual se recru-
dece en algunas zonas del país. Elimpacto de esta violencia genera-lizada ha sido devastador para losderechos de hombres y mujeres, pero con efectos diferentes. Lamujer en este contexto es utili-
zada como un botín de guerra, locual genera más discriminacióny violencia sobre sus familias ycomunidades, situación que seagrava en las mujeres indígenas yafrodescendientes, que enfrentandoble discriminación por ser mu-
jer y por aquellas derivadas de sucondición étnica.
Las organizaciones de mujereshan reportado diferentes violen-cias cometidas a contra ellas enel marco del conicto armado,entre las que se encuentra la trata
de personas19. Del mismo modo,la Relatoría sobre los derechosde las mujeres de la ComisiónInteramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) ha manifestado su preocupación por el reclutamientode niñas y jóvenes por los gruposarmados, quienes son violadas yforzadas a emplear dispositivosintrauterinos con el n de prestar sus servicios sexuales y hacerleslas tareas domésticas. La violenciaderivada del conicto armando hallevado al desplazamiento forzadode miles de familias, muchas deellas con jefatura femenina. Estassituaciones aumentan las condi-
ciones de vulnerabilidad para ser víctima de la trata de personas.
Por otra parte, es necesario men-cionar otros factores adiciona-les, identificados en la investi-gación “Condiciones de vulnera-
bilidad a la trata de personas enColombia”20, no tener en cuenta
19. Seminario internacional. Judicialización decasos y reparación a mujeres víctimas de deli-tos de violencia sexual en el marco del conic-to armado. Ed. Antropos. Bogotá, 2009.
20. Organización Internacional para las Mi-graciones. “Condiciones de vulnerabilidad a
la trata de personas en Colombia”. Resumenejecutivo.
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19
solamente los socioeconómicosy sociodemográficos, sino eva-luar otros aspectos, como:
Alta poclivia al iesgo: se es-tablece que las personas que vi-ven en condiciones más precariasestán dispuestas a tomar riesgosmás extremos con respecto de susalud y bienestar, lo que los alejadel comportamiento económico-
estándar.
Esto podría deberse a falta de al-ternativas, o a la percepción de queen todo caso el entorno presen-ta un nivel tan alto de riesgo que
asumir otro, o hacer una apuestagrande y extrema para escapar alentorno, podría valer la pena. Deigual forma, en una misma pobla-ción existen niveles de aceptaciónde situaciones riesgosas a cambiode algún benecio.
Hoizontes tempoales beves: seestima que la conducta autodes-tructiva podría estar relacionadacon una subvaloración del presen-te en relación con el futuro, arries-gan mucho para ganar al corto
plazo.
Infuencia negativa e las ees
sociales: ciertas presiones de lasredes sociales, red familiar, ami-gos, personas cercanas, puede lle-
var a que un individuo termine enuna situación de trata de personas.
En consideración a lo anterior, para estudiar los factores de vul-nerabilidad se deben precisar me- jor las condiciones estructuralesy la manera en que inuyen en la proclividad a convertirse en vícti-ma de la trata, así como indagar enla estructura decisional y norma-tiva del conjunto de la población.
MARCO NORMATIVORELACIONADO CON
EL DESARROLLOTERRITORIAL FRENTE ALA TRATA DE PERSONAS
1.6 Constitucin Políticae Colombia
El artículo 1 de la ConstituciónPolítica establece que: “Colombia
es un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de Repúbli-
ca unitaria, descentralizada, conautonomía de sus entidades te-
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20
rritoriales, democrática, partici-
pativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
En concordancia con el artículo 2,
que dene “[Los] nes esenciales
del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Na-
ción; defender la independencianacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la conviven-
cia pacíca y la vigencia de un or -
den justo. Las autoridades de la
República están instituidas para
proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Esta-
do y de los particulares”.
Estos artículos imponen una se-rie de obligaciones y retos a lasautoridades en general, pero paralos efectos de este manual se hará
especial referencia a los mandata-rios departamentales y municipa-les, a quienes, entre otras funcio-nes, les corresponde garantizar el bienestar general, que se deriva de“la concepción misma de Estado
Social de Derecho, que presenta
como característica esencial el
propósito de la consecución del
bienestar general, denido en sus
prioridades y componentes por
la misma sociedad, representada
en los agentes que para el efecto
elige. Esto implica que la mate-rialización de las metas y objeti-
vos que contribuirán al logro de
ese bienestar social general, esté
bajo la responsabilidad directa de
aquel que fue elegido por haber
logrado que la mayoría aceptara
y compartiera su propuesta sobre
el plan a seguir para alcanzar,
por lo menos parcialmente, esos
propósitos”21.
Para esta materialización la Cons-titución Política ha dispuesto, en
21. Corte Constitucional. Sentencia C-538/95.
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21
su artículo 336, que: “Habrá un
Plan Nacional de Desarrollo con-
formado por una parte general y
un plan de inversiones de las en-
tidades públicas del orden nacio-nal. En la parte general se señala-
rán los propósitos y objetivos na-
cionales de largo plazo, las metas
y prioridades de la acción estatal
a mediano plazo y las estrategias
y orientaciones generales de la
política económica, social y am-
biental que serán adoptadas por el
Gobierno. El plan de inversiones
públicas contendrá los presupues-
tos plurianuales de los principales
programas y proyectos de inver-
sión pública nacional y la especi- cación de los recursos nancie-
ros requeridos para su ejecución,
dentro de un marco que garantice
la sostenibilidad scal. Las enti-
dades territoriales elaborarán y
adoptarán de manera concertada
entre ellas y el Gobierno Nacio-
nal, Planes de Desarrollo, con el
objeto de asegurar el uso ecien-
te de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que
les hayan sido asignadas por la
Constitución y la ley. Los planes
de las entidades territoriales es-
tarán conformados por una parte
estratégica y un plan de inversio-
nes de mediano y corto plazo”.
Este Plan de Desarrollo se cons-tituirá en la carta de navegaciónde la administración territorial, elcual debe ser una propuesta parala construcción de condiciones para la equidad y la inclusión con
prioridad del gasto público, comolo determina el artículo 366 de laConstitución Política: “El bienes-
tar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población
son nalidades sociales del Es-
tado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de sa-
lud, de educación, de saneamien-
to ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes
y presupuestos de la Nación y de
las entidades territoriales, el gas-to público social tendrá prioridad
sobre cualquier otra asignación”.
Ahora bien, frente a la trata de personas, la Constitución Políti-ca trae una prohibición expresa,
contemplada en el artículo 17, que
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dice: “Se prohíbe la esclavitud, la
servidumbre y la de seres huma-
nos en todas sus formas”.
Por ser una vulneración de losderechos humanos, los tratadosinternacionales cobran real im- portancia para su debido recono-cimiento y protección, toda vezque los tratados y convenios inter-nacionales de derechos humanos,
raticados por Colombia en virtuddel artículo 93, son normas de or-den constitucional. En tal sentido,los derechos y garantías consagra-dos en la Constitución se interpre-tarán conforme a los mismos.
Este manual no pretende abarcar elestudio de normas internacionales, pero se considera necesario hacer mención al pronunciamiento de laCorte Constitucional frente a la in-terpretación que ha de darse a la
Convención de las Naciones Uni-das contra la delincuencia organi-zada transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmentemujeres y niños, que complemen-ta la Convención de las NacionesUnidas contra la delincuencia or-
ganizada transnacional (Ley 800de 2003), que en Sentencia C-962de 2003 expresó: “De la misma
manera, ha de recordarse por la
Corte que conforme a lo precep-tuado por el artículo 93 de la
Constitución Política, los tratados
y convenios internacionales que
reconocen derechos humanos pre-
valecen en el orden jurídico inter-
no. Es decir, que al interpretar y
darle aplicación al Convenio que
ahora se revisa por la Corte, no
puede desconocerse el bloque
de constitucionalidad del cual
forman parte, entre otras dis-
posiciones, las contenidas en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada
por las Naciones Unidas el 10
de diciembre de 1948, el Pacto
Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (Ley 74 de 1968),
y la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (Ley 16
de 1972)”.
En igual sentido operan los si-guientes tratados internacionales:la Convención sobre la elimina-ción de todas las formas de dis-criminación contra las mujeres,
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23
la Convención sobre los Derechosdel Niño (art. 35), la Convencióncontra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes, la Convención sobre laeliminación de todas las formas dediscriminación racial, la Conven-ción internacional sobre la protec-ción de los derechos de todos lostrabajadores Migratorios y miem- bros de sus familias.
Para el estudio de los alcances queinternacionalmente se han dado a latrata de personas, también se puedeacudir a mecanismos extraconven-cionales, como las Resoluciones de
las Naciones Unidas aprobadas por la Asamblea General.
1.7 Ley 131 e 1994
Esta ley reglamenta el voto pro-gramático, que es una expresión
de la soberanía popular y la de-mocracia participativa. Tambiénincluye la posibilidad de la revo-catoria del mandato como conse-cuencia derivada de la relaciónentre los ciudadanos electores yquienes fueron elegidos, en razónal control que se deriva del voto
programático. De conformidadcon la Corte Constitucional larevocatoria del mandato “es con-
cebida como una sanción políti-
ca que el pueblo impone a quienno ha cumplido con el programa
ofrecido al postularse, tiene que
corresponder exactamente a tal
sentido constitucional; no pue-
de degenerar en una fragilidad
extrema de la administración en
cuya virtud quien la encabeza
deba sucumbir a toda clase de
pretensiones e imposiciones bajo
la amenaza de que su mandato
puede ser fácilmente revocado”22.
La importancia del voto progra-mático, dado en el marco de larelación elegido - elector, es quesu consolidación debe ser a tra-vés de los Planes de Desarrollo,lo que permite que las propuestas por las cuales votaron los ciudada-
nos queden formalizadas para quesean de obligatorio cumplimiento.
22. Corte Constitucional. Sentencia C-011/94.
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24
Paa tene en cuenta...
Artículo
1
En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, seentiende por voto programático el mecanismo de participaciónmediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadoresy alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral enla inscripción de su candidatura.
6
Los gobernadores elegidos popularmente convocarán a las
asambleas, si se encuentran en receso, y presentarán dentro delos dos (2) meses siguientes a su posesión, las modicaciones,supresiones o adiciones a los planes departamentales de desarrollo,a n de actualizarlos e incorporarles los lineamientos generales del programa inscrito en su calidad de candidatos.
De no existir Plan de Desarrollo alguno, procederán a su presentación ante la asamblea departamental, dentro de los mismos
términos y condiciones, de conformidad con el programa inscrito.
1.8 Ley 152 e 1994
Esta ley desarrolla el artículo 339de la Constitución Política, que
establece la obligatoriedad a lasentidades territoriales para adop-tar un Plan de Desarrollo, para taln la ley contempla los procedi-mientos y mecanismos para la ela- boración, aprobación, ejecución,seguimiento, evaluación y con-trol de los planes de desarrollo.
La formulación del Plan de De-sarrollo al inicio de los gobiernoses fundamental en la planeación,ya que esta constituye un instru-
mento mediante el cual se denenlas políticas a implementar para
el cumplimiento de los nes y co-
metidos estatales, señalando los
elementos indispensables para la
ordenada ejecución de las obras
y la prestación de los servicios
en un período determinado, evi-
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25
tando la improvisación y procu-
rando el aprovechamiento máxi-
mo de los recursos disponibles23.
El Plan de Desarrollo estará con-formado por una parte estratégicay un plan de inversiones a medianoy corto plazo, para la implemen-tación de los proyectos previstos para el período de gobierno. Tam- bién dene los mecanismos parasu armonización e interrelacióncon los procesos presupuestales, ylas funciones de cada dependenciae instancia que participa en el pro-ceso. Hace un fuerte énfasis en la participación de la sociedad civil.
Para tales nes la ley establece los principios que rigen estas actua-ciones, como son: autonomía, or-denación de competencias, coordi-nación, consistencia, prioridad delgasto público social, participación,
sustentabilidad ambiental, desa-rrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eciencia,viabilidad, coherencia y confor-mación de los planes de desarrollo.
23. Corte Constitucional. SentenciaC-1051/01.
Plantea que a los organismos de- partamentales de planeación lescorresponde evaluar la gestión ylos resultados de los planes y pro-
gramas de desarrollo e inversión,tanto del departamento como desus municipios.
Estipula la rendición de cuentas por parte del gobernante ante elcuerpo colegiado frente a la eje-cución del plan.
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27
Paa tene en cuenta…
Artículo
34
DEBERES: Son deberes de todo servidor público:
3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes deDesarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas queregulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectosal servicio público.
50
FALTAS GRAVES Y LEVES: Constituye falta disciplinaria graveo leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos,la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades oconicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.
1.10 Ley 951 e 2005
Establece la obligatoriedad de losservidores públicos nacionales,departamentales y territoriales quevan a separarse de sus cargos, o alnalizan el período para el cualfueron elegidos, que en aras de dar continuidad de la función pública,se debe realización un proceso deempalme, elaborando para tal nun acta de entrega formal de losrecursos nancieros, materiales, ydemás aspectos relacionados con
la situación administrativa, el es-
tado de planes, proyectos, progra-
mas, etc., con un informe detalla-do de su gestión, indicando logrosy pendientes. Al servidor públicoentrante también se le impone laobligación de recibir y vericar sucontenido.
Igualmente, establece que los ser-vidores públicos que se encuen-tren obligados a realizar la entregade su cargo, pero que fueron rati-cados, deberán rendir un informeal superior jerárquico y ante el ór-
gano de control de la entidad.
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La vericación del acta debe rea-lizarla el servidor entrante dentrode los 30 días siguientes; duranteeste lapso puede solicitar al servi-
dor público saliente aclaraciones oinformación adicional. En caso dedetectar irregularidades, se deben poner en conocimiento del órganode control.
Es de tener en cuenta que esta acti-vidad se enmarca dentro del prin-cipio de rendición de cuentas de laadministración pública, en el cual
el mandatario saliente rinde cuen-tas de su gestión, fortaleciendo elsentido de lo público y contribu-yendo a los principios de transpa-rencia, responsabilidad, ecacia,eciencia e imparcialidad del ma-nejo de los recursos públicos.
Paa tene en cuenta...
Artículo
5
Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en
el artículo 2o. están obligados en los términos de esta ley a entregar
al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de
gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para
hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento
que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate.
Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el
informe y acta respectiva y a revisar su contenido.
La vericación física o revisión que se haga de los diferentes aspectosseñalados en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la rma del documento, para
efectos de determinar la existencia o no de irregularidades.
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1.11 Ley 985 e 2005
Es la disposición más trascenden-tal en Colombia frente a la trata de
personas; esta adopta medidas de prevención, protección y asisten-cia para la garantía de los derechosde las víctimas y posibles víctimasde trata de personas, con un claroenfoque de derechos (arts. 1 y 2).Establece como elemento para la
construcción de política estatal enla lucha contra la trata de personasla Estrategia Nacional, que debedesarrollar las medidas y accio-nes para la prevención de esta; la protección y asistencia de las vícti-
mas, el fortalecimiento de la inves-tigación judicial y la cooperación
internacional. De igual maneracontempla la creación del Sistema Nacional de Información sobre latrata de personas y la realización deinvestigaciones para conocer cau-sas y consecuencias de la trata de personas. Para la coordinación de
la estrategia establece un Comitéinterinstitucional que también tienefunciones de órgano consultivo delGobierno Nacional y adecúa el tipo penal de trata, modicando para taln el Código Penal.
Paa tene en cuenta...
Artículo
4La Estrategia Nacional contra la trata de personas será el eje de la
política estatal.
5
El Estado colombiano, a través del Gobierno Nacional, de sus
instituciones judiciales y de policía y de las autoridades nacionales
y territoriales, tomará medidas y adelantará campañas y programas
de prevención de la trata de personas, fundamentados en la
protección de los Derechos.
6.5
Asesorar a las autoridades departamentales y municipales para que
incluyan, en sus planes de desarrollo, programas de prevención y
atención de la trata de personas y de atención a las víctimas de la
misma.
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30
14
El Comité promoverá la creación de Comités regionales, departa-
mentales y/o municipales contra la trata de personas, los cuales es-
tarán presididos por los correspondientes gobernadores o alcaldes,
y que deberán contar también con una entidad que actuará comoSecretaría Técnica. La Estrategia Nacional adoptada por el Comité
será la base de su formulación de acción contra la a nivel local ha-
ciendo los ajustes necesarios que consulten las especicidades del
territorio y la población respectiva.
18
Las entidades y organismos del Estado que manejen información
relacionada con la trata de personas deberán colaborar con la Se-cretaría Técnica, suministrándole los datos que esta requiera para
el desarrollo del sistema de información a las que se reere la pre-
sente disposición, que en ningún caso podrán referirse a asuntos de
reserva legal.
1.12 Ley 1098 e 2006
Esta ley expidió el Código de
la Infancia y la Adolescencia, el
cual da coherencia a las premisas
y postulados éticos que denen la
perspectiva de derechos. Estable-ce una nueva concepción respecto
a la función del Estado, la familia
y la sociedad civil como corres-
ponsables en cuanto a deberes y
garantías de los derechos de los
niños. Respalda jurídicamente la
transición, que se ha venido dando
en las últimas décadas, de posturas
centradas en la situación irregular
a la protección integral, como le-
gitimador de un enfoque centradoen la perspectiva de derechos. Es-
tablece la obligatoriedad de contar
con políticas públicas de infancia y
adolescencia, responsabilidad que
recae en el presidente de la Repú-
blica, los gobernadores y alcaldes.
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Paa tene en cuenta...
Artículo
204
RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IN-FANCIA Y ADOLESCENCIA. Son responsables del diseño, laejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y ado-lescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y munici-
pal, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes.Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causalde mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la
rendición pública de cuentas.
207
CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DEPOLÍTICA SOCIAL. En todos los departamentos, municipios ydistritos deberán sesionar Consejos de Política Social, presididos por el gobernador y el alcalde, quienes no podrán delegar ni su participa-ción, ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala con-ducta. Tendrán la responsabilidad de la articulación funcional entre
las Entidades Nacionales y las Territoriales, deberán tener participa-ción de la sociedad civil organizada y denirán su propio reglamentoy composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo lasautoridades competentes para el restablecimiento de los derechos yel Ministerio Público.
201
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA YADOLESCENCIA. Para los efectos de esta ley, se entienden por
políticas públicas de infancia y adolescencia, el conjunto de accionesque adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de lafamilia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñasy los adolescentes.
Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, imple-mentación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyec-
tos y estrategias.
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32
1.13 Ley 1257 e 2008
La expedición de esta ley consti-tuye un avance para el país, dado
que reconoce la violencia contralas mujeres como una expresiónde discriminación y violaciónde sus derechos humanos, locual implica una responsabili-dad inexcusable del Estado en la prevención, protección, atención,sanción, reparación y restableci-miento de derechos24.
24. Procuraduría General de la Nación.MDG/F. Revista Procurando la Equidad No. 4.Bogotá, 2009, p. 27.
Adoptando una serie de normas para garantizar a las mujeres unavida libre de violencia, tanto en elámbito público como en el priva-
do, el acceso a los procedimien-tos administrativos y judiciales para su atención y protección, yla adopción de políticas públicas,e imponiendo a las autoridades deorden nacional, departamental ymunicipal responsabilidades fren-
te a la garantía a una vida libre deviolencia.
Paa tene en cuenta...
Artículo
2
Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión,
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la li-
bertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
7
Derechos de las mujeres. Además de otros derechos reconocidos en
la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente rati-
cados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridadfísica, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tor-
tura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva,
a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad
y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la
salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.
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9
Todas las autoridades encargadas de formular e implementar po-líticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdadessociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el
sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en elgrupo social. (…)
Departamentos y municipios
1. El tema de violencia contra las mujeres será incluido en la agen-da de los Consejos para la política social.
2. Los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental incluiránun capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas dela violencia.
20
Los municipios y distritos suministrarán información y asesora-miento a mujeres víctimas de violencia adecuada a su situación
personal, sobre los servicios disponibles, las entidades encargadasde la prestación de dichos servicios, los procedimientos legales pertinentes y las medidas de reparación existentes.
Las líneas de atención existentes en los municipios y los distritosinformarán de manera inmediata, precisa y completa a la comuni-dad y a la víctima de alguna de las formas de violencia, los meca-
nismos de protección y atención a la misma.
Se garantizará a través de los medios necesarios que las mujeresvíctimas de violencia con discapacidad, que no sepan leer o escri- bir, o aquellas que hablen una lengua distinta al español, tenganacceso integral y adecuado a la información sobre los derechos yrecursos existentes.
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1.14 deceto 1137 e 1999
El objeto de este decreto es la
organización del Sistema Admi-
nistrativo de Bienestar Familiar;establece nes, integración, así
como la estructura que será por ni-
veles, nacional, regional y muni-
cipal, estableciendo competencias
para cada nivel. De igual forma
crea los consejos de política socialy el subcomité de infancia, con el
n de articular a los agentes del
sistema.
1.15 deceto 4319 e 2006
Esta disposición establece la or-ganización y funcionamiento de
la cuenta especial creada para lalucha contra la trata de personas,la cual obedece al cumplimientodel artículo 20 de la Ley 985 de2005. Esta cuenta está a cargo dela Secretaría Técnica del Comi-té interinstitucional para la luchacontra la trata de personas, quedeberá atender los lineamientosy programas que se denan en laEstrategia Nacional.
Paa tene en cuenta...
Artículo
11
CONSEJOS O COMITÉS DEPARTAMENTALES O DISTRITA-LES PARA LA POLÍTICA SOCIAL. En todos los departamentosy distritos, como condición para la articulación funcional de losagentes del sistema nacional de bienestar familiar en la respecti-
va jurisdicción, se conformarán consejos o comités para la políticasocial, de los cuales el Director Regional del Instituto Colombianode Bienestar Familiar hará parte. La integración y jación de fun-ciones de tales consejos serán de competencia del gobernador deldepartamento o del alcalde, según el caso, pero deberán contar conun subcomité o subcomisión permanentes, encargados del análisisy políticas de infancia y familia.
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35
Paa tene en cuenta...
Artículo
2
OBJETIVOS DEL FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. La inversión de losrecursos del Fondo tendrá como objetivo atender gastos tendientesa propiciar la prevención, protección y asistencia de las víctimas y
posibles víctimas de la trata de personas, el fortalecimiento de lainvestigación judicial y la acción policiva y el fortalecimiento de lacooperación internacional.
PARÁGRAFO 1o. Los programas y proyectos que se formulen parael cumplimiento de los objetivos del Fondo, podrán ser ejecutadosdirectamente por el Ministerio del Interior y de Justicia o mediantecontratos o convenios con entidades de derecho público. Talesentidades o dependencias públicas podrán adelantar los actosadministrativos y contractuales necesarios para la realización delcorrespondiente objeto.
PARÁGRAFO 2o. La participación del Fondo en la nanciacióny/o conanciación de los programas y proyectos, no exime alas instituciones que hacen parte del Comité interinstitucional
para la lucha contra la trata de personas, a que puedan incluir ensus presupuestos los rubros destinados a acciones contra la tratade personas denidos en la Estrategia Nacional contra la trata de
personas.
1.16 deceto 4786 e 2008
En cumplimiento de lo dispuesto enla Ley 985 de 2005 se expide estedecreto, que adopta la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra
la Trata de Personas 2007-2012.
Este instrumento de política públicaestá encaminado a la adopción demedidas en la lucha contra la tratade personas, con unos principios
rectores y orientadores, como son:
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el enfoque de derechos, de género,de protección integral y territorial, ycuyos objetivos especícos son:
1. Prevenir la trata de personas através de programas, proyectos ymedidas desarrolladas por las au-toridades públicas en un trabajoconjunto con organizaciones de lasociedad civil, del sector privadoen general, y con las organizacio-
nes internacionales.
2. Garantizar la asistencia y la protección integral y calicada alas víctimas de trata de personas,desarrollando los mecanismos de
protección integral dentro de lossistemas administrativos, investi-gativos y judiciales.
3. Fortalecer los mecanismos decooperación internacional en elámbito bilateral, regional y multi-lateral, para optimizar la lucha in-tegral contra la trata de personas.
4. Fortalecer a las entidades delEstado encargadas de la investi-gación y judicialización del delitode trata de personas, que permitahacer más ecaces y ecientes la persecución y sanción de esta con-ducta punible.
Paa tene en cuenta...
Artículo
2
La Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Perso-nas 2007-2012 tiene como principios rectores y orientadores, los
siguientes: (….)
Enfoque territorial: los entes territoriales adecuarán y desarrolla-rán programas de lucha contra la trata de personas con base en laLey 985 de 2005 y la Estrategia Nacional Integral de Lucha contrala Trata de Personas, atendiendo a las particularidades y diversidadregional y local, que permitirá brindar respuestas según la situa-
ción del territorio.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales37
CAPÍTULO II
2.1 Política pública sobe latata e pesonas
La Constitución Política de 1991impone el desafío de una nuevamanera de planicación estatal para la atención de problemas so-cialmente relevantes. El modeloque adopta la Carta de 1991 hace
énfasis en la autonomía de las re-giones, en la gestión de su propiodesarrollo, en la priorización delgasto social concebido como unmecanismo óptimo de redistribu-ción del ingreso, en el principiode participación ciudadana y de
concertación en la formulaciónde las políticas de planeación, querefuerzan la vigencia del principiodemocrático, y en la necesidad degarantizar el equilibrio y la preser-vación ambiental y ecológica.
De otra parte, este modelo de pla-neación pretende ser global, es de-cir abarca todas las esferas del ac-tuar institucional del Estado, tantonacional como territorial25.
25. Olano García, Hernán Alejandro. Consti-
tución Política de Colombia. Séptima edición.Bogotá, 2006, p. 860.
Entre los instrumentos más rele-vantes se destaca la presentaciónde planes de desarrollo e inver-sión26, los cuales forman parte de
la estructuración de las políticas públicas.
La política pública es una cons-trucción social en la que el Gobier-no desempeña un papel fundamen-tal, orientando el comportamientode actores mediante un conjuntode sucesivas acciones intencio-nales que tienen como propósitohacer frente a situaciones conside-radas socialmente relevantes27; ental medida, la política trazada para
la lucha contra la trata de personasse compone de cuatro niveles aso-ciados de acción; en el primero secuenta con la estrategia, que indicaqué se debe hacer; en el segundoestá el plan, es el cómo se va ha-cer; el tercero el programa, es a
través de qué; y el cuarto son lasacciones, que es la ejecución de loque hay que hacer. En este capítu-
26. Constitución Política. Artículo 339.
27. Procuraduría General de la Nación. Me-todología para la actuación preventiva de laProcuraduría General de la Nación en las dife-
rentes etapas del ciclo de las políticas públicas.Bogotá, 2011, p. 26.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales38
lo se abordarán primero y segundonivel; es decir, qué se debe hacer y cómo.
Como producto de luchar organi-zadamente contra la trata de per-sonas, según se vio en el capítu-lo anterior, existen herramientas,muchas de las cuales son normas,que por sí solas no hacen política pública pero que son importantes para la política, y además garan-tizan su realización, como la Ley248 de 1995, por medio de la cualse aprueba la Convención inter-nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, la Ley 470 del 5 de agos-to de 1998, por medio de la cualse aprueba la “Convención Inte-ramericana sobre Tráco Inter -nacional de Menores”, hecha enMéxico, D.F., el 18 de marzo de1994; la Ley 704 del 21 de no-
viembre de 2001, por medio dela cual se aprueba el “Convenio182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantily la acción inmediata para su eli-minación”, adoptado por la octo-
gésima séptima (87ª) reunión de laConferencia General de la OIT, en
Ginebra, Suiza, el 17 de junio de1999; la Ley 765 del 31 de juliode 2002, por medio de la cual seaprueba el “Protocolo facultativo
de la Convención sobre los dere-chos del niño relativo a la ventade niños, la prostitución infantily la utilización de los niños en la pornografía”, adoptado en NuevaYork el 25 de mayo de 2000; laLey 800 de 2003, por medio de lacual se aprueba la “Convención delas Naciones Unidas contra la de-lincuencia organizada transnacio-nal” y el “Protocolo para prevenir,reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Con-vención de las Naciones Unidascontra la delincuencia organizadatransnacional” de 2000; la Ley985 de 2005, por medio de la cualse adoptan medidas contra la tra-ta de personas y normas para la
atención y protección de las víc-timas de la misma; y el Decreto4786 de 2008, que adopta la Es-trategia Nacional Integral contrala trata de personas, la cual revistegran importancia porque es el eje
de la política.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales40
Este enfoque se centra en la per-sona humana, en donde la accióndel Estado está al servicio de laefectividad y materialización de
sus derechos, en especial de aque-llas poblaciones excluidas o de las personas cuyos derechos estén enriesgo de ser vulnerados, en aten-ción a los principios de los dere-chos humanos (universalidad).Por otra parte, y frente al temaque nos ocupa, es necesario tener en cuenta que este enfoque su- prime los sesgos sectoriales, por tanto debe ir dirigido a respuestasintegradas.
2.2.2 Enoque e Géneo
El enfoque de género se desarro-lla en el marco de la teoría de losderechos humanos, por lo que esun enfoque complementario delde derechos, es una categoría de
análisis dirigida al “proceso deevaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombresde cualquier actividad planica-da, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectoresy a todos los niveles. Es una es-trategia destinada a hacer que las
preocupaciones y experiencias delas mujeres, así como de los hom- bres, sean un elemento integrantede la elaboración, la aplicación, la
supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todaslas esferas políticas, económicasy sociales, a n de que las muje-res y los hombres se benecien por igual y se impida que se per- petúe la desigualdad. El objetivonal es lograr la igualdad entre losgéneros”30.
2.2.3 Enoque e Poteccin
Integal
Es un enfoque garantista, orientadoa la satisfacción de los derechosdel niño, niña o adolescente y alrestablecimiento de sus derechosvulnerados; este enfoque debe‘transversalizar’ las políticas, los planes, programas y acciones.
2.2.4 Enoque Teitoial
En el marco de este enfoque, elterritorio es un espacio geográcosocialmente construido, producto
30. Documentos ociales de la Asamblea Ge-
neral, quincuagésimo segundo período de se-siones, Suplemento No. 3 (A/52/3/Rev.1), ca- pítulo IV, párrafo 4.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales41
de las interrelaciones y decisionesde actores locales, que tienen unaidentidad. Para la construcciónde políticas de desarrollo se debe
partir de las realidades, particula-ridades y especicidades de cada población.
2.3 Líneas estatégicas
El Comité interinstitucional para
la lucha contra la trata de personas,a través de la Estrategia Nacional
Integral contra la trata de perso-
nas 2007-2012 planteó cuatro ejes
como medio para su desarrollo. Es
importante recordar que la lectura
de estos ejes debe hacerse a la luzde la Constitución Política, los tra-
tados internacionales y lo dispues-
to en la Ley 985 de 2005.
2.3.1 Eje e Pevencin
La Estrategia Nacional impone para el eje de prevención el desa-rrollo de programas, proyectos ymedidas concertadas con los ac-tores públicos y privados, a travésde las siguientes acciones:
• Implementar un sistema deinformación que permita la carac-terización y el análisis del fenó-meno de la trata de personas.
• Implementar una estrategiade comunicación y divulgación para la movilización social.
• Fortalecer espacios de con-certación y coordinación interins-titucional e intersectorial en elámbito local, regional, nacional einternacional.
• Implementar programas y proyectos de formación y capaci-
tación dirigidos a servidores pú- blicos, organizaciones de la socie-dad civil y grupos de alto riesgo.
Téngase en cuenta que la tratade personas es el negocio de se-res humanos, donde hay oferta y
demanda; en la medida en que seataquen las causas, se desestimulala oferta. En ese sentido, la prime-ra autoridad departamental o mu-nicipal tiene una responsabilidadfrente a la identicación y cono-
cimiento de las causas que puedan
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales42
estar dándose en su territorio; enla complejidad de la hay factorescomo los de tipo social, económi-co, cultural, entre otros (conicto
armado, violencia basada en elgénero). La realización del diag-nóstico de la situación actual dela trata de personas en su territorioes el primer paso para el desarro-llo de medidas adecuadas para suintervención.
Por ser la trata de personas mul-ticausal, se requiere concertaciónde actores para llegar a respuestasintegrales, de ahí la importanciade la creación o generación de es-
pacios interinstitucionales, en loscuales se dará el trabajo armónicocon organizaciones de la sociedadcivil, del sector privado en gene-ral31 y la cooperación internacio-nal; lo anterior va en concordanciacon lo establecido en la Ley 985
de 2005 en su artículo 14.
Desde la fecha de expedición de laEstrategia Nacional Integral parala lucha contra la trata de personasal día de hoy, el comportamiento
de la ha cambiado, quedando la31. Ley 985 de 2005. Artículo 2, numeral 5.
estrategia corta en sus acciones para prevenir, pues se requierecon urgencia tomar medidas pre-ventivas, en el marco de lo esta-
blecido en la Ley 985 de 2005,dirigidas a corregir las condicio-nes subyacentes que dan origena la trata. Situación que ya fueadvertida por la Procuraduría Ge-neral de la Nación, en su informede vigilancia 2010 publicado enla revista Procurando la Equidad No. 5, en donde “se hace un lla-mado a las autoridades nacionalesy territoriales para que adoptenmedidas de prevención que per-mitan responder a los factores de
riesgo, que contemplen políticaseconómicas y sociales destinadasa atacar las causas profundas de latrata de personas y que inicien ac-ciones encaminadas a optimizar larecopilación de datos como fuente principal para el conocimiento del
fenómeno, así como actividadesde investigación, medidas migra-torias, medidas fronterizas y me-didas de sensibilización desde elenfoque de derechos”.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales44
la alimentación, vivienda, segu-ridad social y los escasos mediosdinerarios para desenvolverse ensociedad”33.
La protección y asistencia a vícti-mas recae en gran medida en losterritorios, en razón a la aproxi-mación con la realidad del terri-torio para diseñar e implementar políticas dirigidas a garantizar
el bienestar de su población, asícomo la potestad para garantizar la prestación de los servicios. Estono es óbice para que las autorida-des nacionales, en aras del princi- pio de coordinación, concurrencia
y subsidiariedad, tengan tambiénresponsabilidades frente a este eje.
La Ley 985 de 2005 establece que,como mínimo, se debe contar conlos siguientes programas:
• Programas de asistencia in-mediata, que deberán satisfacer, por lo menos, las siguientes ne-cesidades: retorno de las víctimasa su lugar de origen, si estas losolicitan; seguridad; alojamien-
33. Sentencia No. T-426/92. Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
to adecuado; asistencia médica, psicológica y material, e informa-ción y asesoría jurídica respectoa los derechos y procedimientos
legales a seguir. Estas prestacio-nes serán objeto de la debida re-glamentación.
• Programas de asistencia me-diata que incluyan, entre otrosaspectos: capacitación y ayuda enla búsqueda de oportunidades deempleo, y acompañamiento jurídi-co durante todo el proceso legal,en especial en el ejercicio de lasacciones judiciales para exigir lareparación de los daños que han
sufrido las víctimas.
La asistencia y protección a víc-timas impone retos en la formu-lación e implementación de po-líticas que materialicen la repa-ración física, psicológica, social,
sin olvidar la preservación de laseguridad física. Estas políticas,como ya se dijo, deben incluir losenfoques orientadores (derechos,género, protección integral y te-rritorial), además concurren otras
disposiciones dirigidas a las asis-
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales45
tencia y protección de los niños,niñas, adolescentes y mujeres,como son: lo dispuesto en el Có-digo de la Infancia y la Adoles-
cencia para la protección de esta población y en la Ley 1257 de2008, cuyo objeto es la adopciónde normas que permitan garanti-zar a todas las mujeres una vidalibre de violencia, que incorporauna serie de principios34 a tener encuenta, en consideración a que latrata de personas es una forma deviolencia contra las mujeres.
La atención a este componente por parte de las autoridades territoria-
les es de suma importancia, dadoque existen serias dicultades enel proceso de atención y asistenciaa las víctimas, como lo manifestóel informe de vigilancia de la Pro-curaduría General de la Nación,que declaró que “frente al restable-
cimiento de los derechos en perso-nas mayores de edad, la Procura-duría General de la Nación advier-te que persisten serias dicultades, pues si bien la Ley 985 de 2005
34. Igualdad real y efectiva, derechos humanos, principio de corresponsabilidad, integralidad,
autonomía, coordinación, no discriminación yatención diferenciada.
adoptó medidas contra la trata de personas y estableció normas parala atención y protección de lasvíctimas, este sólo reconocimien-
to desde el punto de vista legal sequeda corto, pues en la práctica noestán dadas las condiciones paraque una víctima mayor de edad,hombre o mujer, pueda acceder aservicios sociales o a la justiciaque le permita la investigación, ni para que se logre la sanción de losresponsables o la reparación de losderechos violados”35. En tal sen-tido, la Procuraduría General dela Nación insta a las autoridadesterritoriales para que adopten las
medidas necesarias que garanticenla asistencia y protección de las-víctimas de trata de personas y seles restablezcan sus derechos36.
2.3.3 Eje e Coopeacin
Intenacional
Este eje tiene por objeto fortalecer los mecanismos de cooperacióninternacional en el ámbito bilate-ral, regional y multilateral, para
35. Procuraduría General de la Nación. RevistaProcurando la Equidad No. 5. Bogotá, 2010, p.
32.36. Ibídem, p. 33.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales47
sos para la lucha contra la tratade personas y la protección de lasvíctimas.
La Asamblea General de las Na-ciones Unidas expidió la Resolu-ción 58/137 para el fortalecimien-to de la cooperación internacional para prevenir y combatir la tratade personas y proteger a sus víc-timas, producto de la preocupa-ción frente a las víctimas de tratade personas que son explotadas anivel mundial por grupos transna-cionales de delincuentes organiza-dos; en tal medida reconoce que para contrarrestar ecazmente la
amenaza de la trata de personas esesencial que exista una coopera-ción internacional amplia entre losEstados miembros y las organiza-ciones intergubernamentales y nogubernamentales competentes.
Para el desarrollo de las activida-des propuestas en la Estrategia,es preciso tener en cuenta queal presidente de la República lecorresponde dirigir las relacio-nes internacionales38, por cuanto
38. Constitución Política, artículo 189,numeral 2.
las actividades que se deriven eneste eje y que tengan que ver conla suscripción de documentos ola realización de encuentros con
otros países, son de competenciade la Cancillería, con la que sedebe coordinar cualquier acción.
2.3.4 Eje e Investigacin
y Juicializacin
El objetivo de éste es el de for-talecer a las entidades del Estadoencargadas de la investigación y judicialización del delito de tratade personas que permita ser másecaces y ecientes en la perse-
cución y sanción de la conducta punible, a través de las siguientesacciones:
• Fortalecer la capacidad técnicay operativa de las institucionesdel Estado encargadas de la
persecución del delito de la tratade personas.
• Actualizar permanentementelas estrategias investigativas.
• Articular a las entidades delEstado para la coordinación inte-
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales48
rinstitucional e intersectorial delas funciones, acciones y recursos para la investigación y sanción deldelito.
• Desarrollar procesos de for -mación y actualización dirigidosa operadores de justicia y a en-tidades que apoyan su adminis-tración39.
Si bien este eje corresponde a losórganos de investigación y judi-cialización del delito, su desarro-llo se hace en el marco del princi- pio de colaboración armónica en-tre los poderes, en aras de cumplir
con los nes del Estado.
Se tienen identicados una seriede aspectos que obstaculizan ladetección, investigación y judi-cialización de los tratantes, comose advierte en las conclusiones
de la investigación realizada enel marco del convenio de coope-ración celebrado entre la Ocinade las Naciones Unidas contrala Droga y el Delito en Colom- bia y el Ministerio del Interior,
39. Decreto 4786 de 2008.
Aspectos jurídicos del delito detrata de personas en Colombia,se destacan “como dicultades enmateria de judicialización: a) falta
de capacitación y/o sensibilidad delos operadores judiciales; b) utili-zación de un enfoque de políticacriminal y no de derechos huma-nos; c) falta de recursos humanos,económicos y técnicos para las in-vestigaciones; d) subutilización dealgunos de los recursos aportados por la cooperación internacional;e) décit en la persecución judi-cial; f) dicultades probatorias; g)falta de una adecuada tipicaciónde la conducta por parte de los s-
cales y de los jueces competentes,tanto los que tienen función de co-nocimiento como los que tienenfunción de control de garantías; h)no hay una compresión adecuadadesde el verdadero sentido del bien jurídicamente tutelado; i) acepta-
ción social de algunas prácticasy conductas que constituyen tratade personas y su incidencia tantoen minimizar el impacto del delitocomo la judicialización del mismo,y j) alto riesgo de revictimización
en la investigación judicial”.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales50
• En la medida de lo posible,en las actividades de creación decapacidad o de formación se debe-rá asignar prioridad a las organi-
zaciones locales o regionales, yaque es más probable que conozcanmejor las necesidades internas.Los actores internacionales debendesempeñar una función de aseso-ramiento decreciente, en la medi-da en que el gobierno, las fuerzasdel orden y los actores de la socie-dad civil aanzan su capacidad40.
2.4 Los Comités regionales,
depatamentales y/o
Municipales e Lucha
conta la Tata e Pesonas
La Ley 985 de 2005 establece, enel parágrafo segundo del artículo14, que: “El Comité promoverála creación de Comités regionalesdepartamentales y/o municipales
contra la trata de personas, loscuales estarán presididos por loscorrespondientes gobernadoreso alcaldes, y que deberán contar también con una entidad que ac-
40. Naciones Unidas. Programa Mundial con-tra la trata de personas. Manual para la lucha
contra la trata de personas. Nueva York, 2009, p. 91.
tuará como Secretaría Técnica.La Estrategia Nacional adoptada por el Comité será la base de suformulación de acción contra la
a nivel local haciendo los ajustesnecesarios que consulten las espe-cicidades del territorio y la po- blación respectiva”.
En cumplimiento de esta disposi-ción el Comité Interinstitucionalha venido impulsando la creaciónde los Comités Departamentalescon una cobertura del 100% de losdepartamentos como se evidenciaen el siguiente cuadro:
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales51
Amazonas Decreto No. 0024 de 2009 Guaviare Decreto No. 084 de 2010
Antioquia Decreto No. 1217 de 2008 Huila Decreto No. 392 de 2008
Arauca Decreto No. 287 de 2010 Magdalena Decreto No. 071 de 2010
Atlántico Decreto No. 0370 de 2008 Meta Decreto No. 0332 de 2008
Bolívar Decreto No. 748 de 2007 Nariño Ordenanza No. 018 de 2008
Boyacá Decreto No. 01289 de 2010 Norte de Santander Decreto No. 0335 de 2008
Caldas Resolución No. 0173 de 2007 Putumayo Decreto No. 0209de 2010
Caquetá Decreto No. 00895 de 2008 Quindío Decreto No. 00281 de 2010
Casanare Decreto No. 0096 de 2010 Risaralda Decreto No. 056 de 2008
Cauca Decreto No. 0181 de 2011San Andrés y
ProvidenciaDecreto No. 0291 de 2010
Cesar Decreto No. 00262 de 2009 Santander Decreto No. 0250 de 2008
Chocó Decreto 0151 de 2011 Sucre Decreto No. 1126 de 2009
Córdoba Decreto No. 02604 de 2008 Tolima Decreto No. 0616 de 2011
Cundinamarca Decreto No. 00144 de 2008 Valle del Cauca Decreto No. 0585 de 2007
Guainía Decreto No. 0151 de 2010 Vaupés Decreto No. 0173 de 2010
Guajira Decreto No. 150 de 2011 Vichada Decreto No. 0210 de 2011
Para el establecimiento de losComités municipales se prio-rizarán aquellos en los que seestén presentando casos de tratade personas, ya sea como muni-cipio de origen o de destino, o se
tengan identificados factores devulnerabilidad.
La creación del comité en el mu-nicipio se debe realizar medianteacto administrativo. A continua-ción se dan algunas sugerencias
para su elaboración:
• En los considerandos, moti-vación del acto administrativo, sedebe fundamentar el marco jurídi-co relacionado con la necesidad decontar con una instancia territorialcontra la trata de personas41.
• La conformación del comité:en este se enuncian los represen-tantes de las entidades competen-tes que harán parte de él. A conti-nuación se sugiere algunos secto-
41. Constitución Política, artículo 17, Ley 800de 2003, Ley 985 de 2005 y Decreto 4786 de2008.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales56
la mujer, en la cual se abordó laviolencia de género en su artícu-lo 1° “(…) por violencia contra
la mujer se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenen-cia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos,
la coerción o la privación arbitra-
ria de la libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública como en
la vida privada”.
En el artículo 2° enumera losactos en los que hay violencia
contra la mujer, aunque sin limi-tarse a ellos; en el literal b) seencuentra la de mujeres, comose verá a continuación:
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tra-tos, el abuso sexual de las niñasen el hogar, la violencia relacio-nada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genitalfemenina y otras prácticas tradi-cionales nocivas para la mujer,los actos de violencia perpetrados
por otros miembros de la familiay la violencia relacionada con laexplotación;
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro dela comunidad en general, inclusi-ve la violación, el abuso sexual, elacoso y la intimidación sexualesen el trabajo, en instituciones edu-cacionales y en otros lugares, la de
mujeres y la prostitución forzada.
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolera-da por el Estado, donde quieraque ocurra44.
Por su parte, con la expediciónde la Ley 1257 de 2008, las au-toridades deben garantizar a lasmujeres una vida libre de vio-lencia y la adopción de políticas públicas necesarias para su rea-
lización, esta ley en su artículo2o. dene la violencia contra lamujer en los siguientes términos:
44. Naciones Unidas. Asamblea General.
Resolución 48/104. Declaración sobre la elimi-nación de la violencia contra la mujer.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales61
Analizar la situación, identicar alternativas de solución y exami-narlas, con el n de seleccionar lasolución óptima, y contrastarlas
con las fuentes de nanciación.Este examen sistemático de lascircunstancias locales es insumofundamental para la inclusión dela trata de personas en el Plande Desarrollo. El Plan de Accióndebe articularse no solo al Plande Desarrollo, sino a otros instru-mentos de la gestión pública.
Una vez cuenten con las seleccio-nes de soluciones, se deben denir los objetivos del Plan de Acción
y los programas y/o acciones querespondan al objetivo en el marcode la integralidad de la lucha con-tra la trata de personas. Frente acada una de estos se establecerá unindicador, que debe ser claro (pre-ciso y sin ambigüedades), relevan-
te (válido para el tema de trata de personas), económico (disponible,a un costo razonable), que se pue-da monitorear (susceptible de va-lidación independiente), adecuado(proporcionar una base sucien-
te para valorar el desempeño), yacorde con el tipo de indicador:
• Gestión: indicadores que permiten medir el desempeño o elavance alcanzado en los procesostendientes a lograr un resultado.
Incluye indicadores de formula-ción, insumos y gestión. (Metasintermedias – Ruta crítica).
• Producto: miden los bieneso servicios directamente provis-tos a partir de la transformaciónde insumos.
• Efecto / impacto: miden los
efectos a mediano y largo pla-zo generados por los productosde una política, plan o programa
sobre la población directamenteafectada. Incluye los indicadoresde resultado y de impacto.
También se establece el responsa- ble, los tiempos en que se realizará(si la acción es a largo plazo pue-
de realizarse por fases), los costosy origen de los recursos. Estos sedeben priorizar de acuerdo conla disponibilidad real de recursos(humanos, físicos, nancieros,etc.) y tiempos.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales62
La aprobación del Plan de Ac-ción se debe realizar por todoslos integrantes del comité. Los programas a llevar a cabo deben
formar parte del Plan de Acciónde cada una de las entidades; estogarantizará la sostenibilidad y elcumplimiento46.
Si hay actividades compartidasentre varias dependencias territo-riales, deben proponer un trabajoconjunto, de forma tal que cum- plan con su realización.
Por constituirse en la ruta a se-
guir por el Comité contra la trata
de personas, los planes de acción
deben diseñarse y aprobarse en-
tre los meses de noviembre y di-
ciembre, para que se dé inicio en
el mes de enero del año siguiente.
Una vez formalizado debe enviar-
se al Ministerio del Interior (MI),
Secretaría Técnica del Comité in-
terinstitucional de lucha contra latrata de personas, en su calidad de
órgano coordinador de la política
pública.
46
46. El Plan de Acción es un instrumento de la gerencia pública cuyo propósito es articular los obje-tivos, metas, estrategias, del Plan de Desarrollo departamental, distrital, municipal con la misión yfunciones de las entidades públicas, y de estas con las políticas, programas y proyectos de inversión
programados en cada vigencia. En este sentido el Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite a cada dependencia de la administración orientar estratégicamente sus procesos, instrumentosy recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y
metas anuales (Departamento Nacional de Planeación. Bases para la elaboración del Plan de Acción enlas entidades territoriales. Bogotá, 2001).
OBJETIVO PROGRAMA/ACCION
INDICADOR TIEMPO PARA LAREALIZACIÓN
COSTOS YORIGEN DE LOS
RECURSOS
RESPONSABLE
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• La Secretaría Técnica delComité debe implementar un ins-trumento que le permita mantener actualizada la información del
cumplimiento del Plan de Acción,con las dicultades que pudierenocurrir. Para este n todas lasentidades deben remitir la infor-mación necesaria cuando esta lorequiera.
• Sistemas de información presupuestal o mecanismos deseguimiento de gestión: Estos ins-trumentos de la administraciónterritorial permiten realizar unmonitoreo periódico de la ejecu-
ción del presupuesto asignado alcumplimiento de programas delPlan de Acción. Además, facilitanel control del cumplimiento de lasmetas, según el cronograma de-nido para su implementación.
• Informe de Seguimiento alMinisterio del Interior, SecretaríaTécnica del Comité Interinstitu-cional de Lucha contra la trata de personas, el cual se realizará en elmes de noviembre de cada año y
debe responder las siguientes pre-guntas:
• ¿Se hicieron las actividades programadas?
• ¿Se cumplieron con los requi-
sitos y procedimientos acordados?
• ¿Se obtuvieron resultados o productos previstos?
• ¿Cuál fue el costo real de lasinversiones?
• ¿Hubo ajustes al Plan de Ac-ción?
• ¿Cuáles fueron las mayores di-cultades y en qué momento se presentaron?
• ¿Cómo incidieron las desviacio-nes sobre los resultados?
2.9 Evaluacin e la PolíticaPública
La evaluación se concibe como lavaloración de los resultados e im- pactos reales de la Política públicade en su territorio sobre el ejerci-cio de los derechos de las víctimasde trata de personas, de acuerdocon los logros obtenidos y las ac-
ciones realizadas.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales67
tratados? ¿La política tuvo sos-tenibilidad? ¿Se mantendrán loslogros de la política? ¿Qué resul-tados se obtuvieron? ¿Qué cam-
bios se produjeron? ¿Cuáles losobstaculizaron? ¿Cuáles fueronlos aciertos? ¿Cuáles los errores?¿Qué enseñanzas se siguen parael territorio? ¿Cuáles para la po-lítica?.
2.11 Pincipios e
Cooinacin, Concuencia
y Subsiiaiea
Las competencias atribuidas a losdistintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los princi- pios de coordinación, concurren-cia y subsidiariedad47, estos vanestrechamente ligados, por lo ge-neral de entrelazan con el n delcumplimiento de los nes estata-les. La jurisprudencia de la CorteConstitucional48 ha dado conteni-do a estos principios, tal y comoveremos:
47. Constitución Política. Artículo 288.
48. Corte Constitucional. Sentencia C-938 de2005
2.11.1 Pincipio e Cooinacin
El principio de coordinación serelaciona de manera estrecha con
el principio de subsidiariedad y podría considerarse como unaderivación del mismo. Implica,entre otras cosas, una comunica-ción constante entre los distintosniveles para armonizar aquellosaspectos relacionados, por ejem- plo, con la garantía de protecciónde los derechos constitucionalesfundamentales así como aquellosasuntos vinculados con el efec-tivo cumplimiento de las metassociales del Estado. En esta mis-
ma línea de argumentación se pronuncia la Ley 489 de 1998cuando al referirse al principio decoordinación conrma la necesi-dad de colaboración entre las dis-tintas autoridades administrativascon miras a garantizar la armonía
en el ejercicio de sus respecti-vas funciones así como el logroefectivo de los nes y cometidosestatales. No es, pues, ningunanovedad, que la organización es-tatal y la distribución de compe-
tencias entre los distintos niveles
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales69
apoyo y Coordinación y a la na-ción no solo le corresponde dictar las políticas, o lineamientos, sinoel acompañamientos a las entida-
des territoriales, para el caso dela trata de personas a través de laasistencia técnica, en los temas deinclusión en los planes de desarro-llo del tema de trata de personas,sino que también le correspondela coordinación de la política pú- blica y del sistema nacional de in-formación de la trata de personas.
2.11.3 Pincipio e Subsiiaiea
El principio de subsidiariedad sig-
nica, por una parte, que el Estadono requiere intervenir cuando losindividuos se basten a sí mismos.El apoyo del Estado se requiereallí en donde se hace imposible odemasiado difícil poder satisfacer de manera ecaz las necesidades
básicas. No se puede proyectar el principio de subsidiariedad sobreel tema de distribución de com- petencias entre la Nación y lasEntidades Territoriales de manerasimplista. Bien sabido es, que asícomo existen municipios relati-
vamente autosucientes existenotros sumidos en la absoluta po- breza y precariedad. En vista deque no existe una forma única y
mejor de distribuir y organizar lasdistintas competencias y dada la presencia de profundos desequili- brios y enormes brechas presentesen las distintas Entidades Territo-riales, la distribución y organiza-ción de competencias signica un proceso continuo en el que confrecuencia es preciso estar dis- puesto a ajustarse a los sobresal-tos, en el cual es necesario andar ya veces también desandar las rutas propuestas y en el que se requiere
aplicar, sin lugar a dudas, un cier-to nivel de coordinación, coopera-ción, solidaridad y concurrencia51.
51. Ibídem
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales71
El proceso naliza con la entregadel acta de informe de gestión y para tal n debe observar lo dis- puesto en la Ley 951 de 2005 y la
Resolución orgánica 5674 expedi-da por la Contraloría General de la Nación, el cual no puede sobrepa-sar los 15 días hábiles siguientesa la terminación de la administra-ción saliente.
En este ámbito, a continuaciónse presenta una clasicación detemas a entregar para facilitar suorganización y análisis. En el de-
sarrollo de cada tema se presentanlos elementos más importantes quedeben tener en cuenta ambos equi- pos de trabajo, los cuales se resu-men en el siguiente esquema:
De conformidad con las recomendaciones para el proceso de empalme dadas por el Departamento Nacional de Planeación, realizó una clasicación decuatro temas para facilitar su organización y análisis:
i) Gestión para el Desarrollo Territorial,
ii) Gestión Financiera,
iii) Gestión Administrativaiv) Gestión Jurídica.
En relación con el primer tema, Gestión para el Desarrollo Territorial,
pensadas las recomendaciones a partir de los principales instrumentos de
planicación como Plan de Desarrollo, plan de ordenamiento territorial,
instrumentos de gestión y nanciación del desarrollo territorial, Información
Sectorial, Información poblacional, Instrumentos y mecanismos de gestión,
se sugieren las siguientes para que en su calidad de mandatario o mandataria
electa proponga estos elementos que deben tener en cuenta los equipos de
empalme, frente a la lucha contra la trata de personas, en consonancia con lo
manifestado en el capítulo II:
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales72
Para conocer el esquema de atribuciones y responsabilidades de las entidades delgobierno departamental/municipal y de otras entidades ya sea nacional con repre-sentación territorial o particulares. Esto con el n de analizar si su conformaciónes adecuada o es necesario modicarla y el cumplimiento de responsabilidades decada entidad.
Conocer la visión de la entidad territorial en la lucha, frente a la lucha contra latrata de personas, y poder evaluar si se continúan con las acciones o el re-direc-cionamiento de la misma, de acuerdo con la realidad actual.
Facilitar la identicación de ideas, programas y proyectos que por su importancia de- ben continuar y contribuyen a determinar cuáles son las problemáticas que persisten.
Conocer el resultado de los productos previstos, el cumplimiento de los proyectosde inversión que se ejecutaron, el nivel de recursos invertidos, como insumo parala formulación del Plan de Desarrollo (2012-2015).
Permite conocer la situación actual de las víctimas y establecer si la política pro- puesta impacto en la lucha contra la trata de personas, de igual forma revisar las políticas y esfuerzos realizados, con el n de tener insumos en el diseño de la política a seguir.
Conocer la conformación y funcionamiento del Consejo de Política Social, co-nocer la agenda política y su cumplimiento y los informes que el CPS presentóa Asamblea o el Concejo. Estos documentos adquieren en el tema de trata de
personas, una relevancia especial cuando no está conformado el Comité de tratade personas.
Conocer políticas, planes y programas que han sido formulados para la luchacontra la trata de personas o que están en ejecución; en la primera infancia, ado-
lescencia, juventud, mujeres, persona mayor, situación de discapacidad, situa-ción de desplazamiento, grupos étnicos, entre otros.
Identicar estrategias y decisiones de política, técnicas, nancieras y de arqui-tectura institucional para gestionar estos asuntos a través de la acción de políticasectorial.
Identicar estrategias de planicación y ejecución nanciera para el cumplimien-to de las competencias por grupos poblaciones.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales73
Para el segundo tema, GestiónFinanciera, que incluye la infor-mación scal y nanciera, infor -
mación presupuestal y tributaria,estructura del área nanciera,información contable, para este punto se sugiere que cuando serevise el Marco scal de mediano plazo y el Plan nanciero, el Plan
plurianual de inversiones y, en es- pecial, el Plan operativo anual deinversiones, se establezca la exis-tencia de proyectos de lucha con-tra la trata de personas, o aquellosdirigidos a prevenir los factoresde riesgo, con el n de tener co-
nocimiento de los que se debenimplementar.
En el tercer tema, Gestión Ad-ministrativa, que contempla losrecursos humanos, físicos y ad-ministrativos, se identique en laorganización interna de la institu-ción territorial qué entidad o enti-dades están liderando el tema detrata de personas, se analice si estaestructura es adecuada o se re-
quiere fortalecerla, si son las per-tinentes para que continúen con eldesarrollo del tema, teniendo en
cuenta las funciones, el perl delos servidores públicos, la expe-riencia, la forma de vinculación(permite la continuidad de la ges-tión). Se indague igualmente por el reglamento interno del Comité
de trata de personas, así como por el archivo de los documentos de-sarrollados, en especial las actasdel comité, que tienen la memoriahistórica de los avances y retroce-sos realizados en esa entidad terri-torial frente al tema.
En el último tema, Gestión Jurídi-ca, se examina la existencia de los procesos de contratación que ten-gan por objetivo realizar accionesen aras de la lucha contra la tratade personas, revisa la ejecución,si este tiene prórrogas o adiciones,el estado de las garantías, o si hayincumplimientos por parte del con-tratista, y si la entidad ya adelantóla sanción correspondiente.
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3.2 Planeacin estatégicael esaollo teitoial
Antes de entrar a desarrollar los
niveles tercero y cuarto del desa-rrollo de la política pública para la
lucha contra la trata de personas,
es necesario llamar la atención so-
bre la importancia que tiene la pla-
neación estratégica del desarrollo
en el ámbito territorial; para tal n
se deben introducir algunas nocio-
nes que nos llevarán a conuir en
el concepto que se quiere resaltar.
Se entiende que planicar es pre-
ver y decidir hoy las acciones que
transformarán la situación actual
(línea de base) en una situaciónfutura deseable y posible, utilizan-
do eciente y racionalmente los
recursos disponibles53, en tal me-
dida la planicación es un proceso
continuo que busca aprovechar-
las oportunidades, reducir o mi-
tigar las amenazas, potenciar las
fortalezas, transformar las debili-
dades, dar soluciones a problemas
y atender las necesidades54; esta
53. Departamento Nacional de Planeación. El proceso de planicación en las entidades terri-toriales: el Plan de Desarrollo y sus instrumen-
tos para la gestión 2008-2011, p. 9.
54. Ibídem.
se convierte en estratégica en lamedida en que se diseñe una es-trategia de intervención, que demanera eciente apunte al cum-
plimiento de metas y objetivos,que incluye toda actividad, plan, programa, proyecto o políticacon el cual se resuelva el proble-ma o se transforme la situación.
Planicar estratégicamente es
crear condiciones para transfor-
mar o actuar sobre asuntos crucia-
les para el desarrollo. Es plani-
car para el cambio, procurando
romper inercias, conscientes de
que el cambio exige transitar eta-
pas que requieren maduración,
tienen su propio ritmo y exigen
perseverancia, porque los resulta-
dos nales –o la transición hacia
otros niveles– solo se cosechan si
hay continuidad en el accionar es-
tratégico, durante lustros o déca-das. A través de esta se busca, en
suma, construir consensos sobre
agendas de desarrollo que le sumi-
nistren marcos de acción de largo
plazo a las entidades territoriales,
estimulando la convergencia de
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales75
las iniciativas de los actores públi-
cos, privados y sociales55.
Elaborar esta planicación con
una visión de desarrollo implica,tanto preocuparse por el largo pla-zo como tomar conciencia sobrela necesidad de una planicacióny gestión del desarrollo median-te la cual se logre que los actoresterritoriales no se limiten a ser
espectadores o solo a reaccionar ante una economía y una sociedaden continuo cambio. Concebir yconstruir una visión de desarrollosignica tomar conciencia sobrela necesidad de ser artíces del fu-turo; para tal efecto, es importan-
te tener en cuenta que el conoci-miento de la trayectoria históricade desarrollo aporta aprendizajes,ya positivos, ya negativos, y queel presente y el diario vivir tam- bién son aleccionadores.
Sin embargo, aprender de esosmomentos no es suciente paraavanzar sólidamente en un mundoen continuo proceso de innova-
55. Departamento Nacional de Planeación.Propuesta metodológica para la elaboraciónde planes estratégicos territoriales. Elecciones
de autoridades territoriales período 2008-2011.Bogotá, 2007, p. 9.
ción y cambio, sino que se requie-re incorporar herramientas de la prospectiva que faciliten explorar los múltiples futuros posibles y se-
leccionar aquel que permita con-centrar y aglutinar esfuerzos en di-recciones comunes, para no estar al vaivén de los acontecimientos56.
Para dar respuesta a estos retosde planeación, el Gobierno ha
presentado como alternativa po-tente para complementar los pro-cesos de planicación, la culturade la planicación y la gestiónestratégica con perspectiva delargo plazo, apalancada a travésde los Planes de Desarrollo para
lograr, de manera más efectiva,las grandes transformaciones querequiere el país y sus regiones. Elartículo 31 de la Ley 152 de 1994establece que los planes territo-riales estarán conformados por una parte estratégica y un plande inversiones a mediano y corto plazo, lo cual no impide que seconciba el desarrollo previendoacciones de largo plazo.
56. Departamento Nacional de Planeación. Vi-siones y agendas de desarrollo económico enlos Planes de Desarrollo de las entidades terri-
toriales. Elecciones de autoridades territoriales período 2008-2011, p. 15.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales76
Lo dispuesto en el mencionadoartículo va de la mano con loscambios de administraciones te-rritoriales que se producen cada
cuatro años, pero las solucionesa los problemas estructurales deldesarrollo superan los cuatrosaños, motivo por el cual se requie-re dar continuidad a las accionesa largo plazo para lograr los re-sultados del desarrollo esperado.
Se debe tener en cuenta que con la planicación la entidad territorialdecide cuáles son los programasy acciones que se realizarán paraque a futuro se mejore la calidadde vida de sus habitantes. Este pro-
ceso tiene unas características quese deben tener en cuenta, como:la prospectiva, integralidad, opti-mización de procesos y ecienciaen la asignación de recursos, arti-culación interinstitucional, parti-cipación efectiva y concertación,
equidad, integración (globaliza-ción), exibilidad, evaluabilidad, participación efectiva y concerta-ción, y la progresividad en las po-líticas públicas. Otro aspecto fundamental paratener en cuenta son los enfoques
que debe tener el proceso de planeación57.
3.2.1 Enfoque poblacional y ciclo
vital. El ser humano se constituyeen objeto y sujeto de las accionesdel desarrollo y, por consiguiente,en eje central de los procesos de planicación, ejecución, segui-miento y evaluación de las accio-nes públicas. Este enfoque per-mite dar tratamiento especial alas variables relacionadas con eldesarrollo humano sostenible: lasfases de nacimiento, crecimiento,desarrollo y reproducción del ser humano; los grupos de población
en condiciones de vulnerabilidad – niños, niñas, adolescentes, adoles-centes gestantes, mujeres, adultosmayores, personas en condición pobreza y/o de desplazamiento,grupos étnicos, entre otros–; losdiferentes momentos del ciclo
vital de los individuos y de la fa-milia, y aquellas orientadas a eli-minar toda forma de exclusión, através del reconocimiento de ladiversidad étnica, la promoción,
57. Departamento Nacional de Planeación. El proceso de planicación en las entidades terri-
toriales: el Plan de Desarrollo y sus instrumen-tos para la gestión 2008-2011, p. 11.
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y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales77
la concertación y la participaciónde los diferentes grupos poblacio-nales en la planicación58.
3.2.2 Enfoque de garantía dederechos. Colombia es un EstadoSocial de Derecho. La Constitu-ción Política de 1991 consolidó y profundizó los conceptos de de-rechos sociales, políticos, civiles,económicos y culturales. En ese
orden de ideas, corresponde a to-das las autoridades del Estado, deun lado, garantizar el ejercicio delos derechos humanos, y de otro,la restitución de los derechos quehan sido vulnerados.
Gestionar lo público desde un en-foque de garantía de derechos es partir del reconocimiento de la persona como titular de derechos,como centro del proceso de desa-rrollo, que integra los estándares y
principios de los derechos huma-nos –universalidad, exigibilidad,integralidad y participación–, yestá dirigido operacionalmente adesarrollar las capacidades de losciudadanos, para que, conocién-dolos, cuenten con las condicio-
58. Ibídem.
nes para ejercerlos. Mediante esteenfoque se busca implementar lanormativa, teniendo en cuentael ciclo de vida, la garantía y el
restablecimiento de derechos59.
3.2.3 Enfoque de género. Elenfoque de género parte delreconocimiento de las diferenciasde las necesidades de los hombresy de las mujeres, buscando la
equidad entre ambos, haciéndosecargo de las relaciones desubordinación de las mujeres.
Busca equiparar las desigualdades
procurando aminorar las brechas
entre unos y otras en las distintasesferas. Reconoce las diferencias
en el acceso a los recursos econó-
micos, sociales y culturales. Re-
conoce la desigualdad y se plantea
actividades y acciones que per-
mitan satisfacer las necesidades prácticas, pero también las necesi-
dades estratégicas de las mujeres.
Distingue diferencias especícas
entre las mujeres provenientes de
sus características socioeconómi-
59. Ibídem.
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se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogra-mas y proyectos de desarrollo, loscuales no solo son el resultado de
un proceso de concertación, sinoque responden a los compromisosadquiridos en el Programa de Go- bierno y a las competencias y re-cursos denidos tanto por la Cons-titución como por la ley.
Un Plan de Desarrollo es un ejerci-cio prospectivo en el cual se sueñacon un territorio mejor, pero a lavezes un ejercicio práctico donde sediseñan instrumentos viables queefectivamente permitan convertir el
territorio deseado en un territori po-sible. Así pues, un Plan de Desarro-llo Territorial es la búsqueda de unadecuado balance entre objetivos ylimitaciones, con la mira siempre puesta en tratar de incrementar el bienestar de la población63.
63. Departamento Nacional de Planeación. El proceso de planicación en las entidades terri-
toriales: el Plan de Desarrollo y sus instrumen-tos para la gestión 2008-2011, p. 21
La elaboración y orientación delPlan de Desarrollo es una obli-gación para los gobernadores64 yalcaldes65, igualmente las Asam-
bleas departamentales66 y los Con-cejos67 municipales o distritalestienen responsabilidad en la adop-ción del mencionado plan.
De conformidad con el Departa-mento Nacional de Planeación,
el Plan de Desarrollo debe poseer unas características, las cuales serecomienda tener en cuenta parala inclusión del tema de trata de personas:
• El Plan de Desarrollo debe
estar orientado a resultados, en talmedida evidencie los efectos e im- pactos que pretende alcanzar el go- bierno territorial en forma conjuntacon los otros niveles de Gobierno.
64. Constitución Política, artículo 305, numeral4o. Ley 152 de 1994, artículo 39 numeral 1.
65. Constitución Política, artículo 315, numeral5o. Ley 152 de 1994, artículo 39 numeral 1.
66. Constitución Política, artículo 300, nume-
ral 3o. Ley 152 de 1994, artículo 40.
67. Constitución Política, artículo 313, nume-ral 2o. Ley 152 de 1994, artículo 40.
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formulación del Plan de Desarro-llo, ya que éste establece de ma-nera planicada las políticas a im- plementar con el n de de cumplir
con los cometidos estatales, esdecir, es la hoja de ruta de los Go- bernantes durante su mandato. Suelaboración e implementación seencuentran reglamentados, peroes primordial que los mandatariostengan presente que hay normasque establecen la exigencia de lainclusión de la trata de personasen los planes de desarrollo. Desdeluego que en esta labor no se en-cuentran solos los departamentosy municipios, la misma ley prevé
la asistencia técnica de diferentesentidades del orden nacional yla cooperación internacional, lascuales se dan bajo los principiosde coordinación, concurrencia ysubsidiariedad.
La implementación de la política,la articulación con los planes dedesarrollo y la elaboración de pla-nes de acción para la lucha contrala trata de personas, exige de losmandatarios locales un proceso
constante de aprendizaje sobre el
desarrollo de la dinámica de estaactividad delictiva, con el n degenerar estrategias que permitan prevenir, y combatir el delito, así
como la protección y el restableci-miento de las víctimas, razón por la cual los procesos de seguimien-to del plan y la evaluación de la política juegan un papel prepon-derante, no solo para el redirec-cionamiento de las acciones quese requieran para enfrentar los de-safíos que impone la criminalidadorganizada, sino para retroalimen-tar al nivel central para que cuen-ten con la información necesariaque permita la toma de decisiones
acertadas en la lucha contra la tra-ta de personas, que en el marco delEstado social de derecho impacten positivamente el campo de los de-rechos humanos.
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II. Información de contexto
a) Datos básicos sobre contextode la trata de personas en el
departamento.
III. Cumplimiento deactividades.
a) Resultados del ComitéDepartamental.
IV. Resultados alcanzados.
a) Productos y resultados en prevención.
b) Productos y resultados en
asistencia y protección.
c) Productos y resultados en judicialización e investigación.
V. Gestión del comité.
a) Productos y resultados en áreastransversales.
b) Recursos presupuestales.
c) Logros.
II. rESPONSABLE
dE LA APLICACIóN
Como esta es una herramienta que
pretende medir el desempeño delcomité en relación con las acti-vidades desarrolladas en preven-ción, asistencia y protección e in-vestigación y judicialización, la -cha deberá ser diligenciada por la
secretaría técnica de cada comité.
III. OrIENTACIONESY ACTIVIdAdES dE
APLICACIóN
A. Actividades previas.
– Identicar el acto administrati-
vo de creación del Comité De-
partamental de lucha contra la
trata de personas.
– Contar con las actas de los co-
mités departamentales de los
años en los que se va a realizar
la medición.
– Asimismo, contar con el plan
departamental de desarrollo.
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(6) Integrantes del CD.Los integrantes de cada comité,está determinado en el acto admi-nistrativo de creación de cada co-
mité departamental.
(7) Secretaría técnica del CD.La secretaría técnica del comitéestá determinada en el acto ad-ministrativo de creación de cadacomité.
SECCIÓN II. INFORMACIÓNDE CONTEXTO
Subsección a. Datos básicossobre la situación y contexto dela trata de personas en el depar-
tamento
La información de contexto que seincluye en esta herramienta buscainiciar un proceso sistemático derecolección de información es-tadística, que pueda contribuir acaracterizar el tema de la trata de personas en cada uno de los de- partamentos del país, para la cons-trucción de estrategias y la toma dedecisiones al interior del Comitéde lucha contra la trata de personas
del departamento.
Nota: con base en los resultadosdel taller de validación, se reco-mienda, una vez recibida esta he-rramienta, ociar a las entidades
responsables de consolidar la in-formación, con el n de requerir de manera formal los datos res- pectivos para el diligenciamientode la misma.
(8) Emigración internacionalIncluir el número de nacionalescolombianos que se encuentranen el exterior, cuyo lugar de ori-gen corresponde al departamentoen el cual se está aplicando esteinstrumento. Se solicita incluir la
información de los últimos 3 años.Asimismo, se hace necesario in-cluir la fuente.
(9) Desplazamiento forzadointerno
Incluir el índice de presión del
desplazamiento forzado interno(expulsión, recepción e intraurba-no) en el departamento en el cualse está aplicando el instrumento.Esta información se debe incluir para los últimos 3 años. Asimis-
mo, se hace necesario incluir lafuente.
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(10) Actividad turísticaIncluir el número de viajeros na-cionales e internacionales que lle-garon al departamento en el cual
se está aplicando el instrumento.Esta información se debe incluir
para los últimos 3 años. (Fuente).
11) Reclutamiento forzadoIncluir el número de casos de re-clutamiento de menores de edad por grupos armados ilegales (GAI)denunciados en el departamento para los últimos 3 años. (Fuente).
(12) Embarazo adolescenteIncluir el número de adolescentes
y jóvenes embarazadas, o que yason madres, en el departamento adiciembre 31 del respectivo año.(Fuente).
(13) Trabajo sexualIncluir el número de trabajadoras
o trabajadores sexuales y demenores en explotación sexual enel departamento a diciembre 31del respectivo año. (Fuente).
(14) Mendicidad
Incluir el número trata de personasque ejercen la mendicidad en lugar
público, o abierto al público, en eldepartamento en el cual se estáaplicando el registro a diciembre31 del respectivo año. (Fuente).
(15) Servicio domésticoIncluir el número de empleadosy empleadas de servicio domésti-co en el departamento en el cualse está aplicando la herramienta adiciembre 31 del respectivo año.(Fuente).
(16) Perl víctimas
Responder SÍ o NO, el departa-mento cuenta con información so- bre el perl de las víctimas de para
los años últimos 3 años. (Fuente).
(17) RutasResponder SÍ o NO, el departa-mento cuenta con informaciónsobre las rutas para los últimos 3años. (Fuente).
(18) ModalidadesResponder SÍ o NO, el departa-mento cuenta con informaciónsobre las modalidades de trata de personas para los últimos 3 años.
(Fuente).
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pa de asistencia de emergencia.Esta información se debe indi-car teniendo en cuenta el corte al31 de diciembre de los últimos 3
años. La etapa de emergencia con-templa los siguientes servicios: re-torno al lugar de origen, asistenciamédica y psicosocial, alojamientotemporal (alimentación, vestido,kit de aseo y llamadas nacionales),asistencia jurídica y gestión de do-cumentos de identicación.
(33) Asistencia de reintegraciónIncluir el número de casos de quehayan recibido al menos uno delos servicios que contempla la eta-
pa de asistencia de reintegración por el departamento con corte al31 de diciembre de los últimos 3años. La etapa de reintegracióncontempla los siguientes servi-cios: educación básica, técnica y/ocapacitación laboral, vinculación
a proyectos de generación de in-gresos, servicios de salud, asisten-cia jurídica, seguridad.
(34) Seguimiento casos interna Número total de casos asistidos de
interna que tuvieron seguimiento
por parte de las instituciones delcomité con corte al 31 de diciem- bre de los últimos 3 años.
(35) Seguimiento casos externa Número total de casos asistidos deexterna que tuvieron seguimiento por parte de las instituciones delcomité con corte al 31 de diciem- bre de los últimos 3 años.
(36) Menores de edad asistidosIncluir el número trata de perso-nas menores de edad asistidas por el departamento, con corte a 31 dediciembre de los últimos 3 años.
(37) Generación de ingresosIncluir el número trata de personasvíctimas de trata de personas quefueron beneciarias de iniciativasde generación de ingresos realiza-das por el departamento, con corteal 31 de diciembre de los últimos
3 años.
Subsección c. Productos y re-sultados en judicialización e
investigación
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(38) Noticias criminales/casosIncluir el número de casos de tra-ta de personas conocidos por lasautoridades en el departamento,
con corte al 31 de diciembre delos últimos 3 años, según las si-guientes modalidades de maneradiscriminada:
i) Explotación sexual.
ii) Explotación laboral o trabajos
forzados.
iii) Mendicidad ajena.
iv) Reclutamiento forzado.
v) Matrimonio servil.
vi) Extracción ilegal de órganos.
(39) SentenciasIncluir el número trata de personasque están cumpliendo una pena
por el delito de trata de personasen el departamento, con corte al31 de diciembre para los últimos3 años. Esta información se podríasolicitar al INPEC.
SECCIÓN V. GESTIÓN DELCOMITÉ
Subsección a. Productos y re-
sultados en áreas transversales
(40) Rotación de los miembrosdel CD
Se debe realizar el cálculo del nú-mero de miembros del comité que,a 31 de diciembre de cada año,
cuentan con más de seis meses de permanencia en el mismo, sobre elnúmero de miembros del comité.Este valor se multiplica por 100.
(41) RR. HH. asignados
Informar el número trata de per-sonas (recurso humano) asignadasal tema de trata de personas parael departamento en los últimos 3años.
(42) Municipales
Indicar el número de comités mu-nicipales y/o distritales creados ofortalecidos con el apoyo del Co-mité Departamental para los últi-mos 3 años.
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(49) Presupuesto nacionalSe debe especicar cuál fue el pre-supuesto que se apropió desde elcomité interinstitucional de lucha
contra la trata de personas paraactividades de prevención, asisten-cia y protección e investigación y judicialización en el tema de tratade personas, para cada uno de losúltimos 3 años, y también se debeespecicar cuál fue el monto en di-nero y la contribución en especie.
(50) Empresa privadaSe debe especicar cuál fue el pre-supuesto que se apropió desde laempresa privada para actividades
de prevención, asistencia y protec-ción e investigación y judicializa-ción en el tema de trata de perso-nas, para cada uno de los últimos3 años, y también se debe especi-car cuál fue el monto en dinero yla contribución en especie.
(51) Organizaciones nogubernamentales
Se debe especicar cuál fue el presupuesto que se apropió desdelas organizaciones no guberna-mentales para actividades de pre-
vención, asistencia y protección e
investigación y judicialización enel tema de trata de personas, paracada uno de los últimos 3 años, ytambién se debe especicar cuál
fue el monto en dinero y la con-tribución en especie.
(52) PrevenciónSe debe especicar cuál fue el presupuesto que se apropió parala realización de actividades de
prevención de la trata de perso-nas, para cada uno de los últimos3 años, y también se debe especi-car cuál fue el monto en dinero yla contribución en especie.
(53) Asistencia y protección
Se debe especicar cuál fue el presupuesto que se apropió para larealización de actividades de asis-tencia y protección para víctimasde la trata de personas, para cadauno de los últimos 3 años, y tam-
bién se debe especicar cuál fue elmonto en dinero y la contribuciónen especie.
(54) Judicialización einvestigación
Se debe especicar cuál fue el
presupuesto que se apropió para
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d e s e m p e ñ o e n l a L u c h a C o n t r a l a T r a t a e P e r s o n a s e n C o
l o m b i a ,
e n e l m a r c o e l o
s P l a n e s e A c c i ó n d
e p a r t a m e n t a l ( P A d )
F 0 1 . -
d e s e m p e ñ o d e p a r t a m e n t a l
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