Domingo, 25 de septiembre de 2016 LA RAZÓN

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centiende esto, el remedio será peorque la enfermedad.

Decretos draconianos. Pretender,por decreto o ley, implantar la sindi-calización en las cooperativas mine-ras y asegurar todos los derechos la-borales y beneficios de la seguridadsocial, es desconocer la situación deun sector para el cual la informali-dad de sus estructuras, formas detrabajo, relaciones laborales y parti-cipación en el mercado es casi lacondición de su existencia. Por años, el Gobierno hizo la vis-

ta gorda ante una suma de irregula-ridades en el funcionamiento de lascooperativas mineras, la posesión yuso de áreas mineras. Esta omisiónde responsabilidad no ha sido ca-sual; era parte de los compromisospolíticos para garantizar el apoyodel sector cooperativo. Por ello, dela noche a la mañana, querer impo-ner rígidos procedimientos de con-trol y fiscalización y sanciones queincluyen la reversión de áreas adju-dicadas, es cuando menos falta derealismo. Más incomprensible aúnes la intención de revertir, sin más,las áreas adjudicadas a cooperati-vas que mantienen contratos conempresas privadas, desconociendoderechos legalmente adquiridos. Es difícil encontrar racionalidad y

equilibrio en las medidas anunciadas;en cambio, sí mucho de una lógica deajuste de cuentas, y quizá también deun cálculo oportunista por aprove-char un momento de desorientaciónde la organización de cooperativas,para imponer sobre este sector uncontrol político férreo. Si en verdad setiene la intención de aplicar todasesas medidas —de una dureza sin par,tratándose de un grupo social hastahace poco mimado por las autorida-des—, el efecto inesperado podría ser

una crisis social y política de gran en-vergadura, con múltiples conflictos yenfrentamientos que acabarían des-estabilizando todo el aparato produc-tivo minero y acelerando el colapsode la minería nacional.

¿Quién paga los platos rotos?Cier-tamente hay regiones más golpeadasque otras. Según las cifras oficialesde la gestión 2015, las exportacionesmineras de Potosí y Oruro represen-taron dos terceras partes del totalnacional exportado. Pero si se exclu-yen las exportaciones de oro, por sududosa procedencia, la participaciónde ambos departamentos sube al90% de las exportaciones minerasdel país. Esto explica, también, quePotosí y Oruro estén entre las regio-nes que más recursos perciben de larecaudación de regalía minera: Poto-sí (63%) y Oruro (12%). Y ello a pesarde que ambos departamentos hanvisto reducirse abruptamente sus in-gresos por regalías desde 2012; almenos 30%, en cuatro años. Considérese, además, que un 20%

de la regalía minera proviene delsector cooperativo (74% de la mine-ría privada, y apenas 6% de la esta-tal). Estos datos dan una idea clarade la gravitación económica del sec-tor cooperativo, tan solo por debajodel sector privado, que aporta el 75%de las exportaciones mineras. Uncaso notable es la ciudad de Potosí:prácticamente el 50% de su econo-mía descansa en la producción, losingresos de regalías, el comercio,transporte y otros servicios alrede-dor de la minería, que emplean a lamitad de los potosinos (Confrónte-se: Ferrufino-Eróstegui-Gavincha,Potosí: el cerro nuestro de cada día,Labor, 2011). Muchas provincias ylocalidades dependen casi entera-

es sociólogo, investigador en

temas económicos

DIBUJOLIBRE

mente de la minería, y en particularde la actividad cooperativista. Nosorprende, entonces, que el mismogobernador potosino hubiera sidouno de los primeros en advertir delos efectos contraproducentes de losdecretos gubernamentales.

¿Una segunda relocalización mi-nera? A la vista de las cifras es inevi-table preguntarse si en el Gobiernoson conscientes del impacto poten-cialmente desastroso de sus medi-das, y en particular del riesgo dedesencadenar un proceso parecidoa la relocalización de trabajadoresmineros de los 80. Desmantelar el poder del coope-

rativismo minero puede ser tentador,sobre todo delante de los aprietosfiscales para atender sus demandas.En la lucha de facciones dentro de lacoalición de intereses que sustentanel Gobierno, hay quienes buscan des-plazar al cooperativismo gremial yavanzar en sus propias posiciones depoder, sin importar mucho lo quevenga. Por lo demás, la antipatía deamplios sectores del país hacia el co-operativismo minero —justificadoen muchos aspectos— es un caldode cultivo para acciones efectistas.La cuestión es a qué nos conducen. Si el cooperativismo es un proble-

ma, no lo es menos la minería estatal,atribulada por sus propias dificulta-des. ¿Más empresa estatal en lugar decooperativas mineras, para absorber lamasa laboral que este sector ocupa?Pero ya sabemos lo que esta fórmulaha significado en el caso de Huanuni.Seguir engordando a Comibol de áre-as mineras, sabiendo que no está encondiciones de explotarlas, no tienesentido práctico; Comibol es como unperro del hortelano. Aquí es cuando los bolivianos de-

bemos preguntarnos por qué la mi-nería privada se ha reducido a unpuñado de empresas, en lugar deser un sector pujante, en expansión,movilizando inversiones y poniendoen marcha nuevos y grandes pro-yectos que multipliquen el empleode calidad; siendo que es el únicocon capacidad de hacerlo. Que las cooperativas mineras

deben encuadrarse a un régimen delegalidad y derechos laborales, noquepa duda. Tampoco se discute laimportancia de recuperar la autori-dad del Estado para garantizar el or-den y la convivencia pacífica. Malaidea, sin embargo, tratar de lograrestos propósitos sobre la base demedidas draconianas. Ni la repre-sión ni el descabezamiento de diri-gentes van a sustituir la necesidadde una política de fortalecimientoempresarial en el sector cooperativominero; bien concebida, integral, delargo plazo, con incentivos a la for-malización, que canalice la asisten-cia técnica y financiera adecuadapara que las cooperativas puedantecnificar y escalar sus operaciones,integrarse a cadenas de valor, prove-er servicios a las empresas privadasy públicas, ejercitar sus derechos mi-neros y realizar emprendimientosconjuntos con otras empresas. Entretanto, los problemas y

conflictos seguirán latentes. Quenadie se engañe.

HENRYOPORTO

EL PROBLEMA COOPERATIVO SIGUE

Minería: el díadespués de Panduro

uando las aguas se han calmadoes el momento del análisis serenoy la discusión informada. Esasuerte de histeria anticooperativasmineras —alentada por unacampaña de desinformación y lin-chamiento mediático que buscauna cabeza de turco— debe cesar,para dar paso a una apreciaciónobjetiva de la realidad de este sec-tor y sobre todo para ir a la raíz delos problemas. Las cooperativasestán lejos de ser un dechado devirtudes, pero tampoco son el de-monio que se quiere pintar. Hayque separar la paja del trigo. Laproliferación de un cooperativis-mo informal y depredador, que haabusado de su capacidad de pre-sión para obtener prerrogativaspolíticas y otras ventajas espurias,es el síntoma y no la causa de losmales de la minería nacional.Las razones subyacentes del

último conflicto radican en el es-tancamiento del sector minero—un languidecimiento doloro-so—, su falta de modernización,de inversiones e innovación tec-nológica, y en un sistema clien-telista y corporativo de repartode rentas y poder político. El desplome de los precios ha

detonado una crisis que es estruc-tural y que muestra los límites delestatismo anacrónico implantadoen la última década en la minería.La cuestión es que no solamente seha dilapidado la oportunidad ex-cepcional de un crecimiento robus-to y sostenido de la industria mine-ra, con precios en niveles históricos,como ha sido la coyuntura reciente,sino que ahora, en un escenario deprecios deprimidos, estallan lastensiones, y por el lado más flaco: laminería cooperativizada. Si no se

Se discutela impor-tancia derecuperarla autori-

dad del Es-tado. Malaidea, sinembargo,

tratar de lo-grar esto

con base enmedidasdraconia-nas. Ni la

represión niel descabe-zamientode dirigen-tes van a

sustituir lanecesidad

de una polí-tica de for-talecimiento empresa-rial en el

sector coo-perativominero.