Introducción
En este ensayo pretendemos demostrar si el estado mexicano del siglo XIX estaba
consolidado, para esto nos basaremos en tres puntos clave: el primero se refiere a
que un Estado es la fuente exclusiva de poder y prerrogativa de mando; el
segundo punto a tratar hace alusión a si el Estado tiene órganos legales
conformados para el diseño, aplicación y obediencia de la ley. Finalmente, se
hablará de si la ciudadanía está investida de derechos, sin que los órganos del
estado inflijan en éstos.
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Capítulo 1. El Estado mexicano del siglo XIX, ¿era fuente exclusiva de poder
y prerrogativa de mando?
Para que un estado se considere consolidado, es necesario tener en cuenta que
debe ser la fuente exclusiva de poder y prerrogativa de mando, sin embargo, en el
México del siglo XIX el Estado no contaba con estas características, ya que tras la
guerra de Independencia, el territorio mexicano estaba dirigido por un sistema de
poder anárquico, donde las estructuras más consolidadas del territorio luchaban
por tomar el control del país. Tales estructuras eran: Iglesia, ejército, terratenientes
y burgueses, los cuales a su vez eran los principales intermediarios, pues eran
ellos quienes tenían mayor contacto tanto con el gobierno como con el pueblo.
Siguiendo a Escalante, comenzaremos hablando del poder que tenían las órdenes
señoriales, donde habla principalmente de los hacendados, quienes jugaban uno
de los papeles más importantes en la organización del país, ya que eran de las
estructuras más extensas y al mismo tiempo una de las principales formas
políticas, económicas e incluso sociales, dice Escalante (1992):
La hacienda era una forma de vida: un orden. Como lo vio José Medina
Echavarría, la hacienda era una célula del poder político y militar, era el
núcleo de una sólida estructura de vínculos familiares, encarnaba un
modelo de autoridad y un modelo cultural. Pero no a la manera de un feudo,
cerrado y autárquico; la hacienda era un nexo entre el mundo urbano y el
mundo rural, y una pieza insustituible del orden agrario. (p. 79).
Pero, ¿qué era una hacienda? Las haciendas, además de ser una empresa,
también se consideraban como un centro de vida social donde los trabajadores y
arrendatarios formaban una cohesiva comunidad. En las haciendas se resalta un
modelo cultural y de autoridad, pues también había un orden social.
Los hacendados eran los encargados de crear micro sociedades de trabajo que
unificaban a varias zonas rurales con el afán de hacer crecer su economía, pero
también, esta unificación creaba un sistema de gobierno cómodo para algunos
cuantos. Al momento que el terrateniente decidía contratar a aquellos individuos
para que trabajasen sus tierras, debía brindar a éstos la protección y los cuidados
necesarios para que pudieran continuar con sus labores.Había un poder arbitrario
dentro de las haciendas, pero al mismo tiempo buscaban justicia dentro de este
orden.
Una cosa cierta es que los dueños de las haciendas tenían un trato casi patriarcal
con respecto a sus trabajadores, pues estos últimos se sentían seguros
teniéndolos como jefes e incluso en la revolución y la guerra de independencia los
acasillados no los traicionaron. En fin, existen diferentes visiones sobre las
haciendas, una por ejemplo, dice que se abusaba de jornaleros y que incluso
existían contratos de compra-venta y otra trata de que a los peones les gustaba
trabajar en las haciendas porque ahí tenían comida, vivienda y seguridad.
Es importante señalar que la hacienda era uno de los pilares insustituibles del
nuevo orden mexicano, puesto que, gracias a la inestabilidad económica que dejó
la Independencia del país, las personas que tenían los recursos económicos y las
tierras establecían las estructuras principales dentro de la hacienda para que se
estableciera un orden, pero éste sería tiránico.
Por otro lado, las haciendas no era lo único que unificaba al territorio, junto a ella
se ubicaba la iglesia, ésta fue la única institución social existente que ayudaba a
unificar a la sociedad, en palabras de Alamán, citado por Escalante (1992):
[Queremos] conservar la religión católica -escribe Alamán-, porque
creemos en ella, y porque aun cuando no la tuviésemos por divina, la
consideramos como el único lazo común que liga á todos los
mejicanos, cuando todos los demás han sido rotos, y como el único
capaz de sostener á la raza hispano-americano, y que puede librarla
de los grandes peligros á que está expuesta. (p. 142)
Normalmente se dice que la Iglesia ha sido uno de los obstáculos más
significativos para la creación del Estado en México y que era una institución que
abogaba por que todo permaneciera como antes, sin embargo, solo una parte de
esto es verdad, la Iglesia no quería seguir con el mismo orden, pues la
modernidad le convenía más, con la Independencia ella había podido
independizarse. También es de notarse que la Iglesia comenzó a tener debilidad
en la vida política, pero seguía teniendo influencia social, por lo que la religión
católica era fuerte en México y hacía que entre los ciudadanos hubiera unión.
A nivel nacional la Iglesia carecía de seguidores, no obstante, en las pequeñas
localidades tenía una fuerte presencia en las decisiones políticas, puesto que era
una autoridad tradicional capaz de disolver juntas importantes o evadir impuestos
y sus fieles se amotinaban en su defensa e incluso muchas veces pagaban lo que
la Iglesia debía al Estado. La Iglesia tenía desinterés ante gran parte de lo político
mientras no la afectara a ella, todo podía transcurrir como fuera, lo que quería era
mantener su influencia social y autonomía.
Cabe destacar que si bien, la Iglesia se mostraba débil al no poder encabezar
revueltas ni tener poder jurídico, poseía una importante influencia sobre los
individuos por medio de la religiosidad y el poder económico que ésta tenía, por lo
que ni a la Iglesia ni al pueblo les convenía una separación. La Iglesia, como tal,
era una institución de costumbres tanto religiosas como económicas que la hacían
importante, más no indispensable.
Si la Iglesia era un estorbo para la creación de un Estado, el ejército terminaba
absorbiendo la poca presencia del Estado en la nación. Esta institución consumía
la mayor parte del presupuesto del Estado que iba desde una cuarta parte de éste
hasta dos tercios.
El ejército era la principal fuerza de opresión del Estado que trataba de mantener
el orden dentro de la nación, velando siempre por sus fines particulares, los
cuales, podían variar dependiendo la influencia y apoyo de sus dirigentes: “sin el
ejército no se podía gobernar, pero para contar con él había que negociar su
obediencia” (Escalante,1992, p. 172)
A pesar de ser un gasto más para aquel Estado que estaba débilmente
conformado, el ejército era también un recurso político, puesto que los jefes
manipulaban a sus tropas como ejércitos patrimoniales, de manera que podían
disponer el margen como disponer de instituciones y autoridades civiles.
En pocas palabras, el ejército era una institución parasitaria que abusaba
completamente de su fuerza pública para obtener beneficios particulares, de
manera que podían pagarle a éste tanto la seguridad de la nación como los golpes
al Estado. El ejército se constituyó a tal grado que vigilaba los puertos y caminos,
patrullaban las ciudades, manejaban elecciones, eran diputados, ministros y
presidentes. Tiene un papel imprescindible para cualquier toma decisiones, no le
basta con tener el control de un Estado, sino que también se encarga de todo lo
relacionado con las decisiones regionales; era un fastidio para los habitantes ya
que acaparaban atribuciones públicas, extorsionaban a los civiles y para que éstos
tuvieran seguridad habían de obedecer al ejército, aunque esto no les garantizaba
su cumplimiento.
Finalmente, las instituciones descritas anteriormente cumplían con el papel
principal de intermediación dentro del Estado, que carecía de autoridad para con
los habitantes del territorio nacional y solicitaba de su apoyo. En este contexto, los
poderes de intermediación eran quienes encabezaban el mando y orden del
territorio mientras que el Estado parecía invisible e inexistente.
Donde quiera que se mire, en el XIX mexicano, está el estado. Pero,
si se atiende con un poco más de suspicacia, resulta que el Estado
no está en ninguna parte: en ninguna parte hay una organización
jurídica eficiente de las relaciones sociales, ni es un hábito de
obediencia, ni siquiera hay un razonable monopolio de la fuerza
física. (Escalante; 1992, p.97).
Dentro del territorio nacional, a raíz de la Independencia, había una carente
cohesión entre los individuos y las instituciones, es más, había desconocimiento
de una república federal que unificaba a la nación, pues, ni a los políticos les
interesaba el bienestar de la población en general, ni a los propios habitantes (ya
sean indígenas, trabajadores y burgueses) le importaba la formación política de la
nación, ambos velaron siempre por sus fines individuales.
El único orden prevaleciente del entonces era una combinación del antiguo
régimen colonial, mediado por los caciques, el clero y comandantes militares, junto
con las ideas de una república federalista que trataba de hacer suyos los territorios
pertenecientes a límites territoriales.
Si bien el Estado no podía tener un orden jurídico sobre su población, al menos
servía como instrumento para consolidar a las redes locales y a su vez les diera
legitimidad a quienes dirigían al pueblo.
Era un sistema parasitario que a largo plazo terminaba por ser necesario, pues
aseguraba el orden político y permitió que hubiera una relación con el Estado y las
localidades. Sin embargo, los intermediarios (hacendados, terratenientes y
militares) no eran elegidos por sus capacidades, sino por medio de sistemas de
lealtad y representación política negociada con el Estado para representación de
éste.
Por medio de los intermediarios el Estado se hacía presente, pero también por
medio de éstos influían en la vida política para la elección de un gobernante, o
bien, de su representante local.
Estos fueron los pilares centrales del poder y orden dentro de la nación, sin
embargo, hay una pregunta latente: ¿y el Estado?
Retomando la idea principal de este apartado, procedemos a demostrar que el
Estado como tal no tenía fuente exclusiva de poder ni prerrogativa de mando pues
era condescendiente de las instituciones antes mencionadas.
El Estado era manipulado bajo beneficios particulares, en razón de hacendados,
las leyes se creaban en pro del desarrollo de éstos, de manera que, en algunos
casos, estos últimos tenían más poder que el propio Estado. En cuanto a la
Iglesia, permitían que ésta tuviera un cierto grado de autonomía, pues al meterse
con ella no lograban nada y conseguían un fuerte enemigo, que si bien no tenía un
poder político fortalecido, si tenía una gran influencia social que estaba dirigida por
el temor a Dios en una sociedad católica. Por otra parte, en relación con el
ejército, el principal problema es que lo dejaba tomar parte de los asuntos sociales
y políticos del país, además de que le destinaba una gran parte del presupuesto y
todo esto a cambio del mantenimiento del orden y su “lealtad”, pero era tan
permisivo que no tenía control de éste y se dejaba manipular fácilmente.
Finalmente, y como ya se expuso con anterioridad, todos éstos eran
intermediarios a los cuales el Estado acudía y les permitía ciertos privilegios, pues
sabía que eran una de las principales fuentes de relación con el pueblo para poder
llegar a sus fines.
Es así como se concluye este primer capítulo demostrando que en materia de
poder y prerrogativas de mando no existía un Estado como tal y si se dejaba entre
ver un posible Estado era muy débil y estaba en una precaria formación, pues la
anarquía del país no lo dejaba plantearse como tal. Esta no es la única
característica del Estado, por lo cual en el siguiente capítulo se hablaré de que el
estado puede visualizarse como: un conjunto de órganos legalmente conformados
para el diseño, la aplicación y la obediencia de la ley.
Capítulo 2: El Estado Mexicano del siglo XIX, ¿era un conjunto de órganos
legales?
Para que un Estado se considere consolidado, debe contar con órganos
legalmente conformados para el diseño, la aplicación y la obediencia de la ley,
pero en el México del XIX el Estado era tan débil y de recién creación, pues
acababa de surgir después de la Independencia de la nación. Lo anterior trae
como consecuencia que no contara con una estructura fija, por lo cual no tenía
poder sobre sus gobernados. Es a partir de ésto que trata de conseguir la
obediencia del pueblo a través de la negociación con los ciudadanos y con el
ejército, creando a su vez sistemas de reciprocidad.
Para comenzar hablaremos del ejército, el cual en teoría, era un recurso básico
para la aplicación y la obediencia de la ley en el pueblo mexicano, sin embargo, a
su vez éstos no respetaban las leyes establecidas y más que hacerlas valer solo
difundían miedo, principalmente en las regiones rurales para su beneficio propio.
En este sentido en palabras de Escalante, citado por el mismo (1992) nos dice
que:
Los militares usaban sus atribuciones públicas para obtener sus beneficios
particulares, en contra de mandatos legales explícitos. Cuando se
rebelaban contra la autoridad para favorecer a un grupo político, cuando
usaban su fuerza para extorsionar a los civiles, cuando intervenían con
amenazas y violencias en las elecciones. (pp. 181-182).
Lo anterior pasaba con frecuencia, pues el ejército no tenía una ideología clara,
por lo que no era leal ni a su propio dirigente. Esto nos lleva a que no se sintiera
comprometido en la obediencia para con el Estado, lo cual traía como
consecuencia un sentido antipatriótico que no le permitía sentirse atraído por la
causa de su nación.
Además, los altos mandos del ejército se aprovechaban de su puesto y
quebrantaban la ley, pues traficaban armas y uniformes, el sueldo de los soldados
y el cobro de los que ya habían desertado.
Resumiendo, el ejército era un estorbo en el cumplimiento y obediencia de la ley,
pues más allá de la supuesta seguridad que ofertaba a la nación, fungía un
sistema de corrupción que se basaba principalmente en las “virtudes” que el
estado le atribuía, por lo cual, aprovechándose de sus posición, le era más fácil
obtener ventajas en comparación de otros sistemas de control.
Continuando, hablaremos de la ciudadanía, que presentaba un obstáculo más
para la obediencia, pues desconocía en qué consistía el Estado y aún seguía en
una lucha interna por sobrevivir. Cabe destacar que la obediencia y la legalidad
deben estar unidas para que exista una república, como dice Mora, citado por
Escalante (1992): “de nada sirven las mejores [leyes] si no hay costumbres y si
hay flojedad o desidia en los funcionarios públicos encargados de su
cumplimiento”. Por lo cual, podemos decir que si el pueblo no sabía explícitamente
que formaba parte de un Estado, mucho menos iba a entender por qué cumplir
con sus leyes.
La ciudadanía estaba dividida de una forma muy notable, encontrando que la
mayoría servían a los terratenientes y a la Iglesia, por lo cual estaban más
preocupados por acatar las leyes de sus dirigentes que las de un estado que no
tenía presencia nacional por su inestabilidad. Todo esto surgía a causa de la
moral, los campesinos preferían obedecer a aquellos, que sí les brindaban
seguridad, que obedecer a un Estado débil y que no podía cubrir sus necesidades.
Por otro lado, como ya se ha mencionado, una parte importante de la fortaleza de
un Estado para la protección y cumplimiento de la ley, se encuentra en su ejército,
quien debería responder a su deber por el amor a la nación, pero en México no
sucedía así. La mayoría de sus militantes eran mercenarios, lo que quiere decir
que solo se encontraban ahí por el interés económico, por ello y por la corrupción,
el ejército no cumplía de manera eficiente con el fin por el cual estaba dispuesto.
Ante esto, se dispuso a la formación de una especie de ejército de reserva
(milicias provinciales), pero el descontento del pueblo ante esto era generalizado,
nadie quería participar en ellas, y cuando las personas eran llamadas huían.
Con esto queda demostrado que la desobediencia del pueblo no era solamente
hacia el Estado, sino que también iba dirigida al ejército, ya que moralmente estas
estructuras no eran bien vistas, pues no tenían un compromiso con el pueblo e
incumplían con sus deberes.
Los civiles, por su parte, forman una nueva milicia, la cual era dirigida por las
autoridades locales en su comienzo, ésta era un grito desesperado por parte del
Estado para poder contrarrestar la desobediencia del ejército. Por ello no le era
agradable al ejército pensar en milicias civiles que les pudieran quitar poder, por lo
cual mostraban su inconformidad y buscaban fortalecerse más.
A pesar del aparente interés de las milicias, no faltaban los mandatarios que
buscaran disolverlas y aunque éstas se volvieran a formar, no lograron el fin de su
existencia. El problema era que éstas respondían a intereses particulares, lo cual
las hizo ineficaces y finalmente el Estado decide eliminarlas poniéndoles requisitos
que prácticamente eran difíciles de cubrir.
Finalmente, hablaremos de los sistemas de reciprocidad que surgen como una
necesidad para negociar la obediencia del pueblo hacia el estado. Estos tenían
que surgir, porque si bien el Estado debía estar compuesto de órganos legales,
encontramos que éstos eran muy inestables. Por ejemplo, el poder ejecutivo no
tenía larga duración, por lo que apenas tenía tiempo para tratar de imponer “un
orden”. Por esto, era necesario que fueran las principales fuerzas del país las que
trataran de mediar la estabilidad de la nación.
Para que el Estado pudiera contar con los recursos financieros, militares, de
obediencia y de estabilidad por parte de los intermediarios, éste debía respetar la
posición de ellos. El problema es que el Estado no solamente debía abandonar el
inexistente poder con el que contaba, sino que también debía comprar la lealtad
de los intermediarios para que a su vez, éstos le fueran obedientes y pudieran
dirigir a la población civil, ya que el Estado no tenía ningún nexo con sus súbditos.
En pocas palabras, el Estado era un sistema de gobierno que se basaba en el
crimen, pues implícitamente transigía con él para poder llegar a sus fines. Todo
esto era la única forma que encontraba para gobernar, pues el pueblo no veía en
el Estado una presencia significativa y los intermediarios solo querían
aprovecharse de éste, brindándoles su poder a cambio de favores.
El Estado, si bien poseía un sistema de órganos legales bien estructurado y con
un buen diseño en materia de la legalidad, en la práctica terminaban por ser
simples decretos disfuncionales en la moral civil.
Entonces, para puntualizar, el Estado carece de fuente exclusiva de poder y
prerrogativa de mando, así como de un órgano burocrático practicable dentro del
mismo, sin embargo no todo está perdido, falta conocer si el Estado cumple con
su parte al dotar de derechos al ciudadano y el cumplimiento de éstos.
Capítulo 3: Los ciudadanos y sus derechos.
Para que un Estado se considere consolidado debe contar con ciudadanos
investidos de derechos que no puedan ser infligidos por los órganos del Estado.
La sociedad civil dentro del territorio nacional, muchas de las veces sentían
confusión por el papel que jugaban dentro del Estado y teniendo muchas veces
solo nociones de la importancia de su lugar en el país. Los ciudadanos se hacían
ajenos a las instituciones políticas muchas de las veces por desconocimiento de
sus derechos, así como de su papel dentro del Estado y las ventajas que la misma
ciudadanía ofrece.
Aunque había algunos ciudadanos que sí pensaban pronunciarse en favor de sus
derechos, tal era el caso de los campesinos. Una de las medidas que ellos
tomaron fue el envío de documentos, en el cual solicitaban la intervención del
Estado en la defensa de los pueblos. Pero, como raramente el pueblo mostraba
interés por el Estado, éste tampoco mostraba interés por ellos.
El problema es que el Estado infligió sus derechos, pues no les hacían caso a las
demandas de los campesinos y abusaban de la lealtad de los mismos, además de
que por el abuso de su poder les quitaban sus tierras, pero a pesar de esto los
campesinos se sentían parte del Estado mexicano, aunque en la realidad
desconocían la mayor parte de las políticas nacionales.
Si bien los ciudadanos respetaban sus obligaciones y pagaban las contribuciones
al Estado, estaban en desacuerdo con que éste último no cumpliera con la
protección hacia ellos y elevara los impuestos para poder despojarlos de sus
tierras, teniendo así una excusa más explicable para adueñarse de sus
propiedades. El Estado, lejos de ofrecer protección para los ciudadanos, los
oprimía mediante el uso del ejército, cosa que ya describimos con anterioridad.
Por su parte, la ciudadanía buscaba adjuntarse a la sociedad política para la
obtención de beneficios grupales por medio de representantes, ya que ellos
contaban con un sistema político propio y se desentendían de la política nacional,
en este aspecto nos dice Escalante (1992): “los campesinos participaban en la
política nacional, pero lo hacían a su manera: sin actitudes cívicas, sin entusiasmo
partidista y, sobretodo, obediente sólo a sus líderes y autoridades tradicionales”.
(p.72)
Por otro lado, nos encontramos que no solo los campesinos estaban enajenados
respecto a sus derechos, los propietarios y negociantes se ubicaban en las
mismas condiciones, solo que a diferencia de los campesinos no se interesaban
por jugar un papel dentro de la política mexicana, por temor a ser desarraigados
de sus propiedades.
Los propietarios tenían un escaso sentimiento patriótico y no se comprometían con
ningún tipo de gobierno, en la única etapa en la que mostraron interés fue durante
el porfiriato junto con la Iglesia y el ejército, en busca de un desarrollo tecnológico.
Ellos en esta etapa se habían beneficiado, se dieron cuenta de que podían
obtener ventajas de cualquier régimen político, y por ello más adelante mostraron
poco compromiso.
La clase política no se interesaba en la elaboración de leyes para beneficio
general, sino únicamente para enriquecimiento propio. Según Jean Meyer, citado
por Escalante (1992), nos explica que:
Toda la conducta de los gobiernos revolucionarios de este país ha
sido y sigue siendo, no de legislar sobre principios sanos y para bien
del país, sino para los beneficios individuales de sus empleados. Las
leyes se hacen y los impuestos se imponen, no para la ejecución
bona fidede la primera, o la colecta de los segundos, sino para los
sueldos de los que hacen las leyes y los recaudadores. Altos
derechos son decretados no para beneficio del gobierno sino para
recaudadores y colaboradores. (pp. 211-212)
Claramente podemos observar que a la ciudadanía en general se le infligen sus
derechos por medio del decreto de leyes para beneficios particulares y no
generales.
Para continuar, cabe resaltar que no solo los campesinos y los pillos formaban
parte de la ciudadanía mexicana, pero la parte restante no tenía una posición
clara. En este sentido hablaremos de la opinión pública.
La opinión pública se refiere principalmente a la prensa y la influencia que tenía
ésta en la ciudadanía. Comenzaremos por describir las características de la
prensa y si estaba investida de derecho. Aparentemente, parecía ser que la
prensa comenzó a ser una estructura libre en sus comienzos, pues su modelo a
seguir era el europeo, en el cual se trataban asuntos como revoluciones, golpes
de estado, guerras y algunos otros temas que mantenían la atención.
Lo anterior trajo como consecuencia que la población tuviera más consciencia
sobre sus actos y el interés por ingeniar su participación en los asuntos políticos.
Pero, lo importante no eran los periódicos, sino las lecturas en voz alta de los
diversos artículos, ya que muchas personas se reunían para conocer qué era lo
que sucedía. Parafraseando a Carl Christian Sartorius, Escalante (1992, p.)
comenta lo siguiente, “la plaza pública viene a ser para el mexicano lo que para
los romanos era el foro…” es ahí donde se escuchaban los acontecimientos y se
discutían más allá de aquellos de la elite lectura. Sin duda, los espacios tal como
los que mencionamos, forman parte fundamental para que los individuos
comiencen a conocer los problemas de su país y a pesar de no tener conocimiento
del aparato jurídico, hablaban de sus derechos como ciudadanos, de los fraudes
electorales y todo lo relacionado con el Estado.
La mayor parte de la opinión pública del pueblo tenía características similares a la
de la voluntad general, tales como la justicia y la razón; además era verdadera,
firme y unánime, lo cual trae como consecuencia, que el pueblo tenga un arma en
contra del despotismo y genera el comienzo de la ilustración. Sin embargo, no
tardó mucho tiempo para que la contraparte de la sociedad comenzara a
molestarse y a quejarse contra la prensa buscando poder comprarla o censurarla.
Además, la prensa que no accedía a esto era calumniada o se le imponían multas
demasiado elevadas que eran impagables. Esto provocó que el gobierno tuviera
una estrategia para poder ganarse al pueblo y mantenerlo una vez más alejado de
sus derechos a estar informado y poder expresarse.
Pero la opinión pública no cesó tan fácilmente y algunos ciudadanos comenzaron
a especular que la prensa estaba comprada, tal es el caso de Juan Bautista
Morales, el cual citado por Escalante (1992), nos dice que imaginó a un periodista
improvisado de la siguiente manera:
-Luego tú vas a escribir y salga lo que saliera.
-No, no te salga lo que saliere; porque precisamente ha de salir dinero para
mí; por lo demás poco me importa que se lleve el diablo á la opinión
pública, á la nación y al gobierno. […] Los periódicos como el mío son los
que hacen grandes revoluciones, los que sostienen á los pronunciados, los
que dan de costillas con los gobiernos, los que levantan otros nuevos, los
que elevan á los periodistas al fastigium de los empleos y de la riqueza. (p.
277)
Para finalizar con la opinión pública, hablaremos del papel que tomaban los
políticos en la prensa. Cabe mencionar que la mayor parte de los periodistas
letrados fungían un doble papel, pues también se involucraban en cargos públicos,
lo cual traía como consecuencia que la mayoría de éstos no pudieran generar una
independencia ideológica. Además, el gobierno era el que generaba que la prensa
lograra subsistir, ya que eran los mayores suscriptores, llegando incluso a pagar
los de la oposición para poder manipularlos.
Aunado a esto, hay que destacar la importancia que tenía la participación del
pueblo dentro de la vida política, limitada al simple entretenimiento sin fines de
instruirse políticamente. La ciudadanía en general tenía el poder de fungir un
cargo imprescindible dentro de las decisiones nacionales, aunque éstas fueran
manipuladas por terceros, el pueblo hacía denotar su presencia dentro de la
política. El pueblo era la mayoría y la mayoría escogía siempre lo que era “mejor”
para sí, sin embargo, era muy fácil hacer cambiar la opinión de esta mayoría, si se
le otorgan fines particulares a cada uno de los individuos, podemos crear una
conciencia capaz de hacer de una voluntad particular a una general.
La opinión pública tenía precio, precio que podían pagar fácilmente los políticos
comprando a la prensa y demás intermediarios para crear una ideología
determinada a la sociedad. Hemos hablado profundamente de esto en capítulos
anteriores, era el pueblo quien hacía posible las revoluciones, las revueltas y
demás movimientos sociales, pero detrás de esto hay intereses muy particulares
que desean dichos movimientos.
Entonces, la importancia del pueblo era tanta que las autoridades, tanto políticas
como tradicionales, tenían gran interés por mantenerlo ajeno a sus derechos y por
cegar sus libertades, dejándolo a su merced, en este sentido:
De lo que no cabe duda es de que el “pueblo” era un actor de peso en el
melodrama político. En quien nadie podía confiar enteramente, al que todos
despreciaban por una cosa u otra, per del que todos habrían de echar mano
cuando hacia falta. No eran ciudadanos como los hubieran querido la
fantasía ilustrada de la clase política, pero tampoco era tan perfecta su
apatía ni eran, no parece, “un hato de borregos” (Escalante, 1992, p.286).
Para finalizar y puntualizando, en los temas desarrollados en este capítulo
observamos cómo jurídicamente los ciudadanos contaban con derechos y
libertades, pero en la realidad, la ciudadanía no estaba investida de derechos.
La clase trabajadora, entre muchas otras, era una clase explotada. Las maneras
de aprovecharse de los trabajadores eran muchas y cada uno las aprovechaba de
distinta manera. Los impuestos que les eran cobrados, más que beneficiar al
pueblo y al mismo Estado, beneficiaban a los funcionarios y legisladores, mientras
que la ciudadanía no recibía nada de esto. Una manera de aprovechar dichos
cobros para beneficio general, sería repartir dichos impuestos para el desarrollo
del país, impulsando el mercado y la infraestructura nacional.
Los ciudadanos no tenían como tal una consciencia de lo que en la vida política se
hacía con dichos impuestos: el trabajo de los primeros tenía el único fin de
alimentar a éstos últimos.
Esto en la clase trabajadora, sin embargo, la ciudadanía en general estaba privada
de sus derechos, prueba de esto se ve reflejado en las posibilidades que tenía un
individuo cualquiera para adquirir un cargo público. Ni la clase alta se interesaba
por adquirir un cargo de esta magnitud, por miedo a perder sus bienes, ni a la
clase baja por desconocimiento de la vida política, solo la clase media podía
aventurarse a ocupar cargos públicos, pues ésta era la clase ilustrada.
Observando holísticamente al país, estaba manipulado por medios de
comunicación corrompidos por el gobierno y aquellos que querían defender sus
intereses. La prensa servía, más que para informar a la ciudadanía, como medio
por el cual se podían hacer consciencias falsas de un gobierno que no existía,
mostraban al pueblo la cara de un Estado muy estable y transparente, mientras
que detrás de las hojas de los periódicos había impunidad, fines particulares y
beneficios políticos rigiendo las diferentes estructuras sociales.
En conclusión, llegamos a la demostración de que el Estado mexicano del siglo
XIX era débil y limitado, pues no cumple con las características que un estado
fuerte y consolidado tiene.
En primer término, encontramos que el Estado mexicano no era la fuente
exclusiva de poder y prerrogativa de mando, pues a lo largo de este ensayo
demostramos que el poder y el mandato estaban regidos por estructuras corruptas
como la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Además, no solo tenían el poder,
sino que el Estado se los permitía, al ser los únicos intermediarios entre éste y el
pueblo, les permitían seguir funcionando como ellos querían.
En segundo término, hablamos de los órganos legales que le permiten al Estado el
diseño, la aplicación y la obediencia de la ley, pero una vez más encontramos que
en el México del XIX no se cumplían, pues si bien encontramos leyes muy bien
diseñadas, también se aprecia que éstas no se practicaban. Todo porque los
sistemas encargados de vigilar su obediencia estaban corrompidos y seguían sus
propios intereses. Además de que la ciudadanía tampoco tenía interés por acatar
las leyes, pues el Estado no tenía presencia y preferían obedecer a las estructuras
que sí les daban cierta estabilidad. Por último, cabe mencionar que tampoco se
cumplían por la recurrencia a los sistemas de reciprocidad para poder cumplir y
generar la obediencia del pueblo.
Finalmente, encontramos que el Estado tampoco cumple con la tercera
característica de un Estado consolidado, con lo que da paso a la demostración de
un Estado totalmente débil y carente de estabilidad. En este punto se hablaba de
que los ciudadanos deben estar investidos de derecho y el Estado no puede
infligirlos a través de sus órganos legales. Pero encontramos que en este punto, el
Estado reprimía a los ciudadanos a través de la indiferencia hacia su pueblo y la
represión de la opinión publica a través de la censura y manipulación de la prensa.