UNA APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL

FEMINICIDIO Trabajo elaborado por Patricia Flores Palacios para el evento organizado por CIDEM y la Fundación para el Periodismo al conmemorarse el 8 de marzo, marzo de 2013

Entre 2009 y 2012 en todo el país 354 se registraron casos de asesinatos violentos contra mujeres, según registros del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), coincidentes con los casos registrados por el Observatorio de Gregoria Apaza, en los que ninguno ha logrado a la fecha sentencia contra los autores de los hechos cometidos contra las mujeres, lo que demuestra la retardación de la justicia y la impunidad que prima. La periodista Hanali Huaycho fue asesinada la madrugada del lunes 11 de febrero de 2013 en su propio domicilio en la ciudad de El Alto, después de una discusión con su pareja, el teniente de la Policía Jorge Clavijo, un hecho que marca un antes y un después para que el femincidio se instale en la agenda pública como una problemática de atención nacional y porque la familia periodística del país lamentaba el cruel asesinato de un rostro televisivo que a través de la cadena nacional Periodistas Asociados de Televisión PAT perdió la vida tras recibir 15 puñaladas de parte de su pareja, bajo la mirada aterradora del niño de ambos de cinco y los esfuerzos vanos de la madre de Hanalí para salvarla de la brutalidad del marido, quien tenía orden judicial para no acercarse a la víctima, luego de cuatro años de golpizas, amenazas, encubrimiento policial y retardación de justicia.

Clavijo funcionario de élite de la Policía participó en un caso antiterrorista conocido como el caso Rozsa y si bien la Policía y el propio Ministerio de Gobierno lo mostraron como muerto/suicida, las evidencias recabadas por los abogados de la periodista hacen suponer que contó con protección y se encuentra en calidad de prófugo no descartando la posibilidad que

haya logrado salir del país tras cometer el delito. Desde la muerte de Hanalí la cobertura informativa ayudó a visibilizar una dramática realidad de que las mujeres asesinadas son de todas las capas sociales, pero la mayoría vive en situación de pobreza, de que los hombres creen que tienen poder sobre ellas; alimentando círculos de violencia que deriva en saña, odio, y muerte, en la mayoría de los casos luego de torturas y tratos crueles e inhumanos. Los casos de violencia contra las mujeres inmediatamente se los asociaba al de la periodista, al feminicidio y su brutalidad, porque había quedado en la retina de las audiencias la imagen de la periodista y el victimador incluso con un amague de suicidio. Este caso también evidenció que las mujeres esposas, madres, hijas son asesinadas por sus parejas, concubinos, maridos o exparejas, desmitificando la figura abstracta de que el feminicido lo perpetra u ajeno a la familia y develó la dramática realidad por la que pasan cientos de mujeres y familias de distintas condiciones sociales, económicas, étnicas o genéricas, en la que al menos cada 3 días una familia vive el calvario del dolor y la muerte ante una precariedad policial tremenda con un sistema judicial inoperante, indolente, proclive a la corrupción y que pone a víctimas y familiares en la indefensión y en flagrante vulneración a sus derechos humanos. La muerte de la colega periodista desató también una serie de movilizaciones a nivel nacional contra la impunidad policial y judicial, demandando la pronta aprobación de la Ley Integral contra la violencia, y que incluso convocó paradójicamente la participación de representantes de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional incluida la presidenta la de la Cámara de Senadores1 acelerando su tratamiento, que ya se había incluido en la Agenda Legislativa de las Mujeres y que por diversos motivos y la coyuntura había sido relegada en su tratamiento, a pesar del esfuerzo de varias legisladoras. Por otro lado el caso de Hanali Huaycho ayudó a que se ponga en evidencia a nivel nacional que Bolivia tiene los más altos niveles de violencia de América Latina, se instaló al feminicidio como demanda urgente para que se lo incorpore en el Código Penal, se lo incluya en el Proyecto de Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y se aceleró su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, generando además una amplia cobertura en radio, televisión y prensa que se prolongó por varias semanas,

                                                                                                               1  Gabriela Montaño, que presidio la Presidencia de la Cámara de Senadores durante la gestión 2013  

remarcando que el 8 de marzo día contra la violencia hacia las mujeres se estaba próximo. Pero además, generó a nivel interno del gremio importantes espacios de autoreflexión frente al abordaje de la violencia contra las mujeres como el tratamiento de las imágenes de las víctimas y sus familiares, el tratamiento de contenidos, la objetividad ante el hecho periodístico y la equidad de género desde la perspectiva de los derechos humanos. Una vez suscitados los hechos luego de una revisión a la cobertura informativa sobre hechos de violencia contra las mujeres y feminicidio, gracias a información proporcionada por el propio CIDEM, se evidencio un tratamiento más cuidadoso en los contenidos y en el uso de imágenes, ausentes de adjetivación o estereotipia, y otorgando al hecho noticioso un plano de importancia en la sección de –género- o –sociedad- en prensa escrita. Recordando que la Defensoría del Pueblo desde su creación desarrollo una serie de procesos con trabajadoras de la información para que en el tratamiento informativo se respetasen los derechos de las víctimas principalmente niñas, adolescentes, mujeres en situación de cualquier tipo de violencia, personas con discapacidad o adultas mayores atendiendo a los marcos del derecho internacional de los derechos humanos y porque la primera Defensora del Pueblo venía justamente del medio periodístico, y emitió una serie de recomendaciones basados en investigaciones defensoriales de oficio específicas2. Donde si se notaron esfuerzos interesantes fue en el de la radio difusión también por la naturaleza del medio, la violencia en tanto tratamiento informativo se la abordó con mayor amplitud, apelando a diversos especialistas, psicólogos, gente de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en atención a víctimas de violencia intrafamiliar y machista, funcionarios de los servicios legales integrales, bridadas de la protección a la familia evidenciando también la precariedad de los servicios estatales. Sin embargo, desde hace varios años algunos periodistas emblemáticos del medio y de llegada nacional con sede en la ciudad de La Paz ya habían tomado compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres como la directora del diario La Razón Claudia Benavente, la periodista Amalia Pando de la Red radiofónica ERBOL y Andrés Gómez, del contexto televisivo María René Duchen, Lorena Guillén, John Arandia, Eduardo

                                                                                                               2  Disponibles en el archivo central de la Defensoría del Pueblo, Centro de Documentación    

Godoy, Andrés Rojas o programas como Anoticiando, espacio de Fides, corriente a la que se adhirieron otros colegas.  Desde entonces se ha demando un mayor cuidado al tratamiento mediático de la violencia contra las mujeres, se la ha interpelado como educadora preventiva para las audiencias, el tema amerita análisis específico, sin embargo, al depositar en la prensa seguimiento, interpelación o cuidado se exime de responsabilidad a los entes que si deben ocuparse de la temática ya que el estado poco o nada ha hecho a la fecha para implementar la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres aprobada y promulgada el 10 marzo de 2013 en Palacio de Gobierno y con la presencia de cientos de mujeres representantes de diversas organizaciones sociales, sin embargo la realidad evidencia una vez mas que la fetichización jurídica es uno de los grandes obstáculos junto a las autoridades nacionales que han demostrado un compromiso endeble o inexistente ante la magnitud de la problemática, sin desmerecer el esfuerzo de comprometidos servidores públicos del Ministerio Público, Fiscalía y Policía Nacional, desprovistos de recursos económicos, humano capacitado para el efecto y andamiajes administrativos idóneos que extreman esfuerzos para implementar la norma y atender a las víctimas de violencia, aunque a la fecha la percepción es que –el remedio fuese peor que la enfermedad-. (abril de 2013 y aumentado y corregido octubre de 2013)