Proyecto de investigación

“Hacia la creación de la Asociación de Usuarios de Medios

Audiovisuales en Argentina: propuesta interdisciplinaria para promover

la “participa-acción” de las audiencias argentinas”

Observatorio de la Televisión, Universidad Austral, Facultad de Comunicación.

Entrevista en profundidad a la Lic. Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,

República Argentina).

Entrevista: Dra. Gabriela Fabbro, Directora del Observatorio.

Edición: Carolina Roncarolo, Asistente de Investigación.

En el marco del proyecto de investigación "Hacia la creación de la Asociación de Usuarios de Medios

Audiovisuales en Argentina", la Dra. Gabriela Fabbro, Directora del Observatorio, dialogó con la Lic.

Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre el rol y

las propuestas de la Defensoría del Público.

¿Cuál es la función de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual?

La Defensoría del Público es un espacio creado para que el público oyente y televidente haga sus

reclamos, sus denuncias y sus consultas, lo que los convierte en sujetos de derecho de manera

inmediata, con una equidad en la participación impecable. Cualquier persona que viva en la Argentina

y sea oyente o televidente puede presentar su reclamo con absoluta gratuidad y sin la necesidad de un

abogado o de un patrocinio letrado.

Es la primera vez que en Argentina se llega a un espacio de participación ciudadana vinculado con la

radio y la televisión. En la Defensoría venimos trabajando poco a poco ese nexo, en el rol

de articuladores, de "puente" y de mediadores que ejercemos con los distintos organismos públicos

y, además, con las Universidades.

Somos como “primos hermanos” de los Defensores del Pueblo; la diferencia es que tenemos

competencia sobre la radio y la televisión. Aquí tiene que haber una participación muy profunda de la

ciudadanía en general, y también de todo actor social que contribuya a la comunicación pública.

Cuando presentamos por primera vez a la Defensoría del Público ante la Organization News

Ombudsman (ONO) [1], tuvimos una recepción extraordinaria, porque somos la única Defensoría

del mundo que nace de una ley (Ley 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual), que

además tiene dependencia orgánica del Parlamento (por eso es tan cercano el vínculo con los

Defensores del Pueblo y los ombudsman).

¿Qué la diferencia de entidades similares a nivel internacional?

Desde mi punto de vista, es una experiencia muy interesante, porque toma lo mejor del resto de las

experiencias internacionales. En el mundo se ha promovido mucho la figura del Defensor o la

Defensora en cada medio de comunicación, lo que les restringe de alguna manera la independencia,

porque son elegidos por el propietario o el licenciatario del medio de comunicación. No hay una

elección que sea abierta a sus lectores o a sus audiencias, sino que se restringe a la elección de un

directorio o de una sola persona.

En la Defensoría tenemos una elección que se propone a partir de una comisión bicameral (en este

caso, de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual), luego participación

ciudadana en la elección del Defensor, y luego ambas cámaras son las que en el recinto votan por su

denominación final. Eso no suele pasar en otras organizaciones del mundo; las organizaciones son

distintas. Sí pasa para los ombudsman (para los Defensores o Defensoras del Pueblo), pero no así

para los que tienen vínculos con el público.

Por otra parte, los defensores elegidos por licenciatarios o propietarios de medios tienen un sueldo

pago por el mismo medio al que tienen que ofrecerle su tarea de defensoría. Aquí es completamente

diferente: tenemos dependencia orgánica del Poder Legislativo (lo que nos da una autonomía

extraordinaria), tenemos capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo y, eventualmente,

el salario (que surge del presupuesto de la Defensoría) está asignado por ley, que es la propia Ley

de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos el 5 por ciento de los gravámenes que se le

cobra a los licenciatarios, de manera que también allí hay hasta una independencia económica muy

interesante.

Por supuesto que es la tarea cotidiana la que va dando legitimidad a la Defensoría, porque no tiene

capacidad sancionatoria, no es un organismo de regulación como puede ser AFSCA (Autoridad

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) , que es la autoridad de aplicación de la ley, que

tiene esta dependencia del Poder Ejecutivo.

¿Qué competencia tiene la Defensoría del Público y cómo está conformada?

La competencia de la Defensoría del Público es nacional, en cuanto a toda la radio y la televisión de la

Argentina.

Aquí tenemos distintas Direcciones: la Dirección de Relaciones con las Audiencias que es la que

recibe estas denuncias o consultas (que también pueden efectuarse en las delegaciones del INADI, la

Defensoría del Pueblo de la Nación y el AFSCA).

Luego está la Dirección de Protección de Derechos, que va a tener una mirada sobre la normativa

vigente, es decir, sobre el incumplimiento o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de

la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la ley para prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra las mujeres, y todas las leyes que están mencionadas en la propia ley de

medios.

Una Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo, que se encarga de hacer una mirada

interdisciplinaria sobre la problemática, porque allí hay sociólogos, antropólogos… Es decir, permiten

tener una mirada que realmente atienda la complejidad que significa la comunicación.

Luego una Dirección de Capacitación que trabaja en la formación de formadores, gestión de radio y

televisión, comunicación no sexista… Todo depende de lo que nos vayan requiriendo o de las

denuncias que vayamos recibiendo, porque aquí aportamos a la resolución integral de la problemática,

que es un diálogo abierto y muy concreto, un espacio extra judicial de la resolución del conflicto y un

espacio de capacitación, que aspira a contribuir a la educación de las audiencias para una mirada más

crítica de los medios, acercándoles la información que tenemos, u orientaciones y guías, o poner en

debate cómo es el tratamiento periodístico.

¿Qué valores sostienen como Defensoría del Público?

La esencia aquí es el derecho a la comunicación. Estamos hablando de la evolución de la libertad de

prensa hacia una evolución de la libertad de expresión, y de la evolución de la libertad de expresión

hacia el derecho a la libertad de comunicación, que nos pone en igualdad de condiciones a todos.

Lo que acá estamos diciendo es que, por el hecho de ser persona, vos tenés derecho a la

comunicación, a dar y a recibir información, a difundirla, a investigarla. Que hay sin duda una esfera

individual en este derecho, que es el derecho que yo tengo para decir algo, pero también hay

una esfera colectiva, que es el derecho que tienen los demás a escuchar lo que yo tengo para decir.

Con lo cual se completa la comunicación en ese ida y vuelta de la información, y también tiene que

haber un acceso en igualdad de condiciones. Entonces, eso cambia el paradigma.

Antes había una perspectiva que reducía a una cuestión mercantilista el acceso a los medios de

comunicación, porque los licenciatarios tenían que tener dinero para poder hacerlo. No se

consideraba a la comunicación más que como un negocio, en tanto y en cuanto al cual se accedía

mediante el recurso económico.

Ahora estamos ante la perspectiva del derecho humano a la comunicación, inalienable por el mero

hecho de ser personas. Y se contempla que la comunicación pueda ser sin fines de lucro, para que,

por ejemplo, las Universidades puedan acceder a través de una estación de radio o un canal de

televisión propio. O las escuelas, o las comunidades, o incluso nuestros pueblos originarios. Esto es un

proceso que aún debe completarse: no se puede hacer de un año para el otro.

¿Cómo pueden hacerles llegar sus reclamos los oyentes y televidentes?

Los reclamos y consultas pueden hacerse en el edificio de la Defensoría (Alsina 1470, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires), o a través de Internet, completando un formulario en el sitio de la

Defensoría (http://defensadelpublico.gob.ar/).

En la Argentina, el acceso a los medios de comunicación ha cambiado y mucho, y el acceso a Internet

se ha simplificado, pero aún no tenemos acceso a Internet de manera gratuita. Por ello, firmamos

convenios con el INADI y con la Defensoría del Pueblo, para que en las delegaciones que ellos

tienen en todas las provincias, las personas puedan ir y pedir el formulario de la Defensoría del Público

para hacer el reclamo y la denuncia.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que en AFSCA también tienen que recibir

nuestras denuncias. Pero también es cierto que, si somos dos organismos que tenemos dependencias

orgánicas distintas, y que, de hecho, la Defensoría del Público puede tener capacidad de control sobre

el AFSCA, allí se plantea una autonomía que no pareciera tal si yo dependiera nada más que de las

delegaciones de AFSCA para recibir denuncias. Por eso, también abrimos la posibilidad de estos

convenios con INADI y con las Defensorías del Pueblo, para multiplicar los lugares en que las

personas puedan presentarse.

Luego, desarrollamos una línea gratuita (0-800-999-3333), a la que se puede llamar desde cualquier

parte del país, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para consultar desde qué es la

Defensoría del Público, qué dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con respecto a los

derechos de niños, niñas y adolescentes, o hasta para hacer una denuncia.

¿Qué tipo de retroalimentación han recibido por parte del público?

Tenemos sistematizada la información; el 55 por ciento de denuncias la han hecho mujeres, el 45

por ciento han sido varones. En cuanto al rango etario, estamos trabajando por una participación

de niños, niñas y adolescentes, porque son los que menos han participado hasta aquí; de hecho,

entre 13 y 18 años es apenas el 1 por ciento, lo que también va vinculado con los escasos niveles de

información sobre niños, niñas y adolescentes en líneas generales en la televisión abierta. Pero

estamos trabajando para abrir las puertas, porque aquí hay un derecho del niño, niña y adolescente a

ser escuchado, y queremos escucharlos; ellos también son oyentes y televidentes, y tienen derecho a

expresarse al respecto.

Los mayores niveles de participación son de personas entre 30 y 60 años, y luego es la Provincia

de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires la que concentra el mayor nivel de participación, a

pesar de que hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por romper con el “porteño

centrismo”. La primera audiencia pública la hemos hecho en Chaco, la segunda en Salta, ahora

hacemos la de la Provincia de Buenos Aires en Tandil… Salimos de los lugares más habituales, y es

cierto que, a medida que vamos haciendo audiencias públicas, se eleva el nivel de participación.

Actualmente, las zonas con menor participación son la Patagonia y Cuyo, donde aún no pudimos

presentar la Defensoría o hacer una audiencia pública. Pero sin duda, a medida que vaya pasando el

tiempo y que generemos una campaña cuando estemos en condiciones de estar a la altura de las

expectativas que se generan cuando se difunde muy masivamente la existencia de un organismo

como este.

¿Qué casos podría ejemplificar respecto a las denuncias recibidas?

Hay algunos casos que duran muy poco, como nos ha pasado con C5N y el caso del jardín de

infantes Tribilín, en San Isidro, donde los padres denunciaban maltrato infantil.

C5N dio información vinculada con ese caso y mostró imágenes de maestras, pero que no eran las

acusadas, sino que eran maestras de una escuela pública, de la Ciudad de Buenos Aires y del nivel

primario. Nada que ver. Como se suele decir en la jerga televisiva, para tapar usaron “un paño”, pero

allí había personas que tienen derechos. También se emitieron imágenes de niños cuyas caras no

habían sido "pixeladas" o “blureadas”, y aquí se están vulnerando los derechos del niño.

Entonces, vinieron las maestras del colegio a hacer la denuncia a la Defensoría; una de ellas,

Noelia Gallardo, se llamaba igual que una de las maestras acusadas. Los periodistas buscaron en su

perfil de Facebook (que es una de las maneras actuales de encontrar fotos; antes había que pedir

permiso a los familiares) y publicaron sus fotos creyendo que eran las de la maestra acusada. Lo cierto

es que se llamaba Noelia Gallardo, surgió que era maestra, pero no era la Noelia Gallardo del jardín

Tribilín. Era otra maestra, de la provincia de Corrientes, que trabajaba en la escuela pública y no tenía

nada que ver.

El mismo día que vinieron las maestras a hacer la denuncia hablamos con el canal, expliqué a los

directores periodísticos cuál era la situación, y les pedí por favor que dejaran de emitir esas imágenes

porque estaban causando un daño muy grande. La verdad que se pusieron a disposición de

inmediato, pidieron disculpas y no podían creer que habían caído en ese error. Al día siguiente

nos reunimos con ellos y con la Subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría, les

explicamos el alcance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (de la cual hemos hecho

una impresión con la Universidad Nacional de Quilmes y la difundimos permanentemente y de manera

gratuita).

Somos conscientes de que la Ley no se ha leído en profundidad y que la centralidad discursiva tuvo

que ver con unos pocos artículos que tienen que ver con la cantidad de licencias, pero luego todo el

resto del articulado con la protección de los derechos del niño y con el trato discriminatorio en radio y

televisión se está dejando de lado cuando es el eje fundamental de una comunicación democrática.

También les explicamos los alcances de la Convención de los Derechos del Niño, y quedamos en ver

de qué manera se podía reparar el daño. Apareció allí el eje del derecho a réplica: no está legislado

en Argentina, pero sabemos que tenemos derecho a esa réplica.

Las maestras no quisieron aparecer en televisión nuevamente, no quisieron ser entrevistadas en

ninguna condición, pero sí les propusimos que escribiéramos de manera conjunta un comunicado

donde quedara salvaguardado su buen nombre y honor. Pidieron ellas que también se

salvaguardara a la escuela pública, y C5N reconoció el error y el daño que había causado, y entonces

pidió disculpas al respecto. Y ese comunicado que se escribió en esos días de manera también

colectiva fue leído en C5N tantas veces como había salido esa noticia el sábado y el domingo anterior

de manera equivocada.

¿En qué consisten las audiencias públicas?

Somos el único organismo en el mundo que hace audiencias públicas, ámbito de participación

ciudadana por excelencia y en igualdad de condiciones.

Las audiencias sirven, por un lado, para escuchar de manera activa todas estas expresiones y

reclamos del cumplimiento de la Ley, y después son un lugar de encuentro, porque se van

conociendo a medida que van exponiendo, y van compartiendo la experiencia que tienen.

Dividimos el país en seis regiones. Empezamos por Resistencia (Chaco), donde tres años antes se

celebró la primera audiencia pública para llegar a la elaboración de la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual. Tres años y medio después, ya no fuimos a ver de qué manera queríamos

que fuera la comunicación democrática, sino que fuimos a ver qué había pasado con esta normativa

que está vigente, y qué grado de cumplimiento o incumplimiento tenía. Participaron más de 300

personas.

Algo muy parecido ocurrió en Salta a fin del mes de mayo: hubo más de 50 expositores, la audiencia

duró más de cinco horas y la verdad que han sucedido cosas extraordinarias.

Desde el primer día que nosotros hicimos encuentros para promover la Ley, tuvimos intérpretes de

lenguaje de señas, y en las audiencias acreditamos la presencia de personas sordas, porque vienen y

hablan, exponen y nos cuentan cómo los estamos dejando afuera de la información que es tan vital en

la democracia para tomar decisiones, y cómo los estamos dejando afuera del conocimiento, en tanto y

en cuanto hay canales como Encuentro u otros que tienen materiales educativos excelentes y, sin

embargo, no tienen lenguaje de señas.

¿Cómo han dado a conocer la labor de la Defensoría?

Lo que venimos haciendo es: presentaciones de la Defensoría en las escuelas, presentaciones en

sindicatos, en asociaciones de periodistas, en los barrios… En fin, allí donde nos convocan, vamos.

Después, la otra parte de nuestra tarea es convocar a los distintos actores de la

comunicación: ahora vamos a convocar a la Coalición por una Comunicación Democrática, y a las

distintas asociaciones de la Sociedad Civil, para contarles qué venimos haciendo durante todos estos

meses y, a la vez, escuchar propuestas que podamos canalizar a través de la Defensoría.

Porque, como decía, es fundamental la participación ciudadana: se tienen que apoderar de este

organismo porque ha sido creado para el público y ha sido creado para promover los debates de

manera permanente. Lo hemos hecho con una guía para la cobertura periodística responsable de

desastres y catástrofes, que ha surgido de la inquietud de los propios periodistas, a raíz de

inquietudes sobre la cobertura de las últimas inundaciones en la Provincia y en la Ciudad de Buenos

Aires. Ellos mismos habían considerado que la espectacularización había tenido un primer plano por

sobre la información de servicio.

Aquí está el cambio de paradigma: decimos que la información es un derecho, que la comunicación es

un servicio y no un negocio, y que los periodistas tienen responsabilidad social. Es en desastres y

catástrofes donde más claramente surge el rol del comunicador desde el punto de vista social. La

trascendencia que tienen la radio y la televisión para poder informar y que sean los ciudadanos los que

puedan tomar decisiones a partir de esa información que reciben en una situación tan dramática como

puede ser una inundación.

Entonces, lo que hicimos fue un relevamiento de los noticieros en TV abierta, y lo que ha surgido es

que se privilegiaba la voz del periodista por sobre la de los especialistas, que evidentemente a veces

se magnificaba o era el dramatismo el eje de la cobertura en lugar del servicio y la información.

Entonces, decidimos hacer siete mesas de trabajo convocando a periodistas de diversos canales y

radios: Canal 13, Radio Continental, la Radio Pública, la TV Pública, 360º TV, CN 23, FM La Boca.

También asistieron camarógrafos y productores ejecutivos, dado que la comunicación es una

construcción muy compleja, es una cadena de producción, por eso es muy importante escuchar los

abordajes que todos tienen para hacer.

Hemos trabajado con Canal 13, con Canal 7, con el Sistema de Medios Públicos por supuesto, con

Telefé, con productoras como Pol-Ka, con los distintos licenciatarios de señales de cable. Con América

todavía no hemos dialogado, pero tenemos un encuentro pendiente.

Después, se participó a representantes de entidades de periodistas, como FOPEA, y también a

representantes sindicales. Y el fruto de esa participación de más de 70 trabajadores de la

comunicación de Buenos Aires y de La Plata fue esta guía que ayer se presentó ante más de 100

personas, y somos conscientes de que esta es una construcción colectiva y en pasos.

También estamos convocando la participación de especialistas: ayer nos llegó un mail de la

Universidad Arturo Jauretche que tiene una carrera especializada vinculada con la asistencia y la

emergentología. Quieren hacer sus aportes al respecto, tienen sus cosas para decir, y nosotros

estamos para escuchar.

Además, hemos tenido varios reclamos de la Televisión Digital Abierta: en Bahía Blanca que no

hay, y tampoco pueden elegir el sistema de cable, a pesar de que son 320.000 habitantes. Lo mismo

ocurre en Tandil, donde no hay Televisión Digital Abierta. También tuvimos varias denuncias en

Córdoba, donde por decisión del gobierno local se prohibieron las emisiones considerando que podía

haber un daño inminente a la salud y al ambiente, y esta Defensoría realizó una investigación con

información aportada por los distintos organismos públicos (la Universidad Tecnológica Nacional, la

Comisión Nacional de Telecomunicaciones, también los aportes que hicieron la Defensoría del Pueblo

de la Nación y la Secretaría de Ambiente) demostrando que no hay daño inminente ni grave a la salud

ni al ambiente. De hecho, no existe ninguna denuncia en ningún lugar de la República Argentina, y es

sabido que cuando hay un problema de este tipo (que afecta derechos constitucionales), las denuncias

se multiplican. Entonces solicitamos que se volviera a emitir, porque lo que se estaba lesionando en

este caso no era el derecho a la salud y al ambiente, sino el derecho a la comunicación.

¿Qué asignaturas pendientes tienen aún como Defensoría del Público?

Hay mucho reclamo en cuanto a la necesidad de capacitación, de generar espacios de participación

ciudadana. Este año la Argentina cumple 30 años de recuperación democrática, y cuando hablamos

de profundizar la democracia nos referimos a incluir, es decir, a abrir verdaderamente las puertas a

una participación equitativa e igualitaria en el acceso a esa participación. Y también poder escuchar

todo lo que se plantea de una manera activa, para hacer traducciones concretas en políticas públicas

de organismos que son tan nuevos como este.

Estamos desarrollando alternativas para darnos a conocer, pero lo hacemos

paulatinamente porque hemos nacido de cero. No hay herencias, lo cual nos permite darle la

impronta que consideremos necesaria, que luego, con los años, se someterá a crítica. Por ello,

revisamos permanentemente nuestra forma de actuación. Pero lo cierto es que no teníamos ni un

teléfono. El 14 de noviembre de 2012 teníamos a la Defensora del Público, y era todo lo que había.

Con un ímpetu muy concreto y muchas ganas. Fuimos dando pasos sucesivos: desde tener nuestro

sitio de Internet, tener los convenios para establecer la participación en las provincias a través de las

delegaciones, la línea gratuita, y el espacio físico.

[1] Organization News Ombudsman (ONO) es el organismo internacional que nuclea a los

defensores del público (también de los lectores), en los distintos países del mundo: Turquía, Nueva

Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entre otros. Argentina forma parte de este organismo

como miembro regular. Más información: http://newsombudsmen.org/