A26. EL COMERCIO VIERNES 17 DE ENERO DEL 2014

OPINIÓN

EDITORIAL

“La ausencia de una buena educación pública es de las más crueles de las injusticias sociales, pues suele limitar de por vida a los niños y adolescentes de escasos recursos”. Editorial de El Comercio Una propuesta hípica / 4 de diciembre del 2013

HUMOR PROFANO EL TÁBANO

Con los pies en la tierra

Maestro panetonero

Las escuelas productoras están demostrando ser una vía ideal para afrontar el problema de nuestra educación rural.

E s sabido que nuestros escolares poseen rendimientos muy bajos en compren-sión lectora y matemáticas. A este cua-dro general deprimente, sin embargo, se agrega la constatación de una bre-

cha muy grande entre el sector urbano y el rural. Es decir, si ya el promedio general es muy bajo, los rendimientos en el sector rural son paupérri-mos. En la evaluación censal de estudiantes del 2012, mientras el 30,9% de los estudiantes de segundo grado del país tenía un rendimiento sa-tisfactorio en comprensión lectora, en el medio rural solo el 7% alcanzaba ese nivel.

Por otra parte, los problemas de nuestra edu-cación rural se agravan considerablemente de-bido a los altísimos niveles de deserción escolar que registra. El dejar de producir en las parcelas familiares parece ser un lujo que los niños y ado-lescentes de nuestros Andes no pueden darse, y –también en muchos casos– que sus padres pien-san que no vale la pena darles.

Considerando esto último, el modelo de las “escuelas productoras” parece ser la respuesta ideal para el problema, pues ataca de raíz la prin-cipal causa de la deserción: en estas escuelas el

aprendizaje y la producción, en lugar de excluir-se, se juntan y potencian. Se trata, en otras pala-bras, de una solución que tiene –literalmente– los pies bien puestos sobre la tierra donde se da. De ahí, con seguridad, el éxito que están tenien-do para retener a sus alumnos y lograr el entu-siasmo de sus padres. Y de ahí también, cierta-mente, que ya tengamos alrededor de 80 de ellas.

Las escuelas productoras son un derivado de la experiencia del programa Sierra Productiva, ini-ciativa privada que hace varios años fundó el economista Carlos Paredes con un grupo de comu-nidades campesinas. En estas es-cuelas se reserva una pequeña área para instalar las tecnologías del programa. Ahí un ‘yachachik’ (campesino que conoce las tecnologías) enseña a profesores y alumnos cómo instalar un peque-ño reservorio, riego por aspersión o por goteo; cómo sembrar un huerto de hortalizas; cómo cultivar para el ganado; cómo criar animales me-nores; y otras habilidades productivas.

Los efectos son extraordinarios. Para comen-zar, la escuela cobra realidad. Se convierte en un

centro de irradiación de conocimiento útil. Los estudiantes aprenden instrumentos prácticos para su desarrollo y el de sus familias, y transmi-ten a sus padres lo aprendido. Los propios padres se interesan y acuden a la escuela a aprender jun-to con sus hijos. La comunidad educativa se for-talece y el colegio se convierte, así, en un eje de desarrollo de la comunidad.

Por otro lado, los profesores en-cuentran las condiciones para de-sarrollar su creatividad. Aprove-chan las tecnologías como material didáctico para facilitar la compren-sión de la mayoría de las materias del currículo (de hecho, los ma-

nuales de las 12 tecnologías con que operan las escuelas enlazan con todas las materias del currí-culo). Así, por ejemplo, las matemáticas se usan para los cálculos que requiere la instalación de las antes mencionadas tecnologías. Carlos Paredes cuenta que en Vinchos, Ayacucho, un profesor aprovechó el techado de un fi totoldo para que los estudiantes comprendan el teorema de Pitágoras como jamás habían logrado hacerlo. También se aprende a escribir y a pensar de manera práctica:

relatando por escrito, por ejemplo, informes de avances, o describiendo sus experiencias.

No solo eso. En las escuelas productoras los estudiantes ven de una manera muy concreta los benefi cios del valor que generan con su produc-ción, organizando ferias y vendiendo sus pro-ductos. Un proceso en el que también aplican las matemáticas y adquieren rudimentos de admi-nistración y economía.

Quienes egresan de las escuelas productoras suelen tener asegurado un autoempleo en activi-dades productivas, o pasan a estudiar carreras téc-nicas en institutos tecnológicos y universidades.

Las escuelas productoras, en fi n, están de-mostrando ser un camino muy efi caz para revivir a nuestras escuelas rurales, hoy normalmente abandonadas. Una manera en la que los alum-nos de nuestra sierra aprenden, sí, pero al mismo tiempo en que, por un lado, se les muestra de for-ma insuperablemente concreta para qué les ser-virán todos esos conocimientos; mientras que, por el otro, se les posibilita mejorar su calidad de vida –y las de sus familias– mientras estudian. Un modelo, sin duda, que debe apoyarse y repro-ducirse sin cesar.

C ésar Acuña, padre, empresario, alcal-de y educador, parece que ha agre-gado un ofi cio más a su hoja de vida: maestro panetonero.

Si lo que le ha comentado casual-mente el regidor Santa María en su denuncia pe-nal por peculado es cierto, en diciembre pasado César no habría querido contentarse con la típica faena política de repartir juguetes a los niños vis-tiendo, convenientemente, un polo de su parti-do, sino que habría preferido hacer algo diferen-te, y más esforzado, por Navidad (el tiempo de dar y, si es posible, también de recibir).

De ser cierta la denuncia, todo indicaría que el buen César habría suspendido sus labores como padre, empresario, alcalde y educador, y proce-dido –alguien podría sospechar– a darse un es-pacio hasta para supervisar el diseño de la caja en la que viajaría el festivo quequito: el logo de Alianza por el Progreso bien puesto en la franja superior; su cara –sonriente– en el medio; y aba-

BENEFICIOQuienes egresan de las escuelas productoras

suelen tener asegurado un autoempleo.

- MARIO MOLINA - - DAMITA DE HIERRO -

jo, esta frase: “Mis herederos son los niños del Perú”. Luego, el personal de la comuna habría procedido a hacer más felices a los niños (sus he-rederos) repartiéndoles panetón en jardines mu-nicipales y vasos de leche.

Después de lo que habría sido una acción lle-na de espíritu festivo, no quedaría claro por qué Acuña, en lugar de mostrarse tan contento como en la foto del panetón, ha asegurado que no lo elaboró y que no sabía que era repartido por per-sonal de la comuna, negando además que la A del logo sea la de su partido, y asegurando –en lo que tiene que ser la prueba más fulminante que se haya visto– que se trata de la A de amigo.

- CESAR BAZÁN SEMINARIO -Experto en temas de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL)

- JORGE MONTOYA -Ex comandante general de las Fuerzas Armadas

E l Congreso aprobó en las postri-merías del 2013 una peligrosa norma que el Ejecutivo acaba de promulgar el lunes pasado. Se trata de una modifi cación al

Código Penal que, en la práctica, respalda y profundiza una de las leyes represivas y de impunidad policial y militar aprobadas por el gobierno de Alan García. Hablando en cristiano: la Ley 30151 –que exonera de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejerci-cio de sus funciones– es una licencia para matar.

Lo es porque esa norma ordena que no sean investigadas ni enjuiciadas penalmente las muertes y las lesiones causadas por policías y mi-litares en ejercicio de sus funciones, así se trate de errores o abusos. La norma en cuestión literal-mente dice:

“Artículo 20. Inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal:

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.

El problema es que los abusos y los errores no son pocos y lo que está en juego –cuando se mata o se hiere a alguien– es la vida y la salud de per-sonas, es decir, los derechos humanos. La Ley 30151 dice que los casos de muerte o lesiones protagonizados por policías y militares no serán investigados penalmente.

Así, los efectivos están exentos de responsa-bilidad, a pesar de que un sentido elemental de justicia nos dice que los delitos (o, mejor dicho, los supuestos delitos) deben ser investigados. Al contrario de lo que ordena la norma, lo que corresponde en un caso de lesiones o muerte es que en investigaciones debidas se dilucide la cul-

pabilidad, determinándose si se trató de un error o exceso, o si efectivamente los agentes cometieron un delito.

La Ley 30151 es especialmente pro-blemática debido a dos elementos que se entrecruzan.

En primer lugar, el contexto nacional de alta confl ictividad social. En el Perú tenemos poco más de 200 confl ictos sociales en el mes, de los cuales casi alrededor del 80% están activos. En lo que va del gobierno de Ollanta Humala, su-mamos casi una treintena de muertos en confl ic-tos sociales, y durante el gobierno de Alan García llegamos a la lamentable cifra récord de 150 civi-les muertos.

En segundo lugar, en el Perú tenemos una policía que no está debidamente preparada pa-ra hacer uso de sus armas, repeler ataques o di-suadir pacífi camente a manifestantes. Nuestras fuerzas del orden tienen grandes carencias, lo que hace real la posibilidad de excesos e inclusi-ve de que la policía sea utilizada como fuerza de choque. Ello es más preocupante cuando obser-vamos que en muchas ocasiones se privatizan los servicios de la PNP a favor de grandes o peque-ñas empresas.

Si el objetivo de esta norma era reforzar la se-guridad ciudadana permitiendo que los agentes usen sus armas con mayor libertad, entonces se ha hecho un fl aco favor a esa causa. La seguridad ciudadana no se mejora con leyes de impunidad que encubran muertes y cierren investigaciones, sino con medidas concretas que refuercen a la PNP y la doten de las herramientas personales y de los materiales necesarios para actuar.

La seguridad ciudadana no se mejora con le-yes de impunidad, sino atacando los problemas de fondo.

L a Ley 30151 modifi ca el nu-meral del Código Penal que es-tablecía que estaba exento de responsabilidad penal “el per-sonal de las Fuerzas Armadas

y de la Policía Nacional del Perú (PNP) , que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Con la reciente modifi cación el referido numeral, ahora establece que está exento de responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.

La modifi cación es necesaria, pues reconoce como principio que todo miembro de las Fuer-zas Armadas y de la PNP en el cumplimiento de su deber actúa de manera reglamentaria. Creer lo contrario sería aceptar que lo hacen antirregla-mentariamente, lo cual puede presentarse como excepción, pero no como regla general.

Las actividades que realizan las Fuerzas Ar-madas y la PNP para combatir a los enemigos de la sociedad se encuentran enmarcadas en las le-yes vigentes y cumplen con las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza, establecidas en el Decreto Le-gislativo 1095.

Así, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden usar sus armas en tres escenarios. El primero es cuando el Gobierno decreta el estado de emer-gencia y se requiere hacer frente a un grupo hostil conduciendo operaciones militares (es, por ci-tar un caso, la situación del Vraem). El segundo aparece cuando las Fuerzas Armadas deben pro-porcionar apoyo a la PNP, también previa decla-ración del estado de emergencia, como en el Hua-llaga. El tercero sirve para prestar apoyo a la PNP

en casos de tráfi co ilícito de drogas, terro-rismo o protección de instalaciones estra-tégicas para el funcionamiento del país.

El caso anterior sirve para aclarar que no existe libertad total para el uso de ar-mas letales, sino que este está restringido por nuestras leyes vigentes. Así, encon-

trándonos en cualquier escenario de actuación, antes de hacer uso del arma tiene que cumplirse con, primero, aplicar la fuerza de manera pre-ventiva, considerando la disuasión a los agreso-res con la mera presencia militar, contacto visual y verbalización. De no tener resultado, se emplea el método reactivo, que considera control físico, empleo de medios no letales y, por último, el uso de medios letales.

Un Estado democrático que respete a sus ciu-dadanos no puede negarse el uso de la fuerza letal para protegerlos. Este uso, como se ha expli-cado, debe sí ser el último recurso. Además, los autorizados para hacerlo (las Fuerzas Armadas y la PNP) deben estar legalmente protegidos, pues no podemos permitir que reciban el mismo trato que los delincuentes a quienes combaten.

En los últimos días hemos observado una preocupación por los excesos que se puedan co-meter o el mal uso que se pueda hacer de esta nor-ma, pero no hemos visto que se preocupen con el mismo interés por los policías y militares que en cumplimiento de su deber han sido maltratados por nuestras leyes vigentes y están sometidos a largos procesos judiciales (al revés de lo que ocu-rre con los delincuentes, a quienes se les respeta la presunción de inocencia, en este caso aquellos además tienen que probar que actuaron según ley y que son por tanto inocentes).

Nuestro país merece seguridad y orden para continuar con el desarrollo.

Licencia para matar Modificación legítima¿SE ESTÁ PERMITIENDO QUE LOS POLICÍAS Y LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS ABUSEN DEL USO DE LA FUERZA?