PRESENTACIÓN Esta publicación contiene los trabajos seleccionados y presentados en el IV Encuentro Internacional Politicas Públicas y Trabajo Social. Aportes para la reconstrucción de lo público. organizado por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires los días 12 y 13 de mayo de 2011, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el auspicio del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires. El libro, en su formato electrónico y de libre acceso, tiene por propósito dar a conocer los aportes de colegas de las ciencias sociales, provenientes tanto de esta Universidad como de otras unidades académicas del país y de países limítrofes, como parte de la política de gestión del conocimiento que viene realizando sostenidamente la Carrera de Trabajo Social. Las ponencias centrales presentadas en el IV Encuentro Internacional de Trabajo Social han sido publicadas por Editorial Espacio en el libro Politicas públicas y Trabajo Social. Aportes para la reconstrucción de lo público, compilado por Ana Josefina Arias, Barbara Garcia Godoy y Alejandra Bazzalo. De modo complementario se edita esta compilación que contiene las producciones presentadas en las mesas simultáneas. Los trabajos aquí publicados fueron evaluados y seleccionados por el Comité Cientìfico de las Jornadas, integrado por los docentes de la Carrera de Trabajo Social de la UBA: Lic. María Isabel Bertolotto, Lic. María Cristina Melano, Mgter Miguel Vallone, Prof. Norberto Alayón, Dra. Ana Arias, Lic. Ana Beovide, Lic. Bárbara García Godoy. Colaboraron en esta tarea la Lic. Alejandra Bazzalo y la Lic. Romina Manes. Creemos que estos materiales constituyen un aporte para las ciencias sociales en general y para el Trabajo Social en particular, en tanto actualizan el diagnóstico y análisis de coyuntura, y revisan los abordajes teórico- conceptuales sobre la intervención del Trabajo Social en la Argentina y la Región. En tal sentido, los trabajos abordan la reconfiguración del Estado en Latinoamérica a partir de caracterizar las nuevas agendas latinoamericanas, analizar otras
1. PRESENTACIN Esta publicacin contiene los trabajos
seleccionados y presentados en el IV Encuentro Internacional
Politicas Pblicas y Trabajo Social. Aportes para la reconstruccin
de lo pblico. organizado por la Carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Buenos Aires los das 12 y 13 de mayo de 2011, con el
apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Agencia
Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica del Ministerio de
Ciencia y Tcnica de la Nacin, del Ministerio de Educacin de la
Nacin, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin y con el
auspicio del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y
Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires. El libro, en su
formato electrnico y de libre acceso, tiene por propsito dar a
conocer los aportes de colegas de las ciencias sociales,
provenientes tanto de esta Universidad como de otras unidades
acadmicas del pas y de pases limtrofes, como parte de la poltica de
gestin del conocimiento que viene realizando sostenidamente la
Carrera de Trabajo Social. Las ponencias centrales presentadas en
el IV Encuentro Internacional de Trabajo Social han sido publicadas
por Editorial Espacio en el libro Politicas pblicas y Trabajo
Social. Aportes para la reconstruccin de lo pblico, compilado por
Ana Josefina Arias, Barbara Garcia Godoy y Alejandra Bazzalo. De
modo complementario se edita esta compilacin que contiene las
producciones presentadas en las mesas simultneas. Los trabajos aqu
publicados fueron evaluados y seleccionados por el Comit Cientfico
de las Jornadas, integrado por los docentes de la Carrera de
Trabajo Social de la UBA: Lic. Mara Isabel Bertolotto, Lic. Mara
Cristina Melano, Mgter Miguel Vallone, Prof. Norberto Alayn, Dra.
Ana Arias, Lic. Ana Beovide, Lic. Brbara Garca Godoy. Colaboraron
en esta tarea la Lic. Alejandra Bazzalo y la Lic. Romina Manes.
Creemos que estos materiales constituyen un aporte para las
ciencias sociales en general y para el Trabajo Social en
particular, en tanto actualizan el diagnstico y anlisis de
coyuntura, y revisan los abordajes terico- conceptuales sobre la
intervencin del Trabajo Social en la Argentina y la Regin. En tal
sentido, los trabajos abordan la reconfiguracin del Estado en
Latinoamrica a partir de caracterizar las nuevas agendas
latinoamericanas, analizar otras
2. formas de pensar lo social en la gestin estatal y el desafo
de la distribucin de la riqueza; los desafos del Estado en
Argentina a partir de la reflexin sobre las nuevas realidades
institucionales, viejas y nuevas demandas al Estado, las formas de
vinculacin Territorio Estado y la gestin de polticas sociales en
nuevos contextos; las intervenciones sociales y la reconfiguracin
de lo pblico en la ltima dcada analizando las remembranzas de
neoliberalismo en las intervenciones, los nuevos sentidos para las
intervenciones y caracterizando los sujetos de la intervencin; y el
rol de la Universidad para la construccin de lo pblico a partir de
repensar los dilemas de la Universidad como institucin pblica,
revisar las demandas de generacin de conocimiento, analizar la
relacin con la gestin de polticas pblicas y la generacin de nuevas
propuestas de extensin universitaria. Esperamos que los lectores
puedan encontrar en estos trabajos aportes para fortalecer el
anlisis y profundizar el debate ante la emergencia de nuevos
escenarios en nuestro pas y en la regin, en clave de repensar las
intervenciones en el campo social y sumar a los procesos
transformadores de las polticas pblicas en el actual contexto.
3. EL ROL DEL ESTADO EN LA CRISIS DEL MODELO PENITENCIARIO
CHILENO MARION SILVA MANRQUEZ1 Introduccin La siguiente ponencia
pretende dar cuenta de dos hechos, uno corresponde a la
reconfiguracin del aparato estatal en el sistema carcelario
chileno, proceso particular a decir lo menos, porque si bien se
inscribe en el trnsito desde un enfoque benefactor, con activa
participacin, a un rol subsidiario, despojado cada vez ms de sus
funciones inherentes, asume en este nuevo contexto, un carcter
progresivamente controlador, punitivo, que encuentra su sentido y
espacio en las lgicas de un modelo neoliberal, que requiere para su
mantencin, de la generacin y perpetuacin de procesos de exclusin
social. Para efectos metodolgicos, se analizar la reconfiguracin
del Estado a partir de las acciones que desarrolla en este sistema
y en la observancia del rol que ha ido asumiendo el Trabajo Social
como componente operativo del Estado y ejecutor por tanto de los
programas de intervencin intramuros. El otro hecho, que se registra
(en la segunda parte de este trabajo), corresponde a una reflexin
sobre el proceso de desnaturalizacin del rol y funciones del
Trabajo Social penitenciario, que he desarrollado en este perodo
(ms de un ao) en el que he estado alejada de mis labores como
funcionaria pblica de Gendarmera de Chile2 , facilitando esta
distancia espacial y temporal, lecturas, intercambios y un profundo
cuestionamiento del sistema carcelario y sobretodo, del papel que
cumplimos al interior de la institucin. Esta abstraccin intenta
vislumbrar las alternativas que se presentan en el orden de
discutir, tal como invita el Encuentro, aportes para la
reconstruccin de lo pblico en este mbito especfico de la sociedad,
que a mi juicio, es el que cristaliza los resultados ms perversos
del sistema neoliberal, asumido por el Estado chileno hace ya tres
dcadas. 1 Trabajadora Social, Universidad Catlica de Valparaso
Chile. Contacto: [email protected] 2 Institucin pblica, a
cargo del control, custodia y reinsercin de las personas que
cumplen condena.
4. El surgimiento de la crcel dentro del sistema capitalista La
crcel, indiscutidamente, surgi en el seno de la instalacin del
sistema capitalista en Europa, hace doscientos aos, en un escenario
de modificaciones del modelo de produccin, vinculado a la
acumulacin de capital, la mantencin del orden burgus y la proteccin
de la propiedad privada como elemento central, afectando adems todo
el sistema de control social (Melossi y Pavarini: 1987). Desde su
creacin entonces, esta institucin se constituye en el depsito al
que llegan las personas consideradas desviadas, que suponen un
peligro para la estabilidad de la sociedad capitalista puesto que
es mejor excluirlas- abandonando el castigo corporal para empezar a
ejercer un control, ad hoc a las lgicas del nuevo sistema
capitalista, ms sutil pero con efectos intensos y extensos para
toda la sociedad (Foucault: 1998). Respecto del rol del Estado
benefactor en el proceso de encarcelamiento, destaca el papel
central desarrollado por el Trabajo Social, que con sus
intervenciones normalizadoras, sustituy las antiguas estrategias de
caridad y filantropa que se desarrollaban con las poblaciones de
pobres en Europa a fines del siglo XIX, enfocndose a un trabajo de
casos y, de familias con evidentes objetivos de integracin social
(Matthews: 2003). A pesar de estas acciones de carcter inclusivo
que se llevaban a cabo con la poblacin penal en las crceles
europeas, se revel al poco tiempo, que el supuesto propsito
correctivo de la crcel, no era tal, la prisin no corrige, atrae
incesantemente a los mismos, produce poco a poco poblacin
marginalizada que es utilizada para presionar sobre las
irregularidades o ilegalismos que no se deben tolerar.
(Foucault:2008, pg.80). A pesar de la inutilidad declarada de su
fin rehabilitador, desde fines del siglo XIX y hasta la primera
mitad del siglo XX se produjeron diversas reformas penales que
redujeron la cantidad de personas encarceladas, condicionadas por
las siguientes determinantes (Matthews:2003): los cambios en los
rasgos del Estado capitalista, responsable declarado del
financiamiento y administracin del sistema carcelario, evidenciado
por ejemplo en el desarrollo del asistencialismo como modo de
regulacin; la instalacin del Fordismo, como sistema de produccin en
serie, transformando las lgicas de la disciplina laboral; y por
ltimo el surgimiento de la criminologa destinada a desarrollar un
sistema ms cientfico que
5. posibilitara la rehabilitacin de los delincuentes ms
rescatables. Instauracin del modelo neoliberal y su incidencia en
el sistema carcelario El modelo neoliberal, se va a entender como
el discurso hegemnico de un modelo civilizatorio un excepcional
extracto purificado y por ello despojado de tensiones y
contradicciones (Lander: 2000, pg.246) basado en una conformacin
excluyente y desigual del mundo moderno, se estableci en gran parte
de los pases de oriente y occidente desde las ltimas dcadas del
siglo XX, agravando las violencias estructurales del capitalismo,
lo que implic la transformacin de la relacin Estado Sociedad,
posicionando al mercado, como regulador excluyente de las
relaciones econmicas, laborales y sociales (Daroqui: 2009, pg. 15)
con graves secuelas en cuanto a acceso y calidad de los servicios,
en los mbitos del trabajo, la vivienda, educacin, previsin, salud.
Adems, el Estado gira hacia un modelo de inseguridad, a causa de la
precarizacin, desintegracin y exclusin social, dejando atrs un
modelo basado en una seguridad que se reflejaba en las polticas
econmicas y sociales de un rgimen estatal de bienestar (Daroqui:
2009). Como modelo hegemnico, el Neoliberalismo influy en la
re-configuracin y caracterizacin de una serie de instituciones
pblicas destinadas a regular y controlar la vida en sociedad, entre
ellas, la institucin penitenciaria. En estas ltimas dcadas, se
asiste a un progresivo aumento de los encarcelamientos a nivel
mundial, debido al nuevo sentido comn penal que apunta a
criminalizar la miseria- y por esta va, a normalizar el trabajo
asalariado precario- concebido en los Estados Unidos (Wacquant:
2000, pg. 26). Junto a este proceso, se visibiliza una presencia
gradual del sector privado en el funcionamiento de las crceles,
cuestionndose el rol y responsabilidad estatal en la gestin de
estos sistemas (Matthews: 2003). Corroborando esta situacin, se
asiste, a partir del alejamiento del Estado (de ms a menos
presencia) a la mercantilizacin de las crceles, referida a la
construccin de penales privados y a la asistencia mediante la
contratacin de empresas a cargo de la gestin de las ayudas sociales
(Wacquant: 2000), lo que a juicio de este autor, vuelve rentables a
los pobres y a los presos. El Estado, paralelo al creciente
abandono de su responsabilidad en la definicin y gestin de la
poltica penitenciaria, se ha ido configurando como un aparato
centrado en el desarrollo de
6. una poltica de seguridad vinculada a la delincuencia (como
si las violencias estructurales antes mencionadas no generaran
inseguridad en la poblacin en general) que se trata del modo
cultural ms apropiado para naturalizar la imposicin de nuevos
modelos de exclusin social () esta es la preocupacin central de la
imposicin hegemnica de una cultura de gobierno neoliberal
(Pavarini: 2006, pg 229). Dada esta realidad, los que no acceden a
los beneficios estatales entonces, son aquellos que han sido
criminalizados, por tanto no son merecedores de recibir estas
ayudas. La crcel en chile: de la presencia hacia la progresiva
ausencia del estado. La primera crcel chilena se construy en el ao
1843, usando la idea del panptico (Ex Penitenciaria de Santiago, an
vigente), donde los presos eran custodiados por una guardia
militar, que en el ao 1871, el Estado modific por una escolta civil
especial para esta labor. En 1911, se cre por decreto el cuerpo de
Gendarmera de Prisiones, constituyendo el comienzo de la actual
Gendarmera de Chile como institucin de seguridad y defensa social,
definindose para 1921, como una entidad armada. Durante 1979, en
plena dictadura militar, se fij la Ley Orgnica de esta institucin,
establecindola como un servicio pblico dependiente del Ministerio
de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar
a las personas que por resolucin de autoridades competentes fueren
detenidas o privadas de libertad; y en razn de sus fines y
naturaleza, se delimit como una institucin jerarquizada,
uniformada, disciplinada y obediente. En este contexto, junto con
el personal uniformado, la primera profesin que ingres a trabajar a
las crceles, fue el Trabajo Social en el ao 1930, siendo Chile
pionero en esta materia a nivel latinoamericano (Correa: 2005), lo
que de algn modo manifiesta la existencia de un propsito estatal
dirigido no slo a la custodia de los internos sino a su
tratamiento, incorporando posteriormente diversas profesiones de
las Ciencias Sociales. En lo que atae al tipo de intervencin
profesional realizada, en un comienzo sta, al igual que en Europa,
centr su labor en lo asistencial y correctivo, bajo la modalidad
del trabajo de casos. Mantuvo la impronta a lo menos en el papel,
del carcter rehabilitador del trabajo desarrollado con los presos
(a pesar que ya autores europeos haban constatado la
inutilidad
7. de este fin). Con el paso del tiempo, y la progresiva
instalacin del modelo neoliberal en el mbito penitenciario, no slo
se ha tercerizado y precarizado el trabajo profesional al interior
de los penales, sino que tambin se puede observar su incidencia en
el diseo de los programas de intervencin, en tanto stos son
aplicados a una mnima parte de la poblacin penal total, a travs de
procesos de selectividad que dejan a la mayora fuera, evidenciando
la mantencin de los ciclos de exclusin social incluso al interior
de los penales. Junto a ello, se opera con una ptica individualista
e instrumental, que se capta por ejemplo en la consideracin que la
rehabilitacin de los presos se realiza en un proceso en el cual
ellos tienen la responsabilidad principal cuando no toda- por el
logro de un final feliz. De este modo, se considera a los presos
doblemente responsables: responsables tanto del dao y la desgracia
como del retorno a la competencia (Mathiesen: 2003, pg.63). Se
constata adems la generacin de un sistema punitivo premial fundado
en la propuesta de tratamiento-educacin y trabajo- propio del
proyecto disciplinario, que se encuentra al servicio de la
gobernabilidad de la cuestin carcelaria, a travs de la regulacin y
control de la poblacin encarcelada (Daroqui: 2010, pg. 4) El sesgo
neoliberal se observa adems, en la privatizacin de las crceles,
iniciada en Chile en el ao 2002 con el proceso de licitacin para la
construccin de crceles (Dammert: 2006), con lo que el Estado se
deslig de su responsabilidad en esta materia. A la fecha, de 10
crceles de mediana y alta seguridad, con una capacidad para 16.000
plazas que deberan estar ya funcionando, para Abril del 2009, slo 6
unidades penales se haban entregado, segn informa documento del
diario electrnico El Ciudadano3 , albergando a un 18,9% de la
poblacin penal total. Los costos que estas crceles producen al
Fisco superan ampliamente los derivados de las crceles pblicas. A
modo de ejemplo, el costo mensual por interno en junio del 2008 en
el Centro de Detencin Preventiva Santiago 1 ascenda a $170.908,
versus los $539.608 que el fisco debi cancelar por cada recluso del
Complejo Penitenciario Puerto Montt (privatizado) en el mismo
perodo. La realidad supera a la ficcin: hechos y cifras4 . 3
Mazmorras Corporation SA reportaje, Abril del 2009. 4 Los datos que
se proporcionan, se encuentran en el Informe de Derechos Humanos ao
2010, de la Universidad Diego Portales, y en el documento
Recomendaciones para una nueva poltica penitenciaria (Consejo para
la Reforma Penitenciaria: 2010)
8. En la actualidad, Chile cuenta con 110 crceles a lo largo de
todo el pas, las ms antiguas datan del siglo XIX y las ms modernas
han sido construidas en el siglo actual. Estas albergan a ms de
50.000 presos, lo que compone el 48% del total de la poblacin
condenada en Chile, segn datos de Gendarmera. La poblacin
cumpliendo condena en los distintos sistemas (intra y extramuros)
aument en los ltimos 5 aos en ms de un 51%, debido principalmente
al establecimiento de la Reforma Procesal Penal en el pas a partir
del ao 2005, Reforma que no vino aparejada del consiguiente
mejoramiento del aparato penal. Esta alza dramtica responde
ideolgicamente a la instalacin de una poltica de seguridad pblica,
(Matthews: 2003, Pavarini: 2006) antes mencionada, por lo que y
mediante la incidencia palpable del sistema neoliberal, se mantiene
y multiplica la exclusin social de esta poblacin empobrecida y,
sujeta a estas polticas y programas vinculados a estas lgicas del
temor al otro y de la criminalizacin de la pobreza (Wacquant:
2000). Por ello, la poblacin penitenciaria en Chile es la ms alta
de Latinoamrica con 318 reclusos por 100.000 habitantes en el ao
2009. La poblacin recluida se extendi de 60.990 internos en 1998 a
106.877 en el 2009, es decir, un aumento de 75%, en 10 aos,
mantenindose estable desde el ao 2005 al 2008 el nmero de personas
que ingres al sistema penitenciario (en unidades penales y en
unidades en el medio libre), superando las 100.000. En cuanto a la
situacin de habitabilidad de las crceles, informes de derechos
humanos y de jueces de la Corte Suprema, han denunciado las
indignas condiciones en las que la poblacin penal vive, ligadas a:
entornos de insalubridad extrema, porcentajes de hacinamiento
cercanos al 70% en la mayora de las crceles5 , llegando algunos
complejos penitenciarios (que albergan a jvenes, mujeres y varones
recluidos) a bordear el 200%, psimas condiciones materiales de las
edificaciones, ya sea por su antigedad, como por el abandono en el
que se encuentran, en cuanto a la rutina, 15 horas diarias de
encierro, entrega de alimentos en horarios inadecuados, presencia
de celdas de castigo, consistentes en espacios vacos, sin luz,
agua, y con slo una hora de desencierro. Estas condiciones de
hacinamiento y mal-estar permanentes, junto a la falta de
segregacin adecuada de los reclusos, la evidenciada existencia de
malos tratos como prctica habitual y generalizada de parte de los
gendarmes hacia la poblacin penal, agravan el contexto de 5 En la
pgina web de Gendarmera de Chile, informan un promedio del 60% de
hacinamiento en las crceles chilenas.
9. extrema violencia que se vive al interior de los penales,
repercutiendo en la convivencia diaria, por ejemplo en el nmero de
presos muertos por concepto de rias, las que durante el ao 2008
arrojaron 30 fallecidos al interior de los penales de Santiago y en
el primer semestre de 2009 otros 30 internos por los mismos
motivos. Baste sumar las demandas por torturas en varias unidades
del pas contra el personal uniformado, para completar el cuadro de
deshumanizacin que se vive da a da al interior de estos recintos.
Por otro lado, los programas que existen en materia de reinsercin
social (educacin, trabajo, tratamiento de adicciones, psicosocial),
resultan insuficientes puesto que abarcan una mnima porcin de la
poblacin total, lo que se explica por la sobrepoblacin penal, la
ausencia de espacios intramuros habilitados para actividades de
esta ndole, a la escasez de profesionales, y principalmente al
escueto 13,67% del presupuesto total institucional, destinado en el
ao 2009, para esta labor. En cuanto a las personas que obtienen
beneficios intrapenitenciarios, medidas que apuntan a otorgar
espacios progresivos de libertad a quienes han cumplido a lo menos
la mitad de su condena, cabe resaltar que stas disminuyeron en un
20% entre 1999 y 2008, pasando de 1.010 a 813 personas. Respecto a
la concesin de libertades condicionales6 , stas disminuyeron en un
75%, de 2.164 en 1999 a 475 en el 2008. Este tipo de situaciones,
revela que son criterios secundarios los que definen el
otorgamiento de beneficios para la poblacin penal, abandonndose as
el sentido original de la entrega de estas medidas, vinculado a
potenciar las alternativas de reinsercin social de la poblacin
penal. Resulta esencial marcar dos sucesos acontecidos durante el
ao 2010, que reflejaron a la sociedad chilena y al exterior, las
condiciones indignas en las cuales vive esta poblacin: El terremoto
en Febrero del 2010, que dej 8 crceles inutilizadas, provocando el
traslado de 1700 presos, cotejando as el estado de abandono en el
que se encontraban las unidades penales, en particular las ms
antiguas. El traslado en si, implic no slo el aumento del
hacinamiento actual en el que se encuentran las crceles chilenas,
sino el total desinters hacia las vidas de esas cerca de dos mil
personas, a las que se les alter radicalmente su rutina diaria,
separndolas de su lugar de residencia, de sus familias, forzando
procesos complejos de nueva adaptacin, afectando no slo su calidad
de vida sino las posibilidades futuras de 6 La libertad condicional
es una forma de cumplimiento en absoluta libertad y slo con un
control administrativo semanal, en los Patronatos Locales de Reos y
en su ausencia, en unidades penales.
10. reinsertarse en el medio social. El Incendio en la crcel de
San Miguel en diciembre del 2010, con un saldo de 81 presos
muertos. Este suceso cristaliza y concentra le nocividad del
sistema carcelario y la indolencia que se construye alrededor de
ste. A su vez, se constat que entre los fallecidos, haban sujetos
pagando multa por comercio de material pirateado, lo que da cuenta
de la equvoca aplicacin de encarcelamiento y del uso abusivo de
sta. Aunque en el juicio se verific la negligencia y desidia por
parte del personal presente ese da, a la fecha ningn funcionario
imputado se encuentra preso ni ha recibido condena. La mantencin de
la crisis carcelaria en el siglo XXI Si bien no es novedad que el
sistema penitenciario en Latinoamrica y en Chile es y ha sido el
lugar/depsito al que llegan las personas, de los sectores sociales
ms empobrecidos a continuar un ciclo de exclusin social,
prolongando en la crcel la sujecin a dispositivos de inhibicin,
represin y deshumanizacin, en la realidad nacional, el Estado, en
su rol responsable de la situacin de los penales y sobretodo, de
las condiciones de vida de los presos, ha ido progresivamente
privatizando no solo la construccin de crceles sino tambin la
administracin de stas y el tratamiento profesional dirigido a la
poblacin penal. Es decir, en forma progresiva y desde el ao 2002 se
ha ido desprendiendo de su responsabilidad frente a este mundo que
concentra a las poblaciones que el sistema no le interesa reciclar
ni menos incluir socialmente. (Pavarini: 2006) El Estado en este
aspecto, ms que asumir un rol comprometido con la inclusin social,
ha dejado que estos procesos excluyentes se mantengan, propiciando
la privatizacin de servicios penitenciarios y la prxima
externalizacin de los programas de tratamiento y reinsercin social,
conformndose as (el Estado) en un ente subsidiario encargado de
mercantilizar y privatizar labores y funciones que le competen,
referidas al cumplimiento de penas, a los procesos de concesin de
la libertad de los sujetos y en cuanto a la reinsercin social de
stos. Observamos as, el establecimiento de un Estado reconvertido
en mero gestionador de intereses privados y sostenedores en trminos
subsidiarios, de las garantas sociales bsicas.
11. En este aspecto, resulta funcional al Estado hablar de una
crisis del sistema penitenciario, crisis que han definido a partir
de los hechos y cifras antes sealadas, pero que ms bien responde al
modo en que se administra este mbito (Daroqui: 2010). Se habla
entonces, que la ficcin crisis es ms bien la condicin de realidad
para que el sistema carcelario funcione, y pueda ser til al modelo
neoliberal que lo sostiene. Dados los antecedentes planteados,
resulta interesante preguntarse por qu el Estado remarca hoy la
existencia de una crisis en el sistema penitenciario, a sabiendas
que ste histricamente ha funcionado as, y por qu cifra en los
procesos de privatizacin y externalizacin de los servicios
profesionales la solucin a las condiciones actuales del sistema
penitenciario, pensando por ejemplo, que slo desde la ptica de
gastos fiscales, la existencia de penales concesionados triplican
(como ya se mencion) el monto a gastar por recluso, versus lo que
se paga en crceles pblicas. El trabajo social en el sistema
penitenciario: entre la fuga y la resistencia La disyuntiva actual
del Trabajo Social en crceles tiene que ver con la posibilidad de
sumarse al nuevo impulso neoliberal y privatizador que dirige el
Estado, con miras a mejorar la situacin carcelaria, lo que
implicara negarse a s mismo, todo el potencial que tiene para
resistir a esta envestida; o por el contrario, definirse desde un
lugar de oposicin a esta nueva poltica pblica, con el propsito de
plantear crticamente los efectos poltico sociales de la decisin
estatal de reducir su participacin al mnimo, ampliando as los
mrgenes de accin del sector privado. La primera opcin, que pudiera
contar con ms adherentes de los que la imaginacin podra suponer, -a
pesar de que atenta contra el sentido fundante de nuestra
disciplina-, se ampara en dos elementos claves de la historia
chilena y de la cultura institucional: la presencia del terror y el
temor, heredadas de la dictadura militar y reactualizadas en el
actual gobierno a travs del mbito laboral, con los masivos despidos
de funcionarios pblicos (cerca de tres mil durante el ao pasado),
impidiendo que en la actualidad exista y persista un slido
movimiento profesional que se oponga a la privatizacin de los
programas de intervencin social en este mbito y a un rol estatal an
ms subsidiario.
12. A ello se suma la cultura institucional de Gendarmera de
Chile, que impone despiadadamente en el cotidiano, procesos de
naturalizacin de la indiferencia, de la indolencia, de la poca vala
que el modelo neoliberal le imprime a la poblacin penal en
particular y a la poblacin pobre en general, propiciando que los
mismos profesionales normalicen comportamientos e intervenciones
centradas en el ejercicio desigual del poder, basadas en relaciones
verticalizadas, donde prima el control y la neutralizacin del otro.
Optar por un rol diferente, significa en la prctica tomar el camino
opuesto al reproducido por los mecanismos, estrategias y actores
que componen la institucin. En este mismo sentido, a pesar de la
participacin histrica del Trabajo Social en las crceles chilenas,
su presencia en la actualidad, no slo se ha vuelto funcional al
sistema sino que, sumida en la rutina institucional y centrada en
el quehacer, ha carecido de una voz legitimada en cuanto a promover
espacios de discusin en torno a la homognea intervencin que se
lleva a cabo en las diversas unidades penales del pas y al afn
privatizador del Estado, faltando un proceso permanente de
construccin de saberes de esta experiencia particular, que sirvan
de insumo para investigaciones o se constituyan en las mismas,
puesto que hoy los estudios que marcan tendencia no estn
desarrollados por profesionales del Trabajo Social (lo que
evidencia la severa deuda que tenemos en el mbito de la
investigacin) y peor an, se orientan hacia la privatizacin de los
programas de atencin, tratamiento y reinsercin social de los
reclusos, porque los centros de investigacin estn viendo en esta
reconfiguracin del Estado la mercantilizacin de los derechos de los
penados, pero sobretodo una posibilidad de lucrar con esta realidad
(Wacquant:2000). La segunda opcin, de rescate del rol crtico y
transformador del Trabajo Social, se asienta en el hecho de que
nuestra disciplina se encuentra en una posicin privilegiada dentro
del sistema penitenciario, en cuanto su experticia (por la
trayectoria de trabajo en los penales) y por su ubicacin
estratgica, en tanto se vincula directamente y en forma cotidiana
con los actores que componen el sistema carcelario: internos,
gendarmes, otros profesionales y autoridades uniformadas. Condicin
que permite conocer y manejar una confluencia de intereses,
motivaciones, objetivos diversos entre si pero que se encuentran y
se disputan en un mismo campo de accin y de poder. En este sentido,
sera vlido generar habitualmente procesos de cuestionamiento
respecto de qu tan depositarios somos de las lgicas
13. institucionales,- en tanto stas predeterminan el tipo de
relaciones que establecemos con todos estos otros-, manteniendo con
este ejercicio, un margen crtico que facilite el establecimiento de
relaciones que garanticen el respeto de los derechos humanos. Por
lo mismo, y debido a la escasez de investigaciones, es que se
vuelve un imperativo generar instancias de conocimiento, que
permitan efectuar un salto cualitativo desde la intervencin
cotidiana hacia la produccin de estudios que visibilicen los
elementos en tensin, las particularidades y las relaciones que se
establecen, sesgadas por la instrumentalizacin y el
asistencialismo, a fin de desarrollar propuestas que invoquen la
presencia de propsitos centrados en la reduccin de los efectos
adversos y profundamente dainos que produce el encierro, en los
sujetos encarcelados, sus familias y sus entornos (Baratta: 1986)
De este modo, reconstruir lo pblico va a requerir necesariamente,
reflexionar, interrogarse y replantear el rol que el Trabajo Social
actualmente desempea en las crceles y en la institucin, a modo de
volver a apelar al sentido de nuestra disciplina, para generar
prcticas centradas en la dignidad humana y en los derechos de la
poblacin penal, promoviendo el despojo de los elementos represivos
y controladores que determinan las relaciones intramuros. Desde
esta base entonces, pensar aportes relevantes que cuestionen no slo
las intervenciones promovidas desde la institucionalidad, sino y
con la misma fuerza, los procesos privatizadores y sus efectos
negativos, reposicionando el rol del Trabajo Social desde una ptica
de resistencia crtica, que a pesar de encontrarse severamente
adormecido por la presencia instalada del modelo neoliberal, puede
insistir en la responsabilidad social del Estado frente a la
realidad que diariamente viven y sufren ms de 50.000 presos en
Chile, construyendo a la vez, un espacio de disidencia activa y
comprometida con los sujetos ms excluidos de nuestra sociedad.
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16. LA CUESTIN DE LA HEGEMON A EN AMRICA LATINA: UNA MIRADA
DESDE EL TRABAJO SOCIAL LUIS A. VIVERO ARRIAGADA1 1 Introduccin El
presente trabajo se construye a la luz de la revisin terico
conceptual y los anlisis preliminares de la tesis doctoral que se
est realizando, la cual se titula Continuidad y ruptura de las
hegemonas en Amrica latina: anlisis de los procesos sociales y
polticos de Bolivia y Chile. La investigacin tiene su origen en la
necesidad de comprender la emergencia de nuevas luchas y conflictos
en Amrica Latina, producidas con mayor fuerza desde los inicios del
presente siglo. Tales procesos polticos, sociales e ideolgicos en
estos dos pases parecieran mostrar direcciones opuestas, en cuanto
a enfrentar la actual crisis capitalista. El propsito es realizar
un anlisis social y poltico que permita comprender y distinguir cmo
se manifiesta, en dichos pases, la hegemona de las clases
dominantes y la presencia o inexistencia de conflictos de clases.
Bajo este marco analtico, se hace una mirada desde el trabajo
social, disciplina desde la cual se canalizan acciones con y desde
aquellos sectores que sufren la exclusin, el control y dominacin de
la elite dirigente, la cual se estima se ha constituido como
hegemnica en la matriz sociopoltica actualmente en crisis. Cabe
consignar que el escenario de crisis de legitimidad del
neoliberalismo, en tanto ideologa hegemonizada en gran parte del
continente, no es garanta de su aniquilacin, por cuanto el
capitalismo ha demostrado en el desarrollo de la historia una
tremenda capacidad de mutacin. Sin perjuicio de ello, este es un
espacio importante para la construccin de alternativas contra
hegemnicas, tanto en lo que significa la amplia dinmica al interior
de los estados nacionales (tambin en cuestionamiento), como en lo
que significa la accin profesional desde el trabajo social en
particular y las posibilidades de construccin de conocimientos
contra hegemnico de todo el espectro de las ciencias sociales y
humanas. 1 Trabajador Social, Magster en Ciencias Sociales
Aplicadas, Doctorante en Procesos Sociales y Polticos de Amrica
Latina. Acadmico Escuela de Trabajo Social Universidad Catlica de
Temuco, Chile. Contacto; [email protected]
17. 2 Gramsci en Amrica Latina y su relevancia en relacin a la
conceptualizacin de la hegemona En el pensamiento de Gramsci (1986,
2005) el concepto de hegemona permite comprender las relaciones de
poder que se presentan en el orden econmico, poltico, cultural e
ideolgico, en una determinada estructura social. A su juicio la
hegemona representa la supremaca lograda por la sociedad civil
respecto de la sociedad poltica, en donde la primera, corresponde a
la mayor parte de la superestructura, conformada por las llamadas
organizaciones privadas, como la Iglesia, los sindicatos, las
escuelas, etc. (Gramsci, 2005:146). Para l, la sociedad poltica se
expresa en el aparato del Estado, el que est conformado por los
mecanismos coercitivos, como por ejemplo los tribunales de
justicia, las crceles, el ejrcito y la polica. Por lo tanto, es la
sociedad civil la que se constituye en clase fundamental, toda vez
que logra controlar la sociedad poltica. Respecto a la entrada y
difusin del pensamiento gramsciano en Amrica Latina, Jos Aric
(2005) la resume en dos hitos a su juicio gravitantes: El primero
corresponde a la publicacin del libro Cartas de la crcel en Buenos
Aires en 1950 y el segundo, el Seminario de Morelia sobre Hegemona
y alternativas polticas en Amrica Latina, realizado en Mxico el ao
1980. Aric contextualiza la influencia de Gramsci en el movimiento
poltico Latinoamericano, particularmente en la discusin que ocurre
al interior del Partido Comunista Argentino que se profundiza en
los aos sesenta y en gran parte de los movimientos de izquierda de
Amrica Latina- respecto al dogmatismo del marxismo de influencia
sovitica alineados con la III Internacional. En estas discusiones,
se cuestiona la falta de una postura crtica de la realidad
latinoamericana y las posibilidades de una revolucin socialista en
las condiciones socio histrico particulares de esta regin. La
difusin del pensamiento gramsciano constituye una oportunidad no
slo para entender el marxismo en su sentido dialctico, crtico e
histrico, sino que representa un punto de inflexin con la
dirigencia de izquierda en Argentina particularmente al interior
del Partido Comunista. Los dos hitos a que hace referencia Aric
(2005), estn marcados por dos escenarios muy distintos, pero que
permiten situar la reflexin gramsciana en torno a problemticas
particulares para cada momento: 1) La publicacin de la Revista
Pasado y Presente, en la dcada del sesenta en Crdoba Argentina, que
es una consecuencia de la publicacin de las
18. Cartas de la crcel, caracterizada como una experiencia de
espritu crtico y progresista de la revista y sus miembros; 2) El
segundo momento al que hace referencia Aric, est marcado por el
Seminario de Morelia realizado en Mxico el ao 1980, en el cual el
eje central de la discusin giraba en torno a la hegemona y las
diferentes alternativas polticas en Amrica Latina. El segundo
escenario que se menciona en el prrafo anterior, al que hace
referencia Aric, tiene particular importancia para este anlisis,
por cuanto se desarrolla en un periodo caracterizado en trminos
generales, por la conflictiva realidad latinoamericana como
consecuencia de las dictaduras militares y por los procesos de
recuperacin e instalacin de los nuevos regmenes democrticos que se
iniciaba en algunos pases. En este escenario la cuestin del estado
y de la hegemona desarrollada por Gramsci, cobran sentido para la
reflexin instalada en el Seminario de Morelia, por lo cual el
evento representa un espacio importante y fecundo de la discusin
intelectual marxista, que permiten retomar categoras que haban sido
abandonadas. Las reflexiones y discusiones del seminario giran en
torno a los planteamientos de Gramsci, principalmente sobre el
concepto de hegemona y cmo este tendra validez terica y poltica
para analizar las transformaciones de las sociedades
latinoamericanas2 . Cabe mencionar que en cada periodo histrico, la
comprensin de los postulados de Gramsci tambin fue variando en un
sentido bastante tautolgico. En algunos momentos represent el
argumento ad-hoc para discutir con la dirigencia comunista en torno
a la necesaria formacin de intelectuales orgnicos y la renovacin de
los cuadros dirigenciales; en otros momentos como fundamentos del
paso a la lucha armada, tomando como referencia el concepto de
guerra de posiciones; se lo utiliza en otro momento a partir de la
dcada del ochenta- para impugnar la idea de democracia
representativa burguesa y levantar la idea de democracia directa,
sobre la base de la experiencia de los consejos obreros descritos
por Gramsci (1967). Pero de todos estos momentos, lo que con ms
claridad se evidencia en la entrada del pensamiento gramsciano a
Amrica Latina, son sus postulados sobre la formacin de un 2 Esto
queda extensamente reflejada en libro Hegemona y alternativas
polticas para Amrica latina, coordinado por Julio Labastidas y
Manuel del Campo, publicado por la Editorial Siglo XXI Mxico en
1985, en la que adems de los coordinadores exponen Jos Aric,
Ernesto Laclau, Sergio Zermeo, Juan Carlos Portantiero, entre
otros. Vale recordar as mismo, que en la fecha en que se desarrolla
este seminario, gran parte de los pases de Amrica Latina estaba
bajo regmenes dictatoriales, o recin comenzaba el proceso de
democratizacin, por la cual la discusin en torno a la dicotoma
dictadura- democracia, tambin es un discusin relevante desde la
perspectiva de pensamiento gramsciano en particular, y del marxismo
en general.
19. nuevo bloque histrico, que albergue a vastos sectores de la
sociedad, que permita un nuevo consenso y la consolidacin una nueva
hegemona. En definitiva, la construccin de un nuevo estado, con una
democracia de carcter participativa. En coincidencia con Aric
(2005), puede decirse que a partir de la dcada del 50 y tal vez con
mayor claridad desde inicios de la dcada siguiente, el pensamiento
gramsciano va a tener influencia en otras corrientes de
pensamiento, no necesariamente marxistas, como lo son la teologa y
la filosofa de la liberacin y el neomarxismo en general, que se ve
representado en figuras como Leonardo Boff, Enrique Dussel o Paulo
Freire con su praxis socio pedaggica fundamentada en una educacin
crtica, concientizadora, popular y liberadora. A propsito de esto,
abordamos en las lneas siguientes, ciertos elementos que pueden
articularse entre el pensamiento de Antonio Gramsci, en la teologa
de la liberacin y en la educacin popular de Paulo Freire. 2.1 La
Teologa de la liberacin En el caso de la teologa de la liberacin,
la influencia del intelectual italiano se evidencia en los textos
de telogos Boff (1991, 1992) Jon Sobrino (1982) y Carrera (2003),
quienes recurren a categoras como hegemona, clases, oprimidos e
intelectuales orgnicos para dar cuenta de las condiciones
estructurales e histricas de pobreza que afectan a Amrica Latina.
Este legado se manifiesta en la postura que los telogos de la
liberacin han mantenido respecto a una opcin preferente por los
pobres, sobre lo cual plantean que el cristianismo debe ser una
praxis transformadora, que permita la liberacin de todas las formas
de dominacin3 . Los pobres ya no son entendidos como un objeto de
asistencialismo o de compasin, sino que se les interpreta como el
resultado de las prcticas estructurales de explotacin y de
dominacin, por lo tanto constituyen el lugar hermenutico de la
praxis liberadora, sustentada en los principios del cristianismo,
en donde la fe cristiana se expresa como una interpretacin y una
praxis histrica cotidiana, como condicin indispensable para la
transformacin social (Dussel 1972). Esta postura ha sido atacada y
excluida por la elite conservadora de la Iglesia Catlica acusando a
sus seguidores de tomar las ideas totalizadoras 3 Aunque la teologa
de la liberacin surge en el contexto del sistema capitalista y sus
formas de dominacin, tambin cuestiona el rol y la prctica de los
cristianos frente a la situacin de la pobreza estructural de Amrica
latina. Pero tambin expresa su postura crtica respecto del
totalitarismo que se expresa en las posturas dogmticas de los
marxistas y materializadas en los llamados socialismos reales.
20. del pensamiento marxista y transformar la teologa en una
simple sociologa religiosa (Codina: 2007), por lo tanto, en una
teologa que se encuentra relativizada y subordinada a los
imperativos de la lucha de clases4 . Sin entrar en la polmica
instalada por la hegemona eclesial, vale reconocer en esta teologa
progresista, la visibilizacin de una realidad latinoamericana
caracterizada por condiciones de pobreza estructural, prcticas de
dominacin instaladas desde el momento mismo de la llegada de los
espaoles, lo que concuerda con los sealamientos de algunos autores
como Galeano (2002) y Quijano (2005, 2006, 2007). El concepto de
hombre nuevo y de nueva evangelizacin expresaran su influencia
marxista y en particular los planteamiento de Gramsci, respecto de
la necesidad de una reforma moral e intelectual, la que de acuerdo
con Boff debe realizarse desde el bloque de los oprimidos, y no
simplemente desde la culturas dominantes (1992:16). Esto mirado en
perspectiva actual, queda representado en la emergencia de nuevos
movimientos sociales, que se levantan como reaccin ante la
dominacin de las clases hegemnicas. Aunque ello se manifieste de
forma seminal, sin duda son los grmenes de una cultura
latinoamericana que avanza en un proceso de construccin de una
nueva hegemona o al menos, en una dinmica diferente a la
experimentada durante la dcada del noventa, en que la hegemona
neoliberal no solo mostraba su rostro ms terrible, sino que
evidenciaba los estragos en las economas y la culturas
latinoamericana. 2.2 La Pedagoga liberadora de Paulo Freire En
Paulo Freire la influencia del pensamiento de Gramsci tiene una
correspondencia epistemolgica y poltica, expresado en sus
planteamientos de construccin de un saber dialctico y educativo de
la realidad latinoamericana, una problematizacin e interpretacin en
y desde las prcticas sociales cotidianas. La necesidad de crear una
cultura obrera, tiene sentido en el planteamiento gramsciano, con
la necesidad de formar intelectuales obreros que compartan los
ideales de las masas que contribuya al cambio moral de la sociedad.
La forma o el mtodo de construir esta cultura obrera, se enmarca
dentro de lo que podramos denominar una pedagoga crtica o
emancipadora, ampliamente desarrollada y teorizada por Paulo Freire
(2001, 2002 a, 20002 b, 2002c, 2004). La influencia del pensador
italiano se expresa en la 4 Sobre ello, recomendamos ver el
instructivo emanado de la Congregacin para la Doctrina de la Fe
Libertatis Nuntius, en el cual se advierte los peligros de ciertos
planteamientos de lo Telogos de la Liberacin, por cuanto asumen
posturas de una ideologa que se fundamenta en el atesmo y la lucha
de clases.
21. necesidad de educar a las clases oprimidas para construir
una nueva moral basada en la libertad y el respeto, donde
educadores y educandos construyen una relacin dialctica de
aprendizaje mutuo. Para Freire la educacin bancaria, es una forma
de dominacin de las elites, una prctica inmovilizadora y
encubridora de verdades (2002: 95) y por lo tanto propone una
educacin liberadora (Freire: 2001, 2002 a, 20002 b, 2002c, 2004).
Para el pedagogo brasileo la educacin es ideologa y un instrumento
de las clases dominantes para consolidarse como clase dirigente y
hegemnica; una educacin liberadora en cambio () conduce a los
oprimidos tarde o temprano, a luchar contra quien los minimiz
(Freire, 2002 a: 41). La educacin es entendida como una prctica de
dominacin, al servicio de las clases dominantes, por lo cual el
desafo moral y poltico es transformar esa educacin, en una prctica
para la liberacin de todas las formas de opresin, lo cual coincide
en gran parte con lo que Gramsci (1967, 1984) en torno a la
educacin y tambin el rol de los intelectuales. Para Freire el
conocimiento no es un mero producto, sino una construccin social.
Por lo tanto, el conocimiento en tanto construccin histrica y
social, se manifiesta de manera dialctica, desafiando el
objetivismo positivista y el subjetivismo idealista y ms bien lo
ubica en una dialctica humanista. Para l, la realidad social
objetiva no existe por casualidad, sino que es producto de la accin
de los hombres, quienes la recrean y transforman. La relacin entre
educadores y educandos, tanto en Gramsci como en Freire, se
expresan como una relacin dialctica y democrtica constante, en
donde el papel de los educadores representan el rol de
intelectuales orgnicos, que deberan estar al servicio de las clases
oprimidas, por lo cual el proceso educativo estara orientado -
sobre la bases de una reforma intelectual y moral a crear las
condiciones para la transformacin de la sociedad, que en definitiva
significara la construccin de una nueva hegemona. Como se puede
apreciar, el pensamiento de Gramsci provoca un debate intelectual
que conlleva a un redescubrimiento de la realidad latinoamericana,
que permiti caracterizarla como estatal-nacional-popular (Aric
2005, Cavarozzi 1996, Garretn 2000 y 2004), por cuanto su
problemtica central se sita fundamentalmente en la construccin y
fortalecimiento de su identidad nacional, articuladas en torno al
estado uninacional, pero tambin reconocer su carcter dependiente,
producto de una histrica relacin de dominacin
22. ejercida por los centros hegemnicos industrializados
multinacionales. 3 Neoliberalismo como ideologa hegemnica y sus
crisis de legitimidad La instalacin del neoliberalismo como la
nueva matriz sociopoltica, desde inicios de la dcada del ochenta
del siglo pasado, que se constituy como hegemnica, responde a la
conjuncin de distintos fenmenos generados a partir de las
transformaciones del capitalismo, luego del apogeo que tuvo el
modelo taylorista-fordista. Tales transformaciones a su vez, tienen
su expresin en las nuevas y diversas formas de produccin
capitalistas y por tanto en la reconfiguracin de las clases que
viven del salario, sus lgicas de organizacin y luchas (Antunes,
2005). Harvey (2004) lo describe como proceso de acumulacin por
desposesin, en tanto son formas de acumulacin originaria para
conservar el sistema capitalista, mercantilizando sectores hasta
entonces cerrados al mercado, son algunos de los elementos que nos
permite comprender la gnesis del experimento neoliberal en Chile,
bajo el amparo de la dictadura de Pinochet, que luego permite su
expansin a gran parte de Latinoamrica. La acumulacin por desposesin
es lo que explica la transformacin del capitalismo mercantil, a uno
de tipo especulativo, que caracteriza la poltica econmica
neoliberal, lo cual se comienza a desarrollar con ms claridad desde
1970, guiados bsicamente por las privatizaciones de empresas y
servicio pblicos, la liberalizacin de los mercados, la desregulacin
de la economa, la retirada del estado como ente regulador, entre
otros procesos. La acumulacin por desposesin tiene como objetivo
preservar el sistema capitalista a costa de la negativa repercusin
en los sectores empobrecidos, producto de la crisis de
sobreacumulacin del capital. La ofensiva capitalista de los aos
ochenta, de la mano de la dictadura militar de Pinochet en Chile,
alent la fantasa de la muerte del socialismo y de la victoria total
del capitalismo. Con ese discurso, la dictadura llev a cabo una
verdadera revolucin conservadora, liderada por los idelogos y
discpulos del neoliberalismo, formados en la Universidad de Chicago
(Moulian 1997, Dos Santos 2010). El rgimen de terror, fue el
escenario propicio para llevar a delante cualquier experimento
econmico que ellos quisieran implementar, a pesar de negativas
consecuencias generadas, siempre afectando mayoritaria y
fuertemente a la clase
23. trabajadora. La instalacin del modelo es posible por una
alianza tcita, entre el terror de estado y las polticas
neoliberales, que en la prctica signific que los trabajadores
perdieran sus derechos histricamente conquistados rebajando
drsticamente sus sueldos al combinar represin estatal con represin
econmica a travs de las recesiones, con su squito de desempleo y
desesperanza (Dos Santos 2010: 73). Teniendo en cuenta este
escenario histrico poltico, las condiciones de desigualdad,
exclusin y pobreza, no son cuestiones que respondan a la
incapacidad de las personas de generar estrategias de subsistencia,
sino que son producciones materiales y simblicas del nuevo patrn de
poder (Quijano, 2005, 2006, 2009), que desde inicios de la dcada
del ochenta del siglo pasado, se transform en hegemnico y
dominante, lo cual permeabiliz todas las practicas socioculturales
y sociopolticas, en las cuales el trabajo social, en tanto accin
tico-poltico no estuvo ajena a esa influencia. Sin embargo, dicha
hegemona ha comenzado a presentar signos de agotamiento y crisis,
expresada en el nuevo ciclo de movilizacin, que tiene sus hitos en
el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional
(EZLN) en Mxico el ao 1994 y las olas de protestas en el Chapare de
Bolivia, lideradas por los movimientos indgenas y campesinos que
defendan el ancestral cultivo de la hoja de coca. Tales fenmenos,
nos permites resignificar desde el trabajo social, cuestiones
referentes no slo a la accin profesional en s, sino los escenarios
en los cuales esta se desarrolla. Una interpelacin a revisar
crticamente las condiciones histrico polticas, a reconocer a los
sujetos protagonistas de su historia, de sus luchas
reivindicativas, contra hegemnicas y de los procesos de
transformacin, que los constituyen en los verdaderos agentes del
cambio. Una lectura y reflexin crtica de los actuales escenarios de
luchas contra hegemnica, permite reconocer a los nuevos sujetos
sociales de las clases subalternas, que reaccionan contra la
dominacin de las elites dominantes e invita a desarrollar una
praxis, en el ms amplio sentido filosfico y prctico que ello
encarna, al decir de Snchez Vsquez (1997) en la unidad indisoluble,
el proyecto de emancipacin, la crtica de lo existente y el
conocimiento de la realidad a transformar.
24. 4 Comentarios finales: Una mirada desde el Trabajo Social
Como se puede apreciar, Gramsci le da una significativa relevancia
al tema de los intelectuales, lo cual aparece indisolublemente
ligado al proceso de construccin de la hegemona. Es decir, la clase
dirigente crea orgnicamente capas de intelectuales que le
proporcionan homogeneidad y consistencia a sus acciones. En efecto,
los intelectuales son los cuadros quienes contribuyen en la
elaboracin de las bases ideolgicas, los propagandistas de la clase
dirigente empleados de la hegemona de la clase dominante. Por lo
tanto el trabajo social en tanto prctica socio poltica y ticamente
constituida, no puede abstenerse de develar las contradicciones
inherentes a la accin profesional y las relaciones la relacin con
las clases subalternas. Lo anterior implica no solo ser consciente
de las tensiones y contradicciones tico poltica que se expresan en
la accin profesional, sino que asumir una posicin en relacin al
lugar que se ocupa en las luchas de poder y en los proceso tanto de
la produccin de la hegemona de la clase dirigente, como en las
estrategias contra hegemnicas desplegadas por los sectores
subalternos, como los que se estn desarrollando en Latinoamrica en
las ltimas dos dcadas. El trabajo social como accin social
enraizada en las clases subalternas tiene el deber moral, no solo
de reconocer estos procesos como fuente inagotable de saberes y
haceres, sino tambin de incorporarlos en la reflexin y la formacin
acadmica. Se est en un momento histrico que invita a repensar y
reconstruir la praxis del trabajo social, resignificando la crtica
como un sustento filosfico para la creacin de nuevos sentidos y
nuevos saberes. Los diferentes actores que han vuelto a emerger en
las luchas por la dignidad de los oprimidos, estn demostrando que
la utopa de liberacin y la dignificacin de los humildes son
posibles, por medio de procesos democrticos y concientizadores, que
las injusticias y la exclusin social, pueden enfrentarse con
organizacin y participacin popular. La hegemona en tanto concepto y
fenmeno histricamente situado e intersubjetivamente vivenciado,
lejos de estar obsoleto como categora de anlisis, an genera debates
fecundos en torno a su gnesis y su aplicabilidad en sociedades
distintas a la que respondan los anlisis gramscianos, ms all de las
diferencias objetivas respecto de los niveles del desarrollo del
capitalismo y del contexto histrico poltico. Prueba de ello, es el
uso recurrente que
25. intelectuales latinoamericanos de diferentes vertientes
disciplinarias, hacen de stas categoras para interpretar o explicar
el escenario sociopoltico y la crisis de legitimidad del
neoliberalismo El protagonismo del sujeto histrico/poltico,
olvidado y excluido, hoy constituye el fenmeno distintivo de la
crisis de la hegemona neoliberal y del imperialismo norteamericano,
lo que debe incorporarse en las reflexiones, en la construccin de
conocimiento y en la prctica profesional. De esta forma por ejemplo
- una relectura de la teologa de la liberacin y de la educacin
liberadora de Paulo Freire, emergen como referentes importantes
para resignificar la accin social profesional. La prctica
liberadora y comprometida con las clases excluidas no puede quedar
en la retrica acadmica, sino que la reflexin necesaria y permanente
debe ser el alimento de la accin transformadora. Por ello es
fundamental recuperar y resignificar lo poltico en la accin
profesional, teniendo en consideracin adems el contenido tico
implcito en lo poltico, porque al develar que en la dinmica
cotidiana de la accin profesional nos movemos en un campo de poder,
la opcin que tomamos en esa lucha nos interpela tambin a una
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28. HIJOS DE LA EFICIENCIA. LA POLTICA SOCIAL EN EL GOBIERNO
PIERA ALEXANDER PANEZ PINTO1 1. Introduccin Se ha cumplido el
primer ao de Gobierno de Sebastin Piera en Chile. Si bien nos
encontramos en el inicio de su mandato, considero que es importante
realizar un anlisis de este primer periodo de la Nueva Forma de
Gobernar2 , momento en el cual ya es posible apreciar ciertas
tendencias en el modo de entender la Poltica Social y su modo de
implementacin. En qu medida el Gobierno Piera se ha distanciado de
lo que se vena haciendo en materia de Poltica Social en los
gobiernos de la Concertacin? Cules son los nfasis de su gobierno
para enfrentar la Pobreza y la Desigualdad? Estas son las
principales preguntas que se quieren trabajar en este texto. Para
llevar a cabo este anlisis, en primer lugar se har una breve
contextualizacin de la Poltica Social durante los gobiernos de la
Concertacin en Chile con el fin de ilustrar la tendencia con la que
se instala el Gobierno de la Alianza como coalicin poltica
representada por Sebastin Piera. Posteriormente, se mencionarn
algunos elementos acerca de la situacin que est ocurriendo en
algunos de los pases de Amrica Latina en torno a la poltica social
y pobreza, para comparar con los vecinos nuestros resultados
obtenidos en la superacin de la pobreza. En la tercera parte,
analizar algunas tendencias de lo que podramos llamar la Poltica
Social del Gobierno Piera, a travs de la revisin de Discursos y
medidas adoptadas (y anunciadas) por parte de esta administracin.
Especial nfasis ser dado a la medida de creacin del Ministerio de
Desarrollo Social, uno de los proyectos emblemticos del actual
gobierno. Este ejercicio de reflexin es importante en especial para
aquellos profesionales que nos 1 Trabajador Social, Pontificia
Universidad Catlica de Valparaso, Chile. Diplomado en Gobierno
Local y Gestin Municipal. Estudiante de Magster en Urbanismo de la
Universidad de Chile. Director de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de La Ligua 2 Frase Slogan de Piera en los tiempos de
campaa electoral y palabras recurrentes en el Discurso de
autoridades de gobierno para desmarcarse de los gobiernos
anteriores.
29. insertamos en los Municipios, ya que en esos espacios se
pone en juego la mayora de los programas sociales del Estado y
adems, es un lugar en donde se ponen en contraposicin o
alineamiento de los lineamientos del gobierno nacional con los
proyectos polticos de los gobiernos locales. Es por esto que la
ltima parte del texto esboza algunos Nudos Crticos para la
Municipios como consecuencia de esta tendencia del gobierno actual.
2. NOTA: Sobre el Concepto de Pobreza Antes de continuar, no est
dems manifestar la discusin sobre la Poltica Social y la pobreza en
Chile se mueve dentro del espectro del concepto tradicional de
Pobreza el que est basado en la Canasta de Necesidades Bsicas, y
que se reajusta cada ao segn el IPC. Est definicin claramente
resulta simplista al momento de entender la Pobreza en Chile al
centrar el concepto en una carencia material. Por ello, concuerdo
con una definicin de Pobreza que la comprenda con las siguientes
caractersticas; a) Relativa segn la produccin de riqueza de un pas,
b) Multifactorial en sus causas, c) Multidimensional en sus
manifestaciones y d) Que requiere soluciones integrales. Una
aproximacin a un concepto ms complejo de Pobreza est contenida en
el documento Umbrales Sociales para Chile: Hacia una Futura Poltica
Social (2009) elaborado por la Fundacin para la Superacin de la
Pobreza. Uno de las principales deficiencias de la concepcin
tradicional utilizada es que no pone en relacin la pobreza con la
realidad de la desigualdad en la distribucin de ingresos y el
acceso a los servicios de la sociedad. Mientras no se cambie la
conceptualizacin de la pobreza y su mtodo de medicin por parte del
Estado, estamos obligados a remitirnos a los datos arrojados por la
Encuesta CASEN y otros instrumentos al momento de hacer una
reflexin sobre la Poltica Social en Chile. 3. La Poltica Social en
los Gobiernos de la Concertacin Como se ha sealado en varios
documentos, durante los aos de la Dictadura Militar se impuls una
radical transformacin en lo que se refiere a las responsabilidades
en materia de desarrollo social. Bajo la doctrina neoliberal
adoptada en este periodo el crecimiento
30. econmico es la principal Poltica Social (Vidal, 2006).
Junto con esto, como sealan Quiroz y Palma se proclam que la
dinmica impulsora de la intervencin social deba salir del Estado y
desplazarse al mercado (2001: 2). Es en este periodo que se
desarrollan radicales transformaciones en el sistema de previsin
social, junto con el aumento del sector privado en la administracin
de la educacin (bsica, media y superior) y la salud a travs de la
creacin de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Esto
apuntaba a una responsabilizacin individual acerca de la proteccin
social de las familias que podan (o se supone que podan segn la
lgica de los reformadores) satisfacer sus necesidades por su
cuenta. Por esto motivo, las polticas sociales del Estado se
dirigen a la pobreza extrema, es decir, a aquellos que no se pueden
incorporar al mercado de satisfactores, prefiriendo los programas
focalizados. Ms an, el concepto que sirvi para identificar a los
beneficiarios de la red social es el de "pobre", entendido como
aquel segmento cuyos ingresos familiares suman por debajo de un
lmite prefijado (la "lnea de pobreza"). Los gobiernos de la
Concertacin de Partidos por la Democracia ganan las elecciones en
un escenario de gran efervescencia y expectativas por la
recuperacin de la Democracia. No obstante, la transicin comienza
con moderacin intentando conciliar elementos instaurados por la
Dictadura Militar con propuestas del nuevo gobierno. De esta forma,
en lo que se refiere a la Poltica Social los gobiernos de la
concertacin coinciden en que el crecimiento econmico es el
mecanismo fundamental para solucionar la pobreza, mantener su
macroeconoma y su dinamismo exportador. Sin embargo, a ello le
agregaron la necesidad de aumentar el gasto social, mejorar la
focalizacin de la poltica social, en el sentido de incorporar los
nuevos problemas que presentan los pobres, en cuanto a
territorialidad y/o grupos vulnerables (Vidal, 2006: 126). Como se
puede apreciar, en la transicin democrtica la focalizacin se
mantiene como lineamiento de la Poltica Social. Al mismo tiempo, es
necesario reconocer que los gobiernos de la Concertacin van
generando resultados en reas bsicas para el desarrollo del pas como
lo son la cobertura universal en educacin primaria, reduccin de la
desercin escolar, disminucin de la mortalidad infantil, desaparicin
de la desnutricin y aumento de la esperanza de vida (Hardy, 2011),
por dar algunos ejemplos. Incluso se logra reducir la pobreza
significativamente (segn el concepto y la medicin heredada por la
Dictadura Militar).
31. Dentro de estas medidas de los gobiernos de transicin, un
hito relevante para la Poltica Social en el pas es la creacin en el
gobierno de Lagos del Programa Chile Solidario en el ao 2002. Este
programa surge frente a la advertencia de que existe un tipo de
pobreza resistente, frente a la cual los programas gubernamentales
anteriores no lograron los resultados esperados. Para ello, se
asume con mayor nfasis la multiplicidad de dimensiones que componen
la condicin de pobre, y la necesidad de actuar frente a todas
ellas, por lo que el Estado, a travs de la poltica social asume un
rol proactivo, el cual se traduce en que identifica su poblacin
objetivo (las familias en extrema pobreza) y acude a entregarles
las prestaciones a travs de un trabajo directo y personalizado.
Aspecto que rompe con la tradicional dinmica de la poltica social
de responder a la demanda que hacen los propios individuos o
colectivos (Vidal, 2006: 127). El gobierno de Michelle Bachelet
(2006-2010) asume con un fuerte nfasis en avanzar en las
problemticas sociales no resueltas por los gobiernos anteriores de
la coalicin poltica. Dentro de su gestin podemos resaltar la
conformacin del llamado Sistema de Proteccin Social constituido por
dos aspectos claves en materia de Poltica Social. En primer lugar,
est la reforma hecha al sistema previsional de capitalizacin
individual heredado de la Dictadura, la que si bien no modifica su
naturaleza de organizacin, entrega mayores garantas para que
aquellas personas que no lograron cotizar lo suficiente para una
pensin mnima. Una segunda medida de Michelle Bachelet, fue la
conformacin de un Sistema ms Integrado de Proteccin Social basado
en la Vulnerabilidad. Algo destacable dentro de este Sistema de
Proteccin Social, es la preocupacin por potenciar las polticas de
infancia a travs del Programa Chile Crece Contigo. A esta altura,
podemos decir que los gobiernos de la Concertacin (especialmente en
el ltimo periodo) asumieron la gestin de la Poltica Social a travs
de mejoras en las coberturas y el grado de subsidiariedad. Todo
ello sin cuestionar los fundamentos polticos bajos los cuales se
construye este tipo de Poltica Social, es decir, sin alterar de
manera profunda la relacin entre Mercado y Estado en lo que se
refiere a Previsin Social, Asistencia Social y Salud. Los gobiernos
de la Concertacin finalizan su gestin con una balde de agua fra,
los resultados de la ltima Encuesta CASEN aplicada el ao 2009
refleja una aumento de la pobreza en Chile a un 15,1% (aumento de
1,4% en comparacin al ao 2006) sumando 2
32. millones y medio de personas aproximadamente. Esto, si bien
tiene algunas explicaciones por la coyuntura internacional (crisis
econmica que trajo consigo alza en los precios de los alimentos y
aumento del desempleo en varios pases), pone en duda el exitismo
imperante en Chile acerca de la lucha contra la pobreza. 4.
Tendencias Actuales de la Poltica Social en Amrica Latina Amrica
Latina en esta ltima dcada ha experimentado un cambio significativo
en la orientacin poltica de algunos pases de la regin, imperando
una tendencia hacia la centro- izquierda (Venezuela, Brasil,
Argentina, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Uruguay y Bolivia) Con sus
matices ideolgicos y de resultados, el protagonismo de la izquierda
en Latinoamrica refleja el descontento de la poblacin con la
poltica econmica adoptada en sus pases (especialmente, a partir del
Consenso de Washington) y la importancia que la ciudadana le otorga
a los temas sociales dentro de la Agenda Pblica. Muestra de esto es
el generalizado aumento que ha tenido el Gasto Social en la regin,
pasando el gasto social desde el 12,3% del PIB en el perodo
1990-1991 al 18,4% en 2007-2008 (CEPAL, 2010). Dentro del aumento
generalizado en el gasto social, se destacan los pases de Cuba,
Brasil, Argentina y Uruguay como aquellos que lideran en el
porcentaje del Producto Interno Bruto destinado al Gasto Social.
Esta prioridad por el Gasto Social ha estado presente incluso en
aquellos periodos de declive econmico donde se dificultad la
destinacin de recursos en materia social. Al parecer, los Estados
latinoamericanos han aprendido parcialmente una leccin de los aos
ochenta y noventa, el no sacrificar a la poblacin ms pobre en los
momentos de crisis sino que velar por mecanismos para apoyar a sus
habitantes en estas situaciones de riesgo. Pero ms all del gasto
social en la regin, la mayora de los pases han logrado avanzar en
la reduccin de la pobreza. No deja de llamar la atencin, que segn
el informe citado de la CEPAL (2010) los pases con mejores
resultados en reduccin de la Pobreza en la ltima dcada son
Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela. No se hace mencin especial
a Chile, ya que si bien tuvo resultados significativos en los aos
noventas, parece estancarse en sus logros de reduccin de la
pobreza. Esta revisin del panorama regional nos permite salir de
la
33. burbuja analtica donde se ve a Chile como pas modelo y
observar que existen otras experiencias y logros que son necesarias
de incorporar en la discusin. 5. Algunas tendencias de la Poltica
Social en el Gobierno Piera Hecha esta contextualizacin nacional y
de Amrica Latina, nos centraremos en el discurso y las medidas
adoptadas por el gobierno Piera en Poltica Social. Si bien Sebastin
Piera y la Coalicin por el Cambio (alianza de partidos de
centro-derecha) en su discurso valoran los avances logrados por los
gobiernos anteriores en materia de reduccin de la pobreza y la
poltica de Proteccin Social, su mensaje hacia la ciudadana en la
Campaa Electoral realiza un duro anlisis sobre la ejecucin de las
polticas sociales y su ineficacia para superar la pobreza, como se
puede apreciar en este extracto; Desgraciadamente, nuestras
polticas sociales presentan un grave problema de diseo. La
compartimentalizacin sectorial que prevalece se traduce en la
prctica en que cada ministerio acta en forma desarticulada de las
dems reparticiones pblicas, lo que no permite satisfacer los
requerimientos de focalizacin y de calidad que son fundamentales.
Falta entonces una mirada global de la poltica social. De hecho,
slo el 10% del gasto pblico clasificado como Gasto Social
corresponde efectivamente a gasto orientado a programas para
combatir la pobreza. Falta un mejor Estado, que le de urgencia al
combate contra la pobreza y que desarrolle mejores polticas (Piera,
69: 2009). Se puede desprender de esto que para la Coalicin por el
Cambio la lucha contra la pobreza tiene como principal solucin la
buena gestin. Por ello, el proyecto emblemtico del gobierno de
Piera en este mbito es la creacin del Ministerio de Desarrollo
Social que coordinar todas las polticas orientadas a erradicar la
pobreza y reducir los niveles de desigualdad excesivos (Gobierno de
Chile, 27: 2010), reemplazando al Ministerio de Planificacin. Sus
funciones bsicas pretendidas son; I. Mejorar la vinculacin entre
los programas sociales de distintos Ministerios ejerciendo un mayor
protagonismo como ente coordinador. II. Mejorar las evaluaciones de
impacto de los programas para medir sus resultados efectivos para
la superacin de la pobreza.
34. III. Ampliar los sistemas de transferencia monetaria a
travs del Ingreso tico Familiar, que consta de una asignacin por
integrante para las familias ms vulnerables. Parte de la entrega
monetaria estar condicionada porque la familia cumpla con
exigencias bsicas como controles de salud de los nios al da,
matrcula y asistencia mnima para aquellos que estn en edad escolar.
IV. Modificacin de la Ficha de Proteccin Social3 con el fin de
mejorar su focalizacin de las familias que ms necesitan ingresar a
los programas de proteccin del Estado. V. Aumentar la produccin de
informacin sobre los programas sociales y mejorar los sistemas de
medicin de la pobreza, lo que permitira tomar una mejor decisin al
momento de disear polticas (MIDEPLAN, 2010). Estos puntos resumen
la innovacin que el gobierno Piera incorpora a la Poltica Social en
Chile. Fuera de estas medidas anunciadas por el nuevo gobierno, hay
un conjunto de programas sociales que le anteceden y que conforman
la Poltica Social actual. Por lo tanto, lo que queremos demostrar
con nuestro anlisis es que no podemos sostener que el Gobierno
Piera tiene un funcionamiento puramente ultraneoliberal en su
gestin de la Poltica Social. Su gestin se trata de una unidad
contradictoria por momentos y en tensin ideolgica, pero de la cual
podemos identificar tres aspectos; a) Sus rasgos Asistencialistas,
b) La continuacin de la estructura de Sistema de Proteccin Social
proveniente de los gobiernos de la Concertacin y c) El nfasis en la
figura de la Eficiencia como elemento diferenciador y pilar de su
gestin en materia social. 5.1. El comienzo asistencialista No deja
de llamar la atencin que la primera ley promulgada por Sebastin
Piera haya sido el llamado Bono Marzo4 . Se trataba de una de sus
mayores promesas de campaa5 , apenas 3 Instrumento de evaluacin
socioeconmica de las familias de Chile para acceder a los programas
y servicios del Estado. Clasifica a las familias segn su condicin
de vulnerabilidad (mayor a menor) en tramos o quintiles. 4 Consiste
en una transferencia monetaria directa a las familias ms pobres de
Chile, en donde el Estado transfera en el mes de Marzo $40.000
pesos chilenos (U$80 aproximadamente) por cada carga familiar. 5
Debido a que la tasa de desempleo en el prximo mes de marzo
continuar siendo elevada, y que en ese mes las necesidades de los
sectores ms vulnerables aumentan por los requerimientos escolares,
cuotas de crditos de navidad, permisos de circulacin y otros, se
entregar el Bono Marzo por un monto de $40.000 por carga familiar
(Piera, 71: 2009)
35. llegara al gobierno, los ms pobres de Chile tendran dinero
en sus bolsillos. As fue, el presidente dio la orden y la gente
qued feliz con efectivo para enfrentar uno de los meses ms difciles
en trminos de presupuesto familiar El presidente haba salvado el
da. Por qu se trata de una medida Asistencialista?, porque no es
una medida que se pretendi institucionalizar como derecho sino que
se distribuy una vez y su futura entrega depender de la voluntad de
la autoridad y no de una poltica de Estado para enfrentar la
pobreza. Esto demuestra el riesgo que existe de que el gobierno de
Piera caiga en la lgica asistencialista, debido a que el enfoque de
derechos no es un elemento relevado dentro de su discurso. 5.2.
Continuidad del Sistema de Proteccin Social En las elecciones
presidenciales del ao 2009 en Chile era un acuerdo de los sectores
polticos para la importancia del Sistema de Proteccin Social que se
haba logrado consolidar en los gobiernos anteriores. Programas
emblemticos de la Concertacin como Chile Solidario y Chile Crece
Contigo no eran cuestionados en sus fundamentos sino que se
sealaban diferencias acerca de su modo de implementacin y sus
nfasis. Por este motivo, podemos apreciar que gran parte de los
programas sociales se han mantenido y ms all de ellos, el discurso
de la Proteccin Social ha sido adoptado por el nuevo gobierno, como
lo seala el actual Ministro de Planificacin Felipe Kast esta
poltica demuestra que la proteccin social no es patrimonio de un
sector poltico, sino un valor compartido en la sociedad chilena. El
desafo ahora es complementar la proteccin social con la promocin
social, generar seguridades y al mismo tiempo generar oportunidades
y movilidad social (El Mercurio, 2011). Esto se puede apreciar
incluso en medidas emblemticas del nuevo gobierno como el Ingreso
tico Familiar, que se trata de ampliacin del sistema de
transferencias condicionadas instauradas con el Programa Chile
Solidario en el ao 2002 (Hardy, 2011). El carcter fundacional,
innovador y mesinico en el discurso de las autoridades de gobierno
se contradice en lo concreto por un continuismo en la base de la
poltica social. 5.3. La eficiencia como pilar de la gestin de la
Poltica Social Pero no todo poda ser continuidad, la Eficiencia
aparece como elemento diferenciador que
36. unifica la nueva gestin de la Poltica Social en el gobierno
Piera. Lo podemos apreciar cuando revisamos las acciones del
Ministerio de Desarrollo Social, muchas de sus funciones apelan a
la coordinacin, la focalizacin, la medicin y la evaluacin como
herramientas para mejorar los programas para lo pobreza. Pero no
slo est presente este componente cuando se habla de la Poltica
Social sino que la Eficiencia como concepto es la base del discurso
de la coalicin poltica al momento de plantear las tareas del
Estado. No es casual que el Slogan del Piera sea La Nueva Forma de
Gobernar. Lo que se quiere trasmitir a la ciudadana es que este
gobierno sabe hacer las cosas, no cae en los vicios de corrupcin o
clientelismo poltico detectados durante la Concertacin, le pone
atajo a las situaciones en el momento preciso, pero por sobretodo
que es eficiente en el manejo de los recursos y en el logro de
resultados (Piera, 2009). Por estos das cuestionar la importancia
de la eficiencia parece una hereja, algo polticamente incorrecto,
nadie quiere ser ineficiente. Pero Qu est detrs de este consenso?
Qu es lo que se hace o se pretende hacer en el nombre de la
Eficiencia? Un ejemplo de lo que es Eficiencia para el nuevo
gobierno es la propuesta de modificacin de la Poltica Habitacional
de Fondo Solidario de Vivienda (FSV), en donde se quiere eliminar
la obligatoriedad de que las postulaciones a viviendas nuevas sean
colectivas debido a lo engorroso del proceso. Adems, se quiere dar
la libertad al usuario-cliente de la Poltica Social de escoger la
modalidad que prefiere para acceder a la vivienda. Otro ejemplo de
esta concepcin de Eficiencia es la reduccin presupuestaria a
programas de trabajo con la comunidad para fomentar la participacin
de las familias ms vulnerables (como por ejemplo, los programa del
Fondo Solidario de Inversin Social, FOSIS). En general, los pocos
programas comunitarios existentes desde el Estado no han sido bien
evaluados por este gobierno al ser considerados de poco impacto y
poco efectivos en sus resultados. En ambos ejemplos, la prioridad
tiene que ver con la mejora del servicio ms que potenciar procesos
de participacin y asociatividad en la superacin de la condicin de
pobreza. Frente a la ineficiencia de programas como los
ejemplificados anteriormente, la focalizacin surge como una de las
grandes herramientas para ser Eficiente en la Poltica Social.
La
37. consecuencia de esto es el establecimiento de sistemas de
focalizacin suficientemente eficaces como para que los recursos
lleguen estrictamente a la extrema pobreza. No se trata, por tanto,
de actuar sobre la pobreza, sino cuando ella es extrema. (Oneto, 4:
2001) Observando estas tendencias, me atrevo a afirmar que la
centro-derecha chilena en el Gobierno busca justificar bajo
argumentos tcnicos sus opciones ideolgicas acerca de cmo debe ser
la Poltica Social del Estado para enfrentar la pobreza y la
desigualdad. Desde nuestra perspectiva la Eficiencia no es neutral,
la definicin acerca de lo que es Eficiente tiene detrs una
concepcin acerca de la naturaleza del problema que pretendo
resolver y el tipo de resultado de resultado que espero lograr,
estas posiciones definen nuestra visin acerca de cul es la mejor
decisin para enfrentar la pobreza. Adems, la Poltica Social no se
puede entender descolgada de la concepcin global que tiene el
gobierno acerca del Estado y su funcin dentro de la actividad
econmica y social del pas. En esta direccin, es muy aclarador lo
sealado por el propio Piera en su programa de gobierno; En nuestro
Gobierno, el Estado tendr un rol fundamental, cumpliendo la
ineludible labor de proveer los bienes y servicios pblicos que la
sociedad necesita. Entre ellos resulta trascendental la proteccin
de los sectores ms dbiles con programas eficientes en salud,
educacin, seguridad ciudadana, justicia y asistencia para los
pobres y la clase media abandonada. Igualmente el Estado debe
regular aquellos mercados donde no existe competencia y donde se
daa el medio ambiente. Pero el Estado no lo puede hacer todo. A
diferencia de la Concertacin no queremos un Estado gigante y
burocrtico, que haga mal lo que no debe hacer y sea incapaz de
hacer bien lo que s tiene que hacer (32: 2009). 6. Nudos Crticos en
los Municipios La tendencia del gobierno Piera en materia de
Poltica Social tiene un directo impacto en el trabajo que
desarrollan los Municipios en Chile, pas caracterizado por un
marcado centralismo Estatal al momento de tomar las decisiones
sobre la gestin de la Poltica Pblica. Dentro de la labor de los
Municipios se deben considerar las siguientes consecuencias
posibles.
38. En primer lugar, un nudo crtico que se arrastra desde los
gobiernos de la Concertacin, y es transversal a nivel poltico,
tiene que ver con la escasa capacidad de gestin de los Municipios.
El gobierno Piera propone un cambio en las instituciones del Estado
nacional, sus mecanismos de evaluacin. El Ministerio de
Planificacin se transforma con bombos y platillos pero los
Municipios en general y su gestin de las polticas sociales en
particular, continan con una estructura del siglo XIX en crisis que
no logra hacer frente a las demandas que deben asumir los gobiernos
locales para reducir la pobreza y la desigualdad. Como segundo
punto, est la agudizacin de la Focalizacin en el otorgamiento de
prestaciones sociales. El discurso del gobierno de la Coalicin por
el Cambio ha acentuado acabar con la pobreza dura, principalmente a
travs del fortalecimiento de un sistema de transferencias
monetarias condicionadas (proyecto Ingreso tico Familiar). No se
aprecia en qu medida se ampliar el Sistema de Proteccin Social
Chilena a la clase media (como tanto se prometi en las Campaas
Presidenciales), o mejor dicho, a aquella parte de la clase
trabajadora que est en riesgo de caer en una situacin de pobreza.
Son los gobiernos locales los que se ven obligados a contener a la
poblacin que queda excluida de los programas sociales, la cual
presiona el sistema local con sus demandas y expectativas
frustradas. Una tercera consecuencia posible es la reproduccin de
la lgica asistencialista a nivel local. No hay mejor lugar para
practicar el asistencialismo que el espacio local, el contacto
directo con la comunidad y la histrica relacin de cohecho,
paternalismo y clientelismo con las autoridades locales, lo hacen
un lugar privilegiado. Es comn escuchar a nivel local comentarios
de los usuarios acerca de la bondad de las autoridades por su
disposicin a ayudarlos. De continuar medidas como el Bono Marzo
(vale decir, que son medidas que la Concertacin tambin utiliz),
aparece el fantasma de esa parte triste de dependencia y de
precariedad de ciudadana que cruza nuestra historia. Finalmente,
una consecuencia de lo lgica impulsada por el gobierno Piera es la
falta de prioridad a otras dimensiones de la pobreza y la
desigualdad como lo son la participacin, la autogestin y las
relaciones comunitarias. El cuestionamiento acerca del impacto de
los programas que relevan esta dimensin orienta a que los
Municipios ejecuten iniciativas individualizantes centradas en la
satisfaccin en el servicio del usuario. La participacin es
39. importante en primer lugar ya que la experiencia concreta
ensea que promover y poner en marcha modelos participativos
genuinos significa, en definitiva, da resultados muy superiores en
el campo social a otros modelos organizacionales de corte
tradicional, como los burocrticos y los paternalistas (Fundacin
para la Superacin de la Pobreza, 2009). Pero, ms all de los
beneficios de gestin, la participacin es un principio
democratizador donde los sujetos pueden decidir la mejor respuesta
para enfrentar las desigualdades y para mejorar su contexto. A
partir de este escenario, es importante que surjan las alternativas
desde los gobiernos locales que entienden la Pobreza y la
Desigualdad desde otra concepcin poltica. Es primordial;
posibilitar instancias de participacin de los usuarios de los
programas sociales en la ejecucin, incentivar programas que
contrarresten la tendencia asistencialista (programas de generacin
de empleo y de capacitacin) y, enfatizar la autogestin comunitaria
dentro de la gestin que el Municipio realiza en el rea social a
nivel transversal (infraestructura, vivienda, salud, capacitacin,
etc.) En definitiva, poner en entredicho las acciones que en la
actualidad son hechas en el nombre de la Eficiencia. Personalmente,
no tendra cuestionamientos al concepto de Eficiencia en Poltica
Social si este trmino estuviera ligado directa y necesariamente a
los conceptos de Derechos Sociales Garantizados, Descentralizacin y
Democracia. Mientras tanto, permtanme el beneficio de la duda.
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