TEMA DE LA SEMANA

La nueva ley de educación y el desafío de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos

El 14 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación aprobó la

nueva Ley Nacional de Educación, que reemplaza el marco jurídico

que rige en nuestro país desde 1993. Muchas son las expectativas

que la sanción de la nueva ley genera. Las políticas implementadas

en los ’90 –que profundizaron la fragmentación entre las

jurisdicciones y crearon condiciones de extrema desigualdad

educativa– condujeron al sistema a una situación crítica. En un

contexto político renovado, la nueva ley aparece como el principal

referente de un proyecto nacional que busca fortalecer los principios

básicos sobre los que se sustenta la educación pública: la equidad, la justicia, la solidaridad, el bien común. Sin

embargo, ¿alcanza una ley para revertir la situación de escolarización degradada en la que se encuentran

muchísimos argentinos? Una propuesta para empezar el año reflexionando y debatiendo en el aula sobre la

escuela que necesitamos.

La herencia de los ’90

La llamada Ley Federal de Educación rigió las políticas públicas en la materia desde su promulgación en 1993.

Acorde a los principios que orientaron las políticas del gobierno argentino en la década de 1990, la Ley Federal

tuvo entre sus principales características una transferencia de las responsabilidades de las políticas educativas

y de su financiamiento de la nación a las provincias. Esto implicó una notable multiplicación y fragmentación de

los modelos educativos en el país y acentuó las desigualdades ya existentes en el sistema educativo nacional.

La modificación de la estructura de la educación básica y media llevó a que la mayoría de las jurisdicciones (con

excepción de la Ciudad de Buenos Aires) reemplazaran la antigua escolaridad primaria de siete años por un

ciclo de Educación General Básica de nueve (que sumado al nivel inicial, conformaba un bloque obligatorio de

diez años) y agregaran un ciclo Polimodal opcional de tres años, el antiguo último trienio de la vieja escolaridad

secundaria de cinco. Con el paso del tiempo, las controversias se desataron en diversos frentes. El trasfondo de

la ley denotaba una preocupación primordial por incluir a la escuela en una lógica de mercado que privilegiaba la

eficacia en el gerenciamiento, la competitividad, la organización de rankings basados en modelos evaluativos

ajenos a la realidad de las provincias. Por otro lado, la ausencia de una política clara respecto de la capacitación

docente; la falta de articulación entre los niveles; la ausencia de recursos financieros que, en muchas provincias,

imposibilitaron la implementación del tercer ciclo; contribuyeron a conducir al sistema a una aguda crisis. A trece

años de la puesta en vigencia de la ley y en un contexto político nacional diferente, se hizo evidente la

necesidad de discutir una nueva legislación que pusiera marco a las políticas educativas nacionales.

Los proyectos

En esas circunstancias, a comienzos de 2006 el Ministerio de Educación de la

Nación lanzó una consulta pública que invitaba a debatir en torno a las

problemáticas que guiarían la confección de la nueva ley en sus principios

fundamentales. Tras el período estipulado y luego de un debate que involucró

a gran parte de la comunidad educativa y logró visibilidad en los medios, el

gobierno nacional presentó su proyecto de Ley Nacional de Educación en el

Congreso.

No era, por cierto, el único proyecto disponible: existían otros seis, surgidos de diferentes bancadas

parlamentarias, que eran tan disímiles como quienes los propugnaban. Salvo por un punto compartido: todos

proponían la derogación de la vieja Ley Federal y no su reforma. Entre los distintos proyectos, el de la Red de

Encuentro Social sugería la disolución del Ministerio de Educación; el del diputado Jorge Vanossi (del PRO), el

retorno liso y llano a la Ley 1420 de 1884, pero con una escolaridad obligatoria de 14 años, y el del ARI optaba

por una dotación presupuestaria para educación igual al 6% del PBI y una propuesta de erradicación del

analfabetismo en dos años. A pesar de todo, el Senado sólo trató el proyecto oficial y lo aprobó velozmente,

dando paso a un trámite semejante en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 34 votos en contra.

¿Qué establece la nueva ley?

La nueva Ley Nacional de Educación, que de acuerdo con el ministro Daniel Filmus es “un primer paso para

construir la escuela que soñamos, aunque no resuelve todos los problemas de inmediato”, busca, en general,

restablecer las obligaciones del Estado nacional respecto de la educación primaria y media y paliar la

fragmentación resultante de la vieja Ley Federal.

En primer lugar, la nueva ley aumenta la educación obligatoria de 10 a 13 años y restablece el antiguo formato

de primaria y secundaria, aunque deja en manos de las provincias la decisión respecto de si la primaria tendrá

seis o siete años. En segundo lugar, aumenta las exigencias para la carrera docente, que se extenderá a cuatro

años con residencia obligatoria para la formación de docentes del nivel inicial y primario, y promueve la creación

de una política unificada de actualización profesional a través de un Instituto Nacional de Formación Docente.

En tercer término, la ley garantiza la enseñanza de un segundo idioma y el acceso de los alumnos a las nuevas

tecnologías de la comunicación y la información, junto con una “formación integral para una sexualidad

responsable”. Además, impone como principio el respeto de la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e

intimidad de los padres y alumnos; y deja sentada una preocupación por el espacio educativo, en disposiciones

como la garantía de la existencia de salas de lactancia en escuelas donde haya madres. Un dato fundamental:

según el nuevo ordenamiento jurídico, el Estado se compromete a garantizar en 2010 un mínimo del 6% del PBI

anual para invertir en educación (hoy el presupuesto educativo no alcanza el 5%).

¿Diferentes o parecidos? Críticas y apoyos al nuevo marco jurídico

Durante el trámite legislativo, la ley cosechó apoyos de diversos

sectores. Al oficialismo, se sumaron gremios educativos, como la

CTERA, que apoyaron con movilizaciones tanto a la ley como al

mecanismo de su concepción a partir de una consulta pública. Sin

embargo, el consenso no fue absoluto. Algunos diputados

opositores plantearon cuestionamientos de diverso tipo. Jorge

Vanossi sostuvo que “la nueva ley reproduce los defectos de la

anterior y no incorpora algunas virtudes”, mientras que los

tucumanos Ricardo Bussi y Delia Pinchetti reclamaron porque “la

familia debería estar en primer lugar entre los responsables de la educación de los niños y la ley no incluye la

religiosidad y la espiritualidad”. El gobierno no fue ajeno al uso político de la ley: cuando el presidente Kirchner

firmó su promulgación, afirmó que lo hacía “ante el futuro jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, en

referencia al candidato del oficialismo en las próximas elecciones, el ministro Filmus.

Pero más allá del debate político cotidiano, hubo apoyos y objeciones que denotan oposiciones más profundas.

La directora general de Educación bonaerense, Adriana Puiggrós, consideró que la nueva ley “garantiza el

compromiso del Estado en la educación e impone principios que permitirán reconstruir el nivel inicial, primario y

secundario”. Las críticas más fuertes de un lado del espectro ideológico procedieron de la Iglesia, que en un

documento titulado “Ante la nueva Ley de Educación Nacional” hizo hincapié en dos cuestiones. Por una parte,

demandó que el Estado financiara no sólo la educación pública, sino también la privada. Por otro lado, no

conformes con el respeto a la libertad de conciencia garantizado por la ley, los obispos exigieron “un nuevo

instrumento legal para todos los argentinos, que dé la posibilidad a cada alumno de conocer, amar y creer en

Dios, Creador y Padre de todos”. Tiempo después, el Episcopado criticó la inclusión de protocolos de

planificación familiar en la ley y cuestionó la “excesiva centralización del sistema educativo” que sería

consecuencia del nuevo marco legal.

Por su parte, pedagogos y educadores de diversa extracción, como Nélida Baigorria y Mariano Narodowsky,

propusieron críticas en un sentido diferente. Observaron, por un lado, que la ley no modifica algunos parámetros

de fondo de la vieja Ley Federal, entre ellos la “transformación de los alumnos en clientes” (Narodowsky) y una

permisividad excesiva con la educación privada, que coloca al Estado en un rol subsidiario: cumplirá una función

supletoria “en aquellos casos en los cuales la demanda no satisfaga los objetivos económicos o ideológicos de

la oferta privada” (Baigorria). Baigorria consideró a este último punto una subordinación de las políticas

educativas al mercado. Como se ve, la nueva ley, con logros evidentes y críticas variopintas, no clausuró el

debate sobre la educación en Argentina.

Lo que resta por hacer

La persistencia de ese debate se vincula con las particularidades de

la educación en el país, que ninguna ley puede resolver

inmediatamente o por sí sola. Entre estos temas están el cada vez

mayor desinterés que presentan los jóvenes argentinos por iniciarse

en la docencia, algo evidente en las estadísticas de la Secretaría de

Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que muestran un leve

pero constante decaimiento de la matrícula en los Institutos de

Formación Docente porteños desde 2003. Este problema surge en

gran medida de las condiciones laborales de los docentes en el país.

Pero también de cierto descrédito del que ha sido objeto el sector educativo en los últimos tiempos. Es

consecuencia, además, del juicio crítico que los propios docentes expresan acerca de las instituciones que

integran.

Por otra parte, el nuevo marco normativo del sector educativo argentino no estará completo hasta que se revea

la Ley de Educación Superior, también herencia de la década de 1990, un debate que el ministro Filmus y la

comunidad universitaria propusieron para este año. De todas maneras, no se trata de un problema

exclusivamente argentino: en el último tiempo, en contextos diversos, España también sancionó una reforma de

la ley educativa de los ’90 (mayo de 2006) y el gobierno venezolano planteó la necesidad de una nueva ley. En

ambos casos, el debate es muy profundo y revela diferentes concepciones de la educación, el Estado y lo que

es dable esperar para el futuro