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Carmen Rosa de León-
Escribano
IEPADES
Universidad de
Loyola
Acapulco Febrero 2013
Seguridad ciudadana,
gobernabilidad y convivencia
democráticas
Los
Conceptos
La seguridad en todos sus ámbitos es
el reflejo de las políticas públicas
(acción u omisión) emanadas desde
el Estado para enfrentar lo que
considera son sus riesgos y
amenazas. Por ello, el concepto de
seguridad está entrelazado con lo
que el Estado considera son el objeto
y sujeto de aquellas acciones que
debe realizar para lograr garantizarles
seguridad en el contexto nacional e
De la doctrina de seguridad
nacional al concepto de seguridad
humana
DSN: el bien a proteger es el Estado y sus
instituciones de una amenaza ideológica y una
estructura económica establecida. El Estado se
organiza para garantizar el control social, ya que
los principales enemigos provienen de la misma
sociedad. Concepto estatocéntrico.
Seguridad Humana: El bien a proteger es la
persona y por tanto el bien común. Los riesgos y
amenazas provienen de las carencias
estructurales. Concepto antropocénctrico.SENTIRSE LIBRE DEL MIEDO Y LIBRE DE
LAS NECESIDADES
Seguridad
tiene un carácter intangible y subjetivo, ya que
depende de la percepción del sujeto: la persona
humana. Sentirse seguro implica no sentir temor
de sufrir agresión alguna en el hogar o en la
calle, teniendo certeza que sus derechos serán
defendidos por el Estado a través de sus
instituciones..
puede definirse como el conjunto de condiciones
sociales, políticas, económicas, culturales e
institucionales que garantizan el adecuado y
normal funcionamiento de la comunidad y la
convivencia ciudadana, garantizando una vida
digna a todos los miembros de una sociedad.
La seguridad es una condición imprescindible
para la libertad, el desarrollo y la democracia.
Por tanto no podemos pretender que ésta
sea exclusiva responsabilidad de los cuerpos
policiales.
La seguridad se convierte en expresión y
resultado de una serie de políticas orientadas
a fomentar la cohesión social, garantizar el
desarrollo y las libertades ciudadanas y la
certeza del buen funcionamiento de las
instituciones públicas encargadas de
proporcionar un ambiente seguro.
Las amenazas y riesgos a la seguridad han cambiado de forma y origen desde la perspectiva del Estado y la Sociedad:
bandas del crimen organizado (tráfico de personas, contrabando, robo de vehículos)
delitos atribuibles a los grupos de apoyo del narcotráfico y narcoactividad
delincuencia común focalizada principalmente en la acción de pandillas juveniles
violencia en el hogar y la escuela
pobreza extrema
deterioro ambiental
proliferación de armas
El concepto transita del Estado y su seguridad como objetivo hacia la responsabilidad de la sociedad en brindar seguridad a todos sus integrantes.
Es la persona y sus derechos lo que constituye el objetivo de la seguridad.
Seguridad se amplía a la garantía de que las necesidades de la sociedad, sobre todo de sus grupos más vulnerables, estén plenamente satisfechas.
Las nuevas agendas de seguridad deberán diseñarse a partir de la reconceptualización de la seguridad y sobre la base del reconocimiento de la ausencia de amenazas tradicionales frente a la relevancia de amenazas no tradicionales, que incluyen nuevos riesgos y vulnerabilidades, ajenos a su anterior concepción, cubriendo lo ambiental, lo económica y lo social, primordialmente
Si se parte de la persona y su
seguridad como bien a proteger,
entonces se trasciende de la
protección de la vida y sus bienes
como punto focal de las instituciones
hacia la garantía de satisfacción de
las necesidades básicas que permiten
a la persona “ser” en sociedad.
Desafíos del Estado:
Garantizar la seguridad directa
Generar el entorno favorable para el desarrollo
Seguridad Humana
seguridad económica
alimentaria
de la salud
medioambiental
personal
comunitaria
política.
Seguridad Nacional Seguridad Pública
Seguridad Ciudadana
Mantener la unidad del Estado
Defender la soberanía nacional y la integridad del territorio
Velar por un desarrollo económico, social y político equitativo
Velar por el bien común garantizando la convivencia pacífica y el orden público
Expresar y exteriorizar el ordenamiento jurídico vigente buscando mantener la unidad de la sociedad
Es obligación del Estado proteger, respetar y defender la integridad física de los ciudadanos y la propiedad privada, mediante mecanismos de control penal, prevención del delito, y procuración de una efectiva administración de justicia.
Garantizar la convivencia pacífica y una condición social de orden y tranquilidad, respondiendo a la necesidad de eliminar el conflicto, o llevarlo a términos tolerables
Inclusión de participación en el diseño y ejecución de las políticas de prevención del delito ante la situación de inseguridad creciente que experimenta la comunidad
Busca la coordinación de las organizaciones comunitarias y la participación activa de los habitantes
Demanda como condición previa la existencia del libre ejercicio democrático y la estabilidad política.
Responde a la idea de canalizar el conflicto, como medio para el desarrollo y evolución de las expectativas sociales.
la mejora de la seguridad depende de la acción
colectiva coordinada entre las distintas
instituciones de la administración pública, las
fuerzas de seguridad, la participación activa de la
ciudadanía y de las instancias sociales y civiles
en que ésta se agrupa.
En esta lógica, el entorno social cotidiano de ser
percibido por una sociedad no como una
amenaza, sino como un medio que le permite
realizar sus aspiraciones de desarrollo. En este
sentido, la seguridad ciudadana es
responsabilidad compartida entre todos los
sectores de la sociedad.
Ámbitos de la estrategia
ámbito no político en el que la sociedad busca
solucionar los conflictos en el seno de sus
comunidades, prescindiendo de la injerencia del
Estado.
ámbito político. En este nivel, el Estado es
quien promueve la solución, utilizando para ello
el consenso, las leyes y el estado de derecho. En
este ámbito los problemas pueden tener
dimensión nacional, e incluso, internacional.
seguridad pública. Para ello se tiene dentro del
sistema de justicia, mecanismos de reacción que
se utilizan para enfrentar a los individuos o
grupos que no respetan el estado de derecho y
violan la ley. (Salazar 2002: 62-64)
La acción del Estado en el
abordaje de la seguridad
Prevención: Acciones encaminadas a que las
conductas de trasgresión no se produzcan.
Seguridad preventiva.
Intervención: Si el hecho ya se produjo, debe
hacerse una intervención que genere la menor
cantidad de daño posible, con actuaciones que
respeten el estado de derecho y los
procedimientos judiciales y penales.
Protección: Acciones orientadas a las víctimas y
su entorno, restituyendo el estado anterior y
resarciendo los daños.
Seguridad y desarrollo
ILANUD: correlaciones incremento del delito.
Variables:
porcentaje de población joven;
población joven desocupada u ociosa (tiempo
fuera de la familia y de la escuela);
mayor desempleo;
más inequidad en la distribución del ingreso;
menor consumo per cápita;
mayor concentración urbana.
Política pública
Debe formularse a partir de:
el respeto a los derechos humanos,
el reconocimiento a la diversidad de la
población,
una visión de equidad e inclusión
la participación ciudadana efectiva y
la garantía de la protección de los derechos
ciudadanos en todas sus dimensiones.
La descentralización y el peso de los gobiernos
locales
Los ConceptosConvivencia:
es la posibilidad de establecer acuerdos no sólo entre gobernantes y gobernados, sino entre los mismos grupos sociales que coexisten en una sociedad, con la finalidad de lograr en conjunto sociedades justas y equitativas, en las cuáles se logre alcanzar niveles de desarrollo incluyentes para todos sus integrantes
Es un “proceso en construcción”(Juany Guzmán), ya que la sociedad se convierte en el escenario donde los conflictos y las diferencias se deben resolver para lograr un proyecto común y básico que unifique el esfuerzo nacional.
Gobernabilidad:
Es la capacidad articuladora del estamento político
para alcanzar tanto los compromisos consensuados,
como las metas destinadas a lograr ese futuro
preferible
Se evidencia la importancia conductora de los
gobiernos que se traduce en capacidades
permanentes que deben ser puestas en práctica
dentro del proceso de convivencia (política pública)
Es necesaria la legitimidad de los mismos para que
sus acciones sean aceptadas por los diversos
sectores y grupos sociales que se constituyen como
los otros actores del proceso
la gobernabilidad y la convivencia se
fundamentan principalmente en dos aspectos:
En la legitimidad, que está sustentada en la
existencia de un marco regulatorio que se expresa
a través de normas e instituciones socialmente
aceptadas
En la confianza de los miembros de la sociedad en
que ese marco normativo será respetado y que
todos serán tratados en igualdad de
condiciones, sin distinción
En la medida en que el diálogo entre sectores se
perciba como un mecanismo válido para lograr
esos pactos, se verá como una alternativa real de
búsqueda de solución para enfrentar las
demandas producto de la conflictividad social
En la base de los procesos de gobernabilidad y
convivencia democráticas se encuentra el sujeto
y objeto de la acción final de los mismos: la
persona humana.
Es imposible afrontar procesos complejos de
construcción de acuerdos, sin la participación
efectiva de todos los actores
sociales, económicos, culturales y políticos que
conforman una nación
Parte del proceso de gobernabilidad es lograr la
participación de la mayor parte posible de actores
dentro del mismo, lo cual implica brindar el
respaldo y la atención necesarias para que los
grupos, pueblos y sectores tradicionalmente
marginados, puedan incorporarse eficazmente.
La participación debe darse en igualdad de condiciones
La participación se basa en un libre ejercicio de libertades
La libertad es en la práctica un concepto relacional que implica igualdad frente a la ley y equidad en el acceso a los recursos materiales, sociales, ambientales y culturales. En ese sentido, el hecho de pertenecer libremente a un conjunto de sujetos iguales debe necesariamente traducirse de un lado, en la posibilidad de contribuir a la creación de la riqueza material e inmaterial y, de otra, de acceder a una distribución la más equitativa posible de los resultados (Gina Farrell)
La gobernabilidad implica generar condiciones
para la participación: capacidades y seguridad en
todos los ámbitos (certeza y confianza)
Seguridad Humana: libre del miedo
libre de necesidades
La libertad sólo puede realizarse en el
contexto de una percepción basada
necesariamente en la realidad, que tienda a
tener un alto grado de certeza o de
seguridad, de que el Estado brindará las
condiciones para que el ciudadano se sienta
libre de miedo y de necesidades en las
diferentes dimensiones de su entorno privado
y de convivencia. Es decir, que se sienta
seguro para participar y articular esfuerzos.
la seguridad se convierte en la base para que los
procesos de gobernabilidad y convivencia en el
marco democrático se realicen
No puede avanzarse en términos estrictos de
seguridad, fuera del contexto de desarrollo
democrático, incluyente y equitativo.
La seguridad tiene que ver con equidad y acceso
al empleo, a la educación y a la salud
Efectos
Estado debilitado incapaz de generar
satisfactores sociales
Altos índices de violencia asociada
fundamentalmente al uso de armas de fuego
Pérdida del monopolio del uso de la fuerza:
empresas privadas de seguridad
Necesidad de intervención externa para romper
la impunidad
Fuerzas policiales ineficaces y desbordadas
Remilitarización del escenario de la seguridad
Ingobernabilidad, exclusión e incremento de la
conflictividad
Los grupos poblacionales más afectados por los
conflictos en la regiòn continúan siendo las
victimas de un débil estado de derecho y de la
falta de acceso a la justicia:
También se encuentran excluidos del acceso al
desarrollo y la participación plena y eficaz
Inseguridad invisibilizada para las políticas
públicas y para el resto de la sociedad
Mujeres
Jóvenes y niños
Pueblos indígenas
El femicidio en Centroamérica es un problema creciente: en El Salvador y Guatemala donde alcanzaban una tasa de 14 y 10 sobre los homicidios por 100,000 habitantes y por género, respectivamente; en Honduras la tasa es de 6, para disminuir en Nicaragua a 3 y en Costa Rica y Panamá, a 2.(IDHAC 2009-2010)
la probabilidad de que un joven de América Latina muera siendo víctima de un homicidio es treinta veces mayor que la de un joven de Europa y setenta veces superior a la de los jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda. El Salvador ocupa el primer lugar entre los 83 países del mundo que fueron ordenados según la tasa de homicidio de personas entre 15 y 24 años de edad (92,3 muertes por cada 100.000 habitantes) y Guatemala se sitúa en el cuarto lugar (55,4) –después de Colombia (73,4) y de Venezuela (64,2)–; pero incluso los países más “pacíficos” de nuestra región ocupan lugares desfavorables: Panamá está en el puesto 13 (17,8 muertes por 100.000 jóvenes), Nicaragua en el 14 (16, 6) y Costa Rica en el lugar 22 (9,2) (Waiselfisz, 2008)
El alto número de homicidios no sólo es una
consecuencia de problemas derivados de la
existencia de crimen organizado y pandillas;
también responde a la ausencia generalizada en
la región latinoamericana para enfrentar la
exclusión en educación y empleo que vive gran
parte de la población juvenil. La acumulación de
falta de respuestas por parte del Estado terminan
resolviéndose en inseguridades para el resto de
la sociedad, que frente al crecimiento de la
delincuencia juvenil, demanda políticas de mano
dura a los gobernantes, para hacer crecer las
cárceles y volverlas más seguras.
Conclusiones
La transformación del Estado depende de la
transformación real de las instituciones
En el nuevo modelo las instituciones pretenden
las metas democráticas pero aplican los
procedimientos del pasado
La exclusión se traduce en invisibilidad de los
delitos que se cometen contra los excluídos e
hiper-criminalización de los delitos que cometen
los marginados
La inequidad resuelve la seguridad a través de
los mismos mecanismos económicos: la
seguridad es un bien privatizado
En el ámbito regional, la inseguridad y la forma
de enfrentarla nos divide como
región, debilitando una salida cooperativa integral
Es muy difícil abordar la seguridad ciudadana en
un contexto de inequidad y exclusión
La gobernabilidad, convivencia y seguridad
dependen de la participación efectiva de todos
los sectores. Importancia de lo local para
construir espacios seguros, gobernables y de
convivencia para todos y todas
Sin seguridad integral, la gobernabilidad y la
convivencia no se pueden realizar al igual que la
libertad.