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Módulo Economía MGES / Tarea 2

¿Qué tan lejos de la OCDE estamos?

Sindy Aguirre C. / Ma Bernardita Garrido B. / Ma Alicia Schwerter B.

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Módulo Economía MGES / Tarea 2

¿Qué tan lejos de la OCDE estamos?

Sindy Aguirre C. / Ma Bernardita Garrido B. / Ma Alicia Schwerter B.

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ÍNDICE

Introducción 4

Evaluación de las alternativas existentes para el financiamiento de la educación superior (ES)

en Chile. 5

Realizar una comparación con los mecanismos establecidos por la OCDE y analizar la

distancia existente entre ambos. 7

Conclusión 10

Bibliografía 11

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INTRODUCCIÓN

Desde 2006, a partir del cuestionamiento de los propios estudiantes “revolución pingüina”, y

con mayor fuerza desde el movimiento estudiantil del 2011, la educación chilena ha pasado a

ser el principal tema de la agenda pública y ocupa una posición central en los programas de

gobierno presentados a la ciudadanía.

La problemática acerca del financiamiento en educación superior está hoy en día atravesando

la discusión sobre el carácter de derecho de la enseñanza terciaria.

La UNICEF y UNESCO, entre otros, plantean como deseable que el acceso a la educación superior se defina en base al mérito, independiente de la clase social, la raza o el género. Esta noción meritocrática en la distribución de las oportunidades educacionales de nivel terciario, conlleva a su escasez relativa -no todos podrán ser igualmente meritorios- y con ella, a múltiples consecuencias en su financiamiento.

Es así como, en un mundo globalizado como el de hoy, los modelos de financiación tienden a

imponer sus pautas y sus directrices a los distintos gobiernos y son estas transformaciones, las

que principalmente condicionan el desarrollo de los sistemas educativos; es decir, la

financiación de la enseñanza superior es, el principal problema para que ésta cumpla con sus

objetivos.

En el presente trabajo, se evalúan las alternativas existentes para el financiamiento de la

educación superior en Chile y se realiza una comparación con los mecanismos establecidos por

la OCDE para finalmente, analizar la distancia existente entre ambos.

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Evaluación de las alternativas existentes para el financiamiento de la educación superior (ES)

en Chile.

A partir de la década de los sesenta se ha observado un notable crecimiento de la educación

superior en Chile.

Las causas son variadas: la gran masa de estudiantes que ahora completa su enseñanza

superior en forma cada vez más amplia, las exigencias por parte de empleadores con

necesidades tecnológicas más complejas y la incorporación progresiva de la mujer en el campo

laboral, pueden ser algunas de estas causas.

El alto costo por estudiante de educación superior está llevando al sistema a una crisis cada

vez más profunda, se observa la presión de los estudiantes por acceder a la educación

superior que es cada vez mayor y a su vez, las universidades disponen de menos recursos para

satisfacer estas demandas.

La problemática relacionada a la financiación de la educación superior, ha llevado al Estado a

buscar mecanismos alternativos para enfrentar el incremento de la demanda por acceder a las

diferentes casas de estudio de ES en Chile. Entre ellos se pueden destacar: al aporte fiscal,

cobro de matrículas, los cursos de perfeccionamiento profesional, venta de servicios, etc.

Como consecuencia, el gobierno se ocupa de esta problemática, proponiendo alternativas

para su solución. Entrega más aportes estatales a instituciones educacionales de naturaleza

esencialmente comercial, fomentando así la participación de particulares y grupos económicos

del país; promueve el financiamiento público a la educación superior privada, provocando un

aumento en la cobertura.

Como resultado, el incremento del gasto asociado a este crecimiento de la cobertura ha

corrido por cuenta de la inversión privada, lo que ha llevado a que la mayoría de las familias y

jóvenes de escasos recursos, se hayan endeudado para pagar su educación. Por defecto, a las

grandes universidades tradicionales se les han disminuido los aportes estatales directos a

menos de un 10% de sus presupuestos y es así como en la actualidad, las universidades luchan

por conservas los aportes fiscales que tuvieron hasta la década de los ochenta.

En virtud de los mecanismos de financiamiento otorgados a la educación superior, los

estudiantes cuentan con apoyo para financiar y postular a las diferentes casas de estudio,

solventando parcial o totalmente los costos asociados a los estudios de este nivel.

Las instituciones reciben fondos públicos de las siguientes formas:

Aporte Fiscal Directo, AFD, disponibles sólo para las universidades del CRUCH. La cantidad recibida depende del número de estudiantes y cursos de pregrado, personal docente con grados de magíster y doctorados, proyectos de investigación que compiten por fondos y publicaciones. El AFD favorece a las instituciones más grandes, más complejas y que realizan investigación más intensiva.

Aporte Fiscal Indirecto, AFI, este fondo recompensa a las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con puntajes más altos en la PSU. Este fondo se creó para promocionar la

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calidad, estimulando la competencia por atraer a los mejores estudiantes. En la práctica, dirige los fondos públicos hacia las instituciones que tienen una alta reputación establecida, cuyos estudiantes vienen, probablemente, de las familias de más altos ingresos.

Las donaciones de fondos o mecanismos competitivos, intentan mejorar la calidad de la formación de pregrado, postgrado y técnica, la investigación y la administración institucional. Estas incluyen: El Fondo Competitivo ya mencionado, el Fondo de Innovación Académica, FIAC y los Convenios de Desempeño, CdD. Todos en su conjunto están aprobados por el Banco Mundial y el gobierno de Chile, bajo el programa MECESUP.

Entre los años 1995 y 2007 estos financiamientos cambiaron: AFD creció en un 29%, FI se ha mantenido constante y la asignación de Fondos Competitivos ha aumentado en 178%. Al respecto, las políticas públicas han decidido aumentar el gasto a través de fondos competitivos.

Las instituciones terciarias, también reciben subsidios públicos indirectos por las garantías tributarias de las donaciones privadas. Hay una rebaja del 50% del impuesto sobre las donaciones para la compra de muebles, equipos, renovación de infraestructura, perfeccionamiento académico y proyectos de investigación. También son financiadas por los aranceles pagados por los estudiantes y sus familias, 83,7% de todo el gasto de la educación superior en Chile. Hay sin embargo, algunos fondos públicos como becas o subvenciones y préstamos garantizados por el Estado. El gasto público en programas de becas creció un 32,1 % entre 1995 y 2007, en el mismo periodo, el gasto en préstamos garantizados por el Estado, aumentó en un 448%.

Hay muchos programas distintos, en su mayoría enfocados hacia los grupos de ingresos más bajo, dentro de los que se encuentran los siguientes:

Becas conformadas por fondos públicos, destinadas a financiar la totalidad o parte del arancel anual de la carrera a la que se postula: Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de Pedagogía y Beca para estudiantes hijos de profesionales de la educación.

Becas financiadas por fondos públicos de carácter asistencial, destinadas a solventar los costos de mantención durante el año académico respectivo: Beca Presidente de la República, Beca Primera Dama, Beca Indígena y Beca de alimentación para educación superior.

Apoyo complementario: créditos en condiciones más ventajosas que las ofrecidas por el sistema financiero formal, a largo plazo, con tasas de interés menores y su pago posterior al egreso del alumno beneficiario.

Fondo Solidario de Crédito Universitario, cuyo acceso está limitado a los estudiantes de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, y

Crédito con Garantía Estatal, para el financiamiento de la educación superior, dirigido a todos los alumnos de instituciones de educación superior autónomas y acreditadas institucionalmente.

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Finalmente, se pueden mencionar otros dos mecanismos de apoyo:

Uno, otorgado por CORFO de manera indirecta, a través del sistema financiero formal, consistente en una línea de financiamiento dada a instituciones financieras para que sean éstas quienes entreguen créditos a los estudiantes interesados.

Otro, ya sea a través de becas o créditos, otorgados directamente por las instituciones de educación superior a sus estudiantes.

Realizar una comparación con los mecanismos establecidos por la OCDE y analizar la

distancia existente entre ambos.

En esta parte del trabajo, se revisará la postura que tiene la OCDE frente a la educación, quien

plantea aprendizajes para toda la vida, interacción con otros países, entre otros puntos de su

interés y en los cuales se basa el presente para poder realizar una introspección y análisis de la

realidad educacional de Chile.

OCDE es la organización internacional líder en educación, siendo su objetivo principal

conseguir mejoras en la planificación educativa a través de la recopilación de datos y su

comparación, por medio del establecimiento de una red de indicadores educativos

internacionales. Ésta ha contribuido a unificar las políticas educativas de los distintos estados

considerándolas, la base de formación de mano de obra industrial, tecnológica y social que

desarrollan socioeconómicamente una nación.

El marco de la OCDE en políticas educativas se fundamenta en tres instrumentos de acción:

1. Establecimiento de una agenda internacional, elaborada por un grupo de expertos,

que determina los temas más relevantes y su plan de actuación.

2. Recomendaciones de acción para que los Estados actúen frente a los problemas

detectados y consigan solucionarlos.

3. Coordinación de los países miembros para el intercambio de soluciones y la

formulación de objetivos comunes.

Estos estudios e indicadores comparativos internacionales de los sistemas educativos tienen

como objetivo conseguir mejoras en la planificación educativa a través de la recopilación de

datos y su balance.

Respecto de la educación superior en Chile, la situación es la siguiente:

Atomización: a partir de los años 70 se ve un aumento significativo de la demanda por

la ES, debido en parte al considerable desarrollo de la educación terciaria privada y a la

introducción de financiamiento compartido en todo el sistema. Para enfrentar el aumento

de la matrícula el Gobierno de Chile ha desarrollado un mecanismo mixto de oferta y

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demanda: Aporte Fiscal Indirecto, para promover la calidad de las instituciones; Aporte

Fiscal Directo a las universidades del CRUCH.

Elevado costo de la educación superior en Chile para los estudiantes y sus familias:

muchos estudiantes de bajos ingresos no están en condiciones de estudiar por falta de

recursos financieros. El sistema de becas y préstamos para estudiantes es demasiado

complejo y pretende lograr demasiados objetivos simultáneamente, en lugar de enfocarse

en asegurar un acceso equitativo a todos aquéllos que requieren de asistencia financiera,

lo que beneficiaría a los estudiantes que ingresen a la educación terciaria, y al país.

El sistema de educación terciaria no es aún un sistema unificado en el que todas las

instituciones puedan competir en igualdad de condiciones: matrículas, flexibilidad en

sistema de articulación y movilidad de los estudiantes entre las diferentes casas de

estudio, incluso dentro del mismo país. Los mecanismos actuales para canalizar fondos

directos a las universidades son deficientes; dan ventajas injustas a las universidades del

CRUCH. Los fondos destinados a investigación son pocos en general y no están

suficientemente enfocados en las prioridades estratégicas; las universidades se ven

enfrentadas a serias dificultades para mantener su infraestructura y para adquirir equipos

científicos importantes.

Falta flexibilidad e incentivo de las universidades públicas para hacer uso de los

recursos disponibles en forma eficiente y efectiva (supervisión financiera, larga duración

de los estudios de pregrado, académicos, etc.), lo que ocasiona que estén en distinto

nivel de las instituciones de educación terciaria privadas. (procesos administrativos,

normas de gestión financiera, prácticas de contabilidad estándar y transparente, entre

otros).

Un sistema unificado, eliminaría todas las diferencias innecesarias entre diversos tipos de instituciones de educación terciaria, con la finalidad que todos los tipos de instituciones autónomas tuvieran normas de gobierno claras y equitativas con respecto a matricula, aranceles, funcionamiento, dirección, docencia, investigación, aprendizaje continuo, entrega de títulos, personal, contrataciones y otros servicios. Para ello, se requiere un marco regulatorio financiero, un fortalecimiento en la formulación de políticas y su capacidad de implementación, además de un mayor nivel de financiamiento estatal; temas que involucran la preocupación de la OCDE en la actualidad.

Si bien, el último tiempo, se ha aumentado el financiamiento para realizar investigaciones con

una base competitiva para estimular la innovación académica y el proceso de acreditación ha

tenido cierto éxito en fomentar estándares académicos e institucionales mínimos, y en

proteger a los estudiantes de programas de baja calidad; el gobierno al querer lograr sus

objetivos de igualdad, calidad, relevancia y eficiente uso de los recursos en el sistema

educación superior, deberá enfrentar varios de estos temas fundamentales.

Chile, contribuye al financiamiento de la educación superior mediante las Ayudas Estudiantiles

lo que resulta más eficiente, transparente y genera mejores incentivos que hacerlo a través de

fondos entregados directamente a las universidades; siendo este financiamiento diferente en

cifras de distribución del gasto en educación superior entre público y privado de la OCDE, por

lo que no sirve hacer comparaciones relevantes entre éstos.

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Por otra parte, es uno de los únicos países del mundo con variaciones enormes en la

asignación de recursos entre las universidades estatales, y donde la distribución de los fondos

públicos depende de los privilegios históricos de la universidad tradicional del CRUCH de que

se trate, es así como la que cuenta con mayor privilegio, recibe diez veces más recursos que

aquella que está al final de la lista. Unas pocas universidades privadas reciben mayor cantidad

de recursos públicos que la mayoría de las universidades estatales, entre éstas, -las 9 del

CRUCH- obtienen tres cuartas partes de las subvenciones públicas que se entregan al sector

privado. En este contexto, la OCDE recomienda para racionalizar el sistema total de

financiamiento, y de acuerdo con las políticas del gobierno de Chile en el último tiempo,

vincular el financiamiento al desempeño y estimular la competencia sana entre todas las

instituciones de educación superior.

Finalmente, a continuación se entregan las propuestas concretas presentadas en el Ciclo de

Diálogos sobre el Futuro de la Educación Chilena, denominado Financiamiento de la Educación

en Chile: ¿Quién debe pagar?; preparado por: Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en

Educación CEPPE Universidad Católica, Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE

Universidad de Chile y Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado.

• Marco Kremerman: Más que instrumentos de política concretos, el investigador de la

Fundación Sol propone un conjunto de 10 principios para repensar el financiamiento a la

educación chilena en virtud de los fines que la sociedad democráticamente establezca. Entre

ellos destacan considerarla como derecho y no como bien de consumo, costearla

adecuadamente con recursos públicos -sin atribuirle un “precio de mercado”-, y abrirla a la

participación de la comunidad.

• Dante Contreras: La educación es la gran herramienta con que cuenta el país para mejorar la

distribución del ingreso y construir una sociedad más igualitaria. Ello obliga a una reforma

ambiciosa e integral que atraviese todos los niveles. Esta transformación costaría para

Contreras -en una proyección conservadora- al menos 5.500 millones de dólares en recursos

frescos, a ser recaudados en una nueva reforma tributaria. Estos aportes se invertirían en el

contexto del fin paulatino del financiamiento compartido, el avance hacia la gratuidad, y del

fortalecimiento de la educación pública. Implicarían, además, una regulación más exigente a

todo el sistema.

• Ricardo Paredes: La variable de ajuste fundamental para que el país determine una inversión

eficaz y eficiente en educación es la calidad. Ello obliga a tensar el sistema para alcanzar

mejores niveles de calidad en el nivel escolar. Para educación superior, Paredes propone el

mecanismo del crédito contingente al ingreso en virtud del nivel socio-económico de los

estudiantes y futuros profesionales, tal como concluyó la comisión de reforma al

financiamiento que presidió, convocada por el Ministro de Educación Felipe Bulnes en 2011.

Este mecanismo permitiría compartir el costo entre recursos públicos y privados de un bien -

como es la enseñanza terciaria- asociado a importantes retornos privados.

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CONCLUSIÓN

Si bien, la atomización experimentada por el país es positiva, Chile debe tratar de mantener la

calidad como parte de esta expansión. Se deben incentivar y estimular a las instituciones

autónomas a participar totalmente en el control de calidad. Todos los tipos de instituciones

terciarias, si están acreditadas, deberían tener acceso prioritario a fondos para préstamos a los

estudiantes; los estudiantes con buen rendimiento, de sectores de ingresos bajos y medios, no

deberían tener su acceso restringido por barreras financieras.

En Chile los estudiantes se ven enfrentados a diversas problemáticas al momento de financiar

sus estudios de Educación Superior. El estado de alguna manera se ha responsabilizado de

éstos, dando a los postulantes, diversas alternativas de financiamiento para poder ser parte,

en algunos casos, de las distintas opciones de apoyo económico para el ingreso posterior a

alguna casa de estudios que tiene el país. Sin embargo, el actual esquema de financiamiento

implica una enorme carga financiera para los estudiantes y sus familias, esfuerzo que en

muchos de los casos, lamentablemente no implica necesariamente mejoras sustantivas en la

preparación, en la igualdad de oportunidades, y en la posterior inserción de los individuos en

el mundo laboral, por lo tanto tampoco implica, necesariamente, un cambio positivo en la

escalada de éstos, en la estructura socio-económica.

Finalmente, para que Chile pueda acercarse a los mecanismos establecidos por la OCDE en

relación a la ES, debería revisar la brecha existente entre universidades del CRUCH y otras

universidades, la distribución de las subvenciones públicas y los préstamos a estudiantes. En

este último punto, el enfoque debería estar en proporcionar más y mejores oportunidades de

educación a los estudiantes de sectores socioeconómicos más bajos.

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BIBLIOGRAFÍA

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educación superior. Recuperado el 26 de junio de 2014, en

http://www.cned.cl/public/secciones/seccioneducacionsuperior/educacion_superior_

estudiantes_financiamiento.aspx

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3. Fernández, P. (2010). Docentes y Educación. La OCDE y su influencia en las políticas educativas. Recuperado el 27 de junio de 2014, en

http://docentesyeducacion.blogspot.com/2010/12/la-ocde-y-su-influencia-en-las.html

4. Garrocho, J. (1997). La financiación de la enseñanza superior en los países de la OCDE.

Tendencias y modelos. Revista Iberoamericana de Educación, 14. Recuperado 26 de

junio de 2014, en http://www.rieoei.org/oeivirt/rie14a04.htm

5. Gallego, F. y Sapelli, C. (2007). El financiamiento de la educación en Chile: una evaluación. Revista Pensamiento Educativo, 40. Recuperado el 26 de junio de 2014, en http://www.pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/407/public/407-916-1-PB.pdf

6. OCDE (2009). Revisión de Políticas Nacionales de Educación. La educación superior en Chile. Recuperado el 27 de junio de 2014, en http://www7.uc.cl/webpuc/piloto/pdf/informe_OECD.pdf