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EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978. Los Gobiernos democráticos ( 1982-200)

Tema 12 la transición

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EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978. Los Gobiernos democráticos ( 1982-200)

I.- LA TRANSICIÓN POLÍTICA.

II.- HACIA EL CAMBIO POLÍTICO (1974-1977).

II.1.- Las fuerzas políticas.

II.2- Los inicios de la monarquía de Juan Carlos I (1975-1978).

II.3- El primer Gobierno de Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976-1977)

II.4- Los Pactos de la Moncloa.

II.5- La Constitución de 1978.

III. – Del gobierno de la UCD al golpe de estado del 23-F.

IV- Los gobiernos democráticos.

I.- LA TRANSICIÓN POLÍTICA

De modo genérico puede afirmarse que transición política es pasar de una dictadura a un régimen democrático. En el caso español fue la evolución pacífica desde un régimen totalitario de carácter conservador a una Monarquía parlamentaria. Desde el punto de vista legal al tránsito desde las Leyes Fundamentales del franquismo a una Constitución democrática.

El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y según las Leyes Fundamentales, debía ser sucedido por el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, que antes debía jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, dos días más tarde. Su discurso fue prudente pero dejaba intuir algunos cambios: sin referencias a la guerra civil, ni al Movimiento, y sí a la reconciliación, la libertad y al reconocimiento de las peculiaridades regionales (“el rey quiere serlo de todos a un tiempo”).

La nueva situación política estaba abierta y era la época de las transiciones de la Europa mediterránea (Grecia, Portugal y España). Encontrammos dos sectores dentro del régimen:

A) inmovilistas “EL BUNKER” , que procedían del franquismo (viejos falangistas, ejército, sindicalismo vertical...) y “después de Franco, las instituciones”.

B) los aperturistas, que pensaban en abrir un poco el régimen, crear asociaciones políticas, aunque no fueran partidos y establecer un “contraste de pareceres” dentro siempre del Movimiento Nacional. Hablamos de Fraga y Silva Muñoz.

Fuera del régimen estaba la oposición, cada vez más crecida.

Existían dos tipos de oposición:

A) oposición moderada (por ejemplo los monárquicos de don Juan de Borbón, los demócrata-cristianos y liberales) que preferían el final del régimen por procedimientos no rupturistas

B) oposición Radical: representada por la izquierda tradicional: el PCE y el PSOE, los sindicatos clandestinos, UGT, CCOO, USO, CNT, que hablaban de ruptura.

Dentro de este grupo aparecen dos tendencias:

1) la Junta Democrática (1974).

Alrededor del PCE, símbolo de la lucha antifranquista, y con CCOO, mónarquicos, carlistas ( Poco después se desvinculan) , PSP, Alianza socialista de Andalucía de Rojas-Marcos.

2) Plataforma de Convergencia Democrática.

Alrededor del PSOE, con la UGT, el PNV, Izquierda Democrática, Unión Socialdemócrata...

Ambas organizaciones se unieron en la Coordinación Democrática, popularmente conocida como Platajunta.

El 22 de noviembre el rey “confirmó” al presidente de gobierno Carlos Arias Navarro .

El entendimiento con el rey nunca fue bueno.

En este heterogéneo primer gabinete de la monarquía había militares, viejos franquistas y algunos reformistas como Garrigues, Fraga o Areilza, los únicos cambios fueron de discurso (“participación” por “adhesión” al régimen).

No hubo intento de legalizar los partidos políticos, sino algunas leyes sobre el derecho de asociación y reunión que pudieron facilitar la organización de éstos, así como un tímido indulto para algunos presos políticos.

En abril de 1976 la situación empezó a hacerse difícil: La huelga de Vitoria en la que mueren 5 obreros a manos de la policía, o los sucesos de Montejurra, en la que dos grupos de carlistas (liberales y reaccionarios) se enfrentan con el resultado de dos muertos.

El búnker rechazó en las Cortes un tímido proyecto de Ley de Asociaciones. No se avanzaba en la liberalización política.El rey, en un viaje a los Estados Unidos y en unas declaraciones a Newsweek había declarado su propósito de establecer en España un régimen democrático y había hablado veladamente de los problemas con Arias Navarro.

Este tardó en asimilar la nueva situación y presionado por diversos sectores presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Además, Juan Carlos comunicaba a Pablo VI su renuncia al privilegio de presentación de obispos.

causas y circunstancias que la hicieron posible:

a) El desarrollo económico y social de la década de los sesenta había transformado profundamente la sociedad española.

España había pasado a ser la décima potencia industrial del mundo y uno de los países preferidos por el turismo internacional.

Al mismo tiempo se erradicó prácticamente el analfabetismo, la gran lacra histórica y social de nuestro país, y se incrementaron las enseñanzas medias y universitarias.

b) La dictadura era un marco estrecho y rígido, incapaz de evolucionar y de dar cabida a las fuerzas expansivas, económicas, sociales y políticas, que se habían generado en su seno.

c) Las fuerzas internas reprimidas, económicas y sociales, ejercieron su protesta de manera pacífica, y en algunos casos mediante actos terroristas.

d) Estas situaciones provocaron la reacción del <<búnker>>, fuerza inmovilistas partidarias de la represión a ultranza, dominaran una parte del panorama político hasta después incluso de la muerte de Franco.

e) La oposición a la dictadura se encontraba muy dividida, por lo que se imponía como solución una salida pactada de la situación. De ahí que triunfara la fórmula de <<reforma>>, mantenida por las derechas y centro, frente a la de <<ruptura democrática>>, mantenida por la oposición más radical de la izquierda.

La transición acabó formalmente cuando se aprobó y promulgó la Constitución de 1978.

Durante el mandato constitucional de Adolfo Suárez el nuevo régimen inició su andadura, todavía vacilante y no exenta de titubeos y peligros, como se puso de manifiesto en el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

Agotado el período de Suárez, y agotada también la UCD, la llegada al poder de los socialistas en 1982, acreditaba la madurez del sistema.

El largo período de gobierno de Felipe Gonzálezrepresentó la continuación de la modernización del país y su inserción en la Comunidad Económica Europea, pero también una larga secuela de escándalos y corrupción que le llevó a la derrota electoral de 1996 y al triunfo del PP con Aznar a la cabeza.

II. - HACIA EL CAMBIO POLÍTICO (1974-1977).

II.1.- Las fuerzas políticas.

Desde que se inició el proceso de la transición española hacia la democracia se produjo un enconado debate sobre cuál debería ser la fórmula para llegar a ella.

Dejando a un lado la posición del franquismo más recalcitrante –el búnker– que no aceptaba cambio alguno para España.

Entre éstos destacaban por su influencia José Antonio Girón de Velasco, presidente de la Confederación Nacional de Ex Combatientes, fundada en 1974;

Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva; y Raimundo Fernández Cuesta, que representaba al falangismo histórico, y cuyo poder se asentaba en el aplastante dominio en las Cortes y en los medios de comunicación del Movimiento.

José Antonio Girón de Velasco.

Blas Piñar

Pero la gran mayoría de la sociedad española estaba convencida de que a la muerte del dictador se tendrían que producir importantes transformaciones.

Para unos ese cambio debería ser producto de una reforma de las instituciones y leyes franquistas, para otros la única posibilidad de realizar la verdadera transformación tenía que ser la vía revolucionaria o la ruptura.

La idea de una “reforma” era defendida por quienes vinieron a llamarse los “aperturistas”.

Eran casi todos políticos jóvenes que no habían vivido la guerra y que en su mayoría habían entrado en el Movimiento porque sólo en él se podía hacer carrera política.

Muchos eran monárquicos, otros estaban en política simplemente como técnicos de la administración. Personajes como Pío Cabanillas, Gabriel Cisneros, Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Alfonso Osorio o Marcelino Oreja sonaban ya como el relevo de la vieja generación, y habían defendido sucesivos proyectos de estatuto de asociación política.

También entre los políticos más veteranos había hombres, como Manuel Fraga o José María de Areilzaconvencidos de la necesidad de cambio político. De ellos saldría el núcleo de los sucesivos gobiernos de la transición.

Pio Cabanillas

Gabriel Cisneros

Rodolfo Martín Villa

Manuel Fraga

Alfonso Osorio

Marcelino Oreja

José María de Areílza

Dentro de éste “aperturismo” había numerosos matices y, en general, predominaba la idea de realizar algunos cambios que darían una imagen más democrática y europea al régimen, sin cambiar sus esencias.

Por el contrario las fuerzas democráticas defendían que la única manera de llegar a la democracia era mediante la “ruptura”.

Ello suponía la formación de un Gobierno Provisional que garantizara las libertades básicas y la apertura de un proceso constituyente que abordaría la transformación política plena en integral de España.

La oposición política aparecía, al morir Franco, muy dividida.

A) grupos de la derecha democrática, muy reducidos, encabezados por personalidades históricas como los democratacristianos Ruiz Giménez y Gil Robles o los juanistas, con Calvo Serer al frente.

Su casi nula influencia en la calle contrastaba, sin embargo, con la importancia que sus declaraciones públicas tenían, en un momento en que los partidos de oposición eran clandestinos.

B) las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas.En Cataluña, desde 1971 existía la Assemblea de Catalunya,

organismo unitario de partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y todo tipo de grupos de oposición. En enero de 1975 se organizó el Consell de Forces Politiques de Catalunya, que pedía el restablecimiento de la autonomía de Cataluña, y que lanzó el eslogan que asumirían todas las fuerzas de oposición en los años siguientes: Libertat, amnistía i estatutd´autonomía. Dentro del Consell, la derecha nacionalista tenía desde 1974 su propio partido: Convergencia Democrática de Catalunya, dirigida por Jordi Pujol.

Frente a la unidad de la oposición catalana, contrastaba la división en el País Vasco, donde el enfrentamiento separaba a los grupos nacionalistas de las fuerzas españolistas. Entre los primeros, la creciente actividad de ETA y la durísima respuesta policial hicieron crecer el prestigio de la organización terrorista, cuyas acciones eran apoyadas por una parte muy importante de la población. El mismo PNV, que rechazaba la violencia, no condenaba los atentados. Los partidos estatales apenas tenían implantación en Euskadi.

C) la izquierda,

Enrique Tierno Galván, tras ser expulsado de su cátedra en 1965, había fundado el partido Socialista del Interior, que más tarde cambiaría su nombre por Partido Socialista Popular (PSP), y que tenía su principal apoyo entre estudiantes e intelectuales.

El PSOE había permanecido dividido hasta 1974, entre quienes dirigían el partido en el exterior, encabezados por el secretario general Rodolfo Llopis, y los jóvenes dirigentes del interior.

Entre los llamados renovadores había clara conciencia de que la inactividad del partido significaba un suicidio ante la posibilidad de un cambio hacia la democracia.

En enero de 1974 la Internacional Socialista decidió apoyar a los renovadores, que en el Congreso de Suresnes (Francia), en octubre de 1974, acabaron imponiendo sus tesis. Tras negarse el líder de UGT, Nicolás Redondo, fue elegido Secretario General Felipe González y sólo en Asturias o País Vasco, la fuerza de UGT, su sindicato, era significativa.

El PCE se había beneficiado de su activismo político en la lucha contra el régimen.

Dirigido por Santiago Carrillo desde su exilio de París, su capacidad de movilización le convertiría en el partido clave en los primeros meses de la transición.

En julio de 1974 había creado, en el marco de su política (el Pacto por la libertad) la Junta Democrática, que quería ser una plataforma unitaria de la oposición. En ella se integraron partidos (entre ellos el PSP de Tierno Galván), asociaciones vecinales y profesionales y sindicatos, con CCOO al frente.

Había también independientes, como el abogado García Trevijano y Rafael Calvo Serer, antiguo falangista y ahora opositor monárquico al régimen.

En enero de 1975, había más de 500 juntas en todo el país.

La Junta, cuyo primer manifiesto dejaba claro su espíritu de ruptura democrática como fórmula para el cambio, chocó con la negativa del PSOE a integrarse en un organismo que tenía el evidente protagonismo del PCE.

En julio de 1975 se fundaba la Plataforma de Convergencia Democrática, en torno al PSOE, en la cual sólo se admitían grupos y no personalidades aisladas (una de las críticas que se habían hecho a la Junta); en ella se integraban la Izquierda Democrática de Ruiz Giménez; el grupo socialdemócrata de Dionisio Ridruejo, la UGT y el PNV, así como la facción del carlismo que apoyaba a Carlos Hugo de Borbón.

D) A la izquierda del PCE se situaban una serie de partidos comunistas radicales, como el PTE, el MC, la ORT o la LCR, varios de ellos integrados en la Junta o en la Plataforma. Su implicación era escasa, aunque conjuntamente tuvieron alguna presencia entre los universitarios en la etapa de la transición.

E) En el mundo obrero, la fuerza determinante era la de CCOO su táctica del entrismo, es decir, la infiltración progresiva en las estructuras del sindicato vertical, le había permitido ir conquistando éxitos en los conflictos colectivos, (el nombre que el franquismo daba a las huelgas).

También la UGT comenzaba a recuperar parte de su pérdida de influencia. Otros sindicatos, como la Unión Sindical Obrera (USO) o la CNT, tenían una fuerza menor.

Ambas posturas – reformista y de ruptura- resultaban difíciles de armonizar. Si el tímido reformismo contaba con el apoyo, o al menos el silencio, de los llamados “poderes fácticos”(Poder fáctico es el que se ejerce al margen de los cauces formales (es decir, que no coincide necesariamente con el aparato del Estado) y se sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir políticamente. El poder fáctico ni está legitimado ni siempre busca la legitimación para ejercerse, pero ejerce de facto (de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su mera existencia le hace ser determinante.. )Por su parte, la propuesta de ruptura era de hecho irrealizable dado el posicionamiento del ejército, fuerzas de orden público, aparatos burocráticos del franquismo, etc., y la propia actitud de la mayoría de la sociedad española que deseaba reformas, pero que en su inmensa mayoría se negaba a aventuras cercanas a modelos revolucionarios.Finalmente se logrará combinar los tres elementos – una presión social, un entendimiento entre los reformistas de la oposición y los reformistas del propio sistema – que aseguraran la estabilidad del proceso de cambio, y hacer posible una transición modélica.

II.2.- Los inicios de la Monarquía de Juan Carlos I (1975-1978)

El 22 de noviembre, Juan Carlos I juraba ante las Cortes como nuevo Rey.Su discurso decepcionó a quienes ansiaban un

mensaje aperturista, y contrastó con el del cardenal Tarancón, que el día 27, en la homilía de la misa de coronación, lanzó un mensaje contundente, alineado de forma clara con el cambio político. Aunque como mencionamos al principio del tema, el discurso de Juan Carlos dejaba intuir algunos cambios: no se hacen referencias a la guerra civil, ni al Movimiento (Algo típico en los discursos de Franco), y sí a la reconciliación, la libertad y al reconocimiento de las peculiaridades regionales.

Nacido en Roma en 1938, Juan Carlos había sido traído a España con diez años, por acuerdo entre Franco y Don Juan, para que pudiera tener una educación española.

Cursó estudios militares en las tres academias y en diversas áreas humanísticas y jurídicas, y fue rodeado de profesores y asesores monárquicos, más o menos próximos a Don Juan.

No obstante, el peso de la figura de Franco sobre su formación política hizo recelar incluso a su propio padre del talante futuro del Príncipe, en el caso de que llegara a reinar.

Su continua presencia en las manifestaciones de la Plaza de Oriente de los últimos años del franquismo, hizo pensar a muchos españoles, que el futuro Rey seria un continuador del franquismo.

Sin embargo, en noviembre de 1975 el entorno del monarca tenía ya un diseño aproximado de lo que debía ser el proceso de cambio político.

Consistía en realizarlo desde dentro de la propia legalidad de las leyes fundamentales que había jurado cumplir.

Para ello coloca en puestos clave a personas que podían colaborar en el proceso.

Papel decisivo jugaría el nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, su antiguo profesor y al que impuso pese a la renuncia del Consejo del Reino.

El Rey, que constitucionalmente tenía casi todos los poderes en sus manos, el 12 de Diciembre de 1975, optópor mantener a Arias Navarro como Jefe de Gobierno, para tranquilizar al sector más inmovilista.

Pero le impuso una composición del Gobierno en la que, junto a pesos pesados con cierto talante liberal, como Fraga o Areilza, entraban una ministros más jóvenes que pronto se manifestarían partidarios del cambio político.

Areilza en Asuntos Exteriores, Garrigues en Justicia, y Fraga en Gobernación, "reformistas"; y Solís, Díaz de Mendivil y Pita da Veiga, "continuistas".

Con ellos y a pesar del empeño de Arias en mantener su fidelidad al pasado, ciertos mecanismos democratizadores se ponen en marcha.

Este Gobierno se caracterizó por las contradicciones entre el Jefe del Gobierno y buena parte de sus ministros reformistas, entre ellos Fraga, Areilza, Osorio, Martín Villa o Suárez

El objetivo más destacable de los cambios que se proponían en la Leyes Fundamentales era la configuración de un Parlamento bicameral en el que la Cámara Baja sería elegida por sufragio universal, mientras que la Alta se nutriría de representaciones orgánicas, pero en realidad sobre el Senado recaían mayores atribuciones.

La reforma de la legislación ordinaria llegó a mejor puerto.

Fraga consiguió que las Cortes aprobaran la Ley sobre el Derecho de Asociación Política defendida por Adolfo Suárez, Ministro Secretario General del Movimiento, que admitía el derecho de asociación, cuyo control pasaba al Ministerio de la Gobernación, pero requería la modificación del Código Penal para que su práctica no estuviera prohibida penalmente.

Fue rechazado en un primer momento por las Cortes, pero después lo aprobaron de forma restrictiva el 15 de julio.

No obstante, el primer Gobierno de la Monarquía fue incapaz de ilusionar a amplios sectores sociales.

El 25 de Enero de 1976 tienen lugar las primeras elecciones municipales con carácter democrático, celebradas tras la Guerra Civil, y días después, dirigentes ilegales de CC.OO, dan a conocer el "Manifiesto de los Cien" en el que recalcan la conciencia política del movimiento obrero.

No obstante, continúan los procesos por asociación ilícita y se censuran conciertos y espectáculos. En la calle, las fuerzas de orden público, siguen actuando en la misma forma que lo habían hecho hasta entonces.

Dos gravísimos hechos marcan estos primeros meses de vida de la Monarquía de Juan Carlos I:

1. La huelga general que paraliza Vitoria.2. Los sucesos de Montejurra, donde se enfrentan las dos ramas

escindidas del carlismo.También en este año, entra en vigor una nueva ley que regula

el derecho de reunión y se aprueba la existencia legal de partidos políticos. Una muestra más del tránsito a la democracia, es el viaje de sus Majestades los Reyes a Estados Unidos, fiel indicador de la voluntad real de abrir el país al mundo libre. Esta voluntad del Rey se evidencia el día 1 de Julio, cuando Arias Navarro es apartado de su cargo. Juan Carlos I decide así, cortar el último y débil hilo que le unía al franquismo. Comienza así una nueva etapa de la historia de España. Arias cayó porque fue más fiel al testamento de Franco que a los planes del joven Rey.

El 3 de Julio Adolfo Suárez, Secretario General del Movimiento, es elegido para formar gobierno.

II.3.- El Primer Gobierno de Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976-1977)

El 3 de julio de 1976, a través de la negociación de Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, oscuro burócrata falangista, pero joven y con dominio de los medios de comunicación.

España quedó sorprendida. Suárez tuvo muchas dificultades por la negativa a integrarse en su gobierno de los políticos importantes, por lo que su gabinete quedó formado por políticos jóvenes (especialmente del grupo Tácito*). * Grupo de reflexión política formado en 1973 por intelectuales de tendencia democristiana, algunos pertenecientes al régimen. Su órgano de expresión fue el diario católico Ya

Con cautela, se proponía la creación de un nuevo régimen político “de ley a ley”, de las leyes de Franco a las democráticas.

Utilizó el decreto-ley para las reformas: amnistía para presos políticos sin delitos de sangre,suprimir el Tribunal de Orden Público (TOP, encargado de la represión política), disolver el Movimiento Nacional...

Se enfrentó a los militares cuando legalizó los sindicatos y el general De Santiago dimitió, siendo sustituido por Gutierrez Mellado.

El nombramiento de Adolfo Suárez fue recibido con desaliento por la prensa y la oposición.

Pese a su trayectoria de brillante gestor en diferentes cargos, nadie creía que un hombre formado en el Movimiento, a pesar de manifestar públicamente su decidida apuesta por la reforma política y la instauración de un régimen democrático y de libertades, pudiera sacar adelante la reforma.

Los inmovilistas veían en él a un hombre de poco prestigio. Suárez se encontró además, con la negativa de Areilza y Fraga a colaborar, y confeccionó un gabinete de políticos jóvenes, entre los que estaban Rodolfo Martín Villa, LandelinoLavilla, Marcelino Oreja, Fernando Abril Martorell y Leopoldo Calvo Sotelo.

El Gobierno era consciente de que ya no se podía dilatar más el proceso de cambios.

Y desde el principio comenzó a lanzar mensajes y a actuar de forma inequívoca.

La semana del 5-12 de julio estuvo presidida por las multitudinarias manifestaciones pro-amnistía que la “Platajunta” convocó en todo el país, y que fueron respondidas con una actuación anormalmente tibia de la policía.

El 14 de julio las Cortes aprobaban la reforma del Código Penal que permitiría la legalización de los partidos, salvo aquellos que “sometidos a una disciplina internacional se propongan implantar un sistema totalitario”, redacción que buscaba la exclusión del PCE.

El 16 de julio, la declaración programática del Gobierno hablaba de soberanía popular, de régimen democrático y de respeto por las libertades.

El 31 de julio se aprobó una amnistía que permitió la liberación de muchos presos políticos, pero que excluía expresamente los condenados por delitos de terrorismo, lo que dejaba en las prisiones a la mayoría de los presos vascos. Esta circunstancia provocó una oleada de protestas en las calles de las ciudades de Euskadi.

Durante el mes de agosto Suárez mantuvo contactos con todos los líderes de la oposición, incluso por vía indirecta con Santiago Carrillo.Por entonces, los comunistas eran ya los únicos que eran objeto

de persecución policial directa, y su legalización la gran incógnita.Este se concretó el 10 de septiembre, cuando Suárez se dirigió al país para presentar su propuesta más ambiciosa, el proyecto de Ley para la Reforma Política, auténtica pieza clave de la transición legal hacia la democracia política.Redactado inicialmente por Fernández Miranda, que había

sido nombrado por el Rey presidente de las Cortes, significaba el cambio hacia un sistema parlamentario y constituyente nuevo, a partir de las instituciones franquistas. Por eso requería que fueran las mismas Cortes vigentes las que aprobaran la ley, pero también necesitaba el respaldo de la oposición. Se había introducido en las Cortes un Procedimiento de Urgencia para la tramitación de leyes y evitar la resistencia al cambio.

La Ley para la Reforma Política establecía:

El sufragio universal

Unas Cortes de dos Cámaras, Congreso y Senado.

El Rey podía someterla a referéndum del pueblo.

La iniciativa de la reforma de leyes la tendría el gobierno y el Congreso de los diputados.

El rey siempre tendría la posibilidad de promover referendos.

Sería una Ley Fundamental.

Era la clave para las bases de un sistema democrático, pero tenía que ser aprobada por las Cortes Franquistas.

Con una gran habilidad política (por ejemplo, el voto nominal) Suárez consiguió que fuera aprobado por 435 votos, 59 negativos y 13 abstenciones.

Esta votación supuso el fin de las cortes franquistas, por lo que se le conoce popularmente como el “Harakiri”.

Por su parte la oposición prefería una ruptura y no terminaba de convencerse ni siquiera del rey (“Juan Carlos, el Breve” denunció Santiago Carrillo, líder del PCE, en el exilio), ni mucho menos con Suárez. Esta oposición había unido sus fuerzas en la Coordinación Democrática o Platajunta. Su propuesta política era una ruptura: gobierno provisional de concentración, amnistía, legalización de partidos, cortes constituyentes. Suárez se fue entrevistando con los líderes políticos de la oposición (Tierno Galván, del PSP, Felipe González, del PSOE y Santiago Carrillo, del PCE, de manera clandestina), y poco a poco evolucionaría hacia una reforma pactada. Santiago Carrillo se había introducido clandestinamente en España y dirigía en la ilegalidad al Partido Comunista terminó por hacerse detener por la Policía para poder ser puesto en libertad. Desde la muerte de Franco, aunque eran ilegales, los partidos actuaban con cierta tolerancia.El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976. Felipe González se mostró moderado.

La marcha de los acontecimientos hizo aumentar la irritación entre los inmovilistas.

La amnistía, los contactos con la oposición, la propuesta de reforma política, las movilizaciones populares en aumento (el día 11 de septiembre se celebraba la Diada en San Boi de Llobregat, con unas 50 000 personas reivindicando el restablecimiento de la Generalitat) y los continuos atentados de ETA provocaron en septiembre la dimisión del Teniente General De Santiago, Vicepresidente del Gobierno.

El nombramiento del teniente general Gutiérrez Mellado para el cargo, le ganó la animadversión del sector más duro del ejército, pero el nuevo Ministro se convertiría en figura decisiva del proceso de transición.

El 16 de noviembre el texto de la Ley para la Reforma Política fue debatido en las Cortes.

Las negociaciones de los ministros y de los aperturistas y la convicción de muchos procuradores de que la batalla estaba perdida produjo finalmente una votación clara a favor de la Ley: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones.

En este resultado también influyó que la propuesta de Suárez iba acompañada de ciertas garantías: no exigir responsabilidad a los implicados en la dictadura y mantener la ilegalidad de la izquierda comunista.Es decir, representaba una transición sin riesgos, a la que sólo se negó el búnker.

La Ley para la Reforma era un texto breve, pero en él se afirmaba la democracia y el principio de soberanía popular;

se entregaba a las Cortes el poder legislativo

se establecía su elección por sufragio y su desdoblamiento en Congreso y Senado

se regulaba la vía para que ambas asumieran en el futuro la reforma constitucional.

También se fijaba algunos aspectos de la futura Ley Electoral.

Inmediatamente se convocó un referéndum para el 15 de diciembre para ser aprobada por voto popular.

Esta época de la transición vivió las más intensas movilizaciones populares, huelgas, manifestaciones, no sólo de carácter laboral, sino también político, especialmente pidiendo amnistía y autonomía regional, sobre todo cuando se reconoció el derecho a la huelga.

Entonces se celebró la primera manifestación feminista.

Una de los puntos más importantes fueron los presos políticos, en 1975 se concedió un indulto, pero la amnistía más importante no llegó hasta 1977, sin incluir a los implicados en delitos de sangre.

Pero antes el clima de tensión fue subiendo. La continua exigencia de una amnistía más amplia se saldó con la muerte de algunos manifestantes en enfrentamientos con la policía. ETA intensificaba los atentados, algunos de ellos tan grave como el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa. También la oposición aumentó su presión sobre el Gobierno. El PSOE celebró su 27 congreso en Madrid, de forma espectacular, convocando a buena parte de los líderes socialistas internacionales. La oposición nombró un comité, la Comisión de los Nueve, que pidió negociaciones al Gobierno. Y mientras, el PCE optó por salir a la luz y echarle un pulso a Suárez: Carrillo que vivía en Madrid clandestinamente desde febrero, dio una espectacular rueda de prensa en Madrid, que obligó al Ministro de la Gobernación a poner a toda la policía en su búsqueda.

La Iglesia poco a poco se fue distanciando del Régimen franquista.

Especialmente significativa es la homilía del cardenal Tarancón al Rey pidiendo apertura.

La jerarquía no temía la quema de conventos.

Por el contrario, los militares, casi en su totalidad (excepto la UMD) defendía el franquismo y abominaban de las autonomías que suponen la ruptura de la Patria

La Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976 y se publicó en el BOE el 4 de enero.

El referéndum se celebró en un ambiente crispado. Cuatro días antes un nuevo grupo de extrema izquierda, EL GRAPO, secuestraba al Presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol, para cuyo rescate pedía la liberación de varios presos.

Aún así, la consulta supuso un éxito para el Gobierno, aunque la oposición había pedido la abstención, El día 23 de diciembre la policía detuvo a Santiago Carrillo, pero el Gobierno lo puso en libertad 8 días después, consciente de que, salvada la dignidad policial, no podía retener al líder comunista en la cárcel.

Ese mismo día, 30 de diciembre se decretó la desaparición del Tribunal de Orden Público. La oposición pidió la abstención, pero la participación fue cercana al 70%. Esto supuso además un fortalecimiento para la postura de Suárez.

La labor urgente era crear las condiciones para que aparecieran los partidos políticos.

A partir del referéndum transcurren los meses más difíciles de la transición política.La adopción de medidas que restablecieran la garantía democrática para garantizar unas elecciones libres, vino acompañada de una gran tensión, motivada por las acciones terroristas del GRAPO y la ETA. La provocación alcanzó su momento más álgido en la semana del 23 al 29 de enero. El 23 es asesinado un estudiante en una manifestación proamnistía, por los guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente es secuestrado el teniente general Villaescusa por el GRAPO; muere una manifestante por el impacto de un bote de humo; y sobre todo, el asesinato a manos de miembros de la ultraderecha de 5 abogados laboralistas del PCE en un despacho de la calle Atocha, atentado que deja heridos a otros 4.

La respuesta del PCE fue, el día del entierro, una impresionante manifestación silenciosa, en el centro de Madrid, que mostró la fuerza del partido y su disciplina interna. La semana terminó con el asesinato de dos policías y un guardia civil por el GRAPO.

La semana siguiente remitió la violencia y fueron liberados Oriol y Villaescusa, mediante una operación policial, que dieron un respiro al gabinete Suárez.

Para entonces, Suárez comenzó las negociaciones con la oposición.

El primer resultado fue la simplificación del trámite de legalización de los partidos, limitándose a un siempre registro en el Ministerio de Gobernación.

El gobierno Suárez dictó el Decreto-Ley de 8 de febrero de 1977 por el que se regulaba la forma en la que se declaraban legales los partidos políticos.

Se presentaban los documentos al ministerio del Interior, si había algo que pudiera suponer alguna ilegalidad, el Ministerio los mandaría al Tribunal Supremo para que resolviese.

Todos los partidos políticos fueron pasando por el registro.

Pero el día 22 de febrero se denegaba la inscripción en el registro del PCE. La legalización de los comunistas se convertía en el principal obstáculo en la marcha hacia las elecciones, porque el búnker político y la cúpula militar convirtieron al PCE en la bestia negra y en el símbolo de su resistencia al cambio.

Pero Suárez tenía claro que era necesario legalizar a los comunistas antes de las elecciones, si se quería que estas fueran aceptadas como legítimas por la opinión pública nacional e internacional.

El 1 de abril el Gobierno decretó la disolución del Movimiento. Y el día 9, sábado Santo, aprovechando la tranquilidad de las vacaciones y previa comunicación a los ministros militares, se hizo pública la legalización del PCE. Pese a todo el impacto fue tremendo. Mientras los comunistas celebraban su legalización, el Consejo Superior del Ejército se reunía y tras una tensa discusión, emitía una nota acatando la decisión “por disciplina y patriotismo”, pero dejando entrever la crispación que el hecho causaba en el mando. El Ministro de la Marina, Pita da Veiga, dimitió, y Suárez y Gutiérrez Mellado, tuvieron graves dificultades para encontrar sustituto.El día 14 el PCE celebró un pleno del Comité Central, al termino

del cual anunció a la prensa su renuncia a plantear la alternativa republicana y la aceptación de la bandera bicolor, en un gesto que intentaba apaciguar los ánimos y mejorar la imagen del partido ante el país.

Días después se legalizaban las centrales sindicales. Y el regreso de los exiliados, hasta entonces un lento goteo, se aceleró; el 14 de mayo regresaba a España La Pasionaria: Dolores Ibárruri.De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició el

proceso preautonómico y la descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen. De esta forma se intentaba responder a las manifestaciones reclamando los nacionalismos históricos, catalán, vasco, gallego o andaluz.El primer paso se dio en Cataluña, donde hubo un

amplísimo consenso. Tras la Diada de 1977 (Día de Cataluña), Suárez, por decreto ley restablecía provisionalmente la Generalitat y se nombraba presidente a Josep Tarradellas, que lo había sido en el exilio. El caso vasco fue distinto debido al terrorismo de ETA y a que los nacionalistas exigían la incorporación de Navarra.El PNV no llegarán a reconocer la Constitución y exigía la

soberanía nacional vasca.

A pesar de ello, en diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubiales. A lo largo de 1978 se crearon por decreto ley otros entes preautonómicos.

La generalización del proceso dio lugar a prisas e improvisaciones que no respondían a necesidades nacionalistas históricas, sino a los intereses de la clase política.

Las fuerzas políticas se fueron perfilando ante las elecciones.En la derecha está Alianza Popular (AP), liderada por Fraga.

Reivindicaba el centro político, pero con un programa de orden, autoridad y conservadurismo. En el centro la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición heterogénea de democratacristianos, liberales, socialdemócratas y hombres procedentes del movimiento. Su baza era la trayectoria y la figura de Suárez, quién será el que cree el partido. En la izquierda el PSOE y el PCE. El PSOE se definió como la opción de un socialismo democrático y

marxista, y tuvo en dos jóvenes sevillanos, Felipe González y Alfonso Guerra, sus principales líderes. El PCE se mantuvo como bastión de la izquierda y de la lucha antifranquista, con dirigentes históricos como Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri a la cabeza. También otros grupos como la maoísta ORT, el PTE o los grupos nacionalistas se preparaban para la carrera electoral bajo la forma de coaliciones o plataformas.

Las elecciones del 15 de junio de 1975 dieron la victoria a UCD.

El PSOE se convirtió en la segunda fuerza política, mientras que el PCE se quedó muy lejos de sus expectativas, lo mismo que le sucedía a AP. La extrema izquierda no consiguió representación.

II.4.- Los Pactos de la Moncloa.Las elecciones fueron convocadas el 15 de abril de 1977 para ser celebradas dos meses después, el 15 de junio. Las elecciones se celebraron con absoluta normalidad y una participación alta.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 dan la victoria a Suárez.

La UCD consiguió 165 escaños, seguidos por el PSOE con 118, PCE con 20 y AP con 16. CIU y PNV obtuvieron 13 y 8 respectivamente.

El centro había prevalecido, marginando las opciones extremas de izquierda y derecha.

El fracaso más llamativo fue el de la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y Gil-Robles.

El sistema había creado un bipartidismo imperfecto.

El día 22, el Rey Juan Carlos I a quien su padre, Don Juan - Conde de Barcelona -, en un acto simbólico había cedido los derechos sucesorios de la Corona Española, inaugura las primeras Cortes democráticamente salidas de las urnas.

Aunque no tenían el rango de Constituyentes, las Cortes se dedicaron a elaborar una constitución democrática.

El proceso fue de consenso entre los partidos, y fue larga su elaboración.

Adolfo Suárez recibía, junto a su triunfo electoral la difícil papeleta de contener el paro, que superaba los 800.000 parados, unido a la inflación, que junto con el déficit exterior ponían en peligro el cambio político que se iniciaba.

La lucha contra el desempleo será el objetivo primordial del nuevo gobierno. En esta línea se firman los Pactos de la Moncloa.

El ministro de Economía, el profesor Fuentes Quintana, alertó sobre el peligro de la situación e instó a Suárez para que convocara a representantes de todos los partidos parlamentarios para exponerles la situación e involucrarles en la solución pactada de los problemas económicos, sociales y políticos. Los Pactos de la Moncloa (firmados el 27 de Octubre de 1977), que así se denominaron las medidas que se tomaron en la sede de la Presidencia del Gobierno, fueron una serie de acuerdos de tipo económico, político y social que involucraron a todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los sindicatos y la patronal. Las medidas tomadas atajaron inmediatamente la inflación y pusieron un cierto orden en el caos económico, y sobre todo laboral, existente hasta el momento. Es decir, fueron el primer intento serio de reconducción de la economía española y ralentización del desempleo.

Su finalidad era el relanzamiento de la maltrecha economíacomo instrumento fundamental de la consolidación democrática. Entre las medidas acordadas se contaba la reforma fiscal que equiparaba la estructura tributaria al resto de los países de la Unión Europea, la devolución a los nuevos sindicatos del patrimonio sindical de los sindicatos verticales. La extensión de la Seguridad Social, el incremento presupuestario en educación y un programa de inversiones públicas.

Además, se prevé la reforma de los Códigos Penal y de Justicia y la reorganización de las Fuerzas de Orden Público, y un mayor protagonismo a los Sindicatos.También en 1977 se aprobó el Impuesto sobre el Patrimonio y al año siguiente el de la Renta de las personas físicas (IRPF). Sin embargo, hasta 1986 no se establecería el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el principal impuesto indirecto en las sociedades avanzadas.La aplicación de la Reforma Fiscal hizo posible aumentar la recaudación y supuso un avance muy significativo hacia la equidad fiscal.

II.5.- La Constitución de 1978.Una Constitución es una Ley fundamental, superior, que fija la organización política de un Estado, la distribución territorial del poder, y los derechos y deberes básicos de los ciudadanos y sus gobernantes.

Todas las normas o leyes posteriores deben estar de acuerdo con la Constitución, para lo que se crea un Tribunal Constitucional que se encarga de que esto sea así.

Los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977configuraron un Parlamento en el que predominaban dos grandes partidos, UCD y PSOE (o PSOE-PSC), a los que se añadían otras importantes formaciones: Alianza Popular (AP), el Partido Comunista (PCE-PSUC) y las Minorías Vasca (PNV) y Catalana (Pacte Democrátic).

Aunque antes de las elecciones no se había proclamado explícitamente el carácter constituyente de las futuras Cortes, estaba en el ánimo de todos que el futuro Parlamento asumiría como tarea fundamental la elaboración de una Constitución.

En la sesión de apertura el Rey Juan Carlos pronunció un discurso en el que, partiendo del reconocimiento de que allí estaba representada la soberanía nacional, hizo un llamamiento a la colaboración de todos para lograr la convivencia de los españoles en democracia.El monarca se refirió de manera específica a la elaboración de una Constitución en la que se concretara el proceso de la autonomía de las regiones y que tuviera un mayor grado de justicia para el mantenimiento de los principios básicos de la dignidad del hombre. En líneas generales, los parlamentarios recibieron muy bien el discurso del rey, aunque todavía en esos momentos el Partido Socialista se mostraba reticente con respecto al régimen monárquico. Una muestra de ello fue que Alfonso Guerra no aplaudió al final del discurso del monarca.

Por ello a nadie sorprendió que el día 25 de julio de 1977 el Pleno del Congreso ya aprobara la creación de una Comisión Constitucional encargada de la redacción de un proyecto constitucional.

Comenzaba en este instante un proceso constituyente que iba a resultar muy largo (17 meses) y que se iba a caracterizar por la utilización de la fórmula del consenso.

Tanto la derecha, representada por Alianza Popular, como el Partido Comunista tuvieron un papel menor en la redacción de la Constitución, pero desde el primer momento dejaron bien claro que no aceptarían que fuera redactada sólo por la UCD y el PSOE.

Por otro lado, los catalanistas jugaron un papel fundamental como mediadores entre unas opciones y otras y, sobre todo, con sus reivindicaciones acerca de la organización territorial del Estado.

Por el contrario, los nacionalistas vascos hicieron solamente unas reivindicaciones de soberanía que resultaban inaceptables.

Para el proceso de elaboración de la Constituciónse nombró una ponencia que estaba formada por siete personas.

Tres de ellas pertenecían a la UCD (José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros), una al PSOE (Gregorio Peces-Barba), al haber cedido un puesto a los catalanes (que incluyeron a Miquel Roca Junyent).

También había un representante de AP (Manuel Fraga Iribarne) y otro por el PCE (Jordi Solé Tura). Únicamente los socialistas y Manuel Fraga ofrecieron versiones completas de lo que sería su Constitución ideal.

Finalmente en la Comisión Mixta Congreso-Senadoel 31 de octubre de 1978 los Plenos de las dos cámaras aprobaron definitivamente el texto, de acuerdo con lo que se estipulaba en la Ley de Reforma Política.

Una vez aprobado por las Cortes el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978.

El 27 de diciembre de 1978 el Rey Don Juan Carlos sancionó la Constitución ante el Senado y el Congresoreunidos solemnemente en sesión conjunta y entró en vigor el 29 de diciembre al publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Está acomodada en los supuestos del constitucionalismo europeo de posguerra, con influencias de la Ley Fundamental de Bonn, francés e italiano. Un modelo de Estado pluralista, no centralista pero sí unitario y un régimen de monarquía parlamentaria; todo ello en el marco de una economía de mercado, es decir, asumiendo el capitalismo, si bien se posibilita cierta intervención del Estado como correctivo.Ya en el preámbulo, que aunque en sí no tiene carácter de norma, enuncia el espíritu democrático, liberal, respetuoso y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los pueblos de la Nación.

Tres corrientes ideológicas influyeron: el liberalismo (derechos individuales, imperio de la ley, división de poderes), socialismo democrático (Estado social dentro del capitalismo, es decir, que puede intervenir para corregir las desigualdades) y el humanismo cristiano.

Como ya hemos mencionado una de las características más importantes de nuestra Constitución es ser consensuada, es decir, nació de un pacto político, de un acuerdo entre los diversos grupos políticos. Es la primera Constitución española que no es impuesta por un grupo político concreto que en ese momento tuviera la mayoría parlamentaria.Sus mayores innovaciones se refieren a cuestiones como el Defensor del Pueblo o la protección por el Tribunal Constitucional de los derechos individuales y las libertades públicas.

La Constitución se organiza en diez Títulos más uno Preliminar, con un total de 169 artículos, además de disposiciones adicionales y transitorias.Los aspectos más importantes del texto constitucional son los siguientes:

a-Un Preámbulo donde se expone la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática y se refleja el interés de consolidar el Estado de Derecho, proteger el ejercicio de los derechos humanos, promover el progreso económico y cultural y colaborar en el fortalecimiento de la paz y la solidaridad entre los diferentes pueblos de la Tierra.Una parte dogmática o de obligado cumplimiento que se refleja en los Títulos Preliminar y Primero.En el Título Preliminar, se enuncian los principios básicos de nuestra Convivencia: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por un lado, la soberanía es ejercida por el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Además, España se constituye en un estado social y democrático de Derechocon la Monarquía parlamentaria como forma de Estado.

1- Se define la organización política de España como “Estado social y democrático de Derecho. Social, por el predominio de los intereses de la sociedad sobre los de grupo. Democrático, porque debe prevalecer la decisión del pueblo, que participa mediante las elecciones o sufragio. Y esa democracia debe situarse en el marco del Derecho, es decir reconociendo los derechos de todos

2-La forma del Estado español como Monarquía parlamentaria supone una decisión a favor de la Monarquía, pero el poder no reside en el Rey (que será el símbolo de la Nación), sino en el Parlamento o Cortes Generales, de las que se derivan el gobierno y las demás instituciones.

Por otro lado se consagra la unidad de España y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el territorio español, así como la solidaridad entre ellas.

En ese sentido, se respeta la existencia de lenguas oficiales junto al castellano en aquellas comunidades con lengua propia.

También recoge el principio de legalidad: todo acto de los poderes públicos debe ser conforme a Ley. Velan por esta legalidad los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional.

En el Título Primero, se recogen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos, así como la regulación de su ejercicio y la eventual supresión de las garantías constitucionales.

La parte orgánica o de funcionamiento que se desarrolla en los Títulos II al X, incluye los siguientes aspectos:

1. La Corona y sus funciones.2. Las Cortes Generales: el Congreso y el Senado. Ambas cámaras

renuevan sus miembros por sufragio universal cada cuatro añoscomo máximo, pudiéndose celebrar elecciones legislativasanticipadas según los términos previstos por la Ley.

3. El Gobierno: sus funciones y organización. El Gobierno dirige lapolítica interior y exterior, la administración civil y militar y ladefensa del Estado. Ejerce el poder ejecutivo y está formadopor el Presidente, uno o varios Vicepresidentes y losdiferentes Ministros. El Presidente del Gobierno es elegido porlas Cortes por mayoría absoluta en primera votación o pormayoría simple en sucesivas votaciones. El Gobierno tiene comoórgano de consulta al Consejo de Estado. El Congreso de losDiputados elige al Presidente, a propuesta del Rey, y elPresidente elige a sus ministros. Dicta las leyes que las Cortes lepermiten y propone otras para la aprobación de las Cortes, comopor ejemplo los Presupuestos Generales del Estado.

4- Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Se regulan términos jurídicos como la “cuestión de confianza” o la “moción de censura”, así como los estados de excepción, de alarma y de sitio. Se establece el predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo.

5- El poder judicial, sus funciones y organización. Se consagra la Independencia del poder judicial, la justicia gratuita y la igualdad ante la Ley de todos los españoles.

6- La Economía y la Hacienda.

7- La organización territorial del Estado. Se reconoce el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Del mismo modo se regulan las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Unos artículos o disposiciones finales, Título X. Cualquier reforma de la Constitución deberá ser aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español en referéndum.

Derechos individuales: Derecho a la vida, que se completa con el derecho a la

integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad personales, al honor, a la intimidad personal y familiar (y, sobre todo, la inviolabilidad del domicilio y el secreto en la correspondencia y otro tipo de comunicaciones (telefónicas, telegráficas, etc.). También tienen el derecho a fijar su residencia, su domicilio, en cualquier parte del territorio nacional, así como la libertad de circular libremente. La libertad de enseñanza, libertad de pensamiento, la libertad religiosa. Además el Estado no posee ninguna creencia o religión oficial (Estado aconfesional).Las libertades colectivas. Se proclaman los derechos de reunión, asociación, de sindicación y huelga, derecho de negociación colectiva laboral, etc.

La novedad de esta constitución es la figura del Defensor del Pueblo, proveniente del Ombudsman sueco y cuyo origen remoto podemos encontrarlo en el Justicia de Aragón. Es una alto comisionado elegido por las cortes que tiene como misión defender a cualquier ciudadano de los derechos del Título I.

Los deberes del ciudadano.

La Constitución establece tres deberes fundamentales: el deber de defender a España, el deber de trabajar y al derecho al trabajo, a la negociación colectiva y la obligación de pagar impuestos, que contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo.

III. Del gobierno de la UCD de 1977 al de Calvo Sotelo. El golpe de Estado del 23F.

Después de la aprobación de la constitución, la UCD ganó de nuevo las elecciones de 1979, con un escaso margen. Los resultados mostraban que había dos grandes partidos, UCD y PSOE. Avanzaban los partidos nacionalistas y la extrema derecha conseguía un escaño. Pero las elecciones municipales, las primeras de la democracia dieron el triunfo selectivo de la izquierda: los grandes núcleos urbanos pasaron a poder del PSOE. La UCD pretendió hacer una política reformista, pero la falta de cohesión y la presión del PSOE y los nacionalistas hicieron inviable su liderazgo.

Después de los Pactos de la Moncloa se elaboraron el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Nacional de Empleo.

Más disputas supusieron la Ley de Incompatibilidades, la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de los Centros Docentes.

El PSOE presentó una moción de censura al gobierno, que de acuerdo con la constitución tendría que proponer un candidato, Felipe González.

Suárez superó la moción pero salió muy debilitado.

Desde mayo de 1980 se agudizó la crisis de la UCD y en septiembre Suárez remodeló su gobierno, un verdadero gobierno de concentración de tendencias dentro de la UCD. La situación fue inviable y el 29 de enero de 1981 Suárez dimitió.

En la sesión de investidura del nuevo presidente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, 23 de Febrero de 1981, el país se sorprendió con un intento de golpe de Estado. Venía preparándose desde tiempo antes como reacción ante los cambios, y sobre todo con la excusa de la legalización del Partido comunista (una traición de Suárez y del propio rey), las autonomías y el terrorismo .Un grupo de doscientos guardias civiles armados al mando del

teniente coronel Antonio Tejero, entró en el congreso durante la votación. Al mismo tiempo, en Valencia se subleva el capitán general, Milans del Bosh y en Madrid, la División Acorazada Brunete está a punto de sacar los tanques a la calle.

Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes del todo. Lo único claro que tenían era paralizar las reformas democráticas. Un conspirador clave fue el general Alfonso Armada, militar muy relacionado con la Casa Real.Armada parecía contar con el visto bueno del propio rey. Tras unas

interminables horas, el Rey se dirigió a la nación por televisión en un breve comunicado, desautorizando el intento golpista. Antes de dirigirse a la nación reunió un gobierno con los secretarios de Estado ya que todos los ministros estaban en el Parlamento, y consultó con los capitanes generales de las Regiones Militares.Durante toda la noche los españoles estuvieron unidos a sus transistores.Al día siguiente se rindió Tejero y acabó el golpe. El juicio fue indulgente con los acusados. Y todavía hoy están por esclarecer algunos puntos, se supone que era un golpe menor, como preludio del realmente importante que acabaría con un gobierno de concentración, estando informados tanto elementos de la UCD como del PSOE, o incluso el Rey y los servicios secretos.

El gobierno de Calvo Sotelo no se diferenció de la de Suárez. La ley del Divorcio fue la más controvertida, incluso por miembros de la propia UCD.La Ley de Autonomía Universitaria fue retirada.

Calvo Sotelo tampoco consiguió imponerse en su partido, incluso Suárez fundó su propio partido. Las tensiones nacionalistas aumentaban tras la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA-, que fue recurrida por los nacionalistas que pensaban que retiraba la autonomía que concedía la constitución. Fue rectificada en parte por el Tribunal Constitucional.

La mala suerte perseguía al Gobierno, que en mayo de 1981 vio cómo los hospitales se llenaban de pacientes con unos síntomas desconocidos.El “síndrome tóxico ” causaría casi mil muertos y los supervivientes

arrastrarían dolorosas secuelas de la ingestión de aceite de colza adulterado. Y tuvo que afrontar la responsabilidad en el “caso Almería”: tres jóvenes asesinados por la policía que los confundió con activistas de ETA.

En medio de la desbandada, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN, en medio de la oposición general, e intentó la integración en la CEE. Calvo Sotelo adelantó las elecciones.

Estos son los años del destape, una vez suprimida la censura de espectáculos.

La iglesia pierde su antigua influencia.

Se pierden los valores tradicionales y se incorporan los nuevos modos de vida.

El espíritu de tolerancia.

Es el resurgimiento de las culturas locales, y de las nacionalidades.

También son los años de un nuevo éxodo rural y de la inseguridad ciudadana y la entrada de la droga (heroína).

Las elecciones de 1982 y acceso del PSOE al Gobierno.

El triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 constituye el fin de la transición.

. La divisa “Por el cambio” empleada por los socialistas no suponía tanto un programa preciso, como una genérica voluntad de cambiar la forma de hacer política en España. El resto de los partidos políticos admitió en la práctica que los socialistas acabarían ganando, y tanto la UCD como el PCE continuaron en su abierta crisis.

El PSOE logró más de diez millones de votos, de los que 4´5 millones procedían de la abstención o de otros partidos políticos. Los socialistas consiguieron el 48% de los votos y 202 diputados frente a los 105 de la derecha (AP + Demócratas cristianos procedentes de UCD). Los socialistas lograron el apoyo masivo de los jóvenes que votaban por primera vez y de los estratos medios urbanos. También logró capturar la mitad del voto comunista, gran parte de la extrema izquierda y casi un tercio del voto centrista.

La derecha pasó del 6 al 26% de los votos (5´5 millones de votos) y logró un apoyo muy superior al de anteriores ocasiones en ciertos sectores como los jóvenes, pero tenía grandes problemas derivados, no sólo del distanciamiento del PSOE sino también de que su liderazgo estaba situado más a la derecha que sus votantes, con lo que la posibilidad de conquistar el voto gubernamental era reducida.

El centro: la UCD experimentó un derrumbamiento completo: del 35% del voto pasó al 7%, perdió a la vez por la derecha y la izquierda, signo evidente de su descomposición. El voto que mantuvo era marginal y residual, característico de aquella parte de la sociedad que siempre votaba por quién está en el poder.

El PCE: tenía más esperanzas que la UCD, pero su voto se había reducido a menos de la mitad (4%), con lo que, después de una larga etapa de oposición al franquismo se convertía en el Partido Comunista con la cota electoral más baja en todo el mediterráneo occidental.

Los nacionalistas: su voto fue más estable, aunque en éste caso manifestó una tendencia al alza.

Este terremoto electoral fue mayor en lo que respecta a los partidos políticos que a la propia sociedad española. Los españoles apenas habían cambiado su autoubicación política, aunque estuvieran un poco más a la izquierda que en 1977. Lo que había cambiado eran los partidos políticos, que se habían liquidado a sí mismos (UCD), habían perdido la mitad del electorado (PCE) o permanecían lejos de poder alcanzar el poder (la derecha).

Las elecciones de 1982 propiciaron un relevo generacional al frente del Estado. Felipe González, que llegó en 1974 a la dirección de su partido con tan sólo 32 años, tenía 40 cuando accedió a la Presidencia del Gobierno. Nacido y educado en Sevilla, era abogado laboralista y procedía más bien de los medios católicos progresistas que de la izquierda clásica. Dotado de una gran capacidad de oratoria y pedagógica, fue muy pronto y sin disputa el mejor de los dirigentes socialistas. Siempre fue el elemento de unión de un partido en el que se combinaba el populismo de Alfonso Guerra, con la procedencia tecnocraticoliberal de otros hombres importantes, como Miguel Boyer.

2-Desde el punto de vista histórico, el largo período de gobierno socialista puede ser definido como la consolidación de la democracia. En adelante, el gobierno socialista, armado con la autoridad que le daban diez millones de votos, no dudó en proceder con decisión ante cualquier mínima apariencia de indisciplina en el ejército. Bajo la responsabilidad de Narcís Serra quedó finalizada la nueva ordenación legal del ejército en la democracia (Ley Orgánica de Defensa Nacional, reforma del Código de Justicia Militar, etc...).

El primer gobierno socialista tuvo una vida bastante larga, pues duró hasta el verano de 1985. Su aspecto más positivo fue la política económica que llevó a cabo, aunque también hubo dos acontecimientos menos positivos: la expropiación de RUMASA y la aparición de los GAL.La expropiación del grupo RUMASA, con una posterior presión sobre el Tribunal Constitucional para que la admitiera, hubiera sido inconcebible en otro momento y resultó una medida torpe y desproporcionada, aunque su situación exigía algún tipo de decisión por parte del gobierno.La aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), organización de lucha sucia contra ETA, se explica por la necesidad apremiante de acabar con el terrorismo. Utilizaba procedimientos idénticos a los de ETA, se prolongó entre 1983 y 1985, y sirvió sino para intensificar la defensa de ETA por determinados grupos de población en el País Vasco. No fue efectivo a la hora de disminuir el número de muertos en atentados; la causa real fue la colaboración policial de Francia, lograda a partir de otoño de 1984.

Estos primeros 4 años, aparte de normalizar de manera definitiva a la política exterior española y señalar un rumbo moderado a la política económica, estuvo dedicado principalmente a cuestiones relativas al poder judicial y a los derechos de la persona, por un lado, (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Aborto, el Código Penal, la asistencia letrada al detenido, el <<habeas corpus>> o la regulación del derecho al asilo) y por otro, a las reformas educativas ( Ley de Reforma Universitaria o LRU y La Ley Orgánica del Derecho a la Educación o LODE).

En julio de 1985 tuvo lugar la primera crisis del gobierno socialista, con la salida del gobierno de Miguel Boyer y Fernando Moran. Pero los resultados de la consulta electoral de 1986 de nuevo le darán la mayoría absoluta.

En la práctica, la mayoría absoluta parlamentaria acabó trasladándose a todas las instituciones del Estado y el propio Parlamento se resintió de esta situación, que dejó de ser el centro de la vida política; no hubo comisiones parlamentarias que pudieran perturbar al gobierno (“el rodillo socialista”).

Con este panorama, se llega a las elecciones de 1989que no supusieron un cambio político significativo respecto a 1986. El PSOE conservó la mayoría absoluta, pero sólo obtuvo un escaño más de la mitad, lo que ponía de manifiesto un lento goteo del voto socialista.

Sólo al final de la década de los ochenta empezó a surgir una auténtica oposición al gobierno socialista y ésta tuvo un componente de carácter mucho más social que estrictamente partidista. La oposición nació, en primer lugar, entre los estudiantes, que en los años 1987-1988 realizaron varias movilizaciones, cuyo resultado no fue muy grave para el gobierno. En cambio, sí tuvo consecuencias la oposición a la política gubernamental de los medios sindicales, que llevó a Nicolás Redondo (Secretario General de UGT) y a otros dirigentes sindicales socialistas a abandonar sus escaños parlamentarios y estrecharon su relación con el sindicato comunista Comisiones Obreras. A fines de 1988, tras rechazar un Plan de Empleo Juvenil patrocinado por el Gobierno, los sindicatos convocaron una huelga general que tuvo un amplio seguimiento. Pero paradójicamente, no se reflejó en las elecciones de 1989.

Pero si es de resaltar que una porción considerable de los medios de información que en elecciones anteriores – sobre todo en las de 1982 – habían apoyado al PSOE, ahora ejercerán una crítica cada vez más dura en contra del gobierno.

3- La política económica.Cuando los socialistas llegaron al poder se daban unas consideraciones

económicas en apariencia pésimas. A parte de los rasgos ya mencionados, el déficit alcanzaba al 5 % del PNB y la inversión seguía retrocediendo. El ajuste industrial y energético seguía pendiente y la reforma fiscal y financiera se habían detenido, la reforma del mercado de trabajo ni siquiera había comenzado, principalmente por el temor a enfrentarse con los sindicatos.

Pero a estos males objetivos, había que sumar otros que procedían de la oposición. El programa electoral del PSOE ha sido calificado como <<un ejercicio de paleontología política>>, en el sentido de que ofrecía 800.000 puestos de trabajo por el procedimiento de la inversión pública directa y el empleo creado por la Administración, lo que estuvo siempre muy lejos de llevarse a cabo. La irresponsabilidad consistió, quizá, en la consciente exageración de un programa que en la práctica no se llevó a cabo.

Los responsables de la política económica tuvieron una efectiva autonomía en relación con el partido y con respecto al programa electoral mismo. Fueron técnicos que tenían posiciones ideológicas situadas en el extremo más moderado del espectro socialdemócrata, caso de Miguel Boyer. La ventaja principal de que dispusieron no fue sólo la recuperación del ciclo económico que tuvo lugar a partir del año 1983, sino, sobre todo, la fuerte estabilidad política conseguida a través de una hegemonía parlamentaria muy marcada.

La primera etapa 1983- 1985: La prioridad esencial de la política económica fue la reducción de la inflación, que descendió al 14 % en el año 1982, al 8 % en 1985 – con una disminución, por tanto, del 40% -, para luego descender aún más.

El ajuste se realizó en gran medida a costa del empleo, de tal manera que la tasa de paro pasó del 16 al 22 %. No sólo se incumplió el objetivo de crear 800.000 puestos de trabajo, sino que la disminución del empleo se cifró de manera aproximada en ese número. El desequilibrio exterior se superó y se alcanzó un superávit importante. La reforma del sector público era también necesaria, puesto que en 1983 el 70 % del déficit del INI se debía a empresas que habían sido socializadas entre los años 1977 y 1982 para evitar crisis sociales a corto plazo.

Esta política económica sentó las bases para el crecimiento económico posterior. Se trató de una operación de saneamiento. La reconversión, por ejemplo, tan sólo afectó a unos 60 000 trabajadores y no supuso un sustancial incremento de la competitividad de las empresas implicadas. La expropiación de RUMASA fue una operación técnicamente incompetente, y sólo beneficiosa para los intereses privados, que lograron ventajas como consecuencia de la posterior privatización de lo expropiado.

En otro terreno – Plan Energético, por ejemplo – la gestión socialista no hizo otra cosa que llevar a cabo lo que se debería haber hecho mucho antes.

Por otra parte, en 1986 España entró en la CEE siendo Fernando Morán Ministro de Asuntos Exteriores, el Acuerdo se había firmado el 12 de junio de 1985.

Entre 1987 y 1989, durante la segunda etapa de la gestión económica socialista, el crecimiento español se situó alrededor del 5 % anual, un porcentaje muy fuerte, superior en uno o dos puntos a la media europea. Además, el número de trabajadores ocupados pasó de once millones a algo más de doce millones y medio, aunque eso no quiere decir que se resolviera el problema del paro. Junto al crecimiento se avanzó en otros terrenos como en la liberalización financiera y del mercado del trabajo.

A partir de comienzos de los años noventa, cuando tuvo lugar una recesión mundial, en la tercera etapa, se pudieron apreciar las limitaciones de la gestión económica del gobierno. Una peseta fuerte y unos tipos de interés altos estimularon la llegada de capitales extranjeros que, a menudo, se centraron en negocios puramente especulativos. En esta última fase, además, la ejecución de la política presupuestaria y del déficit público fue disminuyendo progresivamente.

Un efecto muy significativo de la política económica socialista ha consistido en el incremento del gasto social, en especial para la creación del Estado del bienestar.

La gran transformación española durante esta década quizá se produjo en educación, donde el gasto pasó del 2,8 % al 4,7 % del PIB, la obligatoriedad de la enseñanza llegó hasta los 16 años, se crearon un millón y medio de puestos escolares y el número de nuevos becarios superó el medio millón. En segundo lugar ha desempeñado un papel decisivo la sanidad pública, que se ha generalizado en el conjunto de la sociedad española. En cuanto a la seguridad social también se ha extendido hasta las pensiones no contributivas, y la cobertura por paro se ha incrementado en más de medio millón de personas. De la cuarta legislatura (1993-96) cabe destacar la reforma del Código Penal y la

firma del Pacto de Toledo, un acuerdo de partidos, sindicatos y patronal para garantizar la viabilidad futura de las pensiones. Pero sin duda los tres años finales del gobierno de González estuvieron marcados por los continuos escándalos de corrupción. Algunos fueron estrictamente financieros como el de Banesto que obligó a intervenir el Banco y que supuso el procesamiento por estafa de su director, Mario conde. Otros como los de Filesa o el GAL venían de la legislatura anterior, pero continuaron destapando información que comprometía el PSOE y al gobierno.

Sin embargo el caso que más desprestigió al gobierno fue el de Luis roldan, Director General de la Guardia Civil, que fue detenido en noviembre de 1993. Fue acusado de haber estafado cenca de cinco mil millones de pesetas de los Fondos Reservados (destinados a operaciones secretas) y a través de comisiones por obras de Casas cuartel, entre otros delitos

El Gobierno, arrastrado por el descrédito político y por nuevos casos de corrupción, intentó contraatacar aceptando comisiones de investigación en las Cortes y creando la Fiscalía Anticorrupción. Tanto la oposición como la prensa más cercana al PP, pedían la dimisión de González. Finalmente, en 1995 CIU dio por roto el pacto de legislatura y votó en contra de los presupuestos. González asumió la derrota y convocó elecciones en 1996.

I.4- Las elecciones de 1996 y los Gobiernos del Partido Popular.

El PP había llevado a cabo un rejuvenecimiento que se había plasmado en el acceso de José María Aznar a su dirección, alejándose de esta forma de la vieja imagen del franquismo, representada por Manuel Fraga y otros viejos dirigentes. La marcha hacia el centro del PP le permitió acceder al voto centrista, juvenil y de mayor nivel económico. En las elecciones del 3 de marzo de 1996, el Partido Popular (PP) anteriormente Alianza Popular, ganó al PSOE por un pequeño margen de votos (300 000, aproximadamente); no obstante se produjo el relevo político en el gobierno español. Con el apoyo parlamentario de CIU, PNV y Coalición Canaria, José María Aznar formó un gobierno del Partido Popular.El PSOE sufrió después de la derrota electoral graves divisiones internas que se pusieron de manifiesto con la renuncia de Felipe González a la Secretaría General. Estas divisiones continuaron en años sucesivos hasta la elección de José Luís Rodríguez Zapatero, en julio 2000, como Secretario General del Partido.

En marzo de 2000, el Partido Popular ganó nuevamente las elecciones, esta vez por mayoría absoluta. José María Aznar volvió a formar gobierno sin necesitar el apoyo que en su primera legislatura había obtenido de las fuerzas nacionalistas.

Desde 1996 se han producido importantes cambios legislativosen cuestiones sociales: leyes educativas, como la LOU para la reforma universitaria y la Ley de Calidad de la Educación para la enseñanza infantil, primaria y secundaria. También se han modificado normas de contenido laboral y se ha producido una reforma de leyes penales y civiles de gran trascendencia.

La mejora económica, iniciada a partir de 1994 con las medidas adoptadas por el ministro socialista Solbes, continuó con una fase de recuperación y otra posterior de afirmada expansión. Esta coyuntura es muestra de la plena sincronización con Europa y de una estabilidad que permitió a España superar los criterios de convergencia económica para incorporarse al grupo de países que adoptaron la moneda única europea, el euro, de uso corriente a partir de 2002.

Esta etapa se vio favorecida por la coyuntura internacional, pero también por el recuperado clima de acuerdo entre los agentes sociales y la estabilidad gubernamental. La renta por habitante creció a ritmos altos, en torno al 4% entre 1997 y 2000. Esta situación favorable se acompañó de otros aspectos positivos, como la reducción del déficit público, una relativa estabilidad de los precios, una sensible reducción del paro, a pesar de lo cual España continuó siendo el país de la Unión Europea con la tasa de paro más elevada. Este contexto favorable comenzó a debilitarse a partir de 2001: el crecimiento económico se redujo del 4% en 2000 al 2,2% en 2002, la inflación ha aumentado y el número de parados volvió a crecer en 2002 después de años de disminución. También han resurgido las diferencias con los sindicatos, que convocaron una huelga general en junio de 2002 contra la reforma del sistema de protección al desempleo por parte del Gobierno.Un tema que no ha podido resolver el gobierno del Partido Popular ha sido el terrorismo de ETA.

II.- LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y CULTURALES.

II.1- Una sociedad moderna.En el transcurso de la Transición la sociedad española ha llegado a ser más

igualitaria, así al principio de la Transición los españoles pobres lo eran menos y los ricos también, debido a la aplicación de la reforma fiscal y los incrementos salariales de mediados de los setenta.

El igualitarismo no es sino un testimonio de la creciente modernización de la sociedad española. Un primer ejemplo es la disminución de la población dedicada a la agricultura. A pesar de ello la proporción española, el 9,5 %, es todavía superior a la de países como Francia.

Otro ejemplo es el creciente papel de la mujer en la sociedad española, cuya tasa de actividad ha aumentado muy rápidamente a lo largo de la década de los ochenta, pasando del 27 al 33 %, pero está muy por debajo de la media europea. Por vez primera en la historia de España, en el periodo entre 1987 y 1988 el 50 % de los estudiantes universitarios eran del sexo femenino. Otro testimonio de modernización, pero preocupante con vistas al futuro, es, sin duda, la disminución de la tasa de fecundidad española que ha pasado de 2,8 hijos por matrimonio a 1,3, convirtiéndose en la más baja de la Comunidad Europea Sin embargo, los valores familiaressiguen siendo decisivos en la sociedad española, hasta el punto de que más del 80 % de la población los considera los más importantes. El número de personas que viven solas es menos de la mitad que en el resto de la Comunidad Europea.

La familia ha servido para paliar problemas tan graves como los del paro, en el sentido de que muy a menudo se ha conseguido superar la crisis que supone la ausencia de trabajo compartiendo el mismo hogar familiar el parado y el que tiene trabajo.

Un rasgo muy característico de la sociedad española relacionado con sus valores es la existencia de un creciente proceso de secularización.

En cuanto a las materias políticas lo característico de España es un cierto <<democratismo cínico>>. Todo el mundo considera que el mejor sistema de gobierno es la democracia, pero son pocos los dispuestos a colaborar en cualquier género de asociacionismo colectivo o cualquier trabajo voluntario. Quizá la excepción en este sentido son las generaciones más jóvenes. En España existe una manifiesta actitud crítica contra los profesionales de la política, los menos apreciados en el conjunto de la sociedad española.

II.2- La lenta transición cultural y nuevas perspectivas.

En realidad no se puede decir que existiera a lo largo de la transición política un fenómeno semejante en el terreno cultural. Se trató de dos fenómenos autónomos y distintos, aunque también puede decirse que el mundo de la cultura contribuyó al cambio político y lo acompañó.

La transición cultural ha sido posterior en el tiempo a la política, de tal modo que puede decirse que el cambio en este terreno tuvo lugar aproximadamente a la altura del año 1985. Hasta esa fecha la cultura española ha estado principalmente protagonizada por quienes empezaron a desempeñar un papel importante en ella a mediados de los años sesenta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hasta el momento actual desempeñan un papel muy importante en la cultura española los pintores del grupo <<El Paso>> directores de cine como Luís García Berlanga, actores como Fernando Fernán Gómez o dramaturgos como Francisco Nieva.

En general, un rasgo muy característico de la cultura durante la transición ha sido la referencia histórica. Ese tratamiento del pasado aparece referido al franquismo en el caso de La escopeta nacional, de Luís García Berlanga (1977), sarcástica referencia a las cacerías de la época franquista, y se ha reproducido también en toda una literatura en torno a la persona de Franco (Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán), el relativo a la guerra civil que centra la obra teatral de Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para el verano (1982) o la película La vaquilla, de García Berlanga (1984). En general, el pasado no se utiliza en todos esos casos de una manera beligerante o agresiva, sino que se pretende asumirlo desde la nostalgia o la ironía.

La cultura durante este período ha tenido mucho de recuperación de aquellas etapas La propia concesión del premio Nóbel de Literatura a Vicente Aleixandre (1977) puede entenderse como una recuperación de la tradición liberal española. Literatos (Rafael Alberti), ensayistas (Salvador de Madariaga, María Zambrano), historiadores (Claudio Sánchez Albornoz) a los que el exilio había separado de España se incorporaron en los años de la transición a la cultura española. En artes plásticas la devolución del Guernica y, en general, la recuperación de Picasso restableció un vínculo con un pasado que había sido trágicamente borrado como consecuencia de la Guerra Civil.

La concesión por parte de la Administración de medallas de oro de Bellas Artes a artistas como Antoni Tapies y Eduardo Chillida es una buena prueba de esta actitud. Esta tarea de normalización, aunque luego fue prolongada durante la etapa de gobierno socialista, se emprendió y ejecutó en lo esencial en la etapa de UCD. En Volver a empezar, de José Luís Garci, primer Oscar cinematográfico español (1982), el protagonista es precisamente un exiliado que recibe el homenaje de su tierra natal.

Otro rasgo ha sido la popularización de la cultura. Los Museos y ferias de arte (como ARCO) son buenos testimonios de esta divulgación. Algunas de las películas de mayor recaudación en la historia del cine español (La Colmena, Los santos inocentes) están basadas en textos literarios de los grandes novelistas españoles (Camilo José Cela y Miguel Delibes).

II.3 - Las nuevas perspectivas culturales.a) Una nueva política cultural: hizo posible la Ley del Patrimonio Histórico (1985), y las relativas a mecenazgo. La construcción de una amplia red de auditorios musicales, la creación del Museo y Centro de Arte Reina Sofía o la ubicación de la Colección Thyssen Bornemisza en España fueron, quizá, los aspectos más relevantes de esta política de obras.b) Nuevos creadores y tendencias. El verdadero cambio en la cultura española data del año 1985. Rasgos de los creadores que aparecieron entonces son el cosmopolitismo. Novelistas (Antonio Muñoz Molina, Javier Marías) pintores (Barceló, Sicilia) o de los directores de cine (Pedro Almodóvar) resultan muy a menudo poco casticistas o específicamente españolas

c) Nuevos hábitos culturales. Las diferencias más apreciables respecto a otros países europeos son, el menor consumo de lectura y por el contrario, vemos más televisión. Tan sólo recientemente se ha llegado a un consumo desarrollado de periódicos, en especial en la mitad norte de la Península.