EPSAS: crónica de un colapso anunciado

¿Qué pasó con los servicios básicos que volvieron al Estado? ¿Aumentó la cobertura, mejoró la calidad? ¿El agua es más accesible a los pobres? ¿Se invierte lo necesario para asegurar su provisión y el mejoramiento de los sistemas? Son preguntas que deben ayudarnos a entender si las “guerras del agua” fueron de verdad victoriosas.

Henry Oporto1

Nadie debe sorprenderse del descalabro de EPSAS. Estaba cantado que sucedería. Aunque suene petulante decirlo, lo cierto es que este resultado lo advertimos en su día, si bien entonces no tuvimos una audiencia que nos escuchara. Permítaseme recordar en qué contexto hicimos.

El año 2007, Fundación Milenio publicó el libro Agua y Poder, dedicado a examinar las políticas públicas en el sector de agua y saneamiento, en el contexto de las reformas institucionales que se dieron en los años anteriores, así como de sus resultados y consecuencias para el futuro de los servicios públicos en el país. Mi aporte personal a ese libro fue un breve ensayo político y sociológico, compartiendo páginas con un trabajo de análisis técnico, jurídico y financiero de las empresas de agua de La Paz y de Cochabamba, llevado a cabo por Luis Fernando Salinas y otros especialistas.

La tesis expuesta entonces, y que ahora se puede ratificar en todas sus letras, es la siguiente: Bolivia afronta una crisis de política pública que reduce drásticamente la capacidad de prestación de los servicios públicos en el país. Una crisis que casi no deja margen para responder a las demandas de agua y saneamiento de la población y, consiguientemente, para cerrar el grave déficit de acceso a estos servicios.

La privación de agua que sufren los pobres urbanos y rurales y la mala calidad del servicio, no tienen que ver tanto con la disponibilidad de agua sino, y sobre todo, con las malas políticas que se aplican en el sector. Y desde luego, también, con los procesos y las circunstancias políticas que condicionan las decisiones de los gobiernos.

Hay que recordar que la llamada “guerra del agua” no fue tanto un conflicto social por el servicio, como el embate de fuerzas antisistémicas contra el Estado y el sistema político, que luego evolucionó en un proceso incontenible de desestabilización del sistema institucional, hasta acabar con dos gobiernos democráticos. Los eventos del año 2000 marcaron el inicio de una crisis de Estado, reflejada en la intensa fragmentación social y polarización ideológica que se instaló en Bolivia, y que luego se iría desarrollando y profundizando hasta nuestros días.

La política hace aguas

En efecto, en abril del año 2000, con la “guerra del agua en Cochabamba”, comenzó una nueva experiencia de revueltas populares en torno a los servicios básicos y los recursos naturales. El ejemplo de la llajta repercutió de inmediato en El Alto, desde donde se lanzó una batalla parecida en contra de Aguas del Illimani.

El conflicto del agua en el Valle y su consecuencia inmediata: la abortada concesión de SEMAPA, pusieron de manifiesto la chatura y miopía de la clase política en el poder, pero además una conducta suicida.

En efecto, una parte de ella no pudo evitar sucumbir a la tentación politiquera de usar el tema del agua como arma política para combatir al adversario y también como bandera demagógica para buscar el éxito político y el encumbramiento en el poder. Fueron los propios partidos y grupos gobernantes los que se ocuparon de obstruir y socavar la implantación de un sistema

1 Sociólogo. Artículo publicado en Página Siete, el 4/04/2013

regulatorio independiente, eficaz y creíble, como era necesario para proteger a los usuarios, defender los intereses del Estado y ejercitar una fiscalización adecuada de las empresas operadoras. La tentación de captura política del ente regulador y la búsqueda de objetivos políticos y económicos particulares, fueron más fuertes que la obligación de trabajar por una política pública capaz de resolver los problemas del servicio.

La clase política se hizo un verdadero haraquiri y la política democrática se hundió. Allí mismo se anticipó lo que posteriormente fue un factor decisivo de los cambios políticos de los últimos años: el derrumbe del sistema político.

Pero es también esta relación perversa entre Agua y Poder, instalada en Bolivia, lo que explica las desventuras de las fórmulas populistas y demagógicas (estatistas o comunitaristas) ensayadas en los últimos años. Ahí está el rotundo fracaso del experimento de la “empresa social” del agua, en Cochabamba, pretendidamente autogestionaria, participativa y con control social, pero que en realidad ha propiciado no otra cosa que la captura política y corporativa de la reconstituida SEMAPA por diversos grupos, lo cual ha convertido a esta SEMAPA en una agencia de empleo para correligionarios, amigos y familiares, además de un botín político. Tanto así que desde entonces ha venido languideciendo aquejada por graves ineficiencias, cambios continuos de gerentes, personal improvisado, problemas de corrupción, deudas enormes, colapso financiero e incapacidad absoluta de hacer inversiones en la ampliación y mejora del servicio.

De hecho, la empresa del valle exhibe los peores indicadores de rendimiento entre todas las empresas operadoras del sector en las ciudades del país. Hoy diríamos, tal vez solo superada por la empresa paceña del agua.

El coletazo en La Paz

La “guerra” de la Coordinadora del Agua en Cochabamba tuvo su coletazo posterior en el conflicto de El Alto que terminó con el despido de Aguas del Illamani, a despecho de los muchos resultados exitosos que podían entonces exhibirse de aquella primera experiencia de participación privada en la gestión del servicio de agua.

Observando esa aleccionadora experiencia, en nuestro estudio del año 2007 advertimos cuán grande podía ser el peligro de que esa historia de fracaso y autoengaño colectivo se repitiera con la Empresa Pública y Social de La Paz y El Alto (EPSAS), que recién tomaba el lugar de la despedida Aguas del Illimani. Eso se podía ver por numerosos hechos: denuncias a granel de corrupción, favoritismo político, tráfico de influencias, nombramientos a dedo en la empresa, cambios repentinos de autoridades, etc. Dijimos, también, que a despecho de la retórica que llenaba la boca de quienes se habían hecho del control de la empresa, EPSAS era un limbo jurídico: llevaba el nombre de empresa pública; pretendía ser una empresa “social y comunitaria”, pero en realidad era una sociedad privada, manejada discrecionalmente por masistas y sus aliados políticos y sindicales.

Desgraciadamente nuestros presagios negativos se han cumplido puntualmente. Lo reconocen las autoridades de turno, que acaban de decidir la intervención de EPSAS. El justificativo de la medida no deja dudas del desgobierno y el caos en esta empresa y el estado ruinoso del servicio de agua y alcantarillado en la región metropolitana de La Paz.

“EPSAS tiene baja ejecución de inversiones, no tiene capacidad de reposición en inversión, su software de facturación corre riesgo de colapso, contamina el medioambiente —falta planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz y la de El Alto contamina el Titicaca—, no tiene gestión de riesgos (megadeslizamiento) e incumple sus compromisos con el pueblo (racionamiento en El Alto y zonas de La Paz, filtraciones, multas a usuarios con intereses por mora, etc)”. Comunicado de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2/04/2013

Se ha dicho, asimismo, que arrastra pesadas deudas tributarias y financieras. O sea que es una empresa quebrada o al borde de serlo.

¿Alguien cree que estos problemas habrán de resolverse con la conformación de una nueva empresa pública, como anuncian los interventores? Esto es, con más de lo mismo: improvisación, administración politizada, falta de profesionalismo, tráfico de influencias, corrupción, intromisión sindical, ausencia de inversiones, tarifas congeladas..?

El servicio de agua es una bomba de tiempo que puede estallar cualquier rato. Aún en las manos de los guerreros de ayer, convertidos en los gobernantes de hoy.