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Boletín semanal do Sector de Xustiza de CCOO
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Edición 1036 www.ccooxustiza.com 28 de outubro de 2014
Os compromisarios de
CCOO gañan as
eleccións á Mutualidade
O mércores 22 tiveron lugar as eleccións de compromisarios a Mugeju en Galicia co
seguinte resultado:
GRUPO I: CCOO 327 CSIF 28. Compromisario electo Nicolás Santos
GRUPO II CCOO 322 CSIF 30. Compromisario electo Juan Manuel Amado
Dende o sector de xustiza de CCOO queremos dar as GRAZAS a todos/as: afiliados,
simpatizantes, aos sindicatos UGT e CIG que respaldaron a candidatura e, en definitiva,
aos que confiastes na labor feita por CCOO na mutualidade estes últimos anos de
recortes.
Damos os nosos parabéns a Nico e Juanma e desexámoslles un bo traballo de
reivindicación e denuncia na asemblea de compromisarios da Mutualidade.
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Privatización do
Rexistro: a escopeta
nacional
En que estado se atopa a privatización do Rexistro Civil? O 8 de outubro publicouse no
BOE a lei 18/2014 pola que se determina a súa dependencia dos Rexistradores
Mercantís. Todo o proceso de privatización está baixo a sombra da corrupción e o
negociete privado para uns cantos privilexiados, a costa da cidadanía e dos
traballadores e traballadoras, nalgúns dos seguintes puntos resúmese a historia dun
despropósito, iso si, moi lucrativo:
1. A privatización foi votada no Congreso e no Senado por deputados e senadores
galegos, eses mesmos que pertencen a un Partido Popular Galego, os mesmos
que nas vilas e concellos amosáronse a favor da permanencia do Rexistro Civil
como público e na estrutura actual (os Rexistradores teñen ámbito provincial)
2. A creación dunha corporación de dereito público para xestionar o traspaso do
Rexistro Civil ao ámbito privado é inadmisible polo propio Consejo de Estado e
supón, segundo os Rexistradores, un entramado que xestionará 80 millóns de
euros anuais
3. A reforma afectará a 3000 traballadores no Estado, máis de 200 no noso país, e
ameaza directamente aos Xulgados de Paz que veranse privados de
competencias, máis aínda se avanza o Código Procesual Penal, que elimina os
xuízos de faltas. Sen competencias e malia as argumentacións que se queiran
dar, é a sentenza de morte da Xustiza de Paz
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4. Os vínculos familiares entre o anterior Ministro e o Presidente do Goberno con
Rexistradores (él mesmo o é) eran motivo máis que suficiente para a necesaria
abstención nesta iniciativa, circunstancia denunciada por CCOO na Fiscalía Xeral
do Estado e na Oficina de incompatibilidades do Ministerio de Facenda
5. Parece ser que todo este proceso non convence xa a ninguén: onte mesmo
soubemos que dimitían o Director e o Subdirector General de Registros y
Notariado
6. O Ministerio de Xustiza xa da por vendido e liquidado o Rexistro, aínda que non
pasaría a mans privadas ata 2015 e os funcionarios continuarían prestando
servizos ata 2016, feito demostrable e constatable nas sorprendentes respostas
que da o CAU do Rexistro Civil a consultas dos rexistros:
Pese a que nos medios de comunicación a Xustiza e as súas “peripecias” impulsadas
polo goberno que conducen a súa demolición non espertan tanto interese como a
Sanidade ou a Educación -aínda que a inmediata consecuencia é a indefensión da
cidadanía e o amparo da corrupción- si existe prensa seria que se ocupa detalladamente
de denunciar que se esnaquice a Xustiza pública, como o medio Infolibre do que vos
achegamos unha interesante crónica da nosa pequena trama siciliana:
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Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es
ENLACE A LA NOTICIA
El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado
Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver
Denuncian que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo
Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria
BEGOÑA P. RAMÍREZ
Actualizada 27/09/2014 a las 18:22
Enrique Rajoy es el primero por la izda.; Mariano Rajoy, el tercero por la derecha.DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso que los registradores de la
Propiedad llevan meses sosteniendo con el Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros
y la integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en cisma dentro del Colegio
Oficial de Registradores, al tiempo que en una auténtica batalla judicial para detener los cambios ya
en marcha.
Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva
Corporación de Derecho Públicodonde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que
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se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo
que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres
meses.
La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico
integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de
2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa
pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de
Defensa.
Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva
corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de
Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de
cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la
licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de
“máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema
integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato,
aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de
mercado de un software similar”.
Arancel sí, sueldo no
Si ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de marcharse Ruiz-Gallardón, se
consumará una reforma que la mayoría de los registradores consideran un atentando contra su
“independencia”. No sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la Administración”,
sino que además, se les convierta en los “paganos” del Registro Civil, toda vez que éste dejará de
sufragarse a cargo de los Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano.
Según el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán los registradores
mercantiles de los aranceles que cobren por sus servicios. También serán los registradores quienes
paguen el nuevo sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la fuente de
sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.“Si me ponen a sueldo [de la
Administración], me voy a [el Tribunal Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado
por este periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos profesionales, “expropia las
condiciones del contrato” que firmaron tras aprobar la oposición.
Del Registro Civil se van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en toda
España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado. Alegan que el estallido de la burbuja
inmobiliaria les ha dejado muy tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de
ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener sus plantillas, después de
haber sufrido más de 100 rebajas del arancel desde los años 80.
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La memoria económica, sin una sola cifra
Además, critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura –un millón de
trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de costes. El real decreto de 4 de julio que cede la
gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del análisis
de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas, sólo dos están dedicadas a analizar el
impacto económico y presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto se limita a
glosar el “evidente ahorro de costes”que supondrán los cambios en los registros. “Los costes de
explotación del Registro Civil dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y
para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos gastos “pasarán a ser
sufragados por los registradores”, que poseen “recursos humanos e infraestructuras suficientes”.
Pero no precisa cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e infraestructuras cuenta
el gremio.
Los registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación de Derecho Público para
crear un “colegio paralelo” con el que soslayar la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio
sólo la integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos elaborado por el ministerio
establece que también los de la Propiedad deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten,
además, que la intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio de
Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos económicos que tendrá la nueva
corporación las “cesiones, ordinarias y extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”.
Para poner en marcha la reforma, la corporación se regirá por unConsejo Ejecutivo Provisional, hasta
el 15 de julio de 2015, cuyossiete miembros, registradores mercantiles, serán nombrados por el
Ministerio de Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el gremio: será el
Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato del sistema electrónico. Y ese contrato se ha
convertido en el ojo del huracán de todas las críticas.
Un contrato a la medida de Futuver Consulting
Los registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en interpretar todos los cambios
preparados por el Ministerio de Justicia como una maniobra para adjudicar el sistema informático
integrado a una empresa muy concreta: Futuver Consulting.
Empresa asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se dedica desde
1997 a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Tiene
su sede madrileña en el mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de
Registradores–, donde están situados los registrosmercantiles y de la propiedad de la capital. Su
aplicación Futuregfunciona en una buena parte de los registros de España. Además, fue elegida por
el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar con el atasco
que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha informatizado los registros de México
DF yPanamá.
Hace dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al director general del
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Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de
nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos”
vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la
propiedad en Lleida y el segundo, mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador
solidario de Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando resultó
designado para trabajar en la Dirección General del Notariado del Ministerio de Justicia.
El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es,
según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que
pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la
publicación, Javier Angulo envió una carta al Colegiopara que éste rectificara el relato del digital. En
ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en
la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en
comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar
los registros”. Y que Futuver Rumanía ya no es filial de Futuver Consulting:“Sólo ostentó una
participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta
los 600.000 euros.
Informe a favor de Futuver
Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Javier Angulo fue el autor de un informe
enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática
de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. El documento data denoviembre de 2011, cuando el
Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese registro electrónico y el PP aún no había
llegado al Gobierno. Entonces, según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al
Colegio, únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo se dedica desde su
constitución a proyectos en materia de turismo y energías renovables” y que, dice, no tenía relación
accionarial con Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es Antonio Otero, el
consejero delegado de Futuver Consulting.
Las fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo como registrador de
Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos relacionados con la informática y trabajado en
proyectos tecnológicos para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una solución
integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa
que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”,
recalca en el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido encargar un
análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse [sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte
Inglés, etcétera. No tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda.
“En conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la solución en España pasa por
Futuver, pero desde el momento en que he conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho
una idea clara de las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y Futuver
significaría para ambos interlocutores, no puedo más que insistir nuevamente en que tenemos la
solución a nuestro alcance para dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de
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España”, concluye.
No se presentará al concurso pero se asociará al ganador
Javier Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio de Registradores ha
querido responder, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y sujeto a la confidencialidad
exigida en el concurso sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un
portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va a presentar al concurso de
Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser
subcontratada” por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la licitación, a fin
de “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo explicaba al Colegio de Registradores si elegía a
una gran compañía de consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica requerida:
“Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para hacerse con su solución y, previo lavado de
cara, la colocarán al cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”.
Por el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha el registro electrónico
integrado, el portavoz de la empresa asturiana mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá
a Futuver porque ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor especialización en este
campo”, destaca.
El representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un “intento de desprestigiar” a
la empresa: “Hay muchos interesados enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega
que Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su especialización se la señala
continuamente”, concluye.
Enrique Rajoy y Arbo
Los últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores. La mayoría se opone a
las reformas y adivina oscuros intereses tras ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de
sus colegas, reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General de los
Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como ahora ocupando cargos en el
Ministerio de Justicia, pero les acusan de haberse arrogado la representación de todos sus compañeros
para lanzar los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el hecho de que
tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos sean registradores, y de que el ya
exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio
para la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados por CCOO ante la
Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la
reforma.
En efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de la Propiedad en
Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo de secretario general del Centro
Internacional de Derecho Registral (Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores.
Creado en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era América Latina. Enrique
Rajoy también ha sido director de Relaciones Internacionales del Colegio.
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Los registradores consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la asociación que
congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez, acusan al Colegio Oficial de sostener una
“táctica suicida” enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus continuas
negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea finalmente “gratis total” y de que se haya
excluido al gremio del diseño de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a
los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de los Registros de las críticas
vertidas en los últimos meses por sus compañeros.
La próxima batalla la quieren dar los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones
del Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado una nueva asociación,
bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas. Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio
de Registradores, donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para descabalgar
a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos suficientes, éstos denuncian los intentos de la
minoría de “captar voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál será la
política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al respecto. Tomará posesión esta misma
semana.
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Reunión de CCOO co
Ministro de Xustiza
La resistencia activa de CCOO contra la supresión de los Partidos Judiciales, Juzgados
de Paz y Audiencias Provinciales; el rechazo de otros operadores jurídicos, de cientos
de Ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por el PP, que en sus plenos, han dado
voz a CCOO y han aprobado exigir al Gobierno la retirada de la reforma de Gallardón);
de varias CCAA como Galicia, Castilla-León, Extremadura (también con gobiernos del
PP) y Andalucía; de decenas de Diputaciones Provinciales, y de multitud de
asociaciones ciudadanas, logran que el Gobierno, con un nuevo ministro de Justicia,
retire el anteproyecto de reforma de LOPJ que había aprobado el Consejo de Ministros
en el mes de abril, a instancia de Gallardón.
Todo ello, y los intereses electorales en juego (en la primavera de 2015, elecciones
municipales y autonómicas), ha sido determinante, mientras otros sindicatos firmantes
de un preacuerdo inservible que no garantizaba los derechos básicos de los
trabajadores/as y que ahora se queda en agua de borrajas, renunciaron a la lucha a
cambio de la paz social.
CCOO ha propuesto al ministro de Justicia, que, además de abandonar los proyectos de
Gallardón, debe posibilitar un compromiso general en la Administración de Justicia para
garantizar, el empleo público y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, incluir
una OPE que convoque todas las plazas vacantes que existen, asegurar a todos los
trabajadores y trabajadoras sus retribuciones actuales en el caso de reordenaciones y
redistribuciones de puestos de trabajo, el respeto escrupuloso a la localidad de destino
de cada persona y la garantía de que no podrá existir movilidad forzosa fuera del
municipio, y que se fije un calendario para la restitución de todos los derechos que nos
han sido arrebatados, entre otros aspectos imprescindibles para nuestros derechos.
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CCOO ha reclamado al ministro Catalá:
Ley Orgánica del Poder Judicial:
En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ del exministro Gallardón, que se dé
definitivamente por muerto. Porque era un infame proyecto que creaba los Tribunales
provinciales de Instancia, que suprimía una gran parte de los partidos judiciales y de los
Juzgados de Paz y sus Agrupaciones, que eliminaba también muchos órganos judiciales
como las Audiencias Provinciales, que suprimía cientos de puestos de trabajo…. El
ministro ha contestado que comparte el objetivo de CCOO, porque no se puede
pretender imponer un proyecto que cuenta con el rechazo de la mayoría social, de los y
las trabajadores/as, ayuntamientos, organizaciones profesionales y
ciudadanas. CCOO espera a ver plasmado este compromiso del ministro para afirmar
con rotundidad que los trabajadores hemos ganado esta batalla.
CCOO también ha reiterado al ministro que es imprescindible que se retire la
privatización de los actos de comunicación mediante su entrega a los procuradores, para
que continúen siendo competencia exclusiva del personal de la Administración de
Justicia. También hemos reiterado nuestra exigencia de que se retiren todas las medidas
de privatización contenidas en la Ley de Jurisdicción voluntaria.
El ministro ha afirmado ante CCOO “que una reforma integral de la LOPJ se tiene que
dar con cierto consenso si quiere tener ciertas garantías en su puesta en marcha y esas
condiciones no se dan en este momento, y tampoco hay margen temporal para
construirlo en lo que queda de legislatura”, por lo que solo presentará una propuesta
de reforma parcial de algunas cuestiones de la LOPJ, renunciando por tanto a la
creación de los tribunales provinciales de instancia, a la supresión de los partidos
judiciales y de los juzgados de paz, por el contrario incrementará las funciones de
estos últimos. Y ha afirmado tajantemente que se mantendrán los Jueces de Paz
como venía reclamando en solitario CCOO.
CCOO ha reclamado también la eliminación, en el proyecto de código penal, de la
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criminalización de la protesta social que solo pretende impedir la movilización contra las
agresiones y pérdida de derechos de la ciudadanía.
Registro Civil:
Sobre el Registro Civil, CCOO ha exigido de nuevo a Catalá la derogación de la Ley
por la que se privatizan los Registros Civiles y se entregan a los Registradores
mercantiles. El ministro ha contestado que seguirán con dicho proyecto y, utilizando
un argumento falaz, ha mantenido que los registradores son funcionarios públicos
cuando todo el Gobierno sabe, incluido el registrador Rajoy, que la UE los considera
empresarios privados que deben cobrar el IVA, y las sentencias de la UE son de
obligado cumplimiento para el Gobierno de España.
CCOO. le ha trasladado que no cejaremos hasta lograr que los Registros Civiles
permanezcan en el ámbito de la Administración de Justicia. Y mantendremos e
impulsaremos las acciones necesarias para lograrlo. Le hemos manifestado que es
contradictorio que el Gobierno manifieste que desea normas que gocen de consenso,
porque de lo contrario serían modificadas si se produce cambio de Gobierno, e imponga
una norma que es rechazada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y toda
la sociedad.
El ministro ha afirmado literalmente que materializará una disposición que garantice
todo el empleo actual, titular e interino, pero no ha comprometido de ninguna manera a
qué norma legal lo llevará para que obligue a las CCAA con competencias transferidas.
CCOO le ha entregado nuestra propuesta (ya remitida al director general el pasado 31
de julio) que asegura que no se pierda ni un solo puesto de trabajo
Oferta de Empleo Público
Sobre la Oferta de Empleo Público (OPE), CCOO ha exigido que en la Administración
de Justicia se tienen que convocar todas las plazas vacantes existentes porque no
generan gasto alguno, y mediante el sistema de concurso-oposición, para garantizar los
derechos de todos. La respuesta del ministro y de la secretaria de Estado ha sido que no
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se comprometen a una OPE de las características y cuantías de plazas
que CCOO reclama, pero que están dispuestos a elaborar un calendario en el que
fijarían los plazos para acercarse a nuestra demanda en varios años.
Ley de tasas judiciales
CCOO ha reclamado de nuevo su derogación y que, como mínimo las personas físicas
no tengan que pagar tasas en su acceso a la Administración de Justicia. El ministro no
ha adquirido compromiso alguno, pero ha aceptado tácitamente que dicha ley pudiera
estar impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva a muchas personas que han
dejado de recurrir por incapacidad económica.
Restitución de derechos robados desde 2010 (salario, paga extra, días de
asuntos, vacaciones, IT…).
Ante la exigencia de CCOO de establecer un calendario para la devolución de todos los
derechos robados, incluida la reposición del 100% del salario en los casos de IT (así, le
hemos recordado la injusta desigualdad entre las excepciones que se establecieron para
jueces y fiscales y las que no se regularon de la misma forma para el resto del personal
de la Administración de Justicia), se nos ha contestado por la secretaria de Estado que
estas devoluciones de derechos son de carácter general y afectan al conjunto de los y
las empleados públicos por lo que la decisión debe ser del Gobierno, y no se puede
resolver solo para nuestro ámbito.
CCOO le ha contestado que el establecimiento de un calendario de devolución de
derechos es imprescindible porque es de justicia con los trabajadores/as a los que se les
lleva saqueando desde 2010, en segundo lugar por las contradicciones entre las
numerosas declaraciones del ministro Montoro y del presidente del Gobierno en la que
hablan reiteradamente de que se está produciendo una recuperación económica,
mientras la realidad es que esta recuperación solo la percibe el Gobierno, pero, en el
caso de la paga de 2012, además, por la imperiosa obligación del Gobierno de devolver
el 100 % de la misma (no solo ese escaso y patético 24 % que anuncia Montoro en el
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proyecto de la LPGE), ya que en la Administración de Justicia dicha paga extra 2012
había sido devengada completa cuando se publicó la reforma de la LOPJ.
Mugeju
Hemos reclamado la paralización de la reforma del reglamento de órganos de
gobierno de MUGEJU, porque elimina la posibilidad de actuación de los representantes
de los y las mutualistas que les molesta de forma especial, y así impiden que se puedan
defender los derechos, que, de aprobarse esa reforma, dejará indefensos. No ha habido
compromiso del nuevo equipo del Ministerio de Justicia ante esta exigencia.
Ley de Justicia Gratuita
En relación con la Ley de Justicia Gratuita, CCOO defiende que el umbral de ingresos
para tener acceso a la justicia gratuita se eleve de forma importante, y que se garantice
(por ser uno de los pocos avances, exigidos y logrados por CCOO, que se produjeron en
la anterior etapa) el restablecimiento del derecho del personal funcionario para que
pueda intervenir ante la Administración de Justicia, en defensa de sus legítimos
derechos laborales y profesionales, sin abogado ni procurador.
Apertura mesa negociación sustituciones, interinos y productividad
CCOO ha demandado que de inmediato, tras la reunión de la mesa sectorial (que vuelve
a retrasarse hasta el 12 de noviembre, pues estaba prevista para la semana próxima) se
abra la negociación sobre varios aspectos fundamentales para nuestros derechos:
mejora de la regulación del régimen de sustituciones verticales, así como la regulación
de las horizontales con todos los derechos, la mejora de la regulación de las bolsas de
personal interino para la garantía de sus derechos laborales, el pago de la productividad
a todos los trabajadores/as del órgano judicial, y no solo a los secretarios judiciales
como hasta el momento,….)
Nueva Oficina Judicial
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CCOO ha exigido de nuevo la paralización de la implantación de la NOJ hasta que no
se resuelvan todos los problemas actualmente existentes y que datan desde las
primeras implantaciones, exigiendo la constitución inmediata de una mesa de
negociación.
Cuotas impagadas de la Seguridad Social
Hemos trasladado a este nuevo equipo que conteste a la denuncia presentada por
CCOO y que se resuelvan de una vez las numerosas lagunas y vacíos existentes
en las cuotas de la Seguridad Social, bastante extendidas, y que afectan de manera
importante a muchos compañeros y compañeras interinos y personal laboral. Exigimos
que se adopte, de una vez, una decisión pactada entre la Seguridad Social y el
Ministerio de Justicia, que recupere esos vacíos y ponga al día las cotizaciones sociales
de las personas afectadas, pues son víctimas de los errores de la Administración. En
caso de que esta solución no se produzca en un breve plazo, CCOO, como hemos
informado, presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para
defender a todos estos trabajadores/as.
Hemos exigido que el nuevo ministro de Justicia impulse la mejora de las
condiciones de trabajo y retributivas del personal laboral de la
Administración de Justicia, personal que ha sido abandonado desde hace
muchos años por la Administración y que todos los ministros de Justicia y equipos
anteriores han mantenido en una situación intolerable. Existen numerosas y justas
reivindicaciones de este personal, que hemos planteado hoy de nuevo, como el
establecimiento de un programa de productividad general para todo el personal
laboral (recordamos que siguen existiendo cientos de salarios del personal laboral
muy por debajo de los 1.000 euros), la traslación de todas las directivas europeas
a la norma española, como la directiva en relación a la traducción e interpretación
que obliga al Gobierno español a la reclasificación al nivel 1 a todos estos
compañeros/as, la garantía de la promoción interna (inexistente en los últimos
años), la cobertura de todas las vacantes, pues cientos de puestos de trabajo
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siguen sin cubrirse, con la consiguiente sobreexplotación de las y los
trabajadores…, y muchas más reivindicaciones.
Plan de Igualdad
Hemos reclamado el establecimiento de un Plan de Igualdad en la Administración de
Justicia de forma urgente, que CCOO lleva exigiendo desde hace años y ya existen en
varias administraciones públicas.
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Concurso de traslados.
Tomas de posesión e
cesamento
O vindeiro martes 4 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 20 de
outubro de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o
concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de
xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio
xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 29 de abril de 2014.
Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse
na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións
organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 e
a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 de luns a venres. Á marxe das datas de
cesamento fixadas na Resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2014, auxilio e
xestión o día 17/11/2014), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión
antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso,
este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a
contarlle o seu respectivo prazo posesorio.
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No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades
dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de
posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa
Resolución de adxudicación.
Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as
xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes
persoanais das persoas que tomen posesión dun novo posto.
Persoal procedente de fóra da comunidade:
· Fotocopia DNI
· Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
· Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e/o
tarxeta de MUGEJU
· Certificado de haberes
· Certificado ou copia dos trienios
· Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan
· Modelo 145 (IRPF)
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Persoal destinado na comunidade
· Fotocopia DNI
· Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da CCAA de
Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de
identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal
circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da
comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será
entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza.
Para ter acceso a información sobre as adxudicacións definitivas, prema o seguinte
enlace coa páxina do Ministerio.
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Correo de contacto: [email protected]
Tfno do Sector de Xustiza: 619282917
Delegados/as:
Coruña: Raquel [email protected]
Ferrol Mati [email protected]
Santiago: Ana [email protected]
Vigo e Pontevedra: Tino Novoa [email protected]
Ourense: Sonia [email protected]
Lugo. Rafa [email protected]
Coordinación: Jorge [email protected]
