Buenaventura desmembrada

El puerto más importante del país también es el más peligroso del mundo. A la horrorosa estadística de dos muertos semanales, hay

que sumarle que 26 de ellos han sido picados. Radiografía del crimen.

Fotos Carlos Villalón

Por: Juan Camilo Maldonado | noviembre 13, 2014. Las 2 Orillas

Veintiséis

Los dos dedos aparecieron junto a la carretera principal que bordea el

barrio Camilo Torres, en la Comuna 10 del puerto de Buenaventura. Eso, al menos, fue lo que la chica declaró a la policía. Dijo que los

levantó del suelo, uno después del otro; los metió en una bolsa de plástico que guardó en su bolsillo, y luego pensó con misteriosa

certidumbre: “Estos son los dedos de mi hermano”.

Luis Fernando Otero tenía 17 años y era lavador de carros. Por los días del hallazgo de su hermana, ya el rumor corría entre los más de

390 mil habitantes de Buenaventura, el puerto más importante del

Pacífico colombiano: que Luis Fernando se había ido hacía varias semanas porque una banda lo andaba buscando. Que había vuelto

quince días atrás, vaya uno a saber para qué. Que fumaba marihuana en la calle. Que andaba en vueltas raras. Que cobraba extorsiones a

su nombre sin pedirle permiso al Clan Úsuga. Por eso, decían, por todo eso lo pelaron.

El joven lavador de carros llevaba varios días desaparecido cuando

llegué a Buenaventura, como parte de un equipo de VICE NEWS, a principios de junio de 2014. Ya para entonces, el ejército y la policía,

por orden del presidente Juan Manuel Santos, habían aumentado en

un tercio su pie de fuerza y llevaban tres meses buscando frenar una espiral de violencia que, durante el último año y medio, había

incrementado los homicidios en un 42 por ciento y convertido a la

ciudad en la más peligrosa del país.

La violencia en Buenaventura tenía un agravante macabro: entre 2013 y 2014, según la Policía Distrital, 25 personas habían sido

cuidadosamente desmembradas, y sus partes arrojadas, ora en calles, plazas y parques de la ciudad, ora en los esteros laberínticos

que dan al Pacífico, a la vista de los pescadores y recolectoras de piangua. Durante un año, la guerra se había mantenido fuera del

radar de la opinión pública nacional, pero ya para el momento de nuestra llegada, los desmembramientos sistemáticos denunciados

desde febrero de 2013 por monseñor Héctor Espalza, obispo de Buenaventura, habían llegado por fin a las páginas y titulares de los

medios nacionales.

La guerra había tocado fondo a comienzos de febrero. En parte, por

cuenta de las constantes extorsiones de las bandas a los comerciantes del puerto. Con los pobladores llevados al límite,

Espalza organizó en febrero una masiva marcha de protesta y el asunto se volvió de orden nacional. Entre los pobladores locales, el

verbo picar comenzó a ser más frecuente que un saludo, y los medios comenzaron a hablar a diario, en plena campaña de reelección

presidencial, de la existencia de casas de pique, viviendas específicas de la ciudad, en especial los barrios más pobres, donde,

presuntamente, las víctimas eran asesinadas y desmembradas. Luis Fernando sería la víctima 26.

Fotos Carlos Villalón

El día en que llegamos al puerto, una bolsa blanca con restos

humanos había sido hallada en Gamboa, un sector ubicado en una colina periférica del distrito, desde donde se divisan, a lo lejos, el

océano Pacífico, las 12 comunas de la ciudad y las grúas de las dos

principales terminales portuarias por las que anualmente atraviesan dos terceras partes del comercio exterior colombiano (unos 15

millones de toneladas de mercancía, según el Ministerio de Comercio Exterior).

Llegamos a Gamboa bajo un cielo despejado y el castigo del sol de

mediodía. Los forenses de Medicina Legal trabajaban desde la mañana en el rescate de los restos, mientras que los vecinos y la

televisión local repetían sin parar una verdad que, al parecer, no precisaba de confirmación: era Luis Fernando Otero, ese cuerpo en

pedazos, esa camiseta roja con negro con un número en la espalda, esa tarjeta de identidad en la bolsa enterrada al lado de las vías del

tren en un barrio que no era el suyo. Su rostro en cada nota de la tele local: mirada profunda, sobrio, de corbata, como si fuera la foto

del carnet de la universidad a la que nunca ingresaría. Todos lo

sabían. Empezando por su mamá, Luz Marina Ibarguren, una morena de rasgos amables y mirada infranqueable, quien nunca llegó al lugar

de la exhumación.

A un par de barrios de distancia, en un modesta casa de ladrillo y en una sala sin muebles, Luz Marina velaba ya a su hijo. En

Buenaventura, cada barrio y cada cuadra le pertenecen a uno u otro bando, y cruzar las fronteras invisibles que delimitan a sangre y

fuego los combos implica firmar un sentencia de no retorno. Por eso, ni Luz Marina ni su hija ni su comadre, una doña seria y algo amarga,

con la piel cubierta de verrugas, salieron a presenciar el levantamiento del cadáver. Los dos dedos que encontraron días atrás

—y uno que otro comentario de los muchachos del barrio— les bastaron para dar a Luis Fernando por muerto. Apenas lo supieron,

apenas decidieron que estaba muerto, montaron un altar de velación

en la casa: un rosario de plástico rosado sobre un moño de tela negra que habían amarrado a una sábana blanca, cuidadosamente colgada

de la pared; un cirio prendido en el suelo y, junto a él, un vaso con agua hasta el tope, pa’ que el muerto pase cuando tenga sed.

En Buenaventura, el 89 por ciento de la población se reconoce de

raza negra o mulata, según registros de la Defensoría del Pueblo. Una estadística fácil de verificar, pues allí África se presiente en la

mayoría de espacios y ocasiones, entre ellos, el amor (un negro no deja un condón usado en la casa de su amante, por miedo a ser

embrujado por medio de su propio semen) y, por supuesto, la muerte, alrededor de los cuales se han construido rituales cada vez

más relevantes para una ciudad que llegó a registrar, hace ocho años, 416 homicidios anuales.

Pocos en el puerto parecen tan interesados en la relación entre cultura popular y violencia como el comandante de la Policía Distrital,

José Miguel Correa. Su oficina, en el último piso del comando central

de las fuerzas policiales, está adornada con numerosas estampas de la Virgen María, el papa Francisco y su antecesor, Benedicto XVI, y

sentado allí coordina desde noviembre de 2013 las operaciones de seguridad que han buscado frenar el aumento de los homicidios en el

puerto.

—Cuando en el Pacífico asesinan a alguien, los familiares de la víctima le amarran los pulgares de las dos manos y los dos pies antes

de enterrarlo. Con esto esperan que el alma del difunto regrese al mundo y seque a quienquiera que lo mató— nos explicó Correa, con

gestos rígidos y fríos, casi académicos, el mismo día que comenzó la exhumación del cuerpo en Gamboa.

Correa y muchos en el puerto consideran que detrás de los

desmembramientos hay un trasfondo sincrético. Si bien es evidente

que los descuartizamientos sirven para aterrorizar a la población, la policía ha encontrado collares de santería junto a algunos restos, lo

que le ha dado pie al coronel para suponer que, quizás, el descuartizamiento de las víctimas busca prevenir que el muerto

regrese a vengarse.

—Por eso los desmiembran. Incluso si todas las partes se meten en una bolsa, la brujería deja de tener efecto— nos dijo el comandante,

para luego aclarar que la lucha contra los combos incluye la lucha contra la brujería—: Aquí en Buenaventura están las brujas más

grandes del Pacífico, utilizan yerbas, velas, rezos; hemos tratado de cortar eso.

Durante los siguientes días, pasamos horas buscando a las brujas.

Todos en el puerto conocen a una. Es la tía, la abuela, la vecina de

una amigo a quien alguna vez acudieron para amarrar a un amor o quitarse un embrujo. Todos saben que las brujas existen, y que no

hay chance de que le hablen a periodistas.

Al fin logré dar con el teléfono de una de ellas, gracias a los buenos oficios de una vendedora de hierbas en la plaza de mercado del

puerto. La llamé ahí mismo, entre manojos de salvia, caléndula y ortiga. La voz curtida y vieja del otro lado sentenció antes de cortar:

—Nosotras no hablamos de eso.

Foto Carlos Villalón

Bajamar

El fenómeno debe intrigar a más de un urbanista: miles de personas

que habitan palafitos; comunidades que han escapado de las guerras de la selva, y que emprenden lentamente la labor de construir sus

hogares sobre el mar, primero entre tablones, y luego entre tabiques y cajones, que rellenan con aserrín, conchas, basura y arena, para

terminar creando trozos de suelo, suelo creado, suelo falso, que desafía el diseño natural del litoral del Pacífico y lo reinventa. Con ese

método paciente, emocionante y precario, durante una sola generación, un barrio puede construir una cancha de fútbol sobre el

mar y obligar al agua a dar marcha atrás. Es una conmovedora labor orgánica, de colonia, que estrecha los lazos entre los seres humanos

y el espacio natural que los rodea. Eso es bajamar.

Sobre sus territorios, ganados a pulso al agua, han transcurrido, durante los últimos 25 años, las guerras de Buenaventura, las

mismas guerras de Colombia, que acá se han valido del litoral, de sus ríos, esteros y manglares, para asegurar la salida de cocaína y la

entrada de armas e insumos para la mafia y la guerrilla. Han sido muchas, las guerras —traslapadas, encadenadas en el tiempo—: la

llegada del cártel de Cali, a comienzos de los noventa; el ingreso del frente Manuel Cepeda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC), a finales de esa misma década; la toma paramilitar

a comienzos de milenio, liderada por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); la salida de las FARC, la

desmovilización de las autodefensas y, finalmente, la reactivación de

algunas de sus viejas estructuras. Estas últimas, bajo el nombre de La Empresa, comenzarían, desde 2005, un corto reinado sobre el

puerto.

En 2012, sin embargo, un nuevo cártel, proveniente del Urabá, en la costa del Caribe, cuna del más sangriento y ambicioso

narcoparamilitarismo, buscó nuevas salidas por el Pacífico y decidió ingresar al puerto. Un cártel de estructura unívoca, pero múltiples

nombres: Los Urabeños, para los medios de comunicación; el Clan Úsuga, para el gobierno; Los Chocoanitos, para muchos de los

habitantes de la ciudad. Un cártel más, con necesidad de ampliar su influencia y rutas de salida al mar.

Y se acabó la calma frágil de La Empresa. Y estalló la guerra. Los

Urabeños le sonsacaron sus gatilleros a la banda local a punta de

dinero y disparos, y una vez hechos los debidos fichajes y contrataciones, comenzó la disputa por el control de las cuadras y las

manzanas, y la ley tácita, marcial y mortal de las fronteras invisibles.

Así transcurrió la guerra por un año largo, y así mismo imperó el silencio, hasta que los que cayeron no fueron matones de cuadra ni

sicarios adolescentes, sino las amables vendedoras de la esquina, los mototaxistas, los pescadores…

Hasta que un día, nadie sabe cómo ni en qué momento, los niños

dejaron el fútbol y comenzaron un nuevo juego: el juego de picar. Esto me lo contó Nora Isabel Castillo, líder comunitaria de una calle,

una sola, del barrio La Playita, Comuna 4, en el codiciado centro neurálgico de Buenaventura. Una sola calle, ganada al mar, como

muchas otras, llamada en antaño Puente de los Nayeros, y hoy,

convertida en tierra firme, calle San Francisco. Allí, desde abril de 2014, unas 280 familias buscan convertiste en la primera zona

humanitaria urbana de Colombia, un modelo que en el pasado funcionó en zonas rurales del país, cuando los civiles quedaban

inexorablemente atrapados entre el fuego de guerrilleros, paramilitares y fuerzas estatales. La clave: hacer respetar la

condición de civil, y prohibir la entrada de cualquier arma o actor armado, legal o ilegal, a su territorio. Nora Isabel, una mujer dulce y

vital, que no pasa de los treinta años, con una mirada y sonrisa que desbordaban luminosidad, nos invitó a caminar, en dirección al mar,

por la calle San Francisco.

Nora caminaba tranquila, sonriente, hasta que se detuvo frente al rastro de un rancho derribado, entre dos palafitos.

—Aquí, en este hueco, estaba la casa. Aquí traían a la gente el año

pasado para picarla. Muchos sabíamos, pero nadie decía nada, teníamos miedo. Todo acá era miedo. A las cinco no había niños en la

calle, todos nos encerrábamos, y a rezar para que nada más nos

pasara—, nos dijo.

Pero entonces comenzaron a morir los vecinos y los compadres, mientras los niños se correteaban entre los tablones para luego jugar

a desmembrarse. Y un día, no hubo más paciencia: —La banda que controlaba esta calle secuestró a un taxista y

extorsionó a su esposa, una vendedora callejera de mariscos. Como dos millones de pesos le estaban cobrando a la señora. Ella pensó

que podía negociar con ellos, y se metió aquí al barrio a buscarlos. Pero apenas llegó a esta casa, ¡ay!, la pobre se dio cuenta de que el

hombre ya estaba muerto y ya lo iban a picar. La mujer se puso a dar gritos del dolor. La persiguieron. Ella se mandó al mar. Y hasta allá

fueron tras ella, en una barca. La agarraron a machete limpio en el agua y le amarraron una piedra en el cuello pa’ que se hundiera.

Todo esto pasó a las 9 a.m.. A plena vista de nuestros hijos. Ese día

dijimos: No podemos más.

Foto Carlos Villalón

Niños

El día en que la comunidad de Puente de los Nayeros decidió negarle la entrada a las bandas, organizó un acto simbólico. En el pequeño

salón que funciona como centro comunal, citaron a todos los niños —se cuentan cientos en esa larga cuadra— y los invitaron a dejar sus

armas. Los rifles y las pistolas de madera fueron arrojados al suelo.

Como contrapartida, los niños recibieron instrumentos musicales,

entre ellos una marimba de chonta.

Desde entonces, los niños volvieron a salir a la calle. Con tanta fuerza

y tanta vitalidad que, durante nuestra visita, fue difícil grabar el documental. Mientras el camarógrafo de nuestro equipo intentaba

captar escenas donde no se interpusiera la algarabía infantil del final de la tarde, yo buscaba convencer a los niños para que posaran

frente a la lente del fotógrafo, juguetones, como modelos que han visto en la televisión.

No todo, sin embargo, era felicidad y desorden en la calle que Nora,

junto a otra decena de líderes de cuadra, buscaba mantener en paz. Días atrás, la comunidad había logrado concertar, junto a la Brigada

de Infantería de la Marina y la Policía Distrital, la desmovilización de 14 adolescentes asalariados de La Empresa y Los Urabeños, quienes

habían sido enviados a centros de atención social fuera de Buenaventura.

Justo en los días de nuestra visita, algunos de estos muchachos habían regresado, y merodeaban, silenciosos y cabizbajos, por el

área humanitaria. —¡Mírelo!, ahí está el paramilitar— me dijo Nora sin siquiera alzar la

mirada, sus ojos repletos de miedo, vacíos de luminosidad. Me le acerqué al chico, pese al reproche de algunos de los líderes. No

tenía más de 19 años, gorra sport negra, de medio lado, la mirada cargada de miedo o de rabia o de ambos, y una medalla del Señor de

los Milagros y la Virgen de Buga, colgada del cuello.

No me dijo mayor cosa. Solo que había regresado del centro de atención porque allá, en Buga, ciudad intermedia a dos horas de

Buenaventura, no le habían “cumplido con lo prometido”. Que lo tenían encerrado. Que no tenía nada que hacer. Que sólo rezaba…

—¿Y a qué regresaste, entonces?

—A que me cumplan. Le pregunté que dónde lo habían mandado tras su “desmovilización”.

El muchacho se sacó una tarjeta del bolsillo y me la entregó: Fundación Peña de Horeb para el Desarrollo Integral. Centro de

rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. La sociedad dice adicto una vez, adicto para siempre, pero Jesucristo dijo: Conoceréis la

verdad y la verdad os hará libres. Jn: 8,32.

Perdí por un momento de vista al joven “paramilitar”, pensando que en otro contexto lo llamarían “pandillero”. Segundos después, dos

policías lo escoltaban a empellones hacia la salida del área humanitaria.

Foto Carlos Villalón

Jugar

¿Quién pica? ¿Por qué pica? ¿A quién pica?

Gracias a algunos contactos locales, logramos entrevistarnos con dos jóvenes gatilleros, perros, sicarios, bases operativas y asalariadas

que le prestan servicios a los más de cuarenta mafiosos profesionales que, en cada bando criminal, según el comando local de la Brigada de

Infantería de Marina, convirtieron a Buenaventura en un camposanto de desmembrados y cuerpos sin vida.

Los muchachos accedieron a entrevistarse con nosotros de forma

anónima, en un lugar seguro y lejos de la guerra cotidiana que, con todo y la intervención militar y policial, se vive en sus barrios.

Verlos llegar me dejó sin palabras. Aunque quisieran, estos chicos no

podían disimular su edad y, como el temido “paramilitar” de Nayeros,

no sobrepasaban los 18 o 19 años.

La chica nos pidió que la llamáramos Jessica Paola; él, Juan David. Eran amigos, compañeros de barrio y de juego de la infancia, llegaron

al lugar de la entrevista sonriendo y jugueteando, como si estuvieran en un paseo al campo. Ambos habían ingresado a las bandas antes

de cumplir 14 años, y luego de pasar un tiempo peleando para combos contrarios, se encontraban al servicio de Los Urabeños, la

mafia visitante, que por esos días pagaba mejor la mensualidad: novecientos mil pesos, en una ciudad donde cincuenta por ciento de

los jóvenes no cursa bachillerato y el desempleo revienta todos los

promedios (63.3 por ciento, para 2010, según el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística).

El muchacho nos contó que comenzó a descuartizar a los 14 años,

que se había salido de La Empresa porque la plata ya no llegaba, que la primera vez que lo hizo fue con su sistema nervioso lleno de

marihuana, y que una vez desmembrado, al muerto había que mearlo y saltarlo tres veces para que no volviera a vengarse (“uno se va

quedando flaquito, flaquito, hasta que se muere”, nos dijo).

Ambos narraron historias similares. La historia de dos niños atrapados en una guerra que nunca pidieron. Al terminar, se quitaron

las capuchas y se entregaron al juego. Sonrieron y posaron ante las cámaras, estaban contentos. De habérmelos encontrado en la calle,

les habría sonreído.

Foto Carlos Villalón

El futuro

“Buenaventura, un nuevo modelo de ciudad”. El aviso se lee a la entrada de la Oficina de Planeación. El enorme afiche, que recibe a

los visitantes del más importante edificio administrativo del distrito, es un render panorámico de su zona central, que deja ver un frente

costero con playas de arena amarilla, adornadas con palmeras y

salpicadas de parques boscosos, proyectados justo en las zonas más conflictivas de bajamar en las comunas 1 y 4. Cualquiera que viera

este pendón creería que está viendo un mapa calcado de Miami Beach, y no una de las ciudades más pobres y violentas de Colombia.

El pendón tiene una frase bajo la imagen: “Proyectando el futuro,

construimos el presente”.

Por estos días, los más importantes proyectos de renovación urbana,

bosquejados por las autoridades de Buenaventura por más de una década (el más reciente fue encargado a la Universidad del Valle, en

2006), están, en buena parte, detenidos. El plan de intervención del borde central, llamado Malecón Bahía de la Cruz, solo tiene vía libre

en un sector donde hoy no existen palafitos; del resto, el proyecto plasmado en el enorme afiche de la oficina municipal está estancado,

en parte, por cuenta de la resistencia de los habitantes de bajamar, para quienes su permanencia en esta zona es un derecho adquirido

luego de años de ganarle espacio al Pacífico.

Sin embargo, para muchos en estos barrios —Nayita, Centenario, La Isla, San José, Muro Yusti, Campoalegre, Viento Libre y La Playita— la

soledad enorme con la que han tenido que enfrentar la violencia diabólica de estos dos años está relacionada con la imperante

necesidad que tienen las autoridades locales de que las comunidades

dejen sus territorios para abrirle campo a los nuevos proyectos.

Lo dicen los habitantes de la calle San Francisco, para quienes la zona humanitaria no solo busca frenar la violencia entre las bandas, sino

reclamar su derecho sobre el suelo creado; y lo dicen en San José o San Yu, el barrio más antiguo del puerto, frente al que hoy está

levantado un muro de concreto que les corta a sus pescadores la salida a la bahía, construido hace diez años en un impulso de la

administración de entonces para comenzar la renovación sin más avisos.

En la oficina municipal, el director de Planeación Urbana, Wilmer

Garcés, nos aseguró que el proyecto no se llevará a cabo sin la previa consulta a las comunidades y que, además, la administración

adelanta un plan para “reubicar” a las familias de bajamar, en la

ciudadela San Antonio. El complejo de edificios de concreto contiene medio millar de pequeños apartamentos, y fue construido con una

ridícula fracción de los 55 millones de dólares que aparecieron en 2007 en Cali, en una caleta propiedad del hoy capturado

narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta, temido pupilo de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores del cártel

de Cali.

No sobra recalcar la ironía: los habitantes de bajamar están siendo trasladados a vivir a unos edificios construidos con la plata de la

guerra que los desplazó. —El proyecto San Antonio es complementario con el de Bahía de la

Cruz, en la medida en que es en este proyecto habitacional en el que se reubicarían las personas que viven en bajamar — nos explicó

Garcés — además es un sitio cercano que mantiene contacto con un

brazo de un estero que les permite acceso a estas comunidades a la zona marítima.

—¿Y por qué no dejarlos donde están, y vincular a estas comunidades

a los proyectos de renovación? —Cualquier iniciativa tendiente a mantener los asentamientos de

poblaciones tendría que definir los aspectos relacionados con la gestión del riesgo. Hoy las reglamentaciones de la Dirección Nacional

Marítima (Dimar) no nos permiten mantener estas zonas palafíticas, pues existen riesgos asociados a fenómenos naturales como

tsunamis, crecientes y demás. —¿Y qué pasará con quienes no se quieran ir?

—No los podemos obligar, porque aquí nunca ha habido un ejercicio coercitivo.

Foto Carlos Villalón

Sobrevivir

Durante nuestro último día de visita al puerto, viajamos a la

ciudadela de San Antonio, a unos 25 minutos en carro de las zonas de centrales de bajamar, en terrenos donde Buenaventura deja de

ser ciudad para mezclarse con el campo y la selva.

Caminando entre las pequeñas calles de la ciudadela de concreto,

diseñada con pequeños adornos con tablas de madera que parecen evocar tímidamente las construcciones palafíticas que sus habitantes

dejaron atrás, nos encontramos con Marino, un viejo pescador que trabajaba en la construcción de una lancha metrera, como llaman los

habitantes del Pacífico a la canoas alongadas y angostas construidas

con madera de tangare, jiguanegro y otra serie de árboles que abundan en el litoral.

Nos sorprendió ver a don Efrén estar construyendo una barca en medio de un paisaje donde, a primera vista, no había ni un balde de

agua. El viejo, arrugado y curtido por la sal y el sol, de mirada amable, nos explicó que una vez cada tanto (durante cinco o 15 días,

dependiendo del momento del año), las aguas del Pacífico se crecían tanto que el brazo del estero (el mismo brazo al que había hecho

referencia el director de Planeación) se llenaba del agua suficiente para poner la barca a navegar. Su plan, nos explicó, era esperar la

próxima crecida para llevar la embarcación dos horas hacia la costa y dejarla guardada donde un familiar, que se había resistido a dejar su

casa en bajamar.

Detrás de la lancha en construcción, dentro del apartamento de 52 metros cuadrados, sin un solo mueble, en oscuridad de gris concreto,

se encontraba Efrida, su mujer, quien me explicó que allí duermen a

diario ocho de sus nietos, una nuera y dos de sus hijos. —Hay veces, cuando estamos todos, que dormimos como marranos—

me dice Efrida, sus nietos jugando junto a los colchones contra la pared, que en la noche cubrirán el suelo.

Mujeres como Efrida, solían recolectar piangua de las raíces de los

árboles acuáticos en bajamar, que luego, junto a los pescadores, vendían en los mercados del centro de Buenaventura. Hoy, lejos de la

costa, obligadas a pagar transporte urbano para llegar a los esteros, muchas han preferido cambiar de oficio, y se las arreglan como

pueden ofreciendo mercancía y servicios a sus nuevos vecinos.

A Efrida, a sus nietos, a su esposo que construía una barca para el día en que subiera la marea, se les veía tranquilos. Lejos de la

ciudad, lejos del rancho palifítico que alguna vez llegó a tener cinco

habitaciones, lejos, más lejos aún, de Pastico, ese caserío en el río Naya del que salieron desplazados por la guerra en 2001, la vida no

estaba, al menos, puesta a merced del ajedrez de las bandas de turno.

—¿Qué tal está, doña Efrida, le gusta este lugar? Ella me responde sin si quiera pensarlo. Para qué hacerlo:

—Esto está bueno, joven, hasta acá al menos no llega la violencia. —————

Este artículo fue publicado orginalmente en la edición de octubre de

VICE México. Desde nuestra visita, han aparecido dos desmembrados más en Buenaventura.

En Twitter, Juan Camilo Maldonado es @donmaldo