CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO Año 2010 IX Legislatura Comisiones. Núm. 305

COMISIÓN DE CULTURA PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIMAS

ANTONIO SAÑUDO AJA celebrada el jueves,

25 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del Presidente de la Asociación de Internautas, D. Víctor Domingo Prieto, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su postura en relación con el último informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que, entre otras cuestiones, sostiene que las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual ejercen una posición monopolística. (Número de expediente 715/000287). (Página 2)

Debate y votación de las siguientes mociones: (Página 13 y 20)

-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a reforzar su colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y a participar en sus órganos de funcionamiento. (Número de expediente 661/000483). (Página 13 y 20)

-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a abonar la cantidad invertida por el Ayuntamiento de Roa (Burgos) en la restauración de la muralla, así como a evitar su deterioro. (Número de expediente 661/000492). (Página 17 y 20)

-- Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a realizar un reconocimiento institucional y subvencionar a la Confederación

Española de Sociedades Musicales (CESM). (Número de expediente 661/000494). (Página 16 y 20)

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se abre la sesión.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS, D. VÍCTOR DOMINGO PRIETO, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, PARA EXPLICAR SU POSTURA EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA (CNC) QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, SOSTIENE QUE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EJERCEN UNA

POSICIÓN MONOPOLÍSTICA (Número de expediente 715/000287).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, punto primero del orden del día: Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del presidente de la Asociación de Internautas, don Víctor Domingo Prieto, para explicar su postura en relación con el último informe de la Comisión Nacional de la Competencia que, entre otras cuestiones, sostiene que las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual ejercen una posición monopolística.

Tiene la palabra don Víctor Domingo.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS (Domingo Prieto): Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer este llamamiento porque este es un tema que desde Internet se ve con mucha

preocupación, hasta tal punto que ahora hay un estado total de beligerancia precisamente relacionada con esta situación, concretamente con la influencia que tienen en nuestro mundo político, en nuestro Gobierno, y por lo que se ve también en el legislador, estas sociedades de gestión, que no solamente están influyendo para recaudar de una manera absolutamente desmedida los legítimos derechos de autor -eso nunca lo ponemos en duda-, sino que, además, está influyendo en el legislador para llevar a esta sociedad a una restricción de derechos fundamentales, hasta tal punto que está teniendo mucha fortuna la creencia de que en esta sociedad se está instaurando una especie de dictadura del culturetariado que está influyendo muy negativamente en el desarrollo de nuestro Estado de derecho y de las libertades civiles. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, por

favor, les ruego que si deben tener alguna conversación, la tengan fuera de la sala.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS (Domingo Prieto): Las relaciones de la Asociación de Internautas con estas sociedades de gestión datan del año 2000, aunque no fuimos conscientes hasta septiembre de 2003 de que habíamos entrado en una pelea y de que teníamos enfrente el poderío, la influencia y la total agresividad hacia el mundo de la sociedad de la información por parte de las sociedades de gestión de los derechos de autor, siempre con la Sociedad General de Autores y Editores a la cabeza. Esta situación se produjo en aquella legislatura con ocasión de la negociación de la Ley de comercio electrónico y para la sociedad de la información, aquella ley que duró dos años de negociación y se debatieron hasta 60 anteproyectos, y fue validada en octubre de 2002. Para

nosotros resultó muy interesante ver cómo se tienen que hacer las leyes al ser tan amplia su negociación. Muchísimas entidades, colectivos socioprofesionales e instituciones participamos en su desarrollo, no obstante era la primera ley de Internet. Nosotros fuimos absolutamente beligerantes en tres puntos y al final nos salimos con la nuestra, creo que para bien de la ley y de lo que se pretendía. Los tres puntos eran los siguientes: no sabíamos quién estaba detrás de aquello ni por qué, pero luego pudimos ver que eran precisamente las sociedades de gestión las que intentaban que en esa ley se considerara que los proveedores de servicio de Internet eran responsables de los contenidos que se alojaban; se pretendía con esa ley que cualquier autoridad competente pudiera cerrar páginas web sin permiso judicial; y que se pudieran inspeccionar las comunicaciones electrónicas también sin permiso judicial. Fueron tres puntos

de choque absolutamente innegociables por nuestra parte, que, como decía, llegaron a los dos años de negociación. Pero, afortunadamente, en octubre de 2002 esos puntos no salieron. Luego nos enteramos de que quienes estaban al otro lado de la cuerda sin dar la cara eran las sociedades de gestión de los derechos de autor. En septiembre de 2003 fuimos conscientes de este hecho puesto que, además, se impuso el canon digital para los CD y DVD vírgenes grabables. Esta implantación se hizo a raíz de un acuerdo privado entre varias sociedades de gestión -siempre con la SGAE a la cabeza como máxima beneficiaria de este canon- y por otro lado con la empresa Asimelec. Este fue, desde luego, el punto de partida de la beligerancia que hoy tiene el mundo de Internet prácticamente en su totalidad, al margen de cualquier bandería, intereses sociales, políticos o económicos contra las imposiciones

que están haciendo las sociedades de gestión. El canon digital empezó en el año 2003, y a pesar de que apareció ya en el Boletín Oficial del Estado en julio de 2009, es un tema que aún no está cerrado.

Se me preguntaba cuál era mi postura ante el informe, y voy a contestar a continuación, pero antes he querido referirme a esas cuestiones. El informe de la Comisión Nacional de la Competencia dice, entre otras cosas, que hay un monopolio, que falta transparencia, que hay una fijación unilateral y abuso de tarifas, ineficiencia, e incluso llega al punto de decir algo que es realmente sorprendente y que no sé cómo puede admitirse puesto que es una falta de respeto no solamente hacia los autores sino hacia todo el mundo, hacia la sociedad en su conjunto que somos los paganos de estas tarifas y de estos cánones: que le ha sido

imposible saber en qué repertorio se basa la Sociedad General de Autores y Editores para cobrar esos cánones y esas tasas. Digo que esto es una falta de respeto, y a partir de ahí luego pueden entenderse muchísimas cosas. Y es que si no se sabe a quién van destinadas las tasas, los cánones y las compensaciones que se supone están gestionando, los autores deberían reclamarlo. Y como los que estamos pagando todo este tipo de cánones somos la sociedad en su conjunto, e incluso lo pagamos repetidas veces -y pongo el ejemplo del canon digital-, resulta que todo falla desde el inicio; es decir, la falta de transparencia es evidente.

Para nosotros esto no fue ninguna sorpresa porque ya el día 20 de febrero de 2004 denunciamos ante Defensa de la Competencia las actividades prohibidas que creíamos se estaban llevando a cabo desde las sociedades de gestión, básicamente porque había

una imposición arbitraria e injustificada del canon para todo tipo de soportes digitales vírgenes, sin atender al uso o finalidad de los mismos, como si todos y cada uno de tales soportes fueran a ser destinados a realizar copias privadas de contenidos sujetos a derechos de autor en claro perjuicio al resto de los sectores del mercado que hacen uso de tales soportes. Nos referíamos a los usuarios, empresas, administraciones y organismos de todo tipo, tanto oficiales como privados, que, pese a no destinar tales soportes a copiar contenidos sujetos a derechos de autor, se ven compelidos a pagar por nada mediante el establecimiento de esta condición comercial; también por la imposición arbitraria e injustificada del canon, el sector informático y el software pese a la exclusión legal de los programas de ordenador del sistema de remuneración compensatoria o canon por copia privada en claro perjuicio de las empresas del sector y en beneficio

exclusivo de las empresas integrantes de Asimilec y las entidades gestoras de derecho de autor que se lucran con el esfuerzo y el trabajo de empresas ajenas. Existe falta de fundamento legal al establecer el sistema de remuneración compensatoria por copia privada por cuanto que los autores y editores comercializan sus productos con mecanismos informáticos dirigidos específicamente a impedir la copia privada pese a que se lucran con un canon o compensación por algo que impiden de forma metódica y sistemática a la generalidad de los usuarios finales.

Básicamente estos son los elementos por los que llegamos a Defensa de la Competencia, y después de un proceso que duró hasta abril de 2006, competencia efectivamente, nos quitó la razón, pero nos decía algunas cosas que recuerdan al informe al que nos estamos refiriendo. Entre otras cosas cabe destacar que la propuesta de

sobreseimiento, reconoce cómo una de las partes del acuerdo, concretamente la empresa Asimilec -se dice en el informe ya en 2006-, se vio hostigada por la otra si no cumplía con la recaudación, impidiéndole continuar su actividad comercial con normalidad y abocándolo a los tribunales de forma continuada. Habla de la existencia de constantes demandas de una u otra parte al decir que las relaciones entre la SGAE y los fabricantes e importadores de soportes y materiales digitales eran de conflicto permanente. Sin embargo, más adelante se dice que no hay indicio que apunte hacia que las condiciones del acuerdo pudieran haber sido impuestas a una de las partes de dicho acuerdo, pero después reconoce que los intereses de Asimilec están más ligados a los de los consumidores que a los de dicha entidad de gestión. Es probado y reconocido que las entidades de gestión aunaron esfuerzos en defensa de sus propios clientes -los autores- y

de la protección de sus derechos, pero también que lo hicieron en detrimento de los intereses de los clientes de Asimilec -productores, fabricantes y usuarios o clientes finales de estos.

La propuesta de sobreseimiento -esto es muy importante- acepta en un momento dado que ha habido posición de dominio, pero finalmente insiste en equiparar sin distinción a los consumidores de derechos de autor y usuarios finales respecto de las entidades de gestión con los consumidores y usuarios finales de soportes digitales, creándose aún más grave y peligrosamente una situación monopolística de dominio y aprovechamiento sobre el mercado digital por parte de los denunciados. La Asociación de Internautas sigue insistiendo en que el acuerdo denunciado incurre en abusos, en que su aplicación es arbitraria e indiscriminada y, por tanto, injusta.

A pesar de esta pelea, como el problema del canon digital es absolutamente candente, llegamos a la Fiscalía Anticorrupción para que iniciara diligencias sobre una posible actividad económica de carácter delictivo de la SGAE. Esta denuncia la firmamos la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías -Apemit- y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon -VACHE-.

Básicamente, todo lo que aquí decimos está en los medios de comunicación. Estoy hablando de medios de comunicación de una línea no determinada -el Diario Público, Diario El Mundo, Diario El País, El Economista- o sea, de una diversidad tal que es sorprendente que ningún funcionario público o alguien no haya hecho algo al respecto. Aquí se concreta todo el informe de

Competencia y está teniendo esos resultados.

A título de ejemplo, uno de los artículos de los periódicos referidos asegura que una filial de la SGAE, Iberautor, debe en su facturación, que ha rondado entre 2000 y 2005, los 10 millones de euros anuales a SGAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005. La factura de 2005 equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque eso puede provocar perjuicios a la sociedad; el 99% de su facturación la obtiene de SGAE.

De ser ciertas estas cuentas, se podría justificar que la actividad de la entidad denunciada no cumple el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues, supuestamente, se estaría

destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, empresas, además, que lo son de sus socios y que envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por la ley. A la luz de lo difundido por la prensa, pareciera que

la SGAE ha ignorado que el destino del patrimonio o activo neto resultante en los supuestos de liquidación de la actividad en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los socios.

Todo esto se presentaría aún más injusto y grave si tenemos en cuenta que la SGAE no deja de multiplicar los beneficios obtenidos del canon digital, dinero que obtienen directamente de los consumidores, de la tecnología digital.

En 1999 la entidad obtuvo 2,2 millones de euros con el sistema de remuneración compensatoria y en 2005 obtuvo 23,6 millones de euros. Según

las últimas cifras publicadas por la propia SGAE, en 2008 distintas fuentes han asegurado que la SGAE recaudará 100 millones de euros por ese concepto, multiplicando por cincuenta la recaudación obtenida en 1999.

Señala también la prensa que de la recaudación de SGAE, no han escapado ni Inditex, ni Televisión Española, ni las bodas, ni lo van a hacer los móviles, por citar algunos ejemplos, y, sin embargo, parece que dichas recaudaciones se destinan a cualquier cosa menos a cumplir con su principal obligación. Es más, podría estar sucediendo que los únicos beneficiarios de las recaudaciones no solo no las estuviesen recibiendo, sino que ni siquiera tuviesen claro que la gestión de los derechos será encomendada por sus titulares -los autores- a la entidad mediante contrato, cuya duración no podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovable, ni podrá imponer como obligatoria la

gestión de todas las modalidades de explotación, ni de la totalidad de la obra o producción futura -artículo 153 de la LPI-.

Se podría estar realizando tanto el reparto ilegal de beneficios como una recaudación fraudulenta extralimitada a las competencias que legalmente le son atribuidas, y ello al considerar que algunas de las obras por las que se solicita el pago de derechos no pertenecen al repertorio de esa entidad. Son conocidos los casos en que se ha condenado judicialmente a la SGAE por intentar cobrar más allá de lo autorizado por los autores e incluso más allá de esos cinco años legalmente previstos -generalmente, hasta que el autor se opone expresamente a ello.

En definitiva, esta es la segunda denuncia anticorrupción que hemos hecho. La primera fue en el año 2007, y ni siquiera tuvimos acuse de recibo, y

ya en la segunda, eso sí, lo hemos tenido. La cuestión está en que, a pesar de todo esto, de ese trasfondo y de la alarma social, ahora hay dos entidades o dos mafias que en este mundo tienen peor imagen en España, una es Al Qaeda y la otra es ETA, y a una distancia algo prudencial está la SGAE, que es, posiblemente, la sociedad que tiene peor imagen pero merecidamente.

Y parto de la base de que -es mi opinión- si la Sociedad General de Autores de España -no tengo claro que sea de Autores y Editores, juntos- no existiera, habría que hacerla, pero, desde luego, esta sociedad o sus responsables no merecen esa consideración.

El Gobierno, a pesar de todo lo anterior, impone el canon digital en julio de 2009. Quiero comentar que este Senado por dos veces ha dicho no al canon digital, una fue en mayo de 2005

y otra, en noviembre de 2008, haciéndose caso omiso. Incluso, a la hora de transponer la directiva de la Ley de Propiedad Intelectual y poner el canon, la petición del Senado de que se eliminara el mismo en mayo ha sido absolutamente desoída por el Congreso de los Diputados -no sé si se ha extraviado el expediente, pero, desde luego, no se ha tenido en cuenta.

A pesar de que hay tres millones de firmas en contra del canon digital, existe una auténtica protesta generalizada en contra y no solo en contra del sistema de recaudación de la sociedad de gestión posiblemente por injusto y arbitrario -según dice el informe-. Ayuntamientos como el de Palma de Mallorca, Hospitalet o Leganés están pidiendo la exención del canon digital. Hasta tal punto -y esto también lo ha desoído el Gobierno y el legislador a la hora de llevar el canon al Boletín Oficial del Estado- que la

Comisión Europea da la razón -estoy hablando del 28 de septiembre de 2007- a la plataforma Todos contra el canon y afirma que el canon no puede aplicarse de forma indiscriminada, en especial, a empresas y administraciones, solo deben gravarse con cánones los soportes y equipos que puedan utilizarse efectivamente en medida apreciable para hacer copias destinadas a uso privado.

La plataforma Todos contra el canon en aquel momento solicitaba a los ministerios de Industria y Cultura la interrupción de la aplicación del canon digital. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, en nombre de la Comisión Europea, ha respondido a las cuestiones planteadas por el diputado por Iniciativa per Catalunya Verds, don Raúl Romera i Rueda, a petición de la plataforma Todos contra el canon.

Europa dice que las empresas y las

administraciones públicas tienen que estar exentas del canon y un año después sale una ley en la que no se tiene en cuenta esas exenciones.

Así las cosas, tenemos el canon; pero en contra de lo que el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores dijo públicamente con relación a que el canon se paga y al que no le guste que se aguante.

Recientemente, el 5 de marzo de este mismo año, ha habido un juicio en Luxemburgo para ver si el canon español es legal. Aparte de eso, existen varias impugnaciones hechas por la sociedad de internautas y por la plataforma de Todos contra el canon en Europa. Ahora mismo el canon está en revisión y está denunciado en la Audiencia Nacional. Existen varias demandas de impugnación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. El canon está prácticamente en revisión y además es motivo de

rebeldía y de protesta pues no es aceptado por amplías mayorías socioprofesionales dentro y fuera de Internet. Aun así, y después de todo esto, nos encontramos con que no están contentas las sociedades de gestión o que no les parece suficiente y con que, una vez que tienen el canon en la buchaca y asegurado en el Boletín Oficial del Estado, recrudecen una pelea que empezó en el año 2000 con el desarrollo de la Ley de comercio electrónico. Persiguen tres objetivos fundamentales dentro del mundo de Internet: uno, que los proveedores de servicios sean responsables de los contenidos que alojan; dos, que cualquier autoridad

competente pueda cerrar páginas web sin permiso judicial; y tres, que puedan expiar las comunicaciones de los usuarios también sin permiso judicial. Lo han intentado hasta dos veces y estas pretensiones han sido rechazadas en dos ocasiones por el

Consejo Asesor de Telecomunicaciones del que formamos parte por el artículo 17 bis de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información. Asimismo se quiso hacer un proyecto especial, que también fue rechazado. Paralelamente han intentado -esto hay que decirlo, porque lo valiente no quita no cortés- imponer el canon digital en el ADSL y en los discos duros. El que fue ministro de Industria y es hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, se negó de una manera taxativa a que se incluyera en el proyecto. Y ahora hemos llegado al paroxismo de esta especie de dictadura del culturetariado. Es lógico que la gente piense que esto es así. Si hemos tenido tres ministros de Cultura que desde el año 2004 han obrado de parte -y para nosotros han sido ministros de la SGAE-, y ahora el nombramiento de la señora González-Sinde en el paroxismo del desprecio hacia el mundo de Internet y hacia el conjunto de la población, porque se

interpreta de una manera muy clara que la SGAE, las sociedades de gestión, tienen a su ministra que hace un trabajo de parte. Eso es algo muy preocupante. Estamos convencidos de que ahora mismo hay un problema importante con la propiedad intelectual, con el desarrollo de la sociedad de la información y con el mundo digital y que no se debe solucionar con imposiciones como las de este Gobierno. Me refiero concretamente a la adicional primera de la ley de Economía Sostenible, que insistimos, debe ser retirada de forma inmediata de esa ley que no debe tener éxito ni prosperar; desde luego, vamos a hacer todo lo posible para que no prospere, vamos a ser absolutamente beligerantes.

El Gobierno en este tema es un completo autista y desprecia plenamente todo lo que representa el mundo de Internet y digital, nos desprecia de tal manera que no

provoca el debate. Yo creo que el legislador sí que tendría que provocar ese debate, pero un debate absolutamente claro y limpio y que se cumplan una serie de condiciones: primera, la eliminación del canon digital, que es absolutamente fundamental; segunda, que no prosperen leyes liberticidas que cuestionan derechos fundamentales: la libertad de expresión, la privacidad de las comunicaciones sin permiso judicial o dar carta de naturaleza a una determinada comisión para que se abran expedientes administrativos sobre páginas web, hecho que nos puede acercar a modelos dictatoriales como los de China, Cuba o Arabia Saudí.

Todas estas consideraciones implican que hay que hacer desde luego una profunda revisión de los modelos de gestión de las sociedades de gestión de los derechos de autor. A nosotros no nos importaría que determinadas

sociedades privadas funcionaran como funcionaran si no fuera porque tienen el aval y el apoyo legislativo del Gobierno e incluso a veces del legislador. El Gobierno y el legislador les procuran dinero, les procuran que hagan una gestión a su libre albedrío y la sociedad se encuentra en una situación de absoluta indefensión. Este es el planteamiento.

Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la importancia del momento, porque esta cuestión no es de índole económica, sino de orden político. Si Gutenberg tuviera hoy la posibilidad de ver lo que ha pasado desde que puso la primera piedra -recuerden que costó 300 años que llegara la Ilustración-, si Gutenberg hubiera podido ver la Ilustración, lo primero que constataría sería que con su invento sacó de los palacios y de la Iglesia la cultura; hubiera visto muchos libros por la calle. Si Gutenberg pudiera ver hoy lo que nosotros sabría que la cultura corre

ahora mismo por todos los sitios gracias a este fenómeno que supone Internet, eso es importante, y vería además que el agua llega a las casas y que el botijo ha quedado atrás. Este sería el modelo. En los últimos quince años nos hemos basado en lo que hizo Gutenberg. Pero ahora mismo la fe en el libro se está perdiendo, ahora la información va en archivos muy pequeñitos. Si el legislador no abre un debate amplio, si se pone a los pies de los caballos de una industria que está obsoleta y que está basada en unos soportes que ya no tienen ningún sentido, estará dando un mal paso y no podremos ver esto con una cierta esperanza y un cierto futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domingo.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el

Senado, señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta comisión a don Víctor Domingo y quiero pedir disculpas por el estado lamentable en que se encuentra mi voz hoy.

Independientemente de las notas que he tomado, al hilo de la intervención del señor Domingo, voy a centrar el debate sobre el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre los debates que han tenido lugar en el Congreso en este último período de sesiones y en el anterior y como ha señalado el interviniente, sobre la importancia del momento, puesto que cuestiones relacionadas con este informe se han incluido en la ley de Economía Sostenible que ha aprobado el Gobierno en su última reunión del Consejo de Ministros.

Por lo tanto, voy a empezar diciendo que debemos tener posiciones comunes, que se debe dar el debate político, que no solamente debe haber un diálogo por el afán de diálogo, sino que hay que intentar que sea un debate político lo más desideologizado posible para acceder a posiciones comunes a las que creo que podemos llegar. Voy entonces a poner algunas cuestiones encima de la mesa.

Lo primero que nos tenemos que plantear es: ¿creemos que existe un problema? Si hay grupos que creen que no hay ningún problema en lo que venimos tratando, difícilmente se van a encontrar soluciones. Si estamos todos de acuerdo en que hay un problema en este tema, ¿se puede y se quieren resolver y abordar los problemas que ha puesto encima de la mesa el informe de la Comisión Nacional de la Competencia? Todos los grupos políticos deberíamos

contestarnos, y pido también en este caso la opinión del interviniente.

Hay una tercera cuestión que a mi modo de entender es fundamental para empezar. Si estamos de acuerdo en que hay unos problemas que ha puesto de manifiesto el informe y se quieren resolver, hemos de saber si estos se van a solucionar con los pasos dados hasta ahora por el Gobierno o no. Esta es una cuestión que debemos contestar entre todos.

Por tanto, como digo, es una primera oportunidad de centrar el debate sobre este informe de gestión, que se le pidió ya hace tiempo a la Comisión Nacional de la Competencia y que vio la luz en diciembre de 2009, sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual. Se pidió el informe porque se pensaba que podría haber indicios de vulneración de la competencia, cuyo control está entre

los objetivos de la citada comisión. Y queda meridianamente claro que es así, a lo largo de los 239 parágrafos y de las 93 páginas del informe de la comisión, que es un informe sólido, un informe contundente, un informe concienzudo, un informe serio y razonado en todos sus extremos. Explica hasta el paroxismo todos los difíciles conceptos de los diversos, y muchas veces escurridizos, derechos dentro del derecho a la propiedad intelectual. Además, es un informe fundamentado, un informe que recoge muchas resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, muchas resoluciones de la Comisión de Defensa de la Competencia, muchas resoluciones de tribunales de justicia y diversas resoluciones de instituciones europeas de varios tipos: Parlamento, Comisión, Tribunal de Luxemburgo, etcétera. Es un informe, por tanto, que merece respeto y al que hay que hacer caso en lo que dice. Otra cosa muy importante es que, por su estructura,

incide perfectamente en la problemática que nos tenemos que plantear aquí: la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual, el poder del mercado y las barreras de entrada que tienen esos derechos y los problemas tarifarios, a los que ha aludido el interviniente y que me gustaría concretar en alguna medida.

Sin embargo, para mí, lo más importante del informe, aparte del hecho de que pone encima de la mesa toda la problemática de los tres bloques distintos que acabo de mencionar, son las seis conclusiones y las ocho recomendaciones que formula. Son fundamentales a la hora de adoptar una postura. Efectivamente, como ha dicho el interviniente, recoge desde la primera página, desde el resumen ejecutivo previo a la introducción, que las entidades de gestión de la propiedad intelectual realizan actividades desde una posición

monopolística. A este respecto, me gustaría saber si los grupos parlamentarios y el interviniente -aunque ya he oído su opinión- están de acuerdo en que esta posición monopolística se siga manteniendo. Si no es así, habría que llevar a cabo una reforma legislativa. También me gustaría conocer el análisis del compareciente sobre los problemas tarifarios y las restricciones de la competencia del sector.

Todas estas no son cuestiones baladíes, no podemos dejarlas sobre las mesa, sin más. Y no las ha dejado el Congreso de los Diputados que, el año pasado por estas fechas, concretamente en el mes de abril, creó una subcomisión dentro de la Comisión de Cultura, para estudiar precisamente una posible reforma de la legislación en materia de propiedad intelectual. Como ustedes saben, el trabajo de la subcomisión se alargó y, al final, vimos que, seguramente por falta de tiempo,

no había requerido a ninguna de las asociaciones de internautas que existen en nuestro país, entre las 327 entidades y asociaciones a las que consultó mediante cuestionarios o las 25 cuya comparecencia solicitó. Esa es la razón de nuestra solicitud de comparecencia de una, al menos, de esas asociaciones de internautas, que tiene un elevado número de asociados, para conocer su opinión sobre todas estas cuestiones de que estamos tratando y que figuraban en el bloque de preguntas de los cuestionarios que la subcomisión envió a asociaciones y entidades, como les he dicho. Por supuesto, disculpo el olvido de la subcomisión del Congreso, porque se ciñeron, como les he dicho, a la comparecencia de 25 entidades de las 327 que seleccionaron en principio, pero nos parecía importante oír en el Senado a una asociación de este tipo.

Nos parecía importante, porque en la subcomisión del Congreso se llegó a

conclusiones fundamentales. Por ejemplo, instar al Gobierno a la revisión sistemática y coherente -leo textualmente el informe de la ponencia- de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. No nos parece que la ley de Economía Sostenible sea el marco adecuado para una revisión sistemática y coherente de la Ley de Propiedad Intelectual, porque incide únicamente en un aspecto que no ha hecho sino redundar en perjuicio de los problemas que ya tenía el sector, a los que se ha referido el interviniente en su exposición.

Como decía al principio, deberíamos desideologizar este debate. Con la benevolencia del señor presidente voy a enumerar lo que distintos medios de comunicación, de todas las tendencias, han dicho sobre el informe y de estas cuestiones. El País, por ejemplo, critica la posición monopolística de las entidades de gestión: Competencia ataca el monopolio de la gestión de los

derechos de autor. Y otros periódicos y agencias informativas se refieren a las mismas cuestiones. De modo que hay que poner el problema encima de la mesa y, si estamos de acuerdo en que existe, tratar de resolverlo.

El informe objeto de nuestro análisis hoy ha puesto el dedo en la llaga del problema que está encima de la mesa. No quiero extenderme mucho, pero son necesarias algunas referencias. Desde el principio, en el párrafo 7, dice que las entidades de gestión abusan de su posición de dominio, y se refiere a seis resoluciones, del Tribunal de Defensa de la Competencia anteriores al informe y de la Comisión Nacional de la Competencia. El sistema es de difícil interpretación y la gestión de los derechos de autor también, pero hay que ver cómo se soluciona. En el parágrafo 61 se refiere a algunas de las cuestiones que ha mencionado el interviniente, y se pregunta dónde va lo recaudado. Esto es importante. Como

es lógico, se recauda con un objeto y con un fin: atender a los derechos de los titulares, y no a

los de la sociedad de gestión; a los derechos de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual. Y si la Comisión de Defensa de la Competencia se pregunta dónde va lo recaudado, yo me preocupo. Dice también que no se reparte entre los titulares lo que se recauda. Esto me parece grave. Igualmente, incide, en el parágrafo 66, en la posición monopolística. Los últimos parágrafos del informe se refieren a las tarifas. Reconoce que no existe control ex ante de las tarifas; es decir, que no se sabe qué pasa. Sin embargo, todo requiere tarifas: los taxis, el transporte público en general, los ayuntamientos aprueban las tarifas del agua, etcétera; todo, incluso los servicios públicos de la Administración, está sometido a control. Pero aquí, no; la tarifa la pone la sociedad, el ente gestor, ni siquiera

el titular del derecho. Es la sociedad de gestión la que impone las tarifas. Pero es más grave todavía: no existe negociación de las tarifas, los mecanismos de negociación son ineficaces, dice textualmente el informe, en el parágrafo 179. Y peor todavía, ya lo he dicho anteriormente: existe una ausencia total de control tarifario ex post; es decir que, después de haber cobrado la tarifa, sigue sin saberse cómo se reparten los derechos. El informe se refiere también al derecho comparado, del que deberíamos aprender algo. Aquí estamos en una Cámara legislativa para cambiar precisamente lo que sea preciso. Por fin, los calificativos para las tarifas se agotan: inequidad de las tarifas, son discriminatorias, falta de transparencia, etcétera. Todas estas cuestiones que pone encima de la mesa el informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deben abordarse.

Precisamente mi grupo parlamentario en el Congreso presentó dos interpelaciones en este sentido, una en diciembre de 2009 y otra en febrero de 2010, que no se han atendido. Y fíjense en que han sido anteriores al debate parlamentario en el Congreso del propio anteproyecto de ley de Economía Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros y mi grupo ponía encima de la mesa, en primer lugar, el rechazo a esta regulación que se quiere introducir por la puerta trasera de la ley de Economía Sostenible. Y en segundo lugar, a la exigencia previa de intervención judicial, porque entendemos que son derechos fundamentales de las personas que afectan a los artículos 18.3 y 20 de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, le ruego que vaya acabando.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Voy acabando, señor presidente.

Y también a que se elabore un anteproyecto completo de Ley de Propiedad Intelectual. Es verdad que el Gobierno lo ha fiado a que antes de que se acabe la legislatura entre ese proyecto en las Cámaras.

La ley de Economía Sostenible -a la que no quiero juzgar en su conjunto, sino únicamente en el preciso contexto a que hace referencia el informe- dice que uno de los tres ejes en los que se basa ley es la mejora de la competitividad. Entramos de lleno en la mejora de la competitividad en un sector tan importante como el que estamos tratando y en uno de sus puntos dice que se profundiza en el impulso de la sociedad de la información, que precisamente viene al caso de hoy. Pero luego vas a mirarlo y no regula absolutamente nada, ni en relación con la mejora de la competitividad, ni con el impulso de la sociedad de la información, sino que se

refiere a bandas de frecuencias, a espacios de espectros radioeléctricos, a bandas de frecuencias de megahercianas, a la televisión analógica; es decir, no dice absolutamente nada y sí dice, como ha dicho el interviniente, en la disposición final primera algunas cosas que nos preocupan, porque ahonda en la intervención extrajudicial, en dejar a las sociedades de gestión las cuestiones que estamos aquí debatiendo, que nos parece que no debería ser así y también a una comisión de la propiedad intelectual, de la que ni dice la composición y el propio informe estima que debería ser independiente, pero, según lo que establece el plan de proyecto de ley, no va a ser así porque lo va a hacer por decreto. No es que no vaya a ser así, es que ya dice que tienen que formar parte los representantes de las entidades de gestión, es decir, peor todavía, porque ahora, por lo menos, es el ministerio directamente el que lo hace.

De todas formas, seguramente en el turno de portavoces -señor presidente, gracias por su benevolencia- podré aclarar más algunas de estas cuestiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Domingo, por sus explicaciones. He de decir que coincido bastante con algunas de sus valoraciones, reconozco los derechos de autor, y la necesidad de proteger la propiedad intelectual, que usted también ha defendido con una frase taxativa, y es que si la Sociedad

General de Autores no existiera, habría que inventarla.

Nosotros, como representantes de la sociedad, no solo recibimos peticiones de los internautas, sino también de autores, empresas editoras, etcétera y después de un cierto tiempo tengo una percepción, y es que el canon no ha resuelto la crisis, sobre todo de las pequeñas empresas editoras, como discográficas, etcétera. Así me lo están comentando y seguramente por diversos factores que creo que ha dejado en evidencia el informe de la Comisión Nacional de la Competencia. El primero es que la cuota no repercute en el autor y puede ser por dos motivos: uno que ha comentado usted y que apunta la comisión, es que podría existir un fraude importante a través de sociedades interpuestas. Esto es muy grave y es un problema de Fiscalía y de actuación judicial. Por tanto, esperemos que su denuncia llegue a buen puerto. Me imagino que

esto no sería el grueso de la recaudación, pero lo que podría quedar de la recaudación no repercute en pequeños autores y en pequeñas empresas editoras, es decir, hay un oscurantismo sobre a dónde van los recursos que recauda la SGAE y pequeños autores así lo han denunciado. Este es el primer asunto que tendríamos que abordar.

Últimamente ha habido otras denuncias, y es que se cobra por actuaciones de autores que no están registrados, por ejemplo, música popular, pequeños grupos de aficionados que tienen sus composiciones propias, que las interpretan, a los que les cobran derechos de autor pero no perciben estos derechos. Esta es otra cuestión.

Usted también ha hecho referencia a que el canon es excesivamente universal y se cobra a administraciones

públicas, empresas, etcétera. Yo soy senador en representación del Bloc per Mallorca, PSM-Verds, y algunos de los concejales de mi formación política están promoviendo una iniciativa, solicitando que los ayuntamientos estén exentos de pagar el canon. Les anuncio que estoy estudiando una iniciativa, en relación con las mociones que ya están aprobando algunos ayuntamientos y que se intentará llevar al Parlamento balear, para que el Senado, en forma de una moción, tome algún tipo de acuerdo en este aspecto. Me quedo con esta denuncia, muy grave, de que aquí podría haber un lucro indebido, y esto se tiene que estudiar.

En todo caso, muchas gracias por sus apreciaciones y espero que abunde en sus comentarios posteriores sobre estas tres cuestiones que me preocupan especialmente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sampol.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Zubero.

El señor ZUBERO BEASCOECHEA: Buenos días a todas y a todos.

Tengo que empezar esta intervención diciendo que me encuentro en una situación extraña porque vamos a dialogar sobre un informe referido a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, pero no comparece quien ha elaborado ese informe, tampoco comparecen las entidades a las que el informe hace referencia, ni siquiera comparecen los autores y creadores permanentemente aludidos por el informe como supuestos damnificados por el actual sistema de gestión de sus derechos y aunque es verdad, por supuesto, que en última instancia son los usuarios de los

productos culturales los que están afectados por cualquier tipo de decisión en relación con esta cuestión de la propiedad intelectual, no es menos cierto que el propio informe insiste permanentemente, y lo dice así, en que los usuarios que son objeto de la atención de este informe son básicamente usuarios institucionales, llega a decir que el 50% prácticamente afectaría a televisiones y radios. De ahí la extrañeza a la que hacía referencia, pero eso no obsta para agradecer la comparecencia del señor Domingo; él ha hecho lo que cree que tiene que hacer y lo que viene haciendo, que es dar su opinión, y eso es muy de agradecer, la da en esta Cámara y, por tanto, le recibimos con la hospitalidad que se merece.

En todo caso, un compañero senador socialista vasco, Mario Onaindia, tenía una frase muy ocurrente cuando decía que cuando alguien llama a un mariachi es para que cante rancheras. En todo

caso, aquí hay una cuestión de elección de compareciente y sí creo -dadas las permanentes referencias que se han hecho a una entidad de gestión en concreto, a las entidades de gestión colectiva en concreto- que seguramente -sin intentar reproducir aquí la subcomisión del Congreso porque no ha lugar- sería oportuno plantear alguna comparecencia más, en la que algunas de las entidades aludidas o incluso alguno de los redactores del informe puedan darnos su opinión.

Por cierto -y es la única referencia expresa que voy a hacer a esa entidad en concreto-, cuando se lee en profundidad el informe, y lo hemos hecho así todos los que estamos aquí porque para eso veníamos en principio, no es la SGAE la que peor parada sale de la valoración del informe de la Comisión Nacional de la Competencia, porque, de hecho, el ámbito en el que se mueve la SGAE es el único ámbito

en el que hay otra entidad con la que puede competir, que es la entidad DAMA. Además, la SGAE es la única entidad que contempla la posibilidad formal de que un titular pueda modificar la exclusividad en la gestión de sus derechos, además es, junto con DAMA, una entidad que contempla que los contratos se prorroguen anualmente y no sean prórrogas indefinidas.

Me parece que tendríamos que profundizar un poco más en estos planteamientos, no por la intervención del señor Domingo que, como digo, es muy positiva y coherente con lo que viene opinando desde hace mucho tiempo, sino porque esta comparecencia podría resultar un tanto fallida, puesto que al final puede que no hablemos suficientemente sobre el objeto de la misma.

El portavoz del Grupo Popular decía que hay que reconocer que tenemos un problema. Por supuesto, hay un

problema con esta cuestión y lo hemos reconocido todas y todos. Como digo, la prueba es la subcomisión sobre propiedad intelectual en el Congreso, es decir, se ha hecho un esfuerzo evidente por intentar abordar una cuestión que nos descoloca a todos. No creo que nadie tenga soluciones perfectas ni las verdades absolutas. Todos estamos buscando salidas en un ámbito que es absolutamente nuevo para gestionar derechos viejos. En todo caso, sí parece que hay un acuerdo en esa subcomisión, y es que alguna forma de gestión colectiva de los derechos de autor es necesaria, en primer lugar porque los propios autores lo demandan.

Por otra parte, aunque no corresponde al objeto de esta intervención, quisiera matizar lo que planteaba el portavoz del Grupo Popular en su intervención, porque, tal como lo decía, puede sonar muy duro. Me refiero a su afirmación de que puede quedar por ahí mucho

dinero que se recauda y no se sabe adónde va. Siendo honestos con el informe, este dice que, al final, las cantidades no repartidas no superan el 4% de lo recaudado.

Este es un informe equilibrado, aunque también dice lo que dice, también porque le toca cantar rancheras. La Comisión Nacional de la Competencia necesariamente tiene que defender la competencia. El informe dice que llama la atención la desconfianza que el marco legal actual deposita en el mercado como elemento organizador de la actividad de gestión de derechos de propiedad intelectual. Viene a decir que desconfiamos de que el mercado pueda hacer esta labor. Y continúa en otro apartado diciendo: No solo se impide que esta actividad pueda ser realizada por

entidades con ánimo de lucro y visión comercial, sino que también estipula que sea un ministerio el que organice

esta actividad, en vez de permitir que el mercado dicte cuántos operadores debe haber y si son eficaces o no. No obstante, cabría también responder a este informe diciendo que llama la atención la desconfianza que manifiesta en la capacidad de la política para organizar responsablemente y de forma eficiente intereses contrapuestos y complejos pero que hacen referencia a bienes públicos muy importantes, como son el derecho a la cultura, a la creación, a la propiedad intelectual, etcétera.

En todo caso, como no es mi voluntad ni la del grupo al que represento establecer discusiones banales entre lógicas mercantiles o lógicas políticas, sino buscar sinergias, ni establecer discusiones banales entre los intereses de unos y de otros, debemos hacer un esfuerzo por llegar a algún tipo de acuerdo. Y hasta el momento creo que en esta comisión ha habido demasiado paroxismo -no utilizo el término de

manera provocadora, sino más bien agradable-, siendo este un concepto que se ha utilizado en varias ocasiones al menos por dos personas.

Creo que hace falta también situar el debate. Se ha hablado de atentado contra la libertad, dictadura etcétera, pero habría que modular bastante más las expresiones. Volveré más tarde al informe, porque, a la luz de la intervención del señor Domingo, me voy a desviar un instante, ya que, en el fondo, de lo que estamos hablando no es de atentar contra la libertad de nadie, aunque no digo que no haya que estar vigilantes siempre ante esta posibilidad, que siempre existe, también en las democracias. Un investigador norteamericano, firme defensor del dominio abierto, como es Lessig, en su libro Código 2.0, que prácticamente suscribiría en el 98% de lo que dice, porque me parece muy acertado, presenta una tipología de usuarios de las redes de intercambio,

de las peer to peer, muy interesante. Este autor dice que hay cuatro tipos de usuarios: en primer lugar, aquellos que utilizan estas redes como sustituto de la compra de contenidos -descargan en lugar de comprar, y seguramente pueden estar afectando económicamente a la industria cultural y también a los derechos de autor-; en segundo lugar, quienes utilizan estas redes para probar el producto antes de comprarlo; en tercer lugar, quienes utilizan las redes para acceder a material que no está a la venta, bien por ser producto descatalogado, bien porque nunca ha salido a la venta, de modo que no están generando ningún tipo de problema; y, en cuarto lugar, usuarios que utilizan las redes de intercambio para acceder a contenidos que no tienen copyright. Creo que es interesante hacer estas matizaciones, porque seguramente en este caso el intento del legislador -y no digo que no pueda ser discutido, porque, de hecho, la subcomisión del Congreso lo está

haciendo- no es actuar universalmente contra todos los usuarios de redes de intercambio, sino solo contra un tipo de usuarios.

Para no entrar en una cuestión que no es objeto fundamental de esta comparecencia -insisto-, sencillamente, me remito a lo que hace unos meses publicaba una persona, que, por cierto, es muy crítica con algunos aspectos de la disposición adicional, especialmente respecto del cierre administrativo de las páginas, que, sin embargo, decía lo siguiente -lo leo y vuelvo brevemente al informe y termino esta intervención-: El P2P, cuando es de obras no sujetas a dominio público o bajo licencia Creative Commons o con la autorización de todo aquel que tenga derecho sobre la obra, es una infracción de leyes civiles. Si los contenidos son ilícitos, las páginas que facilitan las pistas para acceder a ellas, los Torrents, puede que no reciban una condena penal, pero pueden ser demandadas ante los tribunales civiles

con éxito y están obligados por la legislación vigente, ya antes de la tan traída y llevada modificación González-Sinde, a retirar los enlaces que tan sencillo hacen obtener esa película que acaban de estrenar. Y esto me parece importante. Creo que a cualquiera que haya entrado en una página de descarga tipo Torrent le costará honestamente admitir que lo que en ella se encuentra sea un verdadero ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información. Simplemente, es un sitio donde se infringe una ley, por criticable y obsoleta que esta a muchos pueda parecerles.

Seguro que se puede discutir esta cuestión, pero insisto en que creo que sobraría paroxismo, sobre todo en el contexto actual, cuando hay una subcomisión que ha intentado buscar acuerdos fundamentales entre los grupos. Además, es una subcomisión en la que han estado presentes

asociaciones críticas con la actual situación. (El señor Vázquez Requero: No digo que no; no han estado internautas.) Ha estado la Asociación de Internautas. No estuvo su portavoz como compareciente, pero usted envió un informe que ha sido recogido. Y eso le honra, porque mucha gente ha sido consultada y no ha contestado. Por tanto, han estado presentes aunque no hayan comparecido. Se les ha escuchado y, cuando se lee el Diario de Sesiones correspondiente a estas sesiones de la comisión, se observa que realmente es muy interesante todo lo que se ha discutido. En definitiva, tenemos la ocasión de buscar un terreno de acuerdo que no sea excesivamente paroxístico ni catastrofista. Además, supongo que estaremos de acuerdo todas y todos en que, aunque ahora estamos en política, también formamos parte del conjunto de la sociedad quienes aquí estamos e, incluso, formamos parte del mundo de Internet. Hay muchas más

posibilidades de transacción, de acuerdo, de espacio de diálogo siempre que se busque y se quiera que las que a veces parece que existen.

En cuanto al informe, solo voy a referirme a un aspecto más, para no extenderme demasiado. Sorprende muchísimo la defensa de la bondad del mercado para gestionar los derechos de propiedad intelectual, como se hace en el informe, con tan escasa base empírica, como luego aporta para justificar esta opción. Sin duda, el sistema actual de gestión colectiva de derechos de autor -por otra parte, fundamental para hacer reales y efectivos los derechos derivados de la propiedad intelectual- presenta problemas. Y esto es algo que ha sido reconocido en el informe final de la subcomisión del Congreso. Pero de ahí a defender el mercado como mejor opción para defender estos

derechos media un abismo. Tal vez

pueda hacerse como hipótesis, pero, desde luego, no como si fuera un hecho. En su defensa del mercado, el informe de la Comisión Nacional de la Competencia señala textualmente: Existen entidades de gestión extranjeras que tienen finalidad lucrativa. Sin embargo, solo cita una, que es una entidad estadounidense, SESAC, que solo gestiona los derechos del 5% de los autores y editores de obras musicales a pesar de que tiene una historia de ochenta años. Luego, no parece que haya mucha base empírica para poder justificar lo que dice la Comisión Nacional de la Competencia de su elemento fundamental, que es la defensa del mercado como mejor opción para defender estos derechos.

Además, hay otro informe de evaluación de las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, al que no nos hemos referido hasta ahora, que es el

elaborado en 2008 por la Agencia de Evaluación de Calidad, donde se plantea una posición algo distinta de la que presenta el informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Dice: La cuestión fundamental es si el actual nivel de regulación del sistema de entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual es el adecuado para que el sistema cumpla sus objetivos con eficacia, eficiencia, transparencia y equidad. Luego, la orientación es la misma. Y añade: El nivel de regulación adecuado puede estar entre la actual situación, en la que las principales decisiones de gestión se toman de acuerdo con las fuerzas del mercado y las decisiones de los órganos competentes de las entidades o un sistema más intervenido, en el que las principales decisiones operativas y el control estén en manos del regulador. Luego, se puede optar incluso por un sistema más intervenido políticamente. Tenemos un amplio terreno de juego para hablar, para

avanzar mucho, pero lo que sí les rogaría es que hiciéramos todos un esfuerzo por buscar elementos y puntos de acuerdo en lugar de discrepancias.

Por último, quiero plantear dos preguntas relativas al informe, en concreto sobre la competencia: en primer lugar, cuál es su opinión como responsable de la Asociación de Internautas sobre la propuesta del informe de optar por un sistema de gestión individual de los derechos de autor basado en los DRM -es decir, en la gestión digital de estos derechos-; y, en segundo lugar, por qué cuando ya existen hoy alternativas a la gestión colectiva a través del copyleft o de creative commons, los autores y creadores siguen todavía optando por entidades de gestión colectiva, ¿quizá la razón tenga que ver con la propia entidad del producto cultural del que estamos hablando? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Domingo.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS (Domingo Prieto): Gracias, señor presidente.

El primer problema que existe ahora mismo es la brecha que se ha creado -como también reconoce la subcomisión del Congreso de los Diputados- entre el mundo de Internet, el mundo digital, el mundo de la sociedad de la información y el de la propiedad intelectual, y ese problema se agrava porque el Gobierno se ha situado en un lado de esa trinchera; por decirlo de alguna manera, está enfrentando. Ese es un problema importante, porque no se pueden buscar puntos de encuentro cuando tu Gobierno está en contra de un interés general.

Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que los derechos de autor y la propiedad intelectual son derechos legítimos, pero corporativos, y el intentar situarlos a la altura de los derechos fundamentales es un error muy importante que solo se puede explicar por connivencias, lo que hace que expresiones como dictadura del culturetariado tengan cierta fortuna en muchos ambientes no solamente dentro de la red sino también fuera. Es un problema que hay que resolver, por supuesto, pero los problemas no se resuelven imponiendo cánones digitales.

Se habla de los usuarios de P2P, pero creo que no he mencionado en ningún momento a los usuarios de intercambio de archivos porque no estamos hablando de tecnología sino de que lo que hace el Gobierno y lo que hace el legislador es poner en marcha ordenanzas, normativas y leyes que

afectan a todos los ciudadanos. El canon digital no afecta solo a los usuarios de soportes digitales, afecta a toda la ciudadanía porque toda la ciudadanía lo paga, sea usuario de soportes digitales o no lo sea. De ahí la rebelión de los ayuntamientos de Mallorca -y no solamente está pasando en Mallorca-, y es que al no estar exentas del canon digital las autoridades autonómicas, las locales, el Ministerio de Justicia, es decir, todas las administraciones, los usuarios lo están pagando a través de sus impuestos, a pesar de no utilizar estos soportes como usuario para compensación por copia privada. Es decir, que lo paga todo el mundo.

Si eso se lleva al Boletín Oficial del Estado, ya no se trata de un problema de usuarios de soportes ni siquiera de usuarios de productos culturales sino que es un problema general, que afecta a las administraciones y a la ciudadanía. Por eso, lo que puede ser

un problema derivado de la aplicación de una tasa se convierte en un importante desequilibrio democrático que hay que corregir. ¿Quién lo tiene que corregir? Lo tiene que corregir el legislador, y ahora mismo tenemos esa oportunidad.

Se ha hablado de la subcomisión del Congreso de los Diputados, y el problema es que la subcomisión para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que lleva un año trabajando, ha sido ninguneada por el propio Gobierno. ¿A qué viene la disposición adicional primera de la ley de Economía Sostenible, cuando hay una subcomisión que está trabajando en el desarrollo de la Ley de Propiedad Intelectual? Esa disposición no tiene ningún sentido, no sabemos a qué viene. Además, es la tercera ocasión en la que el Gobierno trata de introducir una ley de esas características: la primera, en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, y la

segunda, cuando incluso se quiso establecer un punto concreto sobre este tema, y en las dos ocasiones se produjo un rechazo desde dentro y

desde fuera de la red. No tiene ningún sentido. Los problemas no se resuelven mediante imposiciones, y esto es una imposición. Además, si este proceso sigue adelante, se van a generar muchos más problemas, porque con esta actuación del Gobierno y, en algunos casos, del legislador, se está visualizando una deficiencia democrática muy importante. Independientemente de la seriedad del informe, que ya recoge todos estos puntos aunque de manera más científica, la percepción generalizada -y no de miles sino de cientos de miles de personas de dentro y fuera de la red- es que esto es un chanchullo y que el Gobierno está tratando de sacar dinero publicando leyes en el Boletín Oficial del Estado para que unas sociedades de gestión, que no los autores -porque

ese dinero no está llegando a los autores, como está quedando claro-, perciban un salario o vaya usted a saber qué otras cosas, tal y como se indica en el informe que determinadas asociaciones hemos presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, que todavía no nos ha respondido.

Por lo que respecta a las tarifas, no conozco otro tipo de tasas, pero hay un absoluto descontrol. Un supuesto inspector o una franquicia en nombre de una sociedad de gestión van a un bar, a un hotel, a una peluquería, a un concierto benéfico de apoyo al pueblo saharaui -organizado en Málaga por Comisiones Obreras- o a un festival para discapacitados y establecen las tarifas que les parecen convenientes y las cobran cuando les da la gana.

Conozco las tarifas que se recogen en el Boletín Oficial del Estado con respecto al canon digital, y el sistema tarifario es una auténtica aberración

desde el punto de vista de la justicia distributiva. ¿Por qué? Porque todos los soportes soportan una tarifa, y esa tarifa es unitaria. Por ejemplo, todos los discos duros extraíbles soportan una tarifa que creo que es de 1,30 euros, pero da igual que el disco duro tenga una capacidad de 80 megas que de 8000 megas. Si me compro el de 8000 megas, que vale 500 euros, estaré pagando 1,30 euros, y si compro el de 80 megas, también pagaré 1,30 euros. Si alguien se compra el de 80 megas no es porque le dé la gana sino porque a lo mejor no puede pagar el de 8000 megas, pero se le cobra igual a uno que a otro, cuando lo lógico sería que fuese porcentual. Así, si me compro un soporte con una capacidad de 800 megas, es lógico que sea más caro que si compro un soporte de 8 megas, pero es que esas cantidades van directamente a las sociedades de gestión de los derechos. Aparte de que muchos de esos soportes, como el USB que tengo aquí para el portátil -y

esa es la crítica fundamental a las tarifas-, solamente sirven para eso, y en la factura figura 1,90 euros de canon. Insisto en que el problema es de justicia distributiva, porque no se puede cobrar la misma cantidad por elementos que tienen prestaciones distintas.

Por otro lado, el canon no ha resuelto los problemas y, de alguna manera, se ha reproducido todo lo que veníamos advirtiendo porque desde 2003 hasta 2008 tenemos la experiencia de lo que ha sucedido con la implantación de los CD vírgenes grabables. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que las pequeñas tiendas de informática se han sentido hostigadas, se han ido al traste y, además, muchas están todavía en trámites judiciales y con problemas muy serios con las sociedades de gestión de los derechos de autor, que les están reclamando el canon con efecto retroactivo. Se ha generado un mercado negro impresionante. ¿Por

qué? Porque la gente compra los CD por Internet, y, sobre todo, como se dice vulgarmente, se va al chino o donde no tenga que pagar canon. Se ha generado un mercado negro muy importante, y la industria de los CD, de los DVD vírgenes grabados, de todo este tipo de soportes se ha ido completamente al garete; ha desaparecido, porque se le ha puesto una tasa impositiva que la ha estrangulado, y la gente los compra en otro sitio.

Esa es una de las cuestiones, pero lo que se está generando ahora mismo son problemas como los que se han citado aquí: ayuntamientos que están pidiendo la exención, porque están pagando una partida y, como ahora hay problemas económicos en todos los lados, todo el mundo está buscando las partidas. En un momento de desarrollo económico importante esas partidas a lo mejor no tienen ninguna importancia, pero ahora sí la están teniendo.

Nosotros un día publicamos un artículo que decía que el canon era una tasa que podía agravar la crisis de alguna manera en determinados sectores, y eso no se ha solucionado. Por supuesto, lo que sí se está comprobando de una manera palpable, y no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque hay informes que se han pedido por los propios autores al Ministerio de Cultura, es la gestión de los derechos de autor. El dinero que se está recaudando no está llegando a los autores, primero, porque ellos no son los que ponen el precio; el precio de esos derechos los pone la sociedad de gestión de los derechos de autor. No tiene ningún sentido -y lo dije al principio de mi intervención-, porque si el repertorio que se está gestionando no es transparente y no se conoce es imposible que esos titulares tengan esos derechos.

Esto, que parece algo sin importancia,

una tontería, que prácticamente puede ser una estupidez, es el fondo el problema. No debería sobrar ningún dinero, debería ser una cifra absolutamente anecdótica, pero hay dinero que no se está dando a los autores. Y cuidado, la propia Sociedad General de Autores está diciendo que tiene no sé si 90 000 socios, y que cobran en compensación 30 000 o 35 000, es decir, solo una parte -cuando hablamos de dictadura del culturetariado todo va cogiendo forma-, el resto de los socios no tienen voto. Se genera así una especie de ambiente en el que solamente votan los que más cobran y nunca votan los que no tienen. ¿Qué sucede? Que cobran, efectivamente, los que más tienen, y otros no cobran, pero ahí se está generando una raza aparte -o una casta aparte- que son los que gestionan esos derechos y son los que deciden lo que cobran unos y lo que cobran otros, quién vota o quién no vota. Ahí es donde se ha generado

esta lamentable situación. Además, tienen la posibilidad y la capacidad de influir en el Legislativo hasta el punto de decidir el nombramiento de los ministros de Cultura, algo que ya resulta inconcebible.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS (Domingo Prieto): Termino.

Respecto a si no hay soluciones, yo creo que sí las hay. Hay soluciones, pero la manera de buscarlas -insisto- no está en la imposición. En este momento nos estamos encontrando con un problema que requiere un debate amplio, abierto, tranquilo, moderado, modulado y, desde luego, con un Gobierno neutral, cosa que en este momento no existe. Hay un amplio debate acerca de cómo debemos hacer

esto. Yo estoy mucho más en la línea -y contesto a la pregunta del senador del Grupo Socialista- de que los autores tengan el contacto y vendan su producto directamente a sus clientes, y creo que Internet es un medio de comunicación que lo puede permitir, porque no hay que olvidar que nosotros somos clientes, somos fans de esos autores, y no queremos que se mueran de hambre ni les queremos robar; vamos a sus conciertos, les compramos camisetas, etcétera. Eso abre muchísimas posibilidades, el problema es saber dónde está esa sociedad de gestión.

El papel que Internet está cuestionando, y no solamente en el mundo de la propiedad intelectual, sino también en el mundo de la política y en otros órdenes de la economía, es el papel del intermediario. ¿Dónde queda ese intermediario? Lo que está haciendo ahora mismo el intermediario es imponer sus criterios, imponer sus

modelos de negocio, que están completamente obsoletos.

Ya no vale la fórmula del disco de Elvis Presley, eso se ha acabado. Ya nadie compra discos, porque no hace falta, es una cuestión absolutamente antediluviana, ahora una canción va de una cosa que prácticamente no existe, porque es un archivo. Eso lo tenemos que debatir y ver las experiencias de todos, pero de todos, no de los que están defendiendo un modelo de mercado que se ha acabado. Como dije antes, la industria del botijo se acabó el día que llegó el agua a las casas. Ahora es una cuestión de cerámica, de arte, y absolutamente anecdótica, como van a ser los discos de vinilo o los CD o los DVD. Vamos por otro lado. Esto hay que debatirlo; no se trata de influir. No es una cuestión de usuarios ni de intercambio de archivos, es una cuestión de modelo democrático y de desarrollo democrático de toda la ciudadanía. Es importante lo que se haga desde el ámbito legislativo, porque, aunque vaya dirigido a los usuarios de P2P, eso se

refleja en el Boletín Oficial del Estado y puede afectar a los derechos fundamentales, no solamente de sus usuarios, sino de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Al no estar presente el senador Sampol, tiene la palabra el senador Zubero.

El señor ZUBERO BEASCOECHEA: Gracias.

Quiero únicamente insistir en que hemos hablado poco del informe de la comisión, pero no por ningún tipo de mala voluntad del compareciente, porque él ha hablado de lo que tenía que hablar. Es importante, ya que hemos abierto esta puerta, que dediquemos alguna sesión con tranquilidad a profundizar en el informe que, como digo, matiza un poco más algunas cosas que aquí se han dicho.

También quiero insistir en que tenemos la obligación de buscar algún tipo de acuerdo entre elementos cuyo equilibrio es muy complicado, lo ha sido siempre. Es verdad que hay una modificación en el contexto de la producción, de la distribución de la industria cultural, eso es evidente. Lo expresaba de una forma bastante ocurrente mi compañero, Andrés Torres Mora, justamente en la subcomisión del Congreso, que decía: Mi familia es una familia de agricultores que ha estado toda la vida dedicándose al campo y, al final, se ha acabado su trabajo, pero no se ha acabado porque alguien les haya quitado las tierras o los haya obligado a irse, se ha acabado porque se ha agotado. Insisto de nuevo en que hay un elemento importante de reconocimiento de la dificultad que tiene la creación. Usted decía que no quiere que los artistas desaparezcan, lógicamente; pero a veces, cuando hablamos de acción colectiva siempre surge un problema, y es que cuando las acciones dependen de la actuación no coordinada de muchos, hay una tentación que podemos tener todas y todos, que en los

estudios de ciencias sociales se define con un concepto muy bonito -free rider-, pero cuando se traduce al castellano es un concepto un poco peor: gorrón.

Hay un problema, pero toda acción colectiva tiene ese problema, y también lo tiene esta. Es importante que reconozcamos que cuando alguien dice: yo no quiero que tú utilices mis creaciones, de cualquier manera habría que decirle: ¿qué parte del no no has entendido? En todo caso -insisto- lo más interesante es que aprendamos a escucharnos, como creo que hemos hecho aquí, y que busquemos puntos de encuentro. Evidentemente, si su diagnóstico es que la política no sirve para ello, o al menos esta política que representamos en esta parte… (El señor Domingo Prieto: Este Gobierno.) Supongo que quiere decir que sea otro Gobierno; es su opción ideológica. En todo caso, creo que podemos entendernos si no con usted sí con muchos de los internautas -y creo que con usted también-, porque todos y todas somos internautas en esto y tenemos que ir en esa dirección.

Desde luego, campañas como «Puta SGAE» y otras no sirven para que nos entendamos. En la medida en que esté en mis manos, haré un esfuerzo por entenderme siempre de la mejor manera posible con el mundo de los internautas, del que yo también formo parte.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zubero.

Tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Popular siempre va a pedir la comparecencia de la sociedad civil en el Senado, y así lo hemos hecho, por cierto. Hemos pedido también la comparecencia de la señora ministra, que algo tendrá que decir sobre este tema, aunque comprendo que por cuestiones de agenda comparezcan unas personas antes que otras.

Le tomo la palabra al señor Zubero. Es más, si quiere pedimos de manera conjunta todas las comparecencias que hagan falta. No tengo ningún problema en que se hable de estas cosas. A lo mejor otros intervinientes han hablado poco sobre este informe. La verdad es que los que más hemos hablado del asunto hemos sido el interviniente, que ha hecho una exégesis total de ese informe, y yo. La única mención que ha hecho el señor Zubero -no ha dicho de dónde lo ha sacado, pero tengo aquí el parágrafo 61, de donde procede- ha sido para coger, como se suele decir, el rábano por las hojas y decir: es que solo falta un 4% por repartir a los autores. Por cierto, no he dicho ni que se reparta ni que se deje de repartir, siempre he citado frases textuales del informe. Es verdad que otros intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, como el señor Sampol, sí han mostrado su preocupación porque la cuota no repercute en el autor o porque, según ha dicho textualmente, se cobra por autores no registrados.

Respecto a los ayuntamientos, cuando quiera hablamos de ellos. Además, las diferentes federaciones regionales de municipios y la Federación Española de Municipios y Provincias ya se han pronunciado sobre este asunto. Cuando quiera hablamos del canon que se les cobra a los ayuntamientos por estos conceptos. No he hecho referencia alguna a ello porque no era el objeto de la comparecencia. Tampoco he nombrado a ninguna entidad gestora concreta, ni he hecho ninguna referencia al canon. Me he ceñido estrictamente a la comparecencia, lo que sucede es que no he visto referencias de otros comparecientes a cuestiones sustanciales del informe, lo han pasado de soslayo. Ya sé que no les gusta, pero tengo que hacer esas referencias que he hecho. Por tanto, los problemas que he planteado al principio -de algunos me cabe la duda de si se quieren resolver después de los pasos dados por el Gobierno- se resuelven hablando y no imponiendo.

El señor Zubero ha utilizado alguna frase de sociología política. Si me lo permiten,

respecto a lo que ha dicho el compareciente sobre la libertad, les voy a citar otra frase: El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Los demócratas siempre debemos estar vigilantes contra los liberticidas. Esa no es una frase mía, es de Thomas Jefferson. De esto estamos hablando, fundamentalmente de la libertad en el acceso a la información y de la libertad en los derechos de la propiedad intelectual. Ustedes deben ser conscientes de que aquí hay que traer las cuestiones más candentes, y hay una desconfianza sobre algunos puntos que se deben aclarar, y la hay no porque lo digamos nosotros, porque se han puesto múltiples informes encima de la mesa, el último es que hemos traído de la Comisión Nacional de la Competencia. Pero también tenemos sentencias de los tribunales, como la última, del 9 de marzo, del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona. Es decir, el asunto está en los tribunales y hay que resolver estos problemas. Pero cuando nos encontramos con respuestas como la del anteproyecto de ley de Economía Sostenible, recientemente aprobado por el

Consejo de Ministros, se me plantean dudas, como las que he manifestado en mi tercera pregunta, sobre si esos problemas se resuelven con los pasos dados por el Gobierno. Creo que no, y la sociedad está respondiendo igualmente que no.

Lo más importante son todas las soluciones y las recomendaciones que aporta el informe y que no se pueden soslayar, aunque otros grupos parlamentarios no quieran entrar en el fondo de la cuestión. Una de las recomendaciones es la revisión general de la Ley de Propiedad Intelectual, también acordada por la subcomisión. Por cierto, subcomisión a la que se ha hecho un flaco favor -o ningún caso- después del último anteproyecto aprobado por el Gobierno. También se recomienda eliminar las barreras de entradas legales para terminar con las cuestiones monopolísticas. Se ha pasado de soslayo sobre ello. Tampoco se ha querido hablar de la cuestión tarifaria, que es un asunto muy candente en el informe, y que no quiero calificar de más, porque ya con las calificaciones de unilaterales,

discriminatorias, que no se dirigen al uso efectivo del repertorio -como ha demostrado el compareciente en el último ejemplo que ha puesto-, no tienen en cuenta el valor económico del repertorio donde están contenidas ni los criterios tarifarios, y que no tienen simplicidad, transparencia, ni publicidad, no se puede decir más.

Nosotros sí que hemos entrado en el fondo del asunto que analiza este informe. A otros grupos parlamentarios no les ha interesado porque no quieren discutir sobre estas cuestiones, pero tendremos posibilidad de hacerlo en futuras ocasiones con los comparecientes, que no mariachis, que ustedes quieran, empezando por la propia ministra, porque no tenemos ningún problema en que comparezca.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Hacemos una pausa de un minuto para

despedir al compareciente. (Pausa.) DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR SU COLABORACIÓN CON EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA DE VALENCIA Y A PARTICIPAR EN SUS ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO (Número de expediente 661/000483).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Antes de pasar al debate de las mociones, anuncio que procederemos a su votación no antes de las 12.

Punto segundo del orden del día: Debate y votación de mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a reforzar su colaboración con el Palau de les Arts Reina

Sofía de Valencia y a participar en sus órganos de funcionamiento.

Se me ha anunciado que hay una transaccional firmada por todos los grupos políticos que todavía no se me ha entregado.

Para su defensa, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, no tiene usted todavía la transaccional porque todavía no la hemos firmado físicamente, pero sí que hemos llegado ya a un entendimiento. De cualquier modo, esta es una cuestión que, como el turrón, llega cada año por Navidad -este año lo hemos adelantado un poco al mes de marzo-, porque en el debate de los Presupuestos Generales del Estado el Grupo Parlamentario Popular siempre hace referencia a este asunto, pues es de estricta

justicia. Como cada año se habla de esta cuestión, creo que es bueno que en la Comisión de Cultura del Senado hayamos podido llegar a un acuerdo, que, naturalmente, no es el que yo quisiera, pero que por lo menos ya plantea la aceptación por parte de todos de que existe un problema y hay que afrontarlo.

Como sus señorías saben, y si no lo saben se lo digo yo, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia fue inaugurado en 2005. Con este edificio, uno de los espacios musicales más grandes de Europa, se añadía un nuevo hito arquitectónico al conocido complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, integrado además de por el Palau de les Arts Reina Sofía, por el Hemisfèric, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el Oceanogràfic. El edificio, creado por Santiago Calatrava, cuenta además con cuatro auditorios diferentes preparados para la representación de todo tipo de espectáculos, con capacidad para acoger a más de 4000 personas simultáneamente. El Palau de les Arts se ha

convertido en muy poco tiempo, solo en cuatro temporadas, en un centro artístico de referencia mundial indiscutible.

El Palau de les Arts es, por tanto, uno de los buques insignia de la política cultural de la Generalitat Valenciana. Nació con tres objetivos fundamentales: potenciar el arte y la cultura como elemento de dinamización social, crear un enclave vanguardista para albergar representaciones de artes escénicas y contribuir a la difusión de diversas manifestaciones artísticas y culturales.

Tenía preparada una intervención mucho más larga, que voy a reducir, pero quiero resaltar el hecho de que el Palau de les Arts tiene una orquesta propia, la Orquesta de la Comunidad Valenciana, reconocida hoy por todos los críticos como una de las mejores del mundo, que se ha convertido en embajadora cultural de la comunidad gracias a su participación en los teatros de ópera y salas de conciertos más importantes del mundo. Además de ello, el Palau de les Arts

cuenta con un coro propio dependiente orgánicamente del Instituto Valenciano de la Música, que está formado por sesenta y siete cantantes.

Como decía al principio, además de su espectacular auditorio principal, concebido como recinto para representaciones de óperas, ballet y otras artes escénicas, tiene otros espacios, como el Aula Magistral, el auditorio superior, la sala Martín y Soler y varias salas de ensayos.

Para hacer un resumen rápido les diré que en estos apenas cinco años, realmente tres temporadas completas de ópera, han pasado por el Palau de les Arts más de 475 000 personas, y en total se han ofrecido en estas tres primeras temporadas 35 óperas de primerísimo nivel, con más de un centenar de representaciones. Todo esto lo digo -podría extenderme muchísimo más- para poner el énfasis en la razón por la que se presenta esta moción y en por qué presentamos constantemente estas peticiones en los debates presupuestarios y,

en este caso, en la Comisión de Cultura.

Les voy a hacer un resumen fácil de entender. Yo no estoy planteando que otros teatros de la ópera españoles tengan más ni menos, sino que el teatro de ópera de Valencia, el Palau de les Arts Reina Sofía, sea tratado de un modo similar al resto de los teatros de ópera españoles. Les voy a dar un dato: los tres grandes teatros: el Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid y el Palau de les Arts Reina Sofía, los tres, reciben aproximadamente una subvención o unas aportaciones similares de las administraciones públicas. En el caso del Liceo de Barcelona, la Administración autonómica, es decir, la Generalitat de Catalunya, y la Administración del Estado aportan aproximadamente el 50% cada una de una cantidad cercana a los 30 millones de euros al año. En el caso del Teatro Real de Madrid, que cuenta con una cifra un poco inferior, 25 millones de euros entre ambas administraciones, es la Administración del Estado la que paga la parte del león, es decir, el 75% aproximadamente de esos 25

millones de euros. Como acabo de decir, la Administración del Estado paga el 50% al Liceo de Barcelona y el 75% al Teatro Real de Madrid. Pero en el caso del Palau de les Arts Reina Sofía -asómbrense, señorías- la Administración del Estado aporta el 5% de una cifra exactamente igual: 25 millones de euros; por tanto, el 95% lo está aportando la Administración autonómica, la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Yo creo que esta es una situación abiertamente injusta. Las cifras son muy claras. La realidad es que el anterior ministro de Cultura, César Antonio Molina, ya en el mes de noviembre de 2008 -ha trancurrido un año y medio- se comprometió con el Presidente de la Generalitat, don Francisco Camps, a equiparar las aportaciones del ministerio a las del resto de los teatros de ópera españoles y aceptó la invitación del president de la Generalitat para formar parte del Patronato del Palau. Luego hubo un cambio de ministro, en este caso entró una ministra nueva, y las cosas se han vuelto a dormir, con el agravante, además, de que en los Presupuestos Generales del Estado para

el año 2010 no solo no se ha incrementado la aportación del Estado para irse acercando a la normalidad en comparación con el resto de los teatros españoles sino que ha disminuido; con lo cual, la cantidad, que ya era pequeña, en el caso que nos ocupa, 1 200 000 euros, se ha reducido -repito- alrededor del 10%. Por tanto, no solo no hemos avanzado sino que hemos retrocedido.

Estas son las cifras, esta es la realidad, y lo que la moción persigue es concienciar a la Cámara y también al Gobierno de España de esta situación, que yo creo que es claramente mejorable.

Y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Ángel Gracia, que además es alcalde de una importante población de una provincia cercana a la comunidad, Teruel, y hay muchos lazos de todo tipo entre ambos, me

ha ofrecido amablemente una enmienda transaccional que, sin recoger lo que a mí

me gustaría, al menos tiene la virtud de reconocer la realidad, por lo que por primera vez todos los grupos aceptamos que esa realidad existe y se va a empezar a trabajar para poner los medios para resolver esta cuestión. Realmente volvemos a la situación que teníamos hace un par de años, pero menos da una piedra.

Con el ánimo de que el debate algunas veces sea constructivo y por lo menos nos podamos poner de acuerdo en estas cuestiones, con mucho gusto, el Grupo Popular aceptará esa transacción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Agramunt.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Convergència i Unió.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo solo para manifestar el voto favorable del Grupo de Convergència i Unió a esta propuesta. También habríamos votado favorablemente la propuesta inicial del Grupo Popular, porque podemos avalar el trabajo extraordinario que se hace desde el Palau de les Arts de Valencia. Pero se ha llegado a una transacción, estoy absolutamente de acuerdo con ella y, por lo tanto -repito-, la votaremos favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gracia.

El señor GRACIA LUCIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la intencionalidad de esta moción que presenta el Grupo Popular es instar al Gobierno a reforzar la aportación económica del Ministerio de Cultura al Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, equiparándola así a

la de los principales coliseos de ópera de nuestro país, y participar en los órganos de funcionamiento del Palau de les Arts. Entre los grupos representados hoy en esta comisión hemos sido capaces de transaccionar un texto que viene a mejorar el contenido de la propuesta inicialmente formulada por el Grupo Popular, lo que también demuestra la voluntad política de trabajar para alcanzar el objetivo que promueve la transacción respecto del Palau de les Arts de Valencia.

Pero yo quiero aclarar algunas cuestiones tras lo dicho por el portavoz del Grupo Popular respecto de las consignaciones y dotaciones presupuestarias y el respaldo económico que ofrece el Ministerio de Cultura a distintos coliseos operísticos de nuestro país. El Grupo Parlamentario Socialista quiere señalar que, como consecuencia de la coyuntura económica actual, los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2010 tienen un marcado carácter restrictivo y se han elaborado con criterios de contención del

gasto que afectan a toda la Administración Pública y, en concreto, al Ministerio de Cultura. Las reducciones llevadas a cabo en el presupuesto del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para 2010 con respecto al de 2009 afectan en general a todo el apartado de subvenciones, no solo a la dotación que se consigna para el Palau de les Arts de Valencia. Y con relación a las aportaciones -de las que también ha hablado el portavoz del Grupo Popular- al Teatro Real y el Liceo de Barcelona, vienen determinadas por la pertenencia a los respectivos patronatos, desde 1997 y 1986, respectivamente, estando fijados ya en los estatutos los sistemas de participación ordinaria; y también estas han experimentado una reducción en su presupuesto con respecto a lo consignado en el ejercicio de 2009, una cuestión a tener muy en cuenta para lo que en este momento nos ocupa.

Por otra parte, las líneas de ayuda del INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, están orientadas a

primar las subvenciones que otorgan por convocatoria pública en todos los sectores, es decir, en la música, el teatro, la danza, el circo, etcétera, frente a aquellas subvenciones de carácter nominativo.

Estamos, por tanto, ante la ejecución de un presupuesto que la Administración General del Estado ha elaborado con criterios de austeridad y que trata de equilibrar las dotaciones al sector en función de sus necesidades. Pero en materia presupuestaria hay que explicitar y no ignorar las aportaciones y cómo han evolucionado los recursos que ha recibido la Fundación Palau de les Arts de Valencia en los últimos años con respecto a lo que la Generalitat Valenciana aporta, que tampoco es ajena a la situación económica en la que nos encontramos. Así, en el año 2008 la aportación fue de 31 millones de euros; en el año 2009 fue de 25,8 millones de euros, y en este ejercicio se ha vuelto a recortar la aportación, dejándola en 23,8 millones de euros, una cifra, señorías, que habla bien a las claras de las reducciones

presupuestarias, que también se ha tenido que imponer la propia Generalitat Valenciana. En esta misma línea ha actuado asimismo el Ayuntamiento de Valencia, que ha recortado su asignación.

Por ello, señorías, la petición de mayor dotación económica para el Palau de les Arts de Valencia también debería estar en la sintonía necesaria con las actuaciones de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia. No obstante, la transaccional a la que hemos llegado va a permitir que el Ministerio de Cultura pueda formar parte definitivamente de ese patronato y tenga también una participación significativa en la gestión y las aportaciones económicas.

Por lo que se refiere a la gestión del Palau de les Arts, he de señalar que está regido por una fundación cuya finalidad es subrayar el carácter de escenario artístico y dinamizador de las artes líricas, musicales y coreográficas en todas sus variedades. Se constituyó en los primeros meses del año 2005, y ya en aquel momento sus creadores

la conformaron sin la implicación del Ministerio de Cultura. Hoy nos encontramos ante la demanda que presenta el Grupo Popular, solicitando la participación del Ministerio de Cultura en el Palau de les Arts de Valencia para que tenga como consecuencia una mayor aportación económi-

ca a sus presupuestos. Pero yo me pregunto, ¿con qué nivel de implicación en el funcionamiento y en la toma de decisiones se pretende este objetivo? Se trata de una cuestión tremendamente importante y significativa desde el punto de vista institucional.

Somos conscientes del gran auge lírico que tiene actualmente nuestro país y que ha experimentado en los últimos años, con una importancia creciente de nuevos teatros y festivales operísticos, por lo que nos consta que el Ministerio de Cultura quiere proponer una reflexión sobre su participación, tanto económica como institucional, en estos nuevos ámbitos de programación; y, entre

ellos, el Palau de les Arts Reina Sofía, de Valencia, ocupa, por supuesto, un papel relevante. En este sentido, lo procedente es que, con la debida transparencia, se pormenorice con detalle al Ministerio de Cultura la situación de los órganos de gestión de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, de Valencia, su realidad económica y presupuestaria, los gastos de personal y asistencias técnicas, los costes de programación, etcétera. En definitiva, que se conozca perfectamente y con transparencia y claridad la realidad sobre la que se busca la implicación y participación del Ministerio de Cultura, y también qué planteamientos se formulan para su incorporación a esta fundación y qué nivel de implicación, a la hora de tomar decisiones, se está dispuesto a ofrecer al ministerio.

En mi opinión, estos son los elementos fundamentales que permitirán al ministerio adoptar un pronunciamiento formal al respecto, abriendo así unas vías de diálogo importantes para conseguir el objetivo de la iniciativa que ahora estamos debatiendo.

Desde una óptica responsable y sensata, es fundamental el análisis global tanto del Palau de les Arts Reina Sofía como de la nueva realidad operística española, como un paso previo a la participación del ministerio. Y en ese sentido va a seguir trabajando el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia.

¿El señor Agramunt quiere intervenir? (Denegación.)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UN RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y SUBVENCIONAR A LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES MUSICALES (CESM) (Número de expediente 661/000494).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a realizar un reconocimiento institucional y subvencionar a la Confederación Española de Sociedades Musicales. A esta moción se ha presentado también una propuesta de modificación del texto.

Tiene la palabra el señor Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo de Convergència i Unió voy a defender esta moción que, efectivamente, pretende el reconocimiento a la actuación de la Confederación Española de Sociedades Musicales, que desde hace ya bastantes años está haciendo una labor extraordinaria para fomento, la ayuda y el desarrollo de la música no profesional por y para las bandas de música.

Y a pesar de que se dedica a este tipo de

música, se debe hacer un reconocimiento absoluto porque es la auténtica cantera de muchos músicos que luego acaban nutriendo las principales orquestas de España y del mundo, como la Filarmónica de Londres, la Orquesta de la Ópera de Berlín, etcétera. Hay músicos que nacen gracias a estas sociedades musicales, de estas bandas; es más, su composición como confederación hace que las federaciones territoriales abarquen en estos momentos prácticamente todo el territorio español, en el que realizan -insisto- un trabajo extraordinario.

Por tanto, pedimos que el ministerio la reconozca, que haya un diálogo positivo y sincero, y que se avance para buscar soluciones y apoyos al trabajo que está llevando a cabo. Porque repito que si alguien se merece un reconocimiento por su trabajo, por su estructura organizativa, por su calidad, por su trascendencia y por su incidencia en la música española, es la Confederación Española de Sociedades Musicales.

Como ha dicho el señor presidente, todos los grupos hemos llegado a una transacción, basada en el compromiso y la voluntad del Gobierno para buscar mecanismos que ayuden en este extraordinario trabajo que está realizando la Confederación Española de Sociedades Musicales. La hemos aceptado, porque consideramos que es un avance importante.

Como saben sus señorías, los miembros de Convergència i Unió somos muy tenaces -pesados, en el lenguaje popular-; por tanto, haremos un seguimiento del acuerdo al que hemos llegado, que incluye, aunque no se refleja, la celebración de una reunión inminente con el ministerio, en la que lógicamente exigiremos el cumplimiento -no lo dudo- de la moción.

Por nuestra parte, nos sentimos satisfechos porque entendemos que con esta moción que hoy vamos a aprobar, parece ser que por unanimidad, se ha dado un avance importante para el reconocimiento de esta

música que se hace prácticamente -insisto- en todo el territorio español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roig.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fuentes.

La señora FUENTES GARCÍA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al representante del Grupo de Convergència i Unió, el señor Roig, que hayamos llegado a un acuerdo, a una transaccional, por el bien de la música.

Quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha apoyado y valorado el movimiento musical asociativo de ámbito nacional, estatal y local. Reconocemos su desarrollo y su

contribución a la diversificación, y las actividades culturales que desarrollan, entre otras, sus asociaciones y, cómo no, la labor formativa de los jóvenes y el enriquecimiento cultural que eso supone para la sociedad.

Sabemos que el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música es un órgano de participación y asesoramiento que conforman representantes de los sectores de la música, la danza, el teatro y el circo, nombrados por su Presidencia, cuyo titular es el Ministerio de Cultura. Todos sabemos que el número de vocalías es limitado por especialidades, por lo que la selección ha de responder a criterios de presencia estatal y de evolución histórica de la asociación y las federaciones.

También quiero recordar en esta comisión que la Confederación Española de Sociedades Musicales ha percibido del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, adscrito al Ministerio de Cultura, ayudas durante los años 2008 y 2009, a través de esta modalidad, que

ascienden a 18 000 euros cada año, lo que supone que en el año 2009, de los 94 100 euros que había para estas entidades, percibió un 20%, con lo que nuestro grupo está conforme y contento porque, además, tiene que ser así.

Nosotros entendemos que el criterio de financiación del Ministerio de Cultura debe ser compatible con las subvenciones de otros recursos públicos procedentes, por ejemplo, de ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, y, cómo no, con ayudas privadas. Por todo ello le pedimos que sigan trabajando, que sigan presentando concursos para seguir teniendo los mayores apoyos, y desde aquí creo que tenemos que felicitarnos todos por haber llegado a esta transaccional. Mi grupo va a instar también al Ministerio de Cultura para que se cumpla lo que hemos pedido en esta transaccional y consigamos todos lo que se solicita a través de ella.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fuentes.

Tiene la palabra el señor Van-Halen, por parte del Grupo Parlamentario Popular.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular siempre es partidario de llegar a acuerdos en temas de cultura, y creo que eso no es difícil. La cuestión que nos plantea Convergència i Unió nos parece interesante y de justicia. Precisamente ayer el Pleno acordaba el reconocimiento y una ayuda a la Academia Galega, algo que está en la misma línea.

Ninguna entidad se conforma con lo que tiene. La portavoz socialista ha dicho que la confederación ya ha recibido ayudas en otros años, pero siempre parece poco para una entidad que se mueve, que tiene prestigio y que es activa, como ocurre en este caso.

Nos ha encantado poder llegar a un acuerdo. Desde hace tiempo hemos hecho un seguimiento de las actividades de la Confederación Española de Sociedades Musicales y de las asociaciones que acoge e integra, y estamos de acuerdo, evidentemente -por eso la hemos firmado-, con la transaccional. Insisto en que nos congratulamos de que se haya podido atender la petición de la moción y, además, de demostrar que en temas de cultura, como hemos hecho en esta comisión, se puede llegar a acuerdos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Van-Halen.

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ABONAR LA CANTIDAD INVERTIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ROA (BURGOS) EN LA RESTAURACIÓN DE LA MURALLA, ASÍ

COMO A EVITAR SU DETERIORO (Número de expediente 661/000492).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a abonar la cantidad invertida por el Ayuntamiento de Roa, Burgos, en la restauración de la muralla, así como a evitar su deterioro.

También se ha presentado una enmienda transaccional a esta moción.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor González Torres.

El señor GONZÁLEZ TORRES: Gracias, presidente.

Aunque hayamos llegado a una transaccional, quiero hacer un recorrido por lo que ha sido la trayectoria de las murallas de Roa.

El Pleno del Ayuntamiento de Roa de Duero,

Burgos, en sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2009, requirió al Ministerio de Economía y Hacienda el abono de la cantidad de 497 755,50 euros en concepto del importe invertido en la restauración de la muralla, bien de titularidad estatal, debido al estado de ruina que dichas murallas presentaban, importe invertido ya -repito- por el propio ayuntamiento.

De acuerdo con un informe de la Subdirección General del Inventario del Patrimonio del Estado, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, las murallas del municipio de Roa de Duero, Burgos, son de titularidad estatal. Dicho bien patrimonial necesita una intervención urgente, una opinión avalada, como comprobaremos a lo largo del debate, por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. Y el ayuntamiento no puede hacer frente a su restauración. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone a la Comisión de Cultura del Senado instar al Gobierno a abonar la cantidad de 497 755,50 euros, importe ya invertido por el

Ayuntamiento de Roa de Duero en la restauración de la muralla y, en segundo lugar, a actuar con la máxima urgencia en dicho bien integrante de nuestro patrimonio histórico, evitando que corra el riesgo de ruina total.

A continuación, paso a exponer algunos antecedentes.

Con fecha 11 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Roa de Duero envía a la Comisión de Patrimonio Cultural de Burgos un proyecto básico de consolidación, conservación y rehabilitación de un tramo de la muralla. La comisión, en sesión de 31 de agosto de 2006, acuerda autorizar la intervención.

Con posterioridad, el Ayuntamiento de Roa remite un anexo al proyecto, que también es aprobado en la sesión del 14 de febrero de 2007. En abril de 2008 el Ministerio de Economía y Hacienda le comunica al Ayuntamiento de Roa que dicho bien, de

naturaleza patrimonial, pertenece a la Administración del Estado.

Ante la situación generada y la necesidad de modificar el proyecto inicial y, por supuesto, obtener nuevos fondos, la corporación municipal decide dirigirse a la Administración del Estado solicitando su ayuda por ser titular de la muralla y obligada a su mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Con fecha 10 de junio de 2008 el director general de Patrimonio Cultural recibe un escrito del subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico en el que se viene a señalar, primero, que las obras realizadas por el Ayuntamiento de Roa de Duero se han llevado a cabo sin la autorización del Ministerio de Cultura por ser estas de titularidad estatal. Segundo, que no consta la preceptiva autorización de la Junta de Castilla y León. Y tercero, que el proyecto incumple el artículo 39 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y el plan director de las murallas que el ayuntamiento

encargó en 2006.

En relación con el primer punto, he de reseñar que a la Comisión de Patrimonio Cultural asiste un representante de la Administración del Estado que, aun teniendo voto en cuantos asuntos son de su incumbencia, en ningún momento hizo mención alguna respecto de la titularidad de las murallas, del siglo XIII. Es, por tanto, un hecho y así queda explicado.

En cuanto al proyecto, sí fue autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en la sesión del 31 de agosto de 2006 y, posteriormente, también por el mismo órgano, en su sesión de 14 de febrero de 2007 fue aprobado un anexo al proyecto básico, todo ello por entender que era absolutamente urgente frenar el imparable deterioro de estas murallas y porque la actuación se estimó conforme a la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Con respeto al incumplimiento del plan

director, que desaconseja la realización de recrecidos, ni se contempla ni se ha ejecutado. Es llamativo, en todo caso, que, siendo la Administración del Estado la responsable de la conservación de la muralla de Roa de Duero, invoque el plan director, cuando ha tenido que ser la corporación municipal, y no el titular de la muralla, la que se ha preocupado de encargarlo.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que los planes directores tienen carácter meramente orientativo.

Por todo ello, y como he dicho anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado propone a la Comisión de Cultura instar al Gobierno, en primer lugar, a abonar la cantidad de 497 755,50 euros, importe ya invertido por el Ayuntamiento de Roa de Duero en la restauración de la muralla y, en segundo lugar, a actuar con la máxima urgencia en dicho bien, integrante de nuestro patrimonio histórico, para evitar que corra el riesgo de ruina total.

Y aunque la enmienda transaccional no colma plenamente nuestras peticiones, la aceptamos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el representante de Convergència i Unió, señor Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

Solo intervengo para decir que nos congratulamos de que se haya llegado a esta transaccional. Estamos de acuerdo, y la votaremos favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Hurtado.

El señor HURTADO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. También intervendré con mucha brevedad.

Efectivamente, hoy es un día de acuerdos, y siempre es positivo que entre todos los grupos hayamos sido capaces de buscar lugares de encuentro. Ha habido tres transaccionales para las tres mociones, y creo que es algo de lo que felicitarnos.

La única referencia que quiero hacer es que, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Ayuntamiento de Roa de Duero en un momento determinado hace un desembolso de 497 755,50 euros a su cargo y, teniendo en cuenta que el bien era de titularidad estatal, ese desembolso, lógicamente, no tendría que haberse hecho por los incumplimientos a los que él ha aludido. En cualquier caso, no es voluntad de este que les habla ir en esa dirección, ni mucho menos, sino en la que ha presidido el acuerdo.

Por otro lado, el ministerio encargó en el año

2009 el proyecto de restauración de la muralla de Roa de Duero al sur de la puerta de San Juan, con un presupuesto de 20 761,22 euros. Ese proyecto ya está hecho, y ahora mismo se encuentra en el Ministerio de Cultura en el proceso de tramitación del expediente para llevar a cabo toda la obra en cuestión, que tiene un coste de inversión previsto de 507 804,27 euros.

Por tanto, lo que quiero manifestar es que también hay voluntad por parte del Ministerio de Cultura, como no podía ser de otra forma, de llevar a cabo la restauración de las citadas murallas, e incluso están ya totalmente determinadas las anualidades -ya he citado la de 2009-, que para 2010, es aproximadamente de 155 000 euros, y para 2011, de 352 000 euros. A pesar de eso, debido al estado en que se encontraba la citada muralla y debido también, por qué no, a este invierno tan duro climatológicamente

que ha afectado de una forma determinante a la muralla de Roa de Duero según determinadas apreciaciones, hemos

convenido en que esta Comisión de Cultura acordara instar al Gobierno a realizar con urgencia un estudio de la situación y necesidades de actuación en la citada muralla para, una vez detectadas esas necesidades, actuar sobre las mismas en el menor tiempo posible para evitar un derrumbamiento, teniendo en cuenta, además, que se trata de un bien de interés estatal y también la voluntad que está poniendo de manifiesto el Ministerio de Cultura con esas actuaciones que va a llevar a cabo en el período 2010-2011, que pueden complementarse con esos posibles problemas que quizá surjan de esos estudios que tienen que llevarse a cabo.

Podemos decir respecto de la muralla de Roa de Duero que existe por parte de todos los grupos parlamentarios que conforman esta comisión una misma voluntad: que se actúe en dicha muralla lo más pronto posible. Este interés no solo es de esta comisión sino también del Ministerio de Cultura a fin de sacar adelante este bien de interés cultural y estatal manteniéndolo en

las mejores condiciones posibles.

Sin perjuicio de la moción, me atrevería recomendar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular -permítame que lo diga ahora, es que antes no lo he tenido en cuenta- que sería bueno empezar ya a hacer la petición del uno por ciento cultural para sanear esos posibles desperfectos en la citada muralla a fin de ir agilizando, tanto unos como otros, el desarrollo de las obras complementarias para que no se produzca ningún derrumbamiento en ella.

Termino como he empezado, felicitándonos todos por haber llegado entre todos a esta enmienda transaccional.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador González Torres.

El señor GONZÁLEZ TORRES: Muchas gracias, señor presidente.

Es cierto que en estos momentos tenemos constancia de que el Ministerio de Cultura ha encargado un estudio sobre degradación progresiva del terreno de apoyo en la muralla de Roa y que recientemente, el día 15 de febrero de este año ha presentado un proyecto básico y de ejecución de obras de consolidación y restauración de tramos de la muralla al sur de la Puerta de San Juan por un importe de 500 000 euros. Este proyecto está pendiente de autorización por la Comisión Territorial de Cultura de Burgos. La ponencia, no obstante, ha propuesto autorizarlo, si bien indicando que lo deseable sería iniciar las autorizaciones en áreas de la muralla en las que hay gran riesgo de desplome, que no son precisamente aquellas en las que se quiere actuar, como se ha dicho anteriormente. Esta postura de la ponencia técnica de Patrimonio Cultural es la que a través de esta moción se solicita y coincide con la solicitud del ayuntamiento. Quizás hay que reconocer también que la actuación del Ayuntamiento de Roa seguramente no ha sido ni la más certera ni

tal vez la correcta, pero siempre ha ido orientada a evitar riesgos a personas y bienes, dada la urgencia de la misma, y a las reclamaciones de los vecinos de la localidad.

Por último quiero indicar que el propio ayuntamiento ha tenido que renunciar a varias subvenciones que la Junta de Castilla y León había aprobado para la restauración de la muralla de Roa, pero que al no ser el ayuntamiento propietario de la misma, tuvo que devolverlas incluso habiendo cobrado ya parte de ellas.

Quiero reseñar también que las últimas e intensas lluvias, como bien decía el portavoz socialista, han contribuido a agravar la situación de algunos tramos de la muralla. Son los que en este momento están en peor estado y los que requieren, por tanto, de una intervención en modo alguno caprichosa. Es la zona conocida como el matadero, próxima al edificio de usos múltiples, de reciente construcción, y la zona comprendida entre la Plaza del Estudio y las traseras del polideportivo cubierto, donde ya ha tenido

lugar un derrumbe sobre una de las puertas de la plaza de toros. Con estas intervenciones que hemos acordado hoy con la enmienda transaccionada y con las que tiene previsto acometer el Ministerio de Cultura, el problema de las murallas de Roa -que datan del siglo XIII- quedaría resuelto.

Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios de esta comisión por la firma de la enmienda transaccional. Le pido al Grupo Parlamentario Socialista que inste al Ministerio de Cultura a que si no es posible la reversión de esos 497 755,50 euros, de alguna forma compense al ayuntamiento ya que sus arcas son bastante deficitarias. Esta misma mañana llamaré al ayuntamiento para que hagan la solicitud a través del uno por ciento cultural.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Hemos terminado el orden del día. Saben sus señorías que habíamos propuesto la

votación para no antes de las doce. Si los portavoces no tienen inconveniente, podemos proceder a la votación porque creo que hay acuerdo unánime. Pero antes hemos de pasar lista para saber quiénes son los asistentes. (El señor Van-Halen Acedo pide la palabra.) Tiene la palabra, senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor presidente, si se pasa lista formalmente, tenemos que esperar a que sean las doce, si no, podría haber problemas ya que algunos senadores podrían sentirse mal al no aparecer como asistentes a esta comisión dado que se les ha citado para votar a las doce.

El señor PRESIDENTE: Sí, me parece razonable.

Suspendemos la comisión hasta las doce del mediodía, señorías. (Pausa.) Señorías, retomamos la comisión.

(Por el señor presidente se procede a la

comprobación de las señoras y los señores senadores presentes.)

Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a reforzar su colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y a participar en sus órganos de funcionamiento que -como saben- ha tenido una transaccional.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Así consta.

Pasamos a votar la segunda moción, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a realizar un reconocimiento institucional y subvencionar a la Confederación Española de Sociedades Musicales, CESM, moción a la que también se ha presentado una transaccional.

En consecuencia, entiendo que se puede aprobar por asentimiento. ¿Es así?

(Asentimiento.) Queda aprobada.

Última moción, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a abonar la cantidad invertida por el Ayuntamiento de Roa, Burgos, en la restauración de la muralla, así como a evitar su deterioro, moción a la que igualmente se ha presentado una transaccional.

¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada por asentimiento.

La señora LETRADA (Cosculluela Martínez): Da igual, todos iban a votar a favor, pero no se puede hacer así.

El señor PRESIDENTE: Dice la letrada que no se puede hacer.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Señora letrada, perdone. Si hay el asentimiento de los presentes para votar que sí, no creo yo que haya la obligación de que tengan que

constar los votos, puesto que todos estamos de acuerdo, pienso yo, a no ser que haya olvidado el Reglamento y usted obviamente se lo sepa mejor que yo, como debe ser.

La señora LETRADA (Cosculluela Martínez): Las propuestas que se someten a votación por asentimiento están firmadas por todos los grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Y en este caso no están todos los grupos parlamentarios.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Pero sí todos los grupos presentes, señora letrada, todos los grupos presentes, luego es obvio que todos estamos de acuerdo y a eso se le llama asentimiento.

La señora LETRADA (Cosculluela Martínez): Sí, pero durante el curso de la sesión han estado presentes otros grupos que ahora no están.

El señor VAN-HALEN ACEDO: No, señora. ¿Qué grupos han estado presentes? (Varios

señores senadores: Convergència.).

El señor PRESIDENTE: Convergència, y la Entesa.

El señor VAN-HALEN ACEDO: ¿Y no están ahora? El señor PRESIDENTE: No.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Pero han firmado.

El señor PRESIDENTE: De todas maneras, se aprueban por asentimiento las mociones y levantamos la sesión.

Muchas gracias.

Eran las doce horas y cinco minutos.