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DISCURSO DEL DR RICARDO LUIS LORENZETTI.
ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL. 6 DE MARZO DE 20 12
Buenos días a todos los presentes, en mi nombre y en el de mis colegas de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y
muy particularmente de jueces y juezas de todo el país, de todos los fueros, lo cual es
una representación extraordinaria para este acto. También queremos agradecer muy
especialmente la presencia de legisladores, la presencia de embajadores, y muy
especialmente también la de líderes sociales, de las organizaciones no gubernamentales,
que de una manera u otra tienen relación con la Justicia. En este acto que venimos
haciendo hace pocos años en el cual reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer y
sobre lo que hemos hecho, este acto de inauguración del año judicial, en esta
oportunidad queremos hacer un enfoque un poco distinto. Quiero hablarles de un
modelo de justicia más cercana a los intereses de los ciudadanos, de los argentinos. De
un modelo de justicia que no se demore por causas injustificadas. De un modelo de
justicia que juzgue a quien tiene enfrente con imparcialidad, cualquiera sea el poder
económico, político, o de otra naturaleza que ostente. La justicia igual para todos. De un
modelo de justicia que evite que las tragedias que vivimos los argentinos a lo largo de
nuestra historia luego se transformen en tragedias judiciales. Y este modelo incluye
también la necesidad de hablar, las cosas importantes que exceden la actividad judicial.
Es necesario también un diálogo profundo con los demás poderes del Estado, para que
hablemos de aquellos problemas que desde hace años nos preocupa. Porque no es sólo
resolver los casos lo que tenemos que hacer sino que tenemos que evitar que las
tragedias ocurran y tratar de que los conflictos no siempre sean juicios. Y para ello hay
que hacer un diálogo institucional serio, profundo, honesto para evitar que los
problemas dejen de repetirse. Tenemos una extraordinaria tendencia a que los
problemas no se solucionen, se trasladen. A evitar que los discursos sobre los problemas
sustituyan a las soluciones. A que existan demasiadas declaraciones coyunturales pero
poca dedicación a la solución y transformación de las estructuras que causan los
problemas que luego enfrentamos. De esto vamos a hablar en esta reunión,
refiriéndonos sobre todo al modelo que hemos intentado desarrollar en la Corte
Suprema. Permítanme comenzar con una breve referencia personal: cuando llegué a la
Corte, como les pasó a varios de mis colegas, no podíamos entrar en este edificio ni
podíamos salir porque estaba rodeado por gente indignada por la emergencia económica
y el corralito. Y para mí, que era alguien que venía del mundo académico y que había
escrito libros y dado conferencias aquí y en el extranjero, me pareció algo tan chocante
ver una institución divorciada de la sociedad de esa manera, me afectó de modo muy
profundo y también para alguien que venía de una ciudad pequeña del interior del país,
cuan alejados estábamos de la realidad, me hizo pensar que debíamos hacer una
transformación muy profunda, un cambio de modelo, y creo que la misma sensación
tuvieron mis colegas y por eso hemos iniciado una transformación del modo en que
veníamos trabajando. Esta transformación está basada en una serie de principios que
quiero mencionar, que están reflejados en la jurisprudencia y decisiones de la Corte
Suprema, pero que no son otra cosa que acercar la justicia a la gente, hacer hablar a la
Constitución con la voz del pueblo de la Nación. Interpretarlo de modo que exprese las
necesidades de nuestra gente. Son principios que no están en la mente de un solo
dirigente por bueno que sea, sino que deben estar en el corazón del pueblo, y como
nosotros decimos: formar parte del contrato social, de modo que no exista retroceso
sobre esto. ¿Cuáles son estos principios? El primero al cual me voy a referir lo solemos
denominar “acceso a justicia”, pero creo que aquí hoy es necesario decir que en nuestra
historia como en la de muchos países existen tensiones sociales y por lo tanto protestas
sociales. Y una de las alternativas frente a la protesta social es reprimirlas, es tratar de
que no se expresen, pero este no es el camino más acertado. Hemos pensado siempre
que lo mejor es escuchar, es dar canales de participación para que nuestro pueblo se
exprese y por eso aquí en la Corte Suprema estuvieron presentes los pobres, por primera
vez, es algo que a todos nos llamó la atención cuando la gente de Villa Inflamable, que
dio origen a la causa más importante que tiene hoy el país, que es la causa del
Riachuelo, decía que por primera vez llegaron a un tribunal y pudieron hablar. Esto
muestra cuan lejos estábamos. Y aquí en esta Corte también estuvieron los pueblos
originarios y pueblos del interior del país, de Salta, del Chaco, estarán ahora los de
Formosa. Aquellos que nunca pensaron que podían llegar a un gran tribunal, estuvieron
aquí, y hay que escucharlos. Y por eso hicimos las audiencias públicas, porque hemos
entendido que la mejor manera de resolver estos conflictos es empezar a escuchar a las
distintas voces. Por esta razón también hemos tratado de expandir la legitimación y en
la causa Halabbi, en la que estuvieron involucrados los abogados como grupo, hemos
reconocido una amplia legitimación para que todos aquellos que tengan intereses
comunes y homogéneos puedan llegar a los tribunales y mejorar la participación de la
sociedad en los tribunales. Es mucho mejor escuchar a la sociedad antes de tomar una
decisión que tomarla pensando que uno tiene la razón de antemano, y es por eso que
este debate público, institucional en las audiencias ha sido tan valioso para nosotros.
También en la política institucional hemos tratado de llevar adelante estas ideas, y
hemos creado el Centro de Información Judicial, para que todo el mundo conozca lo que
se hace y pueda intercambiar ideas, información. ¿Cuál es la noción que está atrás de
todo esto?: es la idea de Gobierno Abierto que acabamos de desarrollar el año pasado,
dentro de la Corte Suprema. Gobierno abierto significa que la concentración de las
decisiones no puede ser un modo de actuar en nuestras instituciones. Tenemos que
escuchar a todos, es mejor la inteligencia colectiva que la inteligencia individual, es
mejor la historia escrita por todos los sectores sociales que la escrita individualmente,
por eso es que esta idea de Gobierno Abierto es inspiradora de un marco de decisiones
que queremos que todos los jueces y juezas del país tomen en cuenta. Abrir, escuchar,
dar participación, es la mejor manera de que nos equivoquemos un poco menos y de que
nuestro Poder Judicial esté más cerca de las expectativas sociales.
El segundo principio que me parece importante resaltar, es el que tiene que ver con la
igualdad. Sabemos que hay tensiones en nuestra sociedad y en todas las sociedades del
mundo pero muchas de estas tensiones tienen que ver con la exclusión social; es muy
fácil reconocer derechos para un grupo que ya los tiene, el problema son los que no los
tienen, los que están fuera del sistema. Este es un gran desafío, por eso hemos prestado
especial atención y esto forma parte esencial del modelo constitucional que desarrolló
nuestra Corte Suprema. Siempre tenemos la tendencia a pensar que en un expediente
sólo hay papeles, pero nunca hay que olvidarse que detrás de eso hay un drama humano,
nunca hay que olvidarse del dolor que siente una madre, un padre cuando se da cuenta
que su hijo o su hija no tienen un futuro y por eso es esencial que nosotros
reconozcamos, como lo dice la interpretación constitucional, que hay un paquete de
derechos básicos para que todos los ciudadanos puedan ser considerados tales. La Corte
desarrolló ampliamente esta idea. Hemos cambiado las decisiones anteriores, de diez o
veinte años atrás, reconociendo los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical.
Hemos cambiado la jurisprudencia de muchos años atrás y reconocido los derechos de
los jubilados. Hemos trabajado mucho sobre derechos fundamentales como son el
acceso a las prestaciones de salud, el acceso a las prestaciones médicas en general, que
es algo esencial. Hemos convocado a audiencias públicas sobre el derecho a la vivienda.
Es decir, los derechos económicos sociales forman parte esencial del modelo
constitucional que hemos querido desarrollar en estos años y también hay algo que
quiero mencionar porque ha sido parte de mi tarea académica durante muchos años, que
es el derecho de los consumidores. En abril del año 2008, dictamos una sentencia en la
que se discutía la indemnización de una mujer, empleada doméstica, que sufrió un daño
en un subterráneo, y la Corte dijo en aquel momento, que la seguridad a la que se refiere
el artículo 42 de la Constitución Nacional, obliga a los prestadores de servicios públicos
a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que tenemos que es
la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o
adolescentes, expertos o profanos, todos tienen derecho a la seguridad. Y la Corte dijo
allí también que el ciudadano común tiene allí una confianza fundada en que el
organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Y que la Constitución
Nacional obliga a los prestadores de servicios de los consumidores a brindarles un trato
digno. Esto fue dicho en abril del 2008. Y esta idea de igualdad, la hemos desarrollado
en todos los campos, también en las políticas institucionales. Nosotros llevamos
adelante, una política de igualdad de género en la cual ha trabajado mucho la doctora
Argibay y también la doctora Highton que es esencial para que dentro del Poder
Judicial tengamos una noción clara de que todos somos iguales. No sólo la igualdad de
género sino también de aquellos que tienen capacidades diferentes, la igualdad como
base de una ética de los vulnerables. Este es otro principio constitucional que nosotros
hemos tratado de poner en claro en estos años.
Otro de los principios que me parece fundamental resaltar, tiene que ver con un valor
que es la libertad. Hemos dicho que hay una libertad personal y el ejercicio de esa
libertad es un valor que debemos defender a toda costa los argentinos. Pero si se afecta
la libertad cuando se esclaviza una persona y este es un primer tema al cual le hemos
dado una trascendencia importante en la agenda de la Corte: la trata de personas. ¿Cómo
es posible que a esta altura nosotros todavía sigamos hablando de trata de personas, que
no hayamos podido disminuirla. Por el contrario, el problema crece! Hemos insistido
mucho, y también menciono nuevamente a las doctoras Argibay y Highton, en los temas
de la trata de personas y de la violencia doméstica que son dos áreas importantísimas
que afectan la libertad de las personas, la violencia y la trata son dos temas centrales de
la agenda de la Corte, que nosotros nos planteamos para que la sociedad, y sobre todo
los jueces y juezas lo tengan como re lectura de los textos constitucionales. Son normas
constitucionales que queremos que se tengan presentes en esta agenda.
También la libertad ha sido defendida en materia penal. Defendiendo las normas del
debido proceso, las garantías del derecho penal. Tenemos muchísimos fallos en estos
últimos tiempos, en los cuales la Corte ha dicho con claridad cuáles son las garantías del
debido proceso en materia penal. Esto no es incompatible con la lucha contra el crimen,
sino por el contrario, es compatible con el estado de derecho, con una persecución
adecuada y razonable del crimen.
También la libertad ha sido materia de decisión de la Corte en lo que se refiere a la
libertad de expresión. Hemos dicho en la causa Patitó que la crítica es buena. La crítica
en el sentido de observar deficiencias, y en este caso las deficiencias del propio Poder
Judicial. Lo hemos dicho respecto de nuestro propio Poder que es bueno que se critique
y que no debemos censurar la crítica y esto forma parte de la libertad de expresión. Y lo
mismo hemos dicho sobre aquellos mecanismos indirectos, como la publicidad oficial,
que también pueden afectar la libertad de expresión. Es decir, en esta materia vinculada
a la libertad, el concepto constitucional es que todos tenemos derecho a hacer la vida
que queremos, como nos parece. Hay distintos proyectos de vida, ya nuestras
sociedades son plurales. No hay un solo modo de ver la vida. Y tenemos que saber
reconocer nuestras propias limitaciones cuando tomamos decisiones y no de imponer
nuestros valores a los demás. El único valor que podemos imponer es desde la libertad
para que cada uno opte y decida conforme quiere vivir su propio proyecto de vida. Esto
es la libertad en términos constitucionales. Y esta es la interpretación que ha hecho la
Corte estos últimos años.
También forma parte de la gente y de este modelo, la idea de estado de derecho, que
tiene varios aspectos. El primero, y que ha sido fundamental para nosotros es el estado
de derecho y su relación con el terrorismo de estado. Le hemos dado una importancia
fundamental, en al menos cuatro fallos que son y han sido ejemplares de la Corte
Suprema de Justicia y también hubo fallos de muchos jueces que están aquí presentes,
que señalaron cuáles son los criterios para la definición de los delitos de lesa
humanidad. También, hemos creado la Comisión Interpoderes para que estos juicios se
lleven adelante, porque es esencial que los argentinos tengamos memoria y es esencial
que tengamos futuro. Que también podamos enseñarle a las generaciones que nos
suceden, que no se puede perseguir desde el propio estado al que piensa diferente. Y
esto lo hemos repetido hasta el cansancio, forma parte del contrato social de los
argentinos, y es una decisión irreversible. Tan irreversible es que la hemos profundizado
a través de decisiones de la propia Corte. Quiero mencionar especialmente la decisión
que ha tomado la Cámara de Casación Penal en una reunión en la cual yo he participado
y tuve el orgullo de participar dando directivas para encaminar adecuadamente los
procesos vinculados a los delitos de lesa humanidad. Y también tiene que ver con esta
idea de la lucha contra el terrorismo de estado, de la afirmación del estado de derecho
que no debe haber discriminaciones. La Corte tiene varios fallos en contra de la
discriminación. Pero la discriminación es un tema esencial en materia constitucional.
La Constitución lo dice, la Ley lo dice, pero tenemos que luchar permanentemente
contra las prácticas sociales discriminatorias, y para eso están los jueces y las juezas.
Hemos dicho muchas veces que una sociedad es tolerante frente a los pequeños actos de
discriminación. Es una sociedad que luego tolerará los actos más grandes, por lo tanto
debemos ser intolerantes con los que luego nos parecerá intolerante. Si reaccionamos
rápidamente tendremos anticuerpos para frenar las tragedias que luego hemos vivido los
argentinos a lo largo de nuestra historia.
Otro principio vinculado al estado de derecho, y que esta Corte ha defendido ha sido la
idea del límite al poder, a todos los poderes: los poderes del estado, los poderes fácticos.
Esta es una idea fundamental dentro del sistema constitucional argentino porque debe
haber un equilibrio de poderes, y los jueces y las juezas tienen esa función, limitar y
proteger los derechos de los individuos, de las personas, pero limitando, porque los
fuertes no necesitan ninguna protección, el derecho está para los débiles. Y esta es la
función esencial que tenemos. Y este es otro principio que la Corte ha defendido, a
través de numerosas decisiones tanto en relación de decretos de necesidad y urgencia en
temas constitucionales arduos, como también en lo que se refiere a poderes fácticos. La
realidad es que hoy la democracia es intensiva, ya no existe esa democracia
intermitente, los ciudadanos frente a cada decisión reaccionan, debaten y discuten y eso
lo hacen en la ausencia de otras vías, en el Poder Judicial. Por eso hay que tener la
prudencia necesaria para no interferir o sustituir la gobernabilidad por un lado, porque
los jueces no gobiernan, pero por el otro saber encontrar la medida justa de los límites
de los abusos de toda clase de poder y proteger a nuestros ciudadanos.
Otro principio que también me parece importante mencionar dentro de este modelo
constitucional que hemos desarrollado en los últimos años, tiene que ver con la
protección del ambiente. He trabajado muchos años, más de veinte años, en la temática
ambiental, quiero decirles que me siento sanamente orgulloso porque la conferencia más
importante que se hace en el mundo, que es la Ambiental de Río + 20, que se dará este
año, va a tener una reunión preparatoria aquí en Buenos Aires. Se hicieron sólo dos, una
en Kuola Lumpur que ya se hizo, y la otra será en abril aquí en Buenos Aires, como
reconocimiento de Naciones Unidas a la justicia ambiental que ha llevado adelante la
Corte Suprema y también muchos tribunales. Quiero mencionar aquí el caso del
Riachuelo que para nosotros ha sido un extraordinario desafío , como todos los desafíos
hay que enfrentarlos y hemos tratado de ser creativos para traer bienestar a una enorme
cantidad de hombres, mujeres y niños que habitan ese lugar, pero con la prudencia
necesaria porque sabíamos que es de una complejidad extraordinaria. Y hemos tratado
de encontrar un punto de equilibrio, de ir llevando a todos los poderes del estado a la
solución de uno de los problemas más difíciles que tenemos los argentinos porque
involucra a cinco millones de personas, tres estados y más de mil doscientas empresas,
una megacausa. Y con eso insistimos que hoy la temática ambiental que sigue siendo y
va a ser en todo el mundo tal vez el principal ámbito de litigiosidad merece nuestro
análisis. Nosotros no vamos a renegar de nuestros principios. Yo creo que hay que
proteger el ambiente y creo que hay que debatir sobre este tema, tampoco hay que irse a
los extremos, tampoco hay que prohibir innecesariamente, siempre hay manera de
encontrar puntos de equilibrio y nuestra Corte continuará con la temática ambiental
porque está en la Constitución, porque está en la Ley y porque además está en juego no
solo nuestro bienestar, sino el de nuestros hijos y nietos. No somos dueños para
disponer de los recursos que no son renovables y nuestros hijos y nietos no tendrán si
los dilapidamos ahora, en este momento para satisfacer nuestras necesidades. El
equilibrio que es necesario en todo magistrado en estos temas se debe mostrar con la
mayor expresión. Es tal vez, uno de los equilibrios más complejos que debemos
enfrentar en el futuro.
No quiero dejar de mencionar las tareas internas al Poder. Porque hemos trabajado
mucho en transformar este Poder Judicial, principalmente en lo que nosotros tenemos
competencia, que es el ámbito de la Corte Suprema. Y queremos decirles algunas cosas,
porque quisiéramos que esto se generalice. En primer lugar, hemos promovido las
conferencias nacionales de jueces para hacer políticas de estado. Esto es fundamental
porque nosotros necesitamos que lo que hacemos hoy continúe mañana y pasado
mañana porque es la única manera para que las políticas sean perdurables en el tiempo,
no cambien según el humor colectivo, o del gobernante de turno y lleguen a la
profundidad de los problemas. Y por eso, hemos dicho que tenemos políticas de estado
y estas fueron definidas en las conferencias nacionales de jueces, y aquí quiero hacer un
reconocimiento a la extraordinaria participación que han tenido en esto las
organizaciones que agrupan a los jueces y juezas: JUFEJUS, Junta Federal de Cortes, la
FAM que agrupa a los jueces y juezas provinciales, y la Asociación de Magistrados de
la Justicia Nacional, sin cuyo aporte hubiese sido imposible llevar adelante estas
conferencias nacionales. Y en ellas, se definieron políticas de estado, algunas de las
cuales he mencionado: el acceso a justicia, las políticas de igualdad de género, la
comunicación, el Centro de Información Judicial. Todo tiene su origen en esas
conferencias. Pero además, la informatización y la gestión que son claves. Ayer hicimos
una reunión con el presidente del Consejo, Dr. Urriza, y con la Comisión de
Informática. Nos alegramos al ver que se han terminado todas las licitaciones de
informática. Piensen ustedes que es la mayor licitación de informática en la historia del
Poder Judicial, no hubo una sola impugnación, y hoy está absolutamente terminada.
¿Qué significa esto?: que hoy en la Corte en particular, tenemos notificaciones
electrónicas, la posibilidad de digitalizar expedientes, oficios electrónicos, empezamos
ahora el proceso de pagos electrónicos, todo esto en beneficio de una justicia más
rápida, más cercana a lo que la gente quiere. Para el resto del Poder Judicial, el Consejo
ha planificado que este año el 30 % del Poder Judicial tenga en aplicación todo el
sistema de software, más todo lo que he mencionado, y el año que viene llegará al 90%.
Es decir, es la transformación más grande que ha tenido el Poder Judicial en su historia,
en lo que se refiere a la informatización y gestión. Queremos que ustedes se suban a
esta iniciativa y la lleven adelante como propia en la Justicia Nacional. Muchas justicias
provinciales han hecho lo mismo y llevan la delantera incluso, esto hay que decirlo, no
todo se hace en Buenos Aires, las justicias provinciales también han trabajado mucho en
gestión y en organización informática. Creo que esta es una transformación que le
debemos a nuestros ciudadanos. No puede ser que alguien vaya a un tribunal y vea
pilas de papeles, de expedientes cosidos con hilo, abrochados, y que van en carritos
circulando de un lugar a otro, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo todo mucho más
rápido y más sencillo. Nuestra gente no pide grandes cosas: que la justicia sea más
rápida, que seamos imparciales, que las sentencias se obtengan en un tiempo razonable.
Hagamos este esfuerzo porque vale la pena. Creo que hemos hecho un enorme esfuerzo
en materia de informatización y es necesario ahora que ustedes lo lleven adelante, lo
ejecuten y lo implementen.
También, quiero mencionar la importante labor de los empleados judiciales y de los
funcionarios que nos han acompañado en todas estas transformaciones, porque han
estado siempre involucrados en ellas. Hemos desarrollado también un Plan Nacional de
Capacitación de empleados que ha sido realmente muy exitoso y constituye hoy una
política de estado. Esta conjunción detrás de objetivos comunes de los trabajadores y
sus organizaciones, más los magistrados y quienes tenemos responsabilidades, es muy
valiosa. Tenemos cosas que discutir, por supuesto que hay diferencias. Primero está
servir al pueblo, al cual nos debemos. Entonces, hagamos primero las cosas que
corresponden y después discutamos nuestros problemas. No es bueno que nuestra
sociedad vea que los dirigentes, o quienes tienen responsabilidades, discutan entre ellos
mientras sus problemas no se solucionan y que la sociedad esté ausente. La sociedad
debe estar presente en cada una de nuestras decisiones: este es el principal interés que
debemos tener todos nosotros. Hemos insistido mucho en esta idea, para que todos,
desde los jueces más importantes y de mayor jerarquía hasta los ordenanzas y todos
aquellos que están dentro del Poder Judicial en sentido amplio -los abogados, los
escribanos, etc- cambiemos de paradigma. No puede ser que la Justicia se mire a sí
misma, primero hay que mirar a la sociedad y brindar un servicio. Hay que resolver los
problemas que tenemos. Que no son problemas insolubles. Nuestra gente pide una
sentencia en un tiempo razonable. La mayoría de los problemas que tenemos hoy se
deben a esto, tanto en materia criminal, con la temática de las prisiones preventivas-;
como en materia civil y en otras áreas con las medidas cautelares. Siempre intentamos
resolver de manera provisoria lo definitivo porque lo definitivo demora demasiado.
Tenemos que transformar esto para que lo definitivo se resuelva rápidamente. Tenemos
que tratar que todos entiendan que la Justicia más rápida es una necesidad; que la
Justicia imparcial, que resuelve con la misma vara cualquiera sea el poderío del que está
sometido a juicio –económico, político, cualquiera fuere- es algo de lo cual no se duda.
Son dos principios sencillos que hemos aprendido en los primeros pasos de la
Universidad, pero que debemos recordar todos los días. Quiero agradecer a las
organizaciones de abogados, tanto de la Capital como de todos los países, porque
siempre nos han apoyado en estos lineamientos y siempre han trabajado conjuntamente
con nosotros para tratar de superar las enormes dificultades que significa un cambio de
paradigma. Cuando uno dice una Justicia más rápida, siempre hay alguien que quiere
una Justicia más lenta y que defiende al imputado. Es ahí los abogados han participado
mucho en este debate, y también las ONGs vinculadas a la Justicia. Creo que esta
agenda no estaría completa si no mencionáramos dos aspectos que tienen que ver con
cuestiones un poco más amplias, que exceden lo que nosotros podemos hacer desde el
Poder Judicial. Estos aspectos tienen que ver con Políticas de Estado. La primera es
disminuir la litigiosidad. Hemos dicho desde el primer día que no es posible identificar
conflicto con juicio. Los conflictos existen y existirán siempre. No podemos suprimirlos
porque esta es una idea totalitaria. El día que no tengamos conflictos será porque no
haya nadie en la sociedad, que no se puedan expresar o los hayamos perseguido a todos.
Esta no es la idea ya que los conflictos son el motor de la sociedad democrática. Hay
diferentes opiniones y distintos intereses, pero no siempre esto tiene que terminar en un
juicio. Debemos fortalecer otros medios. Lo primero que tenemos que hacer es que
aquellos los conflictos que no son individuales, que son importantes, macros, se
solucionen de una buena vez. En la última Conferencia Nacional de Jueces dije: cuánto
hace que los argentinos hablamos de los mismos problemas. Recordemos cuáles son los
temas que involucran a grandes grupos de personas y la verdad es que hace muchos
años que hablamos siempre de los mismo. Las definiciones siempre son coyunturales,
porque los discursos superan a las realidades, porque no nos dedicamos lo suficiente o
por la razón que ustedes quieran. Lo importante es que entendamos que todos debemos
involucrarnos en hablar seria y honestamente sobre los grandes temas que hacen al país,
que, por falta de definición, se transforman en grandes grupos de litigiosidad.
Necesitamos maduración política e institucional para hablar de políticas de Estado que
profundicen en la solución de los grandes temas que hoy están en todo el país. No los
voy a nombrar porque ustedes los conocen muy bien. Es necesario que nos ocupemos de
los problemas que aquejan a la gente común, que todos los días va a trabajar y necesita
ocuparse de ello y no de otras cosas que son responsabilidades de los que están en las
instituciones. Por eso insistimos en el diálogo institucional y en la definición de
Políticas de Estado para resolver de fondo estas cuestiones que generan permanentes
litigios que llegan al Poder Judicial. El segundo tema, que también tiene que ver con
cuestiones que nos exceden en su solución, es vinculado a las tragedias colectivas, que
luego corren el riesgo de transformarse en tragedias judiciales. No es lo mismo “que el
proceso entre dos partes que se ha enseñado y todos hemos aprendido en la Facultad de
Derecho. Recuerdo siempre a esos profesores que nos hablaban de Cayo y Tizio, esos
ejemplos tan antiguos de dos personas que entran en un litigio y así permanecen y el
juez imparcial resuelve qué razón le da a cada uno. Esto sigue ocurriendo en el Poder
Judicial pero tenemos hoy una gran cantidad de procesos complejos, megacausas.
Piensen ustedes en las causas de delitos de lesa humanidad, son megacausas. Y como
ésas tenemos muchas en otras áreas, en materia criminal, civil, administrativo. Hoy, hay
megacausas y causas complejas. Y si nosotros aplicamos los principios del
procedimiento bilateral escritos, con esos trasladas que nos enseñaron en la Facultad de
Derecho, esto corre el riesgo de transformarse en un juicio de más de diez años. Las
tragedias se convierten nuevamente en otra tragedia judicial. No puede ser que esto
ocurra. Quien ha sufrido una tragedia necesita una respuesta rápida, mucho más
oportuna en el tiempo. Si hubiéramos aplicado estos principios en la causa del
Riachuelo, que es una megacausa, recién estaríamos dando el primer paso, que es el
traslado. Porque hay tantas partes que sería imposible aplicar los principios tradicionales
del proceso. Hemos innovado, hemos tratado de solucionar estos problemas y hacer algo
mucho más rápido, para que hoy exista un Plan aprobado y en ejecución. Por eso insisto
en que una de las grandes tareas que tenemos es la de trabajar en estos procesos
complejos. Hablar con los congresos de la Nación y las provincias para regular mejor y
que nos ayuden a solucionar estos temas para lograr una Justicia más rápida en estos
procesos que son hoy una buena parte de la agenda que tienen los tribunales. No puede
ser que se revictimice en un proceso judicial extenso e interminable a quien ha sufrido
una tragedia. Esto no es culpa de nadie en particular. Tenemos un sistema que hay que
cambiar. Por eso digo, la cuestión no es buscar culpables, es cambiar el modelo,
cambiar el paradigma en el cual trabajamos. Estos sistemas que yo he enumerado
constituyen una agenda de cambio que hemos tratado de impulsar en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Una agenda de cambio releyendo la Constitución, porque en
definitiva lo que nosotros hicimos y dijimos en nuestras sentencias y decisiones, no es
nada más que leer la Constitución con la voz del pueblo. Esto no es populismo, es lo
que han interpretado los grandes constitucionalistas. La Constitución se debe interpretar
conforme a los criterios de cada generación. Cada generación hace una relectura de la
Constitución conforme a sus necesidades del momento, de sus problemas, a sus
tiempos, a sus circunstancias. Por eso, insistimos mucho en que aquí hay un modelo
constitucional adaptado a los tiempos y a las circunstancias. Y ese modelo
constitucional contiene una agenda de principios que debemos seguir y además, una
agenda de tareas concretas para que nuestra Justicia en general deje de ser lo que fue
hace muchos años. Sé que todos se han esforzado, hemos hecho muchas
transformaciones pero hay que avanzar más. Estar más cerca de la gente e interpretar
conforme a esta Constitución actual significa avanzar, hacer cambios, no quedarse en el
pasado. Tal vez esta sea una tarea difícil. Seguro que lo es. He escuchado muchas veces
esta argumentación, en el sentido de que nosotros no podemos hacer esto, porque el que
lo tiene que hacer es otro, o que no podemos hacer esto porque no tenemos los recursos
necesarios. Puede ser, como ha dicho un hombre muy citado de la doctrina
constitucional de Estados Unidos, que éste es el más débil de los poderes. Puede ser.
Pero la debilidad es sustituida por la fortaleza de quienes lo integran. Creo siempre que
cuando uno se para y dice estos son mis principios, lo primero que sucede es que
encuentra un sentido de lo que hace. Lo segundo, es que los demás saben qué es lo que
deben respetar. Un Poder Judicial que afirme estos principios, que le diga a la Nación
cuál es la Constitución actual, que le diga al pueblo cuáles son las grandes reglas de
conducta, que le diga a todos cuáles son los principios que forman parte de nuestro
contrato social, aquellos en los cuales tenemos que estar todos de acuerdo para que la
sociedad sea viable, es una enorme tarea. Los poderes judiciales, así como los pueblos,
no son grandes por los recursos que tienen, o los edificios fastuosos, o las
computadoras. Son grandes por la convicción de los hombres y mujeres que lo integran.
Si tenemos esas convicciones nada es imposible. Quiero terminar diciendo algo de Max
Weber, que me gusta siempre decir: que lo posible en este mundo sólo se puede hacer si
uno va siempre buscando lo imposible. Es así: uno debe buscar lo imposible, lo que
quiso hacer en la vida, lo que soñó en la facultad de Derecho, lo que sonó cuando estaba
en una organización no gubernamental y la formó. Esas luchas son valiosas, no
debemos censurarlas, son importantes, aportan a la escritura de toda la historia social.
Es eso lo que hace que nosotros tengamos un futuro. Buscar entonces lo imposible,
fracasar y volver a intentarlo, es algo que nos da sentido. Tenemos muchísimos
ejemplos en la historia, algunos más lejanos otros más recientes, de personas que han
luchado contra todo sin tener nada a favor, solos y solas. Sin embargo esa debilidad del
contexto, de los recursos, fue sustituida por la grandeza de corazón, por las
convicciones. Es lo que queremos de todos ustedes que nos ayuden a construir algo
mejor para el Poder Judicial y para nuestro país.