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Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez a nombre del

Grupo Parlamentario del PRD

en la comparecencia del Secretario de Gobernación

Senado de la República

29 de septiembre de 2015

Señor Secretario:

En su comparecencia del año pasado, le señalé que el país

enfrentaba una situación de grave deterioro político, económico y

social. Una verdadera degradación de la ética en los asuntos

públicos.

Le señalé que nuestro país atravesaba por la peor crisis humanitaria

y de violación de derechos humanos de las últimas décadas. Una

crisis del Estado mexicano, que ha profundizado la falta de

credibilidad en las instituciones públicas, sin que existan respuestas

ni se adopten decisiones de Estado para superar esta situación.

Esta crisis se ha profundizado a grado tal, que el día de hoy, el diario

Washington Post, al día siguiente de la presencia de Enrique Peña

Nieto en la ONU, califica al 2014 como “el año miserable de

México”.

No se dan respuestas. No se toman decisiones. Le pongo como

ejemplo mi intervención de hace un año, el 9 de septiembre cuando

le solicité información sobre las ejecuciones extrajudiciales en

Tlatlaya, de lo cual no he recibido respuesta. Han transcurrido 15

meses de estos hechos, y hasta ahora, pese a que la CNDH ha

señalado que se cometieron violaciones graves a los derechos

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humanos y a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha procesado

dentro del fuero militar a los presuntos responsables, la autoridad

civil no ha actuado contra ninguno éstos.

Al inicio de la legislatura anterior, cuando debatimos la reforma a la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el gobierno

argumentó que se buscaba fortalecer las funciones de la Secretaría

de Gobernación, al fusionar las tareas de política interior, con las de

seguridad pública, para remontar la falta de conducción política y la

ineficacia en la estrategia de combate a la inseguridad pública.

Como lo advertimos desde entonces, la Secretaría de Gobernación,

se ha visto disminuida a atender los graves asuntos de la seguridad

pública. La relación con los grupos sociales es prácticamente

inexistente; no se abre espacio a la disidencia y por el contrario, se

criminaliza la protesta social en lugar de establecer una relación que

permita una gobernabilidad democrática.

Hoy todos los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja. Lo

que llamaron el “momentum mexicano”, tras la firma del Pacto por

México y la aprobación de las llamadas reformas estructurales, se

pulverizó en unos cuantos meses y derivaron en un fuerte

cuestionamiento internacional y en la mayor caída en la aceptación

que un presidente haya registrado en México, a sólo 34 por ciento de

la población.

Con excepción del partido oficial, los partidos que suscribieron el

Pacto, han reconocido que fue uno de los principales factores que

propiciaron su caída electoral.

El mensaje político del Ejecutivo federal contiene un conjunto de

afirmaciones que constituyen “verdaderas perlas” de un México

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inexistente y que dan cuenta de cuan ajeno se encuentra el

Presidente de la realidad que enfrenta la inmensa mayoría de los

mexicanos.

En su mensaje el Presidente afirmó:

“Es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”.

Cuando los homicidios cometidos en menos de tres años de su

gestión superan la cifra de 47 mil 988 homicidios, cifra superior en

14 mil 671 homicidios a los registrados durante los seis años de la

absurda guerra contra el crimen organizado impulsada por Felipe

Calderón.

“El compromiso de México con los Derechos Humanos, se

refleja en una política migratoria integral, respetuosa de la

dignidad de las personas”.

Cuando de acuerdo con Amnistía Internacional, las desapariciones

forzadas alcanzaron la cifra de 25 mil 700 personas, principalmente

migrantes, la mitad de estas en la actual administración. Datos del

Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que hay 7 mil 185

mujeres desaparecidas en el país, de las cuales el 52 por ciento

corresponden a esta administración.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 500

denuncias de violaciones a derechos humanos en México, el mayor

número registrado en el continente americano en 2014. Información

que dio a conocer la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción

de Derechos Humanos, indican que la PGR registró 23 denuncias

por tortura en 2006, para octubre de 2014 la cifra se disparó a 2 mil

55 denuncias.

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De acuerdo con la organización civil “Artículo 19”, durante el

sexenio anterior se documentaron mil 92 agresiones a periodistas,

con un promedio anual de 182 ataques. En los dos primeros años de

esta administración, se han cometido 656 agresiones, con un

promedio de 328 ataques.

“La Cruzada Nacional contra el Hambre ha demostrado ser una

estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema y el

hambre”.

Cuando de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política Social, en 2014 el número de mexicanos en pobreza

aumentó en dos millones de personas.

“La aceleración de nuestra economía se debe al dinamismo del

mercado interno, a partir de un mayor consumo de las familias

mexicanas”.

Cuando la expectativa de crecimiento económico estimado para este

año de 3 por ciento, difícilmente superará al 2 por ciento. Mientras

se desploma el peso frente al dólar y se reducen las reservas

internacionales del Banco de México en 10 mil 240 millones de

dólares en 2014.

Continúa la caída del poder adquisitivo de los salarios. Conforme al

Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de 1987 a la

fecha, el salario mínimo ha registrado una pérdida acumulada del

poder adquisitivo en 79.6 por ciento, toda vez que a lo largo de la

presente gestión la canasta básica aumentó 20.66 pesos, mientras el

salario mínimo aumentó sólo 2.53 pesos. La homologación de la

zona B con la zona A, representa un aumento de un peso con 82

centavos.

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“Ante la reducción de los ingresos petroleros, no vamos ni a

aumentar impuestos, ni a endeudar al país, le toca al Gobierno

apretarse el cinturón”.

Cuando la deuda neta total del sector público ascendió a 7 billones

979 mil millones de pesos, cifra superior en 2 billones 87 mil

millones de pesos al saldo registrado en diciembre de 2012. Es decir,

en solo dos años y medio, el gobierno de Peña Nieto aumentó la

deuda en poco más del 35 por ciento (7.8 por ciento del PIB).

Aunque la Secretaría de Hacienda ha negado que se trate de deuda,

el Gobierno pretende obtener en los próximos tres años 50 mil

millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa

Mexicana de Valores para financiar, con cargo al ramo 33, las obras

de mantenimiento en 32 mil planteles educativos, lo que significará

una merma en los ingresos de estados y municipios y los que se

convertirán en bonos para la precampaña del “delfín” presidencial.

Lo mismo sucederá en la construcción del nuevo aeropuerto de la

Ciudad de México, donde se pretende obtener los 6 mil millones de

dólares que les faltan para la obra a partir de especular con el

desarrollo inmobiliario en las instalaciones y terrenos del aeropuerto

de la Ciudad de México. La voracidad entre la política y los

negocios no tiene límite, llegando al extremo de utilizar a elementos

del Ejército Mexicano para construir la barda perimetral del nuevo

aeropuerto en Texcoco, lo que constituye una verdadera ofensa para

nuestras fuerza armadas. Primero se convierte a los soldados en

policías y ahora los convierten en trabajadores de la construcción.

Nuestros soldados no son albañiles.

En el poder judicial prevalece la corrupción y la impunidad, se

solapan. Los conflictos de interés. Como lo acredita la parafernalia

que enmarcó el mensaje presidencial, donde la primera fila estuvo

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ocupada por los principales protagonistas de los escándalos

presidenciales, los empresarios de Higa y OHL, Armando Hinojosa

y José Andrés de Oteyza, beneficiarios de los millonarios contratos

y concesiones públicas, los propietarios de la Casa Blanca y la casa

en el club de golf en Malinalco. Cómo diciendo: “Háganle como

quieran”.

“Esta nueva legislatura fue electa en una jornada electoral

participativa que transcurrió en orden y normalidad

democrática”.

Cuando a lo largo del proceso fueron asesinados 28 candidatos y

dirigentes en 12 entidades del país, 16 ciudadanos más fueron

muertos en Acapulco el día previo a la elección; otros cuatro

asesinatos se registraron durante la jornada electoral en Guerrero,

Oaxaca, Puebla y en el Estado de México, y dos días después fue

asesinado Francisco López Liborio en Iguala.

La quema de casillas se extendió en los estados de Chiapas,

Guerrero, Michoacán, Oaxaca y en el estado de México. En estos

eventos resurgió el viejo México mágico, como ocurrió en el distrito

XI de Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde se incendiaron 103 casillas,

las cuales posteriormente aparecieron computadas a favor del PRI; o

como sucedió en la elección local en Chiapas, donde volvieron a

votar más del 100 por ciento de los ciudadanos empadronados.

La impunidad que el INE otorgó al Partido Verde para violar

recurrentemente la ley, se tradujo en un mayor deterioro en la

credibilidad de la institución electoral y posteriormente, en lo que

pareciera un pago por los servicios prestados, a los infractores se les

otorga una subsecretaría en la dependencia a su cargo, que no tendrá

interlocución para prevenir el delito ni para favorecer la

participación ciudadana.

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El Presidente reconoció en su mensaje político, y lo reiteró hace un

par de días ante las Organización de Naciones Unidas, que: “Hay

frustración y pesimismo; desencanto y malestar social. Los

medios digitales y las redes sociales reflejan estos sentimientos

de preocupación y enojo”. “En este ambiente de incertidumbre,

el riesgo es que las sociedades opten por salidas falsas”. “De

manera abierta o velada, la demagogia y el populismo erosionan

la confianza de la población; alientan su insatisfacción; y

fomentan el odio en contra de instituciones o comunidades

enteras”.

Cuando debió reconocer que las Primeras Conclusiones presentadas

por los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos

Humanos de la OEA sobre Ayotzinapa, demolió la “verdad

histórica” construida por la PGR y sepultó la escasa credibilidad que

prevalecía en nuestra sociedad. Al igual que la fuga de Joaquín

Guzmán Loera, dio cuenta de la descomposición y la vulnerabilidad

de las instituciones públicas, en particular, de las encargadas de la

seguridad pública, la seguridad nacional y de los órganos de

inteligencia del Estado mexicano que están a su cargo (por cierto

Señor Secretario, nos debe un video del CISEN a la Comisión

Bicamaral de Seguridad Nacional, sobre la fuga del chapo. ¿Existe o

no existe tal video?).

Lejos de enfrentar estos hechos, resurge el discurso de la conjura, de

la descalificación del descontento, el del peligro para México. El

discurso que alienta el odio y la polarización entre los mexicanos.

De nueva cuenta, los fantasmas acosan al sistema y pretenden

desestabilizarlo, “dividir a los mexicanos que gozan de la paz y

prosperidad que las instituciones le brindan”. El Ejecutivo federal es

incapaz de reconocer sus errores y ocuparse de la corrupción que

corroe a las instituciones que encabeza. Para el Gobierno en el que

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usted participa, el mal es ajeno a su desempeño, cuando en realidad

el fantasma que recorre cada rincón de Palacio Nacional hasta sus

cimientos, es el de sus propios fracasos.

Señor secretario:

No se puede regresar a los tiempos de la Secretaría de Gobernación,

dedicada al control político y a la represión. Menos aún ahora que,

como nostalgia del pasado del partido hegemónico, oficialmente han

dado por terminada “la sana distancia” entre el Presidente y su

partido.

El país necesita una Secretaría de Gobernación que haga política,

que escuche a la sociedad y establezca canales de interlocución para

construir una gobernabilidad democrática, no un gobierno fundado

en la manipulación mediática, y que utilice el poder seductor del

Estado, para comprar conciencias.

Reiteramos lo dicho hace un año: el país necesita un responsable de

la política interior y de la inteligencia y la seguridad nacional; que

tenga control sobre sus colaboradores, no un jefe de la policía.

Después de tres años, es momento de rectificar el rumbo.