AVANZANDO EN SOLUCIONES PARA LOS TRABAJADORES PÚBLICOS

A HONORARIOS

En nuestro país, cerca de 250.000 trabajadores a honorarios se

desempeñan en el servicio público, lo que representa más de la mitad de toda la

dotación laboral del Estado, dando cuenta de que el funcionamiento del éste se

basa fundamentalmente en el trabajo precario, la flexibilidad y la inestabilidad

laboral, menoscabando un correcto cumplimiento de las funciones y políticas

públicas.

Ante esta realidad es que hace ya unos años ha ido madurando un movimiento de

trabajadores que aspira a cuestiones básicas como la estabilidad y el respeto de

sus derechos, con el horizonte de avanzar en justicia laboral y trabajo digno.

La propia OIT propugna como objetivo global el Trabajo Decente entendido como

el trabajo productivo que proporciona un ingreso digno, seguridad y protección

social y perspectivas de desarrollo personal e integración social y en el cual se

protegen los derechos de los trabajadores. Estos principios mínimos,

universalmente aceptados son transgredidos de manera flagrante por el mismo

Estado, que en su propia casa mantiene relaciones laborales muy lejanas a la

convivencia moderna y armónica. Pero podemos ir más lejos, pues el Estado

chileno niega derechos individuales y colectivos a toda la masa laboral del

aparato público, partiendo con la imposibilidad de negociación colectiva para

lograr mejoras laborales y la inexistencia de un sistema previsional basado en la

seguridad social.

Nuestra condición de precariedad se expresa en la ficción legalizada del convenio

a honorarios que mantiene a trabajadores esenciales del servicio público sin

reconocimiento ni derechos laborales, sin acceso a la salud pública ni garantías

de ningún tipo, con contratos renovados cada tres, seis o doce meses. Y esto año

tras año, a veces a lo largo de toda una vida de trabajo. Por ello, partimos

exigiendo lo básico, pero planteando lo sustancial: trabajo digno, estabilidad y

derechos laborales sin excepciones para todos los trabajadores públicos de este

país.

De esta forma hemos situado como centro de nuestras exigencias el que a

la mayoría de los que laboramos en los distintos sectores del Estado se nos

reconozca nuestra condición de Funcionarios Públicos, en igualdad de

condiciones y sin reproducir las odiosas diferencias que ocurren por ejemplo entre

Estado Central y gobiernos locales. Esto es lo mínimo que se puede esperar

cuando los honorarios estamos cumpliendo funciones centrales y realizamos en la

mayoría de los casos las mismas tareas que los trabajadores de planta y contrata:

A igual Trabajo, igual Derechos.

Si bien es cierto, lo último significa redefinir tanto las relaciones

laborales dentro del aparato público, como la visión del propio Estado,

creemos que es posible avanzar de forma clara en este camino, más aún cuando

es el propio Estado el que está obligado a velar por el respeto de los derechos de

los trabajadores y el cumplimiento de los principios básicos de la convivencia

social.

Por tanto, exigimos:

1. Que se homologuen para los trabajadores a honorarios los derechos y

beneficios que están plasmados en el Estatuto Administrativo y el Código del

Trabajo. Creemos que es posible concretar figuras transitorias o estatutos

específicos al mismo tiempo que se avanza en reformular de forma sustancial

las relaciones laborales dentro del Estado. Esta nueva condición contractual

debe contener a todos los honorarios públicos con dependencia y

subordinación y contener los siguientes derechos y beneficios:

Estabilidad; Reconocimiento de años de servicio; Ascensos; Capacitación y

perfeccionamiento; Vacaciones, Feriados, permisos y licencias médicas;

Asistencia en caso de accidentes o enfermedad; Protección a la maternidad

(pre y post-natal); Derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que

contemplen los sistemas de previsión y bienestar social; Derecho a defensa;

Bonos de término de conflicto; Bonos de escolaridad; Bonos por cumplimiento

de metas y productividad.

2. Que en el corto plazo se prorrogue la cotización obligatoria para previsión en

los trabajadores del sector público a honorarios, dado que sin estabilidad y

derechos mínimos la merma en los salarios se vuelve sustancial,

disminuyendo aún más los bajos sueldos que paga el Estado. Esta prórroga

debe ser indefinida hasta que no se dé avance en soluciones concretas para el

punto y debe agregar que el Estado corra con los gastos en Salud y seguros

laborales debido a la indefensión en que se ha tenido a cerca de 250.000

trabajadores. Tomando en cuenta que en este tema esta será nuestra posición

primaria, en su defecto estos gastos pueden correr a través de un aumento

del 21% del sueldo para todos los honorarios del sector público, mientras se

avanza en el punto 1.

3. Creación de mesas de trabajo interministeriales y que incluyan a los

organismos representativos de los alcaldes y nuestra organización nacional, la

Unión Nacional de Trabajadores Públicos a Honorarios, que permitan avanzar

en base a un itinerario concreto en el punto 1.

Esperando poder avanzar por el bien de los trabajadores y el país, se despide

atentamente

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PÚBLICOS A HONORARIOS

Santiago, 23 de octubre de 2014