POSICIONAMIENTO

SECRETARÍA ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y

SOCIALES Y SECRETARÍA NACIONAL DE JÓVENES

Sobre las detenciones arbitrarias en el zócalo de la Ciudad de México el día

20 de noviembre del 2014

Las Secretaría Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Secretaría

Nacional de Jóvenes de Morena emiten el siguiente comunicado sobre el desalojo

violento del zócalo de la Ciudad de México por parte de granaderos de la Policía

Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

1.-Reivindicamos la protesta social y el derecho a la manifestación como un

derecho inalienable y elemental de las sociedades democráticas, este derecho no

sólo debe ser respetado, sino además garantizado por el gobierno y el Estado

mexicano. Muchas y muchos militantes y compañeros de nuestro movimiento

participamos a título individual o como partido político en la pasada movilización

para demandar la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas

desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero,

marchamos también para repudiar el asesinato de tres normalistas y tres civiles

más en aquella fecha a manos de policías municipales y por la indignación que

nos provoca el escenario de extrema violencia y corrupción que ha arrojado como

resultado la desaparición de decenas de miles de personas en nuestro país

durante los últimos años.

2.- Las movilizaciones del pasado 20 de noviembre del 2014, así como las

anteriores que se han realizado en el marco de las protestas contra el atentado a

los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de

Ayotzinapa, Guerrero, han surgido de iniciativas netamente ciudadanas y se han

convocado y realizado de manera pacífica. Este escenario ha sido utilizado

vilmente por las policías locales y federales para infiltrar personas que promueven

actos de confrontación con el objetivo de facilitar la disolución y represión de las

movilizaciones.

3.- Por lo anterior, repudiamos el uso de policías infiltrados en las manifestaciones, estas medidas buscan conducir las protestas al terreno donde el autoritarismo gubernamental es más eficaz: el uso de la fuerza y la represión. Estos métodos dan cuenta de la incapacidad, indiferencia y torpeza del gobierno mexicano para dar solución a los grandes problemas de seguridad y de corrupción que enfrenta el Estado mexicano. De manera particular, repudiamos la participación del gobierno del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en esta estrategia. Desde las manifestaciones del 1 de diciembre del 2012, las policías y ministerios públicos han llevado a cabo detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales amañados, que no buscan sino diluir las movilizaciones. Condenamos al gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinoza, quien encabeza una desafortunada administración local, sin proyecto de desarrollo sustentable ni social para el Distrito Federal. Su gobierno es contrario al proyecto nacional que enarbola nuestro movimiento. Resulta lamentable que un gobierno emanado de la votación popular en el Distrito Federal tenga como parte de sus prioridades, acoplarse a la agenda política del gobierno de Enrique Peña Nieto y al partido en el poder. Su servil apoyo a la estrategia represiva del gobierno federal en esta severa crisis nacional, denota su filiación conservadora y su indolencia en un país que vive una emergencia nacional. El gobierno de la capital, de perfil policiaco, al tiempo que ha inventado presuntos culpables, se ha mostrado hostil a manifestaciones pacíficas de todo tipo. Se ha presentado así como un adversario de los movimientos sociales progresistas. La Policía Federal y la SSPDF diluyeron una manifestación legítima y pacífica luego de que un grupo reducido de personas se confrontó con parte del personal de seguridad que resguardaba el Palacio Nacional. La persecución en la plancha del zócalo puso en riesgo la integridad de miles de personas, ésta acción buscó disuadir la movilización e infundir terror. Los granaderos golpearon indistintamente a l@s manifestantes, encapsularon a diferentes personas con el propósito de intimidarlas, también atacaron y llevaron a cabo actos vandálicos en comercios aledaños, tal y como consta en diferentes videos. Siguiendo el patrón de comportamiento de años recientes, aprovecharon la dispersión de la gente para realizar detenciones arbitrarias y por consiguiente, ilegales. Este tipo de detenciones carecen de sustento, no están respaldadas por evidencias como fotografías o filmaciones. La presentación de testimonios falsos por parte de los mismos policías que realizaron estas acciones prepotentes e impunes, representa una práctica perversa que contamina los procedimientos judiciales. En estos casos de persecución política, el sistema de justicia penal mexicano no le da peso alguno a los testimonios de l@s acompañantes de l@s detenid@s durante los hechos, tampoco responde ante las pruebas de infiltrados por parte de los órganos de seguridad del gobierno, y además, recurre a la acusación de delitos inverosímiles como “terrorismo”, “motín” e “intento de homicidio”, tal y como sucedió con 11 personas que han sido trasladadas a penales federales en los

estados de Veracruz y Nayarit. El hecho de que algunos de estos cargos hayan sido retirados demuestra lo desaseado del trabajo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que se suma a una deficiente investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Igualmente, el hecho de que ni el ex alcalde del municipio de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez ni su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, aún no hayan sido procesados por la desaparición de los estudiantes normalistas en dicho municipio –a pesar de los numerosos testimonios al respecto–, demuestra la cooptación de los órganos de impartición de justicia por parte de los intereses políticos de los gobiernos federales y locales. 4.-Junto con los 43 estudiantes desaparecidos, las miles de víctimas de esta tragedia nacional no sólo nunca tuvieron un juicio justo, sino que el Estado mexicano no ha procurado ni siquiera mínimamente la investigación de estos crímenes. Autoridades federales y locales han preferido disolver la indignación social antes que atender la magnitud de la actual crisis social. Los procesos legales en contra de l@s detenid@s el día 20 de noviembre del 2014 están viciados de origen, el sistema de justicia penal mexicano carece de credibilidad toda vez que no basa sus condenas en pruebas con sustento científico. Nos solidarizamos con las presas y presos tras la represión de la multitudinaria movilización del 20 de noviembre pasado, especialmente con quienes han sido trasladadas y trasladados. A la opinión pública nacional e internacional hacemos un llamado a denunciar las graves violaciones al debido proceso de los consignados. En México no existe el Estado de derecho, el sistema penal no sólo es caduco sino perverso. A la indignación por los miles de crímenes impunes en el país y las desapariciones forzadas, ahora se suma la demanda de la liberación de las y los presos políticos. Nos sumamos a la consigna de la movilización del 20 de noviembre del 2014, que exige la renuncia de Enrique Peña Nieto, ya que sintetiza el repudio a un gobierno que comienza a mostrar con mayor claridad su talante autoritario y represivo.

ATENTAMENTE.

Juan José Sánchez González. Patricia Ortiz Couturier Secretaría Estatal Defensa DD.HH Secretaría Nacional de Jóvenes Comité Ejecutivo Estatal. Comité Ejecutivo Nacional

México, D.F., a 23 de noviembre de 2014.