LA LEGISLATURA DE CORDOBA APRUEBA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Se declara la emergencia energética e hídrica en todo el ámbito de la

Ciudad de Córdoba y el Área Sierra Chicas del Departamento Colón. El propósito de la

misma es asegurar el suministro de energía eléctrica y agua potable a la población de

dichas zonas, en el cuadro del colapso eléctrico e hídrico verificado en las últimas

semanas.

Artículo 2°.- La presente emergencia se extenderá desde la promulgación de esta ley

hasta el 31 de marzo de 2014, pudiendo esta Legislatura prorrogarla toda vez que lo

considere necesario.

Artículo 3°.- Se crea un Comité de Emergencia, integrado por:

1°) Un representante de cada bloque de la Legislatura de Provincial.

2°) Representantes de los Concejos Deliberantes de la Ciudad de Córdoba y del resto

de las localidades comprendidas.

3°) Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de

energía y agua.

4°) Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba.

Artículo 4°.- Son funciones del Comité de Emergencia:

1°) Realizar un mapa de las zonas afectadas por los cortes de luz, así como de las

subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de

renovación y mantenimiento adecuados.

2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de

los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia.

3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los

relevamientos anteriores.

Artículo 5°.- El Comité de Emergencia tendrá amplias facultades de intervención sobre

Epec y las proveedoras de agua potable con jurisdicción en las zonas declaradas en

emergencia. En ese carácter, podrá solicitar a las mismas la información técnica

necesaria y coordinar con sus departamentos todas las tareas para la emergencia.

Artículo 6°.- El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria un padrón de

técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la

formación de un mínimo de las cuadrillas de necesarias. La tarea de estas cuadrillas es

atender de inmediato a las tareas de reparación de cámaras, subestaciones, cableados y

todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico, según las solicitudes que emanen de

los distintos barrios. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las

condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de

Luz y Fuerza.

Artículo 7°.- El Comité de Emergencia colocará a disposición de los barrios afectados

los generadores para atender las necesidades más urgentes de consorcios, complejos

habitacionales y predios afectados por los cortes de energía.

Artículo 8°.- Para sufragar a los gastos planteados en esta ley, se crea un impuesto de

emergencia equivalente al 3% de todos los ingresos de los casinos y las máquinas

tragamonedas instaladas en la Provincia. Los fondos serán percibidos por la Lotería de

Córdoba y transferidos al tesoro de la Provincia de Córdoba.

Artículo 9°.- De forma.

Cintia Frencia Legisladora Provincial

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

La escalada de cortes de luz y falta de agua en la Ciudad de

Córdoba y en el Área de Sierras Chicas en las últimas semanas son la consecuencia en

el caso de la energía eléctrica de años de desinversión y por lo tanto de la obsolescencia

de la estructura de distribución de energía. El desquicio ha llegado muy lejos: el colapso

de cámaras, subestaciones y tendidos de cables es el último eslabón del vaciamiento

energético, que arranca en los pozos gasíferos y petroleros y termina en la distribución

domiciliaria de luz eléctrica.

Algo similar sucede con la distribución de agua en la Ciudad de Córdoba donde la

empresa adjudicataria del servicio, Aguas Cordobesas S.A. no realizó obras que

implicarán una adecuación y renovación de redes de acuerdo a las necesidades de la

creciente población; en la zona de las Sierras Chicas donde la crisis hídrica alcanza un

carácter crónico, se revela la ausencia de obras públicas tendientes a solucionar el

problema como podría ser el aprovechamiento de napas subterráneas que son

reservadas para un aumento del 500% de las zonas de riego para el cultivo.

En Córdoba se combinan el proceso de privatizaciones iniciado en

la década menemista, con una gestión estatal que ha estado al servicio de los intereses

privados, como es el caso en Epec.

El alcance nacional del colapso energético no quita un ápice de la responsabilidad a los

gobiernos provinciales y municipales. Las privatizaciones de los „90 fueron la excusa

para que los concesionarios dieran rienda suelta a un incremento incesante de la deuda

externa sustentado en la dolarización de las tarifas internas, y que no se tradujo en

inversiones. Cuando este „modelo‟ estalló junto con la convertibilidad, fue reemplazado

por un rescate de las empresas privatizadas fundado en el presupuesto público y en el

deterioro de los servicios. A cambio de pesificar las tarifas, el gobierno toleró que las

privatizadas no invirtieran siquiera en las más elementales tareas de mantenimiento.

Progresivamente, el gobierno fue subsidiando también los gastos corrientes de los

propios concesionarios. Es lo que sucede directamente con Aguas Cordobesas y el

sostenimiento de los negociados con Electoringeniería.

Ahora, la bancarrota del Estado y el vaciamiento energético han

hecho saltar este esquema por los aires. Pero en vez de retirar a los vaciadores del

patrimonio petrolero, gasífero o eléctrico, el gobierno nacional con el apoyo de la

oposición ha puesto en marcha otro rescate de aquéllos. En este caso, a través de un

progresivo retorno a los „90. La reestatización parcial de YPF no ha sido más que una

reprivatización: el retiro de Repsol sólo abrió paso a acuerdos leoninos con Chevron,

fundados en la dolarización de los valores del gas y del petróleo. Como si fuera poco, a

estos contratos confiscatorios le acaban de añadir un resarcimiento multimillonario a la

propia Repsol, sin investigar siquiera la liquidación del patrimonio de YPF que

acometiera esa empresa durante más de una década.

Más temprano que tarde, es evidente que el tarifazo en los

combustibles pretenderá ser transferido al sistema eléctrico, que funciona en un 65%

con usinas movidas a gas o combustibles líquidos. La “huelga de inversiones” apunta a

arrancar el tarifazo..

Otro aspecto central es el vasto régimen de precarización laboral,

a través de subcontratistas y cuadrillas de trabajadores tercerizados. Como ocurre con el

ferrocarril, este régimen de trabajo precario y sin control consume buena parte de los

subsidios del Estado. Naturalmente, la ausencia de un plan único y coordinado de

mantenimiento agrava en todos sus términos la presente emergencia.

Es indudable que el colapso eléctrico es inseparable de un

vaciamiento que abarca a toda la cadena de la producción energética. Pero no es un

secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan

apenas la quinta parte de los precios internacionales. En ese cuadro, la pretensión de una

nueva entrega petrolera con valores “internacionalizados” implica transferir

integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones

ínfimas, y piensan proseguir “invirtiendo” apenas con una parte de los beneficios

obtenidos. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.

Es evidente que este retorno al menemismo plantea un verdadero dislocamiento

industrial y, ni qué decirlo, un golpe a una canasta familiar ya fuertemente golpeada por

la carestía en los alimentos, la vivienda y muchos otros rubros.

En oposición a ese régimen fracasado, el Frente de Izquierda

impulsa la nacionalización integral de la industria energética, desde la extracción de

petróleo y gas hasta la energía eléctrica, bajo la gestión de sus trabajadores. Esa

nacionalización permitirá una reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como

palanca del consumo popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también

deberá ser colocado bajo control obrero.

La indolencia de los gobiernos frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos

sólo puede obedecer a una razón: es la preparación „política‟ del tarifazo, que querrán

justificar como única salida frente a la falta de energía.

Ante este cuadro, es necesaria una enérgica intervención popular,

frente a la impotencia de los gobiernos. Ella debe partir de iniciativas elementales frente

al colapso eléctrico, con la intervención directa de los trabajadores y vecinos.

Planteamos la creación de un Comité de Emergencia con representantes de los mismos

y de los bloques políticos de la Legislatura. La emergencia plantea la urgente

reconstrucción de cuadrillas de trabajadores y técnicos, en acción coordinada y estrecha

con las asambleas de vecinos y representantes de las comunas. Asimismo, y hasta que

se alcance una solución de fondo, planteamos la urgente provisión de equipos de

generación que puedan paliar la grave situación de consorcios y complejos

habitacionales con personas impedidas de subir o bajar de sus departamentos, y sin

acceder siquiera al servicio de agua. Para financiar estas medidas, impulsamos un

impuesto extraordinario al juego privado radicado. La crisis nacional -expresada en este

caso por el colapso energético- debe ser pagada por sus responsables, y no por el pueblo

que trabaja.

A partir de estas consideraciones, presentamos este proyecto y

reclamamos a todos los bloques de la Legislatura una Sesión Extraordinaria, para

debatir y adoptar un rumbo popular frente a la emergencia eléctrica.

Cintia Frencia Legisladora Provincial

Frente de Izquierda y de los Trabajadores