Reunión de la Comisión de Trabajo del Senado tratando el Proyecto de Ley de ART (22/11/2016) - Versión taquigrafica

“2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

REPÚBLICA ARGENTINA

V E R S I Ó N T A Q U I G R Á F I C A

C Á M A R A D E S E N A D O R E S D E L A N A C I Ó N

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Salón de las Provincias – H. Senado de la Nación

22 de noviembre de 2016

Presidencia del señor senador Daniel Aníbal Lovera

PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS


22.11.2016 Comisión de Trabajo y Previsión Social Pág. 2

Dirección General de Taquígrafos

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón de las

Provincias del H. Senado de la Nación, a las 15 y 25 del martes 22 de

noviembre de 2016:

Sr. Presidente (Lovera).- Vamos a dar comienzo a la Comisión de Trabajo y Previsión

Social que teníamos prevista.

Le vamos a dar la bienvenida a los invitados: al señor ministro, al licenciado Jorge

Triaca, al señor superintendente de Riesgos de Trabajo, el contador Gustavo Morón, y a todo

el equipo que han traído del Poder Ejecutivo, para dar tratamiento al expediente Nº P.E.-

201/16, una ley complementaria al Régimen sobre Riesgos del Trabajo.

Así que antes de darle la palabra a los senadores y senadoras, le vamos a ceder la

palabra al ministro de Trabajo, el señor Jorge Triaca, para que haga su introducción.

Sr. Triaca.- Muchas gracias, senador y, en su nombre, a toda la Comisión de Trabajo del

Honorable Senado de la Nación.

Motiva esta presencia el proyecto que presentara el Ejecutivo hace algunas semanas,

que tiene su origen en la situación que transitan los trabajadores hoy en la Argentina, aquellos

que están dentro de la formalidad, un trabajo con cobertura de seguridad social y salud; pero

también motivan este proyecto los casi 4.000.000 de trabajadores que están en la

informalidad, en conjunto con un número muy significativo de trabajadores del Estado, léase

Estado provincial o municipal, que también a la hora de enfrentarse con situaciones de

accidentes en el ámbito del trabajo tienen o padecen un contexto que les impide reparar esa

situación; mucho más que les impide rehabilitarse para reintegrarse en el ámbito laboral. Por

supuesto, se vulneran sus derechos, la capacidad productiva argentina, el desarrollo de

muchos sueños de estos trabajadores y éste es el motivo principal que motiva la presentación

del proyecto que ha enviado el Ejecutivo.

En la Argentina, cuando uno analiza la evolución del Sistema de Riesgos del Trabajo,

ve que ha habido resultados positivos: ha bajado significativamente la cantidad de siniestros.

En los últimos años hemos evitado 8500 fallecimientos en el ámbito laboral. Esto ha sido

producto de un sistema que fue avanzando y creciendo; ha enfrentado situaciones difíciles,

algunas insatisfactorias y algunas por revisar; pero, en definitiva, la construcción colectiva en

la Argentina del cuidado de la seguridad y de la higiene en el ámbito del trabajo hicieron que

esto deje de ser un tema tan dramático como era previamente a esto. Aún así se ha bajado la

siniestralidad y la variación, más o menos, la darán en detalle los técnicos que me

acompañan, pero es alrededor del 30 por ciento. Se han incrementado las litigiosidades más

del 340 por ciento. Si uno analiza la cantidad de juicios presentados con relación a la cantidad

de accidentes, la distancia crece año a año. Y esa distancia complejiza muchísimo más un

sistema que le asegure al trabajador la cobertura que se merece, la tarea rehabilitante, la

posibilidad de reinsertarse en el ámbito del trabajo y, en el caso de que no lo pueda hacer,

asegurarse las prestaciones correspondientes para el resto de su vida.

Esto es algo que nos obligó a presentar este proyecto de ley, que creemos que es un

proyecto que aborda y corrige muchas de las cuestiones que les decía anteriormente.

El sistema, como estaba trabajando, definitivamente no favorecía a los trabajadores.

Era un sistema por el cual cualquier trabajador que tenía un siniestro, un accidente, pasaba

hasta 90 días sin ser atendido por una comisión médica; no se le otorgaba, en tiempo y forma,

la posibilidad de ser atendido por una comisión médica que le determine lo que correspondía

con relación a su incapacidad. Pero tampoco se le aseguraba un proceso litigante acelerado.

Eso llevaba un promedio de casi tres años de juicios. Es decir que el trabajador,

definitivamente, era el pato de la boda del sistema que hemos encontrado.

Por eso, nos propusimos presentar un proyecto que busque ir resolviendo algunas de

estas cuestiones. Lo primero de todo tiene que ver con el proceso de funcionamiento de las




comisiones médicas, la tarea administrativa y procedimental que tiene que llevar adelante la

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los controles y exigencias que se le ponen a la

aseguradora de riesgos del trabajo. Y es un proceso que va en evolución. Hemos bajado

muchísimo los plazos en la atención al beneficiario y lo vamos a seguir haciendo, trabajando

en un espacio mucho más expansivo de cobertura de las comisiones, en una tarea de

ventanilla única con otros servicios al trabajador, que también ofrece el Ministerio de Trabajo

a través de la Secretaría de la Seguridad Social, de la ANSES o de la Secretaría de Empleo.

Es decir que el trabajador no tenga que hacer tantas tramitaciones en ámbitos

distintos, sino que se le simplifique la vida a la hora de requerir una atención y, en particular,

si esta atención tiene que ver con la situación de un siniestro y de una reparación a una

incapacidad.

Es por eso que este proyecto crea el servicio de homologación dentro de las

comisiones médicas para que el trabajador pueda, de manera expeditiva, recibir los beneficios

que le establece la ley. Entre otras cosas, le asegura al trabajador todos los ámbitos de

reclamo que no sólo están establecidos en la ley, sino que también hay fallos de la Corte que

lo establecen. Estamos asegurando los derechos de los trabajadores en este sentido.

Pero no se acotaban ahí los problemas que enfrentaban los trabajadores a la hora de

ingresar al sistema de cobertura de riesgos de trabajo. Lamentablemente, producto de la

inflación, muchas veces, los cálculos que se hacían eran muy distintos con relación al

beneficio que cada uno de los trabajadores podía recibir por un siniestro similar. Eso también

lo viene a reparar este proyecto de ley, donde le establecemos un criterio homologable para

que todas las prestaciones se valoricen bajo el mismo criterio, teniendo muy en claro que es

en la mejora del trabajador tener previsibilidad y un criterio común, porque, de lo contrario,

dependía mucho de en qué juzgado te tocaba, con qué perito te tocaba y qué criterio aplicaba

el juez. Esto, muchas veces, generaba inequidades entre los propios trabajadores. Así que esto

también viene a repararlo este proyecto de ley.

A lo tercero que apunta el proyecto de ley es a la enorme cantidad de trabajadores, de

provincias y de municipios que hoy no tienen cobertura de riesgos de trabajo.

Hay muchos policías, muchos maestros, muchos enfermeros en distintas provincias,

en distintos municipios, que no tienen la cobertura del Sistema de Riesgos del Trabajo. Y no

la tienen porque a muchas provincias se les hacía muy dificultoso poder acceder al Sistema

de Riesgos del Trabajo y al sistema de cobertura.

Este proyecto de ley también apunta a mejorar la posibilidad de acceso de todas las

provincias, entendiendo las características particulares y dándole las facultades a la

Superintendencia de Riesgo para adecuar los planes de cobertura de los trabajadores de estos

sectores, en cada uno de los ámbitos.

Tenemos una situación compleja. Hoy en la Argentina los últimos cierres de las

pólizas que se están cerrando, en relación a las distintas actividades, rondan el 6 ó el 7 por

ciento. Esto impacta enormemente en relación a la masa salarial, en relación a la distribución

de esos recursos en favor de los trabajadores, en favor del empresario o en favor de la

reinversión para poder desarrollar nuevos emprendimientos.

Cuando uno tiene que arrancar con una alícuota de cobertura de riesgo de esta

magnitud, todo lo demás se hace mucho más difícil.

Por eso creemos que esto va a ayudar a ordenar el sistema, le va a dar previsibilidad,

le va a dar certezas al trabajador, le va a dar un escenario muy claro y mucho mejor del que

tiene hoy en día, donde la imprevisibilidad, el riesgo, no sólo en la actividad sino posterior a

la actividad, en el ámbito litigante, no le asegura el escenario de cobertura del sistema.

Por eso, ahí nosotros le pedimos al Senado que cuanto antes trate esto. Le

comunicamos también al Senado que esto ha sido producto de un amplio debate. Hemos

trabajado este proyecto no solamente con los representantes de los trabajadores, lo hemos




trabajado con los representantes de los sectores empresarios y por supuesto también con

aquellos que interactúan en el sistema.

Entendemos que puede haber algunas diferencias, puede haber algunas solicitudes de

modificación en algunos puntos pero, más allá de eso y de la búsqueda de un consenso

común que mejore la cobertura de los trabajadores, esto requiere un tratamiento inmediato.

Hoy hay muchos trabajadores en la Argentina que no tienen cobertura de riesgo de

trabajo. Eso nos obliga a que le demos un tratamiento certero. Hay trabajadores que ante una

misma situación están viviendo realidades distintas, y nosotros nos tenemos que obligar a que

esto se resuelva de una manera lo más ejecutiva posible.

Les vuelvo a agradecer su comprensión y los dejo en manos del equipo técnico, del

superintendente de riesgos.

Sr. Presidente.- Muchas gracias, señor ministro.

Le vamos a dar la palabra al contador Gustavo Morón.

Sr. Morón.- Buenas tardes, muchas gracias por recibirme.

Yo les voy a mostrar en gráficos la explicación que dio el ministro.

Primero, comenzando con que el Sistema de Riesgos del Trabajo cuida la salud y la

seguridad de la gente. Es un subsistema de la seguridad social, es un sistema solidario para

todos los trabajadores, que está integrado por los representantes de los trabajadores, los

representantes de los empleadores y el Estado y, a través del equipo técnico, de su brazo

ejecutivo que es la Superintendencia.

Está financiado por los empleadores. Todos los meses los empleadores pagan la

alícuota en el formulario 931 de AFIP.

Digo esto para que esté claro que es un sistema que está financiado por los

empleadores, destinado a las prestaciones que se les da a los trabajadores.

Los objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo son reducir la siniestralidad -tema que

después veremos pero se hizo de manera razonable-, garantizar la reparación de los daños,

promover la reinserción laboral e incrementar la cobertura.

Vamos a poner algunos números para saber de qué estamos hablando.

Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de trabajadores, 500 mil

empleadores y 21 ART, pero de esas 21 ART, 4 manejan el 60 por ciento del mercado.

Estamos hablando de que se atendieron accidentes o enfermedades profesionales en el

año 2015, por 663.442 hechos. De esos hechos, el 21 por ciento fue in itinere y el 78 por

ciento fue por accidente en el lugar del trabajador.

La distribución de las provincias es más o menos la distribución de todas las cosas. El

40 por ciento es provincia de Buenos Aires, el 17 por ciento C.A.B.A, el 7 por ciento

Córdoba, el 7 por ciento Santa Fe y el 5 por ciento Mendoza.

En 2015 hubo 796 fallecidos. Fueron 345 in itinere y 451 en ocasión del trabajo.

Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, como nosotros vemos en el

gráfico de abajo, la curva que tiene pendiente negativa y va bajando quiere decir que a través

de la historia, de estos veinte años, cada vez fueron menos los trabajadores que fallecieron,

que tuvieron un accidente mortal.

En el año pasado, que hubo 451, si la situación de la seguridad en el trabajo siguiera

como hace veinte años atrás, notamos que no hubieran muerto 451 sino que hubieran sido

1.451.

Esta es una diferencia sustantiva. Son mil personas –mil padres, mil hijos, mil

hermanos, mil amigos- que hoy no estarían en la casa. Y si vemos todos los años, el resultado

es 8.700.

Esto es un dato concreto, ayudado por los gráficos que hicimos.

Vamos a pasar a la otra filmina.

La otra filmina muestra, como bien decía el ministro, la misma tendencia tanto en




accidentes fatales como en accidentes no fatales.

Las dos tienen pendiente negativa, son más o menos parecidas, pero hay una curva

extraña. Una curva que es la judicialidad.

Miren cómo crece la judicialidad. Y la judicialidad debería tener un sentido similar a

los accidentes.

Bueno, eso no es así. Desde el año 2004, más o menos, crece indefinidamente y está

trayendo un problema gravísimo de desfinanciamiento del sistema.

Pasamos al otro cuadro. En el otro cuadro vemos la cantidad de juicios. Y tenemos

proyectado para este año 120.000 juicios. La tasa de crecimiento de los juicios, año por año,

es 15 por ciento.

Estos datos son durísimos. No puede continuar esto, es decir, hay que ponerle un

límite.

En la otra planilla vemos que la capacidad de los Juzgados laborales de todo el país es

de aproximadamente 35.000 juicios por años. Puede resolver 35.000 juicios por año. Y lo que

vemos, en la curva de arriba, es la cantidad de juicios, año a año, cómo va creciendo y

estimado el último año, que son estos 120.000.

O sea que hay una cantidad de 350.000 juicios que no han sido manejados porque la

Justicia laboral no tiene capacidad para manejarlo.

Toda esta acumulación de juicios representa 4.500 millones de dólares. No es poco.

Esos 4.500 millones de dólares se van a pagar a lo largo del tiempo.

Hoy el tiempo promedio de un juicio es tres años, pero con esta acumulación que

viene guardando el sistema cada vez va a ser más.

Entonces, vemos que esto es un problema importante.

Acá estamos llegando a la parte de la ley. ¿Por qué es necesario votar esta ley?

Nosotros vemos que la prevención funciona. Hay menos accidentes, menos muertes,

pero la alícuota no está vinculada –como hace años- a la siniestralidad. Hoy la alícuota está

vinculada a la litigiosidad.

La organización que reúne a las empresas de riesgo del trabajo dice que el 50 por

ciento de su alícuota la explica el juicio, o sea que la alícuota es importante para todos los

empresarios y para los trabajadores nuevos. Uno tiene que pensar, con la alícuota que tiene

hoy, si conviene tomar un trabajador o no.

Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 70 por ciento de las controversias que hay por la

ley de riesgos del trabajo no van a las comisiones médicas de dicha ley. Después lo vamos a

explicar bien, porque es el gran tema. El 70 por ciento no pasa, va a la justicia laboral

directamente, la cual no está sujeta a las normas del sistema de riesgos del trabajo, sino a las

de la justicia.

No es bueno en un sistema que el 70 por ciento no vaya por dentro. La justicia debe

existir siempre, pero debe ser marginal, no debe ser la razón; si no, el sistema no está bien.

Sin embargo, del 30 por ciento de casos que pasan por las comisiones médicas, la mayoría, el

85 por ciento, los resuelve la comisión médica, a pesar de que en diciembre –hoy están

mejor- tenían muchos problemas de infraestructura, de médicos y de prestaciones que

estamos buscando mejorar.

Por todo esto que dije antes es necesario el proyecto de ley que apunta a parar la

judicialidad, fundamentalmente. Y el centro de la cuestión es la comisión médica, que es un

problema más que nada de gestión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Pero

necesitamos la ley para que sea obligatoria la participación de la comisión médica en los

diferendos.

Entonces, en esta ley ratificamos que es un subsistema de la seguridad social, riesgos

del trabajo.

Las comisiones médicas son instancia previa, única, obligatoria y excluyente. Primero




se pasa por la comisión médica y después, si no se está de acuerdo con ella, se puede ir a la

justicia laboral. Suponemos que esto va a bajar fuertemente la judicialidad.

La comisión médica trata un baremo, tiene un listado de enfermedades profesionales,

trata la forma en la cual el sistema cierra. Esto no lo hace cualquiera, lo resuelven en una

comisión tripartita los trabajadores, los empresarios y el Estado. Dentro de ese sistema, lo que

surge de esa comisión son las directivas que van a la comisión médica, las que estas adoptan

ante un diferendo.

Hay una reingeniería de las comisiones médicas. Eso nos toca a nosotros, a la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Les muestro rápidamente cómo estaba la situación en 2015.

El 10 de diciembre de ese año, cuando nos hicimos cargo, los turnos estaban a 100

días. Era difícil que uno se aguantara para esperar la resolución y se iba a juicio. Había

imposibilidad de conseguir prestadores. Había obsolescencia tecnológica.

No se invirtió en tecnología en muchos años en la Superintendencia de Riesgos del

Trabajo. Me consta porque fui gerente en dos oportunidades hace más de quince años y como

era un ente autárquico nuevo, era un organismo de punta en tecnología. Bueno, dejó de serlo.

Ahora les muestro la situación actual. Los turnos ya están en 50 o 60 días. Los

médicos tienen más personas que atender, o sea que hay más productividad. Iniciamos el

proyecto de reingeniería de comisiones médicas haciendo el proceso diferente. El proceso, la

tecnología, la conectividad -que no hay- y la adecuación de espacios físicos para que estén

cómodos los que trabajan y los que vienen a ser atendidos.

¿Cuál es el objetivo de la comisión médica para terminar este año y para el año que

viene? Tener, por ejemplo, aproximadamente 9 comisiones en el Conurbano. No hay

ninguna. Entonces, toda la gente de allí tiene que venir a Capital.

Queremos que las comisiones médicas se acerquen a la gente y no que la gente tenga

que buscarlas. Queremos facilitar las cosas para que se resuelvan dentro de la etapa

administrativa.

Se implementan otras cosas. Por ejemplo, una oficina de homologación. Y se

jerarquizan médicos. Este año ya se están haciendo cursos y están ingresando médicos por

concurso.

Se está trabajando con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en

la especialidad en Valoración en Daño Corporal, que es una nueva residencia que se hace y

que no existía.

Hay un nuevo sistema de agenda de gestión. Hay una obligación importante para los

funcionarios de la comisión médica de expedirse en 60 días. Si no, son sancionados. Y hay un

esquema de capacitación permanente.

Pasamos al segundo tema, que es el autoseguro público provincial que bien mencionó

el ministro.

Las provincias son 9 y son 1.000, entre municipios y comunas, las que están fuera del

sistema de riesgos del trabajo. Y son por lo menos 750.000 trabajadores los que no tienen los

beneficios.

Esto ya lo explicó muy bien el ministro, así que lo paso rápidamente.

Hay mejoras en las prestaciones. Una de ellas es que queremos que los trabajadores

cobren en 3 meses con las cuentas sueldo y no en 3 años o más, con la exacción de

intermediarios. Se alarga el plazo de la situación de incapacidad laboral y se extiende la

cobertura médica en el caso de caída del contrato de afiliación, que es un tema fundamental.

Se prevé que en el plazo de un año o menos -seguramente menos- va a haber una ley

de prevención armada en el seno de la comisión tripartita entre los trabajadores, los

empresarios y el Estado. Leyes de prevención no hay. Hay algunas normas de seguridad e

higiene que vienen del año 70, así que alguna cosa podremos mejorar.




Nosotros hicimos muchos ejemplos de mejora para todos los sectores. Voy a tomar el

primero. Para una persona de 30 años con una incapacidad del 10 por ciento, el incremento en

la indemnización es un 47 por ciento. Está bien que esto está tomado con tasas de este año

que esperemos que bajen. El cálculo está tomado con tasas altas.

Para terminar, nosotros entendemos que hay dos sistemas de riesgos del trabajo. Uno

es este, objetivo, que apunta a la transparencia, con baremo, con cálculos de reparaciones,

con listados de enfermedades profesionales, acordado por los representantes de los

trabajadores, de empresarios y del Estado, donde hay previsibilidad. Cada uno sabe qué va a

ocurrir ante un accidente. O sea, es un sistema previsible. Todos están tranquilos porque

saben qué va a ocurrir. Y hay otro sistema: el judicializado. No debe ser un sistema normal.

Debe ser lo que pasa aleatoriamente cuando esto no funciona. Apunta a la discrecionalidad y

cada contingencia es evaluada subjetivamente, no por la gente que conoce cómo se tratan los

temas médicos en riesgos del trabajo.

Aquí dice que el trabajador cobra una indemnización por demoras. Claro, esto es lo

que decía. Tarda mucho tiempo. Y las indemnizaciones hoy, que lo resuelve esta ley, las

calcula un perito que cobra en función de su monto.

Son dos sistemas. Estos dos convivieron en la Argentina durante muchos años.

Tenemos que elegir uno.

Sr. Presidente.- Muchas gracias, contador.

Antes de seguir vamos a dar el uso de la palabra a los senadores y a las senadoras.

Tiene la palabra el senador Pais.

Sr. Pais.- Señor presidente: ha sido interesante la explicación dada por el señor ministro y

por el señor superintendente.

No comparto el tono y la crítica peyorativa al sistema judicial. Es un derecho

constitucional de todos los ciudadanos de la República Argentina el de exigir y obtener la

tutela judicial efectiva. Usted mismo, con el informe, cuando nos da cuenta de las

innumerables falencias de las comisiones médicas, nos da cuenta también de una de las

causas, que se pueden solucionar administrativamente y no por vía legal, que hacen que los

trabajadores no encuentren esa debida tutela, el resguardo de sus derechos, ante una situación

de afectación de su salud y deban recurrir a los tribunales.

Por otro lado, hay múltiples razones y múltiples causas para que los trabajadores

recurran a los tribunales. Yo entiendo que el proyecto -muy mínimamente- atiende a una de

las causas, que incluso no necesita ser atendida por ley, que es mejorar el sistema de las

comisiones médicas para que atiendan en tiempo oportuno; no que den turnos cada 100 o 120

días, que los médicos concurran dos veces por semana en determinado horario, de las 11 a las

13, o que tengan escasos empleados administrativos, porque eso coadyuva a que se vulneren

los derechos de los trabajadores que debemos proteger.

En buena hora que la Superintendencia, sin un marco legal, porque además no era

necesario, esté trabajando y esté logrando hoy la reducción de los tiempos de atención de los

trabajadores para la realización de las juntas médicas y, fundamentalmente, para la atención

de los reclamos, generalmente cuando hay reaperturas y cuando hay negativas de la ART al

reconocimiento de afecciones.

Me gustaría que se puedan obtener -nosotros lo necesitamos desagregado, incluso- las

causas de esa mayor litigiosidad, muchas de las cuales -yo le digo por experiencia- son la

falta de ajuste de nuestros baremo, además de una política adecuada de reconocimiento de las

enfermedades profesionales. Hay patologías que indubitadamente, desde vieja data, los

tribunales las reconocían como enfermedades profesionales, pero el Estado, la

Superintendencia y la legislación le venían privando ese derecho al trabajador.

Hoy, a muchos trabajadores que recurren por enfermedades profesionales, los

médicos de las ART y los propios médicos de la Superintendencia, no les otorgan la




calificación de enfermedad profesional y están mandando a litigar a ese trabajador, porque

hablan de una concausa, hablan de una causa anterior o hablan de alguna cuestión

degenerativa. A lo mejor es un trabajador que estuvo durante 20 años levantando bultos de

más de 40 kilos y tiene una hernia de disco, pero no se la atiende como enfermedad

profesional. Esto está pasando.

Por otro lado, hay inequidad en el sistema; fíjense ustedes que tenemos trabajadores

que tuvieron accidentes anteriores a la modificación de la última ley -creo que es la 26.673-

que están cobrando indemnizaciones que son del orden de 10 o 20 por ciento. Hoy la Corte ha

fallado, en definitiva, votando la irretroactividad de la aplicación de los índices de

actualización. Incluso, esos trabajadores están siendo condenados a que, si recurren por la vía

de la normativa de la ley de la ART, tengan indemnizaciones nimias que no reparan el daño y

estén prácticamente obligados a recurrir por la acción de derecho común.

En lo personal, analizando el proyecto, no creo que estableciendo un sistema

obligatorio, inclusive ante la posibilidad de la negativa de la prestación de la ART, ante la

posibilidad de que se demoren los turnos de la Superintendencia y ante la posibilidad de que

se entre en la negativa de una acción, el trabajador se vea privado mínimamente hasta de

recurrir a un acción cautelar en los tribunales del trabajo.

Yo entiendo que la justicia del trabajo debe dar respuesta a lo largo y ancho de todo

el país. Si no puede dar respuesta, porque es superado por las causalidades de injusticia que

afectan los derechos de los trabajadores, deberá el Estado mejorar las normas procesales y

ampliar los tribunales, pero siempre garantizando la tutela judicial efectiva, que es otra parte

que el proyecto no contempla.

Me interesaría saber cuántos de esos juicios son por enfermedades profesionales,

porque en el mundo la cantidad de accidentes de trabajo por enfermedades profesionales

ronda entre 25 y 35 por ciento. En la Argentina no llega a más del 3 por ciento. O tenemos los

mejores sistemas de prevención y no tenemos enfermedades profesionales, o la ART, en

complicidad con el sistema de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, les niega a los

trabajadores el reconocimiento de enfermedades profesionales.

Ante ese marco, gracias a Dios, tenemos la Constitución, los tratados de derechos

humanos incorporados con rango constitucional y tutela judicial efectiva. Estas son las cosas

que me gustaría estar tratando en este proyecto. Es decir, verificar las verdaderas causas de la

litigiosidad, que no están dadas. Incluso desagregar las estadísticas, es decir, cuántos son por

reclamos de indemnizaciones insuficientes, cuántos son por cobertura y cuántos son por

enfermedades profesionales no reconocidas. Así veremos cómo podemos atender

adecuadamente en un proyecto de ley esas causales, pero no definirlas globalmente y hablar

peyorativamente de la litigiosidad, cuando la litigiosidad es la consecuencia de que el sistema

no funcione.

Si tenemos aportes para hacerlos, avancemos con el autoasegurameniento de los

empleados del sector público -provincial y municipal- que es importante. Mejoremos las

comisiones médicas, que también es importante, porque eso es una mejor respuesta. Pero,

honestamente, no creo que convertir a las comisiones médicas, que tienen profesionalmente

médicos exclusivamente, como tribunales administrativos, ejerciendo la jurisdicción

administrativa que hasta la desconoce la Corte, sean los tribunales que debidamente

garanticen los derechos de los trabajadores.

Críticamente, vamos a tener que estudiar el proyecto; necesitamos más datos, no estos

así, dados en estos cuadros, que son muy genéricos y que no desagregan las verdaderas

causas de esa mayor litigiosidad, porque es ahí donde entendemos que debemos avanzar.

Creo igual -y en esto felicito a la Superintendencia y al ministro- que lo que se ha actuando

en el último año, mejorando la infraestructura, mejorando y exigiendo a los profesionales que

atiendan en tiempo y forma, mejorando y reduciendo el nivel de tardanza en las audiencias,




es un aporte insustituible al sistema. Por supuesto, deberíamos ir avanzando para que la

respuesta sea cada vez más inmediata, porque ahí seguramente estaremos dando en el clavo

con uno de los aspectos más importantes de la litigiosidad.

Yo me reservo la opinión de que el establecimiento de un sistema administrativo

obligatorio y de instancia única, que igual tiene sus dilaciones, sea la solución. Si no

cambiamos el sistema y el reconocimiento de enfermedades profesionales, y las seguimos

manteniendo en el orden de 2 o 3 por ciento, seguramente vamos a aumentar la litigiosidad,

vamos a dilatar mucho más el procedimiento y vamos a tener trabajadores cautivos con

grandes males en su persona, producto de enfermedades profesionales, que el Estado no les

reconoce.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor Morón.

Sr. Morón.- Son muchas cosas; básicamente, le voy a dar la información del desagregado,

pero no ahora porque no la tenemos. Igualmente, aunque sea agregado, es muy claro que la

función del sistema de riesgo de trabajo, que es la prevención, ha tenido éxito. Y puede tener

mucho más éxito bajando los accidentes y bajando las muertes. Eso es innegable. Ahora, es

innegable matemáticamente que la curva tiene que ser paralela a las otras; no puede ser una

curva exponencial porque ahí, por más que la desagregue, esto no funciona. Y no solamente

la curva; cuando yo le hago el grafico de bastones, son 120 mil juicios y la Justicia puede

trabajar 35 mil juicios. Y no estoy en contra de la Justicia. Por favor, jamás dije eso. Estoy a

favor de la Justicia en cuanto a que sea normal la cantidad de juicios, no en una curva en ese

sentido.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pais.

Sr. Pais.- En el énfasis de la exposición, seguramente. Yo creo que usted no está en contra de

la Justicia, pero sí se ha deslizado, incluso cuando usted dice que la indemnización la va a

fijar un perito. No, el perito calcula y es el juez quien determina la indemnización. Usted lo

sabe mejor que nadie. El juez, en última instancia, es asesorado por el perito. Y vincularlo a

que el perito prácticamente lo hace espuriamente porque va a tener un proporcional de eso, la

verdad es que son aspectos que, en la exposición suya, no han sido contributivos al respeto

del Poder Judicial.

Como le digo, desde el poder político, si la Justicia no da abasto, si tenemos que

garantizar como Estado la tutela judicial efectiva, tendremos que verificar los elementos. Pero

a mí me hubiese gustado que hubiéramos entrado a analizar, es decir, desagregando esta

información, las cusas de esa mayor litigiosidad. Muchas de las cuales están

fundamentalmente en la falta de cobertura y en la falta de conocimiento de las enfermedades

profesionales. Yo sé que se ha avanzado en la prevención pero no lo suficientemente. Las

ART no invierten suficientemente en prevención. Son escasas las grandes empresas a las que

les hacen inspecciones, les verifican los planes de contingencia, etcétera. A las demás

empresas no.

También ha avanzado una conciencia general del trabajador y de los propios

empleadores en materia de seguridad e higiene, hay mayor capacitación y demás. Eso es

producto de la evolución de la sociedad. Pero tenemos algunos agujeros negros, como el de

las enfermedades profesionales, que creo que es una de las causas de mayor litigiosidad y de

la necesidad de que arbitremos los medios de respuesta.

Seguramente, con esta iniciativa tendremos que verificar cómo podemos coadyuvar a

ese mejoramiento, a la atención del problema que genera esa mayor litigiosidad en muchos

aspectos. Porque, realmente, la ciencia médica no es tan exacta, y las ART, que tienen fines

de lucro la mayoría; algunas, gracias a Dios, son mutuas y me parece que ha sido un avance

importante del sistema, si pueden, y ante la duda, negar una prestación, hoy lo hacen. Por lo

tanto, el Estado tiene que tutelar esto.




Realmente, muchas comisiones médicas integradas por profesionales médicos

exclusivamente a lo mejor no abogados, por lo cual no pueden discernir muchos aspectos

no pueden entender la problemática ni, incluso, la causalidad medida desde el punto de vista

jurídico. Les aseguro que hoy, tal como está planteado este proyecto de ley, un médico no

podrá discernir cuándo un accidente es o no es en ocasión del trabajo; un médico no podrá

discernir cuándo un accidente es in itinere, si se ha desviado de un trayecto normal o habitual.

De hecho, hay muchas cuestiones que van a ser inaplicables en un ámbito que se quiere

imponer como obligatorio.

A lo mejor tendremos que avanzar y dotar de personal letrado que le pueda hacer un

aporte jurídico a un organismo técnicomédico, porque, realmente, hay situaciones que deben

ser interpretadas y su interpretación errónea es también la que genera el litigio posterior. La

falta de atención y de ponderación adecuada de la actividad del trabajador, la causación de

una enfermedad profesional, es también un aspecto que ha determinado esa gran y mayor

litigiosidad. A eso me refería.

Pero le digo que ha vertido algunas expresiones tal vez poniendo demasiado énfasis

en la posición del Gobierno, lo cual me parece perfecto que considero peyorativas en

materia del procedimiento judicial.

Sr. Morón.- Discúlpeme si fue así. No fue esa mi intención.

Sr. Presidente (Lovera).- Tiene la palabra la senadora Riofrío.

Sra. Riofrío.- Coincido con el análisis que ha hecho el senador Pais.

No creo que haya sido vehemente su planteo, pero, sin dudas, fue irrespetuoso. Ha

hecho la descripción de un sistema que evidentemente, a su criterio, está colapsado o no

funciona más.

En cuanto a la cantidad de juicios, que va en aumento como dice usted, no vamos a

las posibles causas, como dijo el senador Pais, por ejemplo el listado. ¿Cómo se hace el

listado? ¿Quiénes lo definen? No es la OIT, sino tres partes, como creo que usted mencionó.

Cierto es que va a ser restrictivo el criterio de esa comisión médica. Cierto es que lo

que consensúen sus abogados va a ser de muy difícil revisión en la instancia judicial

posterior. Cierto es también que estableceríamos un estatus inferior para el obrero

damnificado respecto de otros dañados de nuestro sistema jurídico, en el sentido de que la

víctima de un accidente de tránsito tiene la vía expedita ante la Justicia y no tiene la

obligatoriedad de pasar por ninguna instancia previa.

Si no es su intención ser crítico de la Justicia o de los tribunales orales, ¿de quién

somos críticos? ¿A quién le está haciendo una crítica? ¿A los jueces o, lo que sería mucho

más grave, a los obreros, cuando se hace referencia a la mala intención del obrero que quiere

ir a la Justicia buscando alguna cuestión que no le corresponde? Esa es mi sensación acerca

de lo que trata este proyecto.

Si usted me contesta respecto del doble estándar de damnificados, se lo agradezco.

Sr. Triaca.- Le voy a contestar como responsable también de la Superintendencia de Riesgos

de Trabajo.

Quizás no quedó claro que la motivación central de este proyecto de ley tiene que ver

con lo que hoy están sufriendo los trabajadores en la Argentina y las inequidades que hay en

el tratamiento de muchos trabajadores en nuestro país. Esto es algo que viene pasando desde

hace mucho tiempo, a pesar de los resultados que podemos señalar como aceptables en

relación con la siniestralidad, a la caída de los datos estadísticos con respecto a la cantidad de

siniestros, y finalmente con lo más dramático, que es el fallecimiento.

Hoy, en la Argentina, un trabajador, a principios de esta gestión, se pasaba cien días

esperando para ver si una comisión médica lo atendía. Si no lo atendía, tenía que litigar

durante tres años para poder recibir una contraprestación por un siniestro. Y en muchos casos




pasaba que, ante una misma situación, dos trabajadores iguales pero de dos lugares distintos

de la Argentina recibían distintos beneficios.

Este proyecto de ley apunta a resolver esa situación. Bajo ninguna circunstancia no

lo presentaría si fuese así limita los derechos de los trabajadores. Bajo ninguna circunstancia

y esto lo digo con conocimiento de causa, lo hubiéramos presentado si no pensásemos que

la tarea administrativa que tiene que hacer la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es

fortalecer las comisiones médicas, establecer criterios a través de un baremo unificado para

que a nivel nacional podamos determinar cuándo una cosa es una incapacidad y cuándo no lo

es, cuándo esa incapacidad requiere tal o cual rehabilitación y cuándo requiere otro tipo de

tratamiento prestacional, como puede ser una reparación monetaria. Estas cosas tienden a dar

previsibilidad al sistema.

El superintendente señaló que la Justicia laboral en la Argentina puede atender, en

promedio, 35 mil casos, pero están presentados más de 120 mil. Entonces, más allá del

señalamiento que hace el senador Pais sobre las características que puedan fundamentar esos

reclamos, la distancia es enorme. La distancia de atención y de resolución de esos problemas

es enorme.

Entonces, eso motiva a que en este proyecto de ley nosotros fortalezcamos la

posibilidad de que las comisiones médicas resuelvan el problema de los trabajadores y que no

tarde tres años o tres años y medio la discusión en medio de un litigio. Ese era el

señalamiento, la crítica al sistema. No era al sistema judicial, ni al Poder Judicial ni al enorme

esfuerzo que hace la justicia laboral para resolver muchas de estas cuestiones.

Miremos la realidad como está, miremos a los trabajadores como están. Ni siquiera le

tengo que decir de aquellos que no tienen cobertura de seguridad social, ni siquiera le tengo

que señalar aquellos que hoy trabajan en muchas de las nueve o diez provincias que señalaba

el superintendente o en más de mil municipios que no tienen ninguna cobertura de seguridad

social en relación con estos temas.

Entonces, estas son algunas de las cuestiones que para nosotros tienen que ser

prioritarias. Por supuesto, como todos los proyectos ustedes lo saben mejor que yo será

perfectible, y el Ejecutivo está abierto a escuchar cualquier cosa que consideren los senadores

que puede mejorarlo. Pero lo importante de esto es que tengamos en claro que hoy hay un

sistema que está lesionando los derechos de los trabajadores y que nosotros tenemos que

mejorar.

Sra. Riofrío.- ¿Y respecto del doble estándar?

Sr. Triaca.- ¿En qué sentido el doble estándar?

Sra. Riofrío.- Con respecto a otros damnificados que atiende nuestro derecho, a quienes les

estamos poniendo en el sistema laboral una instancia obligatoria previa a la Justicia, una

instancia de por sí restrictiva con respecto al reconocimiento del daño.

Sr. Triaca.- Hoy lo que nos motiva, justamente, es que no es que hay un doble estándar, sino

que hay múltiples estándares. Es decir, dependiendo de en qué contexto y en qué situación

estás, vas a tener un plazo, otro plazo, una compensación, otra compensación, una tasa de

interés u otra tasa de interés. Hoy, el sistema definitivamente es inequitativo para los

trabajadores. Esto lo que hace es dar certeza a través de las comisiones médicas de la

prestación correspondiente, sin negarle la posibilidad de que si no está de acuerdo pueda

seguir el litigio en materia laboral; digamos, si esto es parte de la característica que el sistema

ha tomado como propio, pero que nosotros tenemos que ordenar para poder ir resolviendo la

baja en la litigiosidad.

Sr. Presidente.- Senadora Giacoppo.

Sra. Giacoppo.- Buenas tardes, señor ministro.

Quiero agradecerle y pedirle disculpas porque tenemos otra comisión, en la que están

pidiendo quórum. Deseo agradecerle porque el hecho de estar aquí explicando este proyecto




tiene un gran significado, ya que se trata de reparar una situación que cada vez se agrava más.

Y si esto no se resuelve con esta nueva posibilidad de poder resolver –valga la redundancia–

las cuestiones en vía administrativa, va a llegar un momento en que la litigiosidad será

insoslayable y tendremos que tomar alguna medida, que va a ser lamentable para los

trabajadores porque el sistema está colapsado.

El hecho de haberse explicado que será obligatoria y pasar por una instancia

administrativa no es excluyente. Los esfuerzos que se hicieron en este tiempo en haber

reducido los turnos y el tiempo que tienen los trabajadores para ser atendidos ya es un

avance.

Realmente, señor ministro, gracias; y todo proyecto se puede ampliar, mejorar y

modificar; pero debíamos dar este debate. Muchas gracias; y permiso.

Sr. Presidente.- Gracias, senadora.

Tengo más senadores anotados. Yo me anoté por las dudas de que, quizás, toquen

otros temas.

En tono de pregunta, deseo señalar que hay dos temas centrales que sí los sabemos

todos: por un lado, el problema de los juicios que van en aumento y, por otro lado, la baja de

la siniestralidad de los temas. ¿Por qué se ha dado la baja de la siniestralidad? Porque,

realmente, se ha trabajado en conjunto, más allá de todo lo perfectible que pueda ser y se

pueda mejorar. Mediante la información, mediante los programas en conjunto no sólo en la

Capital y en el conurbano, sino en todo el interior del país con las subsecretarías de Trabajo

provinciales, junto con las asociaciones sindicales, se ha ido trabajando en el tema y esto ha

dado la docencia, la prevención y demás, que ha dado que la siniestralidad por suerte baje en

este tema.

Lo que sí es cierto y es innegable es que en el tema de los juicios hay algún engranaje

que está funcionando mal. Bien lo decía el senador Pais y algunos de nosotros, que estamos

en asociaciones sindicales, lo vemos, la gran problemática que tenemos respecto de las

enfermedades profesionales que para obtener una enfermedad profesional es realmente… Yo

creo que ahí está bárbaro; pero la pregunta que nos hacemos la mayoría o que se hace la

mayoría de los senadores en todo esto es: ¿realmente este proyecto le va a servir a los

trabajadores? Esta es la pregunta. O sea, todos estamos de acuerdo en que debemos bajar la

litigiosidad.

La otra pregunta que muchos de los senadores nos hacemos es sobre el tema de las

comisiones médicas: la inconstitucionalidad o no, por algunos sectores que lo plantean, del

tema de las comisiones médicas. Más allá del resto de las cosas que debatamos los distintos

senadores y senadoras, y que tengamos el proyecto para analizarlo de fondo, creo que esas

son dos de las cosas centrales: por un lado, la inconstitucionalidad de las comisiones médicas

y, por otro lado, si va a ser efectiva a favor de los trabajadores votar esta ley o no. O sea,

¿sirve o no sirve? Estas son las dos preguntas centrales, más allá del resto, que nos hacemos

la mayoría de los senadores.

Senador Pereyra.

Sr. Pereyra.- Gracias, presidente, y señor ministro por estar presente.

Tengo algunas observaciones respecto de la ley. Tenemos problemas en la aplicación,

en la actualidad, por no tener prevención. La última reforma de la ley de la ART lo único que

hizo fue computar cuánto vale un brazo, un dedo; pero absolutamente nada de prevención,

que es lo que realmente necesitan los trabajadores. Se encuentran en un estado de indefensión

permanente, si no fuera porque tienen las organizaciones sindicales permanentemente

controlando el tema de la prevención.

Por otro lado, el gran problema que tenemos es que las ART, en el tema de las

enfermedades profesionales, no las reconocen ni las atienden y los mandan a la obra social.

Es impresionante la cantidad de enfermedades profesionales que las ART no reconocen, y las




convalidan las comisiones médicas lógicamente. ¿Y quién tiene que atenderlos? La

organización sindical a través de su obra social porque no se lo puede dejar abandonado al

compañero y allí es donde vienen los litigios. ¿Qué es lo que hace el gremio? El gremio le

hace todos los estudios, lo envían adónde tiene que mandarlos, etcétera, para tener las

herramientas necesarias para comprobar y probar de que esa enfermedad que tiene es

profesional. Entonces, ahí viene el litigio. Son las causas las que provocan los litigios. Esto

también es lo que ha causado el desfinanciamiento de las obras sociales; millones y millones

de pesos que se vuelcan a tareas, a casos, que no los deben atender las obras sociales, sino las

ART.

Aquí también quiero hacer una observación, las ART o la empresa dice: “Vayan a la

ART, reclamen en la ART.” Las empresas no se pueden desentender del problema. Son

responsables solidarios. Ellos contratan a una ART, pero no se pueden desligar justamente de

la responsabilidad que tienen de la salud de sus trabajadores. Esto también se debe tener en

claro en este momento y en esta ley.

Lógicamente, hay cientos de casos en una actividad, como la nuestra de petroleros, el

de la construcción, permanentemente expuestos a tareas de esfuerzo; los que manipulan

garrafas de quince, treinta kilos, garrafas al hombro, cargando y descargando camiones.

Sabemos del tremendo esfuerzo que hacen y ahí se producen las enfermedades de lumbalgia

y todos estos temas que no se cubren. Es impresionante la cantidad de casos de hernia de

disco que hay y no son reconocidas por las ART.

Presidente, después tenemos también el tema de las comisiones médicas

jurisdiccionales. Las comisiones médicas jurisdiccionales dictaminan y homologan su propio

dictamen. Creo yo que tiene que haber otro estamento que homologue. Y, después, ¿qué

camino le queda a la Comisión Médica Central? Sin ningún tipo de debate interno y, por

lógica, pasa después al litigio. No se le puede poner una puerta… no puede pasar para allá

porque ya no puede litigar. El litigio va a llegar, queramos o no. Es un derecho constitucional,

como dijo el senador Pais. Va a llegar. Vamos a seguir teniendo el litigio si realmente no

atendemos los infortunios laborales y no atendemos a los trabajadores como corresponde.

Van a seguir insistiendo y va a haber muchos más todavía.

Así que quería plantear esto. Nosotros vamos a escuchar a la Confederación General

del Trabajo, que está invitado el presidente, creo que el jueves, día en el que vamos a tener la

postura de la Confederación General del Trabajo. Gracias.

Sr. Presidente.- Gracias, senador.

La senadora Blas.

Sra. Blas.- Gracias, presidente.

Buenas tardes al señor ministro y al equipo.

Son varias las inquietudes. He leído el proyecto de ley. En los fundamentos es claro,

al menos a mí me ha quedado claro, que con esto ustedes apuntan a disminuir la

“ligitocidad”, ligio…Ustedes me entendieron. (Risas.)

A vos tampoco te salió, no te hagas la canchera. (Risas.)

Pasando esta humorada –y usted me entendió-, mencionan en los fundamentos al

SECLO.

Efectivamente el SECLO cumplió una muy buena función en este sentido.

Por un lado, el tema de las comisiones me deja una duda. Lo explicó muy bien recién

el senador Pereyra. Las comisiones jurisdiccionales dictaminan, el dictamen es vinculante y

homologan.

Si en esta instancia no hay acuerdo, hay una instancia superior que es una comisión

médica central.

Esa comisión médica central me huele a centralidad. Y no sé, quizás me equivoque –

usted me corregirá-, si yo hago un parangón con el SECLO, el SECLO en las provincias, las




delegaciones del Ministerio de Trabajo únicamente atestiguaban o certificaban la firma de las

partes, y el resto se centralizaba acá, en Callao y Mitre. Esto es así.

Soy delegada regional del Ministerio de Trabajo de Catamarca. Sigo de licencia,

ministro. Entonces, más o menos conozco el tema.

Eso por un lado; que volvamos a centralizar este tema y recordarles que las provincias

no hemos delegado la cuestión laboral. Tenemos el poder de policía en las provincias.

Entonces sería una preocupación este tema.

Por otro lado, quiero preguntarle cómo se haría con aquellas provincias que tienen

actualmente al autoseguro. Una de esas provincias es la mía, Catamarca, que desde el año ‘99

funciona con el autoseguro provincial. Funciona muy bien y debo decir que efectivamente el

índice de conflictividad –porque no me sale el término- (risas) es muy bajo.

Pero también creo y estoy convencida de que no podemos quitarles a nuestros

trabajadores el derecho de recurrir al fuero laboral, cuando esto así sea.

Finalmente quisiera que me cuenten cuáles son las provincias donde el índice es

mayor y por qué en algún momento él dijo que hay menos accidentes pero hay más juicios,

más conflicto.

Eso en general.

Sr. Presidente.- Contador…

Sr. Morón.- Son diferentes cosas.

En la ley lo que tenemos es un proceso judicial. Puede ir el trabajador -debe ir- con un

abogado. O si no, en la comisión médica se le va a poner un abogado. No es el mismo trámite

que tiene ahora la ley. El dictamen va a tener fuerza de cosa juzgada porque hay un abogado

trabajando y defendiendo los derechos del trabajador. No es lo mismo como funciona hoy la

comisión médica. Es diferente.

Después…

Sr. Presidente.- Sí, senadora Riofrío.

Sra. Riofrío.- Para no avanzar, para que quede claro el concepto.

Ese abogado, en la comisión, para defender los intereses del trabajador, ¿está en la

comisión o lo lleva el trabajador?

Sr. Morón.- Yo no soy abogado…

Sra. Riofrio.- Sí, eso le va a pasar a los médicos. Exactamente lo mismo.

Sr. Tadei.- Buenas tardes.

Yo he escuchado con mucho detenimiento y creo que un punto claramente crucial es

el tema de las comisiones, su constitucionalidad y la garantía del debido proceso

administrativo. Creo que es esencial. Sin eso, el proyecto no tiene andadura ni lógica.

Entonces, como primer punto, permítanme arrancar desde lo constitucional. Es un

segundo nada más.

Hoy las comisiones médicas tienen una tacha insalvable de inconstitucionalidad. Por

más que nos esforcemos –y lo estamos haciendo- en mejorar toda la tarea técnica, en hacerla

más asequible al trabajador, en trabajar con mayor prolijidad y con mayor premura, sin que

esto sea demérito de ninguna de las opciones que tiene el trabajador, las comisiones están

heridas de muerte. Están heridas de muerte porque son procedimiento, y como procedimiento

son resortes no delegados de las provincias.

Este es el motivo de la ley.

Hace falta una ley para que, luego, las provincias adhieran y cedan la jurisdicción

administrativa. Si no, las comisiones, por mejor esfuerzo que hagamos, no son

constitucionales. Primer punto.

Segundo punto. Esto en definitiva es el cumplimiento a cabalidad del fallo Castillo y

del fallo Obregón de la Corte Suprema de Justicia, que dicen esto. Dicen: las comisiones son

inconstitucionales porque se trata de procedimiento, y este procedimiento no ha sido cedido




por las provincias.

Pero con esto no alcanza. Aun con la cesión de las competencias, para que haya

garantía del debido proceso debe haber un proceso administrativo donde los derechos de los

afectados, en este caso los trabajadores, estén suficientemente cautelados.

Para ello es menester que tengan una defensa jurídica. Esto implica que concurran con

su letrado y de no tenerlo se les provea un letrado a los efectos de asegurar esta defensa.

En segundo lugar, que en el marco del procedimiento haya derecho a la prueba, que se

genere un ámbito probatorio tendiente a asegurar esta garantía de debido proceso.

En tercer lugar, que los actos decisorios de las comisiones sean actos administrativos

a cabalidad. Esto significa, haya una intervención médica, una intervención profesional en

términos de la liquidación de la cuantía de la indemnización, un dictamen jurídico que

asegure la legalidad del procedimiento y la firma de un funcionario competente, a los efectos

del dictado de este acto administrativo.

Cuando nosotros lo pensamos, lo hacemos claramente en estos términos. Y a la vez,

planteamos la conveniencia de la existencia de un mecanismo homologatorio. ¿Para

homologar qué? Para homologar aquellas situaciones que ya no resulten litigiosas; que tengan

un grado de consenso en la propia presentación. Pero la intervención de la comisión médica

en este punto, en la lógica de la homologación, debe asegurar el orden público laboral o el

orden público social. Debe asegurar que este acuerdo que están presentando, en este caso,

trabajador y ART, no sea lesivo de los derechos del trabajador en términos del orden público

laboral o social.

Estos son los dos procedimientos con los cuales esperamos garantizar en tiempo y

forma el acceso automático oportuno a una cobertura plena y suficiente, como indica la

Corte. Sin desmedro de ninguna de las garantías que la Constitución otorga a los trabajadores

en términos de jurisdicción judicial.

Claramente, alguno de los senadores recién planteaba que no haya un doble estándar;

que los trabajadores no estén perjudicados respecto de un ciudadano común.

Entendemos que no sólo no están perjudicados sino que lógicamente deben tener

acceso a la automaticidad, en términos de un subsistema de la seguridad social, como indica

nuestra Constitución y los tratados internacionales.

La intervención de la comisión es una intervención que deviene obligatoria en tanto y

en cuanto esté acotada en los plazos –por eso establecemos sesenta días-, tenga la lógica y la

garantía del debido proceso y, concluido lo cual, sea perfectamente accesible al trabajador la

intervención jurisdiccional, de la Justicia laboral, de cada una de sus jurisdicciones.

Con lo cual, lo que estamos dando es la alternativa de una solución automática y que

tenga la respuesta típica de un subsistema de la seguridad social, porque claramente estamos

ante eso; ante un subsistema de la seguridad social. No estamos hablando de derecho

individual de daños. Estamos hablando de una tutela estructurada, solidaria, en el marco de la

seguridad social, sin demérito de ninguna de las garantías individuales del trabajador de

acceso a la jurisdicción.

Ahora, esto implica un enorme esfuerzo y esperamos poder hacerlo con la

colaboración de todos, empezando por quienes, en la medida que se sientan parte de esta

lógica, nos ayuden a la sanción de la ley.

Sr. Presidente.- Cerrando la lista de oradores están la senadora Blas y la senadora Giménez.

Sra. Blas.- Señor presidente: me había quedado una sola cosita en el tintero.

Creo que esto afecta también la autonomía provincial, principio establecido

constitucionalmente, así que le pido expresamente que invitemos, en días sucesivos, a las

administradoras provinciales del trabajo, a representantes de algunos ejecutivos provinciales,

para que puedan brindarnos una opinión respecto de este proyecto de ley.

Hay varias cosas más que había preguntado.




Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Giménez.

Sra. Giménez.- Señor presidente: soy de la provincia de Misiones y la Constitución

provincial expresamente no delega facultades a la Nación, o sea que para trabajar con el

equipo jurídico toda esa fundamentación, la cesión de derechos, etcétera, nosotros tendríamos

que hacer una reforma de nuestra Carta Magna y eso no va a ser posible.

Por eso me parece que la creación del autoseguro provincial que ustedes proponen, en

lo que significa la cobertura de los trabajadores públicos… Porque estamos hablando de una

modificación del sistema de seguridad pública y no privada. Por eso a lo mejor confunde.

Cuando se dice ART uno asocia automáticamente, o el común de la gente dice: “está

asociado al mundo del trabajo privado”. Y estamos hablando exclusivamente del trabajo

público, que es una de las aclaraciones que hay que mantener en el eje de la discusión.

En esa instancia creo que la caja que ustedes pretenden crear de autoseguro es una

muy buena oportunidad para el desempeño, en función del riesgo, que lleven adelante los

trabajadores de la administración pública provincial y de la nacional. Pero deben hacerlo de

otra manera, porque de esta, por lo menos nosotros, ya antes de empezar la discusión, nos

quedamos afuera.

- La señora senadora Blas realiza manifestaciones fuera del alcance

del micrófono.

Sra. Blas.- …si ustedes pensaron en eso, en las provincias que tienen actualmente seguro.

Sr. Morón.- ¿Catamarca me dice?

Sra. Blas.- Catamarca es una.

Sr. Morón.- Tiene Asociart ART.

Sra. Blas.- No, es un autoseguro desde el año 99. Lo administra la propia provincia a través

de caja de prestaciones sociales.

Sr. Morón.- Para nosotros tiene Asociart.

Sra. Blas.- No tiene una ART, es autoseguro.

Sr. Morón.- Después lo vemos.

Sra. Blas.- Les voy a dejar acá los instrumentos legales.

- Un participante realiza manifestaciones fuera del alcance del

micrófono.

Sr. Presidente.- Tenemos una lista de oradores. Los que tenemos el uso de la palabra somos

los senadores. Mañana continúa el trabajo de la comisión. Hay una lista interminable,

inclusive mañana, en la que puede participar…


micrófono.

Sr. Presidente.- Si usted quiere tener el uso de la palabra, con mucho gusto, mañana estará

abierta la lista de oradores. Mañana continúa la reunión de la comisión y el jueves también.

Las comisiones son públicas para ser presenciadas, no para hacer uso de la palabra,

siempre y cuando tengamos una lista de oradores que las comisiones correspondientes…


micrófono.

Sr. Presidente.- Antes de cerrar la reunión quiero decirles que la comisión continúa mañana

a las 9 y 30 en el Salón de las Provincias, con todas las asociaciones de profesionales y

abogados que han pedido venir y hay una lista que vamos a hacer llegar, si no la han recibido,

a los senadores y a las senadoras. Y el jueves también continúa la reunión, cerrando la

semana de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también a las 9 y 30 en el Salón de las

Provincias, donde van a participar integrantes de la CGT para hablar del mismo tema.

Quiero agradecer al superintendente de Riesgos del Trabajo, contador Gustavo

Morón, y al señor ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la presencia en el día de hoy.

- Son las 16 y 40.

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Reunión de la Comisión de Trabajo del Senado tratando el Proyecto de Ley de ART (22/11/2016) - Versión taquigrafica