Gobiernos opacos Autor Judith Ortizlunes, 04 de octubre de 2010

Jaime Netzáhuatl. Falta voluntad política.

93 por ciento de  los municipios, reprobados en transparencia

Cuando al diputado federal panista, Manuel Clouthier, se le preguntó cuál será su papel en el próximo gobierno estatal,respondió seguro y sin cortapisas: “Seguir jodiendo; la especialidad de la casa”. Soltó la expresión alreferirse al tema de transparencia y rendición de cuentas durante la inauguración del foro Transparencia en Sinaloa: lascuentas pendientes, organizado la semana pasada por comunicadores, asociaciones civiles y organismosempresariales del estado.

En el transcurso del foro en que se realizaron diversas actividades enfocadas a la participación ciudadana y el derecho asaber, quedó asentado que en Sinaloa, aún con una medianamente funcional ley de acceso a la información, hay un altonivel de opacidad debido a que el mecanismo carece de castigo hacia los sujetos obligados a proporcionar información.

También en la mesa del presídium, Alfonso Páez Álvarez, presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a laInformación Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) explicó que el modelo de sanción que se aplica está vinculado a laLey de Responsabilidades de Servidores Públicos y parte de una amonestación pública o privada, o de una inhabilitacióndel desempeño del cargo público hasta por un periodo de diez años.

En este sentido, Clouthier repitió sarcástico un párrafo de la ley: “El funcionario que clasifica de manera indebidala información para no otorgarla será amonestado verbalmente”. Y espetó: “Eso es una payasada”.

Tanto el diputado panista como el ponente Jaime Netzáhuatl Jiménez, coordinador de la Asociación Ciudadanos porMunicipios Transparentes, quien dictó la conferencia Municipios Transparentes: claves para la competitividad,coincidieron al señalar que la opacidad y la falta de sanciones son dos de las principales limitantes para el acceso a lainformación, y de que la negativa a rendir cuentas debe tener sanciones punitivas y políticas por parte de los organismosgarantes y de la ciudadanía.

Al mencionar que “es fundamental que cambiemos esa cultura de caja negra y exigir que no vuelvan a sucederlos abusos por la omisión de la ciudadanía y la corrupción de la autoridad, Clouthier Carrillo dijo que si no castigamos aquienes son irresponsables en el gasto público, nada va a cambiar, y que para no repetir la historia será fundamentalel papel que jueguen los sinaloenses: “Si al Gobierno lo dejamos suelto, sin contrapeso, será como esos globosde gas, que si no los agarras, se van”.

Escéptico respecto al avance en el tema de la rendición de cuentas y fiscalización, el diputado federal ejemplificó con elcaso de la Unidad de Servicios Estatales y dejó en el aire las preguntas: “¿de quién es ese edificio? ¿Dónde estánlas licitaciones para aprobar su construcción? ¿Cuánto paga de renta el Gobierno estatal por el inmueble? ¿Por qué unaestructura de esa naturaleza no cuenta con estacionamiento público suficiente?... En política no hay espacios vacíos, nodejemos ir la oportunidad de exigir cuentas claras”, finalizó.

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Al hablar de la opacidad en los tres niveles de Gobierno y de la expectativa que sobre transparencia y rendición decuentas ha generado la próxima administración estatal a cargo de Mario López Valdez, Malova, el doctor ErnestoHernández Norzagaray, el último de los exponentes, dijo que dependerá de la sociedad que el gobierno de Malovaresponda a sus compromisos hechos en campaña.

El doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid mencionó como ejemplo laesperanza de cambio que se forjó con el triunfo del ex presidente Vicente Fox, a quien se le autorizó una Ley de Acceso ala Información restringida a sus intereses personales “porque en ella el Infonavit está exenta de rendir cuentas, noes auditable, y toda esa protección de no informar tenía que ver con intereses personales de algunos personajes quesiguen haciendo negocio con ese organismo”.

Municipios: reprobados en transparencia

Para Jaime Netzáhuatl Jiménez —quien dictó una conferencia sobre la transparencia en municipios dirigida asocios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)—, de acuerdo con un ejercicio demedición de transparencia realizada en cien municipios de doce estados del país, el 93 por ciento de los gobiernos localesevaluados están reprobados con una puntuación de menos de 60 hasta cero puntos y solo el 7 por ciento restanteobtuvo calificación aprobatoria.

“Si tomamos estos datos como una muestra representativa, tenemos que la mayor parte de los municipios tienengobiernos opacos”, reiteró, con excepción de Puebla y Chihuahua, que mantienen el puntaje más alto en cuanto aesfuerzos no solo para subir información a Internet, sino para que esta se encuentre actualizada y a la vista de todos.

—A ocho años que en los estados entraron en vigor las leyes de acceso a la información, ¿qué tanto éxito hantenido en la transparencia y rendición de cuentas por parte de los municipios? —En términos de transparencia, a nivel nacional, uno de los primeros avances es que todos los estados cuentancon una ley de transparencia y a nivel municipal se tenga generalmente una unidad de acceso a la información, aunqueno todos los municipios cuentan con reglamentos internos en este tema. Desafortunadamente, la mayoría de losgobiernos municipales son reactivos, no van más allá  de responder las preguntas que hacen los ciudadanos y nosuben más información que aquella que exigen las leyes.

—¿Los ayuntamientos están diseñados institucionalmente para cumplir con los ordenamientos de las leyes deacceso a la información? —Por un lado, la mayoría de los ayuntamientos siguen la normatividad de la ley estatal aunque no hay unadisposición reglamentaria que diga cómo debe funcionar al interior el ejercicio de acceso a la información, y por otro, no haypor parte de las autoridades un entendimiento claro acerca de lo que significa el derecho a la información y en estesentido el ejercicio queda sujeto a la voluntad del funcionario.

—¿Cuáles han sido las principales limitantes? —Las limitantes varían. En algunos estados el costo que tiene el ciudadano por solicitar información rebasa enmucho lo que un ciudadano de a pie pudiera pagar. Por ejemplo, en Querétaro no solo se cobra por la entrega deinformación sino también por la búsqueda y esto puede inhibir a los ciudadanos, mientras que la ley de Guerrero nisiquiera establece que la información es gratuita. Hay otras entidades en que para otorgar información no solo exigenidentificación oficial, sino una explicación justificada de su solicitud.

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—¿Qué hay de los acuerdos de reserva, cuando los sujetos obligados reservan cierta información después de sersolicitada por algún ciudadano? —No hay al interior de los tres órdenes de Gobierno, en términos generales, un mecanismo previo que defina quéinformación es o no reservada, ni siquiera hay criterios claros de acuerdo a las leyes y en muchas de ellas no solo hay laposibilidad de que una información pueda ser reservada por 14 años, sino el propio sujeto obligado puede volver areservarla por otros 14 e incluso hasta por 24 años. Sí es otra limitante cuando la reserva se hace en el momento enque no se quiere responder una solicitud.

—¿Qué tan funcional es una ley de acceso a la información cuando no existe una ley de archivos que garanticeuna respuesta real y no maquillada por parte del sujeto obligado? —Este asunto de fortalecer la documentación al interior de los sujetos obligados se puede reforzar con la creaciónde una ley de archivos, es importante, pero yo creo que si los sujetos obligados cumplieran lo que dice la Ley de Accesoy se aplicaran las sanciones enunciadas en las leyes con respecto a los funcionarios que niegan sistemáticamente lainformación, se podría ganar mucho, porque de qué nos sirve tener una ley de archivos o una ley de acceso a lainformación si al final no hay sanciones para los sujetos obligados.

—Sin embargo no se sanciona, ¿es suficiente con la participación ciudadana para que funcione un sistema detransparencia y rendición de cuentas o hace falta voluntad política? —Por un lado hace falta voluntad política, pero por el otro, que el ciudadano ejerza su derecho a la información yque los órganos encargados de aplicar las sanciones correspondientes actúen como lo que deben ser… Asítendríamos todos los elementos suficientes para que esta empresa funcionara. La ley establece los mínimos, y el teneruna transparencia y un acceso a la información más proactivo, queda a voluntad de las autoridades. Avanzar en estesentido implica un trabajo educativo tanto para el ciudadano como para las autoridades.

—Algunos organismos garantes del acceso a la información de los estados actúan, más que entes autónomos,como una extensión del Poder Ejecutivo, puesto que es el gobernador quien nombra a los consejeros en sus puestos yles otorga el presupuesto. —Hay de los dos tipos. Hay institutos que están completamente sujetos y aceptan esa sujeción al PoderEjecutivo, pero hay otros órganos y consejeros que han logrado, pese a esa dependencia económica, manifestar unaposición imparcial con respecto al ejercicio del acceso a la información e incluso contraria a los gobiernos estatales.

—En la coyuntura en que se encuentra Sinaloa, con un gobierno de alternancia que ha creado muchasexpectativas de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, ¿hay ventajas de implementar medidaspara que funcione con más claridad un sistema de acceso a la información? —Claro, creo que una primera medición que se haga sobre el gobierno que sale va sentar un precedente sobre elcual las futuras autoridades tendrán la medida para partir y propiciar que incremente su calificación de ser mastransparente, pero también el de invitar a la gente a que ejerza su derecho a la información. No descartaría que lospropios funcionarios de las autoridades entrantes sean sujetos a un proceso de aprendizaje en términos de queconozcan no solamente lo que es el programa, sino conozcan otras alternativas de cómo acercar la información cada vezmás a la ciudadanía.  

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