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SARAYAKU.

Quito, 21 abr (Andes).- El presidente del Ecuador, Rafael Correa, rechazó enérgicamente la influencia de organizaciones no gubernamentales foráneas (en su mayoría francesas) en el reclamo del pueblo Sarayacu por la afectación a su territorio. Entre las organizaciones que están en una campaña contra el Gobierno mencionó a Parole de Nature y Movement D´actions à travers le

monde, Alter Voyages.

El conflicto se originó por la concesión a la Compañía General de Combustibles (CGC) para la exploración y explotación del bloque petrolero 23, que abarca parte del territorio Sarayaku. En 2002, la comunidad aborigen afirmó que no fue consultada ni informada sobre el convenio y que la CGC entró a sus tierras con protección del Ejército para colocar explosivos (pentolita).

Los Sarayaku, en un proceso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reclaman la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de varios derechos de los pueblos, que constan en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Durante su enlace radiotelevisado, el presidente Correa advirtió que pese a no tratarse de una responsabilidad de su Gobierno, ha tratado de cumplir con la demanda de los Sarayaku (comunidad asentada en la provincia amazónica de Pastaza) e incluso por iniciativa del régimen se invitó a la Corte para que constate in situ el cumplimiento de las medidas cautelares.

No obstante, lamentó que activistas ecológicos manipulen a dirigentes nativos es establecer el consentimiento previo (que las comunidades otorguen el permiso para la explotación), situación que impondría “la democracia de la unanimidad, del poder de veto”.

Lo que buscan es parar la décimo primera ronda petrolera para explorar el suroriente ecuatoriano donde -dijo- probablemente hay mucho más petróleo que en todo el norte y centro de la Amazonía.

Correa precisó que el concepto de consulta previa significa socializar y tratar de llegar a un acuerdo con la comunidad. “Si se logra todo eso, en buena hora, pero si no se logra –de acuerdo a los instrumentos internacionales, a la Constitución de la República (del Ecuador)- el Presidente puede tomar las decisiones para las cuales tiene atribuciones”.

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Citó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se precisa que los gobiernos pueden consultar a los pueblos, pero establece que deben realizarse de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo, consenso o consentimiento.

El Jefe de Estado refirió también que la Corte Constitucional del Ecuador (en marzo de 2010) estableció que el resultado de la consulta, referida en el Convenio de la OIT, no tiene carácter vinculante y aunque la opinión de los pueblos tiene una connotación jurídica especial esto no implica la imposición de su voluntad sobre el Estado.

Lamentó que en estos años no se ha buscado solucionar el conflicto sino perennizarlo, primero para seguir victimizándose y, segundo, para –con asesoría de extranjeros- evitar la explotación petrolera en el país.

“Qué indignación que vengan estos gringuitos con la panza bien llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países”, deploró.

"Con respecto al reclamo, el Gobierno Nacional totalmente de acuerdo que se violaron sus derechos, no por el gobierno de la Revolución Ciudadana sino por los gobiernos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez", subrayó.

Denuncian Intervención En Territorio SarayakuMediante un comunicado el pueblo de Sarayaku denunció ayer que fuerzas del ejército y la policía “han iniciado una agresión y hostigamiento a los habitantes” en busca del ex asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa.

En el escrito, aseguran que apenas se conoció el 24 de abril sobre la protección de sus tres compañeros, la fuerza pública se movilizó al aeropuerto Río Amazonas de la parroquia Shell para controlar y revisar a los habitantes de Sarayaku . Así también comunican sobre la movilización de uniformados hacia la vía Canelos y el puerto del río Bobonaza. 

Sobre los acontecimientos de la tarde del viernes, señalan que a partir de las 17:00 aterrizaron dos helicópteros en el río Sarayakillo. A las 19:00 otro helicóptero sobrevoló el territorio Sarayaku, lo que generó pánico, entre sus habitantes. 

José Gualinga, TAYAKAPU, (presidente), cataloga a estas acciones como violaciones a los derechos de su pueblo.

También  exigen respeto a sus decisiones soberanas y hacen un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional y a las nacionalidades indígenas del Ecuador para que se sumen a las causas justas de su pueblo.  

Cléver Jiménez, exasambleísta de Pachakutik, quien fue sentenciado a un año y medio de prisión por injuriar al presidente Rafael Correa, se encuentra oculto en un lugar de la selva mientras se resuelve su situación legal.

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El presidente Rafael Correa ha negado que el proceso legal se trate de una persecución política contra los tres, quienes acusaron al mandatario de haber ordenado una incursión armada al Hospital de la Policía, para su rescate, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Sin embargo, el oficialismo no se ha pronunciado y no existe versión de su parte sobre las denuncias emitidas por la Comunidad Sarayaku en el comunicado de este viernes.

Pueblo Sarayaku se mantiene en vigilancia ante ‘incursión’

En estado de emergencia, en alerta máxima, en una situación de vigilia. Así dicen encontrase desde el pasado viernes los nativos del pueblo de Sarayaku, tras lo que consideran como una “incursión” de fuerzas del Ejército y Policía que –a su criterio– “han iniciado una agresión y hostigamiento a sus habitantes”.

El presidente de la comunidad, José Gualinga, y otros dirigentes afirmaron que la noche del pasado viernes dos helicópteros sobrevolaron esta jurisdicción, durante varias ocasiones, hecho que no había ocurrido hace varios años.

Gualinga califica este hecho como acciones de amedrentamiento por parte del Gobierno nacional, por acoger en sus territorios al exasambleísta Cléver Jiménez y a sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, los dos primeros sentenciados a 18 meses y el tercero a 6 meses de prisión por injurias contra el presidente Rafael Correa.

Albergar a estas tres personas fue uno de los puntos que se aprobaron en el 7º congreso del pueblo Sarayaku, que se inició el jueves y concluye hoy.

En el lugar, los aborígenes miembros del Grupo de Seguridad Interna Taysajaruta, o Wio, redoblaron las medidas de seguridad en la pista, la plaza principal y la selva del territorio Sarayaku.

Los Wio, que llevan ese nombre por las pequeñas hormigas que pululan en la selva, no portan armas de fuego, pero sí lanzas, palos y otros implementos propios de las etnias amazónicas. Ellos son quienes realizan las rondas de vigilancia.

“El Gobierno será responsable de cualquier situación que pase. Pedimos respeto a nuestras decisiones soberanas”, manifestó Gualinga.

Agregó que los nativos de este pueblo son requisados antes de llegar al puerto Latasas, puerto Amazonas y en Shell.

Justificó la decisión de tener a Jiménez y sus asesores en Sarayaku porque las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo amparan.

En tanto, Jiménez, afirma que es una persecución del Estado y que todo se inició porque no se sometió a la presión del presidente Correa. Dice que no pedirá perdón. “Por qué tenemos que pedirle perdón, cuál es la injuria, lo que hicimos fue pedir que investigue, la sentencia es nula y no la aceptamos”.

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